Diario de Sesiones 28/2020, de fecha 10/3/2020
Punto 25

10L/C/P-0297 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 13 DE FEBRERO DE 2020, QUE DECLARÓ NULO PARTE DEL ARTÍCULO 47.1 DE LA LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DE 2019, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO.

El señor PRESIDENTE: Antes de hacer la pausa para continuar por la tarde, vamos a proceder, por tanto, a ver una de las comparecencias.

En este caso, la comparecencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero del 2020 que declaró nulo parte del artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2019, a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario.

Tiene la palabra, señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ ÁLVAREZ: Buenos días, señorías. Muchas gracias, presidente.

El pasado 13 de febrero el pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos el párrafo primero de la letra a) y el párrafo de la letra b) del artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2019. Este artículo, el 47.1, es el que establecía que el Fondo de Acción Social tuviera un importe de 9 250 636 euros. El Fondo de Acción Social se divide en dos partes, que es importante que diferenciemos: por un lado, están los seguros, y, por otro, la acción social.

El gasto derivado de las pólizas de seguro que cubren los riesgos de fallecimiento o invalidez permanente del personal y que se reflejaron en el anexo de gastos en la Sección 08, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad; y el gasto de pago en especies de ayudas a la acción social, que son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado. La finalidad de esta ayuda es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores y las trabajadoras públicas, como pueden ser gafas, guarderías u otro tipo de ayudas que se reflejaron en el anexo de gastos en la Sección 19, Diversas consejerías; una cuantía muy superior a la que establecía la ley de presupuestos del año anterior. El incremento con respecto al 2018 fue, exactamente, 2 500 636 euros, un 37 % más.

La Abogacía del Estado argumenta que este incremento de las cuantías de acción social es contrario a la normativa básica. El artículo 3.2 del Real Decreto Ley 24/2018, del 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, prohíbe el incremento en los gastos de acción social respecto al 2018, en consecuencia, la Ley de Presupuestos de 2019, aprobada en esta Cámara, vulneró la normativa básica. El incremento que decidió el anterior Gobierno de Coalición Canaria fue de 2 500 000 euros, como ya dije, y, qué casualidad, fue año electoral. Ya sé que me van a decir que hay en los presupuestos del 2020, aprobados en esta Cámara y por este Gobierno, la misma cantidad. Por eso hoy es el motivo de solicitar esta comparecencia al Gobierno, para que nos aclare cómo queda la situación del fondo después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor consejero.

Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señor diputado, su solicitud de aclaración de este asunto que parece políticamente plano y quizás sin muchas consecuencias, sin embargo, yo espero que sirva para, sobre todo, las organizaciones sindicales y los propios empleados públicos, para que tengan una información mejor sobre la situación en que se encuentran estas partidas presupuestarias. Lo trataré de explicar en el tiempo que me concede el Reglamento.

Quería hacerle una advertencia: en el 2019 no estaba presupuestado, la Sección 19 no estaba. Una cosa un poco llamativa, para no decir pintoresca, alguna sonrisa subraya esta afirmación que estoy haciendo.

Esta sentencia resuelve un pleito entre la Administración del Estado y la comunidad canaria. La Administración del Estado pretendía anular, como usted ha dicho, el incremento del Fondo de Acción Social y, de manera inesperada, la Abogacía del Estado recurrió la totalidad de la partida, no solo el incremento, sino la totalidad de la partida. La Administración canaria, impulsada por el Gobierno, que no llegó en este asunto a un acuerdo con el Estado, aun sabiendo que era jurídicamente polémico, consideró su obligación política de defender la validez de este incremento, porque es un incremento, aunque modesto, en las retribuciones de los empleados públicos, castigadas y limitadas durante los años anteriores. Así se anunció, además, por mí mismo en una comparecencia inicial y se dijo que se mantendría. Finalmente, el Constitucional decide que estos pagos, estos fondos, tienen el carácter casi de retribuciones y, en cualquier caso, están sometidos a los límites que la Administración del Estado fije en legislación básica.

