Diario de Sesiones 133/2018, de fecha 16/10/2018 - Punto 34

9L/C-1880 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA, SOBRE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES CON MEDIDAS JUDICIALES, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO.

La señora PRESIDENTA: Vamos ahora a la siguiente. Sería la comparecencia, la 1880, del Grupo Socialista Canario, a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre los centros de atención a menores con medidas judiciales.

Para la defensa de la misma, la señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora consejera.

En esta legislatura hemos hablado mucho del sistema de protección a la infancia en varias ocasiones. No tengo constancia de que en ninguna ocasión hayamos hablado del sistema de reforma que, como sabe, son dos sistemas bien diferenciados.

Hay una serie de titulares, como este (mostrando documentos a la Cámara), "Coalición Canaria enchufa por medio millón de euros a sus dirigentes en la capital grancanaria"; "Menores -el viceconsejero de Políticas Sociales- atribuye a las fiestas navideñas el motín en Valle Tabares"; los sindicatos denuncian la falta de formación en los vigilantes de Valle Tabares; "Muere en un centro de menores un vigilante de seguridad"; el Diputado del Común incoa un expediente por deficiencias en el centro Valle Tabares a raíz de una visita que realizan unos técnicos del Defensor del Pueblo sobre la prevención de torturas. Siguiente titular: La Policía Canaria localiza a jóvenes fugados de centros. Siguiente titular: El CSIF -son muchos titulares-... "El CSIF pide rescindir el contrato de seguridad en centros de menores". Siguiente titular: "Una coordinadora del centro de menores de Valle Tabares agrede a una vigilante". Otro titular: en diciembre, el motín era debido a las fiestas navideñas, pero es que llega mayo y hay otro motín, y fruto del motín termina un vigilante con una herida en un brazo.

Siguiente cuestión: comparece en esta Cámara la magistrada Reyes Martel, en una comparecencia. En esa comparecencia afirma lo siguiente: las medidas judiciales en Canarias son una olla a presión. En Canarias existen 1446 menores con medidas judiciales y dos mil menores, aproximadamente, con una medida de protección. Esas cifras, asegura la magistrada, son para echarse a temblar. Señora consejera, usted en varias ocasiones ha dicho -y su grupo-, y como no puede ser de otra manera, que estar en... gobernar es establecer prioridades. Y, efectivamente, gobernar es establecer prioridades. En este colectivo en concreto, en el colectivo de los menores, las prioridades son fundamentales, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos con los menores con medidas judiciales tener una sociedad segura, con personas equilibradas, personas sanas, personas independientes... o nos jugamos una sociedad insegura, con personas dependientes de las administraciones públicas y personas, en definitiva, en una situación de pobreza estructural, que de algo les sonará. (La señora diputada hace uso de medios audiovisuales).

El que existan menores con una medida judicial tenemos que entenderlo como un auténtico fracaso; un fracaso de la sociedad -vamos a dejarlo así en genérico porque esto no es una conferencia-, un fracaso de la familia, pero también es un fracaso de la política. Un fracaso de la política cuando en Canarias los estudios que se han hecho -y son estudios públicos- aseguran que el 33 % de los menores que tienen una medida de protección, perdón, de reforma, previamente -el 33 %-, previamente han tenido una medida de protección. Porque el 10 % de los menores que en Canarias han tenido una medida de reforma...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora Cruz.

La señora CRUZ OVAL: ... -gracias- responden a MENA, a Menores Extranjeros No Acompañados. El 10 %. El 10 %.

En el momento que sí era una avalancha se llegó a tener un módulo en los centros de internamiento exclusivamente para los menores extranjeros no acompañados. Fruto de un protocolo de atención inadecuado en el sistema de la protección, en el sistema de la protección. Están circulando por aquí, como pueden ver, para que hablemos de avalancha, porque hablamos de avalancha, avalancha, recursos desbordados, y estos son los datos reales. En esta comunidad autónoma tenemos 181 menores en el sistema de protección que responden a Mena, 181.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cruz. Ya le di un minuto más, tiene después diez minutos para continuar con su exposición.

Tiempo ahora para el Gobierno, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Señora Cruz Oval, comparto la preocupación que usted expresa respecto a la necesidad de introducir mejoras en el ámbito de las reformas, en el ámbito de las medidas judiciales para jóvenes. Pero usted ha hecho una relación de titulares que mezclan muchas cosas, que mezclan sucesos que nada tienen que ver unos con los otros, y ha dado una imagen que no es real.

Incidentes claro que hay, son centros de medidas judiciales, pero no hay ni más menos incidentes de los que puede haber en otros recursos de estas características. La Fiscalía va continuamente, la Fiscalía vigila muy de cerca esos centros. Por tanto, aquí se han dicho cosas que implicarían que la Fiscalía se ha desentendido, porque no sería posible, de hecho, no es como usted lo plantea.

¿Sabe lo que pasa?, que yo no puedo entrar en el detalle de cada uno de los sucesos que usted ha planteado aquí, porque tendría que dar información que afecta a personas, que afecta a trabajadores, que afecta a vigilantes, y no sé hasta qué punto eso es necesario en política. Los centros de medidas judiciales los vigilan y los supervisan la Fiscalía del Menor.

