Diario de Sesiones 29, de fecha 11/3/2020
Punto 4
10L/PNLP-0105 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A INTERNOS DE CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE INSERCIÓN SOCIAL.
El señor PRESIDENTE: Bien, entonces... perdón, señor Ponce, sí, disculpe, como nos ha manifestado el diputado de Coalición Canaria entonces habíamos, los grupos habían solicitado adelantar como primera PNL, sí, y luego creo que hubo un acuerdo entre los portavoces, me lo manifiestan así, si no continuamos con el orden del día para tratar en primer lugar la del Grupo Socialista sobre orientación y asistencia jurídica a internos en centros penitenciarios y centros de inserción social. ¿Empezamos por esta, señorías? ¿Sí? De acuerdo.
Señor Roque, tiene la palabra.
Señor Ponce, disculpe. Después de esta continuamos con la suya, ¿de acuerdo?
El señor ROQUE GONZÁLEZ: Buenos días.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene la palabra.
El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, dando por reiterado y reproducido el contenido íntegro de la PNL, que a buen seguro conocen, que no es más que poner en marcha o dotar económicamente al acuerdo que llegó el Ministerio del Interior y el Consejo de la Abogacía Española en ejecución de sus funciones el 16 de octubre de 2019 y que fue aprobado por resolución de 29 de octubre de 2019, dándole carácter normativo.
Este convenio tiene como finalidad establecer el marco jurídico para la realización de actuaciones de orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios del Estado y en los centros de inserción social, y proporcionar un primer consejo orientador a las personas internas, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se le planteen respecto de materias que se detallen en el propio convenio, así como la información sobre la posibilidad de recurrir a otros sistemas alternativos de resolución de conflictos, con el fin de evitar los litigios procesales y analizar la viabilidad de sus pretensiones.
En este sentido, queda excluido, en todo caso, la presentación de recursos en vía judicial, que corresponderá a los abogados que tenga asignada la defensa en el juicio del interesado, excepto en los recursos de reforma ante los jueces de vigilancia penitenciaria que no sea preceptiva la intervención de los abogados.
Con anterioridad a este convenio ya es conocido que se venía prestando este servicio de asesoramiento jurídico penitenciario en algunos centros, y de ahí la necesidad de contar con un marco jurídico estable y ordenado al cual se pueden adherir todos los colegios de la abogacía española, de prestar este servicio que queden dentro de su ámbito territorial.
Sin embargo, este convenio, como se recoge en el mismo, carece de trascendencia económica y ambas partes reconocen la compatibilidad y complementariedad del mismo para que otros convenios puedan suscribirse con distintas administraciones públicas, en este caso, el Gobierno de Canarias, tendentes a dotar económicamente las actuaciones y gastos por la prestación de los servicios de orientación jurídica y asistencia jurídica en penitenciarías.
Por lo tanto, esta es la propuesta, lo único que hago es trasladar la resolución y los derechos que ya se les reconoce en la Ley penitenciaria a las personas que están internadas en los centros penitenciarios y, por lo tanto, espero que la apoyen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roque.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Nacionalista.
Grupo enmendante.
Adelante, señor diputado.
El señor DE FELIPE LORENZO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Bueno, hoy nos sorprende el Grupo Socialista con una nueva práctica, ha pasado de las preguntas alfombra, a las que ya nos tiene acostumbrados, incluso, en el Congreso de los Diputados, a las PNL alfombra. Las preguntas alfombra están bien, porque dan información a los ciudadanos sobre la acción del Gobierno, por lo menos eso; pero las PNL alfombra lo que vienen a hacer es reproducir el Boletín Oficial del Estado.
Usted ha dicho perfectamente, señor Mauricio, que esto es una resolución de 29 de octubre del año 2019 que se tiene que cumplir en todo Estado de derecho las normas, y las resoluciones están para cumplirse. Y por eso este grupo viene con una enmienda, una enmienda seria, una enmienda valiente y una enmienda que también se recoge en la normativa y en nuestro Estado de derecho, el artículo 6.1 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, como usted bien sabe, establece ese marco de orientación profesional hacia la conciliación o la mediación de personas que acuden en un primer lugar, antes de comenzar el proceso, a las dependencias de los colegios de abogados, y ahora mismo se está prestando de una forma un poco altruista y de aquella manera, sin un nivel profesional y sin un nivel normado, por parte de algunos colegios de abogados.