Nosotros hemos vivido este resultado de una manera un poco contradictoria, nosotros me refiero a la Administración, el Gobierno, la Dirección General de Función Pública, la Dirección General de Patrimonio. Por un lado, se nos priva de una cantidad, dos millones y pico de euros que hubiesen sido distribuidos a los funcionarios, pero, por otro, se consolida el Fondo de Acción Social, su propia existencia, que en otro tiempo podrá aumentarse, y se da tranquilidad, además, sobre las primas de seguros que estaban contratadas sin carácter plurianual. Es decir, no se puede aumentar, pero sí se puede mantener y se consolida la existencia de esta ayuda social, aunque con un importe menor. Y, por lo tanto, el Gobierno lo que decidió es pagarlo. Difícil asunto, pagarlo, porque -está la consejera, exconsejera de Hacienda, aquí detrás (en referencia a la Mesa de la Cámara)- se produce una situación, como digo, interesante, la ley de presupuestos dice se aprueba pagar los gastos que están en el anexo, pero en el anexo no está, no estaba ese dinero presupuestado. Hay un mandato, hemos tenido todo este pleito, pero en el presupuesto no había dinero consignado para pagarlo. Como la convocatoria se había hecho, muchos empleados públicos temieron, por una cosa y por la otra, habían informado no percibir estas cantidades o que no se pagaran las pólizas de seguro. No era el peligro tan grave, porque lo que hemos podido hacer, no sin alguna filigrana presupuestaria, es aplicar los fondos de 2020, que sí está presupuestado, del 2020 sí hay partida en la Sección 20 y en la Sección el 08, la complementaria, para afrontar estos conceptos. Y hemos cogido el dinero de 2020, debidamente autorizados por los organismos de Hacienda, para pagar lo de 2019. Y trataremos de encontrar dinero en algún lado, como hicimos en el verano al llegar al Gobierno, para, considerando los créditos de personal y las retribuciones del personal prioritarias respecto a otros, pagar los de 2020. Se ha tardado mucho en resolver los de 2019, porque, en medio, el Tribunal Constitucional suspendió el precepto y nada podíamos hacer.

A título informativo les digo que se han admitido 12 724 solicitudes, es decir, es un número relativamente elevado, aunque minoritario, de funcionarios, de empleados públicos que la solicitan, de las 14 000 presentadas. En su mayor parte, ayudas de formación y educación, ayudas de estudio, ayudas de guardería, también para prótesis dentarias, oculares y para prótesis de los cónyuges y los hijos.

Lo de 2019, y esto es bueno que yo pueda decirlo, y, sobre todo, que lo sepan los empleados públicos, se pagará con la nómina de abril, o eso esperamos. Y lo de 2020 está en curso la convocatoria, a ver si este año se puede resolver más pronto. Es una valoración compleja, intervienen los sindicatos, pero, al final, creemos que a mitad de año podrán pagarse estos créditos, los correspondientes al año 2020. Y en ese momento convenceremos, espero, al consejero de Hacienda y a la Dirección General para que los funcionarios perciban estas cantidades que, digo, son modestas, pero de algún modo compensan las restricciones y las penas de los años anteriores.

De modo que esta sentencia, por la que usted pregunta, por un lado, limita el crecimiento y, por otro, en cambio, consolida el fondo. Nos quedan algunas tareas: modificar las bases, porque en las bases, por ejemplo, en materia de formación, se hace equivalente la matrícula de una sola asignatura a la matrícula de todas las asignaturas de un curso universitario para producir el derecho a la ayuda, ¿no? Algunas cosas creemos que hay que afinar.

Y, desde luego, lo que tendremos que hacer es presupuestar correctamente. Usted hace una insinuación, que puede ser interesante, es que era un año electoral, quién sabe si alguien pensó, pero la verdad es que había que ser, no solamente astuto, sino casi un punto malvado, para consignarlo en el presupuesto pensando que el Estado lo recurriría y que no había que pagarlo, no habría que pagarlo, y que por eso no era necesario pintar aquí la cantidad correspondiente, pero me parece que a esos excesos no hemos llegado, sino quizá a una torpeza o a unas ganas de decirle a los trabajadores que había mejoras en los presupuestos, con independencia de proporcionar la seguridad de que esas mejoras iban a ser efectivas. Cosa parecida ocurrió con la promesa de que a los 50 años podrían consolidarse los empleos públicos, que no pudo ser consumada porque era visiblemente inconstitucional.

Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señor presidente. Gracias...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Un momento... Sí, sí, vaya acercándose al escaño, Grupo Mixto. Muy bien.

Señor De la Puente, tiene la palabra.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, el 30 de septiembre del 2019 el presidente del Gobierno de España interponía recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 47.1 de la Ley 7/2008, de Presupuestos Generales de esta comunidad autónoma por fijar una cuantía para el fondo social por encima, superior, a lo que permitía el artículo 3.2 del real decreto, concretamente se fijaba, se ha comentado, 9 250 000 euros.

El precepto impugnado establecía ese fondo de acción frente a los 6 750 000 de la Ley de Presupuestos del ejercicio anterior, que había tenido un incremento de 2,5 millones. El Estado fundamentaba, o fundamenta, se fundamentaba dentro de sus competencias exclusivas en establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respetando al mismo tiempo la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Se desprende de ello que dentro de esos límites que puede poner el Estado a la autonomía financiera de las comunidades, está el establecer las medidas de contención del gasto de personal. La norma aprobada en este Parlamento contradice la legislación básica aplicable al efecto y el título competencial del Estado, y así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional. La norma estatal directamente vulnerada, el artículo 3.2 del Real Decreto mencionado, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribución en el ámbito del sector público, básica, y que prohíbe el incremento de los gastos en la acción social.

Finalmente, el Tribunal Constitucional falló estimando el recurso de inconstitucionalidad, en parte declarando inconstitucionales y nulos los... las partes del artículo cuatro... 47.1 de la Ley 7/2018, relativo al exceso respecto al importe del Fondo de Acción Social establecido en la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma, es decir, en cuanto al fondo social constituido en la norma recurrida para el ejercicio 2019 en el exceso. Fin de la historia.

Ahora, lo que yo le pregunto, y usted algo ha adelantado en su primera intervención, aparte de lo obvio, que es acatar lo que dice el Tribunal Constitucional, que no tiene ninguna otra vuelta de hoja, es qué va a hacer el Gobierno en relación a esos compromisos que se han adquirido con los funcionarios, que, de buena fe, los admitieron en su momento, y que ahora pues se ve que, por un tema judicial, lo acordado no puede llevarse a término.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza, tiene la palabra.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Gracias, presidente, buenos días, señor consejero.

Bueno, desde Agrupación Socialista Gomera, evidentemente, también respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, la decisión judicial. Desde nuestra formación política también le íbamos a preguntar, al igual que ha hecho el compañero de Ciudadanos, cuál eran las medidas que iba a adoptar el Gobierno con respecto a los compromisos que se habían asumido por parte... o sea, para los funcionarios. Ya usted ha dado también una explicación de cómo, más o menos, el Gobierno está encaminando, intentando encauzar este tipo de políticas que se van a llevar a cabo, y, por tanto, vamos a esperar a su segunda vuelta para ver de qué manera va este Gobierno a afrontar los compromisos asumidos con los funcionarios, que al final estamos hablando de unos derechos laborales que le pertenecen a todos y cada uno de ellos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ (desde su escaño): Bueno, lo mucho... no hay mucho que añadir a lo que se ha manifestado ya.

Lo que sí me gustaría decir es que hay algunas decisiones judiciales que, aunque independientemente que lo respetemos, son injustas, ¿no? Son injustas con algunos derechos de los trabajadores, de los pueblos y, en fin. Quería manifestar esto claramente porque el compromiso de este Gobierno fue pagar esas ayudas, esas ayudas de funcionarios y trabajadores del sector público, que muchas veces consisten en una pequeña ayuda para gafas para sus hijos, de estudios, que todos hemos pedido en algún momento de nuestras vidas para prótesis, para formación, como también ha indicado el señor consejero. Se ha pasado, se han pasado algunos años duros durante la crisis, y estas ayudas se restringieron, y lo que hizo este Gobierno fue intentar habilitar una partida presupuestaria, es verdad que excede la que se... la que se contemplaba en años anteriores, en nueve millones y pico de euros, pero me parece que es de justicia reconocer que esto es un derecho y, por lo tanto, me parece que, en la medida de lo posible, este Gobierno pues debe de hacer lo posible por cumplir este tipo de objetivos.

