Diario de Sesiones 149/2019, de fecha 5/2/2019
Punto 14

9L/PO/P-2727 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO DÉNIZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA SOBRE INVENTARIO DEL PATRIMONIO AFECTADO POR LAS INMATRICULACIONES EFECTUADAS POR LA IGLESIA CATÓLICA, DIRIGIDA AL GOBIERNO.

La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta, que es la del señor diputado don Francisco Antonio Déniz Ramírez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre cumplimiento de la proposición no de ley sobre inventario del patrimonio afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica, ¿entiendo que la contesta usted, señora consejera? Sí, ¿la contesta usted?, sí.

Señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ (Desde su escaño): Sí, doy la pregunta por reproducida.

(Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Déniz.

Señorías, ruego silencio, por favor.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE HACIENDA (Dávila Mamely) (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Señor Déniz, las inmatriculaciones de bienes públicos es un asunto sobre el que en los últimos años ha habido una enorme sensibilización. Probablemente el caso que más sale a la palestra es el de la mezquita de Córdoba, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad solo por 30 euros. Pero es verdad que pueden existir inmuebles que, siendo casos mucho menos llamativos, puedan ser considerados de dominio público y devueltos a la sociedad.

Este Parlamento aprobó, en una proposición no de ley, que el Gobierno de Canarias trabajaría y colaboraría con las entidades locales cuando lo soliciten para defender ante la justicia el patrimonio inmatriculado que pertenezca a las entidades locales.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ (Desde su escaño): Gracias, señora Dávila, por recordarme la proposición no de ley que yo traje a este Parlamento. Efectivamente, claro que la aprobamos; el problema es que ustedes no la cumplen, lo aprobado ni lo acordado. Es que no cumplen ustedes ni la Constitución. Entonces me parece a mí que la respuesta tenía que haber sido otra. Si no han hecho nada, lo dice, no han hecho nada, pero no me diga que aquí se aprobó una PNL.

Efectivamente, eso es un debate muy sensible. Detrás de Córdoba, el problema es que queremos saber qué es lo que hay debajo de la mezquita de Córdoba. Eso fue un robo. Pero es que nosotros lo que queremos saber es un inventario de lo que existe aquí, en Canarias. Y nosotros llegamos a la conclusión de que la aconfesionalidad del Estado, consagrada en la Constitución, no la cumple nadie, ni es consagrada ni es aconfesional.

Por lo tanto, señoría, nosotros lo que estamos diciendo es que las instituciones no pueden estar siempre al servicio de la institución de la Iglesia católica, de la jerarquía de la Iglesia católica, y en Canarias, además, es sangrante lo que está pasando, puesto que ustedes aprovechan su posición de poder para estar constantemente facilitándole a la jerarquía eclesiástica que se haga no solamente con bienes sino que oculte información a la policía, le organizan actos, manifestaciones, invierten dinero público. No solamente recibe dinero público del Estado sino también de Canarias.

Y de lo que aquí se ha aprobado, en este Parlamento, los canarios queremos saber qué es lo que nos han robado, tener un inventario; y además lo que se aprobó en el segundo punto es que el Gobierno tenía que hacer la defensa jurídica siempre y cuando algunos colectivos, asociaciones o personas afectadas reclamaran esa propiedad, porque es una propiedad de la que se ha beneficiado la Iglesia, que no la hizo ni con su dinero ni con su esfuerzo, de atrios, patios, iglesias, lugares de culto, fincas, casas particulares y demás.

Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que ese apego que tienen en el poder que facilita la connivencia entre ustedes y la jerarquía eclesiástica, por favor, está dando ya de cara, está dando de cara, y simplemente que cumplan los acuerdos que se están haciendo.

Después de que se aprobó esta proposición no de ley, yo me imagino la conversación entre el obispo y ustedes: "¡claro!, déjenlo tranquilo, no se preocupe, que a esto nosotros le echamos tierra y no va a ir a ningún lado". Eso es lo que ustedes están haciendo, por lo menos es el resultado.

Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la ley de patrimonio, que precisamente esta semana empieza a renovarse, y hay un montón de bienes de protección patrimonial que está en manos de la jerarquía eclesiástica y que debería estar en manos de las instituciones públicas. A nosotros nos gustaría saber cómo va a quedar eso, porque, eso es evidente, aquí han pasado algunos accidentes, algunos incendios, y se ha echado a perder un patrimonio valiosísimo que es de todos los canarios.

Nosotros creemos que ustedes tienen que dejar de favorecer desde las instituciones el beneficio ilícito de la Iglesia católica, de una vez por todas, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Déniz.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE HACIENDA (Dávila Mamely) (Desde su escaño): Señor Déniz, voy a dar respuesta a su pregunta.

Y, efectivamente, la PNL que se aprobaba en este Parlamento instaba al Gobierno de Canarias, en el caso de que se dirigieran al propio Gobierno... por las labores que realizamos respecto a promover y proceder a solicitar la práctica de asientos correspondientes en los registros públicos a nombre de la comunidad autónoma y también a realizar de forma permanente y continua la depuración de los bienes y derechos de la propia comunidad autónoma.

Tengo que decirle que, en el desempeño de esa labor, no se ha detectado ninguna inmatriculación. Pero, mire, le voy a dar algún dato.

El listado no es fácil de hacerlo y se lo puede preguntar a sus compañeros de la Generalitat de Valencia. Ellos han encabezado, como bien sabe, la lucha por recuperar el patrimonio público, pero aún no han podido publicar el listado, cuya elaboración ha asumido ahora el Gobierno de España.

Le voy a dar los datos de Canarias. Tenemos que destacar que en el 2017 los registradores de la propiedad enviaron al Ministerio de Justicia una relación de las propiedades inscritas por las dos diócesis canarias, un total de 489 propiedades, de las que 118 fueron donativos o herencias y las otras 371, apropiaciones amparadas por la ley. Una ley que, como usted sabe, desde el año 1998, el Gobierno de España modificó e incluyó un artículo, el 206, que dejaba la puerta abierta a las inmatriculaciones. Esa ley fue modificada en el 2015, pero el artículo 206 nunca fue declarado inconstitucional. Por lo tanto, la recuperación de esos bienes, como bien le ocurre a sus compañeros de Compromís o de Podemos en Valencia, no es nada fácil puesto que hay que defenderla en los tribunales. Y por eso nos hemos puesto a disposición de las corporaciones y de quien se quiera dirigir al Gobierno para su defensa.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.