Sorprende aún más que la consejería en este caso tenga un convenio con el Colegio de Abogados de Tenerife para esta cuestión concreta, que es la cuestión de orientación y asesoramiento previo a la conciliación y mediación, y no lo tenga con el resto de colegios de abogados existentes.
Yo creo que, en el día de hoy, parece lógica esta enmienda, es una enmienda de adición, evidentemente nosotros vamos a votar a favor, cómo no vamos a votar a favor del cumplimiento de una resolución. Además, puedo predecir, y no he hablado con ningún grupo político, que todos vamos a votar a favor, cómo no vamos a votar a favor de una norma, pero realmente yo creo que es un momento oportuno para intentar ir más allá, dar ese servicio de orientación a las personas que están en libertad, que sean atendidos por profesionales en los colegios de abogados y que puedan utilizar los mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, que va en pro, además, de bajar la litigiosidad en Canarias, lo cual es positivo, incluso, para la consejería.
Yo creo que no tener en cuenta hoy esta enmienda de adición es un "sí pero no", un "sí pero no", porque lo presenta un grupo político determinado, que no es el nuestro, y yo creo que se debería de hacer un ejercicio de valentía y decir que esta enmienda de adición se tiene que aprobar. Estoy seguro de que si se hiciera una votación por separado, en este caso no se va a hacer, ustedes evidentemente son los propietarios, y digo propietarios entre comillas, de esta PNL, pero si se hiciera una votación por separado casi todos los grupos políticos estaríamos de acuerdo en que hace falta tomar esta medida de orientación previa al proceso al que deben tener derecho las personas y que deben conocer antes de iniciar el litigio y, además, optar por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque de qué nos vale que existan mecanismos alternativos de resolución de conflictos si no existe una vía previa para informar y asesorar de los mismos.
Por eso es nuestra enmienda, yo espero que sea aprobada, y si no es así, evidentemente, nosotros vamos a aprobar esa PNL porque da cumplimiento a la resolución de 29 de octubre, como ustedes bien dicen.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Mauricio Roque, para posicionarse sobre la enmienda, por favor.
El señor ROQUE GONZÁLEZ (desde su escaño): ... (Sin micrófono).
El señor PRESIDENTE: Debería escucharse.
El señor ROQUE GONZÁLEZ (desde su escaño): ¿Ahora?, sí.
Gracias, de nuevo, señor presidente.
Y simplemente explicar tres aspectos que es por lo que es rechazada la enmienda. El interés de este grupo es que sea una enmienda límpida, sin ningún tipo de obstáculo y conforme a la resolución que sale en el Boletín Oficial del Estado. Y se llama alfombra, le explico, a la disposición octava de esa enmienda, de esa resolución que dice: "El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben. Aunque el presente Convenio carece de trascendencia económica, ambas partes reconocen la compatibilidad y complementariedad del mismo con otros que puedan suscribirse con distintas administraciones públicas tendentes a dotar económicamente las actuaciones y gastos generados por la prestación de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria.". Esta resolución, al igual que la ley de Aragón de justicia gratuita es desarrollo de la ley de justicia gratuita de nivel nacional que necesita desarrollo, se ha establecido el marco, no tenemos el marco de la justicia gratuita que establece y aparte de eso...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roque, lo siento mucho, se acabó el tiempo. Queda clara su posición, no es aceptada la enmienda y, por lo tanto, continuamos con el debate.
Turno para el Grupo Mixto, don Ricardo.
El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS (desde su escaño): Gracias, presidente.
Mi intervención va a ser, evidentemente, muy corta, creo que es un tema que está más que justificado, la exposición de motivos en la propia PNL es clara y contundente. Nuestro apoyo a que los ciudadanos que están, en este, en las instituciones penitenciarias o en los centros de retención pues sean garantes de todos sus derechos como ciudadanos y, es más, que las políticas de recensión sean lo más efectivas posibles para que reincorpore a la sociedad.
Por lo tanto, sin más dilación, nuestro voto favorable a esta PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ricardo.
Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Bueno, respecto al asunto que aborda esta PNL adelantar que la formación política de Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor porque, evidentemente, estar privado de libertad no significa estar privado de derechos. Y dentro de los derechos que tienen los presos pues procede el del tener derecho a recibir la orientación y la asistencia jurídica correspondiente, tanto así lo mantiene el artículo 25.2 de la Constitución española como la Ley Orgánica 1/1979 que nos recuerdan que la finalidad de las penas y los derechos de las personas sentenciadas a penas y medidas privativas de libertad tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
Por tanto, en esta PNL no se está pidiendo otra cosa más allá que cumplir con la ley y facilitar el derecho o los derechos que les corresponden a todos y cada uno de ellos.
Además, creo que sería, también, acertado que las administraciones estimularan la posibilidad de que acudiesen a las distintas instituciones públicas con las que contamos en la actualidad para que hicieran las críticas oportunas y así probablemente nos ayudarían a mejorar el sistema penitenciario, ya fuese a través de las quejas mediante el Diputado del Común o de las distintas instituciones con las que contamos actualmente.
Finalizo, también, recordando que en Canarias contamos en la actualidad con centros penitenciarios en la isla de Lanzarote, de Gran Canaria, de Tenerife y La Palma con una población reclusa aproximada, según datos del Istac en el periodo 2018, de una población reclusa de ambos sexos alrededor de tres mil trescientas personas. Por tanto, hablamos de muchas personas que no deben de ver menoscabados ninguno de sus derechos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.
Turno para el Grupo de Sí Podemos Canarias, señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ (desde su escaño): Simplemente decir que efectivamente la población reclusa, salvo que el objetivo de su detención sea incompatible con otra serie de derechos, debe tener la posibilidad de cumplir una serie de derechos y obligaciones de carácter civil, social y cultural y aquí lo que se está planteando es cumplir la ley y, sobre todo, eliminar, en fin, que siempre sea de carácter altruista o los recursos tengan que buscarse la vida para informarse de cuál es su ubicación y luego decidir qué iniciativa tomar al respecto.
Por lo tanto, a nosotros nos parece acertada la posibilidad incluso porque plantea dotar económicamente a través de una figura jurídica financiera que proceda, ya veremos cuál sería, pero sí, efectivamente es necesario informar a esta gente de cuál es su situación y orientarlos en el sentido de ver qué iniciativa es mejor tomar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Déniz.
Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, doña Carmen Rosa Hernández, tiene la palabra.
La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.
Nueva Canarias, como no podía ser de otra manera, va a apoyar esta proposición no de ley, primero, porque desde el punto de vista del marco legal internacional y de nuestra propia Constitución en el artículo 25.2, las personas privadas de libertad mantienen todos sus derechos, y uno fundamental es el desarrollo integral de su personalidad, y aunque no es el motivo de esta comparecencia es difícil hablar de la situación de las personas privadas de libertad, de la... y no hablar del estado de las instituciones penitenciarias en Canarias, pero ciñéndonos a la proposición, estamos absolutamente de acuerdo que con esta iniciativa, con este convenio, entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española, para poder organizar y prestar servicios de orientación y asistencia jurídica a los internos e internas.
Esto creemos que debe contar con el respaldo económico de las administraciones públicas para hacer efectivo este derecho, para no estar contando, como a veces ocurre hasta ahora, con el voluntarismo al que debemos prestar todo nuestro agradecimiento pero que creemos que son las instituciones quienes deben velar por esta asistencia y esta orientación jurídica.
Ya el propio Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado cómo la figura del jurista en prisión ha sido más que testimonial al dedicarse, en algunos centros, a más de quinientos internos, por tanto la labor de los letrados de turno de oficio acaba prácticamente del todo con la sentencia y los que continúan de forma voluntaria -es a ese voluntarismo al que me refería antes- lo hacen sin ningún tipo de remuneración.
Por tanto, totalmente de acuerdo con esta proposición no de ley y, por supuesto, seguir trabajando para que nuestras cárceles cumplan con su verdadero fin, que no es otro que la plena inserción en el mundo y en la sociedad de las personas privadas de libertad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno para el Grupo Popular, doña Astrid.
La señora PÉREZ BATISTA: Buenos días, presidente. Señores del Gobierno, diputados.
