Diario de Sesiones 89, de fecha 28/7/2021
Punto 6

10L/DL-0033 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA Y DE SUS PROGRAMAS INFORMATIVOS HASTA LA APROBACIÓN DEL MANDATO MARCO POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Señorías, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, de convalidación del Decreto Ley de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias.

Señorías, les ruego silencio para proceder a su defensa por parte del Gobierno de Canarias, entiendo... Señor Pérez, sí, cuando quiera, por tiempo de cinco minutos.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Con permiso, señora presidenta. Buenas días.

Gracias, en primer lugar, por acomodar el orden del día a las necesidades que teníamos desde el Gobierno para celebrar en esta mañana una sesión y trasladar a este momento la solicitud de convalidación.

Doy por supuesto, como debe ser, que sus señorías, sin duda, conocen el texto del decreto ley cuya convalidación solicitamos y también el texto del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Se trata en realidad de una extensión, una prórroga, por decirlo así, de lo decidido en las leyes de 2018 y 2020 sobre el sistema de gestión del ente Radiotelevisión Canaria. Esas leyes, aprobadas por la Cámara, tanto la de 2018 como la de 2020, a partir de un decreto ley esta última, generaron un sistema interino o provisional de administración del ente Radiotelevisión Canaria que se basa en la existencia de un administrador unipersonal y de atribuir al administrador unipersonal facultades de gestión limitada. Esto, que se acordó en el año 2018 y se acordó por la Cámara en el año 2020, se propone ahora que se prorrogue en los términos del decreto ley, es decir, que se mantenga la gestión del ente a cargo de un administrador provisional o interino unipersonal y que tenga también sus facultades limitadas. Y se añade a esta extensión, a esta prórroga, a esta continuidad, una decisión también en relación con el personal, decisión que estaba también en estas leyes anteriores del año 2020 y del año 2021.

Me ceñiré, por tanto, con el permiso de la Cámara, con la venia de sus señorías, a lo que constituyen singularidades de este decreto ley, a lo que este incorpora particularmente con respecto a los anteriores, y yo creo que estas particularidades pueden concentrarse en estos tres puntos a los que me refiero a continuación.

Aunque se permite que el ente pueda continuar usando los equipos y las instalaciones que proceden del anterior suministrador de los servicios, el administrador tendrá, no solo podrá, sino tendrá que convocar un concurso abierto, público, claro, para contratar instalaciones y equipos modernos y actualizados, porque los que viene utilizando proceden del anterior suministrador y tienen ya, según se nos dice, un grado de obsolescencia que obliga a su revisión y deberá hacerlo en el plazo de tres meses. Además, hasta que ese concurso, que debe convocarse ahora, se resuelva, hasta que se resuelva ese concurso, debe intentar también, mediante otro concurso, que hasta que ese concurso se resuelva y de él surja un nuevo adjudicatario o concesionario, hasta que eso ocurra, tendrá también que intentar que por concurso se seleccione a alguien que pueda prestar esos medios o esas instalaciones en ese periodo temporal.

Y todo ello, como en los casos anteriores, queda supeditado y condicionado a la decisión del Parlamento sobre el modelo de gestión. El concurso, y en su caso su resultado, quedará sin efecto o tendrá que adaptarse a lo que esta Cámara decida.

A lo anterior se añade, en este caso, que se faculta al administrador interino para negociar un nuevo convenio colectivo del personal. El personal subrogado por el ente, que procede de las anteriores empresas, tanto como el personal propio, del propio ente, el personal directo, que es una cantidad menor, lleva varios años en esta situación de interinidad, de provisionalidad y que no debe, lógicamente, perjudicar sus derechos colectivos y personales en el orden laboral y, por lo tanto, muy importante el derecho a la negociación colectiva.

Esto es lo que el Gobierno cree que debía hacer, con el mismo fundamento que se hizo por la Cámara en ocasiones anteriores, primero como ley, luego como decreto ley y luego también como ley, que es asegurar la continuidad del servicio público de televisión, que no solo se califica por la ley de servicio público sino que se califica especialmente de servicio público esencial. A nuestro juicio, correspondía obligadamente tomar estas decisiones para que la televisión pudiera seguir, la radiotelevisión, pudiera seguir funcionando, pues en otro caso el pasado día 30 de junio hubiera debido cesar en sus emisiones. El Gobierno cree haber hecho lo que le era exigible y ahora corresponde a la Cámara convalidar o no estas decisiones.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor consejero.

Turno para los grupos.

Grupo Mixto, señora Espino. Cuando quiera.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidenta. Señorías, señores del Gobierno.

Este decreto ley que ustedes aprobaron el pasado 28 de junio con el objetivo de dar al administrador único de Radiotelevisión Canaria aún más competencias de las que ya fueron ampliadas en un decreto anterior es una muestra clara de que la decisión que tomó el Ejecutivo con respecto al ente público desde el inicio de esta legislatura no fue acertada, como les advertí en su momento desde esta misma tribuna.

El nuevo Gobierno de Canarias tuvo la oportunidad, hace ya dos años, de que la radio y la televisión pública comenzaran a funcionar con normalidad democrática, nombrando una junta de control y un director general, y no lo hizo, optó por continuar con la controvertida figura del administrador único, al que ahora, con este decreto, vuelven a ampliar los poderes una vez más.

