Diario de Sesiones 29/2020, de fecha 11/3/2020 - Punto 11

10L/PPL-0002 PROPOSICIÓN DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a comenzar la sesión plenaria, señorías, con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular del Tercer Sector de Acción Social de Canarias.

Como saben, como saben, señorías, debemos empezar, en primer lugar, antes de la intervención del diputado del Partido Popular hay que dar lectura al criterio del Gobierno, por tanto, señorías, le doy la palabra al secretario primero de la Mesa a efectos de que dé lectura del criterio del Gobierno al respecto del debate de toma en consideración, de la propuesta de toma en consideración, del proyecto de ley del Grupo Popular.

Adelante.

El señor SECRETARIO PRIMERO (González Cabrera): Gracias, señor presidente, buenas tardes, señorías.

Julio Manuel Pérez Hernández, secretario del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes en Canarias, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 13 de febrero de 2020 figura, entre otros, el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se transcribe:

"Propuesta de acuerdo por el que se fija la posición del Gobierno sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Tercer Sector de Acción Social de Canarias, PPL-2. Presidencia del Gobierno y consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Visto el texto de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Tercer Sector de la Acción Social de Canarias, considerando que corresponde al Gobierno manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no a su tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, de acuerdo con el artículo 139, apartado 2, del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta conjunta del presidente, de los consejeros de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, acuerdan manifestar el criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Tercer Sector de Acción Social de Canarias, PPL-2.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.

A continuación, tiene la palabra la intervención del grupo proponente, el Grupo Popular, señor Poli, por tiempo de diez minutos.

El señor SUÁREZ NUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde el Partido Popular seguimos y seguiremos intentándolo, no les quepa la menor duda. Seguiremos intentando ayudar, colaborar y aportar cuanto esté en nuestra mano para que el Gobierno de Canarias mejore la vida a los canarios.

Llevamos casi ocho meses de legislatura presentando numerosas iniciativas y propuestas, ejerciendo la oposición responsable que nos han encomendado los canarios y canarias, teniendo la mano al Gobierno y a este Parlamento, porque lo que nos piden los canarios es que rememos juntos, que dejemos a un lado nuestras diferencias ideológicas para trabajar, para llegar a acuerdos, para adoptar las medidas y leyes que hagan falta para lograr una Canarias mejor, sobre todo en lo relacionado con las políticas sociales.

A diferencia de algunos miembros del Ejecutivo canario que, en legislaturas pasadas, ejercieron una oposición dura y, en ocasiones, destructiva, ni a mí ni a mi grupo, nos van a encontrar en esa línea. No nos van a encontrar en la destrucción, sino en la colaboración, tendiéndoles la mano. Por más que este Gobierno rechace y repudie nuestra ayuda, ya lo decía al principio, seguiremos intentándolo. Porque tenderle la mano a este Gobierno, tenderle la mano, sobre todo, a la consejería de Derechos Sociales, es tenderle la mano a los miles de canarios y canarias que llevan demasiado tiempo pasándolo realmente mal. Y por eso, ante sus continuas negativas sin argumentos, nosotros, en el Partido Popular, seguiremos trabajando con la esperanza de que este Gobierno abra los ojos y entienda que la rivalidad de las siglas lo único que hace es dañar a los ciudadanos.

En esta ocasión, el Grupo Parlamentario Popular hemos planteado a esta Cámara la toma en consideración de la Proposición de Ley del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. Como saben, señorías, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que aprobamos el pasado 2018, establece en su artículo 118 la competencia exclusiva de nuestra comunidad en materia de cooperativas y de economía social; así como la regulación y el fomento del cooperativismo, la regulación del asociacionismo cooperativo, la enseñanza y la formación cooperativas.

Hablamos de un sector cuya importancia para mantener cohesionado e intervenir en el tejido social ha puesto de manifiesto, más si cabe, la crisis económica que ha atravesado nuestro país y que ha acuciado con especial virulencia nuestra región.

La intervención de estos colectivos ha sido y es fundamental para atenuar las consecuencias y las dificultades que padecen las personas en riesgo de exclusión, en desempleo o, incluso, en situación de dependencia. Durante décadas las organizaciones del tercer sector de acción social prácticamente han sido el único apoyo de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, la única vía para que los ciudadanos canalizaran su descontento, pero también la solidaridad del resto de la población.

A esas asociaciones, a esas fundaciones, a esas entidades religiosas también, a esas cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción: gracias.

