Diario de Sesiones 131/2018, de fecha 26/9/2018 - Punto 11

9L/PL-0017 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE CALIDAD AGROALIMENTARIA.

La señora PRESIDENTA: Vamos al debate de primera lectura del proyecto de ley de calidad agroalimentaria.

No hay enmiendas presentadas, por tanto tiene la palabra el Gobierno, el consejero, para la presentación del proyecto de ley.

El señor CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS (Quintero Castañeda): Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente. Muy buenas tardes, sus señorías. (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

Para mí hoy es un honor presentar, en este Parlamento, en el Parlamento de Canarias, esta ley de calidad agroalimentaria que va en consonancia con el trabajo que se ha realizado en el Gobierno de Canarias en defensa del producto local, de quien lo produce y de quien lo consume.

Como saben, este trámite parlamentario cumple un compromiso de este equipo de Gobierno y del Gobierno de Canarias, que ha realizado una apuesta firme por la calidad agroalimentaria, no solo por la importancia que tiene en la salud de la población, su valor nutricional e, incluso, por las cuestiones sociales y medioambientales que implica, sino también como herramienta en la competitividad de los productores de las islas y, por tanto, de quienes están detrás de todos estos productos.

Atención al producto local, vigilancia de las calidades de los alimentos a través de su control y una apuesta decidida por las cualidades generales de los alimentos que son mejores para la salud de los canarios es, a grandes rasgos, lo que esta ley de calidad agroalimentaria, pionera en algunos casos, viene a proponer a esta Cámara hoy. Y también propone darnos un marco jurídico, moderno y acorde a los tiempos que corren, tan veloces y complejos en muchas ocasiones, por lo que es fundamental lograr, en este caso, el apoyo mayoritario para esta norma, que es un verdadero hito para el sector primario, pues viene a confirmar que los productos locales son por calidad, por cercanía, los mejores para la población de las islas y también para aquellos que nos visitan.

Tenemos un mandato de la ciudadanía que nos exige consumir productos saludables y de calidad. Para dar cumplimiento a este mandato creemos que quienes ostentamos responsabilidades públicas debemos determinar las normas para que esa puesta en valor de los productos sea sobre la mesa de la transparencia y la garantía de calidad... Esta iniciativa legislativa es clave para el sector y para la propia Administración, pues establece unas reglas de juego claras y diáfanas, incorpora normativas estatales y europeas y, al unificarlas, ofrece un apoyo firme para continuar incentivando su desarrollo.

Con el sector se ha desarrollado un proceso de diálogo para recabar sus aportaciones y enriquecer el texto inicial. Ha habido un grado de consenso importante en sus planteamientos, que de buena medida son los que reflejan el documento que ustedes conocen y estamos hoy debatiendo, con lo cual quiero agradecer públicamente a todo el sector las aportaciones que han hecho durante el trámite que hemos tenido con ellos de audiencia; un sector que, como hemos dicho en otras ocasiones, no siempre puede competir, por cantidad, el canario... pero sí lo puede hacer y lo tienen que hacer por calidad, una calidad que debe, no solo ser denominada básica o estándar, sino una que apuesta cada vez más por ser diferenciada, por ser reconocida, por ser regulada y por ser identificada; y por ello apuesta esta ley.

La calidad -un término en ocasiones subjetivo- viene relacionada en los últimos tiempos con las particularidades del territorio en la que ha sido elaborado el producto o con el método de producción, respetando siempre unos estándares medioambientales. Es el propio consumidor el que valora la personalidad del producto de la tierra, frente a la estandarización propuesta desde la globalización. En sectores como el del queso o el del vino somos un ejemplo donde habitualmente los protegemos por la calidad del lugar donde corresponde. Igualmente, el consumidor valora los productos agroalimentarios que han sido producidos atendiendo a prácticas respetuosas con el medio ambiente, frente a otro tipo de producciones.

Canarias es singular, es única, lo hemos repetido todos hasta saciedad, y esta ley es buena muestra de ello. Los productos de las islas necesitan, como lo requiere también su sector primario, un tratamiento diferente, también lo intentamos conseguir en esta ley. Es necesario establecer obligaciones de carácter general para todos los operadores alimentarios, al objeto de asegurar la trazabilidad de los productos, tanto que entran como los productos que se producen en nuestra comunidad autónoma; y esto es fundamental, sin que esta obligación, en ningún caso, pueda suponer, para las pequeñas producciones de la tierra, un hándicap difícil de salvar, dentro de la competencia del área que dirijo, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, y en este momento aprovecho para felicitar a todos los trabajadores de este instituto por el trabajo y esfuerzo que han hecho para que hoy todas sus señorías tengan el texto que vamos a debatir.

Esta ley afronta los retos que acabo de citar desde dos puntos de vista principales. Por un lado, respeto a la protección del consumidor, calidad de servicios, información correcta en el etiquetado; y, por otro, desde la transparencia y correspondencia del producto con las normas de comercialización.

La ley tiene como objetivo simplificar, racionalizar y actualizar las reglas aplicables hasta ahora. Como saben sus señorías la simplificación administrativa es una apuesta de este Gobierno para esta y otras áreas de gestión, y es fundamental en los tiempos que corren. Simplificar significa reducir cargas y trámites excesivos e innecesarios, y simultáneamente clarificar los procedimientos y siempre con las mismas garantías. Ejemplo de ello son las modificaciones realizadas para la agricultura y la ganadería ecológica, para las que se elimina el registro previo al ejercicio de la actividad, y se eliminan totalidad de las tasas, e incluso la obligación de los operadores de renovar anualmente su intención de continuar en dicha actividad, anualmente, su intención, y con esto quiero dejar claro que este cambio responde a la intención de promover esta actividad y de potenciarla, sin dejar de ejercer en ningún caso el control y las certificaciones previas para garantizar que son agricultura y ganadería ecológica. O respecto, por ejemplo, al sector del vino con denominación de origen, que ve simplificada su tramitación, con la nueva regulación europea en materia hace innecesaria hasta ahora la regulación actual.

También es preciso racionalizar, mediante una reordenación las reglas e instrumentos de intervención del Gobierno. Un ejemplo de ello es la creación del consejo canario de control de la cadena alimentaria, que desarrollará esta política en coordinación entre los distintos departamentos competentes en materia de calidad agroalimentaria, de sanidad y de consumo, y que ha sido también demandado en muchas ocasiones por esta Cámara y por muchos de los grupos que aquí están.

La coordinación de las campañas de control oficial de cada departamento, organismo público, con competencias en materia de inspección, control alimentario, realiza cada ámbito y cada departamento que corresponde.

Evaluar el desarrollo y la coordinación de las campañas anuales, aprobación del informe anual sobre el resultado de la coordinación de la campaña en los diferentes departamentos; todo eso y muchas otras cosas serán las que lleven el consejo canario de control de la cadena alimentaria.

Actualizamos e integramos también con esta ley algunas de las normas competenciales, como las relacionadas con la producción de la sal marina y cochinilla, por ejemplo, que pasarán a estar dentro de las acciones promocionales del ICCA.