Podemos decir que casi ningún miembro del Gobierno tiene la capacidad de actuar y decidir que tendrá el señor Moreno y de manejar 55 millones de euros de dinero público según su único criterio, aunque tengo mis dudas y mis reservas de que realmente sea su criterio.

Creo, además, que este decreto falta a la verdad al asegurar que se toma esta medida -y leo textualmente- por "la omisión, por parte del Parlamento de Canarias, de la aprobación del mandato marco y del nombramiento de los miembros que integran los órganos ordinarios llamados a su ejecución", es decir, la Junta de Control y el director general. Señores del Gobierno, han sido ustedes y, en concreto, han sido los partidos de Nueva Canarias y Podemos en esta Cámara los que, de forma deliberada y reiterada, han impedido que este Parlamento hiciera su trabajo en lo que se refiere a la radiotelevisión pública y más en concreto a la elección de la Junta de Control y al nombramiento del director general, con aquel lamentable episodio que vivimos de votación frustrada.

Pero no solo eso, además el decreto es el más enrevesado que ha llegado a este Parlamento en esta legislatura, con todo tipo de supuestos por si pasa esto, por si pasa lo otro... Hasta el propio Consejo Consultivo -muy diplomáticamente, eso sí- pone en duda el carácter meramente provisional del decreto, así como los limitados efectos temporales y materiales que va a producir.

La pregunta es cuánto le va costar a los canarios, señor Román Rodríguez, los contratos de prórroga de unos equipos obsoletos, como ha reconocido el propio administrador único de Radiotelevisión Canaria. Y digo el señor Román Rodríguez porque el ente depende orgánicamente de la Consejería de Hacienda, aunque siempre sea usted, señor Pérez, el que venga aquí a dar la cara; otros se esconden. Como digo, ¿cuántas prórrogas más prevé el Gobierno de Canarias ante la previsible imposibilidad de sacar adelante un concurso abierto para renovar esos equipos?

Dicho esto, y como mi objetivo no es seguir el ejemplo en esta materia de otros grupos que apoyan al Gobierno como es el caso de Nueva Canarias y de Podemos, que no han hecho otra cosa que poner palos continuamente en las ruedas al desarrollo de la ley de la radiotelevisión pública canaria, voy a abstenerme a la hora de convalidar este decreto, exigiendo, eso sí, al administrador único que haga un buen uso de sus ampliadas competencias y suscriba cuanto antes el convenio colectivo, tanto con el personal subrogado como con el dependiente del ente público. Les recuerdo, señorías, que el pacto de las flores, debido a estos retrasos en poner en marcha los órganos de dirección ordinarios previstos en la ley, ha dejado a los trabajadores privados durante todo este tiempo de sus derechos para tener un convenio colectivo.

Aprovecho mi intervención también, en esta tribuna, para valorar el esfuerzo que han venido realizando y realizan los trabajadores de la Radiotelevisión Canaria, bajo unas condiciones laborales que no siempre son las que deberían ser, bien por falta de recursos como ocurre en la radio, o por la injusta situación laboral en la que se encuentran dentro del ente.

Quiero también volver a hacer un llamamiento al resto de grupos que conforman este Parlamento para empezar a trabajar, cuanto antes y sin más dilaciones, en el mandato marco y, a su vez, retomar el nombramiento de la Junta de Control y del director general.

Urge definir qué modelo de televisión pública queremos en Canarias. La situación actual no se puede extender indefinidamente en el tiempo como pretende este decreto y esta diputada va a seguir luchando para evitarlo.

La ley de la Radiotelevisión Canaria está para cumplirla y no para seguir poniendo parches como este.

Con el inicio del próximo periodo de sesiones, tienen la oportunidad de demostrar que les queda algo de voluntad para que la radiotelevisión canaria sea de verdad de todos los canarios y no de unos pocos afines al Gobierno de turno.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Espino.

Turno para la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.

Cuando quiera.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta.

Bueno, señor consejero, creo que con esta norma lo que se persigue es fundamental, usted lo ha dicho en su intervención, que no es otra cosa que corregir ese natural desfase tecnológico y agotamiento de la vida útil de los equipos de los que viene disponiendo interinamente al amparo de tales medidas excepcionales, resultando imprescindible para seguir garantizando el servicio público la contratación de un nuevo y completo sistema de equipamiento tecnológicamente actualizado, para la implantación de los servicios de continuidad y los informativos; y, por otro lado, el mantenimiento de la situación de subrogación temporal del personal afecto a los mencionados servicios, que no puede conllevar, igualmente, una incertidumbre permanente y de bloqueo respecto al derecho constitucional de dicho personal a la negociación colectiva de sus condiciones laborales y actualizadas a la situación actual, tras tres años de subrogación en situación de transitoriedad y con un convenio colectivo expirado en su periodo de vigencia.

Por tanto, creo que estas circunstancias justifican plenamente habilitar tres tipos de medidas excepcionales para solventar esta situación. Primero, es imprescindible, siempre a resultas del futuro mandato marco, habilitar la puesta en funcionamiento del correspondiente procedimiento de licitación en concurrencia que permita dotar a la televisión pública de un nuevo y completo sistema de equipamiento. Segundo, la supeditación de la contratación que se licite y formalice a las exigencias que resulten de un futuro mandato marco que se apruebe sobrevenidamente por el Parlamento de Canarias. Y, tercero, se hace igualmente necesario, a expensas también del futuro mandato marco, habilitar a los órganos competentes de Radiotelevisión Canaria y sus sociedades para la negociación colectiva de las condiciones laborales del personal subrogado, a fin de poder actualizar sus condiciones laborales durante el periodo en que se prolongue la transitoria situación de subrogación acordada.

