Diario de Sesiones 74/2021, de fecha 27/4/2021
Punto 26

10L/C/P-0691 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, SOBRE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL EN CANARIAS A LA VISTA DEL INFORME TEMPORALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SITUACIÓN, ESCENARIO NORMATIVO Y ALTERNATIVAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia del señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre los procesos de estabilización y consolidación del empleo temporal en Canarias a la vista del informe Temporalidad de las prestaciones de servicios para las administraciones públicas, situación, escenario normativo y alternativas, a propuesta del Grupo Nacionalista Canario.

Tiene la palabra el Grupo Nacionalista. Señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, buenas tardes ya.

Es tarde y estos asuntos que vamos a tratar son densos, pero son de enorme importancia porque afectan al conjunto de la Administración pública, al personal, al motor de la Administración pública que son los empleados públicos y a la estabilización de ese personal.

Un alto porcentaje del personal de la Administración está en situación de abuso de temporalidad porque viene encadenando contratos sucesivos temporales. Un informe de María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo, reciente informe, plantea la posibilidad de convertir al personal fijo en personal a extinguir. Sus plazas se amortizarían cuando se jubilaran o cuando hubiera una renuncia voluntaria. Lo plantea como una situación excepcional ante un problema excepcional y ante un momento también excepcional. Propone la creación de una nueva categoría, la de personal estabilizado, para cumplir la directiva comunitaria y la sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Defiende que se trata de una vía apropiada y constitucional para dar estabilidad mediante la continuidad en los puestos de trabajo hasta esta jubilación o hasta esa renuncia. (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta primera, González González).

Plantea, además, que esa reforma se debe acometer con urgencia porque tenemos la infracción flagrante declarada por Europa y hasta ahora las soluciones que se han planteado han sido ineficaces, porque no han funcionado los procesos selectivos, que por la limitación en las tasas de reposición han sido muy limitados, tampoco ha funcionado la figura jurisprudencial que se crea de indefinidos no fijos y tampoco los casos en los despidos, en las indemnizaciones por despido improcedente.

El informe de Emilia Casas descarta que se vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad, los principios constitucionales de acceso al empleo público, porque en la mayoría de los casos los interinos han accedido a la Administración por la vía de algún proceso selectivo. Y, además, el Tribunal Constitucional ha establecido que se puede considerar como mérito esa antigüedad. Evidentemente, el tiempo efectivo de trabajo puede reflejar esa capacidad y ese mérito que se exige.

También la jurisprudencia del Constitucional establece que en determinados casos la diferencia de trato puede considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria como medio excepcional adecuado para resolver esa situación excepcional. Hay antecedentes en la ley de presupuestos generales del Estado de este año de transformación del personal de entidades públicas empresariales y estaría justificado por ese incumplimiento generalizado que ha desnaturalizado por completo -dice el informe- encubriendo relaciones de carácter indefinido que ha sumido a estos interinos... siempre pendientes de la renovación de sus contratos. Y plantea que hace falta voluntad política, apostando no por una vía judicial sino por una vía de consenso y por una vía legislativa. También, recientemente, Jerónimo Saavedra ponía su propio ejemplo personal cuando lo convirtieron en personal funcionario fijo sin mayores trámites.

Ante ese informe, señor consejero, ¿cuál es el planteamiento del Gobierno? El otro día tuvimos ocasión de hablar de eso. Queremos saber el planteamiento del Gobierno. El ministro Iceta ha enunciado algunas acciones desde el Gobierno de España. Tenemos el personal en huelga, la huelga se ha ampliado desde abril hasta diciembre, aunque la semana pasada hemos conocido un acuerdo entre el comité de huelga y la Administración. Sin embargo, ese acuerdo también entra en colisión o genera incertidumbre en relación con la disposición final primera de modificación de la Ley de la Función Pública, cuyo decreto ley veremos en esta misma sesión plenaria, esa disposición final primera modifica la Ley de la Función Pública canaria, en concreto el artículo 73.3, que endurece las condiciones de acceso al personal laboral. Entonces, consejero, ¿cómo cuadra ese decreto ley, que ya está en vigor y que probablemente se convalidará en este pleno, cómo cuadra con ese acuerdo que han firmado el Gobierno y los sindicatos?

Y, finalmente, señor consejero, no se habla... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -sí, unos segundos, señor presidente- del personal de la administración de justicia. Los procesos de la administración de justicia han ido caminando. No se ha hablado de este personal. Queremos también que nos diga cómo se va a resolver la situación del personal de la administración de justicia en situación de abuso de temporalidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (González González): Gracias, señora Beato.

Turno ahora para el Gobierno. Consejero, señor Pérez, por tiempo de siete minutos.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Buenos días de nuevo. Señora presidenta, con su permiso.

Contesto con mucho gusto, señora Beato, a sus preguntas, que no pueden estar más de actualidad en el día de hoy.

Quizá yo deba empezar un poco por el final, por su pregunta sobre el acuerdo, porque de alguna manera el acuerdo, hoy por hoy, este acuerdo al que usted se refiere, es un punto de partida. Es un punto de partida y cuesta resumirlo, porque de algún modo, aunque sea difícil, no es imposible, incorpora elementos que parecen contradictorios. Por un lado decimos, y eso lo seguimos manteniendo, que la solución de fondo, la de fondo, si se quiere establecer una nueva relación jurídica entre este personal y la Administración, que sea igual a la de funcionario de carrera o laboral fijo, se requiere, como usted acaba de decir que dice la señora Casas, una ley estatal. Pero al mismo tiempo nosotros decimos: mientras no exista esa ley, mientras no exista esa ley, no podemos aceptar que las comunidades autónomas, y en concreto nosotros, nos limitemos a exigirla y a esperar.