Quiero decir también que esta decisión judicial también cuestiona nuestra autonomía, lo que es que en el Estatuto de Autonomía se reconoce, pues, en el artículo 107 -107, punto c)-, las competencias en el desarrollo legislativo en materia de función pública. Me parece que cuestiona.

Por lo tanto, me parece que hay que seguir recurriendo esta decisión y, en la medida de lo posible, restituir, restituir estos derechos adquiridos.

Incluso también se me olvidó decir que lo que también se intentaba pagar y subsanar es la póliza de seguro por fallecimiento y otro tipo de cuestiones, si eso no es de justicia, pues, en fin.

El señor PRESIDENTE: Sí, gracias, señor Déniz.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Don Luis Campos, tiene la palabra.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señor consejero, lo del desacato no vale, entiendo, ¿no? Lo digo de broma, pero es cierto que detrás de este planteamiento lo que en Nueva Canarias entendemos y hemos criticado durante muchos años fueron muchas de las medidas que se tomaron en su momento, en momentos duros, de crisis, que impactaron de manera fundamental en distintos colectivos, por supuesto, el peor de todos, los más desfavorecidos, los que peores condiciones tenían, los que menos tenían.

Pero hubo un colectivo que también fue especialmente castigado, y fue el de los funcionarios públicos, entre otras cuestiones porque era el que tenía más a mano y más capacidad de regulación de manera inmediata cualquier gobierno, el Gobierno del Estado, y, a través de él, las medidas que se fueron imponiendo a comunidades autónomas y a los distintos ayuntamientos, medidas de limitación, descuento del 5 % del salario en aquel momento, y esta, precisamente, esta fue también otra de las consecuencias de esas medidas de crisis, que entre los que no fueron responsables en las condiciones que se generaron, pues, tuvieron que ayudar a sufragar, curiosamente, a algunos que ahora, por ejemplo, entidades financieras, con todo el apoyo que se les ha dado, cobra a las mismas instituciones públicas que con sus fondos, sus recursos, pues, contribuyeron a sacarlas adelante.

Evidentemente toca acatar esta sentencia, es algo que no es nuevo. Algunos que venimos de los ayuntamientos o de las instituciones locales durante años hemos intentando, de la mano de los propios sindicatos, de la mano de los trabajadores públicos, hemos intentando ir restituyendo poco a poco algunas de las medidas, y nos hemos ido chocando, de manera casi constante, con función pública o, incluso, con sentencias de este tipo, dejando en una situación controvertida a los trabajadores que, de alguna forma, empezaron a cobrar esas ayudas, este caso concreto del que hoy hablamos y, al final, obligar a la propia Administración a buscar acuerdos de restitución, evidentemente pactando los tiempos para que se pudieran hacer de una forma que supusiera el menor problema, el menor quebranto económico al bolsillo familiar.

Nosotros entendemos que es una cuestión que hay que acatar, eso no lo vamos a discutir, pero sí nos gustaría que desde este Gobierno, también desde este Parlamento, en ese sentido, anunciamos también la presentación de una proposición no de ley, sigamos instando a que aquellas medidas que, aunque fuimos críticos podíamos llegar a entender en un contexto profundamente difícil, duro, se sigan manteniendo muchísimos años después. Entendemos que poco a poco hay que ir flexibilizando, hay que ir volviendo a recuperar ayudas dirigidas a colectivos de trabajadores y trabajadoras, ayudas sociales con un claro objetivo y que mejoraba, pues, las condiciones sociales, laborales, económicas, personales, de la mayoría de ellos.