O regulamos determinadas menciones etiquetado de productos agroalimentarios no contemplados en la actualidad, cuestiones demandadas por el propio sector productivo, como la artesanía agroalimentaria; fundamental, la artesanía agroalimentaria que no estaba regulada hasta la actualidad y regulamos en esta ley. El vino de finca o el vino de parcela, vino de frutas o de algunos productos tradicionales canarios, como puede ser, por ejemplo, el almogrote.

También soluciona el vacío legal existente en cuanto a infracciones y sanciones tras la sentencia de inconstitucionalidad por parte de la ley estatal, esta ley de calidad agroalimentaria viene a regular este vacío legal, que existe actualmente, de sanciones. Esta ley está fundada en valores como el respeto al medio ambiente, la diversificación de la economía, la preservación del patrimonio cultural gastronómico o el desarrollo rural, contribuyendo a la fijación de la población al medio rural o al fomento de la igualdad de género en dicho sector. Son valores, señorías, universales, que seguramente compartimos todos quienes estamos presentes en esta Cámara, con independencia incluso de la adscripción política de cada uno de los partidos. Pero precisamente por ello, creo que tenemos, ante nosotros, una buena base, que invito a todas sus señorías, y seguro será así, a mejorarla en el trámite parlamentario, para que salga la mejor ley de calidad agroalimentaria.

Quiero terminar agradeciendo a los trabajadores, otra vez, del ICCA, quiero agradecer a todo el sector las aportaciones que ha hecho durante estos más de ocho meses de intenso trabajo con ellos, y quiero terminar agradeciendo a sus señorías, principalmente a los portavoces, en este caso incluso de la Comisión de Agricultura las determinadas conversaciones que he tenido con cada uno de ellos, las aportaciones, y, en principio, agradecerles todas las aportaciones que hagan hoy, en esta tribuna, y en la posible tramitación de esta ley, que creo que es positiva y es necesaria para el sector primario canario.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor consejero.

Turno del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero.

Felicitarlo por este anteproyecto de ley a usted, a su equipo y a todos los sectores que han participado y han hecho posible este documento. Recogemos, desde nuestro grupo, su guante, y participaremos en mejorarlo, por supuesto, con todas aquellas enmiendas que creamos que pueden enriquecer el texto.

Desde nuestro grupo, máxime cuando hasta ahora solo se había regulado mediante ley cuestiones orgánicas, como la creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el régimen jurídico de los consejos reguladores de vinos de Canarias, y la regulación de los órganos de gestión de las figuras de calidad de productos no vínicos. Por tanto, en consonancia con lo estipulado por otras comunidades autónomas, y a sabiendas de que este ha sido un texto que ha contado con la participación de los sectores afectados, y que estamos ante un buen proyecto de ley, estamos seguros que en el trámite de enmiendas al articulado conseguiremos tener la ley de calidad agroalimentaria de Canarias que todos esperamos.

Además, partiendo de la base que estamos ante un sector complejo, como es el agroalimentario, y que parte de un conjunto normativo disperso, la idea es también simplificar y aglutinar en esta ley el ordenamiento jurídico autonómico. Sabemos de las dificultades para simplificar y actualizar en una norma cuestiones reguladas por la normativa comunitaria y estatal de carácter básico, aparte de la transversalidad de la competencia, que puede ser abordada desde distintos ámbitos, como son agricultura, ganadería, sanidad y consumo. Desde nuestro grupo destacamos, sin duda, la importancia que tiene que contemos con esta ley, dada nuestra singularidad como territorio. Por nuestra dispersión geográfica, las especificidades de cada isla, y por la dependencia que tenemos del exterior, y también por lo que respecta a las barreras fitosanitarias, para que alcancemos un mayor control e inspección en las aduanas, y no se ponga en peligro la seguridad alimentaria ni la viabilidad de nuestros operadores agroalimentarios.

La realidad es que, actualmente, con la importancia que cobra la alimentación en nuestro día a día, y la calidad del producto junto a la exigencia de los consumidores, pedimos para consumir alimentos saludables y la variedad que buscamos. Junto a los cambios que ha experimentado la producción y la comercialización, con la entrada de las nuevas tecnologías y la innovación en el sector agroalimentario, esta ley parece, ahora -en un momento clave para garantizar la calidad agroalimentaria-, proteger los intereses de los consumidores y garantizar las transacciones comerciales.

Por lo que respecta al articulado de la ley, desde nuestro grupo destacamos la importancia que tiene el sector agroalimentario vinculado a la conservación del paisaje y el medio ambiente, así como la articulación de su medio rural. Por eso encontramos esencial que se garantice la calidad y se potencien los productos producidos o elaborados en Canarias, y que puedan distinguirse con alguno de los programas de calidad establecidos, en aras a incrementar el valor añadido, mejorar la competitividad de nuestros productos, diversificar la economía e incentivar la participación de los diferentes operadores. Asimismo, nos parece fundamental que se establezcan obligaciones de carácter general para todos los operadores alimentarios, con el objetivo de asegurar la trazabilidad de los productos que entran o que se producen en nuestro archipiélago, acorde a una inspección o adopción de medidas cautelares y, en su caso, de la aplicación de la correspondiente sanción.

También nos parece importante la clasificación o la definición jurídica que se realiza de los productos agroalimentarios tradicionales y típicos de Canarias, términos acuñados por el uso, propios de nuestra comunidad, y que se han usado como denominación de venta del producto, haciéndose referencia a los productos de la isla de La Gomera, tales como el almogrote y el gomerón. En este sentido, nos parece relevante que en la preservación del patrimonio cultural agroalimentario, el ICCA, en colaboración con los cabildos insulares, elaborará y mantendrá actualizado un inventario de los productos agroalimentarios típicos y tradicionales de Canarias, con su caracterización y categorización.

Asimismo, nos parece esencial que los operadores lleven un sistema de registro que permita disponer de la información necesaria para relacionar los productos existentes en instalaciones con sus datos identificativos, y también que el ICCA cree un fichero, que tendrá finalidad estadística, en el que figurarán los datos correspondientes a los operadores sometidos a control y certificación de la producción ecológica, lo que -entendemos- beneficiará a los operadores ecológicos, sustituyéndose el registro por una inscripción única.

Se crea el consejo canario de control de la cadena alimentaria como órgano de coordinación entre los distintos órganos del Gobierno, con competencias en materia de inspección y control alimentario, por lo que estamos seguros que este órgano ayudará a lograr una mayor difusión y ejecución de las campañas de control, así como a proponer medidas de mejora.

También hemos visto que se incluye la perspectiva de género, promoviendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los órganos colegiados existentes, donde, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, la regulación de los órganos colegiados, integrados o adscritos a la consejería competente en materia de agricultura, deberán promover su composición paritaria, cuestión que nos parece muy acertada, con la mirada puesta en eliminar las desigualdades, en virtud del principio de transversalidad de la Ley Canaria de Igualdad.

