Diario de Sesiones 28/2020, de fecha 10/3/2020
Punto 26

10L/C/P-0298 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD, SOBRE EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICOS DE MENORES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA EN CANARIAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO.

El señor PRESIDENTE: Bien, señorías, vamos a reanudar la sesión plenaria con la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sobre el acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta en Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra don Mauricio Roque.

Adelante, señor diputado.

El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora consejera.

Han pasado casi cinco años desde que se estableció la regulación del ingreso de centros de protección específicos para los niños y las niñas con problemas de conducta. Estos centros tienen como elemento, características y principios relativos a la protección de su interés superior los siguientes: se asegura el respeto completo y efectivo de todos sus derechos, así como a su desarrollo integral, máxime estando prevista la restricción de libertades y derechos fundamentales; se evalúan sus mejores intereses para adoptar la medida de ingreso; se informa, se oye y se escucha a la niña o al niño; se refuerza la tutela judicial efectiva de las niñas y los niños, introduciendo la posibilidad de solicitar asistencia legal y nombramiento de un defensor judicial; se somete a los centros a estándares internacionales de control de calidad; se destinan al acogimiento residencial de los niños y las niñas que estén en situación de guarda o tutela (ininteligible) entidad pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y de los derechos de terceros cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y determinado por una valoración psicosocial especializada; se realiza el ingreso exclusivamente cuando no sea posible otro tipo de intervención a través de las medidas de protección.

En el caso de los niños y las niñas con discapacidad se continúa con los apoyos especializados que vinieran recibiendo o se adoptarán otros más adecuados, incorporando, en todo caso, medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se lleven a cabo.

Se legitima a la entidad pública que ostente la tutela o la guarda de una niña o un niño y al Ministerio Fiscal para solicitar la autorización judicial para el ingreso; se precisa autorización judicial de los jueces de familia, en los casos que existan jueces de familia y, si no, a los jueces ordinarios de primera instancia, o bien la autorización judicial o bien la ratificación en los casos de urgencia.

Se prohíbe expresamente el ingreso en estos centros de los niños y las niñas que presenten enfermedades o trastornos mentales que requieran otro tipo de tratamiento específico por parte de los servicios competentes en materia de salud o de atención a las personas y a la discapacidad.

Se aplicará el internamiento breve; los niños y las niñas permanecerán en el centro... no permanecerán en el centro más tiempo que el estrictamente necesario para atender a sus necesidades específicas.

Se puede aplicar a los niños y a las niñas medidas de seguridad, de contención, de aislamiento, de registros personales y materiales. No se puede concebir estos centros como instrumentos de defensa social frente a los menores conflictivos, y tendrán que recibir en estos centros el apoyo educativo y psicoterapéutico para superar los trastornos psicosociales de origen.

Así, atendiendo a que en Canarias solo hay un centro que cumple con estas funciones, con necesidades en su inicio de adaptación a estos aspectos legales, es necesaria la comparecencia de la señora consejera para conocer la situación actual en cuanto... desde las perspectivas funcional y material del mismo, así como conocer los proyectos del Gobierno respecto a la creación de nuevos centros de estas características dado el número cada vez más elevado de situaciones muy conflictivas derivadas de los problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de violencia filio parental y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental.

En el acogimiento residencial en Canarias existe entre un 30 y un 70% de casos en los que se encuentran en un rango clínico que les hace susceptibles de recibir atención terapéutica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor diputado.

Turno para el Gobierno, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Muy buenas tardes, señoras y señores diputados.

Pues, en respuesta a la intervención, el Gobierno de Canarias, a día de hoy, cuenta con un centro especializado en el tratamiento de menores con trastornos de conducta. El centro de ubica en Las Palmas de Gran Canaria, en un edificio que está anexo al Hospital Juan Carlos I y que viene funcionando ya desde el año 2008. Este centro está integrado en el sistema de menores del Gobierno de Canarias, de la consejería, y tiene capacidad para unos catorce menores, siendo un servicio que tendría carácter regional, es decir, para la atención de los menores de todo el archipiélago. Es un servicio de atención a menores en régimen de acogimiento residencial, que tengan cualquier medida de protección determinada por la dirección de la consejería, por la Dirección de Protección a la Infancia y a la Familia. Estos menores lo que requieren es un tratamiento terapéutico, que normalmente suele darse durante un tiempo concreto y determinado y en función de un diagnóstico previo, y tiene como, le decía antes, un carácter temporal, puesto que nosotros fijamos que esa residencia va a ser hasta que desaparezcan esas alteraciones de conducta que motivaron el ingreso y se hayan satisfechos, pues, los objetivos tanto clínicos como educativos.

