Diario de Sesiones 121, de fecha 27/4/2022
Punto 13

10L/PL-0019 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE LA RENTA DE CIUDADANÍA DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Continuamos, señorías, con el punto número 6 del orden del día, correspondiente al debate en primera lectura del proyecto de renta de ciudadanía de Canarias, correspondiente con la 10L/PL-0019.

Comenzamos, señorías, con el turno de intervención del Gobierno, por tiempo de tres minutos para la presentación del proyecto.

Tiene la palabra la señora consejera.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Buenas tardes, ya.

Hoy, en esta Cámara, traemos la primera lectura de una ley que, sin duda, va a pasar a la historia de Canarias. Con esta primera lectura damos el primer paso, dentro de este Parlamento, a un proceso que esperemos que finalice con la aprobación de la ley de renta de ciudadanía de Canarias.

Esta ley que ha elaborado el Gobierno ha sido cumpliendo estrictamente con el mandato del Estatuto de Autonomía de Canarias y también de la Ley de Servicios Sociales. Una ley que supone un cambio sustancioso con respecto a la prestación canaria de inserción, lo que va a hacer que el archipiélago se equipare con las comunidades autónomas más avanzadas y referentes en el ámbito social, teniendo, por fin, nuestra comunidad autónoma una renta mínima garantizada para las familias.

Es importante decir que las personas que hoy en día son beneficiarias de la prestación canaria de inserción, a la que hemos realizado ya durante esta legislatura nada más y nada menos que cuatro modificaciones para el que se convirtiera en una renta de transición hacia ese objetivo final que teníamos que era la aprobación de la renta de ciudadanía, también pasarán de facto a ser beneficiarias de la renta de ciudadanía. Por lo tanto, al menos esas 10 800 personas que hoy en día son beneficiadas de la renta de ciudadanía también se van a beneficiar de esta nueva renta.

Lo que nos parece un avance importante es que la renta de ciudadanía también contempla el poder acceder a otros perfiles que a día de hoy no atendemos, y prevemos que podamos proteger bajo el paraguas social y bajo el escudo social a más de cuarenta mil canarios. Entre otras cosas, la renta de ciudadanía, y en esa primera fase -que se aplicará, según lo previsto por el Gobierno de Canarias, por fases- supone un incremento de las cuantías que van a recibir las familias, cosa que nos parece importante, por ejemplo, una unidad de convivencia de dos personas adultas y dos menores hablamos de que recibirá en torno a ciento sesenta euros más. Por lo tanto, la familia va a tener más... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Entienda que es una ley muy importante y necesito un par de minutos más (dirigiéndose al señor presidente).

Unos ciento sesenta euros más. Por lo tanto, como decía, vamos a tener más renta para que las familias puedan consumir y puedan hacer su vida cotidiana más llevadera, pudiendo cubrir las necesidades más básicas de vivienda, de acceder a una cesta de la compra, de pagar sus suministros de agua, de luz... Y esto, como no puede ser de otra manera, es un avance.

Otra de las propuestas que hacemos en este proyecto de ley de renta ciudadana es poder complementar las pensiones no contributivas, que mucho se ha hablado en este Parlamento, eso sí, no solo de manera puntual, como hemos hecho hasta ahora, haciendo un avance, sino ya de manera permanente. Y complementar también las rentas del trabajo para los trabajadores y trabajadoras pobres de esta tierra, que también las hay. (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Y voy concluyendo.

Otra ventaja por la que también apuesta la renta de ciudadanía es por trámites más ágiles, más sencillos. Además, será la propia consejería y la propia comunidad autónoma la que se encargue de los trámites de gestión, quitándole ese peso de encima a los ayuntamientos y pudiendo liberar a los trabajadores y trabajadoras municipales para hacer otras tareas también... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Consejera, ¿quiere concluir? Le doy unos segundos, le doy unos segundos para que concluya.

Continúe, continúe.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Disculpen, ya voy finalizando, pero es importante.

Para poder liberar a esos trabajadores sociales y que pueden trabajar en un itinerario de inclusión social para las familias, que creemos que más importante, que no estén con pilas y pilas, tongas y tongas de papeles, y puedan salir a la calle a valorar y elaborar esos itinerarios de inclusión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señora consejera.

Continuamos con la intervención de los grupos.

Tiene la palabra el Grupo Mixto, señora Espino.

Adelante, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente.

Este proyecto de ley lo que pretende es cumplir con el Estatuto Autonomía de Canarias que, precisamente, establece garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas en situación de exclusión o en riesgo de estarlo.