Y, para ir concluyendo, desde la Agrupación Socialista Gomera esperamos, por tanto, que con esta ley consigamos mayor fortaleza y competitividad ante producciones procedentes de otros países, que se pongan en valor la calidad de nuestros productos, a la vez que se fomentan y promueven, y esto permita a nuestros operadores agroalimentarios abrir nuevos mercados.

Como le repetí cuando comenzaba mi intervención, señor consejero, muchas felicidades por este anteproyecto de ley, felicite a los miembros de su consejería y a todos aquellos trabajadores y sectores que se hayan implicado en este texto y ofrézcales el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera para mejorar en todo lo posible esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno del Grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez, don Pedro.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero, buenas tardes.

Estamos ante un proyecto de ley que tiene como objetivos, por un lado, fortalecer nuestras producciones para que puedan ser identificadas y reconocidas por los consumidores, tanto a nivel global como local, consolidar nuestros sellos y marcas de garantías, definir la artesanía alimentaria, asegurar el control y dar seguridad a todos los operadores, incorporar las últimas novedades legislativas, apostando decididamente por nuevos conceptos en relación con la alimentación, como son la cadena responsable, la trazabilidad, el autocontrol; consolidar, por otro lado, el marco legal y la presencia de las figuras de calidad diferenciadas, incorporar, también, novedosos instrumentos de protección a la producción local, como es la artesanía alimentaria y los productos agroalimentarios tradicionales de Canarias.

Pero también es necesario reforzar las sinergias entre la producción primaria y la industria agroalimentaria para incrementar el valor de las producciones, aprovechar los beneficios económicos y sociales que la agroindustria puede generar para el medio rural, contribuyendo a su desarrollo.

Ya hemos tratado en este plenario el tema de la trazabilidad, esencial para garantizar al consumidor información sobre todo el proceso productivo. Esta es una de las grandes ventajas competitivas; el poder dar información transparente y garantías de calidad y de seguridad al consumidor, dentro de un marco cada vez más global. En este sentido, todos los operadores agroalimentarios están obligados a tener un sistema que permita la (ininteligible) del producto y, por tanto, no solo verifica que el producto reúne los requisitos establecidos para ser comercializado, o los requisitos adicionales contemplados en los pliegos de condiciones de las distintas denominaciones de origen o identificaciones geográficas, sino que también se verifica la validez y eficacia del sistema de trazabilidad de los operadores. La frecuencia de estas inspecciones y auditorías depende del producto que se trate, producción ecológica, producción integrada -DOP, IGP o ETG- y de lo que establezcan las distintas normas que lo regulan. Un adecuado control de la trazabilidad ayudaría a evitar el fraude y que no lleguen los productos sustraídos o robados en las explotaciones, tanto agrarias como ganaderas como pesqueras, porque también hablamos de la pesca, ese 65 % de la pesca furtiva que llega a comercializarse.

Es necesario el control de la trazabilidad que afecta no solo a la seguridad alimentaria sino también defiende a nuestro sector y a los consumidores contra el fraude. En este sentido, se da solución al vacío legal existente en cuanto a las infracciones y sanciones, tanto para los operadores y agentes de comercialización, como para los órganos de gestión y entidades de control y certificación.

Una vez más, cuando abordamos el tema de las inspecciones, vemos la escasez de recursos y la urgente necesidad de reforzar las plantillas de inspección. En calidad agroalimentaria tenemos tan solo ocho inspectores para todas las islas, en consumo, en la provincia de Las Palmas son cinco y cuatro en Tenerife y, bueno, en salud pública, como todos sabemos, hay algunos más, pero se dedican a muchas otras inspecciones. Si hablamos del control en las islas no capitalinas, por supuesto, es mucho más deficiente. No obstante, con este proyecto de ley, se ha dado un paso importante en coordinación con la creación del consejo canario de control de la cadena alimentaria; integra a todos los departamentos competentes en materia de agricultura, sanidad y consumo. Por ello, dada su importancia, y que debería comenzar lo antes posible, desde nuestro grupo confiamos en que el decreto que lo desarrolle vea la luz muy pronto.

Señorías, otro aspecto fundamental es la promoción. Cada vez que se pone sobre la mesa algún asunto relacionado con la producción local o la calidad, sale a colación la necesidad de su promoción y su diferenciación para poner en valor nuestros productos. Es por ello que debemos intensificar los esfuerzos por promocionar los productos de las islas, sobre todo los de calidad diferenciada. Para ello, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta ley para desarrollar conjuntamente con los cabildos, y a partir de la aprobación de la ley, un glosario de términos que definan y pongan en valor los productos y recetas típicas de Canarias.

Al hilo de lo anterior, desde Nueva Canarias, insistimos nuevamente en la importancia del etiquetado y de las inspecciones en los mercados y puertos. Estas medidas deben ir dirigidas tanto a la producción local como a lo que proviene del exterior, lo que no se puede hacer es endurecer las medidas a las producciones locales y no hacer nada con la que viene del exterior. Además, estos controles y análisis de los productos agroalimentarios deben realizarse antes de su comercialización. Sin embargo, sin los medios humanos y materiales adecuados, este control, en la práctica, no se ejercería.

Por otro lado, consideramos positiva la integración de la perspectiva de género como garante de mantenimiento de las mujeres en el mundo rural. Otra leyes, o al menos otros proyectos de ley y de calidad alimentaria, la han omitido en la primera fase de tramitación. Afortunadamente, siempre surge una voz que recuerda su inclusión, máxime cuando estamos viendo cómo el régimen de titularidad compartida no está teniendo efecto alguno, pero este es otro tema. La experiencia acumulada en estos años aconseja potenciar una producción alimentaria de la más alta calidad, vinculada al territorio e identificable por el consumidor.

En nuestra condición de RUP, los productos amparados actualmente por una denominación de origen protegida constituyen un ejemplo de trabajo y buenas prácticas en la producción y en la elaboración de alimentos con garantía territorial y calidad diferenciada. Existe un amplio consenso en torno a la necesidad de consolidar estas producciones y de incorporar otras nuevas con elevados estándares de calidad.

La producción ecológica es un sector en auge, lo que hace necesario que se simplifiquen administrativamente algunos trámites, como el del acceso a la actividad de producción ecológica. Además, en el documento se recoge la necesidad de adaptar el nivel de exigencia general a aquellos operadores alimentarios con producciones reducidas, destino cercano o poca complejidad, para evitar que las exigencias generales supongan un inconveniente en su capacidad de competencia, es decir, flexibilizan el nivel de exigencias acorde con el riesgo. En principio tiene un tinte positivo, pero debemos cuidar que no se relajen las medidas protectoras de la calidad agroalimentaria.

Acabo, señorías, señor consejero, agradeciendo el trabajo de su consejería, de los técnicos, también del trabajo que se ha realizado con el sector y manifestándoles, desde mi Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, la voluntad de mejorar este proyecto de ley en el periodo de tramitación de enmiendas, intentando el máximo consenso de los diferentes grupos de esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Rodríguez.

