Diario de Sesiones 130, de fecha 25/9/2018
Punto 26

9L/C-1965 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, SOBRE LA EXPROPIACIÓN DE LA OBRA NUEVA CARRETERA AUTOPISTA GC-1. TRAMO: PUERTO RICO-MOGÁN, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Comenzamos el pleno con la comparecencia al consejero de Obras Públicas y Transportes, sobre la expropiación de la obra nueva carretera, autopista GC-1 tramo Puerto Rico-Mogán.

El grupo proponente, el Grupo Podemos, señora Monzón, por un tiempo de cinco minutos.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todos y a todas.

Señor consejero, le solicitamos esta comparecencia porque nos gustaría que nos diera algunas explicaciones sobre el pago que el Gobierno de Coalición Canaria realiza por acuerdo de Gobierno en noviembre de 2017, sobre un gasto adquirido en 2015, que data de la expropiación de una serie de parcelas que unen la GC-1 a la GC-500 y, para que nos entendamos, es el tramo que une el barranco de Taurito con Costa Taurito.

Hablamos, como decía, de un gasto contraído en el año 2015, que entendemos, según los informes de este expediente que hemos podido analizar, que está por encima de la valoración que le corresponde a esta expropiación, dadas las circunstancias de la calificación territorial de estos terrenos. Tras la solicitud de documentación de este expediente, que solicitamos en su momento y, como decía, después de haberlo analizado, nos encontramos un proceder que no solo entendemos que es sospechoso sino que además entendemos, por los datos de los informes, que está resuelto a interés de partes, causando daño a las arcas públicas; es decir, no para el interés general de todos y todas, sino para el interés de unos pocos, en este caso los propietarios de las fincas.

Desde luego creemos que no es un procedimiento habitual y queremos, por eso, preguntarle una serie de cuestiones que queremos que nos aclare y que, además del estudio de esta documentación y estos informes, las conclusiones que sacamos, la verdad, es que son muy preocupantes. En la valoración de cualquier terreno -que se va a expropiar, como es este caso, para una obra de interés general- se debe tener en cuenta la situación real de los terrenos objeto de expropiación y, en ningún caso, nos podemos basar en los informes hablando de hipótesis o hablando de apreciaciones subjetivas sobre la situación de los terrenos, y así se dispone en una serie de baremaciones por unidad de superficie, teniendo en cuenta esa calificación de terreno.

Como le decía, después de leer todos los informes nos gustaría preguntarle una serie de cuestiones. La primera de ellas es que, a la hora de que este Gobierno, todos los miembros del Gobierno, aprobaran este gasto, si no encontraron en el expediente para su aprobación y tramitación ninguna anomalía en el procedimiento de esta expropiación. También nos gustaría, si no les llamó la atención que un primer informe técnico cuantificara esta expropiación en doscientos setenta y cinco mil euros aproximadamente, y un informe final lo elevara a 512 5000 euros, es decir, veinte veces más de lo que técnicamente se había valorado en un principio; nos preguntamos que a qué se achaca esa diferencia de valoración, si a ustedes no les llama la atención que, además, hay dos informes, firmados por el mismo técnico, que se contradicen esos mismos informes, cómo es posible que haya esa disparidad de criterios, y que si esto sucede en otros expedientes de expropiación o solo en el caso que nos ocupa.

También nos preguntamos si no le sorprendió a este Gobierno que el 3 de julio de 2015 se emite ese informe de valoración de justiprecio de mutuo acuerdo fuera el mismo día que la empresa presenta la alegaciones precisamente valorando esa misma cantidad, y no solamente que se presentara el mismo día, sino es que ese día presenta una serie de facturas para justificar los gastos, el beneficio que dejaba de tener por esta obra, y que dentro de esos gastos, por ejemplo, figuren facturas para confeccionar cuentas anuales del impuesto de sociedades. Nos preguntamos qué tiene que ver esto con la expropiación de los terrenos, y eso está en toda la documentación que aquí digo que pongo a disposición de todos los diputados de este parlamento, y que entiendo que usted debe tener porque me la remitió su propia consejería.

Yo me pregunto cómo se pueden revisar estas facturas el mismo día que se presentan y se emita el informe ese mismo día y se justifiquen esas facturas. Díganos, porque si esto es simplificación administrativa, desde luego queremos que nos lo aclare. Y, bueno, entre otras cosas también nos gustaría, sobre estos terrenos en cuestión hay un informe jurídico técnico de 2011 en que, además, dice que las obras no fueron ejecutadas, las obras de urbanización del plan que tenía que realizarse no fueron ejecutadas, y todo lo que se iba a hacer, que eran tres hoteles, más toda la urbanización que corresponde y el suministro de energía eléctrica, agua, que tenía que estar en funcionamiento para esos hoteles, nunca llegó a construirse. Y, siendo así, yo vuelvo a preguntar si no le llamó la atención al Gobierno que, no estando ejecutada esa urbanización, sí se valorara como un daño a esa urbanización.