En Canarias tenemos a 630 000 personas en situación de pobreza, 300 000 de ellas en pobreza severa, por tanto, comparto con la consejera que esta es una norma muy necesaria. Sin embargo, llega con cierto retraso, ya que según la Ley de Servicios Sociales esta ley de renta ciudadana debería de haber entrado en este Parlamento en noviembre del año 2020, y llega en abril del 2022, pero más vale tarde que nunca. Y tendremos que trabajar desde todos los grupos para, sin duda, mejorar algunas cuestiones de este texto.

Solo algunos ejemplos. Se establece que, por ejemplo, la actualización de esa renta ciudadana anual será de un 1,5 %, cuando, por ejemplo, tenemos ahora una cesta de la compra, una inflación disparada en un 8,4 %; por tanto, este tipo de cuestiones habrá que revisarlas. También otra de las cuestiones que hay ver, que hay que revisar, es que gran parte de la tramitación se deja en manos de los ayuntamientos, sin dotarlos de los medios y de los recursos suficientes. Y, por último, algo que también me preocupa es que, transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la solicitud, una vez que se presenta la solicitud, el plazo de tres meses, esta se entenderá como desestimada -esta solicitud- por silencio administrativo y, por tanto, teniendo en cuenta lo que tarda la Administración en responder -por ejemplo, dieciocho meses para valorar la discapacidad-, este artículo supondría en la práctica la denegación de todas las solicitudes y, sin duda, es uno de los aspectos que habrá que corregir en la tramitación parlamentaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra don Ricardo Fdez. de la Puente.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente.

La renta de ciudadanía es un derecho, no un capricho, tampoco una ocurrencia política del Gobierno de Canarias. El artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, producto del acuerdo de todos los partidos políticos en 2019, recoge el derecho subjetivo de los canarios a una renta de ciudadanía.

La motivación de una renta de estas características es la inserción social, no el subsidio. La mejor inserción social se obtiene a través de la inserción laboral. Hay que evitar el efecto desincentivador en donde una renta pasiva pudiera condicionar una acción activa en las relaciones laborales. El primer desincentivo a la hora de aceptar una inserción laboral, siendo perceptor de un subsidio social, es la burocracia. La permanencia en un puesto de trabajo de forma temporal no es suficiente como para abandonar el sistema, habida cuenta de las complicaciones a la hora de volver a entrar. Por ello se plantea la posibilidad de cumplimentar el salario con la renta pasiva, teniendo como límite mínimo el propio salario mínimo interprofesional en vigor.

La condición a la hora de obtener un derecho de renta pasiva debe estar supeditada a un itinerario de inserción laboral -formación, orientación, inserción-, de lo contrario, se convertiría en un mero subsidio. (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Gracias, presidente.

Ahora bien, hay que ser realista y aceptar que hay población que no va a poder insertarse, laboralmente hablando, en un corto espacio de tiempo; en este caso, el seguimiento y el control de las oportunidades toma mayor relevancia.

Y, finalizo, hay que evitar que gran parte de los recursos públicos destinados a tal efecto sean destinados a la mera gestión de la propia renta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Continuamos con el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

Adelante.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes también al presidente del Gobierno, que nos acompaña, y también a la consejera de Derechos Sociales.

Consejera, no cabe duda que estamos ante una norma necesaria e importantísima para Canarias, para todos los canarios y para todas las canarias, y prueba de ello es que, según la tasa de Arope, el 35 % de la población canaria se hallaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social ya en el año 2019, y en el último Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Canarias -que también se publicó recientemente- indica que la exclusión en Canarias ha crecido en el archipiélago hasta afectar al 29,1 % de la población, lo que significa, como se ha dicho, que más de seiscientas treinta mil personas se encuentran en situación de desventaja, de vulnerabilidad.

Por otro lado, en la encuesta de condiciones de vida del año 2020 refleja que en los últimos años han aumentado las situaciones de desigualdad social en Canarias, cuyos ingresos medios anuales por persona fueron de apenas unos 9847 euros en 2018. Esto refleja que el 13,5 % de los hogares canarios llegaron a final de mes con muchísima dificultad en el año 2019, siendo uno de los colectivos más afectados los menores de edad, al no tener su familia acceso a cubrir las necesidades básicas.

