Diario de Sesiones 134/2018, de fecha 17/10/2018 - Punto 12

9L/PL-0016 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Vamos ahora, señorías, al debate de primera lectura del proyecto de ley número 16, de Patrimonio Cultura de Canarias.

Interviene en primer lugar el Gobierno para presentación del proyecto, siete minutos. Siete minutos todos, es lo que han propuesto los portavoces, si están todos de acuerdo. Señorías, ¿todos de acuerdo, siete minutos? Bueno, si hay algo más, les daré algo más, consejero; consejero, si hay algo más se lo daré, no hay problema.

El señor CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Castellano San Ginés): Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Tengo que decir que hoy es un día especialmente importante para la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes porque somos perfectamente conscientes, y así esperamos que ocurra en el futuro, que el marco normativo de este proyecto de ley que hoy presentamos redundará en la recuperación, protección, conservación y divulgación de nuestro patrimonio de una forma más efectiva.

Quiero agradecer la presencia del viceconsejero de Cultura y Deportes en este plenario y también reconocer el trabajo realizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que además he entendido que todo lo que atañe al patrimonio cultural nos atañe a toda la sociedad en su conjunto.

El patrimonio cultural es realmente todo aquello que reconocemos, valoramos y, por consiguiente, deseamos conservar del pasado y de la historia común que compartimos. Su conservación se ha relevado como una tarea fundamental, casi esencial, para la sociedad canaria, pues el reconocimiento y la valoración de este patrimonio debe garantizar nada más y nada menos que la posibilidad del mantenimiento de nuestra identidad histórica como comunidad humana. Además, el patrimonio cultural tiene una función social que trasciende la de la conservación: constituye un símbolo del grupo al que pertenecemos y evidencia nuestra inclusión en una instancia colectiva de identidad.

Dentro de la defensa, protección y preservación de nuestro patrimonio cultural y material e inmaterial -labor que ejercemos a través de varias líneas de trabajo-, hoy presentamos un nuevo marco legal que modifica la Ley de patrimonio histórico de Canarias del año 1999, actualiza el régimen jurídico y simplifica los instrumentos de protección. La iniciativa legislativa introduce una serie de preceptos a la ley vigente, entre ellos el que pase a denominarse ley de patrimonio cultural de Canarias.

El patrimonio cultural, en su más amplio sentido, es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Esos recursos son una riqueza frágil y, como tal, requieren políticas de protección y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables.

La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el capital cultural de las sociedades contemporáneas, contribuye a la rehabilitación continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, actitudes y conocimientos entre las generaciones. Además, es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que generan los productos culturales contemporáneos y futuros, con el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute, conformando un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial.

Por otra parte, ha adquirido una gran importancia económica para el sector turístico en la generalidad de los países desarrollados, al mismo tiempo que plantean nuevos retos para su conservación. Una gestión correcta del potencial de desarrollo del patrimonio cultural exige un enfoque que haga hincapié en la sostenibilidad; a su vez, la sostenibilidad requiere encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural hoy y preservar su riqueza frágil para generaciones futuras. La sostenibilidad del patrimonio depende, en gran medida, de políticas y acciones que garanticen su protección, respondiendo a los desafíos de hoy y a los impactos de la globalización, el descuido y la sobreexplotación. Debemos establecer las condiciones debidas para que el patrimonio cultural prospere y dé nuevos frutos. Esta dimensión contempla el grado de compromiso y de acción de las autoridades públicas a la hora de formular y aplicar un marco multidimensional en la protección, la salvaguardia y la promoción del patrimonio.

Transcurridas casi dos décadas se ha considerado necesaria la elaboración de un nuevo texto legal que actualice el régimen jurídico de los bienes culturales; un cambio fruto de la experiencia acumulada y de la necesidad de mejorar la armonización con otras normas jurídicas de carácter territorial. El nuevo texto ha contado con las voces de diversos colectivos, personas, instituciones y organismos implicados en su gestión, antes escasamente representados, porque es la ciudadanía la auténtica propietaria de este legado y la garantía de su salvaguarda por encima de ideologías e intereses partidistas. Se lo debemos a las miles de personas que mantienen vivos todos estos conocimientos y participan en su continuidad.

El proceso de redacción del nuevo marco legal ha contado con el consenso de los cabildos insulares y los municipios de las islas. La nueva norma refuerza la idea de colaboración entre las administraciones y hace posible que la comunidad autónoma canaria adopte las medidas necesarias para hacer efectiva dicha colaboración. Entre las novedades que incluye la reforma de la ley destaca la ampliación del concepto de patrimonio histórico, adoptando la denominación más genérica de patrimonio cultural, en concordancia con la generalidad de la normativa comparada de rango autonómico y convenios internacionales.

Asimismo, se amplía el concepto, indicando que el Gobierno de Canarias velará por la investigación, difusión, proyección exterior y, en su caso, retorno a Canarias de los bienes de patrimonio cultural que se encuentren fuera del ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma.

Como principales aportaciones del nuevo marco legislativo se encuentra el sistema de información de patrimonio cultural que hemos denominado GARA. Este sistema de información, en el que llevamos trabajado a lo largo de la legislatura, será una auténtica memoria del patrimonio cultural canario y una herramienta que permitirá el acceso de todos los ciudadanos al legado que les pertenece, al tiempo que es un instrumento de control para la salvaguarda del patrimonio cultural.

En lo que se refiere a las competencias de las administraciones públicas, se ha procurado mejorar la sistemática. Se introduce el principio de cualificación técnica como vertebrador de la composición de las comisiones insulares y de los consejos municipales, en los que el Gobierno deberá estar representado. También se crean los catálogos insulares de bienes culturales como nuevos instrumentos de protección, y se añaden nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial, inmaterial y el bibliográfico, que no venían contemplados en la ley de 1999.

El sistema instrumental se basa en tres pilares: el registro de bienes de interés cultural, los catálogos insulares de bienes culturales y el catálogo municipal de patrimonio histórico y cultural. Junto al registro de bienes de interés cultural se crean, como decía, los catálogos insulares de bienes culturales, como instrumento nuevo de protección de aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales que, careciendo de los notorios valores que justifiquen la declaración como bien de interés cultural, poseen, en cambio, valores culturales de interés insular. (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

Correlativo a los distintos niveles de protección se incluyen todas las manifestaciones patrimoniales -esto es, bienes muebles, inmuebles e inmateriales-, pero también todos los tipos específicos de patrimonio. Además, se incluyen las nuevas categorías de bien de interés cultural, de paisaje cultural y sitio... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Dos minutos más, señor consejero, si lo necesita.

