Diario de Sesiones 135/2018, de fecha 29/10/2018 - Punto 19

9L/C-2029 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA, SOBRE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN EL MARCO DE LA CONCERTACIÓN SOCIAL PARA MODIFICAR LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Ahora sí, a la comparecencia 2.8, de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre los acuerdos alcanzados en el marco de la concertación social para modificar la Prestación Canaria de Inserción, a petición del Grupo Nacionalista Canario-CC-PNC.

Tiene la palabra la señora doña María Elena Luis Domínguez.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera.

Cuando se hizo cargo de la consejería a principios del año pasado, nos anunciaba, entre otras prioridades más inmediatas que, entre las prioridades más inmediatas estaba iniciar los contactos con los agentes sociales a fin de recuperar la concertación social imprescindible para afrontar cuestiones vitales como la lucha contra la pobreza y la exclusión, entre otros asuntos fundamentales.

De esta forma se crea la Comisión de la Prestación Canaria de Inserción de la Mesa de Concertación Social, donde han participado los sindicatos, la Confederación Canaria de Empresarios, invitados expertos de colegios profesionales de trabajadores sociales, equipos técnicos expertos de la comunidad autónoma y la propia Federación Canaria de Municipios, que llevaban bastante tiempo trabajando para conformar un nuevo modelo de Prestación Canaria de Inserción, que si no estoy equivocada, señora consejera, se aprobó por unanimidad a principios de este mes en Presidencia del Gobierno de Canarias. Un nuevo modelo de PCI que incorpora modificaciones muy sustanciales, que reconvierten a esta prestación, concebida en principio como una prestación temporal, encaminada, principalmente, a la inserción laboral del beneficiario, en una prestación muchísimo más garantista, que no solo amplía los perfiles de las personas y colectivos beneficiaros, sino que garantiza la permanencia en el sistema, sin plazo de finalización, mientras persista, evidentemente, la situación de vulnerabilidad a familias y personas beneficiarias que se encuentran en determinadas situaciones de exclusión o riesgo de padecerla.

Otra cuestión importante que se incorpora, es que se permite la suspensión sin límite de la prestación, en caso de contratos temporales, con recuperación inmediata después de la misma. Fundamental es también que los que extinguieron la PCI, en su momento, pues, por ejemplo, porque agotaron el plazo, ahora, si cumplen perfiles, si cumplen condiciones y si cumplen requisitos, retornan al sistema y recuperan la prestación. Y destacable es que se vincula la ayuda económica a programas de inserción sociolaboral. Antes, evidentemente, eran de inserción laboral.

Otra cuestión que destacamos, señora consejera, es la eliminación de las incompatibilidades que existían, un asunto realmente importante y que ahora se han incorporado como compatibilidades de la Prestación Canaria de Inserción como, por ejemplo, la compatibilidad con contratos temporales precarios por horas o la compatibilidad con las pensiones de viudedad o con la compatibilidad para mayores de 65 años con pensiones mínimas. Y, por supuesto, ponemos en valor, porque era una reivindicación generalizada en el mundo social, el que no se compute, a efectos de determinar la cuantía de la Prestación Canaria de Inserción, determinadas pensiones y prestaciones.

Estamos hablando, por tanto, señora consejera, como decíamos, de modificaciones muy sustanciales que reconvierten a la Prestación Canaria de Inserción en una prestación garantista que, indudablemente, va a recoger, va a acoger a muchísimas más personas beneficiarias de las que ahora se están atendiendo y que, por tanto, va a necesitar para poder gestionarla y garantizarla de una inyección importante de recursos humanos, tanto en los ayuntamientos como en la propia consejería, y no cabe duda de que se necesitará dotar al sistema de nuevos e importantes recursos económicos.

Señora consejera, el objeto de esta comparecencia es que nos dé su visión sobre esta modificación tan importante que se plantea y las mejoras que incorpora, sobre las previsiones que tiene su consejería en relación a los posibles beneficiarios potenciales a los que beneficiaría la medida y preguntarle qué es necesario para que las mejoras que incorpora esta modificación puedan hacerse efectivas en el año 2019.

Y no quiero terminar, señor consejera, sin pedirle también su opinión sobre la recuperación de la concertación social y la importancia de que se haya podido conseguir ese objetivo, desde nuestro punto de vista importante, y como ejemplo este acuerdo sobre la Prestación Canaria de Inserción, pero también otros acuerdos en los que se están trabajando, también... muy, muy importantes.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, la señora Cristina Valido García.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Efectivamente, doña Elena, se lo sabe usted muy bien, y la mitad de las cosas que yo iba a anunciar usted las ha avanzado.

Efectivamente, uno de los retos a mi llegada era recuperar el acuerdo, recuperar el consenso, recuperar el ritmo de trabajo de la concertación social. En marzo de 2017, comenzamos a celebrar reuniones mensuales, con un calendario muy exigente, y tengo que hacer, aquí, alusión al director general de Trabajo, José Miguel González, que jugó un papel importantísimo en el cumplimiento de este calendario.

Empezamos a trabajar, como digo, y ahí alcanzamos acuerdos importantes que hicieron posible que, en enero de 2018, menos de un año después, pudiéramos firmarlos, estos acuerdos, de concertación social; cerramos las mesas técnicas de trabajo con medidas sobre competitividad, absentismo, economía sumergida, políticas activas de empleo, protección social y participación institucional. Había que diseñar nuevas líneas, en lo que seguimos trabajando, con agentes sociales, con sindicatos y nos comprometíamos a reforzar la vigilancia de la economía sumergida, el absentismo, a fomentar la competitividad y a trabajar en las políticas activas de empleo con agentes sociales y sindicatos -algo que venimos haciendo de manera permanente y continua-.

En esos acuerdos, uno de los planteamientos que se hicieron fue que la mesa de participación social, la mesa de políticas sociales, se mantuviera trabajando, aunque se firmaran los acuerdos, y en un plazo lo más breve posible tuviéramos un acuerdo para ampliar la cobertura de la PCI, llegando a muchos más colectivos, a muchas más personas.