Por tanto, creo que el Gobierno a lo que sí que no debe renunciar es a seguir trabajando para que se vayan restituyendo y, eso sí, alegrarnos que al menos garanticen lo que ya... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Luis.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ (desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Efectivamente, no me quiero repetir en lo que se ha dicho hoy en este salón de plenos, nos encontramos ante una sentencia del Tribunal Constitucional -y, por supuesto, el máximo respeto y acatamiento a esa sentencia-, y esa sentencia versa, pues, sobre la inconstitucionalidad del artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para el año 2019, pero es verdad que el diputado que ha pedido esta comparecencia ha hecho referencia y ha dicho "van a decir por qué traigo esta comparecencia, cuando es la misma cantidad". Eso se lo dije yo hace poco en los pasillos, entendiendo, entendiendo, efectivamente, que no entendía muy bien cómo en los presupuestos del año 2019 venía la cantidad de nueve millones y pico y en los presupuestos del año 2020 venía exactamente la misma cantidad.

Evidentemente, entendemos desde mi formación política que ha sido bastante oportuna, sobre todo para que venga el consejero y explique de qué manera, pues, se van a satisfacer esos fondos a todos los funcionarios que han presentado las reclamaciones.

Usted ha comentado que en el mes de abril se van a ser efectivas, ya, en la nómina del mes de abril, el abono de ese fondo social relativo al 2019 y, entiendo, o cree que en el mes de junio se hará efectivo las del año 2020. Esperaremos y estaremos atentos a que se cumpla, porque, efectivamente, creemos que son unos derechos de los funcionarios y que no se pueden mermar bajo ningún concepto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero.

Después de varios años de restricciones impuestas, el anterior Gobierno comenzó la recuperación paulatina de los derechos de los empleados públicos y se recuperó el Fondo de Acción Social que, para el año 2018, era algo más de seis millones setecientos cincuenta mil euros. En el 2019 se dio un salto y se asciende a 9 000 250. Y el Estado lo recurre porque alega que se incumple un real decreto estatal y, mire, no compartimos ninguna de las insinuaciones que plantean, porque las ayudas de acción social están pactadas en un porcentaje concreto de la masa salarial, por lo tanto, el Gobierno no hace una medida electoralista puntual, lo tiene negociado previamente con los sindicatos. Y actualmente está muy por debajo de ese porcentaje de la masa salarial.

Coalición Canaria intentó ser valiente incrementando ese fondo y ser justo con los empleados públicos, pero el Gobierno socialista ha bloqueado esa posibilidad, porque lo bloqueó el Gobierno de España, el Gobierno socialista, que podía no haberlo hecho. Y, mire, se lo dije al consejero en la comparecencia el 29 de octubre porque ese real decreto no estaba vigente cuando en este Parlamento se aprobó la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, ni el Gobierno cuando la mandó ni este Parlamento cuando la aprobó tenía la obligación de cumplir con un real decreto estatal que no existía, que no existía. Esta ley el Gobierno debió defenderla y, desde luego, un poquito retorcidillo sí que es usted cuando dice que este Gobierno no lo consigna porque sabía que iban a recurrir y la iban a declarar inconstitucional cuando el real decreto ni siquiera existía, ni siquiera existía. Por tanto, yo le digo, ¿y ustedes no fueron retorcidillos cuando no enmendaron la Ley de Presupuestos?, ¿ninguna enmienda a la Ley de Presupuestos? ¿Qué fueron, retorcidos, electoralistas, oportunistas?

Mire, en la Ley de Presupuestos se establece el importe del fondo y se establece que la Sección 08 se destina lo de los seguros y, en la Sección 19, lo de diversas consejerías, los créditos para las ayudas de acción social. Y es la Dirección General de Función Pública, la Sección 19 es una bolsa y, ahí, la Dirección General de Función Pública tiene, de esa bolsa, establecer esas ayudas. Por lo tanto, los créditos sí existían, estaban consignados y la ley no vulneraba en ese momento ninguna norma estatal, no era inconstitucional. Por lo tanto, quien ha puesto... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Sí, gracias, señora Beato.

Turno para el grupo proponente.