Nosotros creemos que podemos avanzar al menos en dos direcciones y por eso hemos hecho este acuerdo con el comité de huelga. Y hay dos palabras claves en el acuerdo. La palabra "identificación", porque hablamos de un colectivo, de un grupo, pero esas personas tienen nombre y apellido y en algún momento tendremos que saber cuántos años de temporalidad conducen al abuso, cómo se accedió, con qué proceso selectivo. De modo que identificarlos es una tarea que podemos ir haciendo entre todos. Y, en segundo lugar, proponer medidas concretas, porque hay cosas que nosotros podemos hacer.

Entonces, aunque reclamamos y esperamos una actuación estatal, la que ha anunciado el ministro Iceta, lo dijo hace una semana, nosotros no aceptamos limitarnos a la espera y a la inactividad. ¿Qué hemos acordado? Trabajar en común por un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común?: la permanencia de ese grupo de trabajadores, en la medida de lo posible, en las filas de la Administración pública, porque ese objetivo es un objetivo que compartimos todos. El propio señor Iceta lo decía, no quiero consumir tiempo leyendo textos del Diario de Sesiones, no del nuestro, sino del Senado, en el cual el señor Iceta y todos los portavoces expresamente manifestaban su conformidad con ese objetivo, como objetivo.

Yo comprendo que la descripción de este objetivo ha producido en algunos grupos alivio, en algunos grupos de opinión, en otros grupos ha producido preocupación y también ha producido lo que yo no me atrevo a llamar curiosidad, interés por saber cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a resolver, cómo se pueden resolver situaciones jurídicas complejas.

Comprendemos, yo no puedo decir sino que comprendo esa sensación, comprendo el alivio de quienes llevan diez, quince o veinte años, temerosos de que un día le digan tiene usted que irse a la calle porque ha llegado un funcionario nuevo y ahora debe irse. Y eso produce alivio, nuestra decisión, hay una luz de esperanza. También comprendo la preocupación, y quería decirlo con toda claridad, la preocupación de los funcionarios de carrera, de los laborales fijos, que han adquirido su condición tras un duro esfuerzo y que de pronto leen en el periódico que otros ciudadanos quizás adquieran esa condición de una manera distinta, de una manera más sencilla, de una manera automática. Esa preocupación la comprendemos. Y ahí estamos, entre el alivio de unos, la preocupación de otros y la inquietud por saber cómo se resuelve, cuáles pueden ser las medidas que podemos adoptar.

Pero, en cualquier caso, el acuerdo tiene la virtud de poner en común una voluntad, que es la de que este es un problema, como ha dicho usted, como decía el otro día el señor Fdez. de la Puente, como todos hemos repetido, un problema excepcional que requiere soluciones excepcionales. Quizás como las que sugiere la profesora Casas, con toda la autoridad que tiene.

¿Podemos contribuir a la búsqueda de esas soluciones? Yo creo que sí y el comité de huelga también cree que puede contribuir. Y eso es lo que hemos hecho.

Su pregunta en la comparecencia -ahora me ha formulado otra- se refería a los procesos de estabilización. No querría dejar de contestar sobre esa pregunta que inquieta a muchos ciudadanos: ¿qué vamos a hacer con los procesos de estabilización? Pusimos en marcha las actuaciones preparatorias, entre otras cosas porque había un plazo legal, había que tomar decisiones antes del 31 de diciembre de 2020. Lo suspendimos, entre otras cosas, a petición del Parlamento. Me parece que usted misma en algún momento nos reclamó y nos dijo: no sigan, no vayan tan deprisa, se ha prorrogado el plazo. Tomamos nota de algunas propuestas para su reanudación de los propios sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, CSIF, que nos dijeron por escrito: deben ustedes seguir con esos procesos; y de una decisión del Parlamento tras el debate del estado de la nacionalidad que nos conmina o nos manda o nos ordena que continuemos esos procesos. Pero también tomamos nota de que el ministro Iceta ha dicho hace una semana que va a haber un nuevo proceso de estabilización, que él espera que sea el último, y que él acepta que se llame plan de choque.

Y repito la idea que anima al consejero, en la medida en que toque al Gobierno, que es la de estamos atentos a todo eso, estamos atentos a eso, pero no estamos quietos y sin hacer nada. Eso no lo podemos aceptar.

Usted me pregunta que si compartimos las propuestas de la señora Casas. Le contesto que yo las comparto. Tienen una complejidad técnica que yo no soy quién para decir si es la adecuada o es la razonable. Lo que quiero es buscar para el Gobierno, con ayuda de los sindicatos, con ayuda de la oposición, con ayuda de los expertos, unos caminos que nos permitan resolver este problema.

