Diario de Sesiones 78/2021, de fecha 25/5/2021 - Punto 30

10L/C/P-0713 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD, SOBRE LA SITUACIÓN DEL CATÁLOGO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI).

El señor PRESIDENTE: En este caso, también comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (rumores en la sala) -gracias, señorías-, sobre la situación del catálogo de prestaciones y servicios de la nueva ley de servicios sociales, a petición del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

Tiene la palabra el grupo proponente, la señora Valido.

Adelante. Silencio, señorías.

La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, señorías; buenas tardes, consejera.

La verdad, señorías, es que esta tarde, es bueno empezar esta jornada con una comparecencia sobre las políticas sociales en el ámbito municipal y continuar hablando ahora del catálogo, pues a los que nos dedicamos a la parte social, nos hemos dedicado durante años, nos agrada especialmente. Ya sé que para muchas señorías, lo digo sobre todo por el nivel de atención que me están mostrando, este parece no ser un asunto muy relevante, pero les aseguro que no hay nada más relevante que trabajar en las fórmulas y en las herramientas que ayudan a resolver los problemas de la gente, los problemas de la gente que peor lo pasa. Por tanto, casi que enlazo una comparecencia con la otra, que tampoco pueden verse de manera deslavazada, dos asuntos que están perfectamente incardinados.

Como ustedes saben, el catálogo de servicios sociales, el catálogo de prestaciones y servicios que mandata la ley, que tenía que haberse elaborado en los primeros seis meses, de una ley que ha cumplido ya dos años -estamos de cumpleaños, hace muy poquito que cumplió dos años-, es la columna vertebral de la ley. Y no solo es la columna vertebral de la ley, es el garante de los derechos de las personas. Porque cuando aprobamos esta ley y aplaudimos, y nos levantamos todos y presumimos de un acuerdo por unanimidad que iba a cambiar las cosas, hace dos años ya, todos coincidimos en que una de las cuestiones más relevantes era que por fin la ciudadanía tenía el derecho subjetivo, que el derecho a tener una prestación o a tener un servicio ya no era una cuestión de si se puede o no se puede, era un derecho. Pero, ¿qué pasa?, al no desarrollarse el catálogo, ningún ciudadano o ciudadana podría acudir a fecha de hoy a ningún espacio judicial a decir que no se está cumpliendo con los derechos que la ley le confiere. O sí, no lo sé, igual algún juez lo toma en consideración.

Pero la cuestión no es -de verdad, consejera- hablar aquí de las posibles demandas o no demandas. No, esa no es la cuestión. La cuestión es que entendamos lo importante que es este catálogo, lo importante que es, para que resultados como los de los directores de servicios sociales cambien, hay que transparentar lo que se hace en Canarias. Porque uno de los grandes problemas, y me he desgañitado diciéndolo -y entiendo que cuando estaban en la oposición no les interesara esa versión, cuando estaba en el Gobierno, ahora que estoy en la oposición quizás sí convenga-, uno de los grandes problemas es que muchas de las transferencias que se hacen a los cabildos y a los ayuntamientos desde la hacienda de la comunidad autónoma se hacen por partidas que no aparecen en los servicios sociales de la comunidad autónoma, que salen directamente de Hacienda, aunque finalmente acaben financiando servicios sociales. Y cuando todos esos millones que van a los cabildos, incluso a veces a los ayuntamientos, no se transparentan, entonces Canarias es de las que menos invierte.

Pero es que, además, se nos olvida que los cabildos, que son uno de los principales operadores, tienen sobre sus hombros la gestión de los centros más caros que en materia social se pueden construir, los centros de atención a dependientes, y que en muchas ocasiones han estado financiando mucho más del cincuenta por ciento, porque los costes han subido mientras que la crisis no permitía subir al ritmo que subían los precios. Igual que con las entidades sociales, igual que con los municipios.

Por tanto, aprobar el catálogo no solo es cumplir con el mandato de la ley para que los ciudadanos y ciudadanas puedan reclamar sus derechos, los servicios y las prestaciones que les corresponden. Es también una forma perfecta de hacer una radiografía, un mapa con luz y taquígrafos de los verdaderos recursos que de esta comunidad autónoma se destinan y se vienen destinando a políticas sociales, para que se nos pueda medir, junto a otras comunidades autónomas, en igualdad de condiciones, porque es muy importante lo que les digo: las transferencias no finalistas que al final terminan en servicios sociales en administraciones financiadas por el Gobierno.

El papel de los ayuntamientos y los cabildos en la elaboración de este catálogo es clave, pero también, señora consejera, el de las entidades del tercer sector.

Por eso voy a culminar haciéndole una serie de preguntas y luego avanzaré en mi segunda intervención.

Las entidades del tercer sector no manejan ningún borrador ni conocen en qué estado está. Estamos ya a dos años después de la aprobación de la ley y esto es un tema importante. El Consejo General de Servicios Sociales... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Valido. Un minutito para que concluya.

Silencio, por favor, a los señores diputados. Gracias.

Concluya.

La señora VALIDO GARCÍA: El Consejo General de Servicios Sociales, en su última convocatoria, recibió una mera información, pero tampoco documentación ni borrador del catálogo. Cabildos y ayuntamientos han sido conectados para advertirles que la universidad les va a llamar para preguntarles si quieren participar, porque parece que finalmente han llegado o van a llegar -me lo explicará usted- a un acuerdo con la universidad para que sea la universidad la que haga el catálogo. Me gustaría saber, si usted me lo puede contestar hoy, con qué objetivos, con qué plazos, cuál es el trabajo que va a hacer la universidad, dónde queda el trabajo que hayan hecho ayuntamientos y cabildos.