Como usted sabe, el año pasado aprobamos una modificación que incorporó perfiles que no estaban como mujeres víctimas de violencia de género, personas sin techo, etcétera. Pero esta pretendía hacer una modificación mucho más ambiciosa. Bajo ese marco de los sextos acuerdos, en marzo de 2018, iniciamos los trabajos con la mesa para esa modificación, ampliación de cobertura de la PCI.

No solo buscábamos que la PCI ampliara su cobertura, también buscábamos una mayor eficiencia y entendíamos, desde luego, que había que hacer adaptaciones de gran calado que pasaban por mejorar los recursos de los ayuntamientos en materia de personal para poder atender la demanda que a partir de esta modificación se iba a generar.

Siete meses después -finales de septiembre, principios de octubre de este año- cerramos un acuerdo con esa mesa en la que estaba UGT, Comisiones Obreras, Confederación Canaria de Empresarios, Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, técnicos de la dirección general, especialistas en la PCI y servicios de pensiones, y, por supuesto, trasladé, en primera persona, a la ejecutiva de la Fecam el acuerdo, siendo los ayuntamientos la primera puerta a la que van las personas a solicitar esta prestación.

Pactamos ampliar la ayuda de los solicitantes a mayores de 18 a 25. Como ustedes saben, la PCI solo la podían solicitar mayores de 25. Nosotros planteamos de 18 a 25 porque entendimos que, si poníamos como condición que se mantuvieran estudiando, era una buena manera de motivar para que no abandonaran sus estudios, porque en su caso no había ingresos. Y, también, consideramos una buena manera en que la propia familia se preocupara de que sus hijos no abandonaran sus estudios, teniendo esa ayuda nuestra, esa ayuda del Gobierno a través de la PCI, para poder salir adelante. Esto, aunque no haya sido una medida que hayamos puesto por delante de algunas otras, nos parece de vital importancia, que es esas familias que no tienen recursos, cuando los chicos cumplen 18 de años dejan de ser menores de edad, si están estudiando y no hay ingresos, se mantengan en la PCI hasta los 25 años, de manera, que podamos mejorar la formación de aquellos que menos recursos tienen y que, a veces, tienen mucho talento pero pocas posibilidades de permanecer en el sistema educativo.

Por otro lado, pensamos en las personas mayores de 65 que no pueden tramitar una pensión, que no han cotizado lo suficiente, y pensamos en las pensiones de viudedad, que son compatibles con otras ayudas, que son muy bajas, y que, dependiendo del patrimonio u otras rentas de la unidad familiar, y creo que no hace falta explicar aquí que la PCI valora los ingresos de la unidad familiar, no solo la de la persona, podrían complementar con la PCI lo que les correspondiera, dependiendo de la pensión que tuvieran, para llegar por lo menos al Iprem. Hoy, están a años luz del Iprem las pensiones de viudedad, la gran mayoría.

También, pensamos en que la renovación de la PCI pudiera permitir suspensiones sin tiempo límite, volviendo a la PCI en el momento en el que finalizara el contrato de trabajo, si se daba la situación de seguir siendo familia con menor a cargo, que pasa a quedarse, otra vez, sin ingresos. También, que pudieran cobrar la PCI personas que encontraran contratos por horas, contratos de baja remuneración con los que no se puede vivir pero que pueden enseñarles, formarles, meterles en el mercado de trabajo, y que hoy se rechazan porque pierden la PCI, que es mucho más de lo que les están ofreciendo, con lo cual decimos: es compatible, no importa, coge ese trabajo, aprende, y, a lo mejor, dentro de tres meses tu contrato es de jornada completa, y ya, entonces, hablamos de otra cosa. Si no es así, es compatible, puedes hacerlo, contratos de dos y tres horas que no suponen más de trescientos o cuatrocientos euros al mes. No podemos decirle a la gente que si cogen ese contrato pierden la PCI porque automáticamente van a rechazar la oferta.

La vinculación de la ayuda económica a los programas de inserción laboral -si tengo tiempo, luego los contaré, porque me temo que ahora no me va a dar- vamos a reforzar de manera importante los equipos de intervención en las familias que reciben PCI para tratar de integrarles social y laboralmente, y que no se queden en la PCI de manera sistemática porque no consiguen cambiar la situación. El reto de la PCI es cambiar la situación de aquellos a los que podemos cambiar la situación, no a la señora de la pensión de viudedad que necesita ayuda para sobrevivir, pero sí a esas familias que cobran la PCI que no deben estarla cobrando eternamente y a los que tenemos que ayudar a volver al mercado de trabajo y a normalizar su vida y sus familias. Por eso hemos vinculado de manera más exigente la ayuda económica a la participación en los programas de inserción sociolaboral, que ofreceremos a través de la contratación de equipos especializados, de los que, si tengo tiempo, luego le hablaré.

Como les he dicho, en el caso de las pensiones de mayores de 65 con otras pensiones que no sean PNC que no alcanzaran el mínimo del Iprem también podrían solicitar la PCI de manera complementaria, con lo que estaríamos abordando la mejora de muchísimos pensionistas de nuestra tierra a través de la PCI complementando, dependiendo siempre, insisto, de que no haya grandes ingresos o más ingresos en la unidad familiar o patrimonio con rentas, en cualquier caso, si la persona viviera y dependiera de esa pensión, y fuera una pensión que estuviera por debajo de los 650, podríamos complementar con PCI igual que las de viudedad.

En las pensiones no contributivas -hago un paréntesis para hablar de ellas-, no es compatible con una PCI, por tanto, las articularemos a través de una ayuda al año, puntual, que trabajaremos con los municipios a través de las ayudas de emergencia, eso sí es compatible y el Estado nos lo autorizaría. No le generaría ningún problema a las personas que lo reciban, a la hora de que les pudieran quitar su PNC por tener otro tipo de ingresos.

Hemos hecho un cálculo en el que podríamos empezar a incrementar con nuevos perfiles, a partir de la modificación, a un ritmo de un 5 %, pero permanecerían en la PCI un 42,53 % de las personas que tenemos hoy, por ser familias con menores a cargo, que no saldrán con la aprobación de esta medida.

Hablamos de un número de altas que puede llegar probablemente a las quinientas, seiscientas, altas mensuales.