Por ello, cobra todo el sentido que nazca la renta de ciudadanía de Canarias, concebida como una prestación económica de carácter periódico, dirigida a atender situaciones de vulnerabilidad económica y también a sufragar los gastos básicos de personas, familias u otras unidades de convivencia que se encuentren, como he dicho, en situación de pobreza o exclusión social en Canarias, incluyendo también, expresamente, a pensionistas y subsidiarias del ingreso mínimo vital y de otras prestaciones, también públicas.

Ley de renta de ciudadanía de Canarias que permitirá, además, unirnos al resto de comunidades autónomas que ya disponen de sus propias normas al respecto.

Por tanto, desde Agrupación Socialista Gomera seguiremos estudiando con detenimiento el texto y vamos a tratar de enriquecer, dentro de nuestras posibilidades, la norma con la presentación de enmiendas en el momento en el que proceda, y lograr, así, tener un buen texto final, que sea aprobado por unanimidad y con el que todos estemos satisfechos, con la finalidad, como no puede ser de otra manera, de conseguir mejorar la situación económica de las familias más vulnerables, más frágiles, que hoy en día tenemos en Canarias y que la cifra es, desgraciadamente, bastante elevada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes.

La verdad que es un día hoy de felicitaciones, es un paso muy importante el que damos. Se llega tarde, pero por fin se llega.

En diciembre de 2018 el Grupo Podemos Canarias presentó una iniciativa para sacar esa ley. Entonces no pudo ser. Es un poquito más tarde, la ponemos en marcha, pero nos parece muy importante.

Razones nos sobran, y ya las ha explicado muy bien mi compañera, porque hay mucha pobreza en Canarias y hay muchas razones para poner esa renta en marcha, y porque, además, también había una discriminación con respecto a otras comunidades autónomas que ya la tenían y que aquí vamos con retraso, sabiendo que la PCI no llegaba a todo el mundo, tenía un periodo de tiempo muy limitado y no cubría todas las necesidades.

Pero en los antecedentes de la renta ciudadana hay cuestiones que nos parece muy importante señalar: son los derechos humanos, es Europa, son los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, es la Constitución española, es el Estatuto de Autonomía, es la Ley de Servicios Sociales. O sea, son muchas cosas las que concurren para que por fin hoy les demos respuesta a tantas familias que se estaban quedando sin soluciones para salir de la pobreza, para poderse integrar en una vida como se merecen. Hablamos de eso y, fundamentalmente, empiezo y cierro hablando de derechos humanos en ese sentido.

Esta renta tiene, además, una serie de complementos y de ventajas. Una con respecto a la PCI es que, mientras esté la situación de pobreza, seguirá estando la renta; no se acabará, no tendrá un plazo ni de un año ni de dos años. Mientras las circunstancias que hacen que la familia o las personas estén en esa situación, se seguirá manteniendo.

Después, que es complementaria al trabajo, y eso es muy importante a la hora de hablar de la inclusión social. La gente no tendrá que pensar si coge un puesto de trabajo de tres horas porque pierdo la PCI y no me interesa. No. Me puedo integrar y puedo incluirme en el mundo laboral.

Es complementaria también en las siguientes fases a la ayuda a la vivienda. También tendrán complemento las mujeres víctimas de violencia machista. La infancia está protegida de la pobreza infantil con complementos especiales. Es complementaria, también, a las pensiones no contributivas, que en este caso en Canarias eran especialmente bajas.

Es decir, reúne una serie de requisitos que, desde luego, no van a ser el final de la pobreza exclusiva de tantos años de Canarias, pero sí, de nuevo, como hablábamos antes con el tema de los cuidados, abren una nueva brecha, abren una autopista diferente que nos permite situarnos, por lo menos, en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas, también en la agilización de los trámites y, además, automáticamente toda la gente que percibe la PCI quedará incorporada y, así paulatinamente, hasta las 40 000 familias que están previstas que empiecen desde el principio.

Creo que estamos de enhorabuena, tendremos mucho tiempo para hablarlo después a lo largo de la ponencia, y desarrollar y matizar y mejorar todo lo que sea susceptible de ser mejorado. Pero yo creo que hoy es un día, aunque sea un poco tarde, para felicitarnos por haber conseguido poner esto en marcha.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Río.

Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, señor presidente.

Sin duda estamos ante uno de los proyectos de ley más importantes de esta legislatura: una renta para vivir con dignidad. Yo creo que es una frase que bien puede resumir lo que significa esta renta para la población canaria.

Alcanzamos hoy, con este acto parlamentario, un hito histórico como sociedad. Hemos tomado todos los canarios y las canarias, legítimamente representados aquí, la firme determinación de que ningún canario y de que ninguna canaria se quede atrás, que todos y todas tengamos derecho a una vida digna como un derecho irrenunciable.