Turno del Grupo Podemos, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes de nuevo a todos y a todas.

Señor consejero, la ley de calidad agroalimentaria es una ley que lleva años trabajándose -más de diez años, le puedo atestiguar que es así-, se ha ido discutiendo que necesitamos una ley de calidad agroalimentaria pero, además, planificar bien qué objetivos y qué fines tiene que perseguir una ley de calidad agroalimentaria para que, como siempre he dicho, cuando hacemos cualquier ley en esta Cámara sea una herramienta eficaz sobre los objetivos y sobre el cumplimiento.

Se ha hablado de las tres vertientes, desde los consumidores, la lealtad comercial entre los distintos operadores y productores, y también la seguridad y la salud en esos productos -que sean saludables- y que cumplan con los cánones de calidad establecidos -los estándares y los de calidad diferenciada-.

Hablamos de una sociedad cada vez más exigente -efectivamente, lo es-, y que aunque el concepto de calidad pueda ser objetivo para algunas personas evidentemente en una ley no lo puede ser. Tenemos que fijar exactamente cuáles son los conceptos para que al final, como decía, sea eficaz la herramienta.

Ya hablamos, incluso..., el otro día, en la comisión, comentábamos que, al final, cuando cualquier consumidor quiere la garantía, lo que quiere es saber, es estar informado. Eso es lo principal. Cuando cualquier consumidor se encuentra con un producto envasado y etiquetado, el producto, el contenido de ese producto, tiene que ser exactamente lo que dice ese etiquetado, y para ahí también son los controles en calidad. Eso es calidad también, no engañar y no defraudar a los consumidores.

Por tanto, cuando hablamos aquí de esta ley, que diferencia la calidad estándar de la calidad diferenciada, de esa protección que puede haber como es la denominación del origen, la IGP -la Indicación Geográfica Protegida-, la indicación tradicional, los productos ecológicos o los productos que, aunque no sean ecológicos sí son integrados, utilizan menos productos fitosanitarios, estamos hablando de productos de calidad, estamos hablando de productos diferenciados.

Pero también esta ley tiene que..., lo que he echado de menos en el texto y que, bueno, será debatido y esperemos que podamos debatirlo no solamente en este pleno sino a lo mejor con más detenimiento en el ICCA, como usted había dicho que iba a hacer una propuesta para visitarlo y poderlo argumentar con los técnicos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, lo que creemos que también tiene que ser una oportunidad para la promoción del producto local, pero el producto local tal como es realmente, y permítanme que vuelva a hacer crítica con el término de "elaborado en Canarias", que es una marca comercial en la que, además, estamos viendo en estos últimos días una promoción, incluso por parte de miembros de las instituciones de Coalición Canaria y de muchas otras instituciones, promocionando ese producto. Es verdad que la industria en Canarias, que elabora productos, no solo que los elabora, también que los envasa, es una industria que genera trabajo y genera riqueza en Canarias, pero, evidentemente, si queremos conservar nuestro mundo rural, si queremos conservar nuestro paisaje, si queremos conservar nuestro suelo, si queremos ser más autosuficientes, si no apoyamos el producto local y, sobre todo, si el consumidor no es capaz de identificarlo de forma clara cuál es el producto local, flaco favor le estaremos haciendo a nuestro sector primario y a nuestro sector industrial agroalimentario, porque esta ley no solo habla del sector primario, también habla del sector agroalimentario.

Y echaba de menos en esta ley, también, una mayor coordinación entre el Gobierno, entre la Consejería de Industria, que es la que también... las industrias, aunque sean agroalimentarias, dependen también de la Consejería de Industria, de Consumo, no se implique más también en esta norma. Que el Servicio Canario de la Salud, que aunque hay una parte de calidad que son normas higiénico-sanitarias, tenga competencias, también yo creo que podría adaptarse en esta ley, para que intentemos coordinar más toda la actividad inspectora y toda la actividad de control de los operadores y facilitarles a ellos también el trabajo.

Me preocupan también otros aspectos de esta ley, como pueden ser el control en la parte ganadera. Parece que es una ley que está hecha para específicamente las competencias del ICCA, y yo creo que no podemos quedarnos con una ley a medias. Tenemos que ir más allá, tiene que ser una ley... una herramienta eficaz. No podemos hacer que los distintos subsectores tengan herramientas de control y herramientas de sanción -como aquí están-, que sean diferentes. Tiene que haber una igualdad. Es verdad que aquí se ha hablado de la pesca y de la acuicultura, que también están excluidas de esta ley -tenemos una ley de pesca-, pero creo que también es importante que en el etiquetado, que en esa trazabilidad de los productos que son obligatorios para todos los productos agroalimentarios, esta ley pueda incidir también en esos controles, y que acabemos con el furtivismo de una vez por todas con un etiquetado claro dentro, por ejemplo, de los pescados de producción y de extracción en Canarias, y también un control sobre la acuicultura.

No me quiero dejar atrás algunos de los matices. Esta ley, además, define una serie de conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, habla de los canales cortos de comercialización. El Consejo Consultivo le pone un reparo, porque es verdad que son términos jurídicos indeterminados, porque no termina de definir qué son los canales cortos de comercialización, no podemos decir si es comercialización directa exactamente desde el productor al operador o si se... lo más reducido posible, no sabemos qué es lo más reducido posible. Es decir, al final las definiciones tienen que definir, no indefinir. Con lo cual yo creo que habrá que mejorar en cierta manera alguna de estas definiciones.

Hemos hablado de los productos artesanales. Fundamental. En Canarias hay muchos productores que también elaboran sus productos de forma artesanal y que no han podido poner esa mención en sus etiquetados porque no están reguladas en Canarias. Pero también hay una indeterminación jurídica en el término que se pone como artesanal. Yo quiero recordar que la palabra "artesano" tiene que ver con la forma en que se elabora un producto, no con el origen de las materias primas; son dos cosas distintas, y si queremos, como hablaba antes, fomentar y promocionar los productos locales, tendremos que buscar otra vía, pero no podemos hacerlo en artesano, hay una disposición, además, adicional que específicamente en el queso, los quesos que no son de denominación de origen, que tienen su propia norma, y está definido lo que es artesano, específica que para ser artesano tiene que tener..., la leche tiene que venir o proveer de leche local. Creemos que se están confundiendo los términos y que eso no creo que nos ayude. Yo entiendo el objetivo, pero creemos que tiene que definirse de otra manera y vamos a trabajar para enmendar estas cuestiones en esta ley para que realmente al final sean, como decía, una herramienta eficaz.