Y hablamos, también, de reforzar la salida por integración en un momento en el que los datos del desempleo nos dan indicadores muy positivos en familias que salen de la pobreza porque encuentran trabajo y empiezan a vivir de manera autónoma e independiente.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Tiene un minuto.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Continúo después. Pero estamos hablando de un gasto total de la nueva PCI que pasaría de los setenta y tres millones de 2019, que estamos abordando, a ciento treinta y uno en el 2023.

Eso sí, nos hemos comprometido con la Fecam a que esta modificación no será aprobada y no será efectiva hasta que podamos transferirles el dinero necesario para contratar más personal para los servicios sociales. Después entraré en cifras, para que vean cuánto va a ir dedicado a cada cosa. También hay una partida para personal en la propia dirección general, porque si nosotros no incrementamos nuestro capítulo I en ese servicio no podremos dar salida a todo lo que nos va a llegar de los ayuntamientos, por tanto, tenemos que crecer en ambos sitios, y tenemos que crecer en los equipos de inserción.

Desde luego, hemos estado... planteado... estamos planteando que... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos, señora consejera, a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora diputada y portavoz adjunta doña Melodie Mendoza Rodríguez.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Señora consejera, nos alegramos de que, tras varias reuniones con los sindicatos y las organizaciones empresariales, se haya cerrado un acuerdo para la mejora de la PCI, con el objetivo de lograr su eficacia, ampliar la cobertura y que llegue al mayor número de familias posible.

La nueva PCI, como ya se ha dicho, ampliará la ayuda a las familias con hijos de entre 18 y 25 años, que cursen estudios y formen parte de familias sin ingresos. Esto ayudará a que los jóvenes no tengan que abandonar los estudios por una situación económica. Que llegue también a las familias con menores a cargo y con rentas inferior al Iprem o sin renta, o a los mayores de 65 años con pensiones contributivas por debajo del Iprem, que se compatibilice con la pensión no contributiva, y que se destine a las personas sin hogar, todo ello, va en línea de alcanzar la mejora de los colectivos más vulnerables.

Otra de las medidas que ayudará a la inserción laboral de la población que más lo necesita, es el hecho de establecerse que la renovación de la PCI sea anual, y permita suspensiones sin tiempo límite por incorporación a contratos temporales, ya que, de esta manera, ninguna persona, como ya usted ha dicho, se verá obligada a elegir o a renunciar a un trabajo temporal por quedarse sin cobertura.

Además, la posibilidad de compatibilizar la PCI con los ingresos en contratos de trabajo parciales por horas, y que no alcance el mínimo del Iprem, también va en consonancia con lo que Agrupación Socialista Gomera hemos demandado a través de la presentación de nuestras enmiendas al articulado de la ley de servicios sociales, como era, por ejemplo, la eliminación de los límites temporales y la renovación de la PCI. Actuaciones que seguimos considerando esenciales, como la ayuda económica básica, con una duración indefinida, siempre y cuando persista el riesgo de exclusión social, manteniéndose el sistema de revisión, por si la familia, en este caso, pasase a mejor fortuna.

La realidad es que el sistema de renovación de la PCI se ha mostrado ineficaz, pues ha obligado, hasta el momento, a resolver negativamente todas las resoluciones cuando se había llegado al límite máximo de la ley, a pesar, en este caso, de que el perceptor de la prestación continuaba en riesgo de exclusión social.

Señorías, hablar de PCI es hablar de pobreza y de exclusión social, de pobreza monoparental e infantil. Es una buena noticia que con los nuevos presupuestos se espere ampliar el coste de la PCI de 52 a 72 millones de euros en el 2019, que eso se traduciría en que 40 familias canarias se podrían beneficiar de la misma.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias tiene la palabra su señoría el señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Señora consejera, buenas tardes.

Hoy vamos conociendo con más detalle en qué va a consistir esa mejora de la Prestación Canaria de Inserción. Una buena noticia es que se haya producido en el marco de la mesa de concertación -yo creo que ese es el camino para avanzar-. Cierto es que ha tenido un protagonismo esencial, la parte social de este mesa, en el sentido de poner el listón alto, peleando por una renta básica para ser capaces, a partir de ahí, de mover la posición del Gobierno y de otros agentes de esta mesa y alcanzar este punto, para nosotros insuficiente, pero que no vamos a criticar ni una sola de las medidas que usted ha planteado. Lo que para nosotros, como le digo, es insuficiente, es porque creo que podíamos haber sido bastante más ambiciosos en un momento en que hemos abordado la transformación necesaria de una herramienta que fue positiva durante años, que tuvo sentido en algunos momentos, pero que después de la crisis y el cambio casi estructural, o estructural, que se ha producido en las situaciones socioeconómicas del conjunto de la sociedad y de muchas familias, abordaba la necesidad de este cambio.

Lo decimos porque este incremento de 20 millones de euros de un año a otro a nosotros nos parece insuficiente. Creíamos que se podía abordar de manera importante. Usted decía, en el pleno anterior, que esto se motivaba porque inicialmente una parte importante de este dinero va a estar destinada a dotar a ayuntamientos y a la propia consejería de personal para ir incorporando, a través de los procedimientos administrativos necesarios, a las personas.

Nosotros decíamos que se podrían haber tomado otras medidas de manera paralela, esta es una, pero el incremento de la cuantía de la prestación canaria de inserción, que no se aborda en este caso, se sigue manteniendo con los mismos criterios que está actualmente establecido en la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, era un momento para abordarla de manera, también, decisiva y audaz.

En la misma línea que puede pasar con el salario mínimo interprofesional. Podríamos haber intentado dar un salto cualitativo a esa cuantía, porque nos vamos a encontrar con más gente que va a poder percibir la prestación, con gente que no saldrá, afortunadamente, del sistema de la Prestación Canaria de Inserción, pero percibiendo cuantías que son absolutamente insuficientes, desde nuestro punto de vista, desde Nueva Canarias, y por eso hemos presentado nuestra propuesta de renta básica canaria, que vamos a seguir manteniéndola para dignificar los ingresos que una familia recibe.