Un sector que tanto ampara a las personas más desfavorecidas, que tanto se esfuerza por facilitar la integración sociolaboral de esas personas, que lucha contra la exclusión y la pobreza, por un modelo social y económico más justo, equitativo e inclusivo. Tristemente, a día de hoy, está completamente desamparado por la legislación y las administraciones públicas. Por eso, desde el Partido Popular consideramos muy necesario y urgente crear un marco normativo que regule el papel de las organizaciones del tercer sector de acción social como interlocutores entre empresas, administraciones públicas y el resto de entidades sociales. Una ley autonómica propia que ampare y vele por el compromiso y solidaridad con la que han formado una estructura de servicios públicos excelentes, de los que se benefician los usuarios, sus familias, la Administración pública y el conjunto de la sociedad. Una ley que les ampare como interlocutores y canal de comunicación entre las personas de riesgo y en exclusión social y nosotros, como clase política, un canal de fiscalización de nuestras decisiones.

Señorías, el tercer sector necesita urgentemente una ley que resuelva las fragilidades y dificultades a las que deben de hacer frente para mantener esa misión de justicia social y solidaridad, que fortalezca su capacidad para atender a los colectivos más vulnerables, una ley que reconozca, cense y diferencie a los colectivos del tercer sector social de otras organizaciones con fines similares, como entidades sin ánimo de lucro que dirigen sus acciones a solucionar los problemas de las personas y colectivos que atienden, a defender sus derechos (el orador tose) -perdón-, y a estimular la participación y el diálogo democrático -no se asusten-.

Una ley que nos permita trabajar conjuntamente y cooperar en proyectos de especial complejidad y de gran potencial innovador a través de conciertos y convenios, con planes y actividades específicas con los cabildos y ayuntamientos y medidas que faciliten las inversiones en infraestructuras que beneficien a los colectivos que atienden las entidades del tercer sector.

De igual modo, esta proposición de ley define claramente a las entidades del tercer sector de acción social como aquellas que se rigen por los principios de participación social, solidaridad y justicia, responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social, diálogo civil y democracia participativa, cooperación entre el sector público y las organizaciones, transversalidad de las actuaciones orientadas a la inclusión social y responsabilidad social corporativa.

Además, contempla el diseño de una estrategia de promoción del tercer sector, con un periodo de vigencia de cuatro años, y que incluirá objetivos y medidas para el fortalecimiento de las organizaciones, diálogo ciudadano, participación en órganos consultivos de las administraciones públicas canarias y en iniciativas puntuales relacionadas con la orientación de la acción, participación en el Consejo Económico y Social de Canarias, colaboración en la provisión de servicios de responsabilidad pública, colaboración y coordinación en la atención individualizada e integral de las personas y familias.

En definitiva, señorías, la proposición de ley que hemos presentado el Partido Popular lo que establece y reivindica es un trato, consideración y protección justa para las entidades del tercer sector de acción social de Canarias; reconocer jurídicamente a las entidades y potenciar un diálogo y una colaboración permanente entre las administraciones públicas para acelerar y mejorar todo lo referente a la ayuda a los colectivos más vulnerables, personas en situación de dependencia, en riesgo de exclusión, en situaciones socioeconómicas desfavorables o con necesidades de intención.

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.

Señor Suárez, continúe, por favor.

El señor SUÁREZ NUEZ: Gracias, señor presidente.

Pero lamentablemente hoy recibiremos el rechazo del Gobierno de Canarias, un Gobierno de Canarias que considera que, cito textualmente, no procede admitir a trámite esta proposición de ley porque resulta que es un texto que no añade certidumbre jurídica al régimen jurídico que deben tener las entidades integrantes del tercer sector de acción social. Un informe del Gobierno que no dice ni siquiera en qué artículos de esta ley que presenta el Partido Popular se contradice con la Ley de Servicios Sociales. Pero, miren, aparte de no tener esos argumentos, además, este informe, el último informe que emite el Gobierno de Canarias obvia parte de la resolución del primer informe que hubo, donde nos venía a decir que la realidad del rechazo a esta ley que propone el Partido Popular sobre el tercer sector es que el Gobierno ya está trabajando en una.

Señorías, sabemos que esta ley es necesaria, no ocultemos más esta realidad y el problema no es de incompatibilidad con otra legislación. ¿Puede mejorarse esta ley?, por supuesto, nos hemos olvidado de cómo entró la Ley de Servicios Sociales en la anterior legislatura en este Parlamento y cómo entre todos mejoramos esa ley siendo una ley...

El señor PRESIDENTE: Espere, que le doy un minuto.

Adelante, señor Suárez.

El señor SUÁREZ NUEZ: Sin embargo, señoras y señores del Gobierno ustedes prefieren paralizarla y retroceder años atrás en vez de avanzar para mejorar la vida de los canarios.

Mire, curiosamente, curiosamente esta ley está inspirada en una ley existente ya en la Comunidad Autónoma de Baleares donde todos los grupos que tenemos representación en el Parlamento, incluido Podemos, Partido Socialista y el Partido Popular la hemos aprobado por unanimidad y resulta que aquí, resulta que aquí, por la exigencia de una parte del Gobierno, no la admitimos o no la vamos a admitir a trámite.