El acogimiento residencial de estos niños y estas niñas se realiza, concretamente, en dos fases. La primera, que se desarrolla en el centro de atención de menores con problemas de trastornos y de conducta, y que se realiza en atención residencial y con la intervención terapéutica por parte de un excelente equipo de profesionales, todo sea dicho, y en este punto es importante remarcar que se realiza cuando no queda ninguna otra alternativa y siempre con carácter educativo, que es bueno señalarlo.

La segunda fase es cuando se inicia el llamado piso de tránsito, un recurso convivencial para estos menores, que, tras recibir su alta en el centro regional, pueden contar con un espacio residencial normalizado y que fomente de nuevo su integración en la sociedad, naturalizándolo. Este recurso está fuera de las dependencias del centro regional y está por una zona del centro de Las Palmas, no vamos a decir concretamente dónde, pero está en el centro de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre los requisitos y condiciones de los menores para ocupar estas plazas, yo creo que ya usted los ha expuesto muy bien, así que seguiré adentrándome más en cuál es la función que está teniendo la consejería. Para ello les voy a dar algunos datos sobre el servicio. En la actualidad, los datos son los siguientes: se encuentran ocupadas 13 de las plazas del servicio de internamiento -de forma general, la ocupación de este centro suele ser del 100% de su capacidad-, y la ocupación del piso de tránsito ahora mismo es de 4 plazas. Estos menores -que llegan en el cien por cien de los casos derivados por la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia-, pues, vienen también a través de su correspondiente autorización judicial de ingreso por vía urgente y en cumplimiento, por supuesto, de la ley. Cada menor cuenta con un tratamiento individualizado, es decir, se les atiende de forma personal y exclusiva, y el plazo máximo de estancia de los menores en el recurso no va más allá de doce meses, aunque hay una revisión mensualmente para ellos y para ellas.

Sobre el funcionamiento del servicio, la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia supervisa el buen funcionamiento del mismo y la adecuación al pliego del contrato, para lo cual, hacer ese seguimiento, esa fiscalización, se hacen visitas constantemente, indagaciones y contactos, tanto a los menores como al personal del centro, y siempre, por supuesto, esta fiscalización se hace bajo el control y la supervisión que se ha marcado el servicio.

El Gobierno de Canarias, además, cuenta con otros dos centros especializados, específicos, para menores con discapacidad leve, moderada o severa, y que puedan tener también ligados algunos problemas de conducta.

A 1 de enero de 2019 estos dos recursos de discapacidad leve, moderada o severa se adjudicaron, a través de contrato, uno de ellos a Hermanos de la Cruz Blanca, en Santa Cruz de Tenerife, que tiene catorce plazas, y uno a Quorum, en Las Palmas de Gran Canaria y que consta de catorce plazas. La derivación de estos recursos es la misma que se usa para los hogares de protección, sin necesidad de autorización judicial, como sí se requiere en el otro centro.

Y esta es la situación en la que se encuentra, a día de hoy, este servicio dentro de la consejería. Es verdad que hay perspectivas de poder abrir otros centros para aumentar nuestra capacidad, pero, a día de hoy, estos son los recursos con los que contamos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

Turno para el Grupo Mixto, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente. Señorías.

En Canarias tenemos en torno a unos mil setecientos cincuenta y seis menores tutelados, según los últimos datos, la consejera lo podrá confirmar, la mayoría está en régimen residencial, en un hogar de acogida, y esta debe ser siempre la primera opción, y el centro, como también ha explicado el diputado que ha solicitado la comparecencia, es solo para casos en los que hay que normalizar la conducta y lograr luego la integración familiar y social de estos jóvenes. Por tanto, esos centros deben ofrecer tanto al menor como a la familia una atención especializada, una atención psicológica de trabajo social y educativo, incluso, también, apoyo psiquiátrico en el caso de que sea necesario. Son jóvenes con problemas de comportamiento, puede deberse a consumo de drogas, a comportamientos agresivos, pero no debemos olvidar que son también menores y, por tanto, son personas vulnerables. Muchísimas veces se pone el foco en los problemas que generan estos jóvenes, pero no se pone el foco en que son menores y, por tanto, vulnerables.

Y digo esto porque la pasada Nochebuena una chica de 13 años en Palma de Mallorca, de un centro de acogida de menores, fue agredida sexualmente por, supuestamente, seis adolescentes y también un mayor de edad. Este suceso ha destapado todo un escándalo de niñas que son prostituidas y sufren explotación sexual, a veces, incluso, arrastradas por compañeros. De hecho, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales ha reconocido que le constan dieciséis casos de explotación sexual en menores de sus centros en los últimos años.

A esto se suma también el caso de la Comunidad Valenciana en el que ha sido condenado un educador de un centro de acogida, y lo más grave de este caso es que permaneció trabajando en el centro durante dos años a pesar de la denuncia de la menor.

Nos parece grave que tanto el Partido Socialista como Podemos hayan votado en contra de crear una comisión de investigación en el Congreso para conocer la gravedad de estos casos y actuar en consecuencia, tomando las medidas necesarias.

