Diario de Sesiones 119/2022, de fecha 6/4/2022
Punto 3

10L/PNLP-0388 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI), SOBRE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS SUPUESTOS DE VULNERABILIDAD DERIVADOS DE LANZAMIENTOS Y DESAHUCIOS.

El señor PRESIDENTE: Continuamos, señorías, con el punto número 5 del orden del día, correspondiente a las proposiciones de ley en pleno. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre suscripción de convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Canaria de Municipios para la detección temprana de los supuestos de vulnerabilidad derivados de lanzamientos y desahucios.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías.

La crisis económica derivada del impacto del COVID no ha hecho sino agravar una situación social que ya venía arrastrándose desde la crisis económica y financiera anterior, y esto en el caso de las familias ha afectado a la vivienda, al incremento de desahucios y a los lanzamientos judiciales y las ejecuciones hipotecarias, poniendo a las familias en grave situación de vulnerabilidad.

Y a pesar de la entrada en vigor de varios decretos, reales decretos leyes, que trataron de paliar la situación, lo cierto es que los desahucios derivados de los impagos hipotecarios y los derivados de la pleitación del arrendamiento urbano por impago de la renta u otras cantidades no han parado de crecer. Y eso lo dicen los datos publicados por la sección de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que certifican que en Canarias, en el 2021, las ejecuciones hipotecarias en un total de 1564 fincas afectó a 915 fueron esas ejecuciones hipotecarias sobre vivienda, frente a las 1130 fincas del 2020 y las 603 sobre vivienda en el 2020. Por lo tanto, en el 2021, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial ha habido un incremento importante de las ejecuciones hipotecarias en Canarias. A lo que hay que añadir resoluciones dictadas en procedimientos sobre arrendamientos urbanos por falta de pago de la renta, que en el caso del 2021 fueron 807. Estas cifras, señorías, tienen rostro, rostro de familias que ante la pérdida sobrevenida de ingresos, de recursos económicos, trabajadores, autónomos, familias que han perdido capacidad económica y, por lo tanto, capacidad de afrontar el pago del préstamo hipotecario o abonar la renta.

(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Dávila Mamely).

Además, en esta coyuntura actual los efectos del COVID se une la inflación galopante que se está sufriendo, el incremento desmesurado del coste de la energía y el coste de la gasolina, y eso afecta a la capacidad de las familias de hacer frente a los gastos cotidianos, y gasto cotidiano y fundamental es el pago de la hipoteca o el alquiler de la vivienda. Y ante esos impagos el aparato judicial se pone en marcha y, normalmente, concluye en un procedimiento de desahucio o de ejecución hipotecaria, y si no se actúa con rapidez las consecuencias pueden ser, para las familias, irreversibles, por lo tanto, la coordinación y el conocimiento temprano de la situación por parte de las administraciones públicas, ante una situación de vulnerabilidad, puede permitir al adopción de medidas alternativas de auxilio y protección a esas familias en riesgo.

Son muchas las comunidades autónomas que ya disponen de convenios con el Consejo General del Poder Judicial y las federaciones de municipios de sus ámbitos territoriales para detectar esos supuestos de vulnerabilidad: Navarra, La Rioja, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla La Mancha, son algunas de las comunidades que, como digo, disponen de convenio con el Consejo General del Poder Judicial. En esos convenios se establecen protocolos de actuación ante ejecuciones hipotecarias o ante procedimientos de desahucio de vivienda habitual detectadas por la autoridad judicial, por los jueces o por los letrados de la Administración de justicia se determine la conveniencia de la necesidad de intervención, se comunican a los servicios sociales del Gobierno autonómico para que puedan adoptarse las decisiones adecuadas para proteger a esas familias.

Lo que se propone en esta proposición no de ley es que Canarias se sume a las comunidades autónomas que tienen ese convenio vigente con el Consejo General del Poder Judicial para la detección temprana de supuestos de vulnerabilidad. Ya este Parlamento se pronunció en otra proposición no de ley a iniciativa del Grupo Nacionalista Canario, en la que en julio del 2021 la proposición no de ley 323 ya se acordó retomar los trámites con el Consejo General del Poder Judicial que permitieran a los juzgados comunicar al Gobierno de Canarias y este a su vez a los ayuntamientos, sí, señora Hernández, pero de esto hace un año y nada se ha hecho sobre eso y no tenemos constancia de que se haya hecho nada.