También nos gustaría preguntarle, aunque queda muy poco tiempo, que esta firma de mutuo acuerdo se realizó tres días después de este informe del que hablábamos -que era el mismo día de las alegaciones de la empresa- y que lo firmara el consejero. ¿Es un procedimiento habitual que el consejero firme las actas de mutuo acuerdo un día antes de marcharse y dejar de ser consejero, como era el caso del señor Berriel? Según el reglamento orgánico de la consejería, secretaría general técnica, esto lo debe hacer la secretaría general técnica, dentro del reglamento orgánico de la consejería. ¿Usted conocía esto...? (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): ¿Quieres un...? ¿Quiere un minuto más? ¿Sí?

La señora MONZÓN NAVARRO: Sí, para esta última frase, que no se oyó...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto más.

La señora MONZÓN NAVARRO: La última pregunta que hacía es que le pregunto si usted, señor consejero, y este Gobierno, conocían estos datos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Monzón.

Turno del señor consejero.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (Rodríguez Valido): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, nuevamente, señorías. Buenas tardes, señora Monzón.

Parece la comparecencia... a priori, el título de la misma era para informar sobre las expropiaciones o la expropiación de la obra nueva carretera autopista GC-1, tramo Puerto Rico y Mogán, pero en su primera intervención solo ha hecho referencia a una de esas expropiaciones, que no es la única expropiación, de ese tramo Puerto Rico-Mogán. Por lo tanto, me va a permitir usted que yo hable siendo fiel al título de la comparecencia, hable, por supuesto, de todo el expediente de expropiaciones de este tramo tan importante de Puerto Rico-Mogán y luego pase, también, a comentar la expropiación concreta a la que usted ha hecho referencia en su primera intervención.

Bueno, el estado de las expropiaciones que fueron necesarias para ejecutar la obra de la prolongación de la GC-1 en el tramo entre Puerto Rico y Mogán, una vía que ha aportado, sin duda alguna, a la isla importantes beneficios por el ahorro de tiempo y, sobre todo, por la mejora en las condiciones de seguridad que ha supuesto desde que entrara en servicio en marzo de 2013. Para ponernos en contexto, déjenme resumirles brevemente el transcurso del proceso administrativo por el que me pregunta en líneas generales.

El proyecto nueva carretera autopista GC-1, tramo Puerto Rico-Mogán, fue aprobado definitivamente por orden del consejero de Obras Públicas y Transportes con fecha del 8 de abril de 2008. Dos meses más tarde, por Orden de 18 de junio de 2008, se ordenó la incoación del expediente de expropiaciones forzosas de los bienes y derechos afectados por la ejecución del citado proyecto en la isla de Gran Canaria por la vía de urgencia. El Decreto 220/2008, de 18 de noviembre, declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las expropiaciones forzosas de la obra que afectaba a nada más y nada menos que 60 fincas -algo que es habitual, sea dicho de paso-. A partir de aquí, el expediente continuó su tramitación con las dificultades que usted sabe que suelen aparecer en las expropiaciones, agravadas en esta ocasión, también, por los recortes del Convenio de Carreteras, dado que en el propio convenio también incorpora -es decir, paga el Estado-, las expropiaciones de las vías de interés general y, evidentemente, eso afectó al abono de los justiprecios causando algún retraso en el mismo.

En el año 2017, como bien decía usted, señora Monzón, se culmina el abono y la consignación de todos los justiprecios, ya fuera por mutuo acuerdo o hasta el límite de conformidad en los casos, como sabe, en los que la propiedad rechaza la oferta de la administración, remitiéndose al expediente de la comisión de valoraciones de Canarias y, en caso de ser necesario, a la vía contenciosa-administrativa.

Mire, la cantidad abonada hasta el día de hoy de la referida obra es de doce millones de euros -algo más de doce millones de euros-, de una estimación inicial de cinco millones de euros, contemplada en el anexo de expropiaciones del proyecto que nos ocupa. Y me preguntaba si esto es habitual, pues puede serlo, entre otras cuestiones porque, entre la valoración, es decir, entre el justiprecio... el propietario -es decir, el interés general por supuesto hay que respetarlo-, pero el propietario del suelo en un sistema garantista también tiene derecho a defender su propiedad y a defender el precio que considere justo, y al final o bien un juzgado o bien un tribunal puede determinar un precio distinto al que la Administración le ha ofertado, y eso puede pasar y habitualmente puede pasar.

Es cierto que en este caso se han interpuesto, como decía, reclamaciones para el abono de intereses por un importe superior a los trescientos veintisiete mil euros, que ya le anuncio que serán atendidas una vez se apruebe una modificación de crédito que está en trámite con el fin de dar cobertura a las mismas, así como a otros pagos de diferentes obras. Es decir, en 2018 terminaremos de pagar los intereses de las expropiaciones del tramo de Puerto Rico-Mogán, que está en servicio desde el año 2013.

Además, en la actualidad existen cuatro recursos contencioso-administrativos activos, es decir, todavía hay contenciosos, recursos contencioso-administrativos activos pendientes de resolución. En todos ellos, excepto en uno, se han abonado las cantidades establecidas hasta el límite de conformidad; en el otro se procedió a la consignación de las fincas afectadas.