Pero no nos olvidemos de Canarias, porque en Canarias también ha habido. Existe un caso de menores tuteladas que han sido víctimas de una red de prostitución en la isla de Gran Canaria. En concreto, la policía asegura que cuatro de las diez integrantes de una red de prostitución residían en centros de menores del Gobierno de Canarias. Es un caso que se destapó en el año 2017 y que a día de hoy nada sabemos de ello. El Gobierno puede darnos más información porque está personado en esa causa: ¿qué va a pasar con los responsables? ¿Cómo está la instrucción judicial ¿Va a haber juicio? ¿Qué nos tiene que decir el Gobierno de Canarias sobre este caso y qué medidas se han tomado para que esto no vuelva a suceder?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Como ya usted ha dicho, en Canarias contamos con un solo centro especializado en el tratamiento de menores con trastorno de conducta, concretamente en la isla de Gran Canaria, y que tiene una capacidad de 14 plazas.

Nosotros queríamos preguntarle si la consejería barajaba la posibilidad de ampliar este tipo de centros a otras islas. Ya usted en su primera intervención ha anunciado que la intención de su consejería es ampliar o crear este tipo de centros en distintas islas.

Es importante porque yo creo que los menores puedan recibir este tipo de asesoramientos cerca de su zona de residencia creo que es fundamental para la evolución de todos esos menores. Se lo digo también porque según los datos del informe de la situación de la infancia y la familia en Canarias, tras un estudio que se realizó en los años 2013-2016, que se realizó en la isla de Tenerife, se verificó que el 48,7 % de los menores recibía algún tipo de tratamiento de salud mental, y que un 72 % era en rango clínico y un 64 % recibía tratamiento terapéutico, siendo el porcentaje de casos de rango clínico en Canarias 10 puntos superior a la media nacional.

Señora consejera, me gustaría saber qué problemas de conducta también son los más habituales en este tipo de menores y cuál es el grado de eficacia una vez se le ponen todos los recursos a disposición.

También la estancia del menor en ese centro, por ley, no debe de superar los doce meses, aunque también la norma dice que es revisable mensualmente por la supervisión de la dirección general. Quiero conocer si este periodo de tiempo en la mayoría de los casos es suficiente para lograr la reintegración social y qué evaluación se hace al respecto, o si, muchos de estos menores, la estancia es superior a los doce meses que marca la normativa.

También existen otros dos centros específicos en Canarias para menores con discapacidad leve, moderada o severa, y que pueden tener problemas de conducta. Ambos también gestionados por asociaciones y que cuentan con una capacidad, también, de 14 plazas. Nos gustaría también que nos informara sobre la evaluación de este tipo de centros que comenzó su andadura en el año 2019.

También concluyo recordándole que para que el sistema sea realmente efectivo debemos de insistir en que haya una buena coordinación entre todas las instituciones implicadas. Hablo desde el sistema de salud mental infantojuvenil, el sistema educativo, la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, la fiscalía, los juzgados de menores, así también como las relaciones con los ayuntamientos y los cabildos para poder crear y mantener estos centros, programas y servicios, que son fundamentales para la recuperación... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Yo tengo la impresión de que quizás este debate era para tenerlo en otro entorno, quizás diferente del pleno, quizás en una comisión, quizás en una comisión más específica, donde podamos discutir de manera sosegada sobre todas las, digamos, las variables que están afectando a esta cuestión, porque no es simple, y mucho menos pretender agotarla en una intervención de tres minutos o de dos minutos.

Yo creo que a veces se habla demasiado de las consecuencias, es decir, el carácter de estos chicos y chicas, los problemas de conducta, los problemas mentales, y a veces se incide poco, no solamente en qué es lo que origina este tipo de situaciones, que hay problemas individuales y hay problemas mentales, efectivamente, pero también hay problemas sociales que además se cronifican, terminan cronificando en ámbitos donde la pobreza campa a sus anchas, porque digamos que ahí tenemos un factor principal. Tampoco hay tiempo aquí para analizar qué es lo que esta sociedad está generando, el tipo de respuesta que está generando. Es una sociedad que genera mucha competitividad, desvertebra los vínculos tradicionales de las comunidades tradicionales, rompe el colchón de amortiguamiento de solución de determinados problemas en una sociedad poco cohesionada y genera bastante insatisfacción. En general, una sociedad muy competitiva.