Me parece que no es correcto asimilar... -presidenta, me harán falta unos segundos- asimilar o relacionar las decisiones del decreto ley con las decisiones de este acuerdo. El decreto ley se refiere a los mecanismos de acceso ordinarios a la Administración y no a los procesos de estabilización, y lo único que ha hecho el decreto ley es trasladar a la legislación canaria las normas del Estatuto Básico del Empleado Público, porque la diferencia que había nos estaba ocasionando grandes complicaciones judiciales, y no hemos hecho sino prácticamente copiarlas de modo literal, luego corregir los méritos que deben..., pero ya es nuestra propia legislación, en nuestro... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional).

Justicia. Como sabe, el personal de justicia se gestiona por la Administración, pero su estatuto jurídico, la convocatoria de sus procesos, sus derechos se reglamentan, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, por normas estatales, de modo que, siendo conscientes de que también ahí hay un problema de temporalidad, no está solo en nuestra mano el tomar medidas en ese personal, como lo hacemos con el resto.

Créame que comparto sus afirmaciones sobre la importancia del personal y créame que me doy cuenta de la dificultad que tiene mantenernos en una línea difícil, equidistante, entre el respeto a la posición de la mayoría de nuestros empleados públicos, que lo son tras un duro esfuerzo, y esta minoría muy numerosa que está en una situación de abuso de temporalidad. Necesitamos conciliar los puntos de vista de unos y de otros. Grave dificultad para el consejero, que camina, como los equilibristas del circo, por una línea de la que espero no caerme, entre otras cosas, con la ayuda de ustedes.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (González González): Gracias, consejero.

Turno ahora para el Grupo Mixto. Señor Fdez. de la Puente, por tiempo de tres minutos.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Señor consejero.

El Ministerio de Función Pública ha hecho en fecha reciente una propuesta destinada a la estabilización y la consolidación del empleo temporal en Canarias y ha sido vista favorablemente por parte de los sindicatos, respondiendo a la misma que puede ser una salida para abordar este problema.

En este mismo Parlamento he defendido reiteradamente, tanto en comisión como en pleno, y ha quedado acreditado en el tiempo, que la Administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de medios que le permiten adoptar ciertas medidas oportunas y pertinentes que solucionen la precaria situación en la que se encuentra el personal laboral y funcionario interino, estatutario temporal por abuso en su contratación.

Me gustaría referirme, lo ha hecho también la señora proponente, a esa figura de la señora Casas del empleado público a extinguir, es decir, darles una solución a los que ya están dentro como una especie de norma de punto final. Y también me agradó mucho escuchar, en lo cual coincidimos, en el Foro Parlamento, al señor don Jerónimo Saavedra contando su caso particular. Medios hay, legales, hay y ahí tenemos la prueba.

Y también me ha gustado mucho escucharle a usted recientemente cómo ha cambiado, ligeramente, su opinión. Hasta hace poquito toda la solución venía por parte del Estado y usted ha cogido el toro por los cuernos y se ha puesto manos a la obra y está tomando medidas dentro de sus competencias, como yo le he dicho en alguna otra ocasión. En esta carta que han mandado los sindicatos y las plataformas al ministro se busca y se expone la situación del personal temporal de la comunidad autónoma y que requiere, y yo creo que en este Parlamento todos coincidimos y lo veremos a continuación en las distintas intervenciones del resto de los grupos parlamentarios, requiere darle una solución, porque es de justicia, a un problema no generado por este Gobierno ni por el anterior, sino históricamente por diferentes gobiernos, tanto a nivel de España como a nivel del propio Gobierno de Canarias.

Es por ello que desde Ciudadanos entendemos que se está haciendo y que se debe hacer una mesa de negociación entre el sindicato, o sindicatos, y plataformas que representan a los empleados públicos en esta situación, junto por supuesto con la Administración, para buscar una solución efectiva, final y contundente que quite esta figura de temporalidad.

Creemos que los derechos de los trabajadores públicos, reconocidos en la directiva europea del trabajo de duración determinada, se han encontrado cercenados y es la realidad que ningún Gobierno español ha conseguido acometer esta medida desde el año 1999, cuando se tenía que haber hecho la transposición. Han pasado veinte años y evidentemente encontramos a gente que está en plazas que tienen 3, 5, 15, 20 años, incluso se han jubilado con estas figuras.

Señor consejero, yo le animo, en esta nueva faceta que usted ha demostrado en las últimas fechas, de esa búsqueda de solución, de la mano de las plataformas y sindicatos representativos de estos trabajadores, para que de una vez por todas se le dé una solución a este problema.

Muchas gracias.

(La señora vicepresidenta primera, González González, abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Dávila Mamely).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías; buenas tardes también, señor consejero.

Señor consejero, este es un asunto que en particular a nuestro grupo le preocupa. Por eso hemos mantenido distintas reuniones con los afectados, hemos realizado varias preguntas en comisiones y también en plenos. Bueno, justamente en el pleno pasado nuestro portavoz le preguntaba y le pedía buscar una solución, y es que este asunto, señor consejero, necesita de una extrema sensibilidad.

Hablamos de una problemática que afecta a más de veintisiete mil empleados públicos en nuestra comunidad autónoma y, como usted ha dicho, 27 000 empleados públicos que tienen nombre y apellidos, personas que llevan pidiendo hace mucho tiempo una solución. Es cierto que no es fácil, y ellos son conscientes de que la solución no es fácil, pero hay que buscar alguna vía que nos permita dar estabilidad a todos estos trabajadores, porque lo que sí que no podemos hacer y lo que no podemos perder de vista es que son personas que llevan dedicadas al servicio público muchos años. Hablamos de personas que tienen un conocimiento sobre la Administración que no podemos tirar a la basura, personas que también han soportado la sobrecarga de trabajo de la Administración por falta de reposición y que han estado siempre a la altura de las circunstancias.

