Diario de Sesiones 61, de fecha 26/1/2021
Punto 17

10L/DL-0023 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. DE GARANTÍA DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

El señor PRESIDENTE: Continuamos, señorías, con el orden del día, en este caso también convalidación o derogación de decretos leyes, en este caso correspondiente al decreto ley de garantía de las escuelas infantiles de titularidad municipal.

Tiene la palabra el Gobierno.

Buenos días, señor consejero.

Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Buenos días, señor presidente, señorías.

Querría empezar rogando que prestáramos atención a este cuadro, que no sé si se ve desde todos lados (mostrando un documento a la Cámara). En realidad es la imagen lo que importa. Es un gráfico que expresa el grado de escolarización infantil en el país, de mayor a menor; empieza el País Vasco, esta línea inferior es la media nacional y aquí debajo, de los últimos, está la comunidad canaria junto a otras comunidades.

Este gráfico, los datos que se expresan en este gráfico son el motivo por el que el Gobierno ha decidido abordar la resolución de un problema que cree que es grave, urgente y necesitado de respuesta inmediata, que es exactamente lo que dice el Tribunal Constitucional que deben hacer los decretos leyes.

Habrán visto sus señorías, probablemente, el dictamen del Consejo Consultivo no está de acuerdo con que exista este problema grave y urgente, y sostiene, entre otras cosas, que no es grave ni urgente porque podía haberse resuelto hace mucho tiempo, y como podía haberse resuelto hace mucho tiempo, discute -u objeta- en ejercicio de sus competencias que ahora esté justificada la extraordinaria y urgente necesidad.

Con el debido respeto para el Consejo Consultivo, las cosas son exactamente al revés. Cuando algo que es necesario resolver no se resuelve y pasa el tiempo, ese problema requiere una solución inmediata que, como dice el Tribunal Constitucional, no puede esperar a los mecanismos legislativos ordinarios.

El Consejo Consultivo, además, añade lo que en términos de razonamiento lógico se califica como un juicio de intenciones, lo cual no deja de sorprender en un documento que debería contener razonamientos jurídicos. Lo digo casi como una opinión personal. Dice, el Gobierno no justifica que haya esta necesidad e incluso ha dado una explicación forzada, porque introduce en este debate un elemento que -según el Consejo Consultivo no tiene que ver- es la referencia a la pandemia. Y es justamente la pandemia lo que agrava la necesidad de que haya escuelas infantiles.

Pero no quisiera faltar al respeto al Consejo Consultivo. Quizás quienes no tengan niños pequeños, quizás quienes no tengan que teletrabajar, no entiendan que la pandemia ha hecho aún más necesaria la dotación, el aumento de la dotación de escuelas infantiles. Nosotros en Canarias tenemos una infradotación de escuelas infantiles. Si me permiten decirlo, todo el mundo lo sabe, puede que no lo sepan en el Consejo Consultivo, pero todo el mundo lo sabe.

Para resolverlo el Gobierno propone una solución temporal, solo para el año 2021, que es atribuir a los ayuntamientos que tenían esta competencia como competencia impropia la competencia propia y atribuirles, además, financiación; permitirles que usen para ello los fondos, el fondo de financiación municipal.

El decreto ley se ha sometido a consulta del Consejo de Cooperación Municipal, que lo ha informado favorablemente por unanimidad; se ha sometido también a consulta de la Federación Canaria de Municipios, que lo ha también apoyado por unanimidad.

Y, pese a lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo, contiene -me permiten que señale las páginas, quizás no sea del todo correcto, pero debo hacerlo-, contiene una memoria económica -entre las páginas 26 y 29-. No se comprende muy bien cómo el Consejo Consultivo nos dice que no hay memoria económica, porque la hay, se llama memoria económica y está en las páginas 26 a 29. Quizás ha pasado inadvertida.

Por lo tanto, nos parece desde el Gobierno que es una decisión que puede justificarse en los términos en lo que la doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia, la práctica legislativa, permite que se resuelva mediante un decreto ley.

Competencia, era una competencia impropia, será una competencia propia durante el año 2021.

Financiación y liberación... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Concluya.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): De los informes que, según la ley de régimen local, deben en estos casos en general... de los que deben disponer los ayuntamientos. Que precisamente son a veces difíciles de obtener, y entre ustedes hay alcaldes o exalcaldes, porque en algunos casos no se cumplen los requisitos de estabilidad y de exigencia de control financiero, que, por cierto, están suspendidos -ahí está el consejero de Hacienda- para el conjunto del país.