Por tanto, se reitera esa posición para que este Parlamento inste al Gobierno de Canarias a establecer ese convenio, a suscribir ese convenio. Y agradecemos el esfuerzo para llegar a un acuerdo transaccional por parte de la señora María del Pino González, hemos llegado a un acuerdo transaccional para... porque nuestra preocupación, después de un año de que ya este Parlamento se hubiera pronunciado sobre esto y después de que no hubiera, no supiéramos que se haya avanzado al respecto, nuestra preocupación es que los términos de la PNL quedaran en unos términos que vincularan, no en... se propiciará o se avanzará, no, términos que fueran concluyentes para que el Gobierno avance, porque es que además, por la estructura del Gobierno hay ciertas dificultades, Vivienda no está en el departamento de Derechos Sociales, por lo tanto no se produce el mismo esquema que en otras comunidades autónomas, competencial, y habrá que definirlo, porque el consejo del poder judicial se dirige a las comunidades autónomas, no se dirige a los ayuntamientos. Por tanto, esos extremos los tendrá que determinar el Gobierno y aclararse y por tanto se define en la proposición no de ley que sea al organismo competente de la comunidad autónoma.

Nosotros esperamos que por fin esta proposición no de ley sea un impulso a ese convenio y se pueda suscribir cuanto antes ese convenio que permita detectar situaciones de vulnerabilidad y la actuación temprana de los servicios de protección a la familia.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora... señora Beato, turno para los grupos enmendantes, hay una enmienda conjunta por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, comenzaríamos por la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

Adelante.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta, buenos días, señorías, de nuevo.

Señorías, desde Agrupación Socialista Gomera compartimos, en este caso, con el Grupo Nacionalista lo que en esta PNL se pide, y por tanto ya les adelanto desde el principio de mi intervención que vamos a apoyarla. Es una realidad, señora Beato que, debido a la situación económica que estamos viviendo muchas familias se encuentran de forma sobrevenida con la pérdida de recursos económicos y esto, evidentemente, ha hecho que su capacidad económica para hacer frente a su hipoteca o a su mensualidad de alquiler se les haya complicado bastante, hasta el punto de tener que dejar de hacerlo.

Ya hay comunidades autónomas, como usted dice en su proposición no de ley, que para poder hacer frente a esta situación han suscrito convenios con el Consejo General del Poder Judicial y también con las federaciones de municipios, y es importante que en Canarias también lo hagamos, está claro que la coordinación y el conocimiento temprano de esta situación de vulnerabilidad nos puede o nos podría permitir poner en marcha medidas de auxilio y de protección con mayor agilidad y conocimientos.

Como ustedes saben, Agrupación Socialista Gomera estamos al frente del órgano de Visocan, por tanto somos conscientes y conocedores también de la emergencia habitacional existente en esta comunidad autónoma, y por ello desde el primer momento no hemos dejado de trabajar y seguimos trabajando activamente, lo hacemos con el sector público y también de la mano del sector privado, intentando, lo hacemos para intentar encontrar las mayores opciones habitacionales posibles y dar la respuesta más rápida posible a quien está demandando una vivienda.

Le agradecemos al Grupo Nacionalista que hayan presentado esta iniciativa, y como un Gobierno comprometido que somos, que somos con las necesidades sociales de las familias canarias, vamos a apoyarla y también vamos a cumplir con que se lleve a cabo esta iniciativa.

Todas las medidas que vengan a esta Cámara con intención de aportar, de sumar, de intentar mejorar la situación actual, pues siempre, como he dicho, va a contar con el apoyo de nuestra formación política, porque entendemos además que eso es parte de nuestro trabajo, intentar buscar alternativas para mejorar la vida de todas las canarias y de todos los canarios.

Es una medida muy oportuna, y va... la vamos a apoyar, como he dicho.

Termino diciendo que le agradecemos, le agradecemos su talante negociador, que hayamos llegado a una transaccional y que nos haya aceptado las enmiendas, y una vez más se evidencia que en los grandes asuntos en este Parlamento las distintas fuerzas políticas podemos llegar a entendimientos y a llegar a acuerdos para sacar adelante iniciativas que creo que valen mucho la pena cumplir con su cometido, con el cometido que en ellas se demanda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Sí Podemos Canarias, señora Del Río.