El señor CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Castellano San Ginés): Se suprime la denuncia de mora como trámite imprescindible para declarar la caducidad de los expedientes BIC, y se atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia para incoar los expedientes BIC de patrimonio inmaterial.

La nueva ley contempla la inspección periódica de edificaciones para los bienes inmuebles incluidos en algún instrumento de protección. El patrimonio subacuático, así como el patrimonio industrial, el patrimonio documental y bibliográfico, y el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial, sustrato de la identidad cultural de los canarios y las canarias, se asienta en los principios de igualdad y no discriminación, el protagonismo de las comunidades portadoras como titulares mantenedoras y legítimas usuarias, y el dinamismo que lo caracteriza, por tratarse de un patrimonio vivo que responde a prácticas en continuo cambio.

En materia de museos se introduce una concepción más actual de estos como instituciones abiertas, accesibles, inclusivas, interculturales y sostenibles al servicio de la sociedad y de su desarrollo, agentes de transformación social y generadores de conocimiento. La gestión del sistema de museos se hace recaer sobre la Comunidad Autónoma Canaria con la creación del registro de museos, y también se detalla el contenido del proyecto para la creación de museos.

Finalmente, se regulan nuevas medidas de fomento como el acceso preferente al crédito oficial o subsidiado a los titulares de bienes de interés cultural o incluidos en los catálogos insulares; se mejora la regulación del 1 % cultural; se integra como tal medida la difusión, enseñanza, investigación del patrimonio cultural; y se crea la distinción de protector del patrimonio cultural de Canarias.

Había muchas más cosas que quería comentar, he ido todo lo rápido que me ha sido posible, pero sí que quiero mostrar el total convencimiento de que este trabajo, como les decía anteriormente, que ha sido fruto del consenso de las partes implicadas, nos proporcione una mejor herramienta para la conservación y difusión de nuestro patrimonio.

También espero que en el trámite parlamentario, como siempre, deseo, la norma pueda ser mejorada, manteniendo este espíritu que la caracteriza.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero.

Turno del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor consejero. También dar la bienvenida al señor viceconsejero.

Desde la Agrupación Socialista Gomera nos alegramos de que al final haya llegado aquí este nuevo proyecto de ley, una actualización que era necesaria, teniendo en cuenta que desde la entrada en vigor de la vigente Ley 4/1999 ya han pasado diecinueve años. Un ejemplo claro de que necesitaba ser modificada, pues, es la modificación del término "patrimonio histórico de Canarias" por el de "patrimonio cultural de Canarias", haciendo referencia a un concepto mucho más actual y mucho más amplio.

En cuanto al modelo de protección del patrimonio cultural destaca como novedad los inmuebles de naturaleza arqueológica, que se diferencian entre protección integral, preventiva y potencial, lo que le da una mayor relevancia.

Asimismo, se define el concepto de entorno de protección de un bien, que en la ley actual se encuentra en la regulación de los BIC, modificación que atiende a que no es un término exclusivo de estos bienes de especial protección y que, por tanto, resulta también de aplicación a otros bienes con otro nivel de protección, como los bienes que se incluyan en los catálogos insulares.

Destacar también como instrumento de protección la figura novedosa de los catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales, que serán elaborados y gestionados por los cabildos, y que no teniendo la categoría de BIC ostentan valores patrimoniales que deben ser preservados y que tengan interés insular.

En cuanto a los catálogos municipales, el principio de jerarquía que se establezca entre estos dos instrumentos de protección del patrimonio se hará de manera que, en caso de conflicto, prevalezca el catálogo insular.

Otro de los conceptos novedosos es el sistema de información del patrimonio cultural de Canarias, que sustituye al actual Centro de Documentación del Patrimonio Histórico, intentando aglutinar toda la información patrimonial, donde cobra especial importancia la recopilación, la actualización en soportes informáticos y la accesibilidad a la ciudadanía, pretendiendo acercar el patrimonio cultural a todos los canarios.

Respecto a las competencias de las administraciones públicas canarias, recopila algunas que estaban dispersas en el texto vigente y añade nuevas competencias, resaltando la difusión, la integración del conocimiento, el apoyo y la colaboración con las entidades y asociaciones culturales comprometidas en la conservación.

Desde nuestro grupo nos parece fundamental, además, que se enumere la creación y mantenimiento de los órganos y unidades administrativas encargadas de su gestión, dotándolos de personal adecuado con capacitación técnica y medios suficientes, con el objetivo de cumplir con los fines estipulados; y también que se promueva la investigación, impulsando la creación de centros especializados, facilitando el acceso de investigadores a la información patrimonial, donde ,por ejemplo, los museos de las islas juegan un papel relevante como centros investigadores del patrimonio de su entorno, pudiendo convertirse, así, en verdaderos centros de documentación de la cultura material histórica o arqueológica, artística y etnológica.

Destaca como otra novedad la potestad reglamentaria del Gobierno de Canarias para iniciar, tramitar y resolver los procedimientos para la declaración como BIC cuyo ámbito sea superior al insular, recopilando competencias que se encontraban dispersas en el texto actual.

En el capítulo dedicado a los órganos e instituciones consultivas se promueve la creación en aquellos municipios que cuenten con un conjunto histórico declarado de un consejo municipal de patrimonio cultural, y, respectivamente, de todos los ayuntamientos de Canarias de crear unidades de patrimonio para la asistencia técnica a la corporación en la materia y unidades especializadas de la policía local para la vigilancia de los bienes municipales, lo que dará una mayor protección.

Respecto al consejo de patrimonio cultural, máximo órgano asesor y consultivo de las administraciones públicas, facilitará la coordinación de las políticas de las distintas administraciones y permitirá el intercambio de programas de actuación, información y difusión, cuya composición y funcionamiento se hará mediante desarrollo reglamentario. Además, contará con la representación de los cabildos, la Fecam, los colegios oficiales de arquitectos, asociaciones ciudadanas, las universidades canarias y otras instituciones científicas, con representación de los museos públicos y privados, donde incorpora la presencia equilibrada entre hombres y mujeres.