Por lo tanto, liberamos de esta traba a los ayuntamientos durante el año 2021 y permitimos que doten las escuelas infantiles de titularidad municipal. Y, si se ponen de acuerdo con la consejería -termino, presidente, muchas gracias-, y si se ponen de acuerdo con la consejería incluso construyan otras nuevas. Mientras tanto, la consejería tiene el mandato de establecer una regla definitiva, un protocolo de entendimiento con los ayuntamientos para el futuro.

Canarias necesita muchas más escuelas infantiles y está en los documentos que ha presentado el Gobierno sobradamente justificada... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Turno para el Grupo Parlamentario Mixto, señora Espino.

Adelante.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente.

Señorías, todos coincidimos en el déficit, en la falta de plazas de educación infantil en Canarias. Según un informe de la plataforma que propone, que exige invertir el 5 % de nuestro PIB en Educación somos la última comunidad autónoma en número de plazas, tendríamos que crear 8000 para situarnos en la media del Estado. Y aunque esto es un problema que viene de atrás, que viene de largo, lo cierto es que el nuevo Gobierno, a pesar de que era uno de los compromisos que adquirió el señor Torres en su debate de investidura, se lo está tomando con demasiada calma, porque en este curso solo han, ustedes, puesto un centenar de nuevas plazas y así, pues a ese ritmo, no vamos a conseguir llegar al objetivo.

Porque, mire, yo le hacía una pregunta a la consejería sobre la tasa de escolarización infantil de 0 a 3 años y la respuesta que me daban era desoladora. En islas como El Hierro la tasa es del 0 % de escolarización de niños de 0 a 3 años, en Lanzarote un 9,6 % y en Fuerteventura un 14 %. Pero es que incluso en islas como Gran Canaria o Tenerife, donde se llega a un 30 %, hay una gran desigualdad entre municipios; hay municipios como Teror o San Mateo que no tienen tampoco niños escolarizados en educación infantil. Por tanto, hay una gran desigualdad entre islas y, dentro de las mismas islas, entre los distintos municipios.

Y la educación infantil es fundamental para los niños, para su futuro desarrollo escolar, para que puedan salir de ese círculo vicioso de la pobreza, en muchos casos, y es también una política de igualdad real, señor consejero. Miren, ¿este decreto viene a solucionar este problema de la falta de plazas de educación infantil? Sinceramente, yo creo que no, señor Pérez, porque, mire, lo que hacen ustedes es dejar una competencia de la Consejería de Educación en manos de los municipios, no para que mantengan las que ya tienen, que se podría entender, sino para que, incluso, creen escuelas nuevas, y no van a poder, porque no les dotan ustedes del presupuesto suficiente.

Ustedes les dicen que utilicen el fondo de financiación municipal, pero aumentan las competencias, les dan las competencias en escuelas infantiles y este fondo disminuye. Este fondo contaba con 307 millones de euros en el 2020 y para 2021 son 286 millones, son 21 millones de euros menos en este fondo de financiación municipal. Y, es más, mire, nosotros en los presupuestos de la comunidad autónoma de este año presentamos una enmienda, precisamente para que una escuela infantil que conoce bien el señor Torres, la de Arucas, que lleva años abandonada y cerrada, se le dotara de presupuesto para que pudiesen reabrir esa escuela y se nos dijo que no. O sea, ¿se les va a dar más competencias a los ayuntamientos y no se les dan los fondos? Pues no lo podemos compartir, señor Pérez.

Mire, y, además, lo que dice el Consultivo, lo que dice el Consultivo, son dos cosas. Primero, que ustedes se están excediendo un poquito ya con esto de los decretos ley, que llevamos 25 decretos ley y que no tenemos 26 porque la Ley de Presupuestos no la podían sacar por decreto ley, que si no tendríamos 26. Y, además, otra cosa, que usted se ha saltado, que dice el Consultivo, que la esencia del decreto es inconstitucional, porque modifican ustedes una ley estatal, que es la ley de régimen local, y eliminan los informes que tienen que presentar los ayuntamientos para financiar estas escuelas infantiles.

Por tanto, nosotros, aunque podemos compartir el objetivo del decreto, podríamos entenderlo, no podemos apoyar algo que el Consultivo asegura, señor Pérez, que es inconstitucional. Y me llama la atención que siendo usted un reputado jurista pase esto por alto y ni siquiera lo comente, o ni siquiera lo argumente o lo explique.

Miren, ¿se puede hacer más por implantar la educación infantil en Canarias? Pues sí, mucho más. Nosotros conseguimos el apoyo del Gobierno para incluir ayudas a las familias, para que puedan acceder tanto a las escuelas públicas como a las privadas, y esperamos que las pongan en marcha. Esperamos también que dejen de poner tantas trabas burocráticas a las escuelas infantiles privadas, que en este año de pandemia han desaparecido 12 escuelas infantiles privadas en toda Canarias, que se han visto obligadas a cerrar sus puertas.