Hemos invertido en los últimos tiempos bastante en el remozamiento: La Montañeta hoy tiene otra pinta, se ha pintado, está mucho más bonita; hemos hecho obras internas respondiendo al requerimiento del cambio de ley que quita barrotes, que da más permisos. Tenemos casi ocho pisos donde tenemos menores con medidas judiciales, con unas medidas de régimen abierto; jóvenes que, como los que viven con sus padres, se escapan, porque están en régimen abierto y salen y van a conciertos, y a lo mejor se van a casa de amigos, y resulta que, como uno de los titulares que usted ha leído, pues, la policía los encuentra y lo dice porque... ¿Por qué se filtran estas cosas? Porque suponen una carga para una policía que está escasa en recursos, por eso se filtra algo como que "cuatro menores se fugaron"; pues están con medidas de régimen abierto, medidas de régimen cerrado no se ha producido ninguna fuga.

¿Es fácil la gestión de estos centros? No lo es. Tiene usted a dos exconsejeras al lado; yo no sé si para ellas fue fácil un espacio tan duro como son las medidas judiciales a menores, pero durante años se ha conseguido ir mejorando, y le aseguro que los datos de incidentes, la última movida, por no llamar motín... porque no fue un motín, y yo no me voy a poner ahora a hacer una jornada de utilización del lenguaje, pero aquí se han dicho cosas dando categoría de absoluta verdad a titulares de prensa que utilizan unos conceptos inadecuados. Es como cuando hablamos de la violencia de género: "oye, pues hemos hecho jornadas para que la prensa entienda cómo hay que usar el lenguaje"; pues las vamos a tener que hacer con los menores, porque lo que ocurrió no tiene nada que ver con un motín.

Hemos tenido muchos problemas con los vigilantes de seguridad, hemos tenido cambios de empresa. Usted sabe cómo está el sector, y las empresas que estaban allí, cuando sale el concurso, eso se produce, entre otras cosas, porque alguna de ellas entra en quiebra. Les recuerdo que hemos leído en los titulares de los trabajadores de determinadas empresas que no cobraban, y cuando se producen cambios de empresa y se producen cambios de condiciones en un sector muy complicado se producen situaciones en las que, insisto, no voy a entrar porque tendría que ir al juzgado a denunciarlo, pero se producen situaciones que hacen que se filtren cosas, que se promueva una imagen que tampoco corresponde.

Todas las llamadas de atención que hemos hecho a las empresas actuales han sido cumplidas; cuando no se han cumplido y han sido leves han sido sancionadas; es la empresa adjudicataria, y salvo que cometa un error grave, y en ese caso podríamos resolver el contrato y sacar un nuevo concurso, las dificultades que puedan haber entre trabajadores y la empresa, y el propio coordinador de seguridad, son asuntos que... Fíjese, algunas de las cosas y de los titulares que usted ha dicho y algunas de las cosas que se han dicho en algún medio suponen unas demandas que están presentadas, y yo no voy a hablar de cuestiones que se van a dirimir en un juzgado porque tampoco voy a permitir que nadie ni utilice mis palabras ni voy a perjudicar ningún proceso. Hay dos demandas caminando: una del coordinador de seguridad por algunas cosas y algunas palabras que hoy se han repetido aquí; y otra de la propia fundación, porque se han dicho cosas muy graves, muy graves. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a los menores, si se dicen algunas cosas, que no voy a repetir, el responsable de la seguridad está en su derecho -en su derecho porque estamos hablando de su responsabilidad- de demandar, y la fundación también.

Este es un debate en el que yo no voy a entrar, pero esos titulares que usted ha leído vienen de ese conflicto; de ese conflicto que ha sido utilizado filtrando muchas cosas a los medios que hoy, insisto, suponen demandas. Por tanto, no voy a entrar yo explicarle qué fue lo que pasó en cada momento, porque lo sabe quién lo tiene que saber. En esos centros hay cámaras, todo se graba, todo está grabado, el juez decidirá. Porque si es verdad que ha habido algún tipo de incumplimiento por parte de los profesionales yo estoy segura de que al juez no le va a temblar el pulso en requerirnos, en sancionarnos o en imputarnos, si eso es verdad, y hará lo que tenga que hacer, y los responsables del cuidado tendrán que responder. Pero si no es así se han dicho cosas que perjudican hasta la imagen de los chicos y que, en ocasiones, yo no sé...

Muchos de ustedes recordarán a Emilio Calatayud; Emilio Calatayud decía que había chicos que delinquían por llamar la atención. Saben cómo es Emilio Calatayud y su manera de expresarse, no me vayan ahora a coger con pinzas para decir que yo he dicho no sé qué burrada, tengo que tener un cuidadín... Entonces, él decía que tenía un chico que iba a la biblioteca todos los días a ver si había salido en el periódico; la liaba parda y el día que el periódico no recogía su incidente se enfadaba porque él era el malote. Si los chicos leen esas cosas en el periódico estamos yendo en contra de toda su formación y de todo el trabajo para devolverles a una vida normalizada. Y yo creo que estas cosas tienen que resolverse donde se tienen que resolver, y usted que es una experta en temas de menores yo le agradezco que en defensa de ellos pudiéramos hablar de estos temas en privado y resolverlos en privado para, de alguna manera, evitar daños colaterales. Eso sí, respeto absolutamente lo que usted decide, trasladar a este Parlamento y le alabo, primero comparto la preocupación y le alabo también la preocupación; pero le digo: todo esto está investigado, hay expedientes completos, hay grabaciones y esto está en manos de la Fiscalía. A menos que usted quiera que hablemos de los recursos que tenemos, del personal que hay en cada centro; si usted quiere que hablemos de eso, yo en mi segunda intervención hablaré de eso. Pero yo no voy hablar de esos titulares porque esos titulares responden a personas que han querido filtrar una noticia y que, bueno, tendrán que responder donde corresponda, no sé.