Asimismo, se integran las comisiones insulares de patrimonio como órganos colegiados de carácter más técnico en las que participará el Gobierno de Canarias. Asimismo, se establece, con carácter potestativo, la creación por parte de los ayuntamientos de consejos municipales de patrimonio para los municipios con un conjunto histórico declarado y en la que, sin embargo, toda corporación municipal deberá aprobar la creación de una unidad de patrimonio como órgano de asistencia técnica, cuya composición dependerá de los recursos disponibles.

Otra de las novedades que se incorporan en las categorías de bienes son las dos nuevas categorías de BIC, paisaje cultural y sitio industrial, además de incluir también la clasificación de BIC cuando se trata de bienes inmateriales, haciendo a los juegos y deportes autóctonos, como ya aprobamos en su día con una proposición de ley, la cultura inmaterial de la emigración canaria, y los conocimientos usos relacionados con el cielo y la mar.

Otra de las cuestiones importantes que se incluyen en el nuevo texto es la regulación de la caducidad del procedimiento de un BIC donde, a diferencia de la ley actual, ya no es necesaria la denuncia de la mora, lo que agilizará la tramitación de la declaración de los BIC acorde con la normativa general de procedimiento administrativo, además de establecerse un plazo máximo de veinticuatro meses desde el inicio del procedimiento, lo que también ayudará a que la figura del BIC no quede desvirtuada por no haberse reservado a bienes con valores patrimoniales excepcionales. Asimismo, destacamos los preceptos específicos aplicables a las intervenciones en los conjuntos históricos, integrando por primera vez, y acorde a la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la competencia de los ayuntamientos para utilizar las intervenciones en los conjuntos históricos que tengan plan especial de protección aprobados.

En lo que a patrimonio específico se refiere, destaca el patrimonio arqueológico, concretamente el patrimonio subacuático y el patrimonio inmaterial como figura novedosa que engloba al etnográfico o simplemente al que no estaba encuadrado bajo ninguna categoría.

Respecto a las medidas de fomento que están vinculadas a las disponibilidades presupuestarias valoramos las que pueden estar constituidas por las ayudas y subvenciones, los beneficios fiscales, el 1 %...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto más, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente.

El fomento de la difusión, la enseñanza y la investigación y el establecimiento de la distinción de protector del patrimonio cultural de Canarias.

Y, por último, señor consejero, reiterarle nuestro compromiso en trabajar para conseguir el mejor texto posible, vía enmiendas, y en ese sentido trabajará la Agrupación Socialista Gomera para preservar y que dure por mucho tiempo nuestro patrimonio cultural.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno de Nueva Canarias, para su intervención, la señora Acuña.

La señora ACUÑA MACHÍN: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Y voy a empezar felicitándole; felicitándole por esta iniciativa que ya veremos cómo termina, pero que en principio es bastante positiva.

Voy a empezar tratando de encuadrar lo que para nuestra ciudadanía ha sido hasta ahora el patrimonio en Canarias, ese concepto abstracto que nadie sabe muy bien qué hacer con él. Dijo hace años un ilustre catedrático de derecho administrativo que cuando los políticos responsables de los distintos sectores de las administraciones públicas no pueden o no quieren solucionar un problema aprueban una ley; esa es la forma de no solucionarlo. Detrás de esta reflexión irónica existe una realidad patente: el patrimonio de esta tierra. Y los problemas que existen en torno a él se comenzarán a arreglar si de verdad conseguimos con esta ley comprometernos los políticos, los técnicos, los funcionarios y los ciudadanos, y ciudadanas, ciudadanía en general. Solo si nosotros logramos trasladar, insisto, a los políticos, a los técnicos, a los funcionarios y a los ciudadanos por qué debemos proteger, la importancia de la protección y que esto no es un castigo, lo conseguiremos.

Cómo explicar situaciones tales como las que hemos vivido, ¿cómo le podemos explicar nosotros a la ciudadanía que un cabildo, por ejemplo, expida una resolución para prohibir la ejecución de un portal de Belén y no expida ni un mínimo informe para la ejecución de un proyecto que atraviesa BIC con torretas de más de cincuenta metros de altura?, ¿cómo le explicamos, si no lo entendemos ni nosotros? Eso está ocurriendo. De ahí la importancia, señor consejero, de su iniciativa.

Consideramos desde Nueva Canarias que lo importante no es tener una nueva ley de patrimonio, sino que esta nueva ley de patrimonio que hoy presenta usted persiga y finalmente consiga ser efectiva y adecuada, y vamos a estar con usted en esa labor. Trabajaremos en aspectos tales como la coordinación de esta ley con otras leyes como las referidas a la ordenación del territorio, coordinación imprescindible; también en el reparto de competencias entre las distintas administraciones y el deber de colaborar entre ellas. Trabajaremos también en impedir contradicciones internas en la ley como, por ejemplo, sanciones o medidas cautelares, habrá que velar porque se regulen lo suficiente, que se tengan en cuenta situaciones lógicas que se producen en la gestión diaria y que hasta en la actualidad conducían a callejones sin salida. Trataremos, también, de llenar los vacíos legales, que muchas veces dificultan la aplicación de estas y de otras leyes. Centraremos también la atención en la definición de conceptos, impedir que la ley contemple lo que los juristas conocemos como conceptos jurídicos indeterminados o insuficientemente explicados.

Vamos a tratar de exponer los aspectos positivos que vemos en esta ley que viene a modificar una que lleva aplicándose más o menos, o más de dieciocho años de vigencia y que ha sido absolutamente un fracaso. Esta nueva ley facilita la protección, la conservación, el aumento del patrimonio histórico de Canarias y que además pasa a denominarse patrimonio cultural.

Vemos como positivo, en el ámbito de aplicación de esta nueva ley, el nivel de protección establecido para el patrimonio cultural, constituido para los bienes muebles, inmuebles, manifestaciones inmateriales de la cultura popular y tradicional que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico. También valoramos positivamente la novedad en cuanto a la inclusión del patrimonio industrial y bibliográfico.

Dentro del patrimonio arqueológico de Canarias se introduce también el patrimonio subacuático en el artículo 83, medida que también consideramos importante; que el sistema que se crea sea instrumental basado en los tres pilares que usted comentaba del régimen de bienes de interés cultural, los catálogos insulares de bienes históricos, culturales y el catálogo municipal de protección.