Por tanto, el presente decreto ley viene a modificar un único artículo de la Ley 13/2014, de Radio y Televisión Públicas de Canarias, que faculta a los órganos competentes de Radiotelevisión Canaria o, en su defecto, al administrador único de Radiotelevisión Canaria a la negociación del convenio colectivo de dicho personal subrogado, así como a la negociación del convenio colectivo correspondiente de los trabajadores dependientes de Radiotelevisión Canaria y de sus sociedades.

Asimismo, se habilita al director general de Radiotelevisión Canaria o, en su defecto, al administrador único para llevar a efecto, con arreglo a los requisitos exigidos legalmente, la licitación y contratación de un sistema de equipamiento tecnológicamente actualizado e integrado por cuantos medios materiales y técnicos, mobiliarios e inmobiliarios, sean necesarios para el funcionamiento técnico de la televisión pública de Canarias y para la prestación de los servicios informativos, por un periodo no superior al mínimo necesario para la recuperación de esas inversiones.

Además se introduce un nuevo apartado 5 para que, hasta el momento en que se produzca la implantación y puesta en funcionamiento de las prestaciones objeto de los contratos previstos, se habilite al director general de Radiotelevisión Canaria o, en su defecto, el administrador único para acordar la prórroga, por un periodo de tres meses a contar desde el 1 de julio de 2021. En este periodo de tres meses ha de analizarse la viabilidad técnica y económica de promover la concurrencia para la licitación y contratación de un equipamiento conjunto que cubra las necesidades de tales servicios, con el mismo nivel de prestaciones y de cobertura territorial que se viene prestando en la actualidad.

Por otro lado, se introduce un nuevo apartado 6 que recoge que las competencias a cuyo ejercicio se habilita al director general de Radiotelevisión Canaria se entenderán sin perjuicio de las que correspondan, en cada supuesto, a la Junta de Control si estuviese constituida.

También se añade una disposición adicional única para que la licitación de la contratación, que introduce este decreto ley, deberá ser convocada en un plazo no superior a tres meses desde la entrada en vigor del presente decreto ley y tramitarse por el procedimiento de urgencia.

Por tanto, quedando acreditada esa urgencia de esta norma y visto el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, desde nuestro grupo parlamentario votaremos a favor de la convalidación de este decreto ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor Ramos Chinea.

Turno para Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

Cuando quiera, adelante.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Nosotros creemos que este decreto es obligado, fue obligado sacarlo. ¿Qué hubiera sido lo contrario, cerrar la televisión?, ¿que 400 trabajadores se quedaran sin empleo?, ¿que un servicio que se ha demostrado necesario para esta sociedad también dejara de existir? Nos parece que el decreto fue necesario.

¿Que prorroga el estado de provisionalidad?, también, pero también es verdad que el Parlamento, por falta de acuerdo, por falta de consenso, no hemos podido, digamos, culminar el mandato marco y resolver otra serie de cuestiones, por ejemplo la cuestión fundamental, el modelo de gestión de la televisión, si es pública, mixta, privada.

Aunque yo quiero decir una cosa y dejarla bien claro en esta Cámara. Se está demostrando, se está demostrando, porque en la práctica, de facto, de hecho, la radiotelevisión pública está funcionando como una televisión pública, puesto que todos los servicios públicos que caracterizan una televisión, básicamente los servicios informativos, no solamente las telenoticias, todos los servicios informativos los está gestionando el personal del ente, personal subrogado, y el otro personal también que formaba parte del ente, pero en la práctica está demostrando que es viable el servicio público y además es deseable. Nosotros lo manifestamos en la anterior legislatura, junto con el Partido Socialista, en aquella elaboración del mandato marco, que concluimos, no se terminó por aprobar pero quedó concluido, votamos a favor de este modelo de gestión pública. Otros partidos en la Cámara en estos momentos se están sumando a este proyecto y esperemos que sean más, seamos más. Pero quiero decir, insisto, en la práctica se está demostrando que es viable este modelo. Por lo tanto, creemos que hemos avanzado alguna cuestión bastante determinante.

Yo creo también, como planteamos en la anterior legislatura, y no me cansaré de decirlo, que era necesario y sigue siendo necesario sacar a la radiotelevisión pública canaria de la voracidad económica, ideológica, política, partidista de las empresas que pugnan, legítimamente, por los contratos, suculentos contratos, que la televisión ofrece. A nosotros nos parece que eso es necesario para, digamos, llevar la paz al ente y que no siga siendo la radiotelevisión pública el escenario de unas confrontaciones que yo creo que son absolutamente innecesarias y que esta sociedad se debe ahorrar.