Cuando este capitalismo salvaje, esta sociedad se desreguló allá en los años setenta, ochenta de manera total, muchos advertimos entonces que los efectos iban a ser bastante perniciosos. Hoy, señorías, estamos hablando de cambio climático, de un montón de problemas que aquí se han señalado. Todo esto son efectos... a efectos de aquella desregulación de los años setenta, aquellos ochenta, que dejamos al capitalismo campar a sus anchas. Efectivamente, el mercado y esta sociedad de mercado no solucionan los graves problemas que está generando, entonces, las instituciones tenemos que, efectivamente, intervenir en estas situaciones. ¿Que son pocos recursos? Son pocos recursos. ¿Deberíamos tener más? Sí, deberíamos tener más, pero también es verdad que deberíamos atender a qué es lo que está originando este tipo de problemas. Entonces, aquí hay un problema de paro cronificado, un problema de (ininteligible) de miseria, hay un problema de falta de educación, de, en fin, falta de relevancia de la educación en los procesos productivos y esto es una sociedad que está botando, está expulsando a gente del sistema.

Entonces, el problema es qué respuesta estamos dando. Yo creo que también es una sociedad que está generando intentos de responder a estas situaciones, que son muy graves, porque aquí se ha hablado también en el Parlamento de acoso filio parental, de acoso de hijos e hijas a los padres, es un problema muy serio, hay padres y madres que lo que quieren es quitarse de encima a problemas, a sus hijos, cuando esto ya se alarga en el tiempo. Entonces, es un problema bastante serio. Me parece que quizás, quizás, debería haber otro escenario, donde, con expertos también y el apoyo de gente preparada y gente que está formada ahí, debatamos más sobre esta cuestión. Porque es un problema que, además, como indican esos datos, a Canarias nos afecta especialmente, somos una sociedad muy desvertebrada, poco cohesionada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Déniz.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

Doña Carmen Rosa Hernández, tiene la palabra.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): Buenas tardes.

Bueno, a mí me gustaría... estamos hablando de centros de protección específica para menores con problemas de conducta. Hablamos de jóvenes que están ingresados en centros de acogimiento residencial por tener graves problemas de conducta, de inadaptación familiar y social, vinculados muchas veces a trastornos de conducta o, incluso, a patologías psiquiátricas. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el interés del menor debe estar por encima de cualquier otra cuestión, estoy totalmente de acuerdo con el compañero diputado que acaba de hablar de la necesidad de ir al origen, porque, efectivamente, cuando el menor pasa a tutela de la Administración es porque previamente ha habido todo un recorrido familiar y de otra índole que no ha podido abordar estar realidad, que, muchas veces, a los padres les desborda.

Es una protección, el interés superior del menor, que tiene amplio aval de nuestro marco jurídico, que requiere un esfuerzo de las administraciones para poder garantizar el tratamiento del menor, tanto el tratamiento terapéutico, psicopedagógico, como el tratamiento psiquiátrico cuando lo requiera.

Yo creo que hay dos cuestiones que me gustaría trasladar. Por una parte, creo que es un asunto que requiere de escuchar a los especialistas en la materia, es un asunto tremendamente especializado en cuanto a cómo abordarlo, y, por otro lado, entiendo que esas 14 plazas de las que hablamos son claramente insuficientes, porque es difícil entender que estemos dando respuesta a toda la realidad con 14 plazas, sobre todo, por ejemplo, cuando las estadísticas que aporta la fiscalía en cuanto al aumento de la violencia filio parental ya nos está apuntando que esos trastornos de conducta, que acaban, además, con expresiones violentas en el ámbito familiar, no se reducen, sino que la sociedad que estamos creando entre todos hace que aumenten.

Por tanto, mi pregunta es, si el Gobierno, escuchando a los especialistas, escuchando a los expertos en esta materia, tiene planificado aumentar el número de plazas, es decir, ir implementando un plan para generar más plazas y, en este sentido, escuchar y asesorarse con los especialistas en esta materia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Popular.

El señor SUÁREZ NUEZ: Gracias, señor presidente.

Como todos sabemos, los centros educativos para la ejecución de medidas de protección de menores en guarda o tutela buscan promover el pleno desarrollo de la personalidad de los menores y su integración social, garantizando las condiciones para el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce. En Canarias, si los datos no han cambiado mucho, estamos en torno a que hay mil ochocientos menores de los que, aproximadamente, seiscientos sesenta se encuentran en régimen de acogimiento familiar y, de ellos, casi dos centenares en familia ajena. Dentro de estos casos también hay menores con medidas de protección y declarados en desamparo, con trastornos de conducta o problemas de comportamiento. Según diversos estudios, estos menores, como consecuencia de su grave inadaptación al entorno familiar y educativo en el que se desarrollan, pueden llegar a provocarse daño a sí mismos o causar perjuicios a terceros.

Por esta razón, las leyes autonómicas, cuando contemplan estas situaciones de dificultad, utilizan expresiones muy diversas, tales como menores en conflicto, con conducta de alto riesgo social o con problemas de conducta o con conductas inadaptadas. Es más, en muchos casos estos adolescentes padecen, además, trastornos psíquicos, por lo que estos centros constituyen espacios donde se atiende a menores, promoviendo el desarrollo integral de las diversas dimensiones como personas, combinando la calidad técnica y la calidad, la calidez, perdón, humana.