Así que hay mucho por hacer, nosotros teníamos la esperanza de que este decreto se tramitara como proyecto de ley para poder hacer aportaciones, no va a ser así, por tanto, nosotros nos vamos a abstener porque no podemos apoyar algo que el Consultivo nos dice que, en esencia, es inconstitucional.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

Gracias, señorías, silencio, por favor.

Adelante.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor presidente y buenos días también a los señores y señoras consejeras.

Señorías, con el presente decreto ley lo que se pretende es algo tan importante y tan necesario como es asegurar la prestación del servicio de educación infantil de 0 a 3 años. Es fundamental hacerlo, es fundamental fomentar esta primera etapa educativa, para garantizar la conciliación laboral y también el acceso igualitario al mercado laboral, máxime, señorías, si tenemos en cuenta la situación actual que padecemos, donde la brecha de desigualdad y la pobreza infantil no deja de crecer.

Por ello es importante que todos los niños y todas las niñas de Canarias tengan acceso en igualdad de condiciones a esta primera etapa educativa. Además, la escolarización temprana es clave no solo para combatir las desigualdades sino también para prevenir el abandono escolar y poder combatir esas cifras tan elevadas que venimos arrastrando.

A nadie se nos escapa el escaso grado de implantación de escuelas infantiles que tenemos de titularidad pública en nuestra comunidad autónoma, de hecho, de los 88 municipios de las islas 42 municipios, pues, carecen completamente de oferta infantil de 0 a 3 años. Por eso es necesario, o se ha hecho necesario, no solo evitar el cierre de ninguna de estas escuelas infantiles existentes, sino que también debemos de crear, como mínimo, ocho mil nuevas plazas para situarnos en la media estatal.

Es una obligación de las administraciones públicas incrementar progresivamente la oferta de estas plazas, no porque lo diga Agrupación Socialista Gomera, sino porque lo recoge así la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

Volviendo al decreto, el objetivo es que se cree... hasta que no se cree un instrumento de cooperación definitivo, pues, se debe ayudar a los ayuntamientos a garantizar que ninguna escuela infantil municipal vea condicionada su actividad. En este sentido, el mantenimiento y creación de estas escuelas infantiles de titularidad municipal se realizará, como se ha dicho, por convenio entre los ayuntamientos canarios y la Consejería de Educación, de acuerdo con los principios previstos en la normativa educativa. También se recoge que se habilita un plazo de doce meses para la aprobación de un instrumento de cooperación para la educación infantil que concrete de un modo definitivo las fórmulas adecuadas para la gestión y la financiación compartida. Y, por otro lado, también se permite a los ayuntamientos pues destinar la parte condicionada del Fondo Canario de Financiación Municipal de este año 2021, tal y como se permitió también en el pasado año 2020.

Dicho esto, también desde nuestro grupo somos conocedores del informe del Consejo Consultivo de Canarias, del dictamen que ha emitido y también de las recomendaciones y apreciaciones que ha hecho. No soy yo quien vaya a cuestionar al Consejo Consultivo, pero en este caso sí que debemos de decir que compartimos varias de las apreciaciones que ha hecho el consejero respecto a estas recomendaciones.

También se nos remitió la semana pasada a todos los grupos parlamentarios la certificación del Consejo Municipal de Canarias, en el que sí que consta un informe favorable respecto al presente decreto ley tal cual como está redactado. De hecho, el Consejo Municipal de Canarias entiende que con la aprobación de esta norma se pretende resolver de forma urgente y provisional la situación actual que está afectando a las escuelas infantiles municipales, sin perjuicio, está claro, en un momento posterior de que todo esto se aborde, que esta problemática se aborde de una forma definitiva.

Y aprovecho también para recordarle al Gobierno y a la señora consejera, que está aquí presente, que es importante también contar cuanto antes con la presentación del mapa de educación infantil y el plan para poder atender las necesidades de forma adecuada de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil.

Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor de la tramitación de este decreto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.

Adelante.

El señor MARRERO MORALES: Sí. Buenos días.

Nos enfrentamos hoy en el Parlamento a otro nuevo decreto ley del Gobierno, que tiene suma importancia. Por eso, cuando leí el informe del Consultivo me llamó mucho la atención las razones que se daban para hablar de inconstitucionalidad de un decreto que viene a intentar resolver de alguna forma, pues, viejas deudas con la sociedad canaria que no se han cumplido durante años.

Es decir, todos somos conscientes de la enorme importancia de carácter educativo y social que tiene el disponer de una red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, y es una pieza clave para combatir desventajas educativas y prevenir el abandono escolar. Eso, irrefutable, y todos lo convenimos siempre que salimos a esta tribuna o en cualquier foro se habla del asunto.