Y me gustaría también saber si ese catálogo que usted va a plantear a la universidad va a ser trabajado de manera interdisciplinar, no solo por el ámbito social, también por el ámbito jurídico y el económico, porque a todo esto sin ficha financiera... Que a mí me ha sorprendido que usted diga que en cuanto tengan el catálogo constituirá la mesa de la financiación...

El señor PRESIDENTE: Señora Valido, muchas gracias.

Turno para el Gobierno, señora consejera. Adelante.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Muchas gracias, señora Valido.

En primer lugar, y para responder a lo que nos solicita, quiero informarle de que actualmente se encuentra finalizado el trámite de consulta pública previa, por la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, elaborado en coordinación, como no puede ser de otra manera, con el resto de direcciones generales de la consejería y también con la Fecam, la Fecai, el Instituto Canario de Igualdad y todos los agentes que debían intervenir en el mismo. Se halla en fase de redacción del proyecto de decreto, con su anexo, donde se contiene el catálogo, el cual se halla prácticamente ultimado, pendiente, de forma inmediata, de los trámites de información pública y consultas públicas a entidades integrantes del tercer sector, de acción social, las cuales prevén finalizar durante este mes de mayo de este año, dado que ya se ha alcanzado un nivel amplio de consenso en el documento del catálogo entre todos los agentes intervinientes en su elaboración.

Como ustedes sabrán, quienes al menos han repasado y estudiado la ley, el artículo 17 de la misma señala que la consejería competente, que es la nuestra, es la encargada de elaborar el catálogo de prestaciones y servicios sociales del sistema público, con la participación -y esto hay que recalcarlo- de los diferentes cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios y el Consejo General de Servicios Sociales, como máximo órgano de consulta y participación social.

Y quiero dejar claro este punto, para dejar claro que no es una cuestión solamente de voluntad de la consejería que el catálogo por fin vea la luz y se finalice, porque en la implementación del mismo y en el desarrollo del mismo intervienen diversos agentes sociales, que además la ley es quien señala que debe ser así y nosotros por supuesto, como no puede ser de otra manera, cumplimos con la ley.

En el Catálogo de Servicios y Prestaciones, que son de provisión a nivel autonómico, insular y municipal, por tanto, se debe contar, como le decía, con esa labor y ese trabajo de los municipios y cabildos, así como la participación de entidades sociales a través del consejo general, que, como usted bien sabe -porque además tuvimos la oportunidad de hablarlo nosotras dos y además usted ya tenía conocimiento de ello porque ya se había preocupado de hablar con entidades y agentes que forman parte de ese consejo general-, incluso nos estaban pidiendo más tiempo y nosotras, por supuesto, como no puede ser de otra manera, intentamos ser flexibles para que se pueda hacer un trabajo lo mejor posible, de manera lo más exquisita posible, porque, sinceramente, teníamos una ley, en el año 1987, que no se terminó de desarrollar, de implementar y no queremos que nos pase lo mismo con esta ley, que lleva vigente dos años. Es verdad que salió por el consenso de todo el Parlamento de Canarias. Ya le he señalado yo en alguna que otra ocasión que creo que somos, que fuimos -y me incluyo- bastante irrealistas con los plazos. He estado consultando con otras comunidades autónomas lo que se había tardado en el desarrollo del catálogo, y es que la que menos, un año y medio, y nosotras nos marcamos seis meses de plazo. Por lo tanto, para que se hagan una idea de las dificultades de, en un periodo tan corto de tiempo, poder hacer algo tan complejo y de tanta relevancia para la comunidad autónoma. Y además, aunque hagamos un trabajo arduo, un trabajo profundo, va a estar, porque también lo pone la ley, en constante renovación y adecuación a la realidad que le toque vivir a la comunidad autónoma en cada momento.

Aprobar el catálogo de prestaciones y servicios es una necesidad normativa, que hasta ahora, como le decía, no había sido desarrollada y para nosotros es fundamental, como no puede ser de otra manera. Por tanto, es algo que para nosotros va a marcar un antes y un después. Por eso queremos darle la importancia que se merece, queremos tomarnos los tiempos que se merecen.

Decía usted que debe venir acompañado, para que verdaderamente nos creamos esto, y yo, vamos, no puedo estar más de acuerdo con usted, también de una ficha financiera; valorar cuánto cuesta sacar adelante los servicios que se vayan a desarrollar, porque, si no, lo que estaríamos haciendo es un papel mojado. Y eso estamos haciendo: valorando también, por parte de la dirección general, cuantificando económicamente cuánto costaría a la comunidad autónoma poderlo sacar adelante con todas las garantías.

En el proceso participativo que hemos tenido, de consulta pública previa, y que se realizó en noviembre del 2019, participaron diversas personas físicas, también asociaciones y una federación de asociaciones. Ahora en este proyecto de ley hay una diferencia con el procedimiento ordinario, que hace que sea más compleja su elaboración, ya que en su elaboración se contiene el documento anexo, que define la estructura y valora los servicios, las áreas, las prestaciones, con la definición y la estructura de las mismas, más su estimación económica, que era de lo que habíamos hablado, que también es parte de todo ese proyecto del decreto. Por eso también ha habido un retraso, porque hemos intentado hacerlo bien.

Nos ha pillado también la pandemia... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional), nos ha pillado también la pandemia por medio, que parece que se utiliza a veces como excusa, pero son varios meses en los cuales no nos pudimos reunir con los ayuntamientos, en los cuales no nos pudimos reunir con los cabildos insulares.

Y, bueno, nosotras, con sinceridad, estamos haciendo el trabajo de la forma más ágil que podemos, pero siempre salvaguardando que tengamos un catálogo y una cartera de servicios de calidad y que se adapte a nuestra realidad.

Hay algunas cuestiones que tengo que apuntar, porque, con perdón, no lo... Si me las puede volver a señalar, sé que me dijo de la universidad, del proceso o el papel que va a jugar la universidad, que se lo desarrollaré, y no sé si alguna cuestión más que no le contesté, porque de verdad que tengo interés en contestarle a las cuestiones que me lance.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Noemí, señora consejera.

Turno para el Grupo Mixto. Adelante.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente.

Señora Santana, creo que usted no me entendió en la intervención anterior cuando dije que me alegraba de que siguieran el orden del día, porque esta vez usted no se ha escondido, el que se ha escondido esta vez es el vicepresidente del Gobierno, que no quiere hablar de las ayudas a los autónomos y pymes. Usted se escondió en el pleno pasado, que no quiso hablar sobre las valoraciones de grado de discapacidad y el reconocimiento de pensiones no contributivas, y no es la primera vez, usted retira las comparecencias cuando no quieren hablar de determinados asuntos.

Y, además, lo que resulta todavía más insólito es que hoy hay quien ha descubierto el trabajo parlamentario, después de dos años de legislatura nada menos, y se permita dar lecciones en esta tribuna sobre los informes que podemos o no utilizar en nuestras intervenciones, para, curiosamente, luego hacer alusión a ese mismo informe.

Mire, el informe es importante y nos señala un gran problema que tenemos, y es que la ley no se ha desarrollado en dos años, señora Santana, y dice que el principal desequilibrio que presenta Canarias es la ineficiencia, que es urgente una ordenación territorial en la que los cabildos insulares, los grandes municipios y el Gobierno de Canarias alcancen un pacto estratégico global para evitar los solapamientos y las ineficiencias actuales. El problema es que no tenemos el catálogo, que usted no ha desarrollado en todo este tiempo.

Y, mire, el periodo de información pública finalizó el pasado 5 de diciembre de 2019 y usted tardó nada menos que prácticamente un año en valorar nueve aportaciones que hicieron personas y organizaciones. Un año para valorar nueve aportaciones. Luego el tema ha seguido atascado con los cabildos y ayuntamientos. Dice usted que durante la pandemia es que no se podía reunir, durante el confinamiento. Mire, los portavoces de esta Cámara, los grupos parlamentarios nos reuníamos semanalmente prácticamente, telemáticamente, con el presidente del Gobierno. Yo sé que con usted no nos reunimos en todos los meses de confinamiento, pero teníamos reuniones telemáticas. Con lo cual, deduzco que usted podía hacer las mismas reuniones telemáticas con los cabildos y ayuntamientos.

Y además del catálogo, que hay que desarrollar y que hay que aprobar, señora Santana, porque la ley establecía un plazo de seis meses -usted quiere cumplir la ley para unas cosas pero no le interesa para otras-, es importante la historia social única, porque tenemos a las personas más vulnerables de Canarias dando tumbos de administración en administración. Usted me contestó en una pregunta, una pregunta en comisión, que este historial social único ya estaba puesto en marcha y usted, señora Santana -se lo voy a decir con toda claridad-, usted mintió, porque en una respuesta posterior, semanas después y por escrito, desde su departamento me contestaron que la historia social única tampoco estaba en funcionamiento. Así que, señora Santana, deje de contarnos tantas milongas y póngase a trabajar de una vez.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.

Adelante.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Señora Espino, no es justo, no es justo que le diga a la señora consejera que se ponga a trabajar. Ya no solo por la señora consejera sino por todo el equipo humano que conforma la Consejería de Derechos Sociales, que nos consta a todos que no ha dejado de trabajar y no ha parado de trabajar, y más en estas circunstancias tan difíciles por las que estamos atravesando en esta comunidad autónoma.

La señora consejera ya ha dicho que se ha avanzado en esta tarea, que ha finalizado el trabajo conjunto con todos los agentes intervinientes y se ha llegado, afortunadamente, a un alto nivel de consenso, y en breve, como ha dicho también la señora consejera, se va a someter a información pública. Esto nos indica, señoría, que estamos llegando al final del camino. Esto también nos indica que van a quedar recogidas en el catálogo de servicios sociales todas las necesidades que se requieren, incluso las especificidades de prestación que se dan en los distintos ámbitos territoriales, de forma que cuando se ponga en marcha este catálogo también a su vez se cierren los convenios de financiación de estos derechos sociales, tanto por los cabildos como por los ayuntamientos, para que entre otras cuestiones también los servicios sociales queden blindados como derechos subjetivos de cada uno de los ciudadanos del archipiélago y haya, por tanto, por parte de la Administración, un reconocimiento. De esta manera lo que se va a lograr es que se garantice su disfrute a todas aquellas personas que reúnen el perfil y los requisitos necesarios y que ninguna persona se quede sin protección social, porque esa es la finalidad de este Gobierno.

Como todos ustedes saben, el desarrollo de la ley conlleva mucho trabajo, con muchos encuentros con las administraciones competentes y trámites administrativos que requieren de un trabajo riguroso y diligente. Y es cierto lo que ha dicho la señora consejera, también nos ha pillado un momento de pandemia, donde era mucho más complicado mantener esas reuniones. Yo no quiero que nada de esto suene a excusa, pero es una realidad que llevar a cabo todo este procedimiento ha hecho que se dilate en el tiempo más de lo que teníamos previsto para llevar a cabo y que tenga toda su plenitud la Ley de Servicios Sociales, una Ley de Servicios Sociales, además, que trabajamos en esta Cámara conjuntamente todos. Yo la primera de ellas, que también la trabajé y que quiero que esa Ley de Servicios Sociales despliegue todos sus efectos.

También quiero recordar que el catálogo de prestaciones y servicios no se limita tan solo a enumerar los nuevos derechos sociales, sino que hay que buscar una actuación también armonizada para prestar cada uno de estos derechos de igual manera en cada uno de los ochenta y ocho municipios de las siete islas. No es una tarea sencilla, de ahí que sea fundamental también la coordinación estrecha con cabildos y ayuntamientos de manera continuada en el tiempo, de forma que atemos todas las cuestiones necesarias para que no se generen diferencias en la prestación de estos derechos... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). Eso es muy importante porque, aunque somos siete islas y ochenta y ocho municipios, cada municipio tiene una realidad completamente distinta.

Desde el grupo parlamentario al que represento, señora consejera, la animamos a seguir aunando esfuerzos para concluir en el desarrollo pleno de la ley y lograr mejorar la calidad de vida y el estado de bienestar de todos los ciudadanos de esta isla, que es el fin de este Gobierno al frente y sé que también es la finalidad que persigue usted y toda la consejería, que está trabajando intensamente por que así sea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señora Del Río.

Adelante.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señora consejera, señora Valido.

Yo agradezco mucho que haya traído esta comparecencia y, además, coincido mucho en muchas de las cosas que ha dicho. Poner por encima y yo creo que si en la legislatura pasada posiblemente la ley más importante fue la Ley de Servicios Sociales, en esta legislatura tendremos que sacar pecho, porque posiblemente de las cosas más importantes será este catálogo. Superimportante, porque sin el catálogo la ley, efectivamente... Con lo cual, y es verdad, y una vez hablado de lo de los tiempos, que ya... Yo lo que sí conozco, por la gente que está trabajando en ella, es que hay un equipo técnico superpotente, que se está dejando la piel trabajando en colaboración con los cabildos, además técnicos, no políticos, gente muy formada y muy cualificada, de la Fecam, de la Fecai, trabajando codo con codo para sacar un proyecto que saldrá ahora en junio, julio ya a exposición pública. El catálogo está prácticamente terminado a falta de estos últimos remates.

Yo lo que ha dicho usted de que se va a encargar a la universidad la verdad es que me ha dejado un poco descolocada y no sé de dónde viene, porque sé el esfuerzo y lo concienzudo que está siendo este trabajo. Y en este momento, porque uno puede reconocer los errores de la ignorancia también del pasado, en nuestra primera legislatura, de verdad, de pensar que a lo mejor se podía hacer con seis meses, miren, yo prefiero que tarden más tiempo y que lo hagan bien, porque este catálogo es muy importante, muy importante, porque al final, efectivamente, se trata de garantizar los derechos subjetivos que van a regir esas cosas que las personas van a poder demandar y que los servicios públicos, los servicios sociales de nuestra tierra van a tener obligación de cumplir. Es decir, no hablamos de ninguna tontería, ya estaba recogido así en la propia ley, que era muy minuciosa y muy detallada; ahora toca eso aterrizarlo. Y desde luego para ese aterrizaje también vamos a necesitar, y esto es importante y yo confío en que este Gobierno, además, que es sensible a los derechos sociales, que lo está demostrando, porque vamos a necesitar una importante financiación.

Estamos hablando de que este año, antes de que acabe el año, tendremos el catálogo aprobado definitivamente y que empezará a ponerse en marcha a principios del año que viene y la implementación y la implantación saben que como mínimo son seis años de ir evolucionando e ir implantando cada uno de los procesos necesarios, es decir, no va a ser fácil, va a necesitar recursos y, como hablábamos antes también, no solamente recursos económicos, más necesitaría... Lo que no podemos entender, lo estábamos hablando antes con la compañera Hernández... A ver, cuando en sanidad y educación se dota de más profesionales, ¿por qué en los servicios sociales no? Es decir, habrá que buscar la fórmula en la que rompamos ese techo de cristal que tenemos ahí de la tasa de reposición, de no poder contratar más gente. Sabemos que viene de Europa, de acuerdo; Europa, España, habrá que buscar la solución. Estamos en los sitios, en los espacios, para eso estamos en este Parlamento, donde se cambian las leyes y yo creo que nos va a tocar exigir la fórmula, porque de nada nos sirven... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -gracias-, de nada nos sirven los millones que nos puedan venir de Europa, que incluso puede ser un regalo envenenado, si no tenemos capacidad de llevarlos a cabo desarrollándolos con las personas necesarias.

Claro que aquí nos encontramos con otra cosa y yo la quiero apuntar, porque sí que hay perspectiva también ideológica en esto. Al final se pueden hacer de tal manera que tú conciertes no sé qué y que alguien haga...; y esto tiene que ver con el adelgazamiento de las administraciones públicas, de que acabemos concertando todo hacia afuera, como ya está pasando con los servicios sociales. Tiene que ver con el modelo que se tiene en Europa también de qué es un trabajo social, de qué son los derechos sociales. De todo eso quizá tengamos también que hablar, porque no podemos caer en la trampa de decir "necesitamos hacer buenos servicios, pero no tenemos gente que los haga". Ahí hay un arrastre importante y yo creo que debemos, todo el mundo tenemos que remar en ese sentido e instar donde corresponda para que nos permitan, como se ha hecho, insisto, en este caso con la educación y con la sanidad, contratar más personal, que va a ser absolutamente necesario.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Río.

Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): Señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Sí. Perdón, perdón, diputada. Adelante, señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): Gracias.

Bueno, coincidimos plenamente con la oportunidad y con la importancia de esta comparecencia. Sin duda, la definición, la redacción del catálogo es fundamental. Nos consta que está muy avanzado. Nos consta además -ya se ha dicho hoy aquí- que han participado técnicos de las corporaciones locales y que, por tanto, se ha hecho un trabajo muy pegado a la realidad y a las necesidades reales de los ayuntamientos y de los cabildos.

Es cierto que necesitamos darle un impulso porque nos está generando serios problemas. Ahora estoy pensando en el ámbito local. El hecho de que el catálogo no esté redactado y no se defina con claridad, o, diríamos, la indefinición de la ley en materia competencial y en ciertas prestaciones, o más que prestaciones estoy pensando en servicios, estoy pensando en concreto en la atención a personas sin hogar, nos está generando serios problemas en los ayuntamientos, porque los interventores consideran que no está claro de quién es la competencia y, por tanto, al no estar definida, no es local.

Por tanto, el catálogo es fundamental. Hay que darle un impulso. La pandemia lo ha mediatizado todo, y esto no es una excusa, es una realidad. Es una realidad, hemos estado salvando vidas en el ámbito sanitario y salvando situaciones de extrema necesidad en el ámbito de los servicios sociales, atendiendo las emergencias que ha generado la pandemia. Pero es cierto que, pasado este periodo más duro, ya el proceso de vacunación está muy avanzado, vamos hacia una vacunación casi masiva, hay que darle un impulso, consejera, al catálogo, porque es fundamental, es fundamental.

Coincido con que no es la panacea, porque efectivamente los servicios sociales en Canarias, desde mi punto de vista, tienen dos problemas. Uno, la falta de personal. Tenemos un problema serio y no hay mecanismos ágiles para contratar a trabajadores y trabajadoras sociales. Que, por cierto, han pasado este proceso de pandemia en una situación de estrés y de sobrecarga laboral que hace que necesiten un respiro. Y, por otra parte, el modelo que hemos ido construyendo. Hemos construido un modelo -se nos han solapado dos crisis- tremendamente asistencialista y muy volcado en el reparto de prestaciones económicas, y sabemos que la prestación económica no resuelve la pobreza y la exclusión social que se cronifica, que ese es un proceso más complejo que requiere actuaciones transversales -educación, empleo, políticas sociales- y una cartera de servicios potente, donde haya un acompañamiento real y efectivo a las personas que más lo necesitan en general y a poblaciones vulnerables -a mayores, a dependientes, a niños, a adolescentes, etcétera-.

Así que yo creo que estamos en la senda y simplemente queda el último empujón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Suárez.

Adelante.

El señor SUÁREZ NUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.

El Gobierno de Canarias incumple la Ley de Servicios Sociales. Es una realidad, es una realidad porque además la normativa que este Parlamento aprobó por unanimidad establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor, que el Ejecutivo apruebe el llamado Catálogo de Servicios y Prestaciones, que básicamente, como todos conocemos, es la lista oficial en la que se plasmarán las ayudas a que tendrán derecho los ciudadanos y ciudadanas en exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad, por poner algunos de los ejemplos. La ley saben ustedes que se publicó el 17 de mayo de 2019 y entró en vigor el 18 de mayo. De modo que fue en noviembre de ese mismo año cuando expiró el plazo de seis meses que tenía el Gobierno para aprobar este catálogo.

A finales de 2019, ya con ustedes en el Gobierno, fuentes de su departamento explicaron que aún quedaban por delante entre ocho y doce meses de trabajo y trámites administrativos antes de que pueda promulgarse el decreto. Aunque no pueda adelantarse un margen temporal exacto -decían ustedes-, no será así hasta al menos septiembre del próximo año, o sea, de 2020, cuando la comunidad autónoma contará al fin con el Catálogo de Servicios y Prestaciones. Pues seis meses después del plazo marcado por su propio Ejecutivo seguimos sin este catálogo.

Señora consejera, ya no vale la excusa de la herencia recibida y si el anterior Ejecutivo lo hizo mal o tarde se le recriminó, pero hace dos años que ustedes llegaron. Lo que ustedes exigían no lo llevan a cabo, ¡ustedes son víctimas de sus exigencias!

En noviembre de 2019, el Gobierno de Canarias publica el informe justificativo del Catálogo de Servicios y Prestaciones de servicios sociales y abre a consulta pública el documento, con el fin de recoger las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía. Pero un año y medio después, nada de nada. Este catálogo saben, sabemos todos los que estamos aquí, que es un paso fundamental, quizás el más importante para que la Ley de Servicios Sociales cumpla su principal premisa, que ninguna persona se quede sin protección social.

Señora consejera, ¿les suenan estas palabras?: "La respetabilidad te la da cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer y con aquellos que te votaron", "El nuevo Gobierno debe tener los derechos sociales como prioridad después de que problemas como la pobreza se hayan cronificado". Hoy hay más pobreza. "No se debe tener miedo a un Gobierno que tiene como objetivo que nadie se quede atrás y que a los ciudadanos les vaya... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional), porque eso es, a su juicio, el estado de bienestar, que no es ningún invento nuevo". "Llevamos cuatro años en la oposición diciendo que se puede". Asimismo, anunció su intención de que la primera ley que llevarán al Parlamento será la de la renta ciudadana para sufragar los gastos más básicos de la ciudadanía en situación de pobreza y que, además, será complementaria con las rentas más precarias.

Todo esto, señora consejera, lo dijo usted. Por eso le digo que seguro que le sonarían las palabras que estoy repitiendo. Pero déjeme decirle, señora Santana, que en lo único que acertó ese 12 de julio de 2019 fue cuando dijo sobre la oposición que fuésemos leales y honestos. Pero leales y honestos no quiere decir que seamos sumisos o estemos callados. Lealtad y honestidad es lo que le estamos haciendo a usted desde la oposición.

Por lo tanto, señora consejera, coincido con la compañera doña Carmen Hernández en que...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Señora Valido, coincidimos desde el Grupo Parlamentario Socialista con usted en que es necesario actualizar, desarrollar, concretar la Ley de Servicios Sociales, porque usted lo ha vivido directamente: ley aprobada en el año 1987, ley que no se desarrolló, ley que no concretó, después de treinta y dos años, y nos abocamos a aprobar una nueva ley. No es porque fuera asistencialista, que no lo era, sino porque no la desarrollamos y no daba respuesta a la realidad que tenía esta comunidad autónoma.

Dicho eso, efectivamente, el catálogo de prestaciones y de servicios es imprescindible, es imprescindible para poder concretar todos los derechos sociales reconocidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la propia ya Ley de Servicios Sociales, pero no es menos cierto que -que ya lo dice el refranero popular- "vísteme despacio, que tengo prisa". Y lo quiero traer aquí por lo siguiente: tres de los portavoces que han intervenido hoy en esta comparecencia fuimos ponentes en la Ley de Servicios Sociales y se nos vendió que el Catálogo de Servicios y Prestaciones estaba muy avanzado. Eso fue lo que se vendió, porque en la ponencia fuimos claros: estamos ante un tiempo que no se va a cumplir. ¿Y saben por qué no se va a cumplir -y hay que ser realista-?, porque el catálogo, siendo la columna vertebral del sistema de servicios sociales, tiene que ser un catálogo que defina, que clasifique los servicios y las prestaciones, pero además no en cualquier lenguaje, sino en un lenguaje que sea comprensible para el conjunto de la ciudadanía y para los profesionales para que no se preste a confusión, y además de clasificar tiene que facilitar información a todos y a todas. Y eso no es una tarea simple, es una tarea muy compleja. Además tenemos que tener en cuenta que no solo clasificando sino tenemos que determinar qué modalidades de servicios y prestaciones, cuáles de ellas van a ser compatibles entre sí.

Tenemos que poner de acuerdo a ochenta y ocho ayuntamientos, a siete cabildos insulares. ¿Por qué?, porque es necesario que cuando se apruebe el Catálogo de Servicios y Prestaciones de esta comunidad autónoma avancemos en tener una gestión de calidad en los servicios sociales en Canarias y apostemos por que el acceso al sistema de... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional), el acceso, que es lo que perseguimos con esto, que el acceso a los servicios sociales en Canarias sea en igualdad de condiciones para cualquier ciudadano, ciudadano y ciudadana, de esta comunidad autónoma.

Por ello, el Partido Socialista es claro con este catálogo y mantenemos la misma postura desde el primer día con la ley, la nueva Ley de Servicios Sociales. Queremos que, efectivamente, este catálogo se apruebe a lo largo del 2021, que sea un catálogo abierto, que no sea rígido, para que podamos, a lo largo de los próximos años, ampliarlo y modificarlo si fuera necesario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el grupo proponente, Grupo Nacionalista. Señora Valido.

La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, a mí me causa enorme satisfacción ver el grado de complicidad y el grado de consenso que tenemos en el tema estrella para cambiar las políticas sociales en Canarias, que es determinante, que es el catálogo de prestaciones y servicios. No solo porque va a garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de sus derechos, esos que les otorgamos por ley pero que hoy no tienen porque no lo hemos desarrollado, sino porque va a garantizar, como ya se ha dicho, a cabildos y a municipios una claridad jurídica respecto a sus competencias, respecto a sus fondos, a la financiación asegurada establecida por año, que les va a permitir impulsar sus servicios sociales, sin que nadie les repare decisiones en el ámbito de la contratación o de la prestación de servicios porque les digan "eso no es competencia suya, usted no tiene financiación del Gobierno, usted no tiene financiación del cabildo". Es muy importante despejar ese asunto.

Financiación, aclaración de competencias para que los ayuntamientos puedan trabajar con seguridad, incluso adelantando el dinero, en la confianza de que hay un catálogo aprobado que establece los dineros que va a recibir el año que viene y el siguiente por prestar un servicio concreto.

Es muy importante despejar las ratios de profesionales para atender a las personas, ¡muy importante! Es clave en este momento en el que los servicios sociales están desbordados, como también se ha dicho hoy desde la primera comparecencia hasta ahora. Es muy importante saber cuántos trabajadores sociales debe tener un municipio por habitante, porque, como estamos hartos de repetir, no solucionaremos el problema de las personas a base de darles una ayuda de por vida, llámese ingreso mínimo vital o renta ciudadana, si no tenemos profesionales que intervengan en las familias, que sean capaces de ayudarles a cambiar el rumbo, que sean capaces de ayudarles a encontrar otras formas de vivir, no seremos capaces. Y para eso es fundamental el catálogo.

Han pasado dos años. Yo quiero que usted me diga hoy cuándo va a llegar a este Parlamento el catálogo, que me dé una fecha.

Yo confío plenamente en la cualificación de los técnicos de la consejería, confío plenamente en la cualificación de los trabajadores sociales de los municipios que han trabajado en el documento; explíqueme por qué ahora el trabajo lo va a hacer la universidad. Porque me han dicho cabildos y ayuntamientos que les han llamado para ver si están dispuestos a facilitar sus contactos para que la universidad hable con ellos. Entonces esa es la pregunta que le hice antes, que usted no me pudo contestar y quiero que me aclare.

Es muy importante aclarar, definir el servicio, qué es cada servicio, qué es cada prestación, de quién es competencia, cuánto cuesta, cómo se presta, con qué profesionales -esto es clave- y transparentar todo el dinero que del Gobierno va a políticas sociales en todas las administraciones, porque es la única manera de darnos cuenta de que muchos de los datos que se nos ofrecen normalmente a nivel estatal no son ciertos, porque esta tierra tiene un sistema de transferencias al resto de las instituciones, de transferencias directas, que no contabilizan en servicios sociales aunque vayan a servicios sociales. Llevo años desgañitándome cuando nadie quería entender esta cuestión porque no convenía y hoy, que no me conviene a mí, lo he repetido dos veces. Esto es clave, porque no es justo que nos pongan colorados cuando no tienen motivos para ponernos colorados, cuando se podría hacer mucho mejor, se podría tener mucho más dinero pero no se tiene el poco dinero que se dice, porque no es verdad que la única inversión salga de esa consejería.

Mire, me gustaría saber por qué no se ha dotado de los 55 millones de euros que la ley establece para la financiación de servicios y prestaciones que ustedes exigieron al Gobierno anterior, que pusimos en el primer presupuesto. Porque usted me dirá: "es que sin el catálogo para qué vamos a poner el dinero"; pues, mire, ustedes me exigieron a mí que poniendo 55 millones cada año en cuatro años estaríamos en la media del Estado y eso supondría que podíamos enfrentar la cartera con seguridad de financiación. Y yo me pregunto: tampoco la ley de renta ciudadana está aprobada y sí aparece en el presupuesto con consignación. Quiero que me explique por qué, por qué una ley como la de la renta ciudadana que no está aprobada aparece con consignación en dos presupuestos consecutivos, cuando no está aprobada y no se puede aplicar y no se puede pagar, y cuando tenemos que desarrollar el catálogo de servicios sociales, tenemos que financiar los recursos de ayuntamientos y cabildos, que lo están pasando mal, cuando tenemos que impulsar el sistema social y cumplir con una ley ambiciosa que hemos hecho entre todas y todos, no hemos destinado el dinero que la ley nos obligaba, el que ustedes nos exigían y que hoy parece que no es necesario.

El reglamento de concertación social, que ya fue al Consejo General de Servicios Sociales, cómo se va a aplicar sin el catálogo, qué vamos a concertar, con quién, a qué precio. El reglamento de concertación es importantísimo, lo he dicho muchas veces, y es muy bueno que ya haya ido al Consejo General de Servicios Sociales y haya sido compartido; y es muy bueno, si hace falta, dar un poco más de tiempo a los colegios profesionales que lo han solicitado. Yo le he dicho a usted que se lo dé, porque es bueno que nazca del consenso con un colegio tan importante en el sector. Pero, claro, es que el catálogo lo es más, porque del catálogo cuelgan cuestiones como la concertación social. ¿Quiénes pueden concertar?, ¿solo el Gobierno?, ¿los ayuntamientos, los cabildos? ¿Qué servicios? ¿A qué precios? Claro, si tenemos el reglamento de concertación pero no tenemos el catálogo, vamos a volver a cruzarnos, vamos a volver a duplicar acciones, aquellos que consigan que su interventor les admita que el concierto social es un acuerdo legal para la prestación de servicios, evidentemente. Pero se lo pongo como ejemplo de cómo a veces le ponemos más prisa a cosas que dependen de otras que es fundamental sacar adelante.

Por eso me gustaría, insisto, que me diera una fecha para el catálogo, para garantizar a la gente su derecho, el derecho que aprobamos, la ley que aprobamos, para garantizar a cabildos y ayuntamientos, en este momento tan complejo, que tengan los recursos necesarios para desarrollar la ley, para que la fotografía de nuestros servicios sociales, cuando sea mirada desde Madrid, desde Barcelona o desde donde sea, se entienda... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). Se entienda y las cuentas estén claras. No seamos los que más invierten, ni los del medio si quiere, pero sí que toda la financiación que va a servicios sociales, por una vía o por otra, desde Hacienda directamente, en transferencias, en acuerdos con Fecam y con Fecai, sea tenida en cuenta.

Yo espero que me conteste algunas de las dudas que le he planteado y espero también que me dé esa fecha, para que podamos empezar a ver ese catálogo.

Y también, por supuesto, decirle que desde este grupo seguimos tendiendo la mano para ayudar en ese trabajo, que yo personalmente, ya se lo he dicho y se lo repito, estoy a disposición de la consejera, de las reuniones que hagan falta, de acudir a los consejos a los que usted me invite, porque este es un asunto clave, porque sin el catálogo no hay ley ni derechos...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno de cierre para el Gobierno. Señora consejera.

Adelante.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Señora Valido, voy a intentar contestar en la medida de lo posible a las preguntas que me ha lanzado.

Con respecto al catálogo, va a salir a consulta pública en pocas semanas. Difícilmente yo creo que lo podamos tener, para serle honesta, en este año 2021; en el 2022, sin lugar a dudas. Pero ya que me pide usted que sea honesta con los plazos intento serlo. Entonces, teniendo en cuenta que ahora se va a abrir a esa participación pública, que esperamos que varias entidades y aquellos agentes que quieran puedan hacer aportaciones, que a esas aportaciones se tiene que buscar un encaje dentro del texto que finalmente resulte, pues, queremos ser realistas con los tiempos. Por eso, vamos, creo que difícilmente lo podremos tener antes de que finalice el año 2021.

Con respecto a qué papel va a jugar la universidad, nosotros no hemos encomendado a la universidad en sí que se encargue del desarrollo del catálogo. Más bien, el cometido que le hemos dado es que haga un diagnóstico y una planificación y es un poco el trabajo que le hemos dicho que desarrolla la universidad; es decir, sí que va a jugar un papel dentro del catálogo, pero no va a ser el que vaya a coordinar el documento que finalmente resulte, que eso se va a hacer por parte del equipo de la propia consejería.

Sí que me gustaría hablar del procedimiento técnico requerido para el desarrollo del catálogo, porque así nos damos cuenta de la complejidad. Es más, usted misma, con fecha de 14 de agosto de 2019, nos pidió una solicitud de datos, de documentación, donde nosotros le contestamos cuándo tuvo lugar la comisión técnica especializada y las subcomisiones que se establecieron y que se acordaron en el seno de la misma. Cuando usted dejó de ser consejera y nuestro equipo llegó, continuamos con el trabajo que ustedes habían desarrollado en cuanto al catálogo. Y, dentro de estas subcomisiones, para el proceso de elaboración del catálogo de servicios y prestaciones se articuló la creación de varios grupos de trabajo cuyo objetivo ha sido recabar y unificar esa información relevante en materia de los servicios sociales, el análisis de toda esa información, junto al de la normativa y catálogos y carteras de servicios sociales, que es lo que ha desembocado en la redacción de un único documento.

Por lo tanto, como puede verse por la fecha del procedimiento, se trata de un procedimiento más técnico realmente que político, que es un poco lo que yo les intentaba trasladar en mi primera intervención y creo que varias de las intervenciones, incluso la de usted, señora Valido, han sido en este sentido. Por lo tanto, y como se trata de algo más técnico que político, creo que cualquiera que hubiera estado al mando de esta consejería, ya hubiera sido usted, señora Valido, o la señora Espino, poco iban a distar los tiempos en los cuales se pudiera sacar adelante el catálogo.

Entre otras cosas, quiero hablar de este procedimiento, en el cual, como decíamos, no solo han participado técnicos de la consejería, de los cabildos, de la Fecam y del Instituto Canario de Igualdad, sino cómo han trabajado para convertir toda esa información que nos llegaba de esos grupos de trabajo y demás en un solo texto. Este documento, que describe los servicios, las prestaciones, las estimaciones económicas, está estructurado en dos niveles de atención, primaria, comunitaria y de especialidades, que puede contener yo calculo que unas quinientas páginas, aproximadamente. Para hacernos una idea de esa complejidad, porque a veces, cuando no se ha estado en el Gobierno, y yo pequé también de eso, a veces, es decir, no se entiende la complejidad que lleva, todos los pasos que se tienen que dar para que se apruebe un catálogo como este.

Vamos a poner un ejemplo, que es en el servicio especializado, el área de emergencia y atención inmediata integral contra la violencia de género, se subdivide a su vez en los siguientes: el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género a través del teléfono de emergencias 112, el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas -el DEMA-, el sistema social de prevención y protección, servicios de información, orientación y asesoramiento, atención a la intervención integral y multidisciplinar, los servicios de acogida temporal en recursos alojativos para mujeres en situación de violencia de género -centros de acogida inmediata, el CAI, las casas de acogida, los pisos y viviendas tutelados-, las ayudas económicas de carácter finalista, ya sea la ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, para mujeres víctimas de violencia de género, o ayudas económicas para víctimas de violencia de género en situación de emergencia social, del fondo canario de emergencia y... (ininteligible) similares, y en cada servicio y desglose del mismo se describen las prestaciones correspondientes con un alto nivel de precisión, con el objetivo de concretar y homogeneizar de la mejor manera posible, puesto que cuanto más detalles demos al describirlas no se quedarían en una mera nominalización, sino que se establece una unificación de prestaciones, garantizando ese derecho subjetivo en el cual se sustenta la ley.

Por lo tanto, ahí entono yo también el mea culpa y creo que muchas... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional), que muchas veces, cuando no se conoce un Ejecutivo desde dentro, como nos ocurrió a nosotros, no conocemos tampoco la complejidad, y eso es lo que le puede también pasar a algunos de los portavoces que han intervenido. Pero, sin lugar a dudas, y con lo que me quedo de esta comparecencia de hoy es que la voluntad de todos los grupos de que...; si tuviéramos que elegir entre más tiempo para desarrollar el catálogo y que salga un catálogo de calidad y el catálogo que se merece esta comunidad autónoma, todas apostamos por esto segundo. Y, por otro lado, señora Valido, yo completamente abierta a sentarme con usted, que al haber estado en el área por supuesto tiene unos conocimientos que puede aportar muy favorablemente, como no puede ser...

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora consejera.

Damos por finalizada esta comparecencia.

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  • 10L/C/P-0713 Sobre De la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sobre la situación del catálogo de prestaciones y servicios de la nueva ley de servicios sociales.