Le resumo brevemente estos últimos casos: en uno de ellos que afecta a dos fincas de titularidad Anfi Tauro, SA, la cantidad en que se cuantifica la demanda es de 4 600 000; el fallo de la Comisión de Valoraciones de Canarias es de 13 480, estando pendiente de reducción la Sala de lo Contencioso. El segundo afecta a otras dos fincas titularidad de los herederos de Hortensia Martín Suárez, en este caso se ha abonado la totalidad del justiprecio, quedando pendiente la determinación de indemnización por antieconomicidad de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que la propiedad cuantificó en 38 000 euros. El tercer recurso afecta a varias fincas quienes demandan una cuantía de cerca de un millón de euros, habiéndose abonado por la Administración la cantidad determinada por la Comisión de Valoraciones de Canarias que ascendía a novecientos mil euros. El último recurso por tres fincas reclama una cuantía de 1 100 000, en este caso se ha abonado la cantidad de 67 800 euros, que es la cuantía de la... que la Comisión de Valoraciones de Canarias, y queda pendiente el fallo de la Sala de lo Contencioso sobre dicha valoración.

Ya ve, señora Monzón, que se trata de un procedimiento de expropiaciones que esperemos poder cerrar en la mayor brevedad posible, abonando las reclamaciones por retrasos y a la espera de lo que dicten los tribunales en esas cuatro reclamaciones que les acabo de comentar.

Con respecto a la última, que fue la expropiación que usted comentó en su primera intervención, decirle que concretamente no se refiere a la obra principal, no tiene que ver con la obra principal Puerto Rico-Mogán, sino al enlace de Tauro. En el enlace de Tauro se incorpora al expediente de expropiaciones de la obra principal -porque es una obra complementaria a la obra principal- a través de ese modificado el enlace de acceso a Tauro, y el titular del suelo presenta un contencioso-administrativo pidiendo una cifra cercana a los veinte millones de euros, este llega a un acuerdo de mutuo, se llega a un acuerdo, por mutuo acuerdo, entre el Gobierno y el titular, en donde se cifra en algo más de cinco millones de euros con un informe de valoración por parte de un técnico de la comunidad autónoma.

Quiero decir que yo, evidentemente, en julio del 2015 no estaba en la consejería. Pero, es más, sí lo que puedo garantizar es que el consejero que estaba en ese momento -era el señor Berriel- si algo se le puede garantizar es la defensa del interés general por encima de todo, y estoy convencido que lo que defendió fue que una reclamación de veinte millones de euros, pues, no le costase más de lo que debe costar, en este caso el acuerdo fue de 5 000 000 de euros, se abonó el año pasado en base, precisamente, a ese acuerdo, tiene informes técnicos y jurídicos favorables, y por eso se pudo llevar a cabo.

Pero, insisto, los procedimientos de expropiaciones son muy complejos; esto es un sistema garantista que, por supuesto, defiende el interés general para poder ocupar el suelo privado, pero, como no puede ser de otra manera, también el propietario del suelo tiene que tener mecanismos para defender sus legítimos derechos, en este caso, los legítimos derechos de defender su propiedad y el coste que él considera. Y luego al final un tercero, un tercero, determina el coste real.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero, señor vicepresidente del Gobierno.

Turno del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, por sus aclaraciones, señor vicepresidente del Gobierno.

Sin duda estamos ante una obra que era importantísima, como es la GC-1, el tramo entre Puerto Rico y Mogán. Un tramo que facilita y mejora la comunicación de estas dos localidades y, a la vez, el tránsito de vehículos por la zona. Además, esto permite evitar el tráfico a través de la carretera GC-500, que además de no ofrecer una gran capacidad, presentaba un considerable riesgo de siniestralidad en el tramo que nos ocupa, que no es otro que el enlace, como ya hemos dicho, de Puerto Rico con Mogán. Y esto es así habida cuenta de sus peligrosas curvas y a la continua persistente posibilidad de desprendimientos.

Está claro que cada vez que se necesita hacer una obra, un proyecto, hay que hacer la mayoría de las veces expropiaciones. Los terrenos tienen sus propietarios y, por supuesto, estos propietarios también sus derechos, como usted muy bien ha dicho.

En un principio todo no se pudo haber hecho bien, pues, cuando hubo que recurrir al Tribunal Superior de Justicia para que dictara una sentencia.

A nosotros lo que nos gusta es que se aclare, se sea transparente, sobre todo cuando hablamos de dinero público y cuando estos pagos corresponden a las arcas públicas y, por tanto, al dinero de todos los canarios y canarias. No obstante, no creemos que desde su consejería estén haciendo asuntos turbios, todo lo contrario, creo que usted está intentando solventar el trabajo de la mejor manera posible, y yo le he dicho, pues...

Finalizo como ha sido la línea de mi intervención: decirle que se logre el mejor acuerdo posible, pues, se ha llegado a ese acuerdo -si no recuerdo mal usted dijo 4 600 000 euros a la empresa Anfi Tauro-, por lo tanto, esperar que se solucione todo lo antes posible y, eso sí, pedirle que haya toda la transparencia posible cuando hablamos de dinero público.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno del Grupo de Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Gracias, presidente. Consejero.

Bueno, yo, antes que nada decir que, la verdad, me da la impresión o creo que esta comparecencia es más propia de una comisión que de un pleno. Pero, bueno, estamos aquí y aquí hablaremos.

Yo estoy de acuerdo con usted que los procesos de expropiación son procesos complejos y además son procesos muy largos. Este, dentro de lo que cabe, no ha sido tan excesivamente largo, los hay de muchos muchos más años.