Yo creo que este debate es importante porque además habilita, habilita a garantizar la continuidad del ente a partir del 30 de junio, vencía el último contrato. Obliga, obliga, además, al administrador único y a su equipo, que yo creo que están haciendo un trabajo excelente y además están puestos en la tarea y están trabajando ya con la vista puesta en los contratos y en los convenios, en la negociación de convenios que necesariamente el decreto obliga a hacer. Yo creo que están puestos ya en el sentido de que el contrato que se haga, por las infraestructuras, por los avances tecnológicos necesarios, es reversible, es decir, que si el modelo por el que finalmente optemos en el mandato marco cuestiona el tipo de contrato que se ha hecho es reversible. Me parece que el decreto, en ese sentido, es bastante, digamos, flexible.

Dota, además, de una fórmula jurídica para aprobar este mandato marco. Yo creo que de lo que estamos pendientes es, tanto en el mandato marco como en la Junta de Control, de la necesidad de un consenso y me parece que es el motivo fundamental por el cual no se ha llevado a efecto.

Creo que, además, el decreto es positivo en el sentido de que entre el trámite de la licitación pública, ese periodo transitorio hasta el funcionamiento de las nuevas instalaciones adjudicadas, en fin, garantiza, garantiza que las mejores técnicas que se tengan que realizar necesariamente no encarezcan tampoco el tipo de contrato, es decir, lo deja perfectamente claro. Por lo tanto, me parece que el margen de actuación, que aquí a veces se está cuestionando que el administrador único tiene todas las competencias del mundo para hacer y deshacer, no es verdad. El decreto habilita perfectamente, digamos, acota cuáles son sus capacidades y me parece que el equipo está en ese sentido trabajando.

En cuanto al convenio colectivo, no podemos seguir diciendo que no se está haciendo nada. Ha habido ya una reunión preparatoria y este jueves hay otra reunión. Se están preparando, digamos, las condiciones para desarrollar un convenio colectivo óptimo. Yo dije en la anterior comisión de Radiotelevisión Canaria, de control de la Radiotelevisión Canaria, que ya hay un convenio colectivo bastante aceptable y me parece que es el que está sirviendo de base para, digamos, homologar a todo el personal del ente, que sería, desde nuestro punto de vista, lo deseable.

A nosotros creo que nos compete en este momento, como alguna diputada que me ha precedido..., digamos, proceder a acordar, a generar un consenso, un acuerdo básico para, digamos, desarrollar el mandato marco y también para la elección de la Junta de Control. En eso se está trabajando, no se puede decir que no se está haciendo nada, yo creo que se está... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) partidos y todos los grupos de esta Cámara para llegar a un acuerdo. Me parece que hasta que no se alcance ese acuerdo es mejor no dar un paso que después puede ser en falso. Me parece que tenemos tiempo para dialogar y mientras tanto este decreto habilita que se estén haciendo contratos jurídicamente legales y se está acotando toda la capacidad del presidente.

Yo creo que es importante en esta nueva licitación la renovación de los medios -todos los informes dicen que están totalmente obsoletos-, la renovación de los medios que se haga y que no comprometa de todas maneras el futuro del mandato marco ni los acuerdos que se hagan con posteriores adjudicatarios y, sobre todo, que no encarezca...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor Déniz.

Turno para Nueva Canarias. Señora Carmen Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días. Gracias, presidenta.

Bueno, yo creo que el título del decreto es bastante clarificador del fondo del asunto. A mí me gustaría en mi intervención centrar el asunto, que no es otro que aprobar un decreto que viene a dar una solución extraordinaria para garantizar la continuidad de un servicio público y de los programas informativos, como es la Radiotelevisión Canaria, hasta que se apruebe el mandato marco por parte de este Parlamento, que es una tarea de este Parlamento, porque creo que hay una intención partidaria de desviar el fondo del asunto y lo que nos preocupa y nos ocupa con este decreto.

Yo creo que la pregunta que debemos hacernos es esa: ¿qué pretende este decreto? Está claro que lo que pretende es darle continuidad a un servicio público esencial. Que además todos hemos reconocido, y aquí hoy se ha defendido, el valor de la ley canaria de la radiotelevisión, que es un servicio público necesario para la cohesión social de las islas, para satisfacer el derecho que tienen los canarios y las canarias a la información, a la cultura, a la educación, al entretenimiento, para proteger nuestro acervo y nuestro patrimonio cultural, difundir nuestra identidad como pueblo y nuestra diversidad cultural. También, sin duda, es una herramienta para promover la sociedad de la información y la producción de bienes culturales y audiovisuales. Y en época de crisis, lo demostró con los incendios y lo ha demostrado durante la pandemia, es una potente herramienta al servicio de los ciudadanos canarios para luchar contra la pandemia.

Por tanto, creo que está claro que todos defendemos el ente público Radiotelevisión Canaria como un servicio público esencial y, si lo defendemos, entendemos que debemos apoyar este decreto. Porque ¿cuál es la alternativa de quienes se oponen al decreto? Que pongan sobre la mesa una alternativa técnica y jurídicamente viable que dé solución al problema que tenemos hoy. Por cierto, un problema que no es nuevo. Este problema se remonta al año 2018 y, si vamos al fondo del asunto, que es el debate abierto sobre el mandato marco, es decir, el modelo de gestión que queremos implementar en la radiotelevisión, nos tenemos que remontar al 2014.