Y le digo una cosa: no es este el mejor momento para decir que el 10 % de los menores con medidas judiciales son menores inmigrantes.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Turno ahora para la posición de los grupos, comenzamos por el Grupo Mixto, señora Mendoza, tres minutos.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Señora consejera, la Fiscalía constata que el diseño actual de las medidas judiciales destinadas a los jóvenes carece de la búsqueda de alternativas formativas, limitándose a mantener los programas de ejecución individualizados estandarizados, que no responden a las necesidades de los jóvenes, lo que está provocando un grave alto grado de reincidencia.

La memoria de la Fiscalía de Canarias de 2018 indica que persisten las deficiencias advertidas en años anteriores, especialmente se hace eco del centro de La Montañeta, en Gran Canaria. En el centro de La Montañeta persiste la escasez de recursos y de medios adecuados, y a pesar de las obras que han acometido y que se han solucionado varios de los problemas, lo que también evidencia es la necesidad de crear un nuevo centro, dadas las deficiencias actuales para conseguir, en este caso, pues, la resocialización efectiva de los menores.

Es necesario hacer una revisión de los regímenes aplicables en cada uno de los centros, ya que no tenemos centros que cumplen diversas funciones en Gran Canaria. En Gran Canaria solo existe un centro de internamiento en régimen semicerrado, el del La Montañeta, donde hay menores que se fugan reiteradamente; estos necesitan un centro de régimen cerrado, que solo puede ser, en este caso, el de Valle Tabares, en Tenerife, no pudiendo, por tanto, cumplirse la medida en el centro más próximo a su domicilio, situación en este caso que provoca perjuicios a las familias y a los jóvenes.

También hay falta de personal educativo en horario nocturno y de fin de semana en los centros de las islas, cuestión también que colisiona con el derecho que tiene el menor de recibir educación y formación integral.

También refleja el informe que persisten diversos problemas en otros centros de nuestras islas que reflejan o que vienen a evidenciar que las inspecciones son vitales y que deben de ser constantes para que podamos... por lo que en este caso le pedimos a la consejería que ponga más medios de inspección.

Señora consejera, es cierto que es un tema delicado de tratar, que son asuntos en los que hay menores de por medio, pero también es una realidad que tenemos bastante deficiencia en el sistema con respecto a los centros de menores. Yo creo que lo mejor es buscar una solución lo más adecuada al tema con el que se está tratando, e intentar salvaguardar en este caso el interés o la intimidad de los menores.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.

Señora consejera, yo la primera pregunta que le quiero hacer es con respecto al planteamiento o la situación que planteaba la proponente de esta comparecencia. Usted dice que no quiere hablar del tema, que no quiere hablar de los titulares, porque está en el juzgado; y yo lo que me pregunta es: ¿hay un secreto de sumario? Porque es que si no hay un secreto de sumario entiendo que debería contestar a lo que le ha preguntado la proponente.

En cualquier caso, este tema tiene muchas aristas. Yo, además, por razones de tiempo voy a referirme en particular a uno -y, si me da tiempo, a un segundo-, y es al elevado número de menores en Canarias con medidas judiciales. En este caso, y ya no podemos hablar de que sean sindicatos o de que sean trabajadores o que las fiscalía los haya dejado al albur, porque es que ha sido la titular del Juzgado de Menores n.º 1 de Las Palmas la que decía que en el año 2018 el número ascendía a 1149. Le recuerdo: en el 2016 ya había 968; en el 2017, 766; y, sin embargo, en el 2018 -dicho por la juez-, 1149 menores, una cifra que ella misma consideró como para echarse a temblar y que calificó como una auténtica olla a presión, más aun cuando, incluso, además, ese perfil se había ampliado; los menores ya no provenían exclusivamente de familias desestructuradas, con problemas de maltrato, de drogadicción, etcétera, sino que ahora también llegan a los juzgados de menores de familias... niños normalizados de clase media-alta. Con lo que yo le digo consejera, o sea, se hace evidente, en este caso, que la política adoptada por el Gobierno de Canarias en esta materia no está siendo efectiva. Y además le pediría que nos dijera qué es lo que va a hacer el Gobierno a este respecto, me refiero a medidas que realmente sean efectivas, que bajen la presión de esa olla de la que hablaba la juez.

Además, también un tema que me preocupa y que me gustaría que nos hablara al respecto es sobre la situación de los jóvenes que finalizan su periodo con medidas judiciales y que además se han de reinsertar a la sociedad, porque también sabemos que en la mayoría de los casos no están siendo efectivos. Todos sabemos que en el caso de La Montañeta -porque es uno a los que hacen referencia ahora-, pues, muchos de La Montañeta antes pasaban al Salto del Negro, ahora ya van directamente a la cárcel de Juan Grande, lo que demuestra que tampoco están siendo efectivas o todo lo que efectivas que deberían ser necesarias las medidas que se toman para que estos niños o estos chicos ya de 18 años se reinserten en la sociedad.

Yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que ver cuáles son los problemas reales y cuáles son las medidas que hay que tomar, pero medidas que realmente sean efectivas, no para llenar papeles.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario Podemos.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Señora presidenta. Señoras diputadas y diputados. Señora consejera.

Este tema nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Nos preocupan esos titulares, nos preocupan las cifras, nos preocupan las cifras de la Fiscalía, nos preocupan las cifras de los juzgados y nos preocupa la falta de claridad y la opacidad. Y una cosas es -y todos lo entendemos- que hay que proteger el derecho a la intimidad de los menores, y otra cosa es que bajo ese supuesto deseo de protección haya tantas cosas, tantas, que funcionan mal. Funciona mal la protección de los menores, que no los estamos atendiendo bien. Funciona mal, lo acaba de mostrar, cómo después, cuando salen, la mitad de ellos -una gran parte- acaban en prisiones; salimos de centros de medidas judiciales juveniles a centros de prisiones de mayores. Funciona mal el trato. Funciona mal, también, el trabajo para los propios educadores y el personal que trabaja con ellos, que nos cuenta que las ratios no se cumplen, en la situación y la dificultad que están permanente... que no se pueden coger, no tienen derecho a sus días libres, tampoco. La cantidad de bajas de personal que hay y que no se cubren y funciona mal, le hablo de las tres patas; la primera, por supuesto, son las y los menores; la segunda, el personal educador y los profesionales que le tienen que atender; y la tercera, el personal de vigilancia de seguridad, últimamente bastante apaleado. Y las cosas no pasan porque sí.

Decíamos -y voy a volver hablar de titulares-, hablábamos -esto fue el año pasado-: "Indignación sindical por la adjudicación de la seguridad del CIEMI Valle Tabares". Hablaban, en el contrato que se había hecho, del contrato más a la baja, con lo que llaman las empresas piratas, que pagan mal a sus trabajadores, que no cumplen ni siquiera con los pliegos de condiciones que tienen que cumplir con medidas de seguridad, y lo protestan los de Valle Tabares y los de La Montañeta. Y después decimos que no hay que alarmar a la gente, y que son casos aislados, y que a lo mejor no tiene nada que ver el hecho de que el 14 de septiembre muriese un vigilante después de haber vivido un altercado. ¿No tenía nada que ver? Bueno, pues ya veremos si no tiene nada que ver, porque hay situaciones y momentos en los que la presión, el estrés en el que se está cuando no se tienen todas las medidas de seguridad adecuadas, puede hacer que una persona, como consecuencia, pues, pase lo que pase. Y sabemos a qué pueden conducir, una parada cardiorrespiratoria; no conocemos aun los resultados de la autopsia, pero sí que estamos muy preocupados -nosotras no la conocemos- y queremos saber en qué está.

Las relaciones causa-efecto no existen; tenemos constatado que no se cumplen. Nos cuentan los trabajadores -yo lamento tener tan poco tiempo, porque quería haberle pedido la comparecencia, pero se me ha adelantado la compañera Teresa Oval, y por eso voy muy rápido- cosas que están en su pliego de condiciones, como son los chalecos y los escudos, que no se cumplen. Lo han reclamado. Están ahí, están en su contrato y en su pliego. ¿Por qué no están? Tengo una serie de preguntas para hacerle que, si me da tiempo... no me va a dar tiempo.

Bueno, me preguntan por qué no se cumplen esas medidas de seguridad. Está hecha la pregunta y quiero saber. Y las otras se las pasaré por escrito o en comisión, porque son muchas las demandas que hay por ambos colectivos, el de... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Del Río.

Turno ahora para el Grupo Popular. ¿Quién interviene? Señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera.

Yo estoy de acuerdo con usted en una cosa, o con los que han intervenido: este es un tema delicado, pero es una realidad. O sea, no nos gusta. Yo cuando veo los titulares normalmente cojo si puedo el periódico y me lo pongo en mi carpeta, y por eso en muchas ocasiones le hago preguntas. Porque yo creo que aquí lo principal es plantearnos si el sistema funciona o no funciona; yo creo que no funciona. No solo por lo que dijo la magistrada, la juez, Reyes Martel, que tuvimos nosotros el honor, mi grupo parlamentario, de invitarla a la comisión. Porque, claro, tenemos 1149 chicos con medidas judiciales.

Yo estoy mirando la memoria última -bueno, la que acaba de entregar la Fiscalía- pone solo 692 sentencias condenatorias y solo sentencias absolutorias, 14. Claro, yo creo que nos tenemos que plantear qué está pasando y cómo podemos trabajar para que estos chicos, cuando cumplen los 18 años y salen a la calle, estén preparados, estén formados, hayan estudiado y puedan encontrar una vida, que yo creo que lo fundamental es poderlos reinsertar.

Si queremos mirar para otro lado y decir... Es que yo me he planteado ir a visitar Tabares, pero es que lo veo y desde fuera, solo en fotos me parece una cárcel, no sé si luego... Me parece, por lo menos desde las fotos; seguramente, luego, si voy allí, la impresión podría ser incluso hasta peor.