El señor MARTÍNEZ ÁLVAREZ: Ya lo dije en mi primera intervención y lo vuelvo a reiterar: el año 2019 era año electoral y Coalición Canaria quiso hacer la campaña seis meses antes, incrementando 2,5 millones, más, para las ayudas de la acción social. Y la primera acción de esa campaña fue en noviembre del 2018, que repartieron los 3 millones de 2017 destinados a ayuda social a todos los trabajadores y las trabajadoras sin tener en cuenta las necesidades de cada uno. El único criterio que utilizaron fue la categoría de los trabajadores y trabajadoras. Las cuantías dadas fueron 68 euros a los trabajadores y trabajadoras de menos ingresos y 28 euros a los grupos A1, y no lo digo yo, lo dice el Boletín Oficial de Canarias, número 218, del 12 de noviembre de 2018. ¿Y por qué fue así? Porque estaban a final de año y no habían gestionado las ayudas y había que gastarlas ese año porque si no se perdían. En definitiva, café para todos.

La otra acción de campaña fue el aumentar la cantidad de los 2,5 millones mencionados, pero se olvidaron de un simple detalle -como ya dijo el consejero-: pusieron en el articulado de la ley las partidas, pero no en los estados financieros, no aparecía en los estados financieros; lo escribieron, pero se olvidaron de poner los números.

¿O es que la estrategia era solo ponerlo en el articulado para seguir con la confrontación, tal como ha dicho usted hoy señora Beato, permanente del anterior Gobierno del Estado y no para realmente ayudar a las trabajadoras y los trabajadores públicos? Y decir y dejar esa responsabilidad de ese error en los presupuestos en que los partidos de la Oposición... Permítame, señor Barragán, que estoy interviniendo, por favor. Sí, pero me está interrumpiendo (palmoteos desde los escaños del GP Socialista Canario). Y permítame que decir y dejar esa responsabilidad a la Oposición de no haber presentado enmiendas creo que es responsabilidad del Gobierno y no de la Oposición.

Nosotros no queremos hacer campaña, nosotros queremos que haya un fondo de acción social suficiente para ayudar a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores públicos, y en los presupuestos del 2020 sí hemos puesto las mismas cantidades en el articulado y en los estados financieros.

Por lo tanto, espero, señor consejero, que busque las soluciones oportunas para garantizar estas ayudas necesarias y que vienen de un periodo de crisis donde no han recibido... muy poca cantidad los trabajadores y trabajadoras públicos y busque una solución a este problema, creado por el anterior Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Adelante, señor consejero.

Perdón. Señorías.

Gracias, señorías.

Consejero.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente. Señorías.

Trato de contestar a las preguntas, a las insinuaciones e incluso a las descalificaciones y también a la sonrisa del señor Barragán si puedo.

Ciudadanos pregunta qué va a hacer el Gobierno para pagar el 2020, entiendo; lo mismo pregunta ASG, cómo vamos a pagar; el diputado señor Déniz hace una reflexión que a mí me parece, quizás, de un alcance político importante, igual que don Luis Campos, acerca del fondo, del contenido material de la sentencia y lo que estamos discutiendo; y el Partido Popular pregunta por qué se presupuestó en el año 2020 la misma cantidad. Coalición Canaria dice que hay que ser valiente, bueno, lo intentamos, ser valientes, que el Gobierno debió defender la ley, la ha defendido señora Beato. Cuando usted dice que el Gobierno debió defender la ley, ¿qué quiere decir? No sé si tiene algún trámite de réplica o no, pero si puede luego me lo dice porque nosotros la hemos defendido, la hemos defendido, el Parlamento de Canarias y el Gobierno. Usted dice "el Gobierno debió defender la ley", son cosas que yo le oigo y que no sé replicarle porque no las entiendo, a lo mejor se debe todo, como le he dicho otras veces, a mi ignorancia.

Y usted dice que la Ley de Presupuestos no tenía que cumplir el decreto ley porque no estaba o no existía. La Ley de Presupuestos es del 28 de diciembre y el decreto ley es de 21 de diciembre. ¿No? Bueno, ¿apostamos algo? Bueno, ¿qué quieres que apostemos?, ¿cuánto...?