Una renta que, finalmente, cuando despliegue todos sus efectos, cuando alcance ese cien por cien de implementación, llegará en torno a unas cuarenta mil personas. Por tanto, estamos hablando, sin duda, de un hito histórico. Los que llevamos viviendo la vida parlamentaria, ya sea como diputado o desde fuera, varias legislaturas, al menos las tres últimas, y que llevamos diciendo muchísimos años que había que luchar contra la pobreza y la exclusión, que había que atacar las bases de la desigualdad que hacen que en Canarias, debido a la precariedad laboral, a un modelo económico frágil, a las bajas tasas de formación, a todas esas causas que se han convertido en estructurales, pues, haya muchísimas personas que no pueden llevar una vida digna, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden pagar el recibo de la luz, que no pueden irse de vacaciones una vez al año -que, por cierto, es uno de los indicadores que utiliza Europa, la tasa Arope, para medir la pobreza- o que no pueden comer carne o pescado dos veces a la semana.

Estamos hablando, al final, de esto, porque si no se dice parece que estamos hablando de una renta para llenarse los bolsillos, no, no. Estamos hablando de que las personas puedan pagar el agua, pagar la luz, pagar un alquiler, comer carne y pescado dos veces a la semana e irse de vacaciones una vez al año, porque en nuestro entorno eso se considera signo de, diríamos, una sociedad avanzada.

Por tanto, estamos ante un momento muy importante. Estoy convencida de que en el trámite de ponencia la vamos a mejorar escuchando a los ayuntamientos, escuchando a los ciudadanos, organizados o no, que puedan presentar propuestas de mejora, pero creo que el documento viene bastante, diríamos, ha recogido el espíritu de todas esas rentas anteriores; toda la experiencia de la renta vasca como una de las rentas más consolidadas, que más años lleva de vigencia, desde el año 1989 los vascos tuvieron claro, en su gran crisis de reconversión económica, tuvieron que claro que tenían que instaurar una herramienta para sostener a la población. Luego la han consolidado, a pesar de que son una población rica, se mantiene. Porque al final hablamos de un derecho básico fundamental, como es el derecho a la sanidad o a la educación, que se consolida a través de una ley de forma estable.

Antes se decía, ¿qué significa que la prestación sea...? (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Gracias, si me da un minuto. La estabilidad de la prestación es muy importante, porque realmente es lo que le da estabilidad al proyecto de vida del ciudadano, el no tenerte que acostar cada día pensando cómo vas a pagar el mes siguiente el alquiler, el agua o la luz. Esa estabilidad es fundamental. Llegar, cubrir con más recursos, con más prestación, a la familia, y yo también destacaría ese itinerario de integración social, porque es muy importante, ese acompañamiento, que tenemos que hacerlo bien para que no nos pase como la PCI, que no lo hicimos bien, todas las administraciones. Hay que insistir en ese acompañamiento para que esa integración sea real y efectiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Hernández.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, señor Suárez.

Adelante.

El señor SUÁREZ NUEZ: Gracias, presidente.

Es una ley buena, sin lugar a dudas, y hay que decirlo. Cuando las cosas se hacen bien se dice, y no pasa nada. También es una ley que hay que mejorar y entre todos trabajaremos para mejorarla. ¿Hay algún problema? Ninguno, ninguno, es la realidad, o sea...

Pero es verdad que tenemos que hacer autocrítica; para que las cosas funcionen, hagamos autocrítica. Yo el primero, el resto también. Tres años, tres años hemos tenido que esperar para que llegue esta ley. Tres años de retraso. Porque recordemos que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Servicios Sociales decían que esta ley se tenía que poner en marcha dieciocho meses después de la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales. Han pasado tres años, pero, bueno, como decía antes una compañera, no recuerdo quién fue, más vale tarde que nunca.

Pero es verdad que hay sectores que no están de acuerdo con la redacción de esta ley. Sí con la necesidad, que al final viene siendo la PCI mejorada. Mejorada, sí, es la PCI, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Usted, señora consejera, hablaba de 2020, después de 2021, ahora dice que tiene que entrar en vigor en 2023, eso lo ha dicho usted en varios medios de comunicación. Sabe que yo soy una persona que intento documentarme para intervenir en este atril.