No tengo demasiado tiempo para meterme en muchos temas específicos, pero sí, no me quiero dejar atrás algunas cuestiones, por ejemplo, algunas preguntas y algunas dudas que tengo. Cuando hablamos, hemos visto las alegaciones que ha habido por parte de la información pública y también de asociaciones, agricultores, de ganaderos, de Asinca, etcétera, no nos queda muy claro si los controles, al final, en los productos primarios, en los productos del sector primario, lo que son productos agrícolas y ganaderos, como decía, hay productos ganaderos que no están en el ICCA, sino que corresponden a la Dirección General de Ganadería, así también como el control de los piensos, por ejemplo. No nos queda claro, al final, ni la exclusión, hay una aportación de una señora que habla de que si se excluye el sector primario, hay que decir que toda esta normativa es muy compleja, la normativa de calidad agroalimentaria está definida por normativa europea, normativa estatal, normativa autonómica, cambiante continuamente, y usted antes nombraba al personal del ICCA y, desde luego, aquí hay que poner en valor además la falta de personal que existe en el ICCA, el trabajo que están haciendo. Es una ley ambiciosa en la que, desgraciadamente, creo que va a faltar medios para poder llevarla a cabo con el personal que tenemos, y que, además, el esfuerzo que hacen día a día, porque yo creo que la mayoría del personal cree exactamente en la producción local y que trabajan, precisamente, para mejorar el hecho de que los productos que llegan al consumidor, efectivamente, tengan todas las garantías que deben tener.

Le comentaba las dudas que tenía: sobre los temas de límites máximos de residuos, supongo y entiendo que seguirán haciéndose porque se excluye aquí la parte de sanidad vegetal, el origen, que aunque tiene que ver con la Ley de sanidad vegetal, evidentemente, también tiene que ver con la información del etiquetado, que sea correcta. Lo hemos hablado a veces en comisiones, el hecho de que los propios productores se conviertan en importadores muchas veces hace que haya fraude en el origen de los productos. Eso es lo primero que tenemos que poder atacar, y para ello es imprescindible el tema de la trazabilidad que, aunque es obligatorio en todos los productos agroalimentarios, y es competencia del Servicio Canario de la Salud, decíamos que tiene que ser una herramienta muy válida para controlar el origen de los productos y, por tanto, una herramienta que tiene que utilizarse también en calidad agroalimentaria.

Se crea el consejo de coordinación. Hace muy pocos meses presentábamos la PNL de trazabilidad, donde pedíamos la creación de ese órgano. Nos alegra que esta ley lo contemple, pero tenemos dudas de las competencias que están en el ICCA, porque el Reglamento orgánico de la Consejería de Industria habla que la coordinación de la inspección debería estar en la Dirección General de Consumo. Bueno, eso son matices jurídicos que esperemos que lo podamos ir depurando para que no haya problemas, y que, al final, el Consejo pueda actuar y que no tengamos problemas legales para que no actúen.

Me queda muy poco tiempo. Prescripciones que no aparecen en la ley. Comentábamos, también, el análisis de peligro de punto de control crítico, que tiene que ver con la fecha de caducidad o con el consumir preferente, que también parece que hay problemas con el Servicio Canario de la Salud. Símbolo gráfico, marcas comerciales, que también debemos aunar, no debemos caer en el tema de que cada cabildo insular parece que compitamos en los productos canarios; productos canarios son todos y todos deben de fomentarse y todos deben consumirse en Canarias.

El tema también de la acreditación de los inspectores, ¿qué más matices?, el hecho de que a lo mejor no se acrediten con nombre y apellido, sino que se acrediten con otro tipo de identificación para salvaguardar su identidad y esto, en muchos casos, entenderán que la labor inspectora es bastante dura y complicada.

Y bueno, y por otro lado, lo único, o comentar también, que al incoar los expedientes disciplinarios, si me deja treinta segundos... (Dirigiéndose a la Presidencia), venga, muchas gracias (pausa). Se habrá de incoar los expedientes disciplinarios, y se resuelven, incoarlos, es importante que la autoridad competente a la hora de incoarlos lo haga cuando hay infracciones que son de entidad, y que, al final, como puede suceder y que ha sucedido, no se incoen expedientes según qué, porque eso yo creo que desautoriza a la propia inspección y a los propios inspectores.

Y, por último, cuando hablamos de advertencia previa, y hay una serie de..., en esta ley se habla de una serie de premisas para que se pueda hacer una advertencia previa, creemos que, cuando se trata de infracciones graves, aunque sean productores muy pequeños, es importante que no se hagan advertencias previas, sino que se sancione, sobre todo cuando hablamos de faltas graves, porque entendemos que, al final, los productores, los operadores, tienen que ser sensibles con el desarrollo económico en Canarias, con lo local, y engañar al consumidor y defraudar, al final, no nos ayuda al crecimiento de la economía local de Canarias.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Monzón.

Turno del Grupo Popular, señora Tavío.

La señora TAVÍO ASCANIO: Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, don Narvay Quintero.

Señor presidente del Instituto de Calidad Agroalimentaria, señor don José Díaz Flores, gracias por este proyecto de ley y por la disposición, de usted, y la cercanía, de usted y de su equipo, a la hora de transmitirnos la inspiración de este proyecto de ley.

Me consta que no ha sido un trabajo fácil, que han sido ocho meses bregando con los distintos sectores, y me consta que este es el mejor texto de los posibles. Y mi grupo político, lo dije en comisión la semana pasada pero lo reitero aquí, en esta tribuna, viene, de alguna forma, a mejorar este proyecto de ley, pero a hacerlo de la mano de todos los grupos políticos de esta Cámara y, por supuesto, escuchando a los sectores; de ahí que propusiéramos, precisamente, el viernes, esa visita a los institutos de calidad agroalimentaria para compartir con ustedes lo que hay detrás de cada una de las menciones de esta ley.

Afortunadamente, en Canarias, cada día tenemos más productos protegidos con denominación de origen, con identificación geográfica... normas de etiquetado, normas sancionadoras, fórmulas para evitar el fraude, control de trazabilidad, entidades de certificación y, en definitiva, figuras de control. Me alegro, también, es una reivindicación de esta portavoz y de mi grupo político, eliminar esa tasa ecológica que, bueno, nosotros tenemos que cuidar, mimar, y yo les he pedido amor a las personas que contaminan menos nuestro suelo y que usan menos productos fitosanitarios y menos pesticidas y, por lo tanto, espero que ese sea el camino a partir de ahora, y yo creo que era un error que apareciera de la otra manera.

Estamos, señorías, ante una sociedad, lo ha dicho doña Concepción Monzón, -que, además, es funcionaria de la materia y, por lo tanto, técnico- una sociedad cada día más exigente. Yo lo diría, en el idioma del pueblo que compartimos el presidente del ICCA y yo: una sociedad cada día más melindrosa. Cada día tenemos más la necesidad de ir a los supermercados con las gafas puestas para mirar en los etiquetados si realmente el pan tiene azúcar o no lo tiene -algo increíble-. Y, por lo tanto, señor consejero, lo que le pedimos es que este sea un instrumento útil para la sociedad del siglo XXI, que es la que está demandando estas cuestiones.