Entonces, yo creo que aquí hay unos problemas de personal. Yo le he hecho varias preguntas, y usted lo sabe, en relación a las bajas que hay del personal. Pero son bajas de muchísima gente, o sea que... Sobre todo en Tabares, ¿no?, más que en La Montañeta. Luego, todos los años en la memoria vienen -de la Fiscalía- los problemas que se le plantean directamente a su consejería y que siguen exactamente igual, tanto en La Montañeta como en el centro de Valle Tabares. Por lo tanto, algo habrá que hacer, no podemos mirar para otro lado. Yo le reconozco que cuando he visto también problemas de menores relacionados con prostitución, es para llevarnos, bueno, no sé, las manos a la cabeza. Y eso está pasando, eso está pasando, porque la sociedad está como está, y algo habrá que hacer.

Yo quería terminar con un ejemplo, que además me contó en su día la magistrada Reyes Martel, del diploma olímpico que es el boxeador Carmona; este chico es un ejemplo de superación en toda regla. Entonces, tenemos que intentar sacar chicos que el día de mañana puedan labrarse una vida y un futuro, y ese tipo de edificio yo, sinceramente, creo que está completamente desfasado, y habría que plantearse otros sistemas que estoy segura que funcionan también en otras comunidades. Pero tener solo... porque es verdad que luego los padres que están en Gran Canaria, si quieren ver a sus hijos, tienen que venir a Tenerife. Claro, ahora, afortunadamente, el tema de la conectividad...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luzardo. Se ha acabado su tiempo. Gracias.

Le corresponde ahora el turno al Grupo Nacionalista, señora González Taño.

La señora GONZÁLEZ TAÑO: ... señorías.

Bueno, es cierto que este es un tema complejo, es cierto que no nos gusta pensar que hay menores, que hay chicos y chicas, hay niños y niñas -porque algunos son... desgraciadamente tienen una corta edad- que delinquen, que hacen cosas que no nos gustaría que hicieran, pero es bueno, también, y yo me alegro de que se genere este problema en el Parlamento, porque hay cosas de las que no nos gusta hablar, pero de las que hay que hablar.

Y, efectivamente, yo coincido con la señora consejera en que tenemos que hablar con seriedad. Con seriedad sobre un problema que está ahí, que, señora Cruz, no es un problema solo de Canarias. Yo a veces digo "ojalá fuera así", porque... ojalá fuera así, porque a lo mejor lo teníamos más fácil. Es un problema que desgraciadamente existe, no solo en España sino en todos los países del mundo, y es verdad que ha producido un profundo debate, y tenemos que seguir debatiendo sobre qué pasa con los menores que no pueden vivir con sus familias, con los menores violentos -y digo violentos porque ya hablábamos un día de por qué este es un comportamiento mucho más masivo en los chicos que en las chicas, en los hombres que en las mujeres, que tiene que ver con un componente social que tenemos que analizar-, y después qué hacemos con estos chicos y chicas.

Yo no sé si mil menores o mil cien o novecientos noventa y nueve son pocos o muchos. Siempre son muchos. Es que si fueran quinientos también eran muchos, y si fueran cien, también. Pero es verdad que son muchos. Pero son muchos, pero son individuos, son personas, son chicos y chicas que necesitan más por nuestra parte. No hay varitas mágicas, no hay herramientas, es un tema complejo, pero yo creo que, efectivamente, tenemos que hacer un debate sosegado sobre esto y, sobre todo, plantearnos que las medidas -y ustedes ahora, señora Cruz, están gobernando en España-, las medidas hay que revisarlas y hay que revisarlas en toda España, y hay que plantearse qué hacemos en este país con los menores que cometen algún delito o alguna falta, o que simplemente deben alejarse de la sociedad y no pertenecer o no estar en el marco de su familia.

Y, mire, decía la señora Luzardo -me parece que lo dijo-, ¿qué hacemos con ellos a los 18 años? Es que a los 18 hemos llegado tarde. Es que tenemos que hablar sobre qué hacemos en la prevención, qué hacemos con nuestros niños y niñas para alejarlos del problema de la violencia; tenemos niños, niñas, chicos y chicas, cada vez más violentos.

Y, para terminar, mire, le voy a decir una cosa, además: a nosotros nos preocupan esos mil menores; también nos preocupan los 280 menores no acompañados que están en Canarias; también nos preocupan los que llegan ahora a la isla de Lanzarote; también nos preocupan los que no llegan, los que mueren en el mar porque el SIVE no funciona. Y de esa realidad también queremos hablar, de todos, y ninguna es más preocupante que otra, porque cada menor que está en esta situación tiene que preocuparse, tiene que ocuparnos, y ojalá podamos hacer un debate sereno, porque este asunto nos compete a todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Se acabó su tiempo, señora González Taño.

Grupo proponente, Grupo Socialista, señora Cruz.

La señora CRUZ OVAL: Gracias, señora presidenta.

Voy a aclarar dos cuestiones, señora consejera, esto eran titulares, no los ha dado el Partido Socialista, pero había algunos que sí que podía darnos una explicación, por ejemplo, el expediente que ha incoado el Diputado del Común, que afecta directamente a la situación de un centro que dice que es bastante parecido a Tenerife II.