Yo creo que aquí hay una deficiencia de técnica legislativa, no es la única, una deficiencia de técnica presupuestaria, en las cuales se amparan unas promesas que se hacen a los empleados públicos, que generan en ellos unas expectativas, quizá no exactamente unos derechos, como han dicho algunos intervinientes.

El Gobierno, pese a lo que dice la señora Beato, defendió la ley, la defendió con los argumentos que tuvo: uno de ellos, el que ha manifestado el señor Déniz, y, otro, el que ha manifestado el señor Campos. Uno de ellos es: nuestras competencias estatutarias nos permiten, por el título competencial de acción social, aumentar indirectamente las retribuciones de los funcionarios. El Tribunal Constitucional ha dicho que no. Yo creo que la señora Beato debe escribirle una carta, yo le digo quién es el ponente, al Tribunal Constitucional diciendo que usted está... que, vamos, que están equivocados. Si usted me lo dice, yo, la verdad, créame que si nos ayuda a ganar pleitos para que los funcionarios ganen más nosotros estaremos encantados de recibir su solicitud.

En fondo de este asunto, creo que contesto a las preguntas que ustedes me hacen, me falta la de los nueve millones, por qué se ha presupuestado. ¿Qué hará el Gobierno? Buscar el dinero como buscamos el de las nóminas de los profesores y de los médicos, que ustedes le subieron el sueldo indirectamente, pero no lo pintaron en los presupuestos ni en la Sección 19 ni en ninguna otra, y encontramos la manera de pagar esas cantidades, porque lo que no queríamos hacer es dejar de pagarles. Lo mismo haremos aquí: buscar el dinero que ustedes no consignaron en la Sección 19, digan lo que digan y sonrían lo que sonrían, aquí no está o yo no lo veo, luego usted si quiere... El otro día le ofrecí un documento sobre la estructura del Gobierno, me dijo que no le hacía falta, quizá este tampoco, pero, bueno, si le es útil yo se lo ofrezco.

Detrás de esto hay dos problemas políticos de fondo: uno, planteado en toda España, y es el de la capacidad de las comunidades autónomas para influir sobre las retribuciones de su personal. Hemos visto hace unos días las manifestaciones de policías y de guardias civiles quejándose de las retribuciones inferiores que perciben en comparación con los Mossos d'Escuadra, por ejemplo.

¿Pueden las comunidades autónomas tener una política retributiva propia?, ¿deben tenerla?, ¿o esa es una competencia estatal amparada en el artículo 149.1 y otros de la Constitución? ¿Pueden las comunidades autónomas, por el título de acción social, mejorar las ayudas para las guarderías, para las prótesis, para estas cantidades que, siendo modestas, son una ayuda? El Tribunal Constitucional ha dicho que no. Seguramente es injusto o es un desacato, pero es el tribunal que tenemos para resolver estos conflictos. ¿Qué haremos nosotros? Adaptarnos.

En el año 2020, en el momento en el que presupuestamos, estábamos sosteniendo, a pesar de lo que dice la señora Beato, estábamos defendiendo la validez de la ley, y nuestros actos... Usted ha ejercido, ¿no?, no sé si ha ejercido su condición de abogado, de letrada (dirigiéndose a la señora Beato Castellano)... Lo que no podíamos hacer es generar una manifestación pública contraria a nuestras tesis en el litigio. Si entendíamos que 9 millones era legal y correcto, lo legal y correcto -y eso hicimos- es presupuestar 9 millones. Porque hubiera bastado con presupuestar menos para que el abogado del Estado dijera "pero hombre, si usted mismo lo reconoce que se equivocó". Por eso lo presupuestamos. Pero lo dije aquí y en la comisión, y se lo dije a los sindicatos en la primera reunión: el Gobierno va a tratar de defender esta ley y va a tratar de conseguir que se mantenga.

¿Sobre qué debemos reflexionar?, y termino, con la venia del presidente y de todos ustedes: primero, sobre la técnica legislativa; yo creo que la debemos mejorar, legislativa, presupuestaria.