Y la pregunta del millón es, ¿tiene sentido que por la incapacidad de este Parlamento y del anterior de ponerse de acuerdo con el mandato marco condenemos a los canarios y las canarias a no tener radiotelevisión? ¿Tiene sentido que dejemos en la calle a 400 personas? Aquí se habla mucho de defender el empleo, ¿y no defendemos el empleo de los trabajadores de la Radiotelevisión Canaria? Porque ¿cuál es la alternativa de la oposición?, ¿apagamos la tele, apagamos la radio? ¿Y saben qué va a ocurrir?: van a la calle 400 trabajadores y trabajadoras de manera directa y 1400 de manera indirecta. Y además le hacemos un daño gravísimo a un sector que contribuye a la economía canaria de manera decisiva, como es el sector audiovisual.

Por tanto, señorías, si no tienen una alternativa técnica y jurídica viable que poner sobre la mesa, yo creo que por responsabilidad, dejando a un lado sus intereses partidarios y sus alianzas comunicativas, deben apoyar este decreto, por responsabilidad, porque se lo deben a los canarios, porque lo juraron ahí cuando juraron la Constitución: estar al servicio del interés general y no al servicio de ninguna otra cuestión o afinidad.

Porque al final este decreto resuelve dos problemas. Por una parte, reconocer, reconocer un derecho constitucionalmente protegido, que es la negociación del convenio colectivo de los trabajadores, tanto de los subrogados, que venían de terceras empresas como saben, como de los propios trabajadores adscritos al servicio, que pueda en este caso el administrador único o el director general en su momento negociar el convenio colectivo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Alguien se puede oponer a esto? Y, segundo, pretende licitar y cumplir la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la renovación de los medios tecnológicos que se han quedado obsoletos por el paso del tiempo. ¿Alguien se puede oponer a que saquemos a concurso, que la tele saque a concurso, o la radio, el ente, saque a concurso y renueve los medios tecnológicos para que tengamos una radiotelevisión de calidad?

Y, resueltas estas cuestiones, que son, diríamos, del funcionamiento normal de la radiotelevisión, ya emprenderemos la otra tarea que le corresponde a este Parlamento, que es la de aprobar un mandato marco y dedicarnos a lo que nos deberíamos dedicar, que es que el ente cumpla su función social, que el ente se dedique a dar una información, a dar una comunicación de calidad al servicio de los ciudadanos, plural, y donde además se apoye de manera decisiva al sector público.

Por eso les pido, señorías, que no se trata de que nadie renuncie a ningún planteamiento acerca de cómo cree que debe gestionarse... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

Sí, señor presidente. Un minuto. (La Presidencia le concede un tiempo adicional).

No se pide con este decreto que se renuncie a ningún planteamiento acerca de cómo cada grupo cree que debe gestionarse el medio, solo se busca darle continuidad a la Radiotelevisión Canaria.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Hernández.

Turno para el Grupo Popular. Señora Reverón.

Adelante.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente, y buenas tardes de nuevo, señorías.

A ver, señorías, nos volvemos a encontrar de nuevo con la convalidación de otro decreto ley, justamente creo que hace un año hacíamos lo mismo.

Pero sí les voy a decir una cosa: si el contenido de este decreto ley lo hubiese hecho un Gobierno del Partido Popular, ustedes hubiesen nombrado ese decreto ley de cacicada. Y les voy a explicar por qué.

Voy a irme atrás, al año 2017, que era cuando teníamos el peligro de que la tele se fuese a negro, y es verdad que a día de hoy parece que volvemos a la misma situación, parece que no hemos avanzado nada. Miren, el Gobierno, con ese mantra de que nos podemos quedar sin el servicio público, se ha dedicado a hacer normas a medida para poder darle al administrador único plenos poderes plenipotenciales, le da todo tipo de poderes para que el ente público no se vaya a negro.

Mire, tenemos que recordar, como he dicho, que hace justo un año que nosotros convalidábamos un decreto ley, con el voto a favor del Partido Popular, y lo hacíamos porque entendíamos que el administrador único tenía unas competencias muy limitadas y entonces le autorizábamos a que prorrogara, por un plazo máximo de un año, el contrato de arrendamiento de las instalaciones para que se pudiera prestar el servicio público. Pues bien, un año después decíamos que era tiempo suficiente para poder nombrar la Junta de Control y la Dirección General. Pues bien, un año después me subo a esta tribuna y no tenemos ni Junta de Control ni Dirección General.

Y, por cierto, antes de hablar del contenido de este decreto ley, sí me gustaría decir la siguiente pregunta en voz alta: ¿por qué no se ha copiado lo mismo que se hizo el año pasado de intentar prorrogar esos contratos de las instalaciones, contratos de arrendamiento de las instalaciones, hasta que se constituya la Junta de Control y la Dirección General? Pero no, ustedes lo que hacen es hacer un nuevo decreto ley.

Y además aquí se les ve un poco el plumero, y les voy a explicar por qué. El título del decreto ley dice lo siguiente: "de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la gestión del servicio público de la televisión autonómica y de los programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias". Vamos por partes. Vamos a ver, se dice que son medidas extraordinarias para garantizar el servicio público, por supuesto ahí tiene todo el apoyo del Partido Popular, pero también pone "y de los programas informativos"; entonces yo me pregunto: ¿qué pasa, que los programas informativos ahora no son un servicio público o es que ya el Gobierno ha decidido el modelo de gestión de esos servicios informativos? Pero ya, para rematar este despropósito, dicen que estas medidas extraordinarias van a estar vigentes hasta que se apruebe el mandato marco por el Parlamento de Canarias.