Adelante.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas.

Yo también le agradezco a la proponente, a la señora Beato, esta proposición no de ley y nos parece muy interesante, ya la conocíamos la iniciativa porque conocemos en otras comunidades donde funciona, y por supuesto cuenta con nuestro apoyo.

El tema de la vivienda, como bien ustedes exponen en la exposición de motivos, bien explican, es un tema gravísimo, sigue siendo gravísima la cantidad de desahucios que hay, y en nuestra tierra además con un añadido, que es que la falta de vivienda pública que tenemos, que es otro de los grandes problemas, porque está muy bien y a mí me preocupa que una vez que detectemos las vulnerabilidades y la coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Canarias y la Fecam me parece estupenda, porque de hecho hay desde hace años de forma informal lo estábamos trabajando porque en momentos en los que hemos ido a parar un desahucio ante una familia que sabemos que no tenía donde alojarse hemos intentado hacer eso, lo hemos intentado de manera informal, llamar a... parar por el juzgado, hablar con las personas responsables en su momento del Gobierno de Canarias, en fin, y parar... pero que esto no es la manera, sabemos que esto tiene que ser un protocolo que funcione bien, que funcione siempre, no cuando una familia a lo mejor tiene más suerte de que tiene más apoyos sociales o de que ha llegado a una plataforma que la ayudan y otra a lo mejor no tiene esos contactos y se encuentra en esa situación de vulnerabilidad.

En fin, la coordinación nos parece superimportante, la apoyamos por supuesto: Hemos hecho esta enmienda porque la... o sea, en este caso, se habla de los servicios sociales del Gobierno de Canarias y vivienda no está dentro de la Consejería de Derechos Sociales, por eso hemos querido matizar que sea en el órgano competente en este momento, porque ahora puede ser uno y en la próxima legislatura puede ser otro, quien tenga competencia en vivienda, junto con... o sea, con el Consejo General del Poder Judicial quien se coordinen, y después a su vez con la Fecam. Eso nos parece importante.

Pero no quiero dejar la oportunidad, bueno, después... (ininteligible) hemos corregido en la... en el siguiente punto, era ese y el primero es promover un convenio, decíamos promover más que hacerlo, porque, claro, son tres partes las que tienen que entrar en ese convenio y no podemos imponerla desde el Gobierno de Canarias, supongo que no dará ningún problema y estoy convencida que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fecam lo van a aceptar, pero quiero decir y no puedo dejar de hablar cuando hablamos de vivienda que es urgente, y se está en ello, en el cambio de ciclo en la construcción de vivienda pública o en alquiler, pero que en el mientras tanto, porque sabemos que estas cosas van despacio y no están yendo a la velocidad que quisiéramos, ese déficit lo tenemos que solucionar, y pensamos, y ahí también querríamos dar un paso más, que no puede ser que a la gente se la desahucie y se vaya a la calle cuando haya una sola vivienda de la Sareb, de un banco, libre y deshabitada. Es decir, hay que buscar fórmulas también, y a mí me gustaría una proposición no de ley en ese sentido, donde se lleguen a acuerdos cuando... para que de forma también automática viviendas vacía, vivienda ocupadas para las personas que lo necesitan, mientras no se resuelva el asunto. Creemos que importante.

En la otra crisis tuvimos un apoyo, en la crisis financiera, hacia los bancos que nos costó mucho y que costó mucho sufrimiento y ahora creo que los bancos que tienen esas viviendas les toca también ofrecerlas, mientras tenemos una suficiente vivienda social para las personas más vulnerables, nos toca exigirles también que apenquen y que las pongan a disposición de las personas más vulnerables porque de nada les va a servir a los ayuntamientos detectar qué familias se quedan sin nada y saberlo y no tener después vivienda que darle porque en algunos sitios no hay ni una sola vivienda vacía. Creemos que aquí hay que dar un paso más para conseguir que esto sea una realidad porque es lo que queremos que esto funcione, esta coordinación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Del Río.

Turno para el Grupo de Nueva Canarias.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, señora presidenta.