Vemos también positivo que se hayan creado figuras intermedias para solventar las lagunas que se producen por la inactividad de las administraciones locales, a veces porque ni siquiera saben cómo actuar.

La creación del nuevo título sobre los museos también lo consideramos importante.

También queremos trasladar -no sé si me dará tiempo- los problemas que pretende resolver esta ley; se deben adoptar medidas necesarias para la ampliación -que ya lo decía antes- del concepto de patrimonio, muy restringido en la actual ley; potenciar la implicación de los municipios, aunque entendemos, y lo entiendo yo personalmente, que hasta ahora los que no han estado implicado son el Gobierno y los cabildos; se debe acotar la utilización excesiva de los BIC, reservándolos para aquellos bienes que tengan un valor patrimonial excepcional; mayor claridad en la atribución de competencias a las administraciones públicas; la escasa efectividad que hasta ahora ha tenido el sistema sancionador; la escasa actividad de los consejos municipales de patrimonio; y también nos gustaría trasladar a la ley -que si no me da tiempo ahora lo haremos en las ponencias sucesivas- todas las demandas de la Asociación Nuestro Patrimonio.

Señor consejero, le animamos y le tendemos la mano a poner fin a este caos y a este desastre que ha supuesto hasta ahora la anterior ley.

Muchas gracias y mucha suerte.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Acuña.

Turno del Grupo Podemos, señora Arnaiz.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Esta ley se presenta con una clara intención en su objeto, y que lo compartimos al cien por cien, también tenemos que decir que vamos a meter algún matiz, pero es que es imposible no estar de acuerdo en algo así.

Ahora bien, un objetivo tan ambicioso debe estar muy bien desarrollado, con una correcta distribución de competencias para poderlo conseguir y, sobre todo, muy bien financiado, y a día de hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro, ni ahora ni con esta ley tampoco. Y el propio Consejo Económico y Social en su informe nos da la razón y reconoce que las cantidades previstas en este proyecto son insuficientes. La partida anual y autonómica de 900 000 euros para financiar investigación, proyectos, conservación y restauración es lamentable. Y cito textualmente el apunte que hace el consejo: esto solo provocará una frustración institucional por falta de posibilidades reales de ejecución de las medidas contempladas por la norma que se quiere aplicar.

Sabemos que es una ley tremendamente trascendental, fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, y especialmente la canaria, porque tiene una gran deuda con su pasado por ser tan desconocido.

Sabemos, señor consejero, que les gustaría que esta ley saliera por amplia mayoría e, incluso, por unanimidad. Y por eso mismo debemos ser claros y decirles que la ley tal cual está no nos gusta, y tampoco le gusta a muchos colectivos, porque tiene graves carencias y modelos de gestión que son más declaraciones de intenciones que realidades posibles. Esperamos que esto se pueda modificar en las enmiendas parciales.

Dicho esto, queremos adelantarle hoy -aunque me consta que usted ya lo sabe- cuáles son las graves carencias que a nuestro juicio tiene esta ley.

En primer lugar, actualmente existe una gran disparidad en el inventario y la catalogación de los bienes en las islas, y esto ocurre, entre otras cosas, porque no existe un registro regional. Sin embargo, esta ley tampoco contempla este registro regional y unificado, sino que apuesta por catalogaciones insulares y municipales. A nuestro juicio esto es una grave deficiencia, porque con esto seguirá habiendo disparidad y habrá muchos bienes que seguirán quedando desprotegidos. El propio Consejo Económico y Social nos da la razón en este punto también, cuando emite su informe al proyecto de ley. ¿La solución? Nosotros pensamos que el Gobierno debe redactar un inventario regional, como ocurre en otras comunidades autónomas, que servirá para que unos cabildos puedan contrastarse con otros y puedan conocer sus carencias o deficiencias; una herramienta que es imprescindible para combatir la desprotección de muchos bienes, que, además, ese es el objetivo de esta ley.

Aumentar una óptica y coherencia regional es imprescindible o, de lo contrario, cada administración irá por libre, como está ocurriendo hasta ahora.

Y como ejemplo decir que existen cabildos completamente inactivos, que llevan años sin tramitar ningún expediente de bien de interés cultural, y hay otros que aunque catalogan, lo hacen con criterios muy discutibles. Por ejemplo, en Gran Canaria vemos equilibrio en las catalogaciones realizadas en el patrimonio anterior a la conquista respecto del posterior, pero, por ejemplo, en Tenerife tenemos apenas cien catalogaciones, algo más de cien catalogaciones BIC de bienes posteriores a la conquista y unas pocas decenas de bienes del patrimonio aborigen.

Otra grave deficiencia que vemos en esta ley es que se sigue dejando en manos de los ayuntamientos -algunos infradotados- las competencias de gestión, y esto no es más que un daño colateral de la Ley del Suelo, y así lo que se hace es mercantilizar la gestión del patrimonio. Como ejemplo, la ciudad de La Laguna, que, siendo patrimonio de la humanidad, no cuenta con personal arqueólogo, a pesar de estar fundada en suelo arqueológico, y por esta razón el ayuntamiento tiene que externalizar este servicio hacia empresas privadas. Dejar en manos privadas, de empresas privadas, algo tan frágil y de fácil especulación es una irresponsabilidad. Debemos legislar en base a la necesidad de proteger los bienes y no en base a la capacidad que tenga un ayuntamiento de poder hacerlo. A nuestro juicio, el catálogo regional, al que antes hacíamos referencia, podría ser garante para detectar esas deficiencias y suplirlas.

Respecto al contenido paleontológico, es el gran desconocido, desaparecido de esta ley, dejándolo totalmente desprotegido. Y muchos grupos lo hemos podido comprobar al recibir las enmiendas que vienen de este colectivo, que son demoledoras, por cierto. También las alegaciones de museos lo dejaban claro cuando salió el borrador. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con esta ausencia, porque las investigaciones paleontológicas son determinantes para comprender el proceso del pasado natural. Es fundamental que esté presente la materia paleontológica en esta ley, y lo es, fundamentalmente, para evitar la desaparición, también para garantizar el correcto desarrollo del método de investigación y para poder conocer la historia de la vida en este archipiélago, ya que no tenemos otra fuente de investigación para ello. Pero, además, es que la paleontología es un medio para conocer el avance de la desertización, del cambio climático que tanto nos asusta, pero que, sin embargo, no permitimos su correcto conocimiento.