Pero, ya lo decía al principio de mi intervención, desde el Partido Popular seguimos creyendo en el diálogo porque es la mejor herramienta para que entre todos y todas consigamos una tierra más... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), de ese diálogo para que esta ley, después de la votación que se celebrará al finalizar todas las intervenciones, la admitamos a trámite y entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara hagamos una ley que siga siendo, también, o haciendo, también, referente a Canarias, a esta tierra, como una tierra de solidaridad y que se preocupa por los problemas de las personas más necesitadas de nuestra tierra o, sobre todo, de esos agentes sociales, de esas empresas del tercer sector, de esas organizaciones del tercer sector que nos ayudan a llevar a cabo una gestión más justa con esas personas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.

Gracias, señorías.

Turno ahora para... un único turno, señorías, para el resto de grupos parlamentarios por tiempo de cinco minutos.

Tiene la palabra el Grupo Mixto.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Las entidades que conforman el tercer sector están formalmente constituidas como asociaciones, fundaciones, entidades religiosas, cooperativas, de iniciativa social o bien empresas de inserción, todas ellas sin ánimo de lucro, todas ellas revierten sus beneficios en la actividad que desarrollan. Podemos afirmar que estas entidades conforman un pilar, un activo básico y fundamental en la sociedad del estado del bienestar. Por tanto, es importante, es fundamental, que se reconozca el papel del tercer sector ya que es capaz de atender a aquellos que más lo necesitan y de hacerlo, además, en aquellos lugares a los que a la Administración, al Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos les es, en ocasiones, muy difícil llegar.

Es necesario que se reconozca y que se impulse el papel que tienen estas entidades al servicio de las necesidades sociales, su contribución a crear una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, participada, democrática, y también que se les dote de una ley que las ampare suficientemente y donde, de la mano también de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, se tenga en cuenta la necesaria coordinación entre las distintas administraciones públicas y la coordinación de estas con estas entidades. Todo ello sin olvidar que este reforzamiento del tercer sector no puede llevar a una lectura equivocada de este discurso, no podemos caer en el error de creer que es el tercer sector el responsable en atender esas necesidades ya que, según reza en la propia Constitución, son los poderes públicos a los que realmente les compete garantizar el bienestar social de todos los ciudadanos.

Estamos de acuerdo en la importancia que tiene el tejido asociativo para conseguir la igualdad efectiva entre todos los canarios y, por tanto, dotarlos de una cobertura real, una ley, que regule, que garantice su buen funcionamiento en nuestras islas.

Asimismo, también consideramos necesario diversificar las fuentes de financiación que tienen estas entidades, impulsando la responsabilidad social de las empresas, que es una asignatura también en la que tenemos que avanzar en Canarias, el mecenazgo o donaciones altruistas, sin olvidar el papel clave que tiene también la Administración.

Y, en este punto, en el de la financiación, desde Ciudadanos entendemos que la razón que esgrime el Gobierno para no aceptar la tramitación de esta ley es tan solo una excusa, y es tan solo una excusa porque ustedes dicen que no quieren tramitar esta ley, señores del Gobierno, porque supondría un incremento del gasto público, pero, sin embargo, la disposición final segunda de la misma establece que la entrada en vigor de la ley, de la norma, en caso de ser tramitada y finalmente aprobada, sería el 1 de enero del año 2021, lo que supone, por tanto, que su aprobación no afectaría en ningún caso a lo que tanto le preocupa al señor vicepresidente, al estado de ingresos y gastos del ejercicio en curso. Es más, estamos convencidos de que en breve va a ser el propio Gobierno, porque, además, ya lo ha anunciado, que va a traer aquí su propia ley del tercer sector, a esta Cámara, por tanto, que seguramente se va a producir a esta iniciativa legislativa presentada por el Partido Popular es tan solo una cuestión partidista, es tan solo una cuestión del interés de los partidos que apoyan al Gobierno, nada tiene que ver con la defensa del interés general, que es lo que nos debería preocupar a todos en esta Cámara.

Desde Ciudadanos en cambio consideramos que es una ley muy necesaria, como he dicho, que es positivo fomentar el tejido asociativo canario, adecuar los sistemas de financiación pública, incluir incluso en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas contenidos y referencias al tercer sector de acción social como vía de participación democrática en la sociedad civil y potenciar también mecanismos de colaboración con las entidades del tercer sector, fortalecer y promover prácticas y criterios, además de buen gobierno y transparencia en estas organizaciones.

Es una ley, como digo, necesaria, y Ciudadanos la va a apoyar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Bueno, yo quiero comenzar mi intervención reconociendo y agradeciendo la gran labor que lleva a cabo el tercer sector en Canarias.

La importancia del tercer sector en la prestación de servicios públicos, que hasta ahora no asume la Administración pública, todos reconocemos que es esencial para el mantenimiento del tejido de los derechos sociales de Canarias.