Segundo, sobre las promesas a los trabajadores públicos, dos promesas en las que creyeron: los mayores de 50 años entrarían directamente en un proceso de consolidación y de estabilización sin... nada más que con una fase de concurso. No tiene el más mínimo recorrido legal ni constitucional. Sí, usted me dice que sí ahora (ante las manifestaciones desde los escaños), pero la realidad es que se les dijo a los trabajadores "miren, la ley prevé que se van a quedar", eso he leído yo, a lo mejor me equivoco en eso también; "les vamos a subir la acción social", mal, porque hay un decreto ley, digan ustedes lo que digan, que lo prohíbe.

Mejorar la técnica legislativa. Mejorar las retribuciones, ir al fondo del asunto; nuestros empleados públicos ganan poco en los distintos cuerpos y categorías, especialmente en los cuerpos más bajos, y quienes han tenido responsabilidades en esta materia lo saben especialmente.

Y profundizar en nuestra autonomía, encontrar títulos competenciales que...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

¿Sí, señora Beato?

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Solicito la palabra por contradicciones del señor consejero.

El señor PRESIDENTE: ¿Por?, perdón.

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Por contradicciones del señor consejero.

El señor PRESIDENTE: ¿Qué contradicciones son esas?

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Pues la contradicción del señor consejero respecto a la no defensa y a los argumentos de que la ley sí vulneraba el real decreto estatal.

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señor consejero, mire, este argumento se lo planteé yo el 29 de octubre en una comparecencia, y el Gobierno lo asumió, esta es la sentencia (mostrando un documento a la Cámara). Hicieron alegaciones el 18 de noviembre y la sentencia dice que el Gobierno alega que, vulnerando el principio de lealtad institucional, se refiere al hecho de que la Ley de Presupuestos de Canarias se aprobó en el Parlamento el 20 de diciembre del 2018 y el real decreto del 24 se publicó en el Boletín Oficial del Estado hasta el 27 de diciembre, entrando en vigor el 28 de diciembre, de modo que el Parlamento de Canarias aprobó el precepto recurrido sin conocimiento de la medida presupuestaria promovida por el Estado, y que ahora se basa el recurso de inconstitucionalidad. Luego, señor consejero, se lo dije yo y lo dijo usted, y se lo dijo usted al Estado, y debió defenderlo antes en la comisión bilateral, y quizás ese recurso no hubiera llegado al Tribunal Constitucional.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beato.

Señor consejero. Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández) (desde su escaño): (Sin micrófono)... oficio de abogado. Los abogados, incluso los del Gobierno, usan todos los argumentos que tienen, incluso aquellos que saben que a lo mejor no es verdad. Yo lo he hecho, y si usted alguna vez me encarga un asunto, que yo no sé si volveré a ejercer, no sé si me importará mucho cuáles son sus argumentos, los usaré todos, incluso aquellos que, como ese, sé que no son del todo sólidos. Porque eso es un alegato de nuestro abogado, defendiendo la ley, señora, que es lo que hemos hecho. No sé qué más quiere usted que hagamos; ir allí, sentarme con una pancarta que diga "vengo de parte de la señora Beato, que es quien sabe de este asunto". Nosotros lo hemos defendido y no nos han dado la razón, en parte, en parte, y en otra parte se la han quitado a usted, que es la que trajo esos presupuestos aquí y los presentó, y aquella señora que está por ahí que es la consejera de Hacienda que los preparó. Pero nosotros lo que hemos hecho es defenderlo, tratar... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, señor consejero. Gracias, señor consejero.

Suspendemos la sesión plenaria hasta las cuatro de la tarde.

(Se suspende la sesión a las catorce horas).

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y ocho minutos).

El señor PRESIDENTE: Sí, señorías, buenas tardes.

Vamos a reanudar la sesión plenaria.

Vayan ocupando, por favor, señorías, sus escaños. Vamos a esperar un minutito a que se incorpore la... ¡ah!, está todo el mundo incorporado. Bien.

Ocupen sus escaños, señorías. Gracias.