Algunas cuestiones que le planteo: ¿qué pasará con aquellas personas, o familias, sin hijos a cargo una vez hayan pasado los dos años? Otra cuestión, valoramos positivamente lo que se va a hacer con las pensiones de viudedad y esa ayuda de emergencia, por otra vía que usted plantea, para las pensiones no contributivas, ¿cuánto es el importe que está establecido para esas ayudas?, la media está en 350 euros, lo que percibe un pensionista no contributivo en Canarias. El Iprem está en 537. Esto supondría que la media tendría que estar por encima de los dos mil euros anuales esa ayuda, ¿va a ser así?

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora diputada doña María del Río Sánchez.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes, señora consejera. Diputadas y diputados.

Empezamos diciendo que no siempre somos críticos con todo y que entendemos que cuando hay avances, son avances, y como tales los reconocemos. Aquí, hemos dado un paso hacia adelante. ¿No es lo que queríamos?, no lo es, nosotros queremos una renta básica garantizada que vaya mucho más, que llegue a mucha más gente y que, además, tenga otra dotación económica. Pero entendemos que, dada la situación de pobreza en la que vive esta tierra, aunque sean unas cuantas familias más las que sean cada año... si son 40 000... las que puedan llegar a ser, que se beneficien de no quedarse sin nada, bienvenido sea aunque sean cuatrocientos y pico euros.

Hay cosas que hemos visto, y que reconocemos que tienen nuestra seña de identidad, porque llevamos pidiéndolas desde el día en que pisamos en esta Cámara, que era que la PCI fuese compatible con la renta de esos trabajos, precarios, trabajos temporales, por horas... que te pagan doscientos o trescientos euros, y que había mucha gente, que la conocíamos, decíamos: es que estamos entre la espada y la pared, porque no cojo el trabajo porque pierdo la PCI y, entonces estoy en la PCI, pero la PCI, además, se acaba, y era una situación muy difícil, ¿no?

Bueno, demos reconocimiento y carta de legalidad a esto. Que después dicen: es que la gente hace chanchullos. No hace chanchullos porque las cosas estaban mal, porque no se puede vivir ni con 300 ni tampoco con 400 por otro lado. Es decir, la gente tendría que poder sumar e intentar malvivir, a lo mejor, con esos 700 que podría ser el cómputo total.

Nos parece muy interesante, pero no entendemos muy bien del todo, lo de que a partir de los 18 años se pueda cobrar. Nos parece fantástico si los chavales de esa edad, o chavalas, están estudiando, pero pone si no hay en la familia ningún otro ingreso. Entonces no entiendo muy bien ese concepto y me gustaría que me lo explicase, ¿qué significa que...?, porque, entonces, en realidad, ¿a quién va la PCI?, ¿al jovencito o a la joven que está estudiando o a la familia? Claro, porque dice, será solamente en los casos que esté en la unidad familiar no haya nadie con ninguna renta. Bien, no, por eso, por aclararlo.

Y en el caso, también querría saber, porque me lo han preguntado, chicos o chicas que viven solos, que su unidad familiar son ellos solos, o ellas solas, si también tendrían acceso a la PCI en caso de estar estudiando. Es una duda que nos cabe, que no nos queda claro con lo que hemos leído.

Felicitamos que el acuerdo haya sido concertado, porque eso sí que nos parece interesante, con los distintos sindicatos, la Confederación Canaria de Empresarios, también, los colegios de trabajadores sociales y la Fecam. Y nos preocupa un poco esta dependencia para que se aprueben estos 20 millones -que tampoco son tantos, que nos parecen insuficientes, pero bienvenidos sean, mejor que nada-, que estén pendientes, por un lado, de los presupuestos y, por otro lado, de la aprobación de la ley de servicios sociales, según he leído, ¿por qué y en qué medida puede afectar?, porque al paso que vamos, yo espero que se apruebe antes de que acabe la legislatura, pero no sabemos. Y sí que nos gustaría que este paso, al menos, sí se garantizase, que se diese, tanto si se ha aprobado ahora o no la nueva ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora diputada doña Josefa Luzardo Romano.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora consejera.

En primer lugar, nos hubiera gustado que el grupo que sustenta al Gobierno hubiese pedido esta comparecencia para que usted nos cuente cómo va a asumir la nueva PCI, y por supuesto que nos alegramos que haya sido la Mesa de Concertación Social la que le haya dicho al Gobierno que la PCI no funciona, que no llega a las personas que más lo necesitan y que, por tanto, hay que modificarla.

Mire, la Ley -como usted sabe- de la PCI es del año 2007, se modificó en el 2015, y usted misma hizo un decreto en mayo del año pasado, donde lo que hizo fue ampliar los perfiles -que eso está muy bien-, modificó los trámites, pero no le quitó el límite temporal que tiene, como usted sabe, ahora de los veinticuatro meses. Y usted misma, de oficio, se podía haber dado cuenta de que esto era una necesidad.

De hecho, mi grupo parlamentario..., una de las enmiendas que hemos puesto como contraprestación para apoyar la Ley de Servicios Sociales es que la PCI se tiene que modificar, no tiene que tener límite temporal y tiene que llegar a las personas que más lo necesitan.

Nos gustaría que nos dijera, porque yo el dato que tengo del año pasado es que, a pesar de que usted amplió, en el año 2017, los perfiles, solo llegó, como máximo, nunca a diez mil personas, diez mil perceptores, aunque usted luego habla de familias y habla de 13 500 familias. Si no llegó ni a diez mil perceptores, es imposible que llegue a más de diez mil familias, y usted el dato que nos dio fue de 13 500 familias.

Y nos gustaría saber, en el año 2018, en el que estamos, primero, no ha habido modificación, no ha habido crédito extraordinario. Con el dinero que usted tiene este año, ¿a cuántos perceptores ha llegado?, pero no me diga el límite total, sino el límite del mes, si son 10 000, si son 12 000 o si ha hecho una modificación de crédito, porque no va a llegar al 31 diciembre.

Mire, además, queremos saber, porque claro, la verdad es que a nosotros, cuando nos dice que se va a ampliar la partida presupuestaria, pues claro que estamos de acuerdo, sobre todo en relación a la ejecución que usted ha tenido este año, nos acaba de decir que el año que viene va a llegar a 62 millones. Yo leí un domingo, no hace mucho, ampliar de 52 a 72 millones de euros la nueva PCI, que se multiplica por cinco los fondos, hasta el año dos mil no sé cuántos, ¿no?