Señorías, además de esos intereses que acabo de dejar entrever en ese título del decreto ley, lo que se pretende con estas normas es darle máximos poderes, como ya he dicho, al administrador único, darle un poder demasiado importante, hasta el punto de que puede licitar el contrato más importante de la televisión pública canaria, sin control, porque no nos olvidemos, como he dicho, que a día de hoy todavía no tenemos Junta de Control, y la Junta de Control, por cierto, y por ley, es la competente para sacar ese tipo de contratos.

Pero, fíjense, señorías, las intenciones del Ejecutivo que, bueno, han sido poco cuidadosos, porque dicen lo siguiente. En la disposición transitoria primera, en su apartado 4, dice lo siguiente: "Se habilita al director general de la Radiotelevisión Canaria o, en su defecto, al administrador único de la Radiotelevisión Canaria para poder llevar a efecto la licitación del contrato de los servicios informativos". Vamos a ver, señores del Gobierno y señorías, a estas alturas de la película creo que tenemos que tener todos muy claro que si existe administrador único no puede existir director general, porque si existe director general existe Junta de Control y, si existe Junta de Control, tiene esas competencias para sacar ese tipo de contratos. Pero, bueno, da la sensación de que ustedes se dieron cuenta al final de hacer el decreto y dicen: "vamos a poner otro apartado"; y es en el último apartado donde dice: oiga, las competencias a cuyo ejercicio se habilita el director general se entenderán, por supuesto, sin perjuicio de las que correspondan a la Junta de Control; por supuesto, pero después pone: ", -coma-, si estuviera constituida". Es decir, ¿vamos a tener director general sin Junta de Control?, eso jurídicamente es inviable, porque el administrador único existe porque no hay ni Junta de Control ni director general. Por tanto, señorías, lo que se demuestra de este párrafo y de este artículo es que ustedes no quieren que haya Junta de control. Por tanto, con este apartado, como he dicho, se les vuelve a ver el plumero.

Señorías, yo, sinceramente...

Ya al final es cuando se dice que estas competencias las va a tener hasta la aprobación del mandato marco y mucho me temo, señorías, que el mandato marco no se va a aprobar, pero no porque el Parlamento de Canarias no quiera... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -gracias-, no se va a aprobar porque existen criterios dispares sobre el modelo de gestión dentro de los propios grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.Por tanto, señorías, yo sí les voy a pedir que dejen de dictar decretos leyes donde continuamente lo único que hacen es cargar contra el Parlamento de Canarias haciéndonos responsables de todo los males de la televisión pública canaria, porque mejor no quiero recordarles el episodio que vivimos, lamentable, hace muy poco, donde ustedes no votaron a favor de sus propios miembros para la Junta de Control.

En definitiva, señorías, voy a terminar como empecé: nos encontramos ante una convalidación de un decreto ley que demuestra, una vez más, que cuando ustedes están en el Gobierno parece que todo vale, porque darle plenos poderes al administrador único solo tiene un nombre.

Ahora bien, señorías, en un ejercicio de responsabilidad, mi partido político va a abstenerse en la convalidación de este decreto ley, porque queremos evitar un deterioro mayor de la Radiotelevisión Canaria, máxime cuando este decreto ley contempla ya la posibilidad de que se pueda negociar ese convenio colectivo y dejen de existir -parece ser- trabajadores de primera y trabajadores de segunda.

Ahora bien, sí me gustaría apuntar lo último: si finalmente este decreto ley se tramita como proyecto de ley, me gustaría ver, por supuesto nos vamos a abstener, pero sí me gustaría ver, si presentamos enmiendas, qué voluntad va a tener el Gobierno para poder aprobar estas enmiendas y ahí se verá realmente cuál es la finalidad que tienen con este decreto ley.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Reverón.

Turno para el Grupo Nacionalista Canario. Señor Díaz-Estébanez.

Adelante.

El señor DÍAZ-ESTÉBANEZ LEÓN: Gracias, señora presidenta.

Bueno, yo creo que casi más interesante que el propio decreto que nos trae hoy aquí es recordar algo que es casi obvio, que es por qué estamos aquí. Y estamos aquí por el reconocimiento de un fracaso, de un fracaso. De la incapacidad de este Parlamento, sí, del conjunto del Parlamento, pero sobre todo de quien tiene mayoría en el Parlamento, como es obvio, para recuperar la normalidad en el ente Radiotelevisión Canaria. Es algo tan sencillo de entender y tan difícil de asimilar como lo que acabo de decir. (El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa).