Señor consejero, recientemente también conocíamos el informe que realiza la prestigiosa profesora Casas, del que ya hemos hablado y que también hemos debatido, y es muy probable que la solución definitiva pase por que sea una ley estatal la que tenga que poner punto final a esta situación, porque evidentemente este no es solo un problema de Canarias, es un problema que padece y que sufre todo el territorio nacional. Por tanto, habría que buscar una solución a nivel estatal. De hecho, ya hay soluciones jurídicas encima de la mesa y probablemente surjan más soluciones posibles, pero hay que querer sacarlas adelante y hay que querer impulsarlas.

Pero esto tampoco quita que a la misma vez, como usted ha dicho, desde Canarias se busquen también alternativas y que no nos quedemos de brazos cruzados, y eso es lo que está haciendo este Gobierno, buscando alternativas y no quedarse de brazos cruzados e intentar encontrar esas soluciones excepcionales a situaciones excepcionales, como la que están padeciendo ahora mismo todos estos empleados públicos y a la que usted ha hecho referencia.

Además, usted también lo dijo en el pleno pasado, si solucionamos este grave problema de la Administración, lo que conseguiremos además es avanzar e impulsar otros cambios que sí que son también prioritarios.

Señor consejero, señorías, esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Debemos trabajar por dar estabilidad laboral y consolidar a estas personas en sus puestos, y abramos las puertas a una Administración con una normativa de acceso a la función pública que nos permita reponer los efectivos y poner en valor el trabajo y el esfuerzo de quienes también trabajan actualmente en ella.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Mendoza.

Turno para Grupo Sí Podemos Canarias. Señor Marrero, por tiempo de tres minutos.

Cuando quiera.

El señor MARRERO MORALES: Buenos días, señorías; buenos días, señor consejero.

Para el problema que tenemos hoy, que es un problema antiguo, porque yo desde que entré a trabajar o me acerqué por primera vez a la función pública, cualquier persona que entra a trabajar en calidad de interino, en calidad de personal eventual, pues, empieza a unirse, de alguna forma a reunirse con otra gente con la finalidad de intentar conservar y dar estabilidad a su puesto de trabajo, como ocurre en cualquier mundo, en el mundo laboral.

Se han dado distintas soluciones a este asunto, es decir, echando la vista atrás, recuerdo años 70, reivindicación, igual trabajo, igual salario; otra reivindicación, contrato laboral, para la gente que trabajaba en las universidades, en la enseñanza, en distintos sectores. Ahí posiblemente se marcó un punto de inflexión cuando después, en los años 80, principios de los 80, la ley de medidas de reforma de la función pública marcó que taxativamente, para entrar en la función pública, de acuerdo con la Constitución, había que seguir los criterios de mérito, capacidad, publicidad, igualdad y, por tanto, era el sistema de oposiciones.

Se han inventado cosas diferentes, oposiciones restringidas, superrestringidas, pactos de estabilidad. Muchas de estas cuestiones han devenido en cuestiones anticonstitucionales que han sido reclamadas por diversos grupos.

Esta mañana, hablando con un sindicalista que me llamaba, se felicitaba por la parte del acuerdo que usted acaba de firmar con el comité de huelga o que van camino de ello; y, por otra parte, se quejaba un poco de que en el decreto que mañana vamos a convalidar posiblemente no se...; él se quejaba de que tal vez algunas cuestiones de tipo laboral no se garantizaban totalmente. Por tanto, me hablaba de esto que le decía yo en privado de las dos manos, es decir, que estaba usted haciendo una cosa con una mano y con la otra la otra. A lo cual yo le dije que era cuestión de diálogo, que confiaba en su buen hacer y que se trabajaba para la permanencia del conjunto de la gente.

Por tanto, creo que el informe de la señora Casas que hoy se nos trae aquí para plantearnos qué hacer en el futuro, está claro que habrá cosas que se puedan hacer desde la comunidad autónoma, desde el propio Gobierno de Canarias, y habrá otras que necesiten de legislación estatal que garantice que esas 800 000 personas que hoy trabajan para las administraciones públicas, de las cuales unas 27 000 en Canarias, de todos, de los distintos departamentos, conquisten esa estabilidad. ¿Por qué?, porque es gente que está formada, es gente que ha servido ya a la sociedad en general, que está preparada y que tenemos que seguir confiando en su formación, en su capacitación y en su independencia.

Por tanto, tenemos que apostar por la estabilidad de todo este personal.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor Marrero.

Turno para el Grupo Nueva Canarias. Señor Campos.

Cuando quiera.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta. Señor consejero.