Bueno, yo creo que es una propuesta oportuna, abunda o ahonda en una preocupación que tenemos todos de hace algunos años, desde que comenzaron los desahucios y los lanzamientos hipotecarios en pararlos porque, efectivamente, generan un drama social para las familias y, además, porque el sistema no tiene alternativas inmediatas para darle una vivienda a esas familias. Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa.

Yo creo que es bueno que recordemos que en la actualidad cómo está funcionando esta situación, es decir, actualmente ya los juzgados en muchas ocasiones se dirigen a los ayuntamientos para pedirnos los informes de vulnerabilidad para, efectivamente, parar los desahucios, pero es verdad que depende de la iniciativa de algunos juzgados. ¿Qué hacemos también en muchos ayuntamientos?, dirigirnos directamente al Instituto Canario de la Vivienda, comunicarles el riesgo de lanzamiento, porque las familias se dirigen a nosotros, y nos consta que existe un diálogo entre Administraciones Públicas y Justicia, la consejería, y el Icavi para dirigirse a los juzgados y evitarlo. Es decir, que existen ya iniciativas para conseguir este objetivo, aunque es verdad que no existe un protocolo o un convenio formalizado que sería necesario. Y también es cierto que durante estos años, estos dos últimos años, durante el COVID, el marco estatal, los decretos estatales han amparado y han frenado muchísimos desahucios y lanzamientos, pero que si mañana estos decretos decayeran nos quedaríamos en una situación absolutamente, bueno, pues, muy complicada.

A mí me gustaría recordar, además, que esto tiene viabilidad porque ya en el año 2016, siendo consejera doña Patricia Hernández, ya se establece ese convenio, es decir, ya existe en la consejería un documento, ella lo dejó firmado, parece ser que luego hubo que corregir algo por la parte del Consejo General del Poder Judicial y no sé qué ocurrió con la consejería que le sustituyó que finalmente no se materializó, pero que ya la comunidad autónoma tiene el convenio redactado y, por tanto, es tremendamente sencillo impulsar y materializar esta propuesta que, como digo, vamos a apoyar porque consideramos que es fundamental.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Socialista Canario.

La señora GONZÁLEZ VEGA: Gracias, presidenta. Buenos días...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Perdón, perdón, perdón.

No, a ver, ustedes no han presentado enmienda (ante las manifestaciones que le hacen desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular). Estamos en el turno de los grupos enmendantes, si no me equivoco...

A ver, si no me equivoco, si no me corrigen, por supuesto, tenemos los grupos enmendantes una enmienda conjunta de la Agrupación Socialista Gomera, que ha intervenido, de Sí Podemos, que ha intervenido, de Nueva Canarias y del Grupo Socialista Canario, y después la intervención de los dos grupos que no han presentado enmiendas.

¿De acuerdo? (Asentimiento).

Entonces, ahora sí, le coloco los cuatro minutos, tiene el turno el Grupo Socialista.

Adelante.

La señora GONZÁLEZ VEGA: Gracias, presidenta.

Como decía, buenos días, señorías.

Señorías, la vivienda no es solo un derecho es también un elemento fundamental para la inclusión social, por eso desde el Grupo Socialista consideramos que proteger y garantizar el derecho a la vivienda de los canarios y las canarias es siempre una prioridad inaplazable y urgente por lo que aplaudimos que el Gobierno del pacto de las flores esté dando a la vivienda la importancia que se merece y que le reconoce nuestra Constitución, algo que no ocurrió, lamentablemente, con gobiernos anteriores, del mismo modo que celebramos que el Gobierno de España haya reaccionado con responsabilidad y sensibilidad en la gestión de esta crisis para proteger a las personas y familias vulnerables y evitar que quedaran en la calle por perder sus viviendas y que esté atendiendo a la realidad social y económica de los hogares mediante la aprobación y las prórrogas del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, para hacer frente al COVID-19 que incluye medidas específicas en materia de vivienda, medidas dirigidas tanto al apoyo al alquiler de los colectivos más vulnerables que pueden ver afectada su capacidad para hacer frente al alquiler como a proteger a los arrendadores, especialmente aquellos para los que esos ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales, teniendo en cuenta, especialmente, que en España el 85 % de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física o un pequeño propietario. Además, ese real decreto ley establece la suspensión de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Y hay que recordar que este decreto sigue en vigor hasta finales de este año, de momento.

