Diario de Sesiones 24/2020, de fecha 11/2/2020
Punto 23

10L/PO/P-0328 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON JACOB ANIS QADRI HIJAZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PLANES GENERALES CON TRAMITACIÓN INICIADA CON LA ANTERIOR NORMATIVA, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

El señor PRESIDENTE: Turno ahora para el diputado don Jacob Qadri Hijazo, del Grupo Popular, sobre confirmación del procedimiento de evaluación ambiental de los planes generales con tramitación iniciada con la anterior normativa, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

El señor QADRI HIJAZO (desde su escaño): Gracias... gracias, señor presidente. Señorías.

Señor consejero, imagino que sabe -o quiero imaginar que sabrá- que con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, la conocida Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se han paralizado decenas y decenas de planes generales que estaban en tramitación en diferentes ayuntamientos repartidos por todas las islas Canarias y, concretamente, en la continuación de procedimiento de evaluación ambiental estratégica en curso, quiere decir que ya estaba tramitada. Esta parálisis, esta paralización ha supuesto, de verdad, unas consecuencias muy negativas, consecuencias, incluso, diría yo que nefastas para todos estos municipios, para todas estas localidades. Ha supuesto un auténtico frenazo para todo el desarrollo económico, para todo el desarrollo social, para todas las previsiones de crecimiento que tienen estos municipios, incluso para las inversiones; inversiones para generar economía, inversiones para generar empleo. Y, créame, consejero, que esto afecta a todas las áreas, a todos los sectores, porque estamos hablando de suelos para desarrollos turísticos, para desarrollos urbanos, desarrollos agrícolas, ganaderos, incluso también para desarrollo social, porque es curioso que, por un lado, el Gobierno de Canarias nos pida a los ayuntamientos que cedamos suelo para hacer vivienda pública, para hacer vivienda social, y, por otro lado, nos paralice los planes generales, que es la herramienta que nosotros tenemos para poder habilitar y cederle ese suelo a ustedes.

Luego, consejero, cuando acudimos a la Viceconsejería de Planificación del Territorio nos contestan que le hicieron la consulta a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias y que están esperando respuesta. Casi un año, consejero, esperando respuesta. Con equipos redactores contratados, oficinas técnicas de brazos cruzados sin saber qué hacer, y viendo cómo pasan por delante de nuestros ojos oportunidades de inversión, oportunidades de generar empleo y no podemos hacer nada al respecto.

Señor consejero, le pedimos que se ponga a trabajar en este asunto, que busque una solución. Pero le adelanto que la solución no puede ser que los ayuntamientos volvamos a comenzar con toda la tramitación ambiental, con el coste que eso supone, sería injusto y abusivo, porque no somos nosotros los que hemos ocasionado este problema. Señor consejero -y su consejería- está siendo el culpable, está siendo responsable de que ahora mismo esté el desarrollo y el crecimiento de decenas y decenas de ayuntamientos en Canarias parado y frenado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (Valbuena Alonso) (desde su escaño): A ver, no llevamos un año pendiente del informe de Servicios Jurídicos, llevamos creo que es un mes y poco, que es cuando se solicitó, que es cuando la consejería, a raíz de las solicitudes por parte de distintos ayuntamientos sobre la problemática que tenía la interpretación del apartado 3 de la disposición transitoria séptima, respecto a cómo había que interpretarlo y ver cómo afectaba a los distintos instrumentos de planeamiento cuya tramitación estaba finalizada.

Aquí, aparte del desarrollo de los municipios, que es loable y que hay que defender, tenemos también los criterios de protección ambiental, que ha habido una modificación importante en la legislación, que hace que tengamos parámetros realmente dispares entre la legislación anterior, en base a la cual se han desarrollado algunos planeamientos, y la legislación nueva, que en algunos aspectos creemos que debía de ser considerada. Esto fue... tan pronto llegamos a la consejería fue objeto de un análisis profundo por parte de los Servicios Jurídicos y del viceconsejero, y a finales del año pasado se llegó a una conclusión interna por parte de la consejería, que es la que se está sometiendo a los análisis de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias para que la interpretación que creemos que es la más oportuna -y que me permita que no pueda adelantar hasta que no tengamos la visión final de los Servicios Jurídicos- nos dé las garantías plenas de que el procedimiento se ajusta no solo a la legislación actual en materia de ordenación del suelo, la Ley del Suelo, sino también respecto a la legislación en materia de protección ambiental, que tan importante es consolidar un elemento como el otro que, en mi opinión personal, cada vez debe de cobrar más importancia.

Y en esa línea tenemos previsto que en el mes de marzo ya tengamos una solución definitiva, que trasladaremos a todos los ayuntamientos.

Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero es la solución que en esa línea queremos plantear, porque entendemos que es la que mayores garantías ambientales nos puede reportar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.