Yo quiero centrarme en la parte de la solución. Hemos tenido ocasión durante los últimos meses de debatir sobre el problema, un problema enorme, un problema que básicamente, si se resuelve, viene a plantear un escenario de justicia con aquella gente a la que se le han conculcado derechos, a la que se le ha estado sometiendo a una situación de abuso conocido como de temporalidad, pero que ese tecnicismo es una situación de vulnerabilidad en el horizonte temporal, en el horizonte laboral, en la posibilidad de promocionar dentro de la propia Administración, en la incertidumbre que genera para cualquier proyecto de vida. Por tanto, creo que resolver esta cuestión era un elemento de justicia. Estamos en el camino. Yo creo que ese elemento es esencial con el acuerdo recientemente alcanzado la pasada semana entre el Gobierno, la consejería y los distintos sindicatos que abogan por esta cuestión.

Decía que era un elemento de justicia, un elemento que era apremiante, pero me gustaría también recordar una cuestión, porque los que, yo creo que todos aquí, sin excepción, defendemos con firmeza la búsqueda de una solución, pero a un problema heredado, a un problema que cuando alguien lleva en abuso de temporalidad quince años no empezó cuando este Gobierno llegó. Lo digo porque, cuando exigimos a este Gobierno la resolución, y desde Nueva Canarias exigimos a este Gobierno la resolución, dentro del orden jurídico, de este problema, hombre, los que han tenido alguna responsabilidad para que esa gente lleve 5, 8, 12, 15, 18, 20 años sería bueno que asumieran un poco, al menos entonaran un poco de responsabilidad en esta situación. (El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa).

Importante establecer mecanismos, buscar mecanismos jurídicos a través de la propia normativa canaria en tanto en cuanto el Estado establece esas modificaciones anunciadas por el ministro Iceta en la legislación básica, pero es imprescindible y tenemos que seguir exigiendo todos los que tenemos representantes en el Congreso de los Diputados, en el Senado, seguir exigiendo también al Gobierno de España avanzar en esa medida. Es fundamental para realmente crear un armazón jurídico importante, que ante posibles recursos realmente consigamos, entre esa legislación que podamos hacer en Canarias y esa legislación básica estatal, las modificaciones pertinentes que puedan garantizar la estabilidad. Cierto es, en este proceso de negociación, en esos grupos de trabajo que se crean, que hay que hablar con claridad sobre qué significa estabilizar al personal, en el abuso. Para nosotros no es lo mismo alguien que lleva 25, 22, 18, 15 años que alguien que lleva 3 años, 3 años, 3 meses o 4 años. Habrá que establecer los mecanismos.

Y, por último, fundamental, no volver a caer en el error. Corrijamos esta situación, estabilicemos, pero seamos capaces de crear las OPE, con planificación, con tiempo suficiente, para no volver a caer en esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Y buenas tardes, señorías.

Vamos a ver, desde el Partido Popular, y las personas que me han precedido en la palabra lo han dicho, estamos preocupados por la situación actual y que, efectivamente, viene de muchos años y que hay que buscar una solución, una solución excepcional a un problema excepcional. Pero, ahora bien, a mí sí me gustaría decir, en mi comparecencia quería resaltar lo siguiente. Por un lado, es verdad que se ha conseguido ese primer acuerdo, como ha dicho el consejero, es un primer acuerdo, por tanto, es un primer paso, donde se dice claramente que se trata de conseguir la permanencia del personal no fijo, pero también identificar a las personas que están sujetas a ese abuso de temporalidad. A nosotros sí nos gustaría preguntarle qué se entiende por abuso de temporalidad o qué personas se encuentran en esa situación, porque, como ya se ha dicho, no es lo mismo un funcionario interino o un personal laboral temporal que lleva 2 o 3 años que aquellos que llevan 20 o 25 años.

Pero es verdad que, independientemente de este acuerdo que se adoptó el 23 de abril, la semana pasada, el 22 de abril el ministro Iceta, como se ha dicho, sí compareció en el Senado y dijo lo siguiente: No se puede hacer fijo ni por ley ni por concurso restringido a un funcionario interino, porque no se pueden vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. También dijo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del 19 de marzo del 2020, cuando habla de indemnización, apuntó que no significa fijeza. Y también dijo que no se van a paralizar las OPE, pero es verdad que apuntó lo siguiente, y dijo: Aunque no se van a paralizar las OPE, las comunidades autónomas que tienen esa capacidad para sacarlas no tienen por qué poner, en las ofertas de empleo público, no tienen por qué poner esas plazas que están en estos momentos ocupadas por personal interino. Y después apuntó las siguientes soluciones, dijo: La primera solución pasa por modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, y es verdad que en esa comparecencia no lo dijo, pero en otra en el Congreso sí lo dijo, modificar el artículo 10, en el sentido de que la temporalidad de los interinos sea como un máximo de dos años, ampliables a tres, pero no hizo referencia a que ese mismo artículo sí es verdad que dice que se tienen que incluir en las OPE todas aquellas plazas que se encuentran vinculadas y se están ocupando por personal interino. Y, por otro lado, dijo que la solución sería la siguiente... Iba a llegar, es una solución que va a llegar en el mes de junio de la mano de los sindicatos que se encuentran en la mesa general, que se va a aprobar a través de un real decreto ley, y que esta solución pasa por lo siguiente: por sacar un proceso de consolidación extraordinario. Por tanto, señor consejero, mi pregunta es, efectivamente, si ese acuerdo que usted adoptó el 23 de abril puede ir de la mano de lo que manifestó el ministro Iceta.

Y también sí me gustaría hacer referencia a que evidentemente el personal del que estamos hablando aquí, el personal interino, es el de la Administración general, pero no podemos olvidarnos tampoco del personal docente y de los sanitarios, que están... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista.