Por otro lado, el Gobierno del pacto de las flores está demostrando que cuando se quiere se puede, y después de doce años sin plan de viviendas en Canarias ha sido capaz de alcanzar el consenso y el apoyo de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad canaria para firmar, por un lado el pacto por la vivienda en Canarias, que fue firmado el 12 de marzo de 2020, y, por otro lado, el plan de vivienda que se firmó en diciembre del mismo año 2020.

Este Plan de Vivienda 2020-2025 cuenta con un presupuesto de 664 millones de euros para la construcción o adquisición de 6000 viviendas nuevas, la concesión de 36 000 ayudas de alquiler a familias, entre otras medidas, y que este primer año de ejecución ha logrado realizar casi quince mil actuaciones con una inversión de 137 millones de euros que han conseguido además evitar 538 desahucios. Por cierto, señorías de la oposición, unos recursos que no se podían haber destinado a estas viviendas y a evitar estos desahucios si bajáramos los impuestos, como ustedes reiteran constantemente y piden siempre en esta Cámara.

Entre las actuaciones que se han realizado en este año de ejecución podemos contar con más de seis mil ayudas de alquiler, 1525 ayudas para adquisición de vivienda de alquiler asequible, 7420 actuaciones de rehabilitación... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) -sí, continuo- 369 ayudas a jóvenes para la compra de primera vivienda, 82 viviendas inacabadas compradas también para alquiler asequible y la puesta en marcha del programa Canarias Prohogar, dirigido a compra de viviendas para familias en riesgo de exclusión social.

Por tanto, desde el Grupo Socialista apoyamos esta proposición no de ley aunque reconozco, señora Beato, que lamentamos que Coalición Canaria no haya impulsado medidas cuando gobernaba para evitar que muchos canarios y canarias se quedaran en la calle, del mismo modo que no hayan continuado con la tramitación del convenio que inició la compañera Patricia Hernández cuando llevaba la Consejería de Vivienda y que lamentablemente, como decía...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Concluya, señora diputada.

La señora GONZÁLEZ VEGA: ... podía haber evitado que muchos canarios y canarias quedaran en la calle.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Parece que hay un texto transaccional sin un... Según le consta a la Mesa, hay un texto transaccional.

Señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Sí, sí. Gracias, señora presidenta.

Hay un texto transaccional que los servicios de la Cámara ya disponen de él.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Bien.

Ahora, sí, turno para los grupos... Perdón.

Turno para el Grupo Mixto, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidenta.

Señorías, la realidad es que en Canarias se han disparado en un 55 % los desahucios en el año 2021, son 2763 personas, familias, que han perdido sus viviendas, sus hogares, y sabemos que la situación económica se está complicando y que muy probablemente va a haber más familias que también tengan dificultad para pagar un alquiler o una hipoteca. Por tanto, es necesario que no se siga esperando y que se firme cuanto antes este convenio con el Consejo General del Poder Judicial, con el Gobierno de Canarias, como ya tienen otras muchas comunidades autónomas, para activar esos mecanismos de protección antes de que se produzca el desahucio para que el Gobierno y los ayuntamientos puedan buscar a estas familias alternativas donde vivir antes de que sean desahuciados de sus casas.

Como dijo la señora Beato, ya en el mes de julio del año pasado se aprobó en esta Cámara, en este pleno, una proposición no de ley que precisamente solicitaba iniciar los trámites con el Consejo General del Poder Judicial para llegar a este acuerdo, a este convenio, y llevamos ocho meses, por parte del Gobierno de Canarias, sin hacer absolutamente nada, así que aprovechamos que el señor Franquis también se encuentra hoy en el pleno para recordarle que este compromiso ya se le trasladó al Gobierno y que esto es insistir en lo mismo que ya pedimos, señor Franquis, así que esperamos que esta vez sí el Gobierno de Canarias firme ese convenio.