En Canarias, es cierto que adolecemos de una normativa específica del tercer sector, por ello siempre hemos propugnado la tramitación y posterior aprobación de esta ley. Lo decíamos en la pasada legislatura y lo mantenemos, también, en la actual, pero eso no significa que se haga de cualquier manera.

Las leyes establecen obligaciones a la Administración, y por eso es de responsabilidad actuar de forma conjunta para sacar adelante una ley que luego tenga la máxima utilidad práctica y que cumpla con sus objetivos.

En base al informe desfavorable del Gobierno de Canarias sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, desde el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera vamos a votar en contra de la tramitación de la presente proposición de ley por las siguientes razones:

Primero. Canarias cuenta con una nueva Ley de Servicios Sociales desde mayo de 2019, con la que, como ustedes saben, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud continúa en el proceso del desarrollo de la ley, en el que, a día de hoy, se siguen celebrando diversas reuniones de trabajo para perfilar el cuerpo normativo y técnico del concierto social y del catálogo de servicios sociales.

Respecto al concierto social, este permitirá, entre otras cuestiones, que aquellos servicios sociales que no preste la administración pública lo puedan gestionar precisamente las entidades del tercer sector con un periodo mínimo de cuatro años, cuyo objetivo es garantizar una mayor estabilidad y seguridad para que la ciudadanía cuente con estos servicios de manera continua en el tiempo.

Del catálogo de servicios sociales, el Ejecutivo canario ya tiene muy avanzados los servicios y prestaciones de la consejería y en este momento se sigue trabajando con los distintos cabildos y ayuntamientos para poder definir los servicios y prestaciones tanto insulares como municipales.

Por tanto, aventurarnos a aprobar en estos momentos la proposición de ley que nos propone el Partido Popular desde nuestro grupo parlamentario entendemos que puede resultar incompatible con muchos de los aspectos que aún se están definiendo y con otros que ya se encuentran recogidos en la Ley de Servicios Sociales.

La segunda razón es que de la siguiente proposición de ley se desprende que lo contenido en algunos de sus preceptos implica realmente un aumento de los créditos contenidos en los estados de gasto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, para esta consejería, y que se ven reflejados en algunos artículos. Es cierto que ustedes modifican el plazo de entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2021 para no afectar a los presupuestos actuales pero eso no significa que las propuestas de gastos no vayan a comprometer en el futuro, incluyendo la previsión de gasto de las corporaciones locales canarias.

Tercero. Aunque en el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera somos conscientes de que el tercer sector quiere aplicar, bueno, quiere tramitar la norma, cuestión con la que nosotros también estamos totalmente de acuerdo, quiero resaltar que no tiene sentido tramitarla ahora cuando el Gobierno de Canarias no ha terminado el trabajo que se está realizando, porque, de esta manera, nos vemos obligados a tener que hacer una enmienda a la totalidad, eso no significa que algunas de las propuestas que han realizado en el texto no vayan a ser integradas, a través de enmiendas, en el futuro proyecto de ley, en el que, ya le recuerdo, y vuelvo a insistir, en el que el Ejecutivo ya está trabajando, una norma que esperemos que cuente con la mayor participación posible.

Por tanto, a la espera de que el Ejecutivo canario concluya con los trabajos en esta línea y, dado que la implementación de la proposición de ley del tercer sector de acción social en Canarias tal cual se nos ha planteado, tal cual nos la ha traído hoy el Partido Popular, tiene el criterio desfavorable de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias es por lo que Agrupación Socialista Gomera va a votar en contra de la presente iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno para la... perdón, el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Marrero.

El señor MARRERO MORALES: Buenas tardes.

Decía el interviniente del Grupo Popular que lo iban a seguir intentando, que estaban ejerciendo una oposición responsable y prueba de ello es la presentación de esta ley, lógicamente. Es decir, con su afán constructivo o con la finalidad que ustedes consideraran, la han presentado. Pero también considerarán las razones que ha dado el Gobierno para su cuestión de manifestación desfavorable a la toma en consideración, una de ellas, fundamentada, ha sido la necesidad de que la ley se haga con la participación suficiente de todos los sectores en un proceso que sea largo y demás, cosa que no sabemos si está garantizado con su actual ley.

Por otro lado, se han esgrimido argumentos económicos, argumentos presupuestarios, que ya la anterior interviniente también manifestaba y que están claros, es decir, que de alguna forma dentro de la planificación del Gobierno no solo tiene que haber la seguridad jurídica de que una ley se lleve adelante, sino la seguridad financiera de que la ley cuenta con la ficha suficiente, y eso difícilmente lo va a marcar la Oposición, el Gobierno será quien marque la ficha financiera en su momento con el apoyo de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Por tanto, es una razón yo creo que sobrada.