Don Mauricio Roque tiene la palabra. Adelante.

El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señor consejero, señorías.

En principio todos estamos de acuerdo en celebrar el acuerdo con los empleados públicos y el Gobierno para resolver el problema del abuso de la temporalidad. Es, sin duda, que este acuerdo viene motivado por la buena fe y voluntad tanto de los empleados públicos como por parte del Gobierno para resolver este problema que es histórico y que es en todas las administraciones canarias, como bien apuntaba la señora Reverón.

Los empleados públicos son fundamentales para el desarrollo y el fomento del buen gobierno, por lo que es esencial disponer de un buen modelo de gestión para los recursos humanos dentro del sector público. Esto nadie lo niega y es lo que estamos intentando resolver.

Por otro lado, no cabe olvidar el contexto en el que estamos de crisis económica y sanitaria sin precedentes en la historia moderna. Esto constituye igualmente una necesidad de primer orden de una Administración moderna, flexible, capacitada, que permite con estos recursos, de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad, disponiendo de instrumentos ágiles, rápidos que permitan su adaptación a la atención de las necesidades que demanda la sociedad, esto es, facilitando una respuesta técnica, de calidad, social y en tiempo.

Esto nos entronca con el último apartado de las conclusiones, la 25, del informe a que hacía referencia la señora Beato, de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, señora Casas, en referencia a la voluntad del Gobierno español expresada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Este es el contexto en el que nos movemos y esta es la Administración que necesitamos.

No se discute la valía, el mérito, la capacidad y la profesionalidad de todos los trabajadores públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Nadie pone en cuestión ni el fraude de ley en el que se encuentran ni la preocupación por resolver la situación que les afecta y que llevan a disposición de realizar su servicio público por más de veinte años y están incluso algunos próximos a jubilarse, siendo la única responsabilidad de la Administración pública.

Esta es, por así decirlo, la fundamentación fáctica del problema, ahora tendremos que ir a lo que son los hechos, pero, claro, para una pretensión tienes que tener hechos y derechos. ¿Y qué nos dice este informe? Este informe, en cuanto a la fundamentación jurídica, propone una reforma legislativa de la conversión del personal fijo a extinguir, en la conclusión 22, mediante la creación de una categoría de personal de carácter indefinido con la posible denominación de personal estabilizado de carácter excepcional -conclusión 24-, mediante una reforma legislativa -conclusión 25-. Por lo tanto, estamos intentando resolver un problema, que los hechos nadie los discute, pero la fundamentación jurídica, la propia presidenta emérita del Tribunal... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) determina y concluye que es necesaria una reforma. No obstante, como ya ha apuntado el consejero, en lo que esto ocurre, se está realizando, junto con los sindicatos, un acuerdo para intentar que esa estabilización la tengan de forma garantizada hasta que esa reforma legal llegue, porque si no solo nos va a quedar la otra vía, y es la que no quieren ni los empleados públicos ni el Gobierno, que es la judicialización del problema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el turno proponente, Grupo Nacionalista. Señora Beato.

Adelante.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Nacionalista se alegra profundamente del giro del Gobierno, profundamente, porque hace apenas veinte días, a pregunta de esta diputada en comisión, el consejero se reafirmaba en que Canarias no podía hacer nada para solucionar este problema, y se reafirmaba, incluso cuestionó hasta la capacidad de lectura y de entendimiento de esta diputada respecto al informe de la señora Casas, y evidentemente Canarias sí podía hacer algo y la prueba evidente es el acuerdo de la semana pasada. Y recientemente ha habido una sentencia también, que tenemos que celebrar, que declara -una sentencia del Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife-, que declara fija a una persona que lleva casi veintitrés años en la Administración.

Y el acuerdo, como digo, es la prueba palpable de que Canarias sí podía hacer algo, y lo veníamos diciendo. En el acuerdo, efectivamente, se reconoce el problema, se fijan unos objetivos comunes y se llega al acuerdo de identificar las plazas y de buscar fórmulas a través de mesas técnicas de trabajo. Lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo que este Grupo Nacionalista le viene diciendo al Gobierno desde hace meses. Hicimos la primera propuesta... Hemos tenido muchísimas intervenciones aquí, preguntas, comparecencias, al Gobierno y siempre hemos mantenido lo mismo. Y dejamos rastro también en nuestras enmiendas en la Ley de Presupuestos, cuando propusimos al Gobierno estudiar y negociar con el objetivo de reducir la temporalidad, incluir también al personal sanitario, al personal de educación, a todo el personal de la Administración, para promover e impulsar las modificaciones legislativas que garantizaran esa estabilización o consolidación del empleo temporal, teniendo en cuenta la sentencia y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo volvimos a decir, esta enmienda se nos rechazó, y lo volvimos a decir en las propuestas de resolución en el debate del estado de la nacionalidad, cuando volvimos a proponer diálogo, consenso, entendimiento y sentarse a trabajar en soluciones técnicas consensuadas, porque somos conscientes de la magnitud del problema, somos conscientes de que la solución es difícil, pero era necesario sentarse a trabajar, llegar a un acuerdo, tender la mano y empezar a buscar una solución, porque tenemos una situación excepcional en un momento en el que hay que gestionar muchos fondos europeos. Tenemos que salir de esta crisis y tenemos al 70 %, más del setenta por ciento del personal, entre 15 y 20 años de antigüedad, encadenando contratos, el 70 % mujeres de ese personal interino.