Es, por tanto, un entorno convivencial y formativo en el que se garantizan, por un lado, unos recursos profesionales y materiales suficientes y adecuados, por otro, una calidez que posibilite relaciones afectivas inspiradas en los estilos y características de una familia normalizada.

Para atender a estos menores ya hemos hablado de los centros de los que dispone el Gobierno de Canarias, el Centro Residencial Juan Carlos I, o el Centro Hermanos de la Cruz Blanca. Por tanto, nadie puede dudar del valor que tienen estos centros, no solo para los menores, sino también para su familia.

Miren, aquí tendríamos que hablar de crear programas, de crear programas y potenciar los existentes, tales como los programas específicos de atención a la diversidad, donde se atiende a los menores cuyas necesidades específicas exigen abordaje diferenciado. O también debemos potenciar programas complementarios o de apoyo al acogimiento residencial, donde se posibilite que entidades colaboradoras desarrollen programas y recursos que complementen los existentes.

Yo... me gustaría terminar recordando unas palabras del grupo parlamentario que representa la señora consejera: necesitamos apoyo. Estos... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

Gracias, señor presidente. Digo que estos profesionales necesitan apoyo y, para que sea efectivo, tenemos que abordar asuntos como la falta de trabajadores en estos centros, los bajos sueldos, la falta de motivación y de formación y la precariedad laboral. Además, como hemos hablado ya aquí los demás grupos parlamentarios, la creación de nuevas plazas, por lo tanto, de nuevos centros.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora Valido.

La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.

Como ya ha dicho aquí, este es un tema importante, muy importante, pero, sobre todo, muy técnico. Este no es un tema para hacer política, y en este foro se me antoja que igual hasta no es muy oportuno, porque, al final, oír hablar de la norma o de los pasos que dan los profesionales no es el planteamiento, entiendo, de un Parlamento, que si baja a ese nivel de trabajo no consigue hacer política ni respeto a todas las fases del procedimiento, y cómo no, al cumplimiento de la norma, que, bueno, ha sido pedagógico, pero que yo creo que no es el fondo del tema.

La cuestión es, no podemos decir que hay 14 plazas para menores con trastornos de conducta, cuando tenemos casi mil menores en centros de medida judicial. No podemos decir que no tengamos más centros en las islas, porque desde que se produjeron las transferencias, a los cabildos se dotaron de recursos. El Cabildo de Tenerife en su día creó un centro para menores con trastornos de conducta, y lo creó, entre otras cosas, no solo por la transferencia, sino por la responsabilidad de que aquellos menores tenían que irse a Gran Canaria y perdían el contacto con sus familias y con su entorno. El Cabildo de Gran Canaria ha trabajado, también, en atención a menores con trastornos de conducta, y muchos menores con trastornos de conducta están integrados en toda la red de protección, con tratamiento y con cuidado dependiendo de la gravedad de la situación.

Pero donde tenemos la mayor cantidad de menores con trastornos de conducta es en los centros de medidas judiciales, y ahí es donde... yo quiero preguntar luego, pero donde creo que hay que hacer la mayor apuesta.

Siguen creciendo las medidas judiciales, crece la violencia filio parental de la que hablamos ya en una comisión, con datos muy alarmantes que no son más que la punta del iceberg, porque la mayoría de las familias, antes que denunciar a su hijo, aguantan toda la vida una situación de graves trastornos de conducta.

Por eso presentamos dos enmiendas, dirigidas a incorporar fondos para gasto corriente y para gasto de inversión en medidas judiciales, porque la única manera de abordar los trastornos de conducta y corregirlos, también en esos espacios, es contar con infraestructuras adaptadas, no grandes centros, pisos tutelados, hogares, recursos que permitan trabajar con ellos también de otra manera, con ellos y con ellas.

Quería saber, fundamentalmente, y pensé que iba orientada en ese sentido... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

Quería saber, y pensé que estaba orientada en ese sentido la comparecencia, cuántas plazas más tiene previsto crear y si están trabajando este tema con los cabildos, que son los que tienen la competencia en los recursos donde están muchos de nuestros menores con problemas.

Quería saber cuál es la planificación cara a la prevención que se pretende trabajar, porque es importantísima la prevención. Cuando se empiezan a diagnosticar los trastornos de conducta tenemos que intervenir para tratar de evitar, luego, que sean ingresados, y si tiene el dato de cuántos menores con un diagnóstico... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Turno para el grupo proponente, el Grupo Socialista.

Adelante, señor diputado.

El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Dos cosas antes de seguir analizando.