Hombre, lo que sí me llama la atención o que me gustaría que nos aclarara, sencillamente, es que haya un informe de un técnico, en el año 2011, donde valora esos terrenos por doscientos y pico mil euros, y luego haya uno del 2015, del mismo técnico, que los valora -la expropiación- en cinco millones ciento y pico mil euros, cuando, en teoría, y según lo que ha dicho la señora Monzón, pues la... se supone que los actos, las obras para las que tenían licencia, entre otras cosas, la urbanización de todas esas fincas más la, bueno, el tema de la luz, la electricidad, el agua... no se habían producido, con lo cual no había razones para recalificar el suelo, o sea, para que hubiera una recalificación del suelo de rústico, había una parte que era rústica y otra rústica de protección ambiental, más otra que sí era urbana -o, creo, urbanizabl-e, no existieron esas razones, ¿cómo, o sea, cuál es la razón de que pasara de doscientos y pico mil euros a cinco millones y algo un informe del mismo técnico?

Nada más, gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora González.

Turno el Grupo Popular, señor Blanco.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Sí, gracias, señor presidente.

Pues si difícil es para el señor consejero contestar exactamente a las cuestiones que la solicitante de la comparecencia tiene en relación con un procedimiento muy particular de expropiación de un terreno de la autopista, pues imagínese, si a él le es difícil, a un humilde o a un humilde diputado en la oposición, conocer con exactitud todos los expedientes y, por tanto, me es bastante complicado dar una opinión certera sobre cuál es la opinión de mi grupo parlamentario en relación con este tema.

No obstante, en fin, me parece razonable. Creo que la señora Monzón, lógicamente, tiene todo el derecho de conocer en profundidad cuáles han sido los pormenores en relación con este expediente. Coincido con la señora González en relación a aclarar, en la medida de lo posible, el por qué esa diferencia entre el primer informe y el segundo informe, que es donde, en definitiva, quizás está todo el asunto principal de esta intervención, o de esta petición por parte de la señora diputada.

Yo le sugeriría -haga usted lo que quiera después, señor consejero-, le sugeriría, como me imagino que usted en su segunda intervención tampoco va a aclarar, porque probablemente no tiene los datos exactos de lo que ha pasado, le sugeriría una comparecencia a petición propia en la comisión de Obras Públicas, una vez tenga usted recabada toda la información, y nos aclare a todos los grupos parlamentarios cuáles fueron los pormenores que permitieron la toma de decisión final de pagar esa diferencia de precio tan grande.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Jorge.

Turno del Grupo Socialista, señor Corujo.

El señor CORUJO BOLAÑOS (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes, señorías.

Bien, ciertamente, partiendo del título de la comparecencia, se hacía un poco complicado elaborar una... me imagino que su respuesta y también la intervenciones del resto de diputados.

Ahora bien, después de haber escuchado a la proponente de la comparecencia sí hay ciertas cuestiones que resultan, cuando menos, poco claras. No estamos ante un procedimiento que sea sencillo, evidentemente, pero estamos ante un procedimiento que requiere ser claro y requiere ser transparente. Yo coincido con la petición, si yo fuera usted, y también se lo recomiendo -y haga usted lo que quiera-, solicite una comparecencia del Gobierno para explicar esta situación, porque es que, seguro, si no lo hace usted, lo hará la compareciente, lo hará la solicitante de la comparecencia, y si no lo haré yo mismo, y si no lo hará cualquiera de los otros que ha intervenido hoy, porque hay cuestiones que necesitan de una aclaración.

¿Cómo es posible que se tenga en cuenta una hipótesis de valoración sobre unas actuaciones hechas en un terreno que realmente no están hechas? ¿Cómo es posible que existan dos informes del mismo técnico? Yo entiendo que allí ha habido ingentes esfuerzos en llegar al mutuo acuerdo en el justiprecio, pero hay cosas que aparentemente no parece que tengan mucha lógica. ¿Cómo es posible que un informe de un técnico diga que en esos terrenos no hay actuaciones que determinen una valoración mayor de los doscientos, casi doscientos ochenta mil euros, y el mismo técnico, años más tarde, con el mismo planeamiento y etcétera, diga que no, bueno, que, efectivamente, con las actuaciones que hay en el terreno, la valoración es cercana a los cinco millones? Pues esa cuestión, nosotros, yo creo que este no es el lugar de ponerla en entredicho, pero sí es el lugar de explicarla y de conocerla, dentro del ámbito donde reside la soberanía popular y, además, darla a conocer al resto de ciudadanos.

A mí no me parece que usted haya dado, de momento, explicaciones suficientes que respondan a ese cambio de criterio de la Administración. Me parece que hay... no quiero utilizar la palabra, no... me parece que hay aparentes irregularidades, lo digo con todos los respetos y lo digo con todas las cautelas, pero lo que está claro es que hay una situación poco clara, y eso no es aparente sino que es real. Al parecer, yo le pido a la señora Monzón que nos remita al resto de diputados, que será más rápido recibir esos informes a través del correo electrónico que esperar a solicitarlos y recibirlos por el Gobierno, para estar todos, pues en, pie de igualdad con el ánimo de aclarar esta situación, y espero que lo haga usted pues de motu proprio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Corujo.

Turno del Grupo Nacionalista, señor Cabrera.