Otro gran desaparecido de esta ley es el patrimonio documental, hecho que hay que subsanar, ya que lo desvía directamente a la ley de bibliotecas, con una escasa mención que la resume en un par de párrafos, y aunque se menciona por ejemplo la fotografía y los grabados, entre otros, como patrimonio etnográfico, no regula expresamente su conservación o restauración.

Respecto al patrimonio inmaterial observamos también muchas carencias, y por eso no se puede recoger su amplio espectro. Por ejemplo, cuando se habla de cultura inmaterial de la emigración canaria, ¿por qué esta y no otras, como puede ser la cultura inmaterial del pastoreo, de la agricultura de secano, de la piratería? Tenemos un montón de ellas, habría que ampliar este concepto.

Igual sucede con las artes del espectáculo.

En cuanto al patrimonio religioso y el espiritual -que no son lo mismo-, echamos en falta mayor concreción sobre espacios naturales sagrados del mundo aborigen, como, por ejemplo, puede ser la montaña de Tindaya. Ahora mismo, con el sesgado expediente BIC de la montaña, se encamina directamente a vaciar su interior y no a proteger el excepcional patrimonio que tiene esta montaña en su totalidad.

Tampoco se especifican los actos festivos, si se pretende incluir determinados eventos como patrimoniales donde participan animales en condiciones de maltrato y que frecuentemente acaban agonizando o muriendo, tal es el caso de las romerías. Dejar claro que estos actos festivos deben de existir, pero deben de estar libres de uso de animales y emplear otros medios de tracción para ser considerados como patrimonio. En una sociedad evolucionada y que cada día exige mayor protección hacia los seres ya considerados sintientes -incluso por el nuevo Estatuto de Autonomía-, no tiene cabida la utilización de animales, al igual que tampoco lo tienen determinados mal llamados deportes en los que participan animales y que no son más que maltrato animal.

En cuanto a las técnicas artesanales tradicionales...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto más, señora Arnaiz.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Gracias.

Echamos en falta mayor concreción y una alusión directa de los oficios tradicionales, que son patrimonio inmaterial por definición, pero que si no aparecen en esta ley seguirán desprotegidos y desapareciendo, como le ocurre a la práctica alfarera o al oficio de los minuteros, que nadie conoce ni reconoce y que se muere en el anonimato.

Nos remitimos a la definición que hace la Unesco sobre los tesoros humanos vivos: son "personas que encarnan, en grado máximo, las destrezas y técnicas necesarias para la manifestación de ciertos aspectos de la vida cultural de un pueblo y la perdurabilidad de su patrimonio cultural material".

Por último, queremos destacar también una falta, en esta ley, de perspectiva de género. Resulta imprescindible especificar todo lo relativo a la mujer, que no lo encontramos ni mencionado, tanto en lo que se refiere a los oficios como a las costumbres, y consideramos fundamental la mención, por ejemplo, de los relatos orales, dada la importancia que tienen las mujeres en la tradición de expresiones orales. Vemos, por eso, que es imprescindible incluir la perspectiva de género en la ley. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Agradecer el paisaje cultural, que lleva décadas reconocido (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Arnaiz.

Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ MIRANDA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señor consejero. (Ininteligible) bien la nueva regulación del estatuto de autonomía que está en tramitación en las Cortes Generales establece un título competencial específico, dedicado al patrimonio cultural, artículo 137. El estatuto vigente, que es el que nos va a servir de guía para las tareas que hoy iniciamos, atribuye en su artículo 30, 9, competencia exclusiva en materia de cultura, patrimonio histórico, artístico, monumental, y en materia de museos. Toca ahora, por tanto, por parte del legislador, materializar esas competencias y esperamos, por tanto, concluir al final de estos trabajos un texto lo más consensuado posible entre todos los grupos de la Cámara.

Señorías, después de más de casi veinte años de vigencia de la norma se hacía necesario afrontar nuevas realidades, nuevas formas de gestión, a las que las administraciones públicas deberán hacer frente. Sin ánimo de ser reiterativo, en los razonamientos esgrimidos en los diferentes documentos preceptivos que acompañan al anteproyecto de ley antes de entrar en este parlamento, se habían detectado carencias, deficiencias, defectos que había y que habrá que corregir.

(Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

Me refiero, sobre todo, al concepto limitativo de patrimonio, que ha devenido con el paso del tiempo en un concepto restrictivo y, por tanto, habrá que incorporar nuevas modalidades de patrimonio que habrá que incorporar y conceptuar; la escasa intervención, por inacción, de las administraciones locales; la falta de claridad en la atribución de competencias por parte de algunas administraciones; la necesidad, importante, de declarar la mora para declarar la caducidad de los expedientes, había provocado la prolongación por tiempo indefinido en la tramitación de los expedientes BIC; la excesiva utilización del concepto BIC, extendiendo al final su uso para determinados valores patrimoniales que no lo eran como tales, las controversias entre administraciones insulares y locales con respecto a la necesidad de aprobar licencias concedidas a los conjuntos históricos con planes especiales de protección aprobados, y algunas cosas, como aquí se han comentado, relacionadas con un régimen sancionador que no ha tenido tal virtualidad.

Pues bien, la norma que analizamos hoy en primera lectura trata de poner remedio a buena parte de esas deficiencias, partiendo de un principio general: la mejora y el impulso de la protección del patrimonio cultural de Canarias, para obtener, o para lograr, algunos objetivos, reformulando el concepto de BIC, creándose una categoría nueva -ya lo apuntaba el consejero-, los bienes catalogados; estableciendo un nuevo sistema de instrumentos de protección para que todo bien con valor patrimonial quede incluido en alguno de esos instrumentos; ampliando la protección a nuevas formas de patrimonio, proponiendo, como antes anticipaba, la regulación de la caducidad del expediente de declaración de un bien como BIC, sin necesidad de la denuncia de mora.