Otra cuestión: no ponga en boca del Grupo Parlamentario Socialista lo que no ha dicho. El Grupo Parlamentario Socialista no ha dicho que los menores no acompañados, extranjeros no acompañados, son menores candidatos a estar en el sistema de reforma, sino que una medida de protección inadecuada por parte del Gobierno conlleva a que terminen con una medida de reforma, que es diferente.

Nos vamos a centrar en cuestiones que sí que son de su responsabilidad en esta comparecencia. Señora consejera, usted llegó en enero del 2017 y heredó un presupuesto que no lo hizo usted. En concreto, para medidas judiciales, para la ejecución de medidas judiciales, había consignados 23,3 millones de euros; de esos 23,3 millones de euros, 16,2 fueron destinados a Ideo, que es la fundación encargada de ejecutar las medidas judiciales en esta comunidad autónoma. Llega el año 2018, un presupuesto que sí elabora ya usted, tiene una responsabilidad directa. Ese presupuesto, en esta ocasión, para menores con medidas judiciales, era de 25,3 millones de euros. A la fundación Ideo se le incrementa el presupuesto en un 4 %; llega el incremento casi a setecientos mil euros.

De este presupuesto, de este incremento presupuestario, considero que todos nos podemos alegrar. ¿Por qué? Porque ese incremento presupuestario se supone que tendría que ir destinado a la reeducación, a la formación, a la reinserción social de nuestros menores y nuestros jóvenes con medidas judiciales. Pero yo, eh... me gustaría saber, señora consejera, porque a veces esos incrementos presupuestarios en Ideo no han tenido una relación directa con mejorar los servicios de reeducación, de formación y de reinserción social de nuestros menores, sino que han tenido finalidades difícilmente justificables. Porque, señora consejera, ¿cómo justifica que se haga un encargo a la empresa AP Consultores para una auditoría operativa, y que esa auditoría operativa haya costado casi, cada folio del informe, mil euros? Ha sido una auditoría bastante cara, sobre todo para una empresa -que es Ideo- que se supone que la ha auditado la Audiencia de Cuentas, que se supone que la ha auditado la Intervención General, que se supone que tiene auditada la encomienda de gestión. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista nos preguntamos, ¿eso ha sido una decisión de usted o ha sido una decisión de su partido? Porque no ha sido la línea que ha seguido su partido en cuestiones similares cuando se ha solicitado una auditoría.

Y esta auditoría tiene cosas tan sorprendentes como la siguiente: concluye que Ideo tiene que incrementar el número de coordinadores o responsables, como usted quiera llamarlos; de jefes, en definitiva. Y entiende en concreto tres jefes que hay que incrementar en la empresa, que solo le falta que le ponga el color de los ojos que tienen que tener esos jefes. Sigue planteando que es necesario externalizar servicios, por ejemplo, la selección de personal o, curiosamente, la labor judicial.

Sigue planteando esa auditoría cosas tan curiosas como que la falta de liquidez de Ideo, que es bastante habitual, afecta directamente a los servicios que se prestan en los centros con medidas judiciales. Eso dice la auditoría.

También dice la auditoría que Ideo no tiene presupuesto para inversión, y que cuando hay que hacer inversión se ve afectada directamente los servicios de reeducación, reinserción y formación de nuestros menores y nuestros jóvenes. De nuestros menores y nuestros jóvenes. Y en eso, señora consejera, usted tiene mucho que decir, porque es la presidenta de ese patronato.

¿Puede decirnos si era necesaria esa auditoría y a qué obedece? Y si esa auditoría ha tenido una financiación al margen de la encomienda de gestión que se le ha hecho a Ideo para la gestión de las medidas judiciales, si ha sido una cosa aparte, una encomienda aparte.

Segunda cuestión que le quiero plantear: ¿ese incremento presupuestario, ese incremento presupuestario también ha tenido que ver con la contratación de un nuevo responsable de voluntariado? Un nuevo responsable de voluntariado en Ideo, que curiosamente sale de ser asesor del viceconsejero de Políticas Sociales y se incorpora a Ideo. Todavía constaba, si teníamos un pantallazo, aparecía dentro del organigrama del Gobierno de Canarias y ya estaba como responsable en Ideo. ¿Es a cuenta de la encomienda de gestión que se le ha hecho a Ideo para la gestión de las medidas judiciales en los centros, o es en un aparte, se ha hecho una encomienda para directamente contratar a ese responsable, que era directo... directamente recomendado por esa auditoría? Que planteaba dos cuestiones -la auditoría-: o bien externalizarlo o bien contratar un responsable. ¿Por qué se tiende a contratar un responsable, cuando dice la propia auditoría que cuando hay problemas de financiación hay que priorizar el pago de nóminas frente a los servicios, y hacemos un gasto más? Y no tiramos a una empresa de empleo temporal para dar respuesta a esas bajas que surgen en los centros, surgen bajas habitualmente, y hay que reponerlas de manera inmediata.

¿Este incremento presupuestario que se hace Ideo justifica ese informe que se ha encargado para saber la situación de los menores con medidas judiciales en Canarias? Que hasta que usted llega... hasta que usted llegó a la consejería lo hacía con un convenio marco la Universidad de La Laguna, hacía ese estudio, y ahora le hemos hecho un encargo a una empresa privada. ¿Con qué se hizo? ¿Restando a los servicios de reeducación de nuestros chicos y de nuestras chicas o con una encomienda que no afectaba a esa partida presupuestaria?