Mire, eso está muy bien, pero díganos exactamente. Porque yo tengo aquí el papelito, que es un tocho que acaban de entregar ustedes, Estrategia Canaria de Inclusión Social (mostrando el documento a la Cámara), ¿lo ve?, aquí está la partida, eso sí, con una letra súper pequeña, que hay que coger una lupa para ver la letra. Y aquí pone que, para el año que viene, 2019, PCI tiene previsto 60 millones de euros. Yo entiendo que este papel, que lo ha presentado usted con su comisionado hace unos días a las entidades, me imagino que esos 60 millones que pone aquí es lo que es, o esto se ha quedado ya, este borrador, se ha quedado antiguo y esta modificación ha sido superior. Porque, claro, llegar a la gente y no decirles la verdad..., antes dijo el presidente del Gobierno -yo me quedo con lo que dijo el señor Clavijo-, prefiero que nos diga la verdad, queremos que nos diga la verdad, sobre todo cómo va a asumir los nuevos perceptores, qué va a hacer -como ya no va a tener límite temporal-, cómo va a llevar todo esto al Gobierno para ejecutar... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario, tiene la palabra el señor diputado don Iñaki Álvaro Lavandera.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Buenas tardes.

Señora consejera, mire. La primera consideración que queremos hacer desde el Grupo Socialista es felicitarnos por el acuerdo de la Mesa de Concertación Social, felicitar al Gobierno de Canarias, a las organizaciones empresariales, y en especial a los sindicatos, que son los que han puesto sobre la mesa esta exigencia y por lo que se ha firmado este acuerdo.

Un acuerdo que llega en el tiempo de descuento de la legislatura, y usted me dirá: sí, pero llega. Cierto. Un acuerdo que, además, dilata en el tiempo el objetivo para situarse en la media estatal de gasto en servicios sociales y políticas sociales en cinco años -ahí tiene la explicación, señora Luzardo-. Un acuerdo que sigue dejando fuera a los perceptores de pensiones no contributivas, que no alcanzan el mínimo del Iprem, 537,84 euros, y también deja fuera a las pensiones de invalidez. Me gustaría saber por qué, salvo... ¡hombre!, también porque al señor Clavijo no le gusta lo de complementar las pensiones no contributivas, pero si hay algún otro porqué.

Una proyección de gasto en PCI que, para el año 2023, lo sitúa en 130 millones de euros, el año 2023, menos, fíjese, menos que el capricho del Fdcan, 160 millones de euros. Lo cual va a retratar, señora consejera, lo siento mucho, las prioridades de este Gobierno, aunque usted, en aquella época, no formaba parte de él.

Mire, una norma que sigue excluyendo perceptores de pensiones que están muy por debajo del Iprem -como le acabo de comentar-, y la guinda del acuerdo, señorías, el condicionado. Es el nuevo descubrimiento de la acción política y del Gobierno de Coalición Canaria, el condicionar material, ¿no?, En lógica matemática, una función de verdad que puede ser tanto verdadera como falsa, y que evidencia, señora consejera, la nula empatía del señor Clavijo con el 40 % de nuestra población -la que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social-, y que no va a disminuir pintando y alicatando los centros de salud, tal y como están destinando los fondos Feder.

Mire, demasiadas veces hemos escuchado en el último mes afirmaciones por parte de este Gobierno del tipo: lo haremos si nos permiten usar el superávit, como si no lo pudieran hacer ya a través de las inversiones financieramente sostenibles; lo haré si me dan más dinero, porque pedir siempre es más fácil que implicarse, no hacer nada y dejar pasar el tiempo; lo haré si se firma el convenio equis, porque excusarse se vende más que gestionar -sobre todo cuando la incompetencia es manifiesta-; lo haré si se aprueba la ley de servicios sociales, porque no depende de mí, aunque pudiese modificar la normativa específica de la PCI, prefiero retrasar los derechos sociales, que es como está redactado este acuerdo, que solo entrará en vigor si y cuando se apruebe la ley de servicios sociales.

Ante este panorama, señora consejera, solo podemos decirle o responderles con otro condicional, Canarias solo avanzará cuando Coalición Canaria deje de estar en el Gobierno de Canarias.

Señora consejera, entre octubre de 2017 y diciembre de 2017 se dieron 1000 bajas al mes y usted dice que va a dar 500 altas al mes, ¿cómo cuadra eso?

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Para una segunda intervención, en nombre del grupo solicitante de esta comparecencia tiene la palabra la señora diputada doña María Elena Luis Domínguez.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, es indudable, lo decía usted también, que las modificaciones aprobadas por la mesa de concertación de la PCI, y que se pretenden incorporar cuanto antes sea posible, van a suponer un antes y un después en la concepción y en la aplicación de esta prestación que, como comentábamos en la intervención anterior, se convierte en una prestación garantista, pero, sobre todo, se convierte en un instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión social muchísimo más eficaz.

Primero, porque como usted decía, se extiende de forma exponencial la previsión de futuros preceptores. Si ahora se atiende, no sé si el dato es correcto, a más de trece mil beneficiarios, esta demanda podría ampliarse hasta las cuarenta mil familias beneficiarias. Como usted ha explicado, se amplía de forma significativa el perfil de las personas beneficiarias: se amplía la ayuda a los solicitantes mayores de 18 y menores de 25 que estudian y forman parte de unidades convivenciales sin renta alguna, y también a las personas mayores de 65 años que aún no pueden tramitar una pensión. Y permanecerán en el sistema, además de los anteriores, las familias con menores a cargo, y sin rentas o rentas inferiores al Iprem, y las personas sin hogar, -que también es una medida muy importante-.

Igualmente, se hace compatible con la PCI los contratos a tiempo parcial, como antes comentábamos y como usted también ha explicado, y que no alcanzan el Iprem. Y se permite, también, las suspensiones, sin tiempo límite de la prestación, por contratos temporales. Todo ello, con el objeto de que los beneficiarios no tengan que renunciar a posibles contratos laborales por miedo a perder la prestación.