Y, por tanto, señorías, en esta nueva ley, en esta ley de segunda generación, como son aquellas que modifican la inicial, la nuestra del año 1999, pero como ha sido la gallega, la castellano-manchega o la andaluza, planteará también, inexcusablemente, un desarrollo reglamentario a continuación de, al menos, tres cuestiones: me refiero a la organización y funcionamiento del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, el procedimiento de declaración de un bien como BIC sin perjuicio de las normas básicas establecidas en la ley, y los procedimientos y requisitos de autorización de actividades arqueológicas y paleontológicas.

En otro orden, y atendiendo a la letra chica, pero no por ello menos relevante, de esta norma que hoy inicia su tramitación legislativa, conviene advertir la presencia de novedades positivas y otras que no lo son tanto.

Entre las primeras estaría el firme propósito pedagógico de la norma de definir diferentes aspectos vinculados con el patrimonio para que no haya equívocos. Se define un patrimonio cultural inmueble, mueble e inmaterial; se crea un sistema de información del patrimonio cultural canario, pieza clave si queremos implicar a la ciudadanía en la difusión y protección del patrimonio; se crea una unidad municipal de patrimonio cultural con especialistas; la inscripción de las declaraciones BIC de bienes inmuebles, excepto la de los conjuntos históricos, y también las incoaciones en el registro de la propiedad; la creación de catálogos insulares; la inclusión del patrimonio subacuático; etcétera.

En una vertiente no tan positiva citaríamos el hecho de que no se desarrollan los contenidos de los planes especiales de protección en determinadas categorías, exceptuando los conjuntos históricos; desaparece la zona paleontológica, sin precisar qué va a ocurrir con estos BIC; aumentan las infracciones, pero no así las sanciones; se mantiene la prohibición de enajenación a la Iglesia de sus bienes; desaparecen las directrices de ordenación del patrimonio histórico de Canarias.

Señorías, además de las solventes consideraciones del Consejo Consultivo de Canarias, mención aparte merecen las alegaciones presentadas en fase de información pública y en audiencia por parte de operadores públicos y operadores privados. Especial consideración, aun no siendo aceptadas por el Gobierno, merecen algunas de las propuestas realizadas, por ejemplo, por el Colegio Oficial de Arquitectos, la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, la Federación Canaria de Municipios, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, y algún cabildo insular. Aprovecharemos el estudio de esta norma para reiterar algunas de estas propuestas, con el mejor ánimo de acuerdo y consenso en todos los grupos, entre todos los grupos, basado, además, o buscando un texto posibilista, un texto operativo, que remueva también los obstáculos que determinadas exigencias legales y reglamentarias han imposibilitado un desarrollo urbano de nuestras ciudades, acorde a los tiempos y a las necesidades de nuestra gente.

Señorías, finalizo. Hablaba al principio de carencias de la ley actual que la nueva ley tratará de paliar, pero por muy trabajada que esté esta ley, por muy participada y consensuada entre todos los operadores, aún a expensas de las aportaciones que podamos hacer los grupos parlamentarios durante la fase legislativa que hoy se inicia, la ley devendrá en un instrumento inútil si con el paso del tiempo no somos capaces de sacarle todas sus potencialidades. La puesta en marcha de los instrumentos de protección, la proactividad de las administraciones públicas concernidas dependerá finalmente de la voluntad política; voluntad política, igualmente, para reforzar los recursos humanos especializados y para comprometernos presupuestariamente para ayudar a implementar todas las actuaciones todas las acciones que contempla esta ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista Canario. En su nombre tiene la palabra la señora diputada doña Dolores Padrón.

La señora PADRÓN RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias.

Bienvenido, señor consejero, y también dar la bienvenida al director general de Cultura, don Aurelio González.

Evidentemente, hoy es un día a celebrar, porque todos los grupos estamos con una actitud proactiva y positiva para que la ley de patrimonio, la nueva ley de patrimonio -porque realmente es una alternativa a la de 1999- pueda salir con el máximo consenso. Pero esto no obsta para olvidar la historia, porque estamos hablando de eso, de patrimonio y de cultura, y tenemos que aprender de los errores que se han cometido, y el consejero debe saberlo, porque ha sido portavoz de esta área con el grupo de Coalición Canaria en este mismo Parlamento hace muchísimos años. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, quien asume la Presidencia).

Ahí hay que hacer algo de historia, porque, si no, pues evidentemente empezamos como si esta casa no tuviera cimientos y no hubiera pasado nada, y porque las evaluaciones hay que hacerlas para poder elaborar o aportar un proyecto que realmente esté cercano de lo que se necesita en esta materia, porque si una ley no es eficaz, tal y como se plantea en el informe del Consejo Consultivo y la Ley de Administraciones Públicas, si no es eficaz en su aplicación, no sirve para nada, y ahí enlazo con la frase de Sosa Wagner que utilizaba la compañera de Nueva Canarias al empezar esta intervención: las leyes son necesarias, pero lo que es necesario es que sean leyes eficaces. Y esta ley desde su aprobación en el año 1999 ha tenido muchísimas muchísimas críticas. No sé si es el Partido Nacionalista el que termina de empujarla con la Dirección General de Cultura, porque ha tenido muchísimas dificultades, y ahora lo veremos.

Primero quiero decir que se aprueba en 1999, pero ya... y es en el año 2002 cuando se constituyen el Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias y el Consejo de Intervenciones Arqueológicas. Tenemos que tener en cuenta que el Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias es el órgano consultivo y asesor de todas las administraciones públicas. O sea, que se tarda dos años en constituir uno de los instrumentos... porque, evidentemente, una de las cuestiones que ha tenido esta ley que ha hecho que sea una ley que no haya respondido realmente a lo que necesita Canarias es su escaso desarrollo normativo. Entonces, evidentemente, si dos años después se constituyen los organismos fundamentales para poder dar vía a que el patrimonio se conserve en condiciones y forme parte del marco integral de la comunidad -en este caso de la isla, del archipiélago y del acervo cultural canario-, pues, evidentemente, es como la justicia: si la justicia es lenta, pues es evidente que no hay justicia. Pues es evidente: si queremos conservar el patrimonio, pero dejamos que se deteriore, y dejamos que con el paso de los años no... la inacción, pues, evidentemente, esta ley no ha tenido ni ha dado los resultados esperados.

Pero es ya en el año 2003, y es en su isla, en Arrecife, donde se celebran las V Jornadas de Patrimonio Histórico y donde ya se ponen sobre la mesa algunas cuestiones que el Gobierno tenía que ir modificando dentro de la ley de patrimonio. La falta de personal técnico cualificado, que esta ley no resuelve, porque sí es verdad que reconoce, pero ahí hay que poner voluntad política.