Señora consejera, nos gustaría saber también qué va a hacer con el alto porcentaje de absentismo laboral que existe en la red de recursos de medidas judiciales, que llega a ser tan alta que pone en peligro el funcionamiento ordinario de esos centros; no es fácil reponer una baja. Y es que están expuestos a un estrés importante, los profesionales. ¿Qué va a hacer para dar respuesta a ese absentismo laboral en la red de recursos?

Señora consejera, nos gustaría que a estos tres planteamientos que le hacemos...

La señora PRESIDENTA: ... le queda un minuto, siga, siga.

La señora CRUZ OVAL: Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Siga.

La señora CRUZ OVAL: Nos gustaría que a estos tres planteamientos que le hacemos de la auditoría, qué justifica la auditoría y si se hace con cargo a una encomienda diferente para no restar dinero a los servicios de reeducación. El informe que se hace de medidas judiciales, ¿por qué lo hace una empresa privada y no la universidad, que lo estaba haciendo hasta este momento gratuitamente? Y la tercera cuestión es, ¿qué justifica la contratación de don Sergio Alonso como responsable de voluntariado en la empresa Ideo justa cuando sale de ser asesor del viceconsejero de Política Social?

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cruz Oval.

Turno para cerrar esta comparecencia el Gobierno.

Después llamaré a Junta de Portavoces, cuando acabe esta comparecencia, si son tan amables.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Bien.

Vamos a ver, respecto a algunas cosas que se han dicho, incluida la vinculación de un incidente a un infarto, sí que hay un informe forense, que además me han autorizado familiares a decir, y es de muerte natural. Está grabado. Yo no sé si le puedo enseñar la imagen, lo preguntaré, pero está grabado el incidente. Incidente que es común en un centro de medidas judiciales donde los profesionales de la vigilancia tienen en muchas ocasiones que detener, reprimir actitudes violentas y hay enfrentamientos. Ese es un tema en el que yo no he querido ni públicamente, conocido el resultado de la autopsia, salir en ninguna parte para dejar tranquila a la familia y dejar tranquila la historia, pero he pedido autorización para decirlo hoy aquí.

Por tanto, vamos a empezar a sacar cosas que pinten algo que es complicado y duro mucho peor. Porque hay muchas cosas que se han hecho aquí que yo no voy a negar; yo llegué y me encontré -ahí viene la auditoría- una fundación con una deuda que podía generar causa de disolución con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y cuando yo voy a Hacienda y le digo a Hacienda que necesito el dinero para que Ideo no entre en causa de disolución, me dicen: cuando me pongas en la mesa una auditoría y un plan de viabilidad. Y por eso se encargó no solo la auditoría, una auditoría y un plan de viabilidad; que no decían exactamente que había que contratar a tres jefes que parece que tienen nombres y apellidos, lo que nos obligaba era a una reorganización, a cambios, a decisiones en servicios claves de la fundación.

El otro asunto es un asunto que viene generado por el papel que juega esta persona en la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial; una red que ha estado trabajando desde la viceconsejería y que, llegado un momento, requiere de una estructura y de un equipo que en la viceconsejería no tenemos, y esta es la persona que lleva este asunto. El voluntariado se queda en la viceconsejería o los funcionarios que hay en la oficina de voluntariado y el tema de la red social pasa a llevarlo en Ideo, donde hay una estructura que puede dar soporte a esa idea que solo hemos iniciado, pero que, bueno, empieza a tener unos resultados y empieza a consolidar, de alguna manera, entre las empresas, la necesidad de la responsabilidad social corporativa.

Nosotros no solo tenemos Valle Tabares y La Montañeta; nosotros tenemos centros donde viven chicos en régimen abierto, chicos y chicas. Y, en concreto, tenemos en Gran Canaria tres: uno en Telde y dos en el área metropolitana, donde hay más de treinta jóvenes, aproximadamente -son pisos muy grandes-, con una vida y una intervención que nada tienen que ver con aquellos que el juez, y nadie más, decide que tienen que estar en régimen cerrado. La Fiscalía visita de manera permanente los recursos; no solo los visita sino que cuando ocurre algo las imágenes se mandan a la Policía Nacional y a la Fiscalía. Se ha llegado a decir que los colchones no eran ignífugos. Se ha llegado a vincular al coordinador de seguridad a una especie de trama de contratos. Se han dicho cosas muy graves.

Mire, yo tengo aquí una relación que son muchos más titulares de los que usted ha dicho, usted ha dicho unos cuantos, yo tengo aquí muchos más. ¿Y por qué tengo muchos más?, porque aquí hay cuestiones que son de Fiscalía, y hay una persona a la que se ha señalado en muchas ocasiones que ya ha emprendido acciones legales, y por eso yo no quiero entrar en esto. Y no es opacidad, no es tapar nada; es que este es un tema muy complejo que se va a dirimir donde se tiene que dirimir. Mire, los centros, aparte de esos centros abiertos de Gran Canaria y de Tenerife -donde hay cuatro-, los centros tienen 140 trabajadores en La Montañeta, 200 trabajadores en Tabares, esto sin contar con los vigilantes privados -o, perdón, con los vigilantes de seguridad de las empresas contratadas-, que tienen tres turnos y que son aproximadamente dieciséis en los turnos de mayor actividad y por la noche en unos son nueve y en otros son siete, adaptados al nivel de ocupación.