Nosotros vamos a apoyar esta PNL para que el Gobierno de Canarias dote económicamente las actuaciones y gastos generados por los colegios de abogados de Canarias para la asistencia y asesoramiento jurídico a internos en centros penitenciarios y centros de inserción social.
Pero es real que durante muchos años y hasta la actualidad, hasta hoy en día, la asistencia que se ofrece y que se ofrecía a estas personas condenadas a penas privativas de libertad terminaba en el momento de la sentencia firme, y terminaba en el momento de la firmeza de la sentencia porque la asistencia jurídica gratuita abarcaba, únicamente, hasta la sentencia firme. ¿Quiénes eran los únicos presos que podían tener asesoramiento posterior?, aquellos que litigaban con abogado particular. Una vez que había sentencia firme, el único asesoramiento que existe y que existía, pero que sigue existiendo, es la de los juristas de la Administración penitenciaria con muchas limitaciones, también es cierto.
Por tanto, nosotros efectivamente entendemos que es indiscutible la necesidad que tiene la población reclusa de un servicio que les informe y oriente respecto a determinadas cuestiones como pueden ser derechos que se conservan en la fase de ejecución penal, les asista en lo que respecta a permisos, acumulaciones, limitaciones de condena, revisiones de oficio en las que, realmente, muchos de los letrados desconocen derecho penitenciario no les puede ayudar y, por otro lado, no lo pueden hacer de manera gratuita.
Pero es verdad, se hace evidentemente necesario cubrirlas con un servicio independiente, remunerado, profesional, por parte de los colegios de la abogacía, pero eso sí, eso sí, nosotros planteamos -y lo decimos hoy claramente- que sea íntegramente financiado por el Gobierno de Canarias. Nosotros no estamos de acuerdo con esa partida presupuestaria que usted ha hecho constar en la PNL de 45 000 euros, nos parece muy insuficiente. Y lo digo por la siguiente razón: actualmente, y lo llevamos reclamando nosotros, el Partido Popular, en este Parlamento, actualmente, el turno de oficio es un servicio esencial ¡que debería ser!, pero no lo es, financiado íntegramente por el Gobierno. Ahora son los colegios de abogados los que en un porcentaje importante pagan, con recursos propios, ese turno de oficio que no nos corresponde, y vemos como abogados, ejercientes y no ejercientes, que no hemos estado en el turno de oficio tenemos, con nuestra cuota, que pagar algo cuando no nos correspondía y que lo debe pagar el Gobierno de Canarias.
Por tanto, sí que hago un llamamiento, aunque no es el objeto de la PNL, primero, para que se cubran todos los servicios del turno de oficio, los cubra el colegio o bien los abogados hacemos trabajos o servicios para el turno de oficio, sin que se nos remunere, de manera gratuita, y desde luego, sí que es verdad que vamos a exigir que se financie ín-te-gra-men-te, no con 45 000 euros y que el colegio de abogados ponga la diferencia que siempre, generalmente, es el doble... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación.
(Suena el timbre de llamada a votación). (Pausa).
Sí. Señorías, por favor ocupen sus escaños.
Señorías, vamos a votar, ocupen sus escaños. Señorías, por favor, ocupen sus escaños, recuerden, recuerden que no se puede entrar después del sonido de la campana. Por favor, ocupen sus escaños, vamos a votar, señorías. (Pausa).
Bien, señorías, hay 51 votos emitidos, recuerden que tenemos un voto delegado, un voto delegado, por tanto, son 52 votos emitidos: 52 síes. Por tanto, queda aprobada.
¿Sí?
La señora PÉREZ BATISTA (desde su escaño): ... que le estaba diciendo mi compañero que no podían entrar los compañeros después de la votación. Solicito la...
El señor PRESIDENTE: Repetimos, no pasa nada, señora doña Astrid.
Señor Ponce, por favor, ocupe el escaño.
Vamos a repetir la votación, señorías. A ver, no, no, no, por favor, señorías, no, no, no, no, no, no, le pido que abandone el hemiciclo (dirigiéndose al diputado que acaba de entrar al salón).
Bien, señorías, por favor, vamos a votar. (Pausa).
Señorías, finalizada la votación, 53 votos emitidos: 53 síes. Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias.
(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente segunda, Dávila Mamely).