Un estudio de valores y visiones 2030, publicado por la compañía de investigación de mercado GIM Suisse, asegura que el 52% de la población quiere saber la historia que hay detrás de los productos que consume. Quiere saber cómo ha llegado a su mesa y conocer el proceso de elaboración, producción y distribución, es decir, la trazabilidad, o la rastreabilidad, que es la que nos tiene que ayudar institutos como el ICCA a realizar a los consumidores.

Y no nos cortemos a la hora de exigir que esas etiquetas sean claras, legibles de forma accesible para todos, para todos. Cada día hay más personas mayores que nos paran por los supermercados y nos dicen: mi niña, ¿me puedes decir qué pone aquí? Tenemos que exigir que realmente... les decía que fuera legibles, pero es que sean accesibles para todos. Universalmente accesibles.

De verdad que, señorías, nos consta, por otro lado, que cada día hay que hacer más inspecciones porque, como decía, hay más productos que vigilar, que controlar, que contrastar y, desgraciadamente, los inspectores se nos quedan pocos y, por lo tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para coordinar mejor. Lo ha dicho la señora Monzón, pero yo se lo he dicho muchas veces, para coordinarnos mejor con salud pública, con consumo en la parte de industria y aprovechar la red de policías locales que tenemos, y darles cursos, para que, de alguna manera, puedan también ayudarnos a hacer nuestro trabajo, porque son funcionarios públicos. Y, por lo tanto, también espero que poco a poco vayan incrementando esos inspectores, pero ya digo, será bueno que esa labor se realice para todas esas funciones que tiene nuestro Gobierno.

Y es ahí a dónde voy, y es la crítica que me voy a permitir hacer en esta tribuna -que no la hice el otro día, pero yo creo que hoy toca-, y es una cuestión de técnica legislativa: señor consejero, y me imagino que el presidente del Instituto de Calidad Agroalimentaria lo compartirá conmigo, que a lo mejor le tocaría decirlo al Consejo Consultivo, no sé a quién, pero alguien en esta comunidad autónoma... Nos llenamos la boca viniendo aquí, a esta tribuna, a pedir simplificación, usted creo que ha dicho, ha nombrado la palabra simplificación tres veces, y resulta que esta es la cuarta ley de una cuestión que es fundamental, que es vital... La primera, es decir, de protección, las distintas facetas, es decir, protección de salud, protección del consumidor, la protección de la lealtad de las transacciones comerciales y, por lo tanto, tenemos la Ley del ICCA, por cierto, fui ponente en el año 2005, la Ley de los consejos reguladores del año 2006 y la Ley de los productos no vínicos, es decir, del queso, de la miel, de las papas y del resto de los productos.

Yo creo que va siendo hora que a partir de que aprobemos este texto de armonizar, de aprobar un texto refundido, de manera que haya un único texto. Y, de esa manera, de alguna forma, han estado trabajando en las comunidades, es decir, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia o Aragón, que son comunidades en las que ya de alguna forma han aprobado un texto legislativo más o menos como el nuestro.

Yo... decirles que ya nos hemos reunido con distintos operadores de la cadena agroalimentaria, concretamente con los representantes del colegio de enólogos, con don Carlos Lozano, que me consta que ha hablado con todos los grupos políticos, de hecho, mi grupo político ha solicitado la comparecencia, espero que sea en la próxima Comisión de Agricultura -y espero que me esté escuchando don Mario Cabrera-, para que pueda, de alguna forma, explicarnos una reivindicación, que me parece justa, pero que no podemos permitir que sea una sobrecarga para las bodegas pequeñas. Pero sí, es necesaria esa revolución que ha supuesto el mundo vitivinícola de nuestra tierra, que siga con ese nivel de calidad y que cada día nuestros vinos sean elegidos de entre los mejores de España, que ya en los blancos no hay quien nos tosa, y algún vino tinto hay por ahí del que podemos presumir también.

Y, por lo tanto, señor consejero, decirle que cuente con nuestro apoyo, que cuente con nuestro impulso, que esta es una obligación inaplazable, que coincidimos que... bueno, que tome nota de esa cuestión de técnica legislativa que le he dicho, que considero que tiene que hacer la comunidad autónoma, no solo en materia de calidad agroalimentaria, sino en muchas materias, que es armonizar, que hacer textos refundidos, y que tendríamos que crear, a lo mejor, hasta una comisión en el seno de este Parlamento, antes dije en el Consejo Consultivo, alguien que realmente... al final, no solo les simplifiquemos la vida a esos inspectores, a esos operadores de la cadena agroalimentaria, sino -lo que es más importante-, a todos nosotros -potenciales consumidores-.

Y, por lo tanto, yo espero que al día siguiente, desde que se publique esta ley en el Boletín Oficial de Canarias, que todos podamos ir a nuestros supermercados mejor informados, sin necesidad de las gafas y con ganas de consumir cada día más productos de la tierra, productos de nuestro archipiélago, que son los que le dan dignidad, dignidad e ingresos, a nuestra gente del campo, a nuestros ganaderos y a nuestra gente de la mar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Tavío.

Turno del Grupo Socialista, señora Rodríguez, doña Ventura del Carmen.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

No voy a agotar el tiempo porque yo creo que el tema es bastante complejo y todos estamos de acuerdo en lo que se ha planteado aquí.

Es necesaria la aprobación de una ley de calidad agroalimentaria en la que el Gobierno ha estado trabajando, o se supone que ya debía, hace ya algún tiempo, tener este trabajo hecho. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.

Este proyecto de calidad agroalimentaria... yo realmente le he dado varias lecturas, y también he sacado del dossier de la información para pleno las alegaciones de los cabildos, de las distintas agrupaciones, colectivos,... Y realmente es complejo, y esta mañana lo comentaba con algún compañero que, cuanto más lo estudias y más lo lees, más grande es el ámbito de aplicación de esta ley. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Empieza con una exposición de motivos y varios títulos, y en la exposición de motivos el objetivo es claro: establecer las obligaciones para todos los operadores. El objetivo es consumir alimentos saludables, responder a la demanda de esos alimentos de calidad por parte de la ciudadanía, lo cual, entendemos, es lógico, y, además, productos de la tierra pero productos, también, que entran en Canarias. Por tanto, no hablamos solo de producto agroalimentario solo de producto de Canarias. Mi primera duda y mi pregunta es: ¿todo esto lo va a hacer solo el ICCA? -saludamos también a los responsables y, además, los felicitamos por este trabajo-, ¿y la Consejería de Agricultura?, ¿solos?, esto requiere... cuanto más se estudia, alguien más aparece, es importante que esté aquí Sanidad, es importante que esté Consumo, es importante que esté hasta Medio Ambiente, es importante que esté hasta el ministerio cuando hablamos de productos que entran... porque se trata de controlar y de conocer en esa etiqueta la trazabilidad de los productos, -de dónde vienen, efectivamente, qué es lo que estamos comiendo-.