También se dan, a lo largo de la respuesta del Gobierno, tanto en la primera como en la segunda, argumentos jurídicos diferentes, que proceden también del informe elaborado por Secretaría General Técnica de la Consejería de Derechos Sociales, y que de alguna forma plantean el que están por un lado la cuestión de la ley figura en la agenda normativa del Gobierno, que marcará los ritmos cuando considere; la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Servicios Sociales hay que desarrollarla en una serie de aspectos, y es en su conjunto en lo que toca y no así por partes y deslavazada sino en su conjunto, y por tanto ese desarrollo de la Ley de Servicios Sociales trae consigo el que vaya dotada suficientemente, por tanto hay que tener garantías. Es decir, cuando planteamos una ley la ficha financiera tiene que estar al lado.

Nosotros estamos, o yo creo que desde los grupos que sustentamos el Gobierno, como en otras leyes anteriores, como se hizo con la Ley de Servicios Sociales cuando estos grupos estaban en la Oposición también, llamados a consensuar, a dialogar lo suficiente para sacar la mejor ley del tercer sector. Está claro que esa es una de las posibilidades y una de las garantías.

Nosotros reconocemos la labor fundamental de las entidades del tercer sector como medio de articulación de la participación social y de la sociedad civil. Dichas entidades constituyen un interlocutor social fundamental con las administraciones para articular y desarrollar políticas públicas, y consideramos que las administraciones públicas no se pueden eximir de sus responsabilidades, tiene que ser compartida la responsabilidad, y tiene que cumplir también las administraciones públicas.

La ley esta que se plantee en el futuro por parte del Gobierno tendrá que ser una ley que tendrá un proceso de participación suficiente para garantizar que las distintas entidades, los distintos sectores, participan en ella sobradamente, para luego traer al Parlamento una ley ya que se pueda estar consensuada previamente con los distintos sectores. Y el proceso posterior, dentro del debate parlamentario, también garantizamos que haya diálogo y que haya posibilidades de consenso para sacar una ley que perdure en el tiempo, es decir, que no sea cambiante en función del Gobierno de turno.

Por tanto, esa nueva ley de servicios sociales pensamos que debe otorgar un importante papel a las entidades del tercer sector que, entre otras cosas, económicamente son fundamentales también, es decir, las entidades del tercer sector emplean a gente que difícilmente sería empleable bajo otro tipo de criterios. Por tanto, son gente que se saca fuera del circuito, en muchos casos, de las subvenciones y que se emplean a través del tercer sector siendo útiles para la sociedad. Consideramos que criterios que se han planteado como la independencia del tercer sector, la ausencia de ánimo de lucro, la mesa del tercer sector, el Consejo Económico y Social, la figura del referente de intervención de casos, la evaluación de impacto, etcétera, que son algunas de las críticas que se hacían a la parte jurídica de la ley, son elementos suficientes para repensarla, hacerla con mayor detenimiento y, de alguna forma, darle mayor entidad, mayor consenso y mayores posibilidades, y que está dentro de la agenda del Gobierno el que esa ley salga adelante.

Por tanto, ese es el compromiso que tenemos y hoy votaremos en contra, como ya lo ha propuesto el Gobierno de manera desfavorable a la toma en consideración de esta ley que ustedes proponen hoy.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marrero.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenas tardes, gracias, señor presidente.

Señoras, señores diputados, vaya por delante que nuestro grupo, Nueva Canarias, está absolutamente de acuerdo en la necesidad de darle respaldo jurídico, estabilidad económica, a las entidades, a las organizaciones, que trabajan en el ámbito social pertenecientes al tercer sector. Por tanto, nos parece que no solo que es importante, sino que es necesario. Absolutamente de acuerdo, lo hemos dicho, ha habido otros debates sobre este tercer sector, en el papel, en el importantísimo papel que han jugado a lo largo de la historia y que siguen jugando como una expresión de solidaridad, de fraternidad entre las personas y, sin duda, el papel que juegan como sociedad civil en la participación activa en los asuntos de todos y de todas. En el ámbito educativo, en el ámbito medioambiental, en el ámbito cultural, en el ámbito estrictamente social, de la cooperación internacional... son muchísimas las entidades que trabajan activamente en esta materia durante décadas, los procesos migratorios, todos estamos viendo el papel que juegan las diferentes entidades y, sin duda, la etapa de la crisis, la crisis que comenzó en el año 2007 puso en evidencia, además, que eran capaces de llegar a donde las administraciones, como consecuencia de los recortes, impulsados por las políticas neoliberales de la derecha española, por esas leyes económicas de las que luego haré mención, que nos colocan un techo de gasto, impedían que las administraciones llegáramos, y sigamos llegando, a esa necesidad social. Por tanto, absolutamente de acuerdo en su papel, en su contribución en la defensa y protección de la población que más sufre y de los más vulnerables.