Sin embargo, también durante años, y desde este Parlamento en el tiempo que llevamos, algunos hemos reclamado que se lanzara más desde el Gobierno la propuesta de implantar educación infantil 0 a 3 años. La respuesta reiterada durante años que se hacía era que era una competencia estatal y que, por tanto, pues, cuando el Estado lo decidiera, en Canarias se avanzaría. Y eso nos da unas cifras en Canarias que llegamos a una implantación entre pública y privada en torno al 24 %, cuando a nivel de Estado se está en un cuarenta y pico por ciento. Es decir, hay un... en torno a un 11 % de implantación en la pública y un 13 % de implantación en la privada.

Por tanto, lo que no se ha hecho hasta ahora, y cuando hay una voluntad manifiesta por parte del Gobierno del Estado, además de poner sobre la mesa, pues, del orden de, del orden de unos doscientos millones de euros para impulsar la educación 0-3 años o para impulsar el sistema de cuidados, como ha hecho hoy el propio Consejo de Ministros, pues entonces resulta extraño el que se hable de que no es la oportunidad, de que hay que seguir los ritmos normales de una ley que entra en el Parlamento, que se resuelva dentro de un año y pico, cuando es absolutamente imprescindible el que demos el salto y nos acerquemos cuanto antes a esa media estatal del cuarenta y tantos por ciento, al menos, de oferta pública en educación de 0-3 años.

Por tanto, este decreto lo que viene a hacer es habilitar, como decía bien el consejero, que los ayuntamientos, en aquellas funciones impropias, que cuando llegó la crisis con la ley de sostenibilidad financiera lo buscaron como excusa unos y a otros se les impuso, es decir, unos buscaron como excusa el decir "no sigo haciéndolo porque es una cuestión impropia y no dispongo, no tengo la obligación de hacerlo" y a otros se les impuso porque se les dijo "no lo puede usted seguir haciendo porque no le vamos a dar dinero y no puede dedicar dinero para ello". Por tanto, en que en estos momentos haya una voluntad del Gobierno de querer plantear en combinación con los ayuntamientos el que se le conceda durante el tiempo de estos doce meses de este año 2021 esa capacidad de función propia del ayuntamiento para poder hacer convenios y estar dotado financieramente para poder llevar adelante el acercarnos a esa media que se cita por parte de la plataforma del 5 %, precisamente, de esos 8000 puestos que aun necesitamos en Canarias ofrecer desde lo público para acercarnos a esa media estatal. Por tanto, es absolutamente imprescindible que este decreto ley salga adelante, ya está en vigor desde el día siguiente de su publicación, pero, de alguna forma, que este Parlamento lo respalde y continúe adelante con sus objetivos que es que en el año 2021 intentemos dar un salto.

Sabemos que estamos incumpliendo en parte cuando no se ha hablado del plan, cuando el mapa no se ha completado, etcétera, que llevamos años con la Ley Canaria de Educación aprobada y sigue estando ese hueco sin cubrir. Por tanto, el apoyo de nuestro grupo para que la educación pública de 0-3 años, que sigue siendo el farolillo rojo en Canarias, que estamos a nivel del Estado al final, en los últimos en esa oferta, dé un salto de calidad, como es compromiso del Gobierno del pacto de las flores, de que una prioridad sería invertir en educación pública durante la presente legislatura.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marrero.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señora Hernández.

Adelante, señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias. Buenos días.

Bueno, yo creo que este decreto, la verdad que yo me llevé una gran alegría, yo y mi interventora, que cuando lo vio me dijo, por cierto, mi interventora es una habilitada y jurídica y no le dio ningún problema de inconstitucionalidad, sino que vio que, efectivamente, iba a salvar el escollo que hasta ahora hemos tenido en nuestro municipio para poder poner fondos propios y mantener un servicio que hemos abierto recientemente con casi cuatrocientas plazas de educación infantil.

Yo aquí soy una política no soy jurídica y, por tanto -tres-, no voy a defender los argumentos jurídicos porque para eso está, si no estaríamos jurídicos sentados en los escaños, para eso están los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, los servicios jurídicos de la Fecam, que entiendo que han estudiado el decreto, y los servicios jurídicos de cada ayuntamiento, que ya están trabajando para implementar esta medida.