El señor CABRERA GONZÁLEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Consejero.

Bien, yo creo que todos conocemos... a la hora de plantear siempre grandes infraestructuras, el problema del suelo en esta Cámara lo hemos discutido en muchas ocasiones, lo hemos sufrido cuando hemos estado en algunas instituciones y no siempre, y no siempre es fácil, bueno, sobre todo cuando hablamos de grandes superficies, de grandes trazados que tienen que cambiar a lo largo del proceso, y creo que en este planteamiento Puerto Rico-Mogán es posible que gran parte de ese tema haya sido por las demoras, los trámites y las complicaciones añadidas. En unos casos, la definición del justiprecio no siempre es lo acertado y hace que el propietario pueda recurrir, conocemos muchísimos casos de la oferta que se hace y en los tribunales mandatarte a pagar otras cantidades que se te salen del presupuesto, pero, en fin, a eso es a lo que nos llevan cuando nos enfrentamos a determinadas obras, cuando hay replanteamientos de otras actividades que se desarrollan pasa exactamente igual o cuando encontramos confusiones de herederos en pequeñas propiedades; lo hemos vivido recientemente en Fuerteventura con el trazado eléctrico, indemnizar a algunos y ser propietarios otros -eso, afortunadamente, nos vino bien porque retrasó el trazado-, pero eso complica también la labor de la Administración en muchos casos.

Consejero, aprovechando el debate, creo que hay un tema que se nos ha dado a todos, que en los debates de los justiprecios no todos están en la misma situación de defensa: aquellos pequeños propietarios, aquellos pequeños agricultores a veces se ven indefensos y simplemente callan y aceptan lo que se les ha propuesto, ahí las administraciones, desde la local, ayuntamientos, cabildo y el propio Gobierno, intentar que no siempre sean los que más medios a su alcance tengan los que puedan recurrir y en los tribunales llevarse una serie, bueno, unos precios superiores a los que estaba previsto.

Pero, mire, como se ha sembrado la duda, cuando se plantean dudas al esfuerzo, al trabajo de otros compañeros y demás, creo que está en la obligación de todos aclararla y dar toda la información posible que tengamos porque, bueno, se trabaja de buena fe y, efectivamente, pueden haber dudas. Desde lo público siempre garantizar la defensa de lo público, garantizar también la defensa de ese pequeño propietario, pero garantizar también la honorabilidad de quienes, al frente de responsabilidades públicas, tienen que afrontar muchos de estos debates. Por tanto, seguramente en su segunda comparecencia tendrá más información que dar, pero, desde luego, si siguiese quedando alguna duda, creo que este tipo de historia es bueno despejarlas en cualquiera de las opciones que usted considere pertinente, señor consejero.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Cabrera.

Turno del grupo proponente, del Grupo Podemos, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, cuando hablaba de este expediente que, evidentemente, como digo, fue aprobado en Consejo de Gobierno en noviembre del 2017 -y por eso de aquí todas las cuestiones que le he ido preguntando-, si el Gobierno no es conocedor de este expediente es que, como he dicho, en el análisis de la documentación es muy sospechoso, y lo vuelvo a repetir que de un informe técnico de 275 000 euros pasamos a veinte veces más, a cinco millones y algo. Usted me comenta que es que había una demanda por valor de veinte millones y, por tanto, pagaron cinco, parece que entonces el justiprecio o las valoraciones de las expropiaciones va a depender de la capacidad de los propietarios de poder ir a los tribunales para exigir una mayor cuantía y que ustedes se vieron presionados por esos veinte millones, poca fe le veo o poca confianza en los técnicos de su consejería a la hora de hacer las valoraciones de los terrenos de expropiación.

Yo voy a intentar explicar... yo sé que esto es un tema técnica, aquí alguien ha dicho que se llevara a comisión, yo creo que desde el control que tenemos que hacer al Gobierno este es un caso que nos parece preocupante, que nos parece que hay que aclararlo, que cualquier ciudadano que tuviera esta información duraría de la honorabilidad de los consejeros de entonces y de la aprobación de este Gobierno que, al fin y al cabo, es el que autoriza el pago y, por tanto, también está implícito en este expediente, para saber cómo se ha realizado.

Yo le remito a varios informes que están en el expediente, uno de ellos, un informe técnico-jurídico del 11 de junio de 2011, que es que es un informe que, bueno, que como he dicho, antes me decía el portavoz del PSOE, yo les voy a trasladar, y quiero que anoten esto para que vayan... porque la documentación es bastante extensa, la documentación es bastante extensa, para que vayan a los informes que realmente ponen negro sobre blanco o blanco sobre negro, ¿vale? En este caso estamos hablando de unos terrenos que, como he dicho, es un acceso a la costa Taurito, el barranco de Tauro y que en 1999 se aprueban unas normas subsidiarias por parte del Ayuntamiento de Mogán que amplía el suelo que es urbano, modifica... se supone que era una modificación puntual, pero al final realmente es una modificación extensa que cambia todo lo que es la planificación que había en ese terreno, como he dicho, incrementa el suelo urbano, incrementa el suelo apto para urbanizar y, por tanto, altera, digamos, las condiciones que tenía ese terreno; pero entonces va a permitir que creen hoteles, un campo de golf, etcétera, etcétera, en esa superficie. Esas normas subsidiarias fueron anuladas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el año 2002, quiere decir que toda esa planificación, todas esas normas subsidiarias, entraron en el fondo y las anularon completamente.