El patrimonio arqueológico, que era una de las cuestiones que se planteaba en estas jornadas necesitaba de técnicos específicos y de la colaboración de las universidades y de la interrelación entre aquellas personas técnicas que podían asesorar a los cabildos y a los ayuntamientos y en ese momento no se daba. Y decían ya los cabildos: los cabildos necesitamos abordar aspectos concretos tales como los relacionados con los yacimientos vinculados por su naturaleza o función; el modo en que nos implicamos en la difícil conservación de los enclaves rupestres; cómo vivimos los yacimientos; cómo nosotros conservamos y podemos actuar en los yacimientos subacuáticos. Estamos hablando de 2003, estamos en el 2018 y la ley avanza porque reconoce ya el patrimonio subacuático, pero desde el año 2003 en Arrecife ya los expertos lo planteaban, los cabildos lo planteaban. Cómo abordamos las cartas paleontológicas, y sigue la ley con un agujero, según se plantean en aquellas alegaciones que han hecho los colectivos, en este tema también.

Pero, mire, yo quiero, además, sacada y extraída de esta jornada, la filosofía de Antonio Tejera Gaspar, que decía: la conservación de la arqueología canaria es un mandato compartido entre las diferentes administraciones y la ciudadanía. Y eso es importante y hay que recalcarlo y hay que desarrollarlo algo más en este proyecto de ley. Y además lo recalca el Consejo Consultivo, ¿eh?, que nos dice que el proyecto de ley opta por atribuirle el carácter de órgano técnico y asesor, está hablando de las comisiones que se crean, sobre todo de la Comisión de Patrimonio Histórico, del Consejo del Patrimonio Histórico, que opta por atribuir el carácter de órgano técnico y asesor sin tener en cuenta, en consideración, que los destinatarios de la protección de los bienes culturales son también los ciudadanos y que la protección del patrimonio cultural no es únicamente una cuestión técnica. Si el ciudadano no siente que el patrimonio forma parte de su acerbo, forma parte de su cultura, no va a asumir, no va a asumir las medidas de protección que la ley promulga. Pero, además, ha habido muchísimas iniciativas más, como el encuentro... yo digo que hay un paso también determinante dentro de lo que es la concepción de las leyes de patrimonio, me parece que fue el VIII encuentro sobre patrimonio histórico y cascos históricos o centros históricos en La Orotava, donde los expertos en estas cuestiones, como son Joaquín Casariego y Elsa Guerra, ya plantean el patrimonio como estrategia territorial.

El patrimonio no puede verse como algo aislado, o sea, yo pongo el ejemplo de la Casa Iriarte, que es un ejemplo del fracaso de la ley de patrimonio y la coordinación entre administraciones que denuncia la organización, nuestro patrimonio, y enlazo, también, y que se ha visto claramente ahora con el conflicto que se genera con la protección del patrimonio en Santa Cruz entre el Cabildo de Tenerife y el ayuntamiento. La Asociación Nuestro Patrimonio sigue la línea que plantean...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto más, señora Padrón.

La señora PADRÓN RODRÍGUEZ: ... en este congreso, y lo que se plantea en este sentido es que la Ley de Suelo que prevé ya la ley de conservación de bien cultural como fin y criterio en la elaboración de los instrumentos de planificación hay que hacerla efectiva, y que realmente tenemos que estudiar en profundidad durante la tramitación la distribución competencial, el triple nivel de las administraciones en materia de protección del territorio. Además, debemos plantear elementos que deben conservarse -nosotros vamos a trabajar en cómo deben conservarse- y aquellos que no, y aquellos que no, porque esta ley se está utilizando para poder conservar elementos de simbología franquista que no debería contemplar y que no deberían ampararse en ninguna ley de patrimonio.

Pero, además, nosotros queremos hacer mención al 1 % cultural, que realmente también ahí vamos...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Termine.

La señora PADRÓN RODRÍGUEZ: ... porque hemos también cedido en el... Yo lo que sí pediría es que las leyes antes, hace mucho tiempo, pues, algunas se veían al principio de las sesiones no sé con qué criterio, con lo importante que es para una comunidad autónoma y un parlamento la puesta en marcha de una ley, porque es la base, se vean al final de las sesiones y a las tres de la tarde. A algunos nos gustan los temas y nos gusta aportar porque es desde la crítica constructiva desde donde se hace la intervención.

Con respecto al 1 % cultural, creo que se han confundido los términos, porque es verdad que la cultura, el turismo, lo que es la conservación del paisaje ha sido una de las cuestiones vitales, pero ¿cómo integramos el patrimonio cultural? El 1 % no se puede plantear en infraestructuras turísticas. Es verdad que es importante para el turismo, pero, evidentemente, el 1 % hay que plantearlo en la conservación de nuestro patrimonio.

Señores nacionalistas, tomen nota, porque llevan todo el tiempo gestionando la Consejería de Cultura y Patrimonio y ustedes tienen responsabilidades, porque se ha perdido mucho tiempo y, con eso, mucho patrimonio... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Padrón.

Finalizamos con el turno del Grupo Nacionalista Canario, el señor García Ramos.

El señor GARCÍA RAMOS: Gracias, presidente.

La mención a Franco me ha dejado completamente despistado, porque deben tener una obsesión los socialistas con Franco, pero si quiere que les busquemos Francos aquí hay uno que se llama Alonso Fernández de Lugo y allí hay otro que se llama Pedro de Vera (señalando a los cuadros que se encuentran en el hemiciclo), y lo que hay que saber es que estamos hablando de patrimonio y, sobre todo, de lo que hablaba la portavoz del Grupo Podemos, del patrimonio anterior a la conquista, estamos hablando de milagro, porque ese pueblo con el que se encontraron los castellanos y los europeos en general llevaba aquí, en Canarias, dos mil años, dos mil años. Y ese patrimonio, estos personajes que están ahí, y están aquí glorificados (vuelve a referirse a los cuadros), se encargaron de expoliarlo todo lo posible, y estamos hablando, digo, de patrimonio de milagro.