Y una medida muy importante, por su incidencia, son las personas beneficiarias que extinguieron en su día la PCI y que, si cumplen los perfiles, requisitos y condiciones, como también comentábamos antes, pueden retornar al sistema. Estamos hablando, seguramente, de muchísimas personas, de muchísimas familias. Si logramos llegar a esos cuarenta mil beneficiarios... es una medida importante y una incidencia muy muy importante.

Lo decíamos antes, nos parece especialmente importante que se establezca la compatibilidad con las pensiones de viudedad si no alcanzar el Iprem, y con las pensiones de las personas mayores de 65 años que no alcancen el Iprem.

Y señalábamos antes también... especialmente acertada nos parece la decisión de no computar para determinar la cuantía de la PCI las pensiones alimenticias, por ejemplo, en caso de divorcio o en caso de separación, o las prestaciones a favor de familiares a cargo, de la seguridad social, las ayudas a la acogida de menores o, por ejemplo, las prestaciones por discapacidad, entre otras.

Usted hablaba, ahora, de las pensiones no contributivas, lo hacía también el portavoz del Partido Socialista. Es verdad que no aparecen aquí, en esta modificación, las pensiones no contributivas porque, aunque esta modificación elimina las incompatibilidades que existían, las PCI sí que siguen teniendo las incompatibilidades y, por tanto, hay que buscar soluciones alternativas, como la que usted estaba planteando, para no beneficiar a esas personas. O sea, que, señor Iñaki o don Iñaki, no es una cuestión de que Coalición Canaria no se quiera ocupar de los pensionistas no contributivos, todo lo contrario, queremos que el Gobierno de España, su Gobierno, complemente las pensiones y, mientras tanto, nosotros en Canarias haremos un esfuerzo para complementarlas sin perjudicar a los titulares de esas pensiones.

En definitiva, señora consejera, una modificación sustancial que va a requerir, si se pretende aplicarla con garantías y en el menor tiempo posible, de la dotación de medios humanos en ayuntamientos y, usted lo ha dicho, en los centros directivos de la consejería de la inyección de importantes recursos económicos y también, por supuesto, de las correspondientes modificaciones legales y reglamentarias para poder aplicarlas.

En relación a la necesaria dotación de recursos humanos, ya lo ha explicado usted, el acuerdo de la Fecam se sustenta en que no se aplica esta modificación si antes no se incorporan los recursos humanos, y es evidente la incapacidad, también, de la consejería, tal como está la situación del personal, de asumir una modificación de este calado si antes no se incorporan también recursos humanos. Y, por tanto, señora Valido, habrá que buscar los mecanismos necesarios para que esta incorporación de personal se pueda hacer efectiva de forma ágil y en el menor tiempo posible.

Se ha dicho aquí, estamos avanzando en la ponencia de la ley de servicios sociales -aunque algunos y algunas no se lo crean-, como usted ha señalado, el instrumento imprescindible para aplicar estas y otras medidas fundamentales, y estamos analizando ahí si es posible que podamos resolver esta y otras cuestiones en el marco de esta ley.

En cuanto al necesario incremento de recursos económicos para poder aplicar estas medidas, no cabe duda de que la aprobación de la ley de servicios sociales, con su ficha financiera incluida y su posterior desarrollo reglamentario, el desarrollo del catálogo de servicios y de prestaciones, mapa de recursos, que lleva también, por supuesto, su correspondiente ficha financiera, va a permitir implementar con garantías esta medida, y también establecer, actualizar y financiar un sistema público de servicios sociales como servicio básico fundamental, universal y garantista. Y así será, sin duda, pero, señora consejera, ya se están elaborando los presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene, y en los acuerdos alcanzados para su elaboración con los grupos Popular y Mixto, se garantiza una partida importante para implementar la ley de servicios sociales, y, por tanto, también para la PCI.

Nos consta que su área ya tiene muy adelantadas las propuestas para el presupuesto. Suponemos que entre las mismas ya se incluyen las previsiones en relación a esta modificación de la PCI para el 2019. Y lo que le voy a preguntar es, si dentro de esas previsiones para el año que viene, se incluye, no solo el coste de las ayudas económicas previstas, sino también el coste previsto de personal, tanto para municipios como para la propia comunidad autónoma, y si se contemplan también los costes, muy importante, de los programas de inclusión asociados.

En relación a las modificaciones legales y reglamentarias que hay que acometer pues ya lo sabemos: la Ley 1/2007, la Ley 2/2015 y los Decretos 153/2017 y 136/2007. Desde luego, estamos analizando, por lo menos desde el Grupo Nacionalista, estamos analizando la posibilidad de acometer todas o algunas de esas modificaciones previstas en la ley de servicios sociales, lo que permitiría aplicarlas ya en el año 2019.

Desde luego sí que le digo, señora consejera, que son imprescindibles las aportaciones a este respecto que nos quieren hacer llegar desde los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, y, en concreto, de los servicios técnicos y jurídicos de su área.

Finalmente, señora consejera, voy a hacer una reflexión. Desde nuestro grupo, desde el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria-PNC, tenemos muy claro, pero muy claro, que el instrumento más eficaz para luchar contra la pobreza y para luchar contra la exclusión social es el empleo. Ese es el instrumento más eficaz. Porque el empleo no solo posibilita a las familias generar unas rentas que les permitan desarrollar su proyecto de vida, es que el empleo, además, dignifica a la persona, y eso muchas veces es tan importante, incluso a veces más, como disponer de recursos económicos. Por tanto, señora consejera todos los esfuerzos dirigidos a generar empleo son pocos, todos los esfuerzos dirigidos a generar empleo y que este empleo, además, sea de calidad. Todos los esfuerzos son pocos.

Los últimos datos que tenemos en materia de empleo y desempleo siguen siendo esperanzadores. Canarias sigue avanzando en esta materia por encima del Estado, pero es verdad, señora consejera, que tenemos que seguir trabajando, que todavía queda un largo camino por recorrer y, por tanto, le animamos a que, en ese aspecto, el esfuerzo que se haga por parte de su consejería sea máximo, el máximo posible.