Dos años después del parto de las flores, con todo aquel catálogo de recriminaciones, de amenazas, de promesas, de clamores, pues, aquí estamos; estamos con este Gobierno light, un Gobierno cero cero, un Gobierno sin: un Gobierno sin Dirección General, sin Junta de Control, sin mandato marco, sin convenio colectivo, sin concurso de renovación de medios técnicos, sin concurso de sedes físicas... Sin, sin, sin, pero cómo, con algunas cosas, sí: con un control absoluto de los servicios informativos, con unas entrevistas masajes al presidente del Gobierno en tono épico homérico, bueno, homérico no de Homero, más bien de Homer Simpson, por algunas cosas que se vieron en estos reportajes, publirreportajes, con un reparto casi impúdico de los tiempos de aparición de los socios del pacto en los informativos, a costa, por supuesto, de la desaparición de la oposición, y sobre todo con unas prórrogas de contratos millonarios que antes se consideraban improrrogables. Y fue el esperpéntico espectáculo ofrecido en este mismo Parlamento de votar no a nuestros propios candidatos, sí, a nuestros propios candidatos, a los que previamente les habíamos dicho todos, ustedes también, que sí, pues, votamos aquí no. Ese es el esperpento que nos ha llevado hoy aquí, después de alcanzar, por cierto, la idoneidad por parte de los servicios jurídicos de esta Cámara. Es que si no entendemos todo esto explicar hoy el decreto no tiene ningún sentido. Porque, claro, en qué consiste; básicamente el decreto que viene hoy a esta Cámara es dar superpoderes al superadministrador único para manejar a su antojo y sin control la supertele del flower power. Básicamente es esto, se puede vestir jurídicamente, de hecho está bastante bien vestido, eso lo reconozco. Pero es innegable que se ha hecho necesario -y eso lo reconozco- un decreto, no digo este, pero sí se hacía necesario un decreto pero porque nos han llevado a esta situación un poco desesperada de susto o muerte. Pero no era necesario, si se hubieran aprobado los órganos normales para el funcionamiento en estos dos años, no estaríamos en estas. ¿Verdad, don Julio?

¿Se acuerdan ustedes -yo sí me acuerdo- de aquellos clamorosos gritos pronosticando las siete plagas de Egipto si un administrador único, que era una figura provisional, se atreviera a usar poderes excepcionales más allá del día a día?, ¿se acuerdan? Pues si se acuerdan, olvídenlo, eso ya no vale.

Y volvemos al Consultivo. Y el Consultivo, efectivamente, reconoce lógicamente que sí, que, bueno, que se cumplen las medidas básicas, que hay un marco competencial para hacerlo, que se aprecia, digamos, la extraordinaria y urgente necesidad, como es lógico, que se adecua al carácter general, pero no deja de señalar el Consultivo algunas cosas que parece que pasan disimuladas y aquí nos olvidamos. Peligros, peligros, como que se convierta en una herramienta para convertir lo que es un órgano concebido y votado para ser provisional durante seis meses después de tres años en hacerlo indefinido. Eso es un peligro, que lo señala el Consultivo. Pone el dedo en la llaga, por cierto, en temas muy llamativos, como apuntar a los contratos, los medios técnicos, materiales, mobiliarios e inmobiliarios, más allá de dudosas prórrogas llevadas hasta ahora, que debería tener un plazo máximo de cinco años según la Ley de Contratos del Sector Público, pero se deja esa puerta abierta, esa disposición transitoria, para no respetar ese límite más allá, si no se lleva, más allá de la recuperación de la inversión. Más aún, ante la posible conculcación del principio de libre concurrencia, deja otra puerta abierta, y es que la prórroga se dará si se hace un análisis que diga que es imposible cumplir el principio de libre concurrencia. Yo me empiezo a preguntar seriamente quién va a hacer ese análisis, porque si son los de siempre ya me digo yo lo que va a ocurrir.

Y, claro, al final dice que, "en definitiva -y leo textualmente-, el artículo pretende establecer un procedimiento especial y distinto, particular... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

¿Permite un minuto, señor presidente? (La Presidencia le concede un tiempo adicional).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Estébanez.

El señor DÍAZ-ESTÉBANEZ LEÓN: Gracias.

... al margen de la normativa, de carácter, reiteramos, básico y, por tanto, de obligado cumplimiento". Y dice más: Este Consejo Consultivo entiende que la contratación de tales prestaciones en ningún caso podría hurtar su sometimiento periódico a las reglas de la concurrencia dirigidas a la salvaguarda de la libre competencia. Y sigue por ahí.

En definitiva, aquí quiero decirles algo, sobre todo a aquellos que ahora se cuelgan la medalla de que esto le va a dar competencias al administrador único para la negociación del convenio colectivo. El único... (Nuevo corte automático del sonido).

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Estébanez.

El señor DÍAZ-ESTÉBANEZ LEÓN: El único que en este salón dijo que esas competencias debían contemplarse en la anterior regulación fue este portavoz y fueron los grupos del Gobierno los que lo negaron.

Estamos a tiempo, estamos a tiempo todavía de negociar, estamos a tiempo de volver al consenso. Estamos a tiempo de que esto se tramite como un proyecto de ley que permita corregir estos defectos, no otros ni usarlo de puerta de atrás para otras cosas. Y estamos a tiempo incluso de volver al consenso de una... (ininteligible) general que sea la de todos y no la del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz-Estébanez.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Fierro.

Adelante.

La señora FIERRO DÍAZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Una vez más, desde el año 2018 este Parlamento afronta un debate en torno a la Radiotelevisión Canaria de extraordinaria y urgente necesidad, insisto, extraordinaria y urgente necesidad, que se materializa en el Decreto 8/2021, de 28 de junio, de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la gestión del servicio público de la televisión autonómica y de sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco.