Decir también que el Ayuntamiento de Mogán publica esas normas subsidiarias en el año 2008, es decir, cuando ya estaba la sentencia que las anulaba, y que se supone que unas normas subsidiarias entran en vigor cuando se hacen públicas, es decir, cuando se publican en el Boletín Oficial de la Provincia. Por tanto, este expediente, si uno lo revisa, es que un poco se sorprende de cómo actuamos; de ahí todas nuestras dudas y por eso queremos que se nos aclare.

Como le he dicho, en este periodo, desde que se aprueban las normas subsidiarias se conceden licencias urbanísticas a los propietarios del suelo para construir tres hoteles y para construir toda la urbanización que tiene que abastecer a esos hoteles, con unos plazos determinados, además, con unos condicionantes que tenían que ejercer para que fueran... esas licencias urbanísticas fueran... tuvieran... fueran... de capacidad.

¿Qué sucede?, pues que realmente la empresa no realiza esa urbanización, de hecho está en un informe técnico municipal, que lo dice toda la documentación, dice que no se ha hecho la urbanización ni siquiera parcialmente; no se ha recogido por parte del ayuntamiento ninguna planificación parcial de esas urbanizaciones. Como ya le he dicho, se hace con títulos habilitantes, que son unas licencias que en principio se entiende que son nulas de pleno derecho, porque no estaban publicadas las normas subsidiarias. Pero es que, aparte de no estar publicadas, en el caso de que hubieran estado, no cumplen los condicionantes de la licencia, con lo cual se anulan nuevamente.

(La señora diputada hace uso de medios audiovisuales).

Este informe del que le hablo, de junio de 2011, lo que viene a decir el técnico, califica con imágenes -yo aquí estoy poniendo imágenes, no sé si verá claramente-, lo rojo es lo que afectaría al terreno que estamos hablando las parcelas concretas de expropiación. Si pasamos a la siguiente foto, vemos a lo que iban a ser las normas subsidiarias -no sé si puede pasar-; las normas subsidiarias vemos que, donde está la rayita -donde está el tiempo, el 55 (en referencia al tiempo restante de intervención, 05:55, que se superpone a la imagen)-, esa rayita, lo que vemos en rojo es lo que crea como suelo urbano nuevo y eso es todo lo que anula las normas subsidiarias.

¿Qué sucede en la valoración del informe?, que cuando el informe empieza a hablar de cómo tiene que ser la valoración de ese terreno, cuál es su calificación territorial -que, al fin y al cabo, es la que después va a derecho a los propietarios de cuál es la valoración cuando se realiza una expropiación-, lo que viene a decir es que no se ha hecho la urbanización, no se ha cumplido lo que decían las licencias, por tanto, todo eso queda anulado y, además, en los plazos en que tenía que ajustarla no las hizo. Estamos hablando que desde que se aprobaron las normas subsidiarias de esta urbanización hasta que se hace la valoración para la expropiación los propietarios no habían urbanizado. Y no urbanizaron porque hubiera una obra de una carretera; no urbanizaron porque, probablemente -eso ya no lo sabemos-, les cogería la crisis y decidieron no urbanizar. Pero desde luego no podemos achacar que la no urbanización, que la afectación de la carretera impidiera que, en este caso, los propietarios pudieran hacer esas obras.

En cualquier caso, lo que estábamos hablando: cuando usted inicia una expropiación, la expropiación tiene que tener los mismos criterios para todas las personas que se expropien para una misma obra, y entendemos que en este caso concreto se ha incumplido, señor consejero. Estamos hablando de una valoración de veinte veces más de lo que corresponde; un informe técnico donde viene a decir... Y si pasamos la foto veremos la zona en qué situación de urbanizable está. Todas estas fotos si las vamos pasando las pueden ir viendo; están en los informes. Esto es lo que se había hecho de la urbanización, de los tres hoteles más todas las infraestructuras, que ninguna estaba en marcha, ni había red de caudal, no había suministro de agua, ni había nada de los planes. Con lo cual, realmente la clasificación de estos suelos, según indican los informes, era suelo rústico residual, suelo rústico de protección paisajística en una de las parcelas; en la otra, suelo rústico de protección paisajística; y también suelo apto para urbanizar con un planeamiento vigente donde no se había cumplido el plan de etapas. Esto es claro y hay que decirlo, porque así es como después vamos a ver razonar exactamente cuál es la valoración de los terrenos.

Y en la última finca, que es la 33, suelo rústico residual y también suelo apto para urbanizar con planeamiento vigente, donde en el momento de la ocupación no hay obras de urbanización.

Esto lo dice un técnico.

Pero es que el último informe, donde vemos que se valora veinte veces más... y usted no me ha explicado nada porque yo volví a decir: ¿es normal que en un expediente la empresa solicite la valoración del terreno, adjunte facturas, como les decía, incluso una factura donde le paga a una asesoría laboral las cuentas de tres años más el impuesto de sociedades? ¿Y eso se pone para justificar una expropiación? Yo creo que eso es para hacerlo mirar.