Pero es verdad, ya digo. ¿La necesidad existe? Sí. La pobreza en Canarias existe; los datos, semana tras semana, son peores y, por lo tanto, hay que actuar. Antes decía la señora Hernández que esta ley iba a servir para ayudar a esas familias a pagar la luz, a pagar el agua, a pagar una compra, y, además, tiene que venir también a ayudar a los ayuntamientos que también ayudan a esas familias con ayudas de emergencia social, valga la redundancia, para pagar el agua, la luz, los alimentos, las vacaciones, como usted también decía, eso es lo que dice Arope. Pero es verdad que usted, como alcaldesa, también estará de acuerdo conmigo que en los ayuntamientos no se da una ayuda de emergencia social para ir de vacaciones, pero sí para una comida, pero sí para material escolar, eso es así, no me diga así porque usted no creo que como alcaldesa dé una ayuda para vacaciones. Da para las necesidades reales. Y este tiene que ser el concepto, la realidad, de esta renta canaria, porque a veces estamos pidiendo y dando derechos, lógicamente, pero también tenemos que dar... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), tenemos que dar deberes para que no se vea como un regalo. Usted misma lo decía, señora Hernández, esto no es un regalo que se le da, una paga que se le da, no, esto es una ayuda por una necesidad real que tenga esa familia. No convirtamos esto en esa famosa expresión que a mí no me gusta utilizarla nunca, en esa paguita, porque no es una paguita, es una ayuda real a las necesidades de las familias que peor lo están pasando en Canarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Valido.

Adelante.

La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes ya, señorías.

Nuestro grupo es muy consciente de la importancia de sacar adelante la renta ciudadana, de la necesidad que tiene la población canaria. Acabamos de conocer los datos de Foessa, tenemos todos en la retina las cifras llenísimas de dígitos y de ceros que reflejan a cientos de miles de personas en situación de pobreza. Por tanto, es deber, y creo que el primer deber de este Parlamento es arbitrar las herramientas necesarias para que la ciudadanía canaria no esté en situación de pobreza, y la renta ciudadana es una de ellas.

Siendo perfectamente conscientes, hasta el punto de que lo propusimos y lo metimos en la Ley de Servicios Sociales y lo hemos apoyado también en el Estatuto, cuenten con toda seguridad con que en la ponencia que se abrirá en adelante, en la que enmendaremos lo que no nos gusta del texto -y que hay cosas, evidentemente, que no nos gustan-, vamos a trabajar para que lo antes posible esas 149 000 familias en extrema pobreza puedan acogerse a esa renta ciudadana.

Pero hay cosas que nos sorprenden, incluso que nos llegan a decepcionar, porque la renta ciudadana se parece bien poco a lo que ustedes solicitaban y exigían, y nos dice el colegio de trabajadores sociales -no nosotros- que parece poco ambiciosa y simplemente una PCI mejorada. Insisto, colegio de trabajadores sociales, ambos dos. Si alguien sabrá de PCI, de renta ciudadana, son ellos, no lo irá usted a discutir, yo, desde luego, no lo discuto; saben mucho más que usted y que yo de qué efectos tienen la PCI y la renta ciudadana en las familias que se sientan delante de ellos todos los días.

Y hay cuestiones que ya se han mencionado: esa desestimación a los tres meses; la ficha financiera nos parece insuficiente; nos parece que se otorgan unas competencias y responsabilidades a los ayuntamientos que tampoco aparecen presupuestadas ni en la ficha de financiación ni en el informe de Hacienda; se habla de una gestión telemática, cuando sabemos que más del cuarenta por ciento de las familias en pobreza están desconectadas; en vez de una solicitud ahora hay que hacer dos, primero el IMV para luego puedan solicitar la renta ciudadana, y, además, tiene que pasar un año del empadronamiento en el sitio al que te hayas podido acoger si pierdes tu vivienda. Porque, claro, muchas personas han vuelto a casa de papá y de mamá, pero esta renta ciudadana no es un derecho subjetivo, como aprobamos en la Ley de Servicios Sociales, que eran los derechos sociales; no, está condicionada a los ingresos y el patrimonio de la familia con la que te vas a vivir. Si yo me voy a vivir con mis padres y... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), y mis padres, por suerte y por mucho trabajar y cotizar, tienen unas pensiones dignas y, además, tienen una casita en el norte no voy a tener derecho, porque mi derecho a recibir la renta ciudadana está condicionado a los ingresos de otras personas. Y, además, deberé llevar un año ahí empadronada para poder recibir la ayuda; un año pasándolo mal para que me otorguen la renta, en tres meses me contestarán, porque ahora están viendo las PCI de noviembre del año pasado.