Diciendo esto, sin olvidar que no deben, o por lo menos nosotros no estamos de acuerdo en que sustituyan el papel del Estado, deben ser colaboradores activos, lo que han sido siempre, y un pilar fundamental de la participación de la sociedad civil en los asuntos de la comunidad. Su papel también importante en la contribución al empleo.

Dicho todo esto, vamos a votar en contra, algunas razones ya se han esgrimido, yo voy a añadir una tercera.

Primero, porque aprobar iniciativas, o proyectos, o iniciar el recorrido legislativo de una iniciativa que no tiene posibilidad de tener reflejo en el presupuesto es generar unas expectativas en el sector que luego vamos a defraudarles. Porque, aunque ponga que entraría en vigor en el 2021, acabado de aprobar un presupuesto, aprobar una iniciativa que no va a tener ninguna posibilidad de desarrollarse en este año creemos que es crear unas expectativas que no son buenas para el sector.

En segundo lugar, y fundamental, esta propuesta legislativa vincula a los ayuntamientos, a las corporaciones insulares, y creo que, al margen de que pudieran estar o no de acuerdo, qué mínimo que consultar a la Fecam y a la Fecai sobre iniciativas que comprometen sus presupuestos y que ya les incluyen en el articulado subvenciones que deben partir de esas instituciones, estoy segura de que van a estar de acuerdo, pero hay que consultarles , porque es lo mínimo, lo mínimo que toca.

Y en último lugar, los procesos de participación a los que se ha referido nuestro compañero. Hemos vivido aquí iniciativas de leyes -estoy pensando en la educativa- que pasaron por un importante, intenso y largo proceso de participación ciudadana, donde se escuchó a toda la sociedad canaria, organizada y no organizada, a todas las administraciones públicas, a colectivos, a expertos. Creo que una ley del tercer sector debe garantizar que las entidades, al menos que las entidades, puedan participar activamente en el... el concepto de participación que ustedes tienen puede no coincidir con el que tenemos nosotros, para nosotros la participación tiene que tener... es un proceso, no es mandar un correo electrónico para que respondan a algunas consideraciones, ni siquiera es mantener dos reuniones, creemos que los procesos participativos necesitan tiempos, espacios y algún mecanismo, diríamos, que regule el proceso participativo, que garantice que la participación es real y efectiva. Y hasta donde yo sé, ustedes no han consultado a todo el tercer sector canario -hombre, nosotros tampoco-, no lo sé, yo no tengo... mi grupo no ha impulsado ninguna iniciativa legislativa, pero le puedo asegurar que si lo hiciera se garantizaría que participara todo el sector y el resto de la sociedad, incluidas sus administraciones e incluidos los grupos parlamentarios, si queremos que de verdad sea una ley consensuada y participada y que sea reflejo del sentir de toda la... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Turno ahora para el Grupo Popular... no, perdón, que es el proponente; para el Grupo Socialista...; perdón, Nacionalista.

Adelante, señora diputada.

La señora CALZADA OJEDA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

El tercer sector de acción social ha sido y es determinante en el impulso y el mantenimiento del Estado del bienestar.

Las organizaciones del tercer sector de acción social han sido un importante soporte de los colectivos más desfavorecidos durante muchas décadas, su relevancia se ha acrecentado especialmente en momentos de crisis, sirviendo como engranaje para dar respuesta a muchas de las problemáticas que plantearon la situación económica y social.

Esta afirmación, que seguro que compartimos todos los grupos parlamentarios, es la que sirvió de base para que en la legislatura pasada el Gobierno de Canarias elaborara el proyecto de ley del tercer sector de acción social de Canarias, un texto que nació desde la participación y el consenso, alcanzándose un acuerdo respecto a su contenido con las diferentes entidades del tercer sector, universidades, sindicatos, organizaciones empresariales y sociales, colegios profesionales y ayuntamientos.

Esta norma tenía por objeto establecer el marco jurídico del tercer sector de acción social, reconociendo la existencia y relevancia de las entidades en la mejora de las condiciones de vida de las personas, en definitiva, dignificar y dar estabilidad al tercer sector de acción social de Canarias y reconocer la labor que las organizaciones realizan con los más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Este proyecto de ley entró en esta Cámara, se inició su tramitación, presentándose enmiendas por algunos de los grupos parlamentarios, y es, precisamente, el texto de la enmienda a la totalidad presentada en ese momento por el Grupo Parlamentario Popular el que se presenta, con algunas modificaciones, como proposición de ley para su toma en consideración.

No les miento. Hubiésemos preferido que el actual Gobierno hubiese retomado los trabajos y los trámites realizados en la anterior legislatura y nos hubiese presentado un proyecto de ley, pero la realidad es que el Grupo Popular se les ha adelantado y ha presentado este texto normativo.