Y estamos hablando de patrimonio de milagro porque, además, yo creo que los extranjeros fueron los que se dieron cuenta de que ese pueblo, que es uno de los tres pueblos del mundo que tuvieron como ceremonia la momificación, con los egipcios y los peruanos del sur, merecía un respeto, un respeto que no tuvieron los castellanos cuando vinieron. Thomas Nichols habla en el siglo XVI de que se encontró en una cueva con 300 momias. La momificación era generalizada. Luis Román, un ciudadano de Santa Cruz, de aquí, de Tenerife, en el 1764 descubre esa cueva en el barranco de Herques, en El Escobonal, en Güímar, y dice que ahí había 300 momias. Esas 300 momias fueron desapareciendo poco a poco y vendiéndose a otros museos, entre ellos, el museo del Río de La Plata que se nutrió de muchísimos de estos documentos.

Por eso creo que esta ley es una ley que viene a rescatar, a seguir rescatando, a seguir valorando, también, y a seguir también conservando todo ese pasado; pero ese pasado hay que sumarlo, ¿no?, ese pasado... Porque los dos mil años a los que yo me refiero fueron absolutamente despreciados por la posteridad. Y se han salvado de milagro, se han salvado porque ha habido poetas renacentistas como Cairasco de Figueroa o Antonio de Viana que valoraron lo que era esa cultura, como luego lo hizo Viera; Viera habló de que ese pueblo que había anteriormente tenía un cuerpo de nación original -nación no en el sentido del nuevo régimen sino antiguo régimen-. Y don Agustín Millares Torres, a finales del siglo XIX, decía que ese pueblo constituía un Estado histórico.

Por lo tanto esta ley viene, como las leyes anteriores, a salvaguardar todo ese pasado, y, además, el pasado posterior, el pasado posterior a la conquista. Y, bueno, la de 1999 se ha criticado por parte de la señoría, y siempre está hablando de la historia. Doña Dolores Padrón, con todos los respetos que usted me merece, ¿usted sabe quién fue don Alfredo Herrera Piqué?, ¿usted sabe quién fue don Felipe Pérez Moreno?, ¿usted sabe quién fue don Francisco Ramos Camejo? Responsables de cultura durante muchas legislaturas, así que todo no hay que sobrecargarlo al Grupo de Coalición Canaria, no hay que... Aquí todos somos responsables de todo lo que hemos hecho.

Yo creo que esta ley, de todas maneras, digo que viene a ordenar toda una jurisprudencia anterior, sobre todo cuando hacemos las transferencias en virtud del artículo 30.9 del Estatuto, pues, asumimos esas competencias con carácter exclusivo -cultura, patrimonio histórico- que venían de la ley de 1985. Y yo creo que ha servido esta ley para un poco salvaguardar, con imperfecciones, eso hay que considerarlo. Ahora, ¿por qué esta nueva ley? Esta nueva ley, según argumenta el departamento correspondiente, es porque ha cambiado el concepto de patrimonio cultural, es un concepto más amplio, usted misma se ha referido a esa expresión, que me ha gustado mucho, la estrategia territorial, el patrimonio como estrategia territorial, porque hay que cambiar los instrumentos de conservación y porque hay también que plantear las conexiones con otras materias -turismo, medio ambiente-, han sido ya citadas por todos ustedes. Por lo tanto, yo creo que es una ley que está ordenando mucho las cosas.

En cuanto a la descripción, la hecho la descripción perfectamente el consejero, por eso creo que la señora Arnaiz o no ha querido entender... A mí me da la impresión que el sistema de información de patrimonio cultural de Canarias que quieren llamar GARA es ese lugar de inventario y digitalización y puesta a disposición de toda la ciudadanía. Por lo tanto, esa es una novedad que no se puede despreciar.

Luego se habla de nuevos instrumentos de protección, que también ordena lo que son las parcelas, el catálogo de BIC lo lleva la comunidad; lo que se llaman luego los catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales, los cabildos; y los catálogos municipales de bienes patrimoniales.

Se incluyen también nuevas categorías: paisaje cultural y sitio industrial; y se determinan patrimonios específicos, que creo que la señora Arnaiz tampoco o no ha llegado a la lectura de esa parte o lo ha ignorado, porque se habla de patrimonio arqueológico, patrimonio subacuático, patrimonio industrial, patrimonio documental y bibliográfico, y patrimonio inmaterial. Estoy de acuerdo con usted en que falta una referencia: la paleontología. Estoy de acuerdo con esa crítica y creo que en el trámite de enmiendas podamos mirar y revisar eso con mayor rigor.

En cuanto a los museos, también se crea un registro de museos en general, se crean, además, las condiciones que deben tener esos museos, sobre todo la preparación de las personas que estén ahí. Y me imagino que también podamos hablar en esos museos de lo que hemos aquí aprobado en distintas PNL; hoy no está mi compañera María Victoria Hernández, pero que también presentó en comisión una PNL, pero yo presenté otra anterior, que a estos museos hay que darles la parte didáctica, sobre todo de lo que fue ese patrimonio anterior a la conquista.

Luego hay medidas de fomento, a las que se refirió también el portavoz del Grupo Mixto.

Se crea una inspección periódica de edificios.

Hay un régimen sancionador, también, donde se estipulan qué tipo de sanciones y se incrementan.

Y luego, también, yo creo que se ordena todo el mundo de los cabildos y los ayuntamientos por primera vez. Me parece que eso, que es una cuestión que ha planteado Hernández Miranda, yo creo que también ha habido siempre un conflicto a lo largo de todos estos años.

Por lo tanto, yo creo que estamos ante un buen texto para empezar a discutir...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto más, señor...

El señor GARCÍA RAMOS: ... que no es la panacea, pero me parece que este Gobierno, si ha mimado algún departamento, ha mimado al departamento de patrimonio cultural. Yo les digo a ustedes, en el 2016 tenía, la Dirección General de Patrimonio, tenía 5 950 000 de presupuesto, en el 2017, 6 700 000, y en el 2018 tiene 11 500 000 euros. Me parece que mayor mimo no se le ha podido dar a esta dirección general, de otras podríamos hablar peor, pero a esta se la ha mimado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor García Ramos.

Damos por finalizada la lectura del proyecto de ley de patrimonio cultural de Canarias. Sigue su tramitación con las enmiendas al articulado.

Y finalizamos la sesión plenaria.

Muchas gracias.

(Se levanta la sesión a las quince horas y treinta y cinco minutos).


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