Diario de Sesiones 45, de fecha 30/9/2020
Punto 1
10L/C/P-0510 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, SOBRE OCUPACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN CANARIAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
El señor PRESIDENTE: Lo hacemos con la comparecencia en pleno del Gobierno, sobre ocupación de bienes inmuebles en Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra, señora Astrid Pérez.
(Rumores en la sala).
La señora PÉREZ BATISTA: Gracias, presidente. Señorías.
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Buenos días.
Señora Pérez, tiene la palabra.
La señora PÉREZ BATISTA: El Partido Popular, el Grupo Popular, está muy preocupado por el incremento en los últimos años de la ocupación ilegal en España y en Canarias. Por ello, hoy traemos a este pleno del Parlamento este asunto, que tiene, sin riesgo de exagerar, atemorizados a muchos canarios.
Para que nos hagamos una idea de la dimensión que ha alcanzado, fuentes del Ministerio del Interior afirman que en el primer semestre de este año se han denunciado más de ocho mil okupaciones, a razón de cuarenta y una okupaciones por día. Se estima que hay un mínimo de 87 000 viviendas ocupadas ilegalmente, a las que habría que sumar aquellas ocupaciones que evidentemente no son denunciadas.
Si nos centramos en la comunidad autónoma canaria, el ranking arroja una cifra preocupante. Es la tercera comunidad autónoma en la que más han aumentado las denuncias, un 14,8 % respecto al mismo periodo de 2019. Gran Canaria se sitúa como el cuarto territorio de España en el que más ha crecido el fenómeno okupa en los seis primeros meses, solo por detrás de Ceuta, Huesca y Gerona.
Señorías, señor consejero, estos datos de la ocupación ilegal en Canarias son preocupantes y este Parlamento y este Gobierno no pueden estar ajenos ni alejados de esta realidad. El Partido Popular no va a mirar para otro lado, vamos a defender la propiedad privada, vamos a estar cerca de las víctimas, y les garantizo que no vamos a estar cerca de los delincuentes como otras formaciones políticas. Porque la ocupación ilegal es un problema creciente que no solo ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada sino que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad y la integridad de las personas y de los bienes.
Señorías, existen diferentes tipos de okupación: la llamada okupación realizada por mafias delincuentes, que obtienen beneficios económicos de la práctica del allanamiento de la morada, y también existe aquella okupación, como todos sabemos, surgida a consecuencia de la crisis económica, de todas aquellas familias que no pueden acceder a una vivienda o personas en situación irregular que no pueden coger ayudas sociales y que, mientras las administraciones autonómicas no les provean de una vivienda social o una solución alternativa, optan por esta opción para tener un techo donde vivir.
La necesidad habitacional de muchas familias de Canarias ha hecho que estas hayan caído en manos de mafias, causando un grave perjuicio a los titulares de las viviendas, pero también a ellos mismos, a esos moradores, que incluso en muchas ocasiones son amenazados y coaccionados por estas mafias.
Señorías, señor consejero, la lucha sobre la ocupación ilegal debe versar sobre dos aspectos fundamentales. Por un lado, las reformas legislativas en la jurisdicción penal y civil. Evidentemente en el Congreso de los Diputados, porque es competencia del Estado. Y, por otro lado, la existencia de una serie de actuaciones y políticas autonómicas destinadas a acabar con la ocupación ilegal y concretamente viviendas públicas, que sí que es competencia de esta comunidad autónoma.
Somos realistas;:las modificaciones en la jurisdicción civil y penal son esenciales, pero ello debe venir acompañado de una política autonómica que cumpla con estas familias con pocos recursos que no pueden acceder a este mercado de la vivienda. Porque, como bien sabemos, esta comunidad autónoma tiene la competencia de garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna, regular su función social, mediante un sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad, y poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales vulnerables. Esta es la mayor política contra la ocupación ilegal y, sin embargo, desgraciadamente, en Canarias, hace más de quince años, de quince y veinte años, que no se construye vivienda pública.
Pero, además, deben plantearse en el ámbito autonómico otras medidas, medidas integrales para la protección del patrimonio, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.
Hasta el día de hoy, señor consejero, señores del Gobierno, no conocemos ninguna política ni actuación gubernamental de este Gobierno canario que tenga por objeto luchar contra la ocupación ilegal y defender el derecho a la propiedad privada. Por tanto, el objeto de la comparecencia es que nos gustaría, señor consejero, señores del Gobierno, que nos exponga cuál es la estrategia y las medidas planteadas por el Gobierno canario para poner cerco y control al problema de la ocupación ilegal, si es que este Gobierno tiene alguna estrategia o algún plan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Turno para el Gobierno. Señor Pérez.
Adelante. Señor consejero, adelante.
El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Gracias, en primer lugar, a la Mesa de la Cámara y a la Junta de Portavoces por permitirme trasladar de ayer a hoy esta comparecencia, que formaba parte de la sesión de control.
Por si me olvido en la exposición, señora Pérez, dos medidas concretas, por si luego me olvido, dos medidas concretas: el aumento de la construcción y de la adjudicación de viviendas y la generación de mecanismos de realojo alternativo inmediato para quienes son desalojados en esas situaciones que usted ha descrito. De modo que sí, alguna estrategia tenemos, aunque, como usted misma expone, se trata de algo que afecta al conjunto del país y cuyas soluciones básicas -con esto no quiero decir que no vayamos a ocuparnos- dependen del Congreso de los Diputados, dependen del sistema judicial y dependen de la actuación policial.
En lo esencial, el Gobierno, por lo menos el consejero que habla, está esencialmente, en lo esencial, en lo básico, de acuerdo con la exposición de su señoría, ¿no? Quizá habría que examinar bien las cifras para estar seguros de que Canarias es, como dice usted, una de las regiones en donde el fenómeno se produce con mayor intensidad. Los datos que yo tengo no son exactamente esos, pero yo no quisiera que eso fuera un objeto de discusión, porque por poco que fuera, por escasa, por pequeña que fuera la dimensión del fenómeno, produce siempre un enorme desasosiego y una enorme irritación: en quien se ve privado de su casa, porque es objeto de una ocupación ilegal, de un asalto en ocasiones por las mafias, por quienes no buscan otro propósito que la aprehensión de lo ajeno, y también irritación e incomodidad en quienes no tienen ninguna casa y antes que estar sin ningún techo se introducen en la que encuentran.
Yo creo que lo primero sería distinguir esos dos fenómenos, separar los casos en que las ocupaciones de viviendas ilegales se producen por falta de una vivienda, ha dicho usted, y es usted quien lo dice y no el Gobierno, que en los últimos quince años las adjudicaciones han sido prácticamente nulas, de vivienda protegida, en Canarias. El consejero Franquis ha expuesto aquí varias veces cómo pretende darle la vuelta a esa situación y que empiecen a construirse viviendas y adjudicarse. Pero, como digo, distinguir el caso de quienes se meten en una casa que ven vacía porque no tienen donde estar y quienes, por el contrario, lo hacen sin otro propósito, sin necesidad ninguna, sin otro propósito que la apropiación de lo ajeno.
Como usted ha descrito, se está produciendo no solo en España, en toda Europa, una especie de mercado mafioso de okupaciones. Hay quien okupa para luego alquilar y ceder.
Nosotros creemos que el esfuerzo es un esfuerzo, el esfuerzo de las administraciones públicas, que debe producirse en varias direcciones. Afortunadamente, en las últimas semanas se han producido algunas actuaciones del Estado que permiten tener una cierta esperanza de que las cosas, algunas, puedan corregirse, porque hay actuaciones sociales, y usted ha puesto la señal o ha marcado las que debemos hacer nosotros -construcción de viviendas, estar atentos al fenómeno-, pero también hay actuaciones policiales y hay actuaciones judiciales que en los últimos años, como consecuencia de los defectos de las leyes o como consecuencia de los defectos en los protocolos de actuación, no han sido probablemente las más adecuadas, permitiendo que se consolidaran okupaciones que debían haber sido resueltas de inmediato.
En Canarias, da usted unos datos que a mí me gustaría chequear, porque no coinciden con los que yo tengo, los que proceden de la Delegación del Gobierno por un lado, del Consejo del Poder Judicial por otro y de nuestro propio sistema Atlante, que facilita estadísticas de los distintos procesos judiciales. Pero, como digo, el número, siendo importante saberlo, el número, por poco que sea, por poco que sea, debe movernos a una preocupación extrema.
Hay algo significativo en las cifras de Canarias, y es que el número de actuaciones policiales es muy superior al número de actuaciones judiciales. De modo que alguna señal, por encontrar una señal positiva, en el deseo de buscar una luz de esperanza, parece que muchas de estas situaciones se resuelven sin la intervención judicial. La intervención judicial en Canarias se está produciendo luego con notable prontitud, las actuaciones judiciales se resuelven con prontitud. No hay quejas de demora en los procedimientos judiciales para el desalojo de los ocupantes. Las estadísticas del Consejo del Poder Judicial yo creo que no son representativas este año, porque se refieren a una reducción de los casos de lanzamiento. Pero este es un año singular, un año especial. Y por añadirle algún dato, en viviendas del parque público, es decir, en las viviendas del parque público de Canarias, que son unos cuantas miles, como probablemente su señoría sabe -el parque público está compuesto en Canarias por unas... no llega a veinte mil viviendas, diecinueve mil aproximadamente-... Pues en ese parque público hay en este momento una situación de 100 okupaciones, un poquito más de cien, 75 en la provincia de Tenerife y 27 en la provincia de Las Palmas. Y por zonas, por efecto territorial, el fenómeno de la okupación se produce principalmente en las dos ciudades capitales del archipiélago, en Santa Cruz y en Las Palmas, y después en las zonas turísticas, en San Bartolomé de Tirajana y en Arona es donde se produce una mayor incidencia de este fenómeno de las ocupaciones ilegales.
Qué puede hacer el Gobierno de Canarias, más allá de lo que usted ha sugerido, que yo creo que es una invitación que debe ser aceptada, impulsar en el Congreso de los Diputados las modificaciones legislativas. Pues yo creo que debe prestar ayuda y cooperación a las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente para que apliquen las nuevas reglas, la instrucción que ha dictado la Fiscalía General hace escasamente una semana, un poco más, para facilitar la rapidez en la actuación de las policías y organizar los recursos de servicios sociales para que cuando deba producirse el desalojo de personas en situación de necesidad no se produzca el desalojo sin un realojo automático. La consejera de Servicios Sociales ha puesto en marcha recientemente, con los servicios propios de su consejería, un recurso específico para el realojo inmediato de quienes pueden ser objeto de estas actuaciones de desalojo.
Y por lo demás, como le dije al principio, comparto, compartimos su preocupación por este problema, cualquiera que sea su dimensión, cualquiera que sean los matices, y creo que sí podemos ofrecer un principio de estrategia, como usted demanda, para hacer frente, dentro de nuestras competencias, a un problema de esta gravedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Don Ricardo.
El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS (desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señor consejero.
En Ciudadanos consideramos urgente abordar el fenómeno de la okupación llevada a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que lo hacen de forma premeditada y con una finalidad lucrativa. Hay que distinguir la llamada okupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad y la realizada desde la delincuencia organizada, como usted bien ha dicho. El primer caso debe ser atendido por el Gobierno de Canarias mediante medidas sociales, construcción de viviendas, etcétera, y en ambos casos sí creemos que se debe proteger la propiedad.
La delincuencia se aprovecha de estas personas en situación de vulnerabilidad a través del engaño y la extorsión. Tanto los vecinos como los propietarios son víctimas de estas okupaciones. Las comunidades de vecinos sufren el deterioro de la convivencia, al tiempo que propietarios e inquilinos encuentran que es imposible entrar en su propia casa al volver de vacaciones o tras una corta ausencia.
La escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales suponen un grave problema para los propietarios, así como para los vecinos y las familias.
Señorías, la okupación es un problema gravísimo para los propietarios. Estamos hablando de familias que cumplen a diario con sus obligaciones ante la ley y que han pagado religiosamente su vivienda con el sudor de su frente y el esfuerzo de su trabajo. No hay derecho a que se vean en la calle sin poder recuperar de forma inmediata lo que es suyo. Y aún peor: desamparados por la ley. No puede ser que, cuando los propietarios acuden a la justicia para poder recuperar su piso y la seguridad de su edificio, se encuentren irremediablemente con un proceso largo y complejo que permite al okupa quedarse años en la vivienda a la espera de que un juez decida.
Los datos, usted los ha comentado, pero sí reflejan un aumento en los últimos años de este fenómeno.
Desde Ciudadanos proponemos medidas para proteger a los propietarios y dotarlos de instrumentos legales que les permitan combatir la ocupación ilegal de sus viviendas y últimamente también de naves y locales comerciales.
Entre las medidas que proponemos se encuentra, por ejemplo, reforzar los medios de la comunidad de propietarios para impedir que en el piso o local ocupado ilegalmente se puedan desarrollar actividades prohibidas que afectan a la seguridad y a la convivencia ciudadanas; reforzar la propiedad para evitar que los juicios se conviertan en barreras infranqueables que impidan que se pueda recuperar su vivienda. Ante una denuncia del propietario, si el ocupante de la vivienda denunciado no es capaz de aportar ningún título que justifique su ocupación, el juez como primera actuación ordenará la entrega de la posesión al propietario demandante. Otras medidas tan básicas como que los ayuntamientos velen por la seguridad frente a la ocupación ilegal y también reforzar la actuación de la policía, habilitándola para que pueda entrar en viviendas okupadas cuando haya indicios razonables, y siempre con una serie de premisas, de que se están cometiendo delitos.
Señorías, no es de recibo que los propietarios vean sus inmuebles sustraídos y sientan la impotencia frente a la justicia. Se debe dar una respuesta contundente a quien se apropia del uso de lo que no es suyo, como cuando se roba un coche, un establecimiento o se roba el uso de una vivienda mediante la okupación.
El Gobierno de Canarias tiene yo creo que por delante un reto, y es ayudar a todas estas personas en situación de vulnerabilidad que lo necesitan, pero, en definitiva, señor consejero, y usted es un hombre de ley y de orden, se debe combatir el hecho de la ocupación ilegal de viviendas con todo el peso de la ley. La ley y su cumplimiento no pueden verse... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adiciona).
Termino, presidente. Gracias.
La ley y su cumplimiento no pueden verse diluidos en la retórica por quienes defienden la okupación y jalean para que se haga un falso entendido derecho de quien no lo tiene.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.
El señor RAMOS CHINEA (desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías; muy buenos días, señor consejero.
Bueno, si partimos de la base de que ya la Constitución española en su artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos proveerán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, pues, vemos que algo no se ha hecho bien y algo ha estado fallando. Estamos ante un problema social y los poderes públicos deben poner solución, tal y como les exige la propia Constitución.
Si analizamos el problema en Canarias, vemos que está focalizado en las dos islas capitalinas. Vemos como, por ejemplo, en la provincia de Las Palmas ha bajado en Lanzarote y Fuerteventura, pero, en cambio, ha subido en la isla de Gran Canaria; y si tenemos en cuenta la provincia de Santa Cruz de Tenerife, vemos que todos los casos están focalizados en la isla de Tenerife. Por lo tanto, creo que se hace esencial esa coordinación con cabildos y ayuntamientos, pero también tenemos que ayudar a esos cabildos y a esos ayuntamientos por la falta de medios que tienen. La mayoría de los ayuntamientos no tienen suficientes plazas de policía. Eso es algo que luego les limita muchísimo al realizar este tipo de trabajos, ya sean inspecciones o cualquier otra medida.
Creo que este Gobierno de Canarias está poniendo soluciones. Como usted muy bien dijo, hay que diferenciar muy bien entre aquellos que hacen esto de una forma fraudulenta o para obtener beneficios, como son esas mafias organizadas, y, por otro lado, esta gente y familias sin recursos a los que no les queda otra obligación que entrar en una vivienda para poder darles un techo a sus hijos.
Como ya les decía, creo que el Gobierno de Canarias está poniendo medios. Para este último caso tenemos el plan de vivienda en el que estamos trabajando. Y otro ejemplo podría ser el plan extraordinario de Visocan para el 2020-2023, que tiene cuatro ejes estratégicos bien diferenciados, y siempre con la intención de mitigar los efectos sociales y económicos de esta grave crisis que estamos sufriendo. El primer eje, como le dije, sería la rehabilitación del parque de viviendas; el segundo, la renovación de obras paradas, algo que también creemos que es esencial; el desarrollo del suelo, por supuesto; y también derechos de superficie, es decir, también incentivar la inversión privada, algo que creemos que es lógico y necesario, que se invierta desde lo privado para obtener vivienda pública, siempre con un alquiler asequible porque... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -gracias, señor presidente- porque ese alquiler social que tenemos muchas veces, a pesar de que las cantidades son muy inferiores a un alquiler normal, pero hay muchísimas familias que aun así no pueden permitirse pagar ese alquiler social. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de que sea también asequible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Señor presidente. Señorías, buenos días.
Nosotros también rechazamos la delincuencia organizada, las mafias que están alrededor de este fenómeno, que desgraciadamente en determinados ámbitos ha aumentado. Ahora bien, nosotros entendemos que interesadamente algunos medios de comunicación confunden toda la realidad de este fenómeno. Como bien han señalado mis predecesores, hay situaciones bastante diversas. Desgraciadamente, insisto, se mete todo en el mismo saco y se confunden mafias con familias que necesitan una vivienda, porque, señorías, sin vivienda, sin hogar, no hay vida tampoco. Entonces me parece que es importante no caer en elementos que generan miedo, que generan pánico y que generan alarmismo. Los propios jueces conservadores, es decir, la mayoría de los jueces, dicen que no hay datos para negar este alarmismo, no hay datos para negar este alarmismo, y que una cosa es el allanamiento de morada, para lo cual la ley establece medidas de protección absoluta contra... contra los propietarios de las viviendas, es decir, para el allanamiento de morada, se protege la inviolabilidad del domicilio y se actúa rápidamente, y otra cosa es la usurpación de propiedades que, generalmente vacías, pertenecen también a bancos, fondos buitre y demás. Son cuestiones bastante diferentes.
En todo caso, en Canarias hay alrededor de ciento veintitrés mil viviendas vacías, según se planteó por la consejería recientemente. La mayoría pertenece, ya digo, a bancos, a fondos buitre. Han aumentado, por ejemplo, los desahucios por impago de alquiler, motivado por la crisis, a diferencia de la crisis anterior cuando aumentaron los desahucios por hipotecas, por impago de hipotecas, y esto nos está haciendo ver que hay un montón de familias vulnerables. Para eso la Consejería de Servicios Sociales tiene establecido perfectamente un protocolo para estas situaciones, para garantizar el realojo de las familias vulnerables, las familias vulnerables y familias humildes que no tienen recursos para pagar el alquiler.
Es decir, nosotros creemos que no hay que generar alarmismo en este sentido, porque, como indican los propios jueces, las denuncias que hay por allanamiento de morada van a la baja; en cambio, ya le digo, las denuncias por usurpación sí van al alza. Y nos parece que hacemos poco favor al entendimiento y a razonar qué es lo que realmente está sucediendo: el problema de un montón de familias que se ven en la obligación de okupar una vivienda, generalmente, ya digo, de bancos y de fondos buitre o apartamentos turísticos vacíos, para llevar una vida en las mínimas condiciones de dignidad. Y me parece que el Gobierno de Canarias tiene que establecer un plan tanto para el realojo de las situaciones de vulnerabilidad como para garantizar una vivienda asequible en régimen de alquiler que las familias puedan pagar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Déniz.
Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas.
Sin duda, el fenómeno de la ocupación ilegal, que no es nuevo, ha tomado una gran relevancia pública y mediática en los últimos meses.
Este es un asunto que debe ser tratado -y me alegra que la proponente así lo haya hecho- en su doble vertiente: la vertiente judicial y, por tanto, todo el peso de la ley para las ocupaciones ilegales cuando se trata de organizaciones o mafias que mercadean con la propiedad privada, ahí tiene que caer todo el peso de la ley; pero también tenemos que ser conscientes, sobre todo en Canarias, de que hay una okupación provocada por familias que no tienen recursos y que no tienen una posibilidad de una vivienda, porque, cuando hablamos del derecho constitucional a la propiedad, y todos lo defendemos y lo apoyamos, como no podía ser de otra manera, tampoco podemos olvidar el derecho constitucional, recogido en el artículo 47, que tienen todas las personas en España y en Canarias a vivir en una vivienda digna. Por tanto, también tenemos que defender ese derecho. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión compartida.
Y una pregunta: ¿dónde creen sus señorías que van las familias, las 590 familias que han sido desahuciadas este año en el primer trimestre y las 1000 que fueron desahuciadas en el año 2019? No sé si se han hecho alguna pregunta. Yo les puedo contestar adonde van porque conozco a muchas al menos en mi municipio. ¿Y saben dónde van? Miren, algunas se separan, se separa la familia, la madre se lleva al niño con un familiar y el padre se va a otra familia y se queda en el coche; otras, directamente los padres se quedan en los coches y los niños con abuelos o con tíos; algunas se van a vivir a cuevas, tenemos canarios y canarias que viven hoy en cuevas o en infraviviendas, es decir, en casas abandonadas que se están cayendo y se alojan, como no podía ser de otra manera; otras familias se separan y los recibimos en los centros para las personas sin hogar, es decir, hay familias hoy desahuciadas que se han ido a los centros de personas sin hogar, a los centros de sin techo, familias que hasta el otro día vivían en una vivienda y eran familias normalizadas y estructuradas; y otras terminan okupando viviendas que están vacías, fundamentalmente son viviendas de propiedades, grandes tenedores, de bancos o de inmobiliarias, y también, y tenemos que decirlo, muchas son propiedad de la comunidad autónoma. Y la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que, teniendo más de diecisiete mil demandantes de vivienda pública, queden viviendas públicas vacías y, por tanto, sean ocupadas de manera ilegal? Por tanto, tenemos que hacer una política correcta de promoción de vivienda pública.
Urge, no podemos esperar a la construcción... Una construcción desde lo público, siendo muy diligentes, va a tardar dos o tres años, ¿y en el mientrastanto...? Podemos darles hostales, como está haciendo la consejera, que, por cierto, se lo agradezco. Vivimos un caso dramático en nuestro municipio, con un bebé, y se le dio un hostal. Pero ya le adelanto que tenemos en puertas ocho nuevos desahucios y el siguiente, el 29 de octubre, con tres menores de 6, 7 y 9 años, y aquí... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) un abrazo a la familia que representa este drama social y a la que le hemos dicho desde el ámbito local que no se sienta sola, que tiene a todas las administraciones amparando su derecho y también protegiendo a sus menores. Pero urge una política pública de vivienda, señorías, urge, y no puede esperar años, tiene que ser ya.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista.
El señor RODRÍGUEZ VALIDO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Desde luego la crisis de la COVID o del COVID nos ha afectado a todos los ciudadanos y evidentemente mucho más a los más vulnerables, y probablemente ese sea uno de los elementos claves para que en los últimos meses se haya incrementado la okupación de este fenómeno o la okupación de bienes inmuebles. Aunque sí me gustaría, señor consejero, conocer realmente la dimensión del problema, porque la casuística es tan amplia y hay tanto, en fin, hay tantas opciones distintas que me gustaría conocer, insisto, cuál es la dimensión real del problema en Canarias, porque es verdad que los medios estatales lo han convertido en un problema de primer orden, pero no sé si realmente aquí es un problema de primer orden o es un problema que está focalizado en algunas actuaciones o en algunas ciudades concretamente.
Esto es una problemática enormemente compleja, como se ha dicho, con muchas aristas, con muchísimas aristas. Que ya hace dos años en el Congreso de los Diputados se hizo una reforma quirúrgica de la Ley de Enjuiciamiento Civil precisamente para resolver uno de los problemas que a mi modo de ver es el más grave, que es cómo resolver judicialmente rápido el proceso. Ese evidentemente es uno de los problemas más graves desde el punto de vista judicial y se trató, con esa modificación, en el año 2018, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se trató de resolver algo que no ha terminado de resolverse, precisamente porque faltan medios en el ámbito judicial, que es uno de los elementos también que hay que poner sobre la mesa. También, hace quince días, una instrucción de la Fiscalía General del Estado plantea, primero, unidad de criterio de todos los fiscales, algo que creo que es fundamental, y otro, también me parece importante, que es actuar con unidad de criterio en las medidas cautelares precisamente en los procesos judiciales.
Pero desde luego el fondo del asunto, creo que lo han puesto de manifiesto prácticamente todos los portavoces, es la política integral de vivienda. Y no me refiero simplemente a un plan de vivienda para construir muchísimas más casas, que es necesario, sino me refiero a una política integral de vivienda, y un elemento que ha puesto la señora Hernández sobre la mesa que me parece esencial, y es, en lo que a política de vivienda se refiere, al parque público de vivienda. Canarias tiene un parque de vivienda público enorme, inmenso, muy viejo pero enorme e inmenso, y es cierto que la segunda ocupación, que es aquella vivienda que deja de estar ocupada por una familia que lo necesitaba -por razones distintas, porque ha mejorado su situación, por razones varias-, pues, se actúe de manera inmediata ocupándola por segunda vez, de manera legal, a través de los procedimientos establecidos, es decir, priorizando a aquellas personas que peor lo están pasando. Y eso realmente... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). Eso se ha hecho a cuentagotas en muchas ocasiones o no de manera lo más eficiente posible.
En definitiva, lo que desde Canarias creo que podemos hacer, más allá de modificaciones del Código Penal o del Código Civil, es, por un lado, creo, poner más medidas en el ámbito judicial, si son realmente necesarias, una política integral de viviendas, el realojo inmediato de aquellos que se quedan sin vivienda e incentivos también a la construcción de viviendas, porque eso también va a ser un elemento importante, desde el ámbito público y privado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Alemán.
La señora ALEMÁN OJEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados.
Me alegra conocer y comprobar que efectivamente todos los diputados que hemos intervenido en este aspecto sabemos enfocar esta problemática desde todas las ópticas desde las que hay que hacerlo.
Vamos a ser rigurosos, la ocupación de viviendas habitadas sí se llama okupación; la ocupación de viviendas no habitadas, las viviendas vacías, se denomina usurpación. Así que seamos rigurosos, como decía.
285 sentencias de condena por allanamiento de morada en el año 2018, según el Instituto Nacional de Estadística. Los datos del 2019 aún no están publicados. La gran mayoría deriva de conflictos familiares o rupturas de pareja. Titulares como "un hombre recupera su casa okupada y teme ser acusado de allanamiento y coacciones" ayudan a entender cómo se puede ir generando socialmente el miedo. En este caso concreto, el piso no era la vivienda habitual del señor, no hubo okupación. La vivienda se le arrendó a una pareja, pero quiso echarles por impago del alquiler. Sin duda, las rentas deben abonarse, no estoy haciendo aquí apología de que eso no se haga, pero estamos hablando de un incumplimiento civil, nada que ver con el miedo a que desconocidos entren en una vivienda en la que uno reside, que es el enfoque alarmista que le dan algunos medios de comunicación y que algunos partidos en ocasiones también caen en esa trampa.
Cuando se trata de primera o segunda residencia hay un delito de allanamiento de morada, por lo que el desalojo de los okupantes es casi inmediato.
Sí que llegan a los juzgados más casos de okupaciones de viviendas vacías o que no son morada, la gran mayoría de ellas, no olvidemos, propiedades de bancos o entidades financieras. También hay de particulares que reclaman legítimamente recuperar la posesión. Existen fábulas sobre que los juzgados no hacen nada en estos casos. La realidad es que todas las ocupaciones ilegales acaban con el desalojo de sus ocupantes. Existen demoras, pero es por la sobrecarga del trabajo judicial. Para ir más rápido hacen falta más medios. Se trata mayoritariamente de okupaciones de personas que se han quedado sin trabajo y sin ingresos, por lo que no tienen donde vivir. Esta situación de marginalidad social no justifica jurídicamente la okupación, pero esta forma de delincuencia, la más frecuente en nuestro país, está vinculada a problemas sociales que las instituciones debemos resolver. ¿Que debe protegerse el derecho a la propiedad?, no hay ninguna duda. Esto resulta compatible con que también se proteja con medidas sociales el derecho constitucional a la vivienda. No podemos limitarnos únicamente al desalojo, porque como sociedad estaríamos limitándonos a perseguir penalmente la pobreza. Las okupaciones que no son de morada no tienen nada que ver con el allanamiento del domicilio.
Sería saludable en estos tiempos convulsos no añadir más ansiedad haciendo creer a la gente sin motivo que mientras han salido a comprar le van a entrar en su casa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemán.
Turno para el grupo proponente. Doña Astrid Pérez tiene la palabra.
La señora PÉREZ BATISTA: Gracias, presidente.
Desde luego, señor consejero, no van a ser objeto de discusión los datos de okupación, pero los datos que he mencionado en mi primera intervención han sido datos que hemos sacado del Ministerio del Interior y podría decir que el Ministerio del Interior del Gobierno español nos miente. No sería nuevo, ¿eh?, no sería nuevo que el Gobierno español nos mintiera respecto a determinados datos.
Señoría, señor consejero, doña Nayra, es exactamente lo que ha dicho usted, no es atemorizar a nadie, es decir la realidad: miles de canarios viven atemorizados pensando que pueden usurparles sus viviendas. Y sí, mire, puedes salir cinco días de vacaciones y cuando llegas a tu casa tu casa está okupada. ¿Y sabe lo que ocurre? Que esos propietarios... Es verdad que para usted es duro reconocerlo, pero es que esa es la cruda realidad de España y de esta comunidad autónoma. ¿Y sabe qué pasa? Esas personas que han salido cinco o seis días de vacaciones y que ven sus casas okupadas -y yo conozco algunos casos- tardan meses en recuperar la posesión e incluso años, porque el ordenamiento jurídico español -reconózcalo- ofrece en este momento una regulación sumamente deficiente respecto a la okupación de viviendas, mire, estén habitadas o estén vacías. Esto es un ataque a la línea de flotación de la propiedad privada, digo, trátese de vivienda ocupada o trátese de vivienda que esté vacía. Y además no se deben permitir esas violaciones continuadas de un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio.
La ley no protege suficientemente bien al propietario. Por tanto, las vías civiles como penales ofrecen en estos momentos soluciones enormemente insatisfactorias. Hoy en día, tanto por la vía penal, por el delito de usurpación, como por la vía civil, trátese de demanda de desahucio por precario o bien de demanda reivindicatoria de la propiedad, no se termina de lograr con rapidez y eficacia en este problema. Y cuidado, los propietarios, ¿eh?, porque además, cuando te okupan una vivienda, el propietario tiene que seguir pagando IBI, comunidad, luz y agua. Y cuidado, ¿eh?, que al propietario no se le ocurra cortarle la luz y el agua porque incurre en un delito de coacción y el okupa encima le denuncia por incurrir en un delito de coacción, con lo cual el propietario se convierte en el único delincuente de esa relación. Fíjate, esa es la normativa, esa es la realidad, ¡esta es la absurda realidad de nuestro país!
Por ello se hace necesario, señorías -y esta comparecencia, digo, la hemos presentado con el carácter más conciliador posible a efectos de llegar a un acuerdo-, es necesario que se proceda, sin dilaciones, a una modificación en el Congreso de los Diputados de la jurisdicción civil y penal para regular con eficacia y eliminar la ocupación ilegal en España y en Canarias.
Hay que reconocer, y es triste decirlo, que el incremento de este tipo de ocupación data del año 2014, cuando aquellos ayuntamientos comunistas, podemitas, de Madrid y Barcelona, no solo fueron bastante beligerantes con la okupación, sino que lo incentivaban y lo apoyaban, estaban ahí, en la puerta, animando a los okupas para que entraran en las viviendas, en las viviendas, y fomentaran la ocupación ilegal. Y quiero resaltar, por dolorosas y absolutamente surrealistas, las declaraciones en el pleno del Congreso de los Diputados del vicepresidente del Gobierno, el podemita Pablo Iglesias, y afirmaba, y cito textualmente -abro comillas-, que la ocupación ilegal no era un problema para los españoles -cierro comillas-; decía -abro comillas-: el problema de la vivienda en España no es la okupación, es el precio de los alquileres, es la especulación; y es que en España los fondos buitre son el principal casero. ¡No entendemos por qué en dos años que lleva en el Gobierno todavía no lo ha solucionado! (Manifestaciones desde los escaños).
Nos preocupan mucho estas declaraciones y esperamos, desde luego, que la lucha contra la ocupación ilegal sea de todos los partidos y no solo del Partido Popular. El Partido Popular, como les dije en mi primera intervención, va a estar cerca de las víctimas y no vamos a ser amiguetes de los delincuentes.
Pero una cosa sí les vamos a dejar clara: aunque sea en solitario, no dejaremos abandonados a los ciudadanos y a las víctimas de este delito. Señorías, España es uno de los países más permisivos y, por tanto, donde menos protección a la propiedad privada existe en comparación con la mayoría del resto de los países europeos. Por tanto, como bien saben, y lo anuncio para aquellos que nos siguen también a través de la web, a quienes quiero dar la bienvenida y el buenos días, en el Partido Popular hemos presentado en el Congreso de los Diputados diferentes medidas de un plan antiokupación. Entre esas medidas está plantear un endurecimiento de las penas privativas de libertad, concretamente penas de prisión de uno a tres años para los okupas; también el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, pues que puedan ejecutarse entre las doce y las veinticuatro horas; también desde el Partido Popular defendemos que los okupas no puedan empadronarse; que las comunidades autónomas, que las comunidades de propietarios, o los propios dueños de la vivienda que sean personas jurídicas también puedan tomar medidas legales contra la usurpación de las mismas. En resumen, lo que proponemos es legislar, que es lo que es necesario en este momento.
Esta proposición de ley orgánica que hemos presentado en el Congreso de los Diputados refuerza el concepto de domicilio ligado al de legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre el inmueble frente a quien okupa sin título y sin tolerancia o consentimiento del propietario.
Consejero, las modificaciones legislativas son importantes, lo decía en mi primera intervención, pero las leyes y las estrategias autonómicas, como las políticas de vivienda pública, como la convivencia vecinal, etcétera, son importantes. De acuerdo con el registro público de Canarias, existe un total de 17 023 personas que son demandantes de vivienda y estos datos -convendrá conmigo- son escandalosos. Es vital que se empiece a construir vivienda pública. Mire, la patronal de la construcción ha pedido y lleva algún tiempo pidiendo que se aceleren las licitaciones para que las viviendas sociales planificadas se empiecen a construir cuanto antes. Nosotros proponemos y apoyamos lo solicitado por la patronal de la construcción, porque, señor consejero, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, porque la crisis económica, durísima, que se espera agravará evidentemente la usurpación de viviendas.
Hay otras comunidades autónomas, nosotros lamentamos que esta comunidad autónoma no haya planteado una ley de medidas integrales de convivencia vecinal frente a la okupación, como sí lo han hecho otras comunidades autónomas, que tienen incluso un anteproyecto de ley, como ha hecho Galicia, como ha hecho Andalucía, y desgraciadamente esta comunidad autónoma no ha hecho absolutamente nada, no es un problema para Canarias.
Termino. Señor consejero, desde el Partido Popular decirle que tiene una vez más la mano tendida, el Gobierno, y a todos los grupos parlamentarios... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) para que haya un consenso y entre todos los grupos políticos, tanto en el Congreso de los Diputados como aquí, en Canarias, seamos capaces de articular leyes y medidas que apoyen a las víctimas, que apoyen a las víctimas frente a los delincuentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
Señor consejero.
El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Señor presidente, señorías.
El Gobierno y este consejero comparten la mayor parte de las propuestas que se han formulado por los distintos grupos.
Me sorprende la insistencia de la proponente en llevar la cuestión a aquellos asuntos que son accesorios y que no tienen nada que ver: el Gobierno miente, introducir en el debate si el Gobierno miente o no miente.
Yo creo que es muy constructiva la propuesta que ha hecho -y me comprometo a satisfacerla- el diputado señor Rodríguez, de tener un cuadro sobre la verdadera dimensión del problema, porque no es lo mismo el desalojo de quien no ha pagado la hipoteca, el desalojo del inquilino que no ha pagado el alquiler -por cierto, suspendidos ambos en este año- que el desalojo del que okupa sin ningún título y no es lo mismo el que okupa sin ningún título porque es un delincuente que el que okupa porque se ve impelido a okupar, como nos contaba la alcaldesa de Telde. Por lo tanto, saber exactamente cómo discurre cada una de las...; primero, cuáles son los distintos elementos del problema y luego cómo se afronta cada uno creo que es una propuesta muy constructiva, como lo son en mi opinión también las que he escuchado al diputado señor Déniz y al diputado señor Fernández de la Puente, advirtiéndoles que algunas de ellas ya se han puesto en marcha, algunas de las demandas que la señora proponente reclama con urgencia ya se han puesto en marcha.
No son las cosas -perdone que le diga- exactamente como usted refiere en materia judicial. Como ha recordado el señor Rodríguez, la Ley de Enjuiciamiento se modificó para que no ocurriera lo que usted dice, y ya no ocurre, ya se pueden adoptar, y los adoptan los jueces, autos inmediatamente ordenando el desalojo desde que se llega al juzgado con una notificación de okupación.
Pero se ha hecho una cosa más, que se ha hecho en los últimos quince días, se han impartido instrucciones a la policía y se ha dictado por el fiscal una norma para que el desalojo pueda llevarse a cabo mediante la propia actuación policial inicial. La Fiscalía General del Estado ha hecho una especie de descripción de lo que se llama delito flagrante en estos casos, porque en estos casos, si el delito es flagrante, los funcionarios de los cuerpos policiales pueden ellos mismos producir el desalojo, que es una cosa que no venía ocurriendo, porque los funcionarios policiales preferían redactar un atestado y notificarlo al juzgado, y ahora el fiscal y el Ministerio del Interior -que usted teme que mienta, en este caso no miente, está en el Boletín Oficial del Estado, donde normalmente no se incluyen mentiras-, pues, lo que han dicho es, cuando la situación sea esta, por ejemplo, el aviso mediante alarma, un mecanismo nuevo, se considera que el aviso mediante alarma es situación flagrante y que la policía en ese caso debe producir el desalojo inmediato.
Por lo tanto, centrémonos en lo que dice el señor Rodríguez: sepamos exactamente lo que pasa, diferenciemos la pobreza del crimen, diferenciemos al propietario modesto que defiende su vivienda de los fondos buitre... Que, por cierto -me lleva usted a eso-, en la Comunidad de Madrid se convirtieron, por mano de ustedes, en los principales (aplausos), en los principales, en los principales caseros de la Comunidad de Madrid. Cuando lo leí en el periódico, hace ya muchos años, dije: "pues lo podía haber comprado yo", tal como el Partido Popular le ha regalado esto a no sé qué fondo americano, para que luego los tribunales, años después, hayan calificado...; y eso sí que es un fraude, y eso sí que es una -en mi opinión- equivocación, por llamarlo así. Me lleva usted a decir eso, pero es que hay que distinguir esos fondos buitre del modesto propietario, hay que distinguir la pobreza, como decía la diputada, señora Alemán, del delincuente.
Con todo esto, al final nos queda un catálogo de medidas que es al que se aplicará el Gobierno. Medidas reactivas, medidas cuando se produce la situación: desalojo inmediato, realojo inmediato cuando es necesario. Es sencillo. Si se produce la okupación, que la policía pueda desalojar en el momento en el que se produce, si los hechos son claros, si se trata de alguien que ocupa sin título. En ese camino está la Fiscalía del Estado y están los cuerpos de policía, y eso es algo que debemos saludar. Es la propuesta del señor Fernández de la Puente, que justamente está en el boletín del viernes pasado, me parece, la instrucción de la Fiscalía y el mandato, la orden de los cuerpos de seguridad. Y medidas preventivas, las que se han expuesto aquí, las que ha expuesto el señor Déniz, las que ha expuesto la señora Hernández, el señor Fernández de la Puente. Construcción de viviendas, no he sido yo, ha sido usted quien se ha referido a lo que ha ocurrido con las viviendas en los últimos quince años, por qué no se han construido viviendas en Canarias, por qué hay viviendas vacías. Pues desde luego el Gobierno tendrá que resolverlo, tendrá que producir un remedio, pero no es quien ha causado ese problema. No lo digo para llevarlo a otras responsabilidades, sino para poner las cosas en su sitio.
Y otra medida, una medida preventiva es la de establecer mecanismos de control más adecuados que los actuales, por ejemplo, una mejor implicación de los ayuntamientos y las policías locales, una mejor implicación, como proponía el señor Fernández de la Puente, de las comunidades de propietarios y de las asociaciones de vecinos. Unas medidas preventivas.
No crea, me parece que ahí yerra, que este es un fenómeno europeo, un problema español. Encienda cualquier televisión para que vea usted cómo está Ámsterdam, como está Lisboa, cómo está Berlín y, si nos informamos bien, veremos que no somos de los que estamos en peor situación. Pero, como dije en el comienzo de la intervención, aunque solo hubiera un caso, un caso de cualquiera de los posibles supuestos, aunque solo hubiera uno, un propietario que ha sido privado de su vivienda porque ha entrado un delincuente y no hay manera de echarlo, o el otro caso, una familia separada, pobre, que tiene que entrar donde sea porque tiene niños pequeños y no se puede quedar en la puerta de la iglesia o en el cajero de un banco, aunque solo hubiera uno, aunque hubiera uno solo, la preocupación del Gobierno debería ser igual que si fueran mil o diez mil o cien mil, porque hablamos de tragedias humanas, que es para lo que estamos aquí todos.
Yo le invito a regresar a esa parte de su discurso, quizás porque le puede, en esa parte, su condición de alcaldesa, y me alegro mucho, a esa parte del discurso en donde todos vamos a entendernos, porque no hay diferentes estrategias partidistas en este asunto. No las busque, no las cree, porque no las hay. En esto estamos todos de acuerdo o al menos el Gobierno quiere estarlo.
Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Continuamos.
(La señora vicepresidenta segunda, Dávila Mamely, ocupa un escaño en la sala).