Porque, mire, yo preguntaba también por escrito hace unos días a la consejería que cuál era el plan, que qué era lo que se iba a hacer cuando acabara la moratoria de desahucios por parte del Gobierno de España, que vemos que no funciona del todo, porque los desahucios se siguen produciendo, ya que solo es para algunos casos muy determinados. (El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa). Pues en este caso el Gobierno me respondía que ya cuando acabara la moratoria el Gobierno sacaría un decreto. Yo creo que esto es ir un poquito tarde, señor Franquis, creo que debemos tener ese convenio antes y también algún otro tipo de medida antes de que finalice la moratoria, para que este número de familias que se están quedando sin hogar no se duplique o triplique. Y más teniendo en cuenta, como digo, la situación tan difícil económica que están atravesando ahora las familias.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Espino.

Grupo Popular, tiene la palabra, señora Astrid Pérez.

Adelante.

La señora PÉREZ BATISTA: Buenos días, presidente. Gracias. Señorías.

En los últimos diez años es verdad que hemos estado viviendo un incremento de los desahucios y lanzamientos judiciales que han dejado a muchísimas familias en riesgo de exclusión social. Y ello ha sido consecuencia fundamentalmente de la grave crisis económica que llevamos soportando y sufriendo desde el año 2010, consecuencia, como bien sabemos, de la nefasta gestión del Partido Socialista en la época de Zapatero, que seguimos sufriendo, que seguimos padeciendo, agravada evidentemente por la crisis sanitaria que hemos sufrido.

Pero nuestro ordenamiento jurídico no se ha quedado fuera de eso. Nuestro ordenamiento jurídico se ha adaptado a la realidad social y, por tanto, ya en el año 2019 se dictó un real decreto, el 7/2019, que modificó el procedimiento de desahucio por falta de pago y por expiración del término convenido. Concretamente ese real decreto modificó ya el artículo 441, incluyendo un apartado, el 5, que es un procedimiento que trata fundamentalmente de que efectivamente no se produzca el objetivo, el planteamiento, el objeto de lo que plantea esta PNL, y es que no se queden fuera de... exclusión social y haya familias que tengan situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de ello.

¿Cómo se hace? Señora Carmen González, lo hacen todos los juzgados obligatoriamente, porque es un imperativo legal, lo dice el artículo 441.5, que dice que cuando en los juzgados... mandan a los servicios sociales la información o también en este caso tanto del demandado o también en muchísimos casos le solicitan a estos demandados que le puedan ceder sus datos a los servicios sociales a los efectos de que puedan estudiar un informe sobre posible situación de vulnerabilidad. Y lo que hace es que... los servicios sociales lo que hacen es confirmar si efectivamente se encuentra o no en esa situación de vulnerabilidad al juzgado. ¿Qué hace el juzgado? Inmediatamente suspende el procedimiento judicial, durante un plazo de un mes para el caso de persona física y durante un plazo de tres meses..., esperando fundamentalmente a que los servicios sociales adopten medidas cautelares, que en muchísimas ocasiones se adoptan como puede ser la ayuda que el ayuntamiento da al alquiler social.

Por tanto, este un objetivo que ya se está planteando, unas medidas que evidentemente se ha estado trabajando y que hay que reconocer que se ha avanzado judicialmente en este sentido. Pero es verdad que muchas veces quien se queda en situación de vulnerabilidad no es el arrendatario sino el arrendador. Por tanto, también ahora los juzgados... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Gracias, señor presidente. Los juzgados ahora también plantean que los servicios sociales hagan informes de vulnerabilidad del arrendador.

Así y todo, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley. Porque nos parece que hay que seguir ahondando, hay que seguir reforzando aquellos instrumentos que supongan evidentemente un refuerzo a la detección precoz de las ayudas. Pero aplaudimos también que se haya incorporado que estas personas entren en programas de fundamentalmente gestionados por el Instituto Canario de la Vivienda. Pero es verdad que no se plantea ninguna medida para aquellos arrendadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Hemos finalizado el turno de los grupos parlamentarios.

Vamos, señorías, a votar. Procedo a llamar a votación, señorías.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación).

Gracias, señorías. Ocupen sus escaños. Vamos a votar, señorías. Señorías, votamos. (Pausa).

Gracias, señorías. 60 votos emitidos; ningún voto en contra, ninguna abstención, 60 votos a favor.

Queda aprobada por unanimidad.

(La señora vicepresidenta segunda, Dávila Mamely, ocupa un escaño en la sala).