Hay muchas cosas que mejorar y estamos dispuestos a trabajar para que esto salga adelante. Sabemos que es necesario, que es urgente, que es un compromiso de todos y que las familias los necesitan.

Estaremos en desacuerdo con muchas cosas, pero, pero, que en el trabajo de ponencia podamos mejorar el texto y aprobar una renta ciudadana que de verdad llegue a todo el que lo necesita.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valido.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Godoy, tiene la palabra.

El señor GODOY SUÁREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Hoy iniciamos un trámite legislativo que concluirá previsiblemente en unas semanas con la aprobación final de esta ley, y permítanme que diga que creo que será una de las leyes más importantes que aprobaremos durante esta legislatura.

No lo digo precisamente por lo que ya se ha mencionado de que se da cumplimiento al Estatuto de Autonomía de Canarias o a la Ley de Servicios Sociales, tampoco lo digo porque sea un compromiso de los grupos políticos que apoyamos a este Gobierno; lo digo, precisamente, porque se avanza en derechos y en la consecución de la erradicación de la pobreza y de la exclusión social en nuestras islas, que no les quepa duda que es el principal objetivo de este Gobierno, siendo un compromiso con los y las ciudadanas de Canarias.

Señorías, los poderes públicos debemos garantizar el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones, donde no se diferencie por capacidad económica. Pero esto, sin duda, debe trasladarse a todos los ámbitos, a todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Para ello, precisamente, se deben garantizar unos recursos mínimos para que aquellas personas que por diversas circunstancias carecen de ellos o son muy bajos puedan, precisamente, acceder. Para eso nace esta renta de ciudadanía de Canarias, una herramienta que permite a esos canarios y a esas canarias tener una vida digna y desarrollar entornos familiares equilibrados y sociedades sanas.

Señorías, no caigamos en los debates falsos, estériles, de si se llama paguita o no paguita, porque precisamente de lo que estamos hablando es de dignidad de las personas, la dignidad de los y las canarias.

Esta ley viene a solventar, sin duda, y a complementar otros dos instrumentos con los que contamos en la actualidad en Canarias, como son, por un lado, solventar la insuficiencia de cobertura que tiene la PCI y dejando atrás ese sistema que hemos vivido durante mucho tiempo de asistencialismo; y, por otro lado, otorgar un derecho a aquellos ciudadanos que se quedan fuera del ingreso mínimo vital. Un hito muy importante que logramos también hace unos meses desde el Gobierno de España con su aprobación.

Los principales avances en la percepción de esta prestación pueden ser que se percibirá de manera ininterrumpida mientras esta persona siga cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos y las circunstancias que motivaron que sean perceptores de esta prestación, como no sucede, por ejemplo, con la PCI; el carácter complementario de las mismas con los ingresos del trabajo para que todos aquellos ciudadanos que no tengan que elegir precisamente cobrar una paga o estar trabajando, que cualquier ciudadano pueda aventurarse a tener una oferta de empleo, a aceptar una oferta de empleo y que tenga unos ingresos mínimos dignos con los que seguir en su día a día, y algo muy importante, que creo que es vital, la inclusión de los jóvenes de entre 16 y 23 años, precisamente, para que también puedan desarrollar sus proyectos vitales sin necesidad de estar pendiente de otros aspectos. También, sin duda, en los principios básicos que rigen esta ley queda patente en la intencionalidad de las misma, marcando un nuevo modelo... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) -señor presiente- de derecho subjetivo. Y sí, derecho subjetivo que van a pasar a tener los canarios y las canarias y que me gustaría mencionar y relatar dos: el principio de integración de la perspectiva de género, precisamente para que sirva como una herramienta que elimine las desigualdades entre hombres y mujeres, y especialmente entre las mujeres canarias que continuamente e históricamente han sido las que han sufrido una mayor desigualdad en nuestra sociedad. Y, sobre todo, la coordinación, cooperación y colaboración de las diferentes Administraciones públicas que permita, junto a la proximidad de acceso de la prestación desde el ámbito más cercano, y aquí, específicamente, los ayuntamientos, la colaboración invencible de los ayuntamientos, de todos y cada uno de los trabajadores sociales que, una vez más, vuelven a ponerse a disposición de la ciudadanía de Canarias para que puedan tener una prestación justa.

Durante la tramitación de este proyecto de ley tendremos la oportunidad compartida, como ya se decía antes, de debatir, mejorar y defender aquellos aspectos que consideremos oportunos. Y precisamente por eso hacemos un llamamiento a los partidos políticos aquