Diario de Sesiones 47, de fecha 13/10/2020
Punto 9

10L/PO/P-1081 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON RICARDO FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE ALTERNATIVAS A FIN DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL NO FIJO DE LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA CON MÁS DE TRES AÑOS DE ANTIGÜEDAD, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD.

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fdez. de la Puente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre alternativas a fin de garantizar la permanencia del personal no fijo de la Administración autónoma con más de tres años de antigüedad, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Don Ricardo, tiene la palabra.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS (desde su escaño): Gracias, presidente. Señor consejero.

El pasado viernes usted reconocía en la comisión parlamentaria que no hay prisa para terminar las plazas de la oferta pública extraordinaria de empleo de estabilización del empleo temporal que afecta a 1567 personas de la Administración General de la comunidad autónoma a los que usted tiene que añadir 800 personas más en situación de consolidación, sumando casi las dos mil cuatrocientos. Pero al tiempo señalaba y recordaba que hay dificultades legales que dependen del Gobierno de España, con la cual hay margen de actuación si bien es amplio no es ilimitado.

A mí me gustaría hacerse un inciso y recordarle que es la ministra de Administraciones Públicas, doña Carolina Darias, la competente en la materia que nos trae aquí hoy y, por lo tanto, el margen de actuación depende de ustedes, depende de su partido. Ahora bien, ha omitido usted que recientemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 19 de marzo de 2020, dejaba suficientemente aclarado que los procesos de estabilización y consolidación mediante la oferta de empleo pública abierta y acordadas en 2017 por el Estado español sanciona a los trabajadores públicos y no pondría fin a la situación de abusos y precariedad a la que están sometidos.

Cabe entonces preguntarles qué alternativas baraja el Gobierno de Canarias a fin de garantizar la permanencia del personal no fijo de la Comunidad Autónoma de Canarias con más de tres años de antigüedad, respetando la sentencia aludida y dada la importancia que ello tiene para tantos afectados que ver peligrar su puesto de trabajo y su futuro y para la estabilidad del empleo público en Canarias.

El Gobierno de Canarias tiene la competencia y la posibilidad de cumplir con la Directiva comunitaria 1999/70 y con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Existen suficientemente argumentos legales para, a medio plazo, garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo de los afectados con la temporalidad excesiva sin tener que pasar por procesos que pudieran resultar viciados o complicados por un aluvión de demandas, que no solamente le hiciera retrasar, sino que también supondrían altos costes añadidos derivados de indemnizaciones y responsabilidades patrimoniales y los costes los sufragarían los canarios. Debemos anticiparnos para (ininteligible) la situación que afecta a estos empleados públicos y dar un paso para frenar el empleo abusivo e irregular de las contrataciones temporales que han venido utilizando reiteradamente por distintos gobiernos.

Es por ello que desde aquí le invito a que, sin prisa, pero sin pausa, intente consensuar un acuerdo. Con ello, dar una solución legislativa resolvería el problema y según, en ningún caso, mediante una OPE abierta, que provocaría un gran aluvión de cientos de aspirantes y no reconocería el esfuerzo y el trabajo que los empleados públicos vienen desarrollando, y provocando un perjuicio tan importante a casi cuatro mil... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ricardo.

Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández) (desde su escaño): Señor presidente. Señor diputado.

Esos números proceden probablemente de los que yo facilité el viernes pasado, en donde tuvimos un debate prácticamente igual a este, quizás con más extensión aquel que este. Se pregunta por las alternativas del Gobierno, como entonces dije, cumplir las leyes, las leyes que desde 2005 una y otras desde 2017 y 2018, las leyes estatales, imponen que se organice un sistema de acceso singular, especial que pueda facilitar la permanencia, como dice su pregunta, de los empleados públicos temporales, algunos de ellos en situación abusiva, en situación de ilegalidad en sus puestos de trabajo. Cuando digo que no se había hecho lo digo no para censurar a nadie, sino para recordar el punto de partida.

Nosotros hemos preparado esas convocatorias, no hemos llegado a publicarlas, y hemos empezado por identificar exactamente las plazas, que son justamente esos números que usted maneja en este momento. Y cuando yo el otro día decía que no vamos a tener prisa lo decía al mismo tiempo que decía que no nos vamos a parar para cumplir los mandatos legales y la sentencia de la Unión Europea. Fue la diputada señora Beato la que me pedía que no tuviéramos prisa, que no corriéramos para invertir tiempo, primero, en esperar por una posible decisión del Estado que por su carácter básico sería obligatoria, y después por un posible acuerdo con los sindicatos. En las dos perspectivas estamos: la de saber qué hace nuestra ministra -también lo es suya-, nuestra ministra Darias en relación con esta materia, que de momento lo que ha hecho es prorrogar el plazo para poner en marcha las ofertas, los concursos, las bases que facilitaran la consolidación, la estabilización y la permanencia; y, por otro lado, mantenernos en contacto con los sindicatos, algunos de los cuales nos piden fórmulas prácticamente automáticas de permanencia en el puesto de trabajo mediante una disposición de este Parlamento.

Como se sabe, es un problema antiguo y complejo, pero que es cada vez más hiriente, más lacerante, más doloroso y probablemente cada vez más difícil de solucionar, que afecta, además, a la calidad del funcionamiento de los servicios públicos; una Administración con esta tasa de empleados temporales y de empleados inestables no puede ser eficaz.

El Gobierno, por tanto, mantiene las dos premisas a las que usted se ha referido, sin prisa para llegar a acuerdos, para saber qué hace el Estado, pero también sin pausa, sin pararnos, sin pararnos de hablar con los sindicatos y sin pararnos de realizar todas estas actuaciones preparatorias.

Ojalá esta legislatura sea la que termina con la... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.