Por tanto, creemos que es muy importante, que es necesario, es cierto que no es una necesidad nueva, la necesidad de implantar y apostar por una escolarización de 0 a 3 años en Canarias, esto es una reclamación de nuestro grupo, de Nueva Canarias, y de muchos de nosotros desde hace muchos años. Recordemos lo que ha ocurrido con esto: en el año 2012, a colación de la aprobación de la LOE, donde ya se reconocía por primera vez en la historia -con el Gobierno del Partido Socialista- que la etapa de 0 a 3 era una etapa eminentemente educativa y que, por tanto, era competencia de aquellas comunidades que tenían competencias en educación, el Gobierno de Canarias, la consejera doña Inés Rojas, le retira a todos los municipios canarios la subvención en materia de 0 a 3 porque supuestamente se iba a traspasar la competencia y la financiación a Educación. ¿En la práctica qué ocurrió? Que se quedó en terreno de nadie, que la mayoría de los municipios comprometidos con su infancia y con sus familias mantuvieron sus escuelas, otros, pues, la cerraron, como el caso de mi municipio y lo que ha ocurrido es que Canarias tiene hoy un retraso único en materia de implantación de 0 a 3, que, además, no tiene ninguna comparación con el resto de España. ¿Dónde está la situación sobrevenida y que genera la urgencia? En que estamos en medio de una pandemia, la pandemia se está llevando por delante nuestra salud, el empleo de mucha gente, ¿y ahora también se va a llevar las escuelas infantiles? Yo creo que este Parlamento y este Gobierno no lo pueden permitir y, por tanto, yo les felicito por la iniciativa y me parece además fundamental.

Decir también que yo creo que el Consultivo no es consciente de lo que significa la educación de 0 a 3 años, probablemente si conociera las directivas europeas, si conociera los muchísimos informes de expertos en materia de educación y de neurociencia sabría que la educación 0 a 3 es esencial, que es una herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión, que además favorece la conciliación familiar y laboral y, lo que es aún más importante, sienta las bases del desarrollo cognitivo y, por tanto, es el mejor antídoto contra el fracaso escolar. Esto es muy importante, que seamos los conscientes los canarios y sus legítimos representantes, porque para mí esta es la razón última por la que no se ha apostado en Canarias por 0 a 3 años, por puro desconocimiento de lo que significa esta etapa educativa y, por tanto, de su trascendencia. Esto sería lo mismo que pensar que mañana cerramos los coles y a los niños de 3 a 6 años los mandamos a casa y que eso no sería una situación urgente y de extraordinaria necesidad. ¿Verdad que sería impensable? Pues es exactamente lo mismo y, por tanto, creemos que es fundamental este decreto.

Importante también esa hoja de ruta, que ya decían algunos de los diputados. Señora consejera, es muy importante empezar a trabajar de la mano de los municipios para establecer una hoja de ruta que le dé sostenibilidad y estabilidad a las escuelas infantiles canarias a través de fórmulas conveniadas como han hecho otras comunidades entre ayuntamientos-comunidad autónoma... Por cierto, hay comunidades que también entran las diputaciones, por tanto, parece que no sería una locura que también se implicaran los cabildos, yo siempre lo he dicho. Hay comunidades autónomas donde las diputaciones, que viene a ser el equivalente, también se implican económica y en la gestión de las escuelas de 0 a 3 años. Por tanto, esta hoja de ruta a través de la fórmula que entre todos decidamos para impulsar, para crear y para darle estabilidad a las plazas ya creadas nos parece fundamental.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Doña Lorena Hernández tiene la palabra.

La señora HERNÁNDEZ LABRADOR: Muchas gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes ya, señorías. La verdad que es una alegría verles a todos bien, deseándoles también a ustedes y sus familias que afrontemos este año, que previsiblemente sea muy duro, de la mejor manera posible y que estemos a la altura de lo que los ciudadanos canarios esperan de nosotros.

Quiero agradecer, en primer lugar, a la consejera la llamada que ha tenido, en este caso creo que a todos los diputados, para explicarnos el decreto del día de hoy, que no lo iba a llevar ella, y las dudas que se nos podría plantear y que todavía a día de hoy tenemos.

En esta sesión plenaria el Gobierno nos trae un decreto ley para convalidar en este Parlamento, decreto importante, al que le dedican apenas cinco páginas, y en el que ni más ni menos ceden la competencia a las corporaciones locales de las escuelas infantiles, eso sí, durante un año. Además, se habilita el plazo de doce meses para la aprobación de un instrumento de cooperación para, por fin, de un modo definitivo elaborar esa fórmula adecuada para sacar adelante las escuelas infantiles y, además, autoriza a los ayuntamientos a destinar la parte condicionada del Fondo Canario de Financiación de 2021 los actos de esta naturaleza, nada nuevo porque ya lo teníamos desde el año pasado.