Los profesionales que están en esos centros trabajan la educación y la intervención especializada. Hay programas de tratamiento de intervención formativos prelaborales, talleres donde se les está preparando, y hay un programa muy amplio que le puedo facilitar -si usted tiene interés, que me lo preparen- para que usted vea todas las intervenciones que se hacen, supervisadas, vigiladas por su juez de tutela, que al final es el que pone las medidas y el que vigila el cumplimiento.

Estamos buscando suelo. Somos conscientes de que la ley cambió, de que la situación cambió y de que el centro de Valle Tabares no es el oportuno. En su día se hizo así; hoy no se concibe un centro de alta seguridad como el de Valle Tabares. Y, además, necesitamos en Gran Canaria porque las familias de Gran Canaria que están en régimen cerrado tienen que venir aquí.

Hemos localizado un suelo; ya tenemos el suelo y nos lo van a ceder, pero yo no puedo abrir mi boca porque como abra la boca ¿usted sabe lo que va a pasar? Que vamos a tener vecinos en la calle y que vamos a ver a algún alcalde, como hemos visto en los últimos tiempos, diciendo que se ponen con sus vecinos al frente; los que después dicen que no hablemos de los menores y esas cosas. Porque en esto compartimos una situación muy parecida: nos preocupamos todos mucho por los niños, por los inmigrantes y por los que tienen medidas judiciales, pero en los centros de mi municipio no.

Y no es nada fácil encontrar dónde construir un centro para medidas judiciales. Les quiero recordar las multitudinarias manifestaciones con la prisión nueva que se hizo en Gran Canaria; pues un centro de medidas judiciales no es algo que reciban los vecinos de ningún municipio con los brazos abiertos. Y tampoco podemos abrir centros de atención a menores inmigrantes de manera inmediata aunque algunos digan "oh, qué mal lo están haciendo, tenían que tener los centros ya", porque muchos alcaldes de todos los colores se han encargado de mandar recaditos. Claro, y porque hemos visto declaraciones no hace mucho tiempo.

Entonces, no es tan fácil localizar el suelo para desarrollar estas infraestructuras. Ahora mismo tenemos uno en Gran Canaria que nos puede permitir que a la gente de Gran Canaria que tienen sus hijos con medidas judiciales régimen cerrado los puedan ver en su isla, y tener una instalación adaptada a la nueva Ley del Menor, no esas prisiones que tenemos de épocas anteriores, pero que es lo que tenemos.

El presupuesto de Ideo creció por muchos motivos, pero, entre otros, porque teníamos que cancelar la deuda. La gerente anterior es de su partido, debería habérselo dicho lo que le estoy diciendo yo. Este ha sido el recorrido, este ha sido el recorrido. Y en tiempo de crisis cuanto más... Es que Ideo cada vez tiene más menores que atender, pero el presupuesto en época de crisis se mantenía más o menos estable y, claro, Ideo va teniendo gastos que son superiores a sus recursos y va acumulando deuda; una deuda que conseguimos resolver con ese crecimiento presupuestario, después de que encargáramos una auditoría y un plan de viabilidad.

Espero que podamos construir el nuevo centro y que no tengamos problemas. Espero contar con el apoyo de todos los alcaldes de Canarias para poder tener infraestructuras para los menores, de medidas judiciales o menores inmigrantes o menores nacionales. Protección... ¡Ah!, y estamos poniendo en marcha recursos para la emancipación, para los menores que cumplen 18 años con nosotros... Eso lo hemos puesto en marcha para los menores en general, pero ahora también para los de medidas judiciales. Menores que cumplen los 18 con nosotros y que han cumplido su medida judicial y no tienen un sitio donde volver, les ayudamos a emanciparse. Eso es muy importante porque muchas veces el origen de la actitud del joven está en su zona de origen, en el entorno en el que se movía, y cuando has conseguido recuperarlo intentamos que se emancipen y les apoyamos para que no vuelvan al lugar donde empezaron a desarrollar este tipo de actividades.

Creo que he contestado a casi todo, pero como el gerente de Ideo me acompaña hoy en el Parlamento y habrá escuchado atentamente su intervención, completaremos aquellas cosas que no me haya dado tiempo de contestar...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): ¿Un minuto? Gracias. Gracias, presienta.

Complementaremos en un informe -porque visionaremos su intervención- aquellas cuestiones que yo no haya podido contestarle o entrar en detalle, y le hacemos un informe con las cosas que hoy no nos ha dado tiempo para que usted tenga toda la información. Sé que usted puede colaborar, y estaría encantada de que lo hiciera y que nos pudiéramos sentar en mi despacho y hablar de qué cosas hay que hacer, cuando usted quiera sabe que tiene las puertas abiertas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Llamo a portavoces, si son tan amables y se acercan a la tribuna.

(Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia).

(Pausa).

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  • 9L/C-1880 Sobre De la Sra. Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre los centros de atención a menores con medidas judiciales.


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