Tampoco es la primera vez que en esta legislatura vía decreto el Gobierno intenta salvar una situación extraordinaria y lamentablemente prolongada en el tiempo, como ya se hizo, como bien se ha dicho aquí hoy, el año pasado. En aquel entonces la unanimidad en torno a la Radiotelevisión Canaria, la altura de miras, la necesidad del servicio público, al igual que en el nombramiento del administrador único en la persona de Paco Moreno, marcaron la pauta política. Hoy, con un decreto ampliado, garantista en varios aspectos y que a diferencia del decreto del año pasado, cuando el Consejo Consultivo no garantizó, no afirmó en su dictamen la extraordinaria y urgente necesidad, en esta ocasión lo deja absolutamente claro. Y dice: A diferencia de lo que ocurría en aquella ocasión, el decreto ley sobre el que se emite el presente dictamen parte de la constatación de elementos nuevos y sobrevenidos en esta persistente situación. El evidente desgaste operativo y de desfase tecnológico, al prolongarse su uso sin que se haya procedido a su renovación parcial o total, lo que puede suponer el cese o interrupción del servicio, y que justificaría no solo la habilitación para la licitación y contratación de equipamientos tecnológicamente actualizados a fin de garantizar el servicio. Y continúa: sino, igualmente, la prórroga de la afectación de los medios materiales y puestos a disposición por el ente público.

Y en segundo lugar, y no menos importante, avala y justifica la ampliación de competencias del administrador único en torno a los trabajadores y trabajadoras, y establece: pues bien, entendemos que el pleno respeto a los derechos de los trabajadores, que dicha situación pone en claro riesgo, nos lleva a estimar que se encuentra suficientemente justificado en el mismo los motivos y la urgencia para tal habilitación. Una cuestión que valoramos muy positivamente, ya que nos lo reclamaron los trabajadores y trabajadoras de la Radiotelevisión Canaria y que, sin lugar a dudas, es un derecho que debe ejercerse más allá de la situación de bloqueo de los órganos de control.

Esto es de lo que venimos a hablar, de la urgente y extraordinaria necesidad, que de forma clara y rotunda, y diría con más rotundidad que el año pasado y políticamente tuvo un respaldo mayoritario, habla el Consejo Consultivo y debatimos nosotros hoy. No hablamos de otra cosa, hablamos de esto, de dos herramientas necesarias, intrínsecas al funcionamiento de la Radiotelevisión Canaria, y, por lo tanto, de garantía de emisión de la Radiotelevisión Canaria; y también, por cierto, señora Reverón, con todo el control, a través de una enmienda que su propio partido presentó en la Comisión de Radiotelevisión Canaria.

Es evidente que yo hoy podía entrar en el barro, señor Estébanez, recurrente por usted, por algunos agentes, elementos internos y externos en torno a la frustración de la renovación de los órganos de la Radiotelevisión Canaria, una cuestión en la que mi formación política se empeñó, se empeña y continuará haciéndolo, desde el consenso, desde la altura de miras y la necesidad de un servicio público de calidad, plural y sobre todo a pleno rendimiento. Algunos pueden subirse aquí, con exactamente la misma responsabilidad que el Partido Socialista, a dar lecciones, a justificarse, a decir improperios, incluso en ocasiones hasta caer en un burdo seudohumor político digno de programa televisivo. Y, por cierto, señor Estébanez, a usted no es que no le gusten las entrevistas al presidente, es que no le gusta el presidente. Pero, fíjese, pese a todo, incluso pese a usted, señor Díaz-Estébanez, pese a las veces que lo intentamos y fracasamos, pese a la falta de explicaciones, el PSOE es un partido de gobierno, pero sobre todo es un partido responsable, lo ha sido en la oposición y lo es a día de hoy desde el Gobierno, seguirá abriendo puertas al consenso, seguirá tendiendo la mano y sobre todo es un firme y claro defensor de que aquellas decisiones que giren alrededor de la Radiotelevisión Canaria deben hacerse por una amplia mayoría. Porque el camino se hace andando y decir que tenemos un servicio público de calidad y sobre todo plural también se ejerce, y se ejerce aquí, como así deseamos que ocurra. Por eso vamos a proponer que este decreto ley se tramite como proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fierro.

Hemos finalizado, señorías, los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. Procedo a llamar a votación. Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños. (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Señorías, vamos a proceder a la votación. Votamos, señorías. (Pausa).

Gracias, señorías.

Manifestar, me lo ha hecho saber a través del sistema de mensajería Whatsapp la diputada doña Matilde Fleitas, que ha cometido un error en la votación, simplemente para que quede constancia. El voto telemático no permite el cambio durante la votación, es uno de los problemas, pero queda constancia de su manifestación.

Dicho lo cual, señorías, se han emitido 67 votos: 34 votos a favor de la convalidación, 1 voto en contra y 32 abstenciones.

Por tanto, señorías, la Cámara manifiesta su parecer favorable a la convalidación del decreto.

A continuación, señorías, conforme a lo establecido en el artículo 164.4 del Reglamento, pregunto a la Cámara sobre su parecer en relación con la tramitación como proyecto de ley del decreto ya convalidado, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Señorías, vamos a votar. Señorías, votamos. (Pausa).

Gracias, señorías.

Se han emitido 68 votos: 56 votos a favor, 12 abstenciones y ningún voto en contra.

Por tanto, el parecer de la Cámara resulta favorable a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto convalidado.

(La señora vicepresidenta primera, González González, ocupa un escaño en la sala).