El señor Pérez habla de que él sí ve la extraordinaria y urgente necesidad, obviamente la hay desde hace muchos años no de ahora, sin embargo, los ayuntamientos, con mucho esfuerzo, la han venido desarrollando. No tendrá la culpa de la pandemia, de la infradotación de plazas infantiles que tenemos en Canarias, creo que obviamente es la responsabilidad de muchos gobiernos la que nos ha llevado a esta situación e ir a la cola en esa tabla que usted nos presentaba.

El Gobierno de Canarias necesita escuelas infantiles, esa es una realidad que obviamente no resuelve este decreto.

Somos muy conscientes del esfuerzo que durante años han hecho los ayuntamientos canarios y las familias para mantener en muchos municipios una oferta pública de calidad en la educación infantil de 0 a 3, tanto es así que incluso en los momentos más duros los ayuntamientos han seguido apostando por la educación de 0 a 3 años, si bien es verdad que no siendo una competencia municipal también han sido muchos los obstáculos que han tenido que solventar para poder continuar con su actividad. Es precisamente el tema competencial y la afectación que pueda tener sobre los ayuntamientos lo que nos suscita dudas en esta tramitación como tal de este decreto ley.

El propio Consejo Consultivo destaca la indefinición que presenta el texto de este decreto ley puesto que no queda claro lo que pretende en cuanto a la competencia en materia de educación. Sigue diciendo el dictamen que la norma no define claramente de qué tipo de competencias trata, es decir, si considera que la materia regulada en el artículo único se refiere a competencias propias de los ayuntamientos o por el contrario.

La educación infantil es una etapa fundamental para el desarrollo integral de los menores como instrumento vertebrador en el bienestar de los menores y sus familias, en el papel que juega en la sociedad, en la conciliación laboral y familiar. Unicef, Naciones Unidas sitúan la educación infantil como uno de los elementos fundamentales para conseguir niños y niñas con un acceso a servicios y atención de desarrollo de calidad desde temprana edad.

Canarias, como en tantas otras materias relacionadas con educación, lidera unos malos datos, no en vano 42 municipios de Canarias no ofertan ni una sola plaza pública y solo con la implicación de todas las administraciones conseguiremos mejorar estos datos.

Hablando de implicación y compromiso, el Gobierno de España y la polémica nueva ley Celaá vuelve a dejar a su libre suerte la educación de 0 a 3 años. No ha colocado en el centro de la política educativa esta franja de edad, tan demandada desde la Oposición y sin embargo tan olvidada en esta nueva ley.

Por otro lado, tampoco habla el nuevo decreto de la cofinanciación, tan esperada por las corporaciones locales. Es decir, entienden ustedes que le resuelven el tema competencial, que tampoco es del todo así, pero siguen los ayuntamientos financiando las escuelas infantiles.

Señores del Gobierno, les brindamos la oportunidad en este caso de hacer algo mejor las cosas, de hacer algo más depurado y que hable mejor de cómo legislamos en esta Cámara, tener la oportunidad de corregir los defectos que plantea y puedan ocasionar incluso problemas a las propias corporaciones locales.

Este decreto ley lo tenemos que votar en bloque y, por tanto, no nos da la oportunidad de hacerlo de otra manera. El Partido Popular convalidará este decreto porque entendemos que pretende resolver un problema para los ayuntamientos, pero no podemos contribuir a esta mala práctica legislativa y nos gustaría que se tramitase como un proyecto de ley por la vía de urgencia, porque los temas a tratar deben conllevar consenso y seguridad jurídica a las administraciones públicas canarias, de lo contrario nos podemos encontrar con que más que resolver un problema vamos a crearle uno más a nuestros alcaldes y alcaldesas.

Acabo, señor presidente.

Tiene el Gobierno a partir de hoy doce meses para tener un documento definitivo del instrumento de cooperación para la educación infantil. Y nos gusta eso de instrumento de cooperación, porque será la única fórmula posible... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ LABRADOR: Ya que los ayuntamientos llevan muchísimos años dando pasos para conseguirlo, también las familias canarias y seguimos esperando por un Gobierno de Canarias comprometido y por su apuesta decidida para lograrlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista.

Adelante.

Señora Calzada, tiene la palabra.

La señora CALZADA OJEDA: Gracias, presidente. Buenos días.

Consejero, consejera, le agradezco igualmente, ya se lo dije el otro día, la llamada de teléfono para aclarar un poco este decreto.