Va a ser difícil, como decía el anterior portavoz del Partido Popular, que en una etiqueta podamos ver con claridad la lectura del producto porque cada vez es más la información que tiene que aparecer. Yo creo que va a ser complicado. Quizás busquemos una fórmula de ponerle una lupa con el móvil y agrandar, y a lo mejor sí que podemos leer, con tranquilidad, cuál es la composición de los productos, cuál es su trazabilidad. Desde luego, que es una garantía para el sector, y eso hay que ponerlo en valor y es una de las fortalezas que entendemos que debe tener esta ley. El sector agroalimentario en Canarias necesita tener la tranquilidad y el respaldo de que lo que está haciendo, lo que está poniendo es correcto, está bien y, sobre todo, que no se produce el fraude.

Porque además hay que ser prácticos, ¿cuál es el principal problema que se da en estos momentos en el sector agroalimentario en Canarias?, lo que entra sin control -que se produce-, lo que se produce en Canarias, que también entra la vía de la comercialización sin control -hemos hablado o hemos visto de aguacates, mangos, que entran en los supermercados y en las tiendas sin el control correspondiente, sin esa trazabilidad- y las pequeñas producciones, digamos, fuera de control también, que podríamos llamarlo... el furtivismo en la pesca, que realmente también consiguen entrar.

Esta ley va a garantizar que eso no suceda. Podemos hacerlo con los 59 artículos que establece esta ley. Yo creo que, además de lo que recoge la ley, es necesario contabilizarlo, cuantificarlo, cuánto cuesta aplicarla. Hay que buscar la participación, como digo, de otras áreas del Gobierno, cuantificarla y cuestionarnos si su puesta en funcionamiento, su aplicación real, es posible. Ya lo han dicho también anteriores intervenciones: en lo que son inspectores estamos escasos, yo no sé si el dato que tengo es correcto o no pero un inspector en Tenerife, dos en Gran Canaria o al revés, plazas, sí, pero realmente ocupadas en el ICCA. Hay que ver también -ya alguien también lo comentó- sanidad, pero los inspectores de sanidad tienen veinte mil tareas también que desarrollar, yo no sé que les parecerá a las policías autonómicas o locales o quien sea que les asignemos alguna cuestión de esta, como ya también se ha apuntado, no creo que les quepan más tareas en su trabajo.

Por tanto, desde luego que, señor consejero, entendemos que la ley es necesaria. Lo que se plantea es bueno, pero hay que trabajarla más. Nosotros desde luego que nos apuntamos al trabajo para intentar sacar una ley más clara, más concreta, digamos que esto puede ser la brocha gorda, una definición amplia, pero habrá que andar con pincel fino para saber, porque el efecto puede ser el contrario: complicar más los procedimientos, liar más las competencias. Igual están claritas y yo no las he entendido, vamos a estudiarlas y lo sabremos. Pero, por lo que he visto, y por lo que leo, intuyo que va a ser complicado.

Una cuestión sencilla, que se plantea también, es la aportación o la aplicación de las definiciones, o el concepto, de "productos artesanales agroalimentarios" o "artesanía agroalimentaria". Ahí yo, además, por la mención expresa al almogrote o al gomerón -productos de origen de La Gomera-, yo no sé si incluyen aquí, de esta manera, para intentar resolver una asignatura pendiente que está con estos productos, por no tener una denominación de origen o una marca de protección ya sobre los mismos, lo que ha llevado a que tengamos almogrote que se produce en todo el archipiélago, cuando sabemos que es originario de La Gomera, y es un producto artesanal de La Gomera. Esto de producto artesanal de Canarias lo hemos ampliado con los años por no haber hecho bien, como digo, las tareas correspondientes; ni el Gobierno ni La Gomera, cierto, pero ¿esto resuelve esa duda?, ¿esto resuelve ese problema, señor consejero, incluirlos aquí? Tendremos que verlo. Tendremos que estudiarlo. Porque las quesadillas, entiendo, que son un producto típico de Canarias, pero de El Hierro, ¿o las vamos a fabricar también en Fuerteventura?, o las rapaduras de La Palma, por ejemplo. Entonces, yo creo que efectivamente habrá que actuar con cierta precaución.

Y la otra cuestión que ya también se apuntaba, ¿qué va a pasar con las marcas comerciales que utilizan ya algunas islas, algunos cabildos?, bueno, conozco yo, por ejemplo, Alimentos de La Gomera o Saborea Lanzarote o Gran Canaria Me Gusta, ¿tendrán que regularse, regirse, por esta ley?, ¿su etiquetado, su proceso, se les calificará como agroalimentarias artesanales?, son muchas las cuestiones, como digo, que debemos... Una buena noticia es, efectivamente, el consejo canario de control de la cadena alimentaria. Entendemos que esa creación de ese órgano puede ser interesante a la hora de hacer el control, las inspecciones, y aplicar el régimen de infracciones y sanciones, que también pueden ser el único instrumento que realmente conlleve a cumplir con la normativa, con la ley, tener un régimen sancionador que realmente se aplique. Y esa coordinación de todos los departamentos desde el ICCA, entendemos, que también es una asignación que tiene, aunque en algún momento podemos plantear que sea desde la consejería o la Dirección General de Industria porque el volumen será importante para esa coordinación del consejo canario de control de la cadena alimentaria.

Efectivamente, la ley pretende simplificar, racionalizar y actualizar. Esperemos que realmente sea así y sea fácil para los productores y sencillo para los consumidores. Entendemos que, en esa actualización, es una buena noticia también que se incluya la perspectiva de género y que los órganos sean paritarios, pero esto ya lo contempla la ley de igualdad, no es nada nuevo. Entonces, bueno, sí, está bien que se ponga aquí, desde luego que es un avance, pero se puede cumplir o no cumplir exactamente igual que como ya está en la ley de igualdad. Por tanto, alguna medida más, algo más, para poder hablar de incluir la perspectiva de género en este sector.

Seguramente me queden muchos más asuntos, pero concluyo, señor consejero, diciéndole que estaremos, como digo, dispuestos a revisar esos 59 artículos, todas las disposiciones, toda la ley para intentar mejorarla y aportar lo que podamos para que realmente cumpla el objetivo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señor Cabrera.

El señor CABRERA DE LEÓN: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Desde el Grupo Nacionalista Canario también le damos la bienvenida al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, don José Díaz Flores, y al resto del equipo de la consejería que nos acompaña esta tarde.

También aprovechamos para felicitar el trabajo que ha hecho el Gobierno de Canarias, a través de la consejería que dirige Narvay Quintero, y a todo el equipo técnico que ha trabajado en esta ley, así como todas las aportaciones que se han hecho por las diferentes instituciones y colectivos.

La apuesta por los alimentos de calidad -consecuencia del cambio de prioridades-, es el destino final de la producción agroalimentaria a favor de los intereses de los consumidores, es una de las características más significativas de la denominada transición posproductiva que están viviendo los espacios agrarios actuales. El propio consumidor es el que valora la personalidad de los productos de la tierra, frente a la estandarización propuesta desde la globalización en sectores como el vino o el queso, que son habitualmente protegidos con distintivos de calidad por parte de las administraciones.