Pero es indudable que, cuando hay tantas personas y tantas familias en situación de pobreza y exclusión, hay que poner en marcha instrumentos eficaces que ayuden a estas personas a paliar estas dificultades. Y, desde nuestro punto de vista, esta modificación de la PCI, que prevé, como decíamos, que pueda beneficiar a esas 40 000 familias, es una medida muy acertada por la que le felicitamos a usted, a su equipo y a todas esas personas y entidades que han participado en la mesa de concertación. Pero al mismo tiempo le pedimos, señora consejera, y no cabe duda de que va a ser así, que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que esta importante modificación llegue cuanto antes a todas esas familias que tanto lo necesitan.

Muchas gracias.

(El señor Álvaro Lavandera solicita intervenir).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): ... para cerrar esta comparecencia...

Perdón, señor Lavandera. Dígame.

El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): ... señora presidenta.

Quiero hacer uso del artículo 81 del Reglamento por haber sido contradicho en cuanto a la posibilidad y perjuicio o no de complementar pensiones no contributivas por parte de la comunidad autónoma.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señor Lavandera.

El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señora Luis, con todos los respetos, si le dedicaran el mismo esfuerzo al argumentario de las condiciones y la excusas a hacer política inteligente y para la gente, que tuviese en cuenta las verdaderas necesidades de la población, sobre todo la más vulnerable, de la mayoría social, además, de nuestra tierra, creo que nos iría mejor a ustedes, a nosotros y, sobre todo, a aquellas personas que confían en los políticos.

La Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos otorgados por las comunidades autónomas, le invito que se la lea para que vea que deja claros los argumentos que esgrime mes tras mes, año tras año, el Partido Socialista. Estamos hablando de unos míseros 537,84 euros, el Iprem, mucha gente que cobra menos de eso y, además, las pensiones por invalidez que cobran muchos discapacitados que tienen muchísimas necesidades en esta tierra.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señora Luis Domínguez, tiene un minuto.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

(Fallo en el sistema de sonido)... está usted aquí para hacer política inteligente, los demás no hacemos, solo usted. Yo le felicito por ello.

Mire, yo de lo que usted ha dicho... no le he escuchado ninguna contradicción con lo que yo le he dicho.

Las pensiones no contributivas... Canarias es la comunidad con más pensiones contributivas, con 12 puntos por encima del resto de las comunidades autónomas. Las pensiones no contributivas, lo que yo le estaba diciendo, es que tienen una serie de incompatibilidades, precisamente con la PCI... Sí, señor Lavandera, es así (ante los comentarios del señor diputado Álvaro Lavandera desde su escaño), y lo que se está buscando, y por eso lo ha informado la señora consejera, son opciones para complementar estas pensiones a través de otros sistemas, de otras posibilidades. Por tanto, nosotros, desde Coalición Canaria, siempre hemos dicho que las pensiones no contributivas, que son pensiones muy bajas y que, en Canarias, afectan a muchísimas personas, tienen que complementarse por parte del Estado. Mientras el Estado no lo haga -ahora tiene la oportunidad usted de hacerlo, están gobernando allí-, mientras el Estado no lo haga, nosotros buscaremos fórmulas para complementar a todas esas pensiones y para poder ayudar a mejorar la vida de todas estas personas que, en Canarias, perciben... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Ahora sí, señorías. Para finalizar esta comparecencia, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, la señora doña Cristina Valido García.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Me gustaría empezar recordando que una de las grandes apuestas de esta modificación, busca la lucha contra la pobreza infantil. Y el origen de la medida de que las familias con menores a su cargo no salgan de la PCI mientras no cambie su situación, encuentra, ahí, uno de sus mejores y más importantes fundamentos.

Pensamos, en la Mesa, que cuando los menores cumplieran 18 años, y estas familias vieran que, a partir de ese momento, se acababa esa manera indefinida, si los menores estaban estudiando, se verían abocados a dejar de estudiar. Y fue por lo que planteamos una ampliación, mientras esos menores, que ya no lo son, estuvieran estudiando, para motivar esa formación tan necesaria, y a la que muchas familias sin recursos no tienen derecho, porque han de buscarse la vida y sus hijos han de trabajar.

Para nosotros ese asunto es muy importante. Y hemos planteado que, a través de la ley, se establezca una disposición para que las familias con menores a cargo, que hoy están en la PCI, no salgan. De manera que no se vean fuera, para, luego, volver a solicitarla en el momento en el que modifiquemos la ley de la PCI.

Me parece que es muy importante y la Ley de servicios sociales recoge, en su conjunto, medidas que también abordan la PCI. Ustedes plantearon -precisamente, don Luis Campos- que si la ley no recogía este tipo de rentas -que usted llama de otra manera y que tiene una idea de otro tipo de rentas- no la apoyarían. Yo le pido que tenga en cuenta que estas medidas... No. Yo recuerdo en comisión que usted decía que esto era muy importante que planteáramos la ampliación de la PCI, como mínimo, si queríamos contar con su apoyo. Por eso le digo que con esta propuesta en la mesa yo espero contar con ese apoyo, y que haya una disposición que permita que las familias con menores a cargo, que están hoy en la PCI, no salgan para volver a solicitarlo después, cuando tenemos un acuerdo y un compromiso. (Ante gestos del señor Campos Jiménez).

Por eso, señor Lavandera, es importante el enganche de la ley con esta modificación. Y yo no pongo condiciones porque sí, es que en asuntos sociales las cosas no son compartimentos estancos. La ley también habla de estas prestaciones, se habla de esta población, en la ley se habla de la PCI, y por eso intentamos que esa disposición nos permita que ya las familias con menores a cargo no salgan. Y yo no pongo condiciones porque sí, es la Fecam la que dice: estamos de acuerdo, nos parece fantástico; pero necesitamos personal para el incremento de demanda que vamos a tener. Yo no pongo la condición, la pone la Fecam con toda la sensatez, a la vista de cómo estamos de recursos humanos en todos los municipios, sobre todo en las áreas metropolitanas en las áreas de servicios sociales. Y, por eso, lo condiciono a una mejora de presupuesto, para poder transferirles más dinero para que puedan hacerse con más personal, y poder modificar la ley. Es el compromiso previo. Y también la llevo a la ley porque la ley les dará un paraguas jurídico ante algunos interventores, no todos, porque hay ayuntamientos que no tienen ese problema, pero sí hay municipios que tienen informes contrarios por entender que esto no es competencia municipal, y la ley es la que va a decirles que sí que lo es, que el Gobierno transferirá los fondos necesarios.