Nos traen hoy un decreto ley que como dice en su preámbulo se pretende habilitar competencialmente a los ayuntamientos canarios de modo transitorio para el mantenimiento y gestión de las escuelas municipales que impartan o puedan impartir el primer ciclo de educación infantil. Y dicen: de acuerdo con la legislación básica de régimen local la determinación de una competencia propia como aquí, la aquí expuesta precisa de la aprobación de una norma de rango de ley; dado que resulta perentorio garantizar que ninguna escuela infantil municipal pueda ver condicionada su actividad, resulta obligada la utilización del decreto ley sin que otro procedimiento de tramitación parlamentaria siquiera por la vía de urgencia pueda alcanzar dicho fin. Toda una declaración de intenciones. Y, para ello, justifican el uso del decreto ley una vez más en la pandemia.

Pero el problema con el que se encuentran los ayuntamientos con sus escuelas infantiles no lo ha generado la pandemia. Agravado sí, pero como todo últimamente en esta vida, pero no es el origen.

Acuden a la extraordinaria y urgente necesidad para regular algo que, efectivamente, se podía haber tratado con anterioridad. El problema no es la pandemia, son los reparos de las intervenciones municipales y la autonómica, como explicó el consejero señor Pérez en la reunión del Consejo Municipal de Canarias, del día 14 de diciembre. Y los reparos, como bien ha quedado acreditado, no son a raíz de la pandemia, vienen de antes.

En definitiva, lo que pretenden es otorgarles a los ayuntamientos unas competencias propias, pero sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. Y, así, dicen que Canarias no puede permitirse el cierre de ninguna escuela infantil. Lo compartimos. Dicen: por el deterioro temporal de algún indicador o las dificultades en la obtención del informe de sostenibilidad financiera.

No nos corresponde a nosotros determinar si esto es conforme a nuestro ordenamiento jurídico, pero sí creo necesario recordar las advertencias del Consejo Consultivo sobre su inconstitucionalidad y por eso consideramos que este texto debería tramitarse como proyecto de ley por vía de urgencia.

Respecto al resto del contenido del decreto ley, establecen que los ayuntamientos canarios podrán destinar a este fin hasta el 100 % del Fondo Canario de Financiación Municipal. Esto no supone ninguna novedad, ya se podía hacer. Y no supone una mayor financiación, solo sustituyen la financiación de unos servicios municipales por otros, sin contar con que este fondo ha visto minorado su fondo. Y no garantizan la creación de escuelas infantiles en municipios que hoy en día no las tienen por no poderlas financiar.

La verdadera novedad está en el punto cuatro. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente norma se aprobará un instrumento de cooperación con los ayuntamientos canarios para el primer ciclo de educación infantil, en el que se concreten las fórmulas adecuadas para su gestión y financiación compartida. Estamos de acuerdo con este estudio y la creación de esta figura, pero, miren, en la sesión del Consejo Municipal de Canarias ya uno de sus miembros señala que la competencia es autonómica, por lo que la financiación debe ser autonómica. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones fundamentales a debatir, mantener la intención, señalada ya en este decreto ley, de gestión y financiación compartida, o una financiación exclusiva de la comunidad autónoma. En legislaturas anteriores, tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria, en su responsabilidad en materia educativa en el Gobierno de Canarias, optamos por las ayudas económicas a los ayuntamientos, y es verdad que no solucionaban el problema de los ayuntamientos ante la gestión de sus escuelas infantiles como competencia impropia. Somos conscientes de ello. Y somos conscientes de que la necesidad de solucionarlo es una demanda de los ayuntamientos canarios reflejados en los acuerdos de la Fecam, a la que hay que felicitar por el trabajo que han hecho en este tema, y a los ayuntamientos, que han sido capaces de mantener sus escuelas infantiles con grandes esfuerzos.

Pero seguimos pensando que todos estos van a ser parches, que hasta que no haya una regulación garantista por parte del Estado que permita a su vez a las comunidades autónomas garantizar la financiación de la escolarización de 0 a 3 años, sin que ello suponga más gastos para los ayuntamientos.

Todos coincidimos en la importancia de este ciclo, de la escolarización, de fomentarla, de garantizarla, y por eso nos extrañó que desaprovechasen la oportunidad de la aprobación de la ley Celaá para establecer el carácter de universal y gratuita de esta educación infantil, de garantizar la financiación del Estado a las comunidades autónomas y de contar con un escolarización de 0 a 3 años real, universal y gratuita que podamos mantener en Canarias.

Miren, si este Gobierno de Canarias tenía claro que este camino que han elegido era el correcto, lo tenían que haber puesto en marcha con tiempo suficiente para abordarlo con una regulación que dé mayores garantías jurídicas, sobre todo para dar seguridad a los ayuntamientos ante una nueva competencia propia, ya que este problema no es de ahora, no es inesperado, no es sobrevenido, y no justifica... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Como decía, este problema no es de ahora, no es inesperado, no es sobrevenido y no justifica el uso del decreto ley.