Señora Espino, yo estoy de acuerdo con usted, que los menores no tienen... no son el problema, los menores tienen un problema. Pero lo que sí también tengo que decirle es que la Ley de Protección Jurídica del Menor, después de su última reforma, incluye un artículo 13 que dice "obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva". Y en ese artículo se recoge que las autoridades y las personas que por su profesión o por su función conozcan del caso, respecto de menores, actuarán siempre con la debida reserva. Eso lo conocemos como en la discreción está la protección. Todo lo que usted ha dicho del tema que ocurre en Mallorca, todo eso, desde que se detecta se ponen todos, todos, todos los mecanismos en marcha, con Fiscalía, Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado, policía, juez de instrucción y Diputado del Común. Todos actúan desde que se detecta, por lo tanto, los menores, de forma generalizada, suelen estar protegidos en los hogares en los que están. Muchas veces, muchas veces, estas cosas ocurren con los menores en su familia biológica, y también se detecta y se actúa. Por lo tanto, vuelvo y le repito que lo mejor es tener discreción para su protección.

Señora Valido, yo creo que con sus aportaciones ya vale la pena haber hecho esta comparecencia, estamos hablando de política y de... No, no (ante las manifestaciones de la señora Valido García), es que me dice... No, no es importante, sí, yo creo que... es decir, como que sí es importante, pero tampoco era para tratarlo aquí porque no es un tema de política. Sí es un tema de política para seguir avanzando, de hecho, yo creo que casi todos los grupos políticos, incluso la consejera lo ha apuntado, vamos a avanzar porque el interés superior de los menores también está en que su actuación sea lo más cerca -salvo que haya que deslocalizarlos-, lo más cerca a su núcleo familiar, siendo que para, en estos casos, los ingresos solo por autorización judicial, contar tan solo con 14 plazas para toda Canarias, estando en un territorio fragmentado, yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo en que aumentando las plazas y llevándolo, intentado acercar lo máximo posible los menores a su entorno.

Y también, vistas las intervenciones, es preciso recordar que este recurso, el del centro de protección específico de menores -de niñas y niños prefiero decir ya para ir cambiando la nomenclatura-, atienda a las peticiones planteadas de instituciones tan relevantes como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y el Comité de Derechos del Niño, entre otras, pero también esta situación se vio y se estudió y fue abordada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 131 y 132, del año 2010, de 2 de diciembre de 2010. Estos centros, como se ha puesto de manifiesto, tienen en cuenta las especialidades, las características, la complejidad, las condiciones de los niños y las niñas que requieren una intervención especializada cuando se encuentren bajo la protección de la entidad pública.

Anteriormente a este marco, el ingreso se acordaba por resolución administrativas y tenía carácter de voluntariedad, es decir, había el problema de que no se podía ejercer ningún tipo de contención sobre los niños y las niñas, primando en estos servicios la no restricción de derechos y libertades, y ahí surgía el problema de las fugas en relación con la contención, señora Espino. Lo que usted está planteando tiene que ver mucho con los problemas de contención en los hogares de menores, que es el mismo problema que tiene la contención con los familiares que viven con los niños y niñas, que viven en sus familias. Porque podríamos definir que tanto en los hogares como en las familias se ejerce conforme a los principios de un buen padre de familia con sus hijos, es decir, evitar los riesgos para sí y para terceros, es la única forma de utilizar la contención. Solo se puede utilizar la contención fuera de estos centros específicos, que incluye, incluso, la contención mecánica, solo se puede utilizar la contención cuando hay riesgo para el niño o la niña o para terceros, si no no se puede utilizar la contención, y de ahí el problema de las fugas y de la dificultad de hacer las detecciones de todo lo que ocurre. Porque, fíjese, si un menor se escapa o se fuga del centro y va con la familia biológica, de la que se ha separado porque era la que le estaba generando el daño al niño y la que provocó los indicadores de desamparo para separar al niño... para ir a buscar a ese niño y entrar en esa vivienda se necesita autorización judicial, y esos trámites llevan un tiempo y es lo que estos centros van a intentar evitar para estas conductas disruptivas y, con una intervención especializada, ese menor, esa niña o ese niño va a ser atendido de una forma íntegra y educativa.

También existen centros, como decía la señora Valido, de comportamientos de menos intensidad y que el comportamiento no es tan repetitivo, en los cuales se atenderá a los niños y a las niñas de alteraciones emocionales, cognitivas, conductuales, que precisen una intervención terapéutica y educativa altamente especializada, conocidos estos centros como los de pasarela bidireccionales, porque son tanto propicios para su ingreso como para su regreso con sus familias o a su lugar de referencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roque.

Sí, señora Valido.

Perdón, señorías, no escucho bien. Sí, señora Valido.

La señora Valido me está pidiendo la palabra, dígame.

La señora VALIDO GARCÍA (desde su escaño): No sé si ahora o cuando finalice la intervención de la consejera, por contradicho.

El señor PRESIDENTE: Pero dígame, dígame...

La señora VALIDO GARCÍA (desde su escaño): Sí, ha manifestado que yo he dicho que el tema no es importante y no es político.

El señor PRESIDENTE: Por contradicciones.