No es que yo ponga condiciones, es que todo está encadenado. Es necesario, también, que tengan ese paraguas jurídico que, como digo, todos los ayuntamientos no lo necesitan. Hay municipios que no han tenido problemas a la hora de contratar más personal, pero hay municipios que me dicen: con todo el dinero que me des, no me van a dejar contratar. Creo que eso la ley lo puede ayudar a resolver. Por tanto, no son condiciones que pongo.

Usted habla de felicitar a la mesa, de que esto es gracias a los sindicatos pero, dos frases después, habla de que esto es el resultado de la falta de empatía de Clavijo. Esto es resultado de lo que en esa mesa se ha querido, y el señor Clavijo no estaba allí sentado. Si felicitamos a quienes estaban en la mesa de concertación social, no podemos, luego, decir que este acuerdo no sirve, porque esto ha sido un acuerdo... no, yo, además, le agradezco el tono (ante las manifestaciones de Álvaro Lavandera desde su escaño), pero esto ha sido un acuerdo con un consenso enorme.

Y le voy a decir: ¿por qué no más?, ¿por qué no todo el mundo y todo el tiempo?, ¿por qué no el máximo? Porque mire, en esa mesa hemos analizado los muchos compromisos que tenemos en materia social y no es solo subir la PCI. Tenemos, también, que empezar a actualizar los precios de los recursos que nos exige la ley. Tenemos a todos los operadores esperando a que les subamos unos precios que están congelados hace mucho tiempo y que no les permiten ofrecer los servicios. Tenemos que incorporar dinero para 4000 plazas que se van a construir en dependencia, que cuestan mucho dinero al mes, que se vienen nuevas con este plan de infraestructuras que se va a desarrollar en cada una de las islas. Tenemos que mejorar a los cabildos con dinero para más plazas, con dinero para más centros de día, y tenemos que mejorar las horas de atención domiciliaria.

Todos esos compromisos se tienen que producir en los próximos cuatro años y hemos hecho un escenario económico responsable en un momento de incertidumbre. Porque coincidirán conmigo en que el presupuesto de este año lo tenemos más o menos seguro, pero que el año que viene, o el otro, puede haber una coyuntura económica diferente. Y hemos intentado que, incluso con una coyuntura económica diferente, estemos en un marco económico que podamos defender. Por eso hablamos de que el año que viene subimos seis millones en prestaciones, subimos casi un millón y medio para personal municipal, subimos otro millón para personal en la comunidad autónoma. Los programas de lucha de inclusión crecen casi cuatro millones para dotarnos de equipos que intervengan con las familias que están cobrando PCI. Pasamos del presupuesto de 62, de este año, a 73 el año que viene. Y no es cierto que todo vaya a personal, porque hay incrementos importantes en los programas de lucha con la exclusión y en las ayudas.

No voy a ir año por año, pero en el año 2023 habremos pasado... Vamos a hablar de este año si quieren: de 62 millones a 130. Tengo perfectamente escalonados los crecimientos. Y esto tiene que ser compatible con más dependientes a través de servicios que son mucho más caros, o a través de prestaciones, esto tiene que ser compatible con la actualización de los precios a todos los sectores -infancia, mayores, discapacidad...- con la actualización de los precios. Esto tiene que ser compatible con muchos programas de atención social que nos va a exigir la ley, como el refuerzo de la atención temprana.

En fin, aquí hay, señorías, personas que están trabajando en la ley y que saben todo lo que esa ley nos va a exigir. Hemos hecho un trabajo con la mesa de concertación responsable. Y ellos lo han entendido como cuando hemos puesto todos los números en la mesa y hemos dicho, es que esto, no es solo esto lo que tenemos que incrementar en los próximos cuatro años. Nos hubiera encantado ir a más colectivos todavía. Pero estamos mejorando una PCI que va a dar un salto importantísimo, que va a atender al triple de las familias que atiende hoy.

Cuando hablo de trece mil, doña Josefa, hablo de 13 000 familias, las personas beneficiadas son veintiséis mil aproximadamente. Ese es el dato que tenemos en todos los informes. No dudo que a usted se lo hayan hecho mal, pero ese es el dato que está en todos los informes. No, si usted dice que le dieron eso por escrito, pues a lo mejor no lo explicaron bien. No lo discuto. Muchas veces veo respuestas de preguntas que hay que..., y a veces no las puedo ver todas. Pero ese es el dato. Y, como mínimo, triplicaremos las personas que estarán en PCI con estas ampliaciones.

No hay nada que impida que, de aquí al 2023, en un escenario económico mejor, más positivo, nos permita ampliar todavía más. Teniendo en los equipos de lucha de exclusión trabajando con las familias, de un millón y medio que tenemos este año, teniendo, en el 2023, 7 656 000 euros, podemos ir más allá con la garantía de que tenemos equipos que ayuden a que la gente no se quede ahí, a que intentemos que la gente salga y, por tanto, la ampliación de los colectivos obedezca a que la gente no se eternice.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señora consejera. (La Presidencia concede un minuto adicional).

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Y tenemos recursos para acudir a una nueva modificación.

Pero en este momento, con sinceridad, con la situación política y económica que hay en el Estado español, en toda Europa, y si me apuran, en todo el mundo, nosotros, con todos los compromisos que tenemos, plan integral de atención a la discapacidad, estrategia canaria de atención a la infancia y a la familia, plan canario de vivienda, ejecución de la ley y, por supuesto, el concepto más importante, la actualización de todos los precios que pagamos de todos los servicios, más la PCI, es muchísimo dinero en los próximos cinco años.

Por eso esa apuesta de incrementar el presupuesto en los próximos cinco años, que está ya avanzada y pactada con el Partido Popular. Son los que nos van a colocar en cuatro años en la media del Estado en inversión en materia social.

Faltará que a quien venga... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

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  • 9L/C-2029 Sobre De la Sra. Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre los acuerdos alcanzados en el marco de la Concertación Social para modificar la Prestación Canaria de Inserción.


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