Ese mismo día que presenta esas facturas y presenta este expediente existe un informe técnico que da por buenas todas las alegaciones de la empresa. Pero es que en este informe técnico -y esto es importante recalcar- dice dos cuestiones que son importantes: primera, que lo hace a solicitud verbal del consejero de la consejería -el mismo día que presenta las alegaciones la empresa-; y, en segundo lugar, dice: se parte de la hipótesis -y voy a intentar leer textualmente, si encuentro la hoja-, que se parte de la hipótesis de que con la ejecución de la carretera convencional de interés regional que une la GC-1 con la GC-500 se ha producido la alteración de la urbanización que había sido ejecutada por la mercantil titular de los terrenos.

Primero, una urbanización que no está hecha, y en segundo, partiendo de una hipótesis. ¿Los informes se hacen partiendo de hipótesis? ¿A petición verbal de los consejeros? ¿El acta de mutuo acuerdo se firma tres días después, antes de que cese, el día antes de que cese el propio consejero? Muchas prisas para cerrar el expediente, señor consejero. Muchas prisas para que este Gobierno, antes de que un cambio, cuando fueron las elecciones del 2015, cerrara este expediente para que, a lo mejor, no se pudiera revisar cómo se estaban haciendo las cosas.

Yo vuelvo a decir, señor consejero, lo que queremos no solamente es que se aclare, es que se hagan bien las cosas, lo que queremos es que todos tengamos los mismos derechos a la hora de expropiación de terrenos. Y es verdad que los pequeños propietarios no tienen la misma situación a la hora de expropiación que los grandes propietarios que tienen capacidad de judicializar los temas y, como usted justo hablaba en su primera intervención, justificaba que, para no pagar esas cantidades, intentaron llegar a un justiprecio, a lo mejor demasiado precipitadamente y sin valorar demasiado cuál era la circunstancia de los terrenos.

Yo lo que le digo, señor consejero, es que este Gobierno aprobó un gasto de un valor por encima del que consideramos que es el real -tanto como decía la normativa, como decía la jurisprudencia, que ya ha intentado explicar aquí-; que este Gobierno y el anterior favorecieron a unos propietarios de unos terrenos pagando un dinero que no correspondía; que este Gobierno demuestra que está con los grandes terratenientes y no con el interés general; y que si en este expediente presuntamente hay irregularidades, como estamos aquí indicando, y que desde luego no creo que sea la forma de proceder de un expediente de expropiación normal, porque entonces sería muchísimo más preocupante, vamos a pensar que esto ha sido un caso excepcional... Como decía, muchas prisas para cerrar el expediente.

Esto nos hace entender muchas veces, o quizá con estos temas podríamos entender por qué este Gobierno quiso modificar la Ley del Suelo, por qué no quiere controles, por qué quiere que todo quede en manos de los ayuntamientos, que las planificaciones después no pasen por cortapisas para aprobar; porque quizás es más sencillo hacerlo de esa manera que con los controles que, en este caso, se supone que sí tenía que haber.

Creemos que esto es una irregularidad grave, si se da lo que estamos comentando, con los datos que tenemos desde luego es así, y lo que queremos es que se actúe. Esto es un acto nulo porque genera derechos donde no los hay y, por todo ello, señor consejero, lo que queremos es que aplique el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, que haga una declaración de lesividad de actos anulables, que se revise este expediente, que si se ha pagado más de lo que corresponde se vuelva a las arcas públicas por el interés general.

Señor consejero, al margen de las responsabilidades que pueda haber, ustedes como miembros del Gobierno están para subsanar los errores. Rectificar es de sabios, usted tiene en sus manos corregir malas praxis, y devuelvan la confianza a la ciudadanía, gestionen lo que es de todos para todos; aclárenlo, porque si la ciudadanía piensa que estas son las formas de los gobiernos, la verdad es que estamos en muy malas manos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Monzón.

Turno del señor consejero, vicepresidente del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (Rodríguez Valido): Gracias, presidente.

Bien, en primer lugar, creo que antes, prácticamente todos los portavoces lo decían, los procesos de expropiaciones de cualquier vía de interés general e incluso de cualquier obra pública, son altamente complejos, en ocasiones muy largos; decía la señora González que este no había sido tan largo, y además coincido, porque en los expedientes si navegamos por ellos vemos que todavía hay procedimientos abiertos desde hace muchos años en las expropiaciones; entre otras cosas, vuelvo a insistir, porque, aunque las obras públicas se hacen por interés general, y la ley permite la ocupación del suelo de manera prioritaria, lo cierto es que el derecho de los ciudadanos a defender sus propiedades y a defender el precio justo pues es legítima y además es lógica y respetable.

Quiero decir, antes que nada, que por supuesto que toda mi voluntad en transparentar absolutamente esta y cualquier otra de las gestiones de mi consejería, o de cualquiera de las áreas que me ha tocado gestionar. Lo digo con total claridad: máxima transparencia, máxima información, para que se conozca absolutamente todo.

Pero lo que no se puede es venir a este Parlamento a pedir explicaciones sobre un expediente concreto poniendo en el título de la comparecencia un asunto general, porque evidentemente, evidentemente, no vamos a tener el informe concreto de todos los técnicos que han informado de cada una de las 50 fincas que se han expropiado en la carretera Puerto Rico-Mogán. Creo que si queremos ser transparentes, debemos solicitar la información de manera adecuada.