Y le pedimos, señor consejero, que atienda al personal de justicia. Ahora mismo, en breve se cubrirán las plazas en los procesos que están en trámite, y ese personal está en tierra de nadie y necesita una respuesta, porque ven como se puede avanzar en otras áreas, en sanidad, en educación, en administración general y ellos están en tierra de nadie. Le pedimos que pongan la cabeza en ver cómo se puede también solucionar este problema.

Decía el señor Campos que es un problema heredado. Efectivamente, es un problema que está vinculado a la legislación estatal básica, a las restricciones, a la tasa de reposición, pero este Gobierno, el Gobierno de Canarias, tiene antecedentes de afrontar problemas similares. En el año 1997 se abordó un plan de empleo, un gran plan de empleo, que tenía tres fases, y no se pudo culminar la última fase de ese plan de empleo porque llegó la crisis. Por lo tanto, sí hay antecedentes de abordar este problema.

Y bienvenido sea, bienvenido sea, de verdad, este cambio, para conciliar también, como el consejero decía, hay que conciliar el personal que entró por una oposición, con todas, digamos, con todas las garantías, el personal que entró también por proceso selectivo pero no con fijeza y, por lo tanto, ha encadenado contratos indefinidos, y también, también, no olvidarnos de todas las personas que están fuera queriendo entrar, queriendo acceder a la Administración pública. Por eso lo que nosotros planteamos es abordar este problema, pero también en una estrategia integral en la que planteemos cómo solucionar el problema de la interinidad, del abuso de temporalidad, pero también cómo buscamos mecanismos para agilizar las OPE y que pueda refrescarse la Administración, incorporar nuevo personal y dar expectativas a las personas que están deseando y preparadas para entrar en la Administración, porque todos son necesarios, todos son necesarios en este momento.

Este grupo le tiende la mano, una vez más, al Gobierno para encontrar esas soluciones, para trabajar en este camino, y estaremos vigilantes para que ese acuerdo incipiente, un primer acuerdo la semana pasada, llegue a buen puerto y podamos hablar de un acuerdo definitivo.

Señor consejero, también esperamos una respuesta del ministro Iceta, si el ministro Iceta va a crear esa nueva categoría que plantea Casas; y, por lo tanto, abordar esta situación desde la complejidad pero también desde la voluntad política de encontrar una solución, llegar a un consenso que permita reforzar esta Administración pública canaria.

Y también le queremos volver a insistir en el decreto ley. Las referencias que tenemos es que el decreto ley, esta disposición final primera, lo que hace es endurecer las condiciones del EBEP, concretamente el artículo 61.7. Le pedimos, señor consejero, que lo revise, porque evidentemente lo que no queremos es que por un lado se esté favoreciendo resolver el problema y, por otro, estemos poniendo palos en las ruedas a esta situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.

Turno de cierre para el Gobierno, señor consejero. Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente. Con la venia.

Yo creo que lo importante es lo que empieza ahora. Querría no oír mucho, no hacerle mucho caso al aplauso de la señora Beato, no porque no me importe, que me importa, como es natural, como a cualquier ser humano, sino porque contiene un reproche, ¿no?, "yo ya se lo había dicho". Pues muy bien, si usted cree que ahora hago yo lo que usted me recomendó y no hice, pues, bienvenida, no me importa mucho. Yo no creo que sea así, por lo menos me cuesta aceptarlo. Pero es igual, porque uno no viene aquí a que le pongan medallas o por lo menos yo no vengo a eso.

Si es un cambio, como pregunta el señor Fdez. de la Puente o como afirma, o no es un cambio, importa poco. Lo que sí quiero decirle es que yo nunca dije esa frase que usted ha puesto -esto lo bueno que tiene es que está todo grabado-: "Canarias no puede hacer nada". Canarias no puede hacer nada, como ha dicho el señor Iceta, a un señor que está sentado ahí decir "ahora es usted funcionario aunque no haya hecho un proceso selectivo", para eso no se puede hacer nada, pero esa no es la única solución. Como usted misma cita, la señora Casas nos propone otras y nosotros hemos decidido buscar otras soluciones. No necesariamente la única vía posible, entre otras cosas por respeto, como ha dicho su señoría, a quienes están preparando oposiciones y estudiando para acceder y a los que no les podemos decir "ya no vale de nada el mérito y la capacidad, no va a haber publicidad". No, eso seguirá y es ahí, como dice Miquel Iceta y como yo quise decir, donde no podemos hacer nada. Pero eso no significa que debamos estarnos quietos. Eso puede ser un cambio. En todo caso, bienvenido sea el cambio, si para avanzar hace falta decir "yo ya te lo había dicho", pues, muy bien, pues, estupendo, bienvenido su aplauso y reproche. A mí no me interesa mucho el pasado, la verdad, me interesa lo que podamos hacer.

Hay una frase de la diputada representante de la Agrupación Socialista Gomera que yo querría quedarme con ella: la necesidad de manejar el asunto con una extrema sensibilidad. Es probablemente un asunto que, si no se encamina hacia una solución, puede llegar a la paralización del Gobierno, porque estamos concentrados en la solución del problema de este personal y probablemente las energías nos puedan hacer falta para la verdadera transformación de la función pública.