Este, como ya he dicho, no nos termina de convencer cómo, cómo se establece este instrumento; sí el fondo, no las maneras. Pero dado que esta propuesta ha sido bien vista por los ayuntamientos, nuestro grupo va a convalidar este decreto ley, pero seguimos pensando que para dotarnos de una mayor seguridad jurídica y unas mayores garantías es necesario que se tramite como proyecto de ley por vía de urgencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña Ana): Gracias, señor presidente, buenos... buenas tardes ya, consejero, señorías.

Estamos hablando de un decreto que pretende habilitar competencialmente, como competencia propia, a los ayuntamientos de Canarias de modo transitorio, mientras se construye ese instrumento de cooperación estable que impulse la educación de 0 a 3 para el mantenimiento y gestión de las escuelas municipales que imparten o que puedan impartir el primer ciclo de Educación Infantil.

Permitirá a aquellos ayuntamientos que cuenten con recursos financieros para ello en el marco de su autonomía local gestionar esos centros en tanto en cuanto se diseña por parte de la Consejería de Educación un instrumento de cooperación para garantizar la adecuada cobertura de las necesidades de plazas de educación infantil de carácter público, concretándose de un modo definitivo las fórmulas adecuadas para su gestión y financiación compartidas. Es decir, la consejería se ha comprometido en el plazo de doce meses a que se termine ese plan de escuelas infantiles y además se apruebe ese instrumento de cooperación que mencionaba anteriormente y que resuelva definitivamente la cuestión.

Mientras tanto, y por un tiempo, con este decreto ley se le da un respiro a los ayuntamientos, el cual se van a sentir amparados. Hay que tener presente que este decreto nace debido a la situación económica en la que se encuentran muchos ayuntamientos, en concreto más de treinta ayuntamientos canarios, que están incumpliendo la ratio del periodo medio de pago, por lo que, aunque se pudiera emitir informe de sostenibilidad financiera, posiblemente serían desfavorables.

Lo que se plantea con este decreto ley no es algo inaudito en el ordenamiento jurídico español, pues ya se encuentra recogido en la ley educativa catalana, que atribuye como competencia propia municipal, también de forma potestativa, la creación de escuelas infantiles.

Ya que estamos ante un asunto urgente y que no se puede postergar más, creemos que la mejor vía, dadas las circunstancias, es a través de este decreto ley, tal y como se ha hecho. Por ello, tenemos la responsabilidad de aprobar este decreto, para no dejar que ningún... que no se cierre ninguna escuela infantil de Canarias, garantizando así la actual red de escuelas infantiles de titularidad pública.

Por otra parte, hemos analizado el dictamen del Consejo Consultivo en lo que se refiere al presupuesto habilitante, el cual ha obviado la lectura que el informe incorpora del decreto ley. Al margen de estas justificaciones se han hecho otras observaciones, como por ejemplo que se podría haber abordado con anterioridad y mediante otros instrumentos legales, cuando es en estos momentos en el que se ha evidenciado la situación financiera municipal.

Además, este decreto ha sido informado por unanimidad por el comité ejecutivo de la Fecam, que tiene sus propios servicios jurídicos, e informado con conformidad por el Consejo Municipal de Canarias.

En definitiva, este decreto le va a facilitar que no se cierren las escuelas infantiles por las circunstancias coyunturales de la pandemia... Perdón. (La señora diputada hace una pausa para beber agua). Por las circunstancias coyunturales de la pandemia, la Comunidad Autónoma de Canarias no puede permitirse estos cierres, teniendo en cuenta que la tasa de escolaridad autonómica es casi la mitad de la media española.

No hay que perder de vista que la elaboración de este decreto nace a petición de los ayuntamientos, y lo más positivo de esta normativa es que en doce meses se ataje definitivamente el problema de la educación infantil de 0 a 3 años, dando una solución a la cuestión que se plantea pero que en las circunstancias actuales urge dar esta respuesta transitoria.

Con decretos ley como este Canarias avanza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.

Señorías, hemos finalizado los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños. (Suena el timbre de llamada a votación. Pausa).

Gracias, gracias, señorías.

Ocupen sus escaños.

Señorías, votamos. (Pausa).

Señorías, 68 votos emitidos: 66 votos a favor, 2 abstenciones.

Queda, por tanto, convalidado el decreto.

Señorías, convalidado el decreto, procedemos a consultar a la Cámara si resulta favorable o no la tramitación del mismo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Señorías, votamos. (Pausa).

Gracias, señorías. 68 votos emitidos: 31 votos favorables, 36 votos en contra, una abstención.

Por lo tanto, señorías, no prospera la tramitación del decreto convalidado como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.