No obstante, como creo que esta no va a ser la última vez que vamos a hablar de esto, yo, efectivamente, agarro el guante y estoy dispuesto a comparecer las veces que sea necesario en comisión -o en Pleno, pero yo creo que esto es un asunto de comisión, como decía la señora González- para profundizar en los informes.

Pero será difícil, para mí será difícil, ya lo avanzo, ponerme en lugar del técnico para justificar un informe que hizo un técnico, del cual no tengo ninguna duda de su profesionalidad, para justificar por qué cambia o por qué se hace un informe distinto cuatro años después del que había realizado en 2011; será muy complicado que yo me ponga en lugar del técnico y lo justifique. Lo que podré hacer es dar lectura del informe y, sobre todo, de los criterios, absolutamente objetivos, imagino, para que cambiase esa valoración. Ese ejercicio lo podemos hacer las veces que sea necesario.

Y si vemos... porque la señora portavoz de Podemos, la señora Monzón, ya ha juzgado, ya ha dicho que evidentemente el expediente es ilícito, de que hay lesividad para la Administración, ya ha juzgado sobre un expediente de expropiaciones, insisto, en una carretera de interés general absolutamente imprescindible para el desarrollo de Canarias. Pero, como eso yo todavía no lo tengo claro -si hay un juicio cerrado o no-, pues, si vemos, a posteriori, una vez analizada la documentación, una vez estudiadas las comparecencias que sean necesarias, que hay algún comportamiento ilícito, saben que mecanismos hay, tanto internos como externos, para poder limar cualquier impureza.

Es verdad que -y aquí estoy cien por cien de acuerdo con el señor Cabrera-, que quien menos medios tiene, tiene más dificultades a la hora de poder defender sus propiedades en las expropiaciones. Normalmente pasa en eso y en muchas otras cosas; quien tiene más recursos tiene más capacidad de llegar a grandes gabinetes de juristas y puede, a lo mejor, defender mejor sus propiedades. No lo sé, en algunos casos habrá sido así y en otros no.

Lo que sí es cierto es que el Supremo, hace tres o cuatro años, hace un cambio de criterio que yo creo que es vital en todo lo que tiene que ver con las expropiaciones. Yo fui concejal de Urbanismo, como algunos saben, y algunas expropiaciones nos comimos en la etapa previa al cambio de criterio, que fue que ante la expectativa de un suelo que no era urbano, pero era urbanizable, la valoración era como suelo urbano; esto pasó en numerosas ocasiones, hay ayuntamientos absolutamente condenados en muchísimas sentencias a auténticos dinerales por suelos que no tenían ningún servicio para ser considerados urbanos, porque al final un suelo urbano es aquel que tiene todos los servicios disponibles para poder construir. En definitiva, ese cambio de criterio creo que ahora viene bien a la Administración; ahora evidentemente ya no es así, se valora como suelo rústico y eso, desde luego, va a cambiar también el devenir de las expropiaciones.

Pero reitero lo que decía, varias cuestiones, por último, señora Monzón, el Consejo de Gobierno no aprueba el expediente, el Consejo de Gobierno de 2017 no aprobó este expediente; el Consejo de Gobierno lo que aprueba es el gasto, y aprueba el gasto porque la cantidad es superior a dos millones de euros. Pero esto es un acto administrativo del año 2015, que luego se contabiliza el gasto y el Consejo de Gobierno aprueba el gasto; ese es el primer matiz que quiero que quede absolutamente claro.

Yo, insisto, la empresa puede presentar -como pasa en todos los expedientes de expropiaciones, sea dicho de paso-, la empresa puede presentar hasta el libro de familia si quiere, otra cuestión distinta es que el técnico que hace la valoración o la evaluación lo tenga en cuenta o no. Y, honestamente, como no he traído el informe del técnico en cuestión porque no sabía que íbamos a hablar de este expediente en concreto -pero lo haremos-, pues, no sé si el informe del técnico en cuestión, el informe que evalúa y valora, de manera que ya todos conocen, esa finca, no sé si tiene en cuenta los documentos, todos los documentos presentados en la empresa o solo algunos o parcialmente, pero que cualquier propietario en su legítima defensa de sus propiedades puede presentar la documentación que considere me parece absolutamente lógico.

Pero, bueno, reitero: esto es un proyecto del año 2008, han pasado diez años; se aprobaron las expropiaciones hace... el expediente de expropiaciones es del año 2008, hace diez años, estamos todavía con cuatro contencioso-administrativos. Esto demuestra muchas cosas, pero, entre otras, la dificultad que tiene cualquier expediente de expropiaciones en una vía de interés general; insisto, en una vía de interés general. Por eso me pongo a disposición de ustedes, señorías, para comparecer, para hablar en concreto de esta expropiación, sin ningún tipo de cortapisas, con total transparencia, para analizar si realmente se ha operado con cordura en legítima defensa del interés general, como así creo porque, vuelvo a reiterar, el consejero que firmó el acuerdo, el acuerdo extrajudicial, el señor Berriel, tiene sobrado currículum de defensa del interés general, y por eso creo que en este caso como en tantos otros la defensa del interés general ha estado garantizada.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.

(La señora secretaria segunda, Hernández Gutiérrez, ocupa un escaño en la sala).