Querría decirle de nuevo que, tal como yo lo veo, la reforma de la Ley de la Función Pública Canaria no tiene que ver nada con el acceso de los temporales, usted me dice que sí y me ha parecido que insiste. Contradiciendo un poco esto que acabo de decir de no mirar al pasado, querría recordarle que lo primero que hicimos, lo primero, fue reanudar los procesos selectivos que el Gobierno anterior había decidido suspender. En su conjunto, todos. ¿Y sabe por qué los suspendió? Porque un tribunal suspendió un proceso porque nuestra Ley de la Función Pública no equiparaba el concurso-oposición y la oposición y, al no haber respetado ese precepto de la Ley de la Función Pública, un tribunal de justicia suspendió un proceso selectivo y el Gobierno entendió que era procedente suspenderlos todos, y nosotros los reanudamos y no hemos tenido ninguna complicación. De manera que su demanda de reanudar los procesos selectivos, no solo los de los temporales, sino los otros, está siendo atendida desde el primer día en que llegamos a ejercer esta responsabilidad.

Estoy de acuerdo en las referencias que han hecho varios portavoces. Quiero decir que las comparto, no que las apruebe. Cuando digo estoy de acuerdo, no soy yo quien pone etiquetas de bien o mal, sino que hago mías las referencias a la importancia de estar en sintonía con el Estado, especialmente en lo que nos ha dicho la señora diputada representante del Grupo Popular: ¿quiénes están en abuso de temporalidad? También alguien se ha referido, me parece que el señor Campos, a la diferencia entre el que lleva 22 años y el que lleva 3 o el que lleva 4. Bueno, es que el primer elemento del acuerdo es contestar a esa pregunta, de modo que yo no lo puedo hacer aquí, ni creo que sea leal con el acuerdo si me meto en lo que hemos quedado en hacer todos juntos, que es definir, catalogar -es una expresión que usa el acuerdo-, a ese personal, porque no es sencillo.

¿Podemos ir de la mano del señor Iceta? Pues el último párrafo del acuerdo dice expresamente que cualquier mejora de las condiciones establecidas en este acuerdo derivada de la normativa estatal de carácter básico se podrá incorporar a las cláusulas de este acuerdo.

¿Cuál es la idea, tal como yo la veo, que expresa además una posición en la que me he sentido respaldado por mis compañeros de Gobierno y por el presidente? No estarnos quietos, no decir, como la solución óptima, que es convertir en funcionario o en fijo a un trabajador por el mero hecho de que ya lleva unos años, eso no lo podemos hacer, quizá se pueda encontrar una solución alternativa, como la que sugiere la profesora Casas. En cualquier caso, no queremos estarnos quietos.

Soy consciente, y lo dije antes, de que hay otros grupos que miran el acuerdo con una natural y con una lógica inquietud, los funcionarios y los laborales fijos: "¿es que el consejero va ahora a convertir en funcionario a todo el mundo?". Los... iba a decir jóvenes, pero jóvenes y no jóvenes que preparan oposiciones y preparan el acceso: ¿es que ya no va a hacer falta? Yo comprendo esas inquietudes, pero a ellas también trataremos de darles respuesta.

Para el Gobierno, y así está dicho en el discurso de investidura y así se dijo en el debate del estado de la nacionalidad, la transformación de la Administración pública es imprescindible, no solo por su propia antigüedad y obsolescencia, sino porque los retos que tenemos delante hacen necesaria otra Administración. Y el primer paso es resolver este problema, arreglar este problema. No es solo nuestro, es de todas las comunidades autónomas, de los ayuntamientos.

Querría decirle que soy consciente de la dificultad del personal de justicia, que está, como creo que ha dicho su señoría, en terreno de nadie. Bueno, no del todo, porque yo me siento muy responsable, tanto como consejero de Administraciones Públicas como... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) como por mi propia procedencia profesional, si con la venia del presidente y del pleno lo puedo decir, soy consciente de esa situación en la que se encuentra el personal de la administración de justicia o, como dice el Tribunal Constitucional, de la administración de la administración de justicia. Soy consciente de las peculiaridades del personal sanitario, soy consciente de las peculiaridades del personal docente.

Tenemos más de sesenta mil empleados públicos, somos el primer empleador de Canarias. Lo que nosotros hagamos sirve de faro, de referencia, de guía para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, es nuestro deber, quiero pensar que con la ayuda de la oposición en este caso, ayuda crítica, que la Administración cumpla esos cometidos, porque sin ella no podremos hacer nada, ni con nuestros programas ni con las críticas de la oposición. Y este es un pequeño paso, pero al que darán, al que sus señorías darán o que continúan otros, o por lo menos esa es nuestra esperanza.

Muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

Finalizamos aquí la comparecencia y suspendemos, señorías, la sesión plenaria hasta las dieciséis treinta.

Buenas tardes.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y veintinueve minutos).

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Vayan ocupando sus escaños para reanudar la sesión plenaria, si son tan amables. Buenas tardes.

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  • 10L/C/P-0691 Sobre Del Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre los procesos de estabilización y consolidación del empleo temporal en Canarias a la vista del informe Temporalidad de las prestaciones de servicios para las administraciones públicas, situación, escenario normativo y alternativas.