Diario de Sesiones 72, de fecha 13/4/2021
Punto 12

10L/PO/P-1494 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON RICARDO FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SOLUCIÓN DE CREAR UNA NUEVA FIGURA JURÍDICA DE PERSONAL PÚBLICO A EXTINGUIR, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD.

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fdez. de la Puente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la solución de crear una nueva figura jurídica de personal público a extinguir, dirigida al señor consejero de Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad.

Adelante. Señor diputado, tiene la palabra.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señor consejero, recientemente los empleados públicos de Canarias hacían llegar a los grupos parlamentarios el informe jurídico sobre la temporalidad del sector público realizado por la prestigiosa jurista doña María Emilia Casas. Supongo que usted ya conoce y tiene este informe. Estará conmigo que la señora Casas tiene un profundo conocimiento de las leyes, su cumplimiento y sus posibilidades, no es cualquier jurista, sino la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, como usted bien sabe.

Yo no me atrevería a discutir con usted de derecho, pero de la lectura de este informe sí me da pie a preguntarle su opinión al respecto de sus argumentos y de sus conclusiones.

En el informe plantea una reforma legislativa para convertir en trabajadores fijos, a extinguir, a los empleados públicos que han sufrido el abuso de la contratación temporal, una situación que afecta a más de ochocientas mil personas en todo el país y unas veintisiete mil en Canarias, que llevan mucho tiempo preocupados con la incertidumbre y con la espada de Damocles de qué va a ocurrir. No es un problema, como ya he dicho en otras ocasiones, generado por su Gobierno, pero usted sí debería darle una solución al respecto.

El dictamen propone la creación de una nueva categoría, la de personal estabilizado con carácter indefinido, que dé cumplimiento a la Directiva comunitaria 1999/70 y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que insta a los Estados miembros a prevenir y sancionar, con medidas efectivas y disuasorias, el uso indebido de los contratos temporales sucesivos.

Señor consejero, usted ha dicho en los medios de comunicación que esta situación le gusta, pero que tiene que ser el Estado el que acometa esta nueva ley, cuando el Gobierno de Canarias y este Parlamento, corríjame si me equivoco, tiene competencias para ello. De hecho, en el decreto ley de los fondos europeos el Gobierno acomete varias reformas el Estatuto Básico del Empleado Público para contratar personal para gestionar estos fondos. Ustedes mismos demuestran ahí que sí se puede legislar sobre esta materia, como, de hecho, lo han hecho ya.

Por lo tanto, tiene la solución en su mano, tiene competencias para ello. ¿Qué hace falta para dar solución a las 27 000 familias afectadas en Canarias? ¿Quizás falta voluntad política?

Se debe una solución a los que ya están, poniendo una fórmula una solución de punto y final, un reconocimiento ad personam de los que ya están y que, a medida que se vayan jubilando, se vayan perdiendo. Usted también ha dicho en los medios de comunicación que se puede hacer si otra comunidad lo hiciera; lo ha hecho la comunidad de La Rioja recientemente, que ha cogido el toro por los cuernos.

Señor consejero, termino, ¿qué opina usted de ese informe y qué va a hacer el Gobierno de Canarias al respecto?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández) (desde su escaño): Señor presidente, con su venia.

Señor diputado, yo creo que podremos seguir discutiendo de derecho y de lo que usted quiera, es una cosa que llevamos haciendo muchos años y, además, como le decía antes a doña Matilde Fleitas, me parece que no hay mejor camino para encontrar soluciones que la difusión y el debate.

Yo estoy de acuerdo personalmente y en mi posición de Gobierno con las conclusiones de la profesora Casas, lo que pasa que las conclusiones de la profesora Casas -doña María Emilia, presidenta emérita del Tribunal Constitucional-, algunas cosas de las que usted dice, dice, pero también añade otras. Dice que esta fórmula, que yo creo que es una fórmula que podríamos apoyar, que apoyamos, con la que yo simpatizo, que es, además, la única -dice-, requiere una ley estatal, porque las categorías de funcionarios públicos, el régimen de acceso a la función, al servicio público, funcionarios, empleados, empleadas, el régimen de servicio público y la redacción se regula por leyes estatales. Es una materia básica.

Lo que ha hecho La Rioja es simplemente aprobar un informe de ese letrado del Parlamento, no sé si aquí la Secretaría del Parlamento haría un informe parecido, para su propio personal, que todavía no ha convertido, que yo sepa, en ley, y algunas otras soluciones estrictamente autonómicas han fracasado luego en los tribunales. El Tribunal Constitucional acaba de anular una ley del Parlamento vasco que hacía esto con unos policías locales interinos.

Por tanto, nosotros creemos que una situación tan anómala, tan excepcional, tan injusta, calificativos que compartimos, que compartimos con los trabajadores y con sus representantes... Por cierto, tengo que corregirme. La semana pasada le dije a la señora Beato que me iba a reunir con el comité de huelga, no era exactamente el comité de huelga, eran varios miembros del comité de huelga. En fin, yo quise decir que se mantenía un contacto. No era el comité, con el comité tendremos una reunión la semana que viene, ya está convocada.

Apoyamos estas ideas, apoyamos estas soluciones, pero, y ahí sí que discrepamos, no es cierto que esté en nuestra mano. Ya el Parlamento lo ha intentado. Intentó regular ventajas para los mayores de 50 años; intentó regular a lo que llamó -este Parlamento, en la ley de presupuestos de hace dos años-, funcionarios interinos de larga duración. Solo esa mención llevó al Estado a pedir que se modificara la ley.

Por lo tanto, esta es una competencia estatal. Si el ministro Iceta lleva adelante sus proyectos de desarrollar una solución específica, nosotros iremos detrás corriendo, con la idea de aplicarlo. Porque todo lo que usted dice lo comparto, si me lo permite, salvo que la solución esté en nuestra mano. Ojalá lo estuviera, porque lo aplicaríamos enseguida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.