La señora VALIDO GARCÍA (desde su escaño): Sí.

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.

La señora VALIDO GARCÍA (desde su escaño): Yo quería aclararle, señor Mauricio, bueno, primero que no he dicho que no se importante, es importantísimo. Y tampoco he dicho que no sea un tema de política, he dicho que es un tema muy técnico y que la ley, la norma y los procedimientos ya los conocemos. Yo no voy a debatir aquí en el pleno ni ninguno de los diputados o diputadas sobre cuestiones que están jurídicamente asentadas, eso es lo que he dicho. Hablemos de datos de menores afectados, de que hay, pero en los términos en los que usted ha planteado la comparecencia, pues me pareció que a lo mejor, incluso en una comisión, es un tema más técnico, pero en absoluto he dicho que no sea importante o que no sea político.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valido.

Señor Roque.

El señor ROQUE GONZÁLEZ (desde su escaño): Las iniciativas las presento yo donde creo conveniente y con la importancia que tiene la infancia para mí. Desde luego, para mí la infancia tiene una prioridad absoluta, quizás también viene derivada de mi perfil técnico y de conocimiento, pero sí. Y ya le digo que es un compromiso que tengo, es algo que quiero que suceda y la protección de los menores para mí es primordial en todas las actuaciones: en la económica, en la social, en la transición económica y en todas y cada una de ellas. (Palmoteos desde los escaños).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roque.

Turno para el Gobierno, señora consejera tiene la palabra.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Muchas gracias.

Intentaré responder a todos los portavoces que han intervenido durante esta comparecencia.

A la señora Espino, la verdad que poco o nada tuvo que ver su intervención con el tema que nos atañe. Sí decirle que con respecto al asunto que usted lanzaba, que supongo que se refería al conocido como el tema de las lovas, aquí tenemos al señor Roque Mauricio, que cuando fue director general en Protección a la Infancia y la Familia, se personó la Dirección General para seguir muy de cerca todo este asunto y se está llevando por cauces judiciales.

Con respecto a lo que señalaba la señora Mendoza de cuáles eran los principales problemas de conducta que tenían los niños y las niñas en estos centros, pues, la puedo remitir al manual de la DSM, que allí se desarrolla y se hace una descripción de todas estas patologías, pero, bueno, entre otras está la hiperactividad, la depresión, la ansiedad, los trastornos límite de la personalidad; son varias, diversas, las patologías que están siendo tratadas en estos centros.

Son muchas las personas que me han antecedido en la palabra que nos recomiendan aumentar las plazas, bien en el centro regional, o abrir otros centros en otras islas, supongo en la isla de Tenerife y en islas no capitalinas. En este sentido, de momento no hay en perspectiva abrir ningún otro centro, pero creo que tenemos por delante un debate, a través del plan del menor, y, por supuesto, nosotros estaremos dispuestos. En algún momento sí que se habló de abrir un centro de similares características al que está en Gran Canaria en Tenerife, pero de momento eso ha quedado en pausa, por así decirlo.

Con respecto a la intervención de la señora Hernández y el señor Déniz, creo que han estado muy acertados a la hora de hablar de que una herramienta muy poderosa y fundamental es la prevención, y en este sentido creo que es importante trabajar de manera concienzuda la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia, porque esta hace especial hincapié sobre todo en esto que es tan fundamental y de lo que hablábamos, que es clave, que es la prevención.

Decía la diputada Carmen Hernández que si se iban a generar más plazas. De momento no están previstas, aunque sabemos que pueden ser necesarias, pero también queríamos recalcar la imperiosa necesidad del trabajo conjunto que se va a hacer y que ya se está haciendo con la Consejería de Sanidad. Está claro que es un trabajo que hay que sacar adelante esa red de salud mental en esta comunidad autónoma para la atención psiquiátrica no solo de estos menores, sino también de personas adultas. En esto se va a seguir trabajando porque creemos que va a ser fundamental en el futuro de estos menores con problemas de conducta.

Con respecto a lo que decía la señora Valido, creo que en ciertos aspectos de su intervención tenía mucha razón, en otros no coincido, porque yo creo que es mejor no mezclar centros de menores con medidas judiciales, mezclarlos con centros de menores con problemas de conducta, porque realmente no estamos hablando de lo mismo. Es verdad que hay algunas menores con problemas de conducta que han pasado por centros de medidas judiciales, pero no es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que hacer una diferenciación en estos aspectos. Y, en este sentido, si quiere que hablemos de los menores que están centros con medidas judiciales y tienen problemas de conducta, pues sí que se han tomado medidas, por ejemplo, para esas menores que han tenido problemas de conducta en violencia filio parental, en este sentido pues han abrido... -¡se han abrido!, lapsus-, se han abierto unidades de convivencia como la que se ha abierto, por ejemplo, en Tafira.

También decía el señor Suárez de la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los técnicos. Sabemos que ahí tenemos una tarea pendiente, por ejemplo, en implantar o implementar el tercer convenio estatal que han aprobado los trabajadores del sector y que no vamos a echar balones fuera, que no se ha hecho en varias comunidades autónomas, tampoco hemos hecho los deberes en Canarias, pero sí que lo tenemos en la agenda como una de las cosas que queremos llevar adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora consejera.

Pasamos a la siguiente comparecencia. De la consejera... Sí, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Me gustaría pedir la palabra por el artículo 85, porque la consejera aseguró que mi planteamiento no respondía al objeto de la comparecencia. Me gustaría, pues, contradecirle en eso, o sea, me gustaría explicarle por qué.

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Señora consejera, mire, el caso que yo por el que yo le he preguntado claro que tiene que ver con el objeto de esta comparecencia sobre los centros de menores tutelados. Porque, le repito, la policía asegura que 4 de las víctimas de esa red de prostitución de Gran Canaria, un asunto que tres años después todavía nada se sabe qué pasa con él, eran residentes, eran tuteladas por el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, tiene mucho que ver con esta comparecencia.

Yo entiendo que a usted solo le interesa hablar de generalidades y no le interesa responder a cuestiones concretas.

Y una observación más, no utilice, por favor, el término las lovas, porque es absolutamente machista. La fiscalía nos requirió a los medios de comunicación que por favor no utilizáramos ese término, porque esas niñas no son lovas, son víctimas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Espino.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera) (desde su escaño): No le voy...

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento, señora consejera.

Tiene la palabra.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera) (desde su escaño): No le voy a responder, señor presidente. Porque la verdad que a mí me da vergüenza hacer política con este caso.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. Gracias, señora consejera.

Señorías, como saben, creo que ya llevamos avanzado cierto tiempo de la legislatura y tenemos, por tanto, ya cierta experiencia en los debates, y también creo que sus señorías son conocedores de cuál es, un poco, las maneras de la presidencia de intentar dirigir los debates. No creo que sea esta Presidencia, precisamente, una Presidencia que no permita... y sea flexible tanto en los turnos de intervención... tanto en los turnos de intervención como en la solicitud de palabras una vez acabados los turnos con una interpretación del Reglamento bastante flexible.

Yo les pido a sus señorías, a todos y a todas, que, cuando piden turnos una vez finalizados los correspondientes turnos de intervención, y los piden ciñéndose al Reglamento, no abusen de la flexibilidad de la Mesa de la Presidencia y cíñanse a los contenidos y a las solicitudes de palabras que se piden, porque, al final, si vamos a seguir así me voy a ver en la obligación de cambiar la forma de dirigir los plenos y me da la impresión de que... al menos esa es mi -sí, señor Déniz-, al menos esa es la, digamos, la intención de esta Presidencia hacer los debates ágiles, darles la posibilidad a sus señorías de acabar los turnos y, desde luego, que incluso se puedan explicar dentro de una cierta razonabilidad. Lo digo, simplemente, no voy a abrir sobre esto un debate, simplemente lo advierto.

Y, a continuación, además, me sirve... me viene bien, señorías, si me lo permiten, porque seguimos con el orden del día, les recuerdo el artículo 119 del Reglamento, que se llama llamadas a la cuestión. Es la Presidencia del Parlamento en los debates quien tiene la facultad de llamar a la cuestión a sus señorías cuando se considere, por parte de la Presidencia del Parlamento, que se desvían o no del objeto de la comparecencia, de la pregunta, de la interpelación, etcétera, etcétera. Le corresponde estrictamente a la Presidencia del Parlamento. Y créanme que esta Presidencia está atenta a las intervenciones, es flexible, porque siempre hay debates colaterales y, por tanto, no se van a cortar, pero les recuerdo que existe un artículo específico del Reglamento, que es el 119, que habilita a la Presidencia de este Parlamento para hacer las correspondientes llamadas a la cuestión.

Lo digo, señorías, antes de continuar con el orden del día, porque podemos tener la tentación entre todos de convertir determinados debates en lo que no son. Este es el Parlamento de Canarias, las comparecencias se piden y las interpelaciones al Gobierno, (ininteligible) los grupos, con las iniciativas con el objeto que son. Hay responsables de otras instituciones en todos los grupos parlamentarios, con la flexibilidad que se corresponde y con el objeto de que el debate sea lo más amplio posible; no confundamos el Pleno del Parlamento de Canarias con los órganos de control de otras instituciones simplemente porque estén sentados en este Parlamento, en este hemiciclo, responsables en todos los grupos parlamentarios o en casi todos los grupos parlamentarios con responsabilidades institucionales fuera del Parlamento.

Lo digo, simplemente, a efectos de que tengamos un orden en los debates, en el que todos podamos debatir, intervenir, con cierta comodidad. ¿De acuerdo?