No es este el momento de hacer un análisis de la propuesta presentada sino de valorar su toma en consideración. Y ya les digo que si se acuerda tomarla en consideración el Grupo Nacionalista la enmendará conforme a la propuesta presentada en esta Cámara en la anterior legislatura, consensuada con el sector. Y entiendo que es lo que haríamos todos los grupos parlamentarios, enmendar el texto presentado. Y por esto es por lo que no llego a comprender la posición de los grupos que apoyan al Gobierno a no tenerla en consideración, de que, en definitiva, se trata de tener un texto con el que ponernos a trabajar ya y mejorar o adecuar su contenido según sea preciso en el trabajo parlamentario.

Como ha leído el secretario de la Mesa, el Gobierno de Canarias ha manifestado ya su criterio desfavorable, y lo hace fundamentado en tres informes: el informe emitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destaca tres aspectos, dice que el texto propuesto no añade certidumbre jurídica al régimen jurídico que deben de tener las entidades; el texto está poco afinado desde el punto de vista técnico-jurídico y resulta incompatible en muchos aspectos con la regulación sustantiva establecida en la Ley de Servicios Sociales; y por último, la propuesta implica un aumento de los créditos contenidos en los estados de gastos de los presupuestos de la comunidad autónoma para esta consejería. Resulta, cuando menos, curioso que en el mismo texto donde se habla de "certidumbre jurídica" se acuda a términos jurídicamente tan ambiguos como "poco afinados" o "en muchos aspectos".

En cualquier caso, ninguno de estos motivos es tan absoluto que no puedan ser objeto de revisión en la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley.

Respecto a la cuestión presupuestaria, coincide este informe con los emitidos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y por la Dirección General de Planificación y Presupuesto, básicamente lo que expresa es que esta propuesta conlleva una serie de acciones que implican gastos tanto para la comunidad autónoma como para los agentes locales y que no se han previsto los recursos necesarios. Empieza la Dirección General de Planificación y Presupuesto, ninguno de los gastos figura el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 2020-2022.

Lo que realmente se está poniendo de manifiesto es que el Gobierno de Canarias no tenía ninguna intención para este año tramitar la ley del tercer sector de acción social. El Gobierno de Canarias le está diciendo a las entidades del tercer sector que este año no tiene voluntad de aprobar esta ley, y por lo que se ve hasta el año 2022 que se olviden porque, miren, si el Gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyan dan por bueno el argumento de no tener previstos estos gastos en el presupuesto de Canarias para no tomar en consideración esta propuesta lo que no puede ser es que mañana estos mismos grupos presenten una propuesta y a la cuestión de falta de previsión presupuestaria se subsane vía modificación, que eso se puede hacer ya.

Yo prefiero quedarme con la última consideración de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que señala que, dado que la proposición de ley contempla la entrada en vigor el 1 de enero de 2021, su aprobación no afectaría a los estados de ingresos, de gastos del 2020 por lo que nada impediría su aprobación este año y mucho menos el inicio de su tramitación.

(Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

Gracias, presidente.

Miren, me llama la atención que los grupos parlamentarios hoy en el Gobierno en la legislatura pasada, en la Oposición, cuando nos encontrábamos con una situación como esta, en la que se rechazaba admitir a trámite una iniciativa por informes parecidos a los que se han presentado hoy, clamaban contra el Gobierno y nos acusaban de coartar el debate. La pregunta sería si ustedes están coartando el debate ahora mismo, yo creo que no, creo que esto es mucho más sencillo, simplemente no quieren tramitar un texto que lleve el sello del Partido Popular.

Termino, presidente, manifestando la conformidad del Grupo Nacionalista a la toma en consideración de esta proposición de Ley del tercer sector de acción social de Canarias, presentada por el Grupo Popular con la intención de poder continuar con los trabajos parlamentarios que desde el necesario consenso con el sector lleven a la aprobación de una ley fundamental para Canarias que si en la pasada legislatura era urgente ahora es de imperiosa necesidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Godoy.

Adelante.

El señor GODOY SUÁREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías.

En los peores años de la crisis, cuando el Gobierno de España y todo el territorio español estaba gobernado por la derecha, impuso, en estos gobiernos, severos recortes sociales para ayudar a las personas que más lo necesitaban, y quien intentaba dar respuesta a todos esos problemas sociales para los más desfavorecidos, en muchos casos, no eran esas administraciones sino era el llamado "tercer sector".

El tercer sector son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan defender los derechos e intereses de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, eso sí, más conocido para Vox como "los chiringuitos".

Hoy, el Partido Popular nos presenta en este Parlamento autonómico una proposición de ley del tercer sector de acción social de Canarias con el fin, según argumentan ustedes, de crear un marco legal del tercer sector de acción social en Canarias a través de la organización y de redes que lo conforman, adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer estas organizaciones y redes.