Resulta necesario establecer obligaciones de carácter general para todos los operadores alimentarios al objeto de asegurar la trazabilidad de los productos que entran o que se producen en nuestra comunidad autónoma, al tiempo que se debe flexibilizar la exigencia de dichas obligaciones a aquellos operadores con producciones reducidas y destinos cercanos al origen de la producción. El régimen jurídico aplicable a la calidad alimentaria se caracteriza, entendemos, por ser un conjunto normativo disperso y complejo. Para gestionar esta realidad, la regulación de la calidad agroalimentaria debe sustentarse en la simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables.

La futura ley de calidad agroalimentaria es uno de los firmes objetivos planteados por el Ejecutivo canario para este mandato y que pretende crear un marco unificado que garantice la calidad de los productos agroalimentarios de nuestras islas. La redacción de esta ley tiene su justificación a la necesidad de generar un espacio, como decimos, único y que establezca mecanismos de coordinación entre los organismos correspondientes, que actualmente controlan este tipo de alimentos. Existe, además, un vacío legal en cuanto a infracciones y sanciones, tanto para los operadores como para agentes de comercialización, como para los órganos de gestión y entidades de control y certificación. Este anteproyecto regula determinadas menciones y etiquetado de productos agroalimentarios no contempladas actualmente, cuestión demandada por el sector productivo, como la de la artesanía agroalimentaria, vino de finca o parcela, vino de frutas, o la de algunos productos agroalimentarios tradicionales de Canarias.

Este tipo de menciones promueven la competitividad del sector primario y van en la línea de apostar por la calidad de los productos que, mediante ese etiquetado, puedan identificarse con claridad para el consumidor. El anteproyecto de ley contempla la creación del consejo canario de control de la cadena alimentaria, que desarrollará esa política de coordinación entre los distintos departamentos competentes en materia de calidad agroalimentaria, sanidad y consumo. Otro de los objetivos de esta ley es, como ya se ha dicho, simplificar administrativamente algunos trámites.

El documento establece una serie de obligaciones de carácter general para los operadores alimentarios en relación, además, con su trazabilidad y adaptándose, el nivel de exigencia, a aquellos con producciones también reducidas, destinos cercanos o de poca complejidad, para evitar que las exigencias generales, en todo su rigor, supongan un hándicap en su capacidad de competencia.

Esta nueva ley unifica, como decimos, las normas de garantía de calidad de los productos alimentarios y los fines son claros: la garantía y protección de la calidad de los productos agroalimentarios, la protección de los derechos y de los intereses legítimos de los operadores y de los consumidores, y la lealtad de las transacciones comerciales. La presente ley nos aclara que los operadores agroalimentarios son los responsables de garantizar que los productos que elaboran cumplen con la normativa, y dispondrán de un sistema de autocontrol que garantice que dicho producto cumple con los requisitos legales.

Respecto a la trazabilidad, la presente norma legal garantiza que los operadores deben asegurar esta legalidad en toda la cadena alimentaria, la trazabilidad de los alimentos para el consumo final. La identificación de los suministrados, receptor, y de los productos, los registros de los productos, los productos no conformes, que no podrán utilizarse ni comercializarse, son aspectos claves de esta ley que fiscaliza en busca de mejorar la calidad.

Tenemos que destacar, de este proyecto de ley, como relevantes las menciones específicas a determinados productos agroalimentarios: el vino de finca o vino de parcela, variedad en vinos sin denominación de origen o indicación geográfica protegida, el vino de frutas, la artesanía agroalimentaria y los productos agroalimentarios tradicionales de Canarias. Tenemos que acentuar que la inclusión de estas menciones es resultado de múltiples reuniones y contactos del Gobierno de Canarias con los responsables de todos y cada uno de los sectores, y que ahora se ven reflejados en esta ley, que se debate en este Parlamento.

La ley también nos menciona, en su artículo 29, las condiciones de utilización del símbolo gráfico en los productos agrícolas de calidad específicos de las islas Canarias. El símbolo gráfico, en Canarias, se utilizaría para mejorar el conocimiento y aumentar el consumo de los productos agrícolas en estado natural o transformados, específicos de Canarias, que cumplan las condiciones establecidas en la decisión de la comisión de 19 de febrero de 1999, por lo que se aprueban las condiciones de utilización del símbolo gráfico en los productos agrícolas de calidad específicos de Canarias.

Destacamos, de esta manera, que la gestión de cada una de las figuras de calidad reconocidas en el marco de los regímenes de calidad de denominaciones de origen o indicadores geográficos, indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, indicaciones geográficas de productos vitivinícolas, aromatizadas, cuyas respectivas áreas geográficas se sitúen exclusivamente en el ámbito territorial de Canarias y estén integrados por al menos diez operadores, será realizada por su propio órgano de gestión.

Reseñar que el Consejo Económico y Social de Canarias, en sesión de trabajo del pleno de fecha 2 de agosto de 2018, dictamina en el objeto y finalidad de la presente ley en determinadas cosas. Una de ellas es que esta ley establece el marco normativo que permita garantizar la calidad y estándar diferenciado de los productos canarios. También dice, este informe, que el texto ha sido sometido a los procedimientos previstos en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como a los principios de buena regulación, habiendo cedido a los sectores afectados.

Queremos hacer especial incidencia, también, en las tareas de inspección y medidas cautelares. El examen de todos los aspectos relativos a los productos y elementos para uso alimentario, a fin de verificar que dichos aspectos cumplen con los requisitos legales establecidos en esta materia. Las tareas de inspección en terrenos, locales, fincas, oficinas, medios de transporte, productos, materias primas, ingredientes, materiales, etiquetados o documentación serán tareas y facultades específicas del personal de inspección de esta administración pública.

Esta ley también nos expone la opción de cualquier medida cautelar, los diferentes tipos de medidas, el destino de los objetos o productos inmovilizados, y las multas coercitivas que podrán ser impuestas en los diferentes casos.

En las disposiciones adicionales destaquemos el fichero de operadores de producción ecológica, los órganos de gestión de la denominación de origen, indicaciones geográficas protegidas de vinos, el uso de la mención de artesano en queso. Como hemos planteado desde nuestro grupo parlamentario, entendemos que el texto regulará la calidad agroalimentaria de todos los productos y de los diferentes procesos a los que se ven sometidos para garantizar la máxima calidad de los productos que consumimos.

Plantearle a la señora Ventura del Carmen, que hacía mención especial a algunos productos: el almogrote de La Gomera y las quesadillas, yo no sé el origen, creo que es de El Hierro, pero lo que sí está claro que en el mundo no va a encontrar ninguna mejor, y si no que se lo pregunten al consejero, ¿no?

Esperamos que esta ley, en las aportaciones que hagan los grupos parlamentarios, se enriquezca y felicitamos al Gobierno por esta propuesta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cabrera.

Bueno, señorías, hemos finalizado este debate de lectura única. Vamos ahora al siguiente punto del orden del día para dar cumplimiento a la sesión de hoy.


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