Y yo tengo que reconocer la perfecta metamorfosis que hace el Partido Popular cuando está en el Gobierno y ahora que está en la Oposición. Porque, como decía antes, en los años de la crisis una buena parte de la sociedad española estaba sumida en una grave situación, los altos índices de desempleo y exclusión social hacían que las organizaciones sociales se vieran desbordadas, sin apenas tener capacidad para dar respuesta a las numerosas demandas de ayudas: Mientras tanto, el Gobierno del Partido Popular recortaba las ayudas a esas organizaciones sociales. Y les voy a poner un ejemplo con dos titulares, uno de ellos es: La Junta de Andalucía suprime las ayudas a 241 ONG, eso actualmente, el Partido Popular gobernando y hoy nos presentan una ley para proteger al tercer sector. Y esto se debe, compañeros y compañeras del Partido Popular y también de Ciudadanos, cuando esos gobiernos dependen de Vox porque otro titular es: Vox negocia con la Junta de Andalucía para 2020 retirar a ayudas a asociaciones LGTBI y sindicatos con una visión política.

Y, claro, yo me pregunto, ¿está realmente el Partido Popular preocupado por ayudar al tercer sector y dotarlo de una ley?

Señorías, la política se hace con hechos, y no con palabras. Y ustedes nos demuestran, como ya se citaba en El Quijote que del dicho al hecho hay gran trecho. Y esta proposición de ley es muy bonita, con 36 páginas y envuelta de retórica política, pero la realidad es muy diferente y la realidad es que no se puede aceptar por los diferentes informes que hay del Gobierno de Canarias. Por cierto, argumentos que utiliza el Gobierno de Canarias y que ustedes utilizaban en la anterior legislatura, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, cuando diversos grupos de la Oposición en aquel momento presentaban la ley de renta ciudadana y ustedes se escudaban en estos mismos argumentos que hoy presenta el Gobierno de Canarias para echarla atrás.

No voy a volver a reiterar los diferentes argumentos que recoge el Gobierno de Canarias para no aceptar esta proposición de ley, pero sí me gustaría mencionar el caso de la incompatibilidad en muchos aspectos con la Ley de Servicios Sociales de Canarias, una ley de servicios sociales que salió de este Parlamento con la mayoría de todos los grupos parlamentarios, con un gran consenso de esta Cámara, y que ustedes ahora se quieren llevar por delante. No creo que el Partido Popular, una ley que ustedes tanto abanderaron se quieran llevar ahora por alante con la aprobación, si les dejásemos, de esta proposición de ley.

Y, además, también ya el Gobierno de Canarias ha anunciado en reiteradas ocasiones, y también lo menciona en el informe, su intención de crear y de traer a esta Cámara una ley del tercer sector. Y aquí evoco, como no puede ser de otro modo, a la generosidad y al encuentro de todos los grupos políticos representados en esta Cámara, esta vez sí, a través de esa propuesta que traiga el Gobierno de Canarias, una ley del tercer sector consensuada entre todos y todas para que el diálogo y la concordia sea, por fin, un bien de esta Cámara y dejemos de mirar de lado a los bienes partidistas y empecemos a mirar a los ciudadanos y a las ciudadanas.

En definitiva, para acabar, compartimos la necesidad de regulación del tercer sector en Canarias, pero esta propuesta (toses del orador), perdón (risas), es imposible de aceptar, y aquí sí me gustaría reconocer también el enorme trabajo que juegan todas estas asociaciones, organizaciones o ONG, colectivos, etcétera, que son capaces de llegar allá donde el Gobierno y las diferentes instituciones no son capaces de llegar, de trabajar desinteresadamente por mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas, por construir un país mejor donde todos tengamos nuestro espacio independientemente de nuestro sexo, género, orientación sexual o etnia o razón social.

Es por eso que queremos poner en valor el trabajo que realizan y seguiremos haciéndolo defendiendo su trabajo sin oportunismo político.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don David Godoy.

Hemos terminado las intervenciones de los grupos parlamentarios, así que, señorías, procedemos a la votación. (Suena el timbre de llamada a votación).

Vayan ocupando sus escaños.

Como saben... Ocupen sus escaños, señorías. Como saben, la Presidencia, en la votación, la Presidencia pregunta a la Cámara si toma o no en consideración la PPL-0002, del Grupo Popular, del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. Ese es el sentido de la votación.

Bien. Señorías, votamos.

(Pausa).

Señorías, 64 votos emitidos, 29 síes, 35 noes. Queda rechazada.

Continuamos, señorías, con el debate en lectura única.

Señorías, debate en lectura única del proyecto de Ley...

¿Sí? Señora Alemán.

Señorías, por favor, me han solicitado que se acerquen los portavoces un momento a la Mesa, si son tan amables.

(Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia). (Pausa).

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  • 10L/PPL-0002 Sobre Del Tercer Sector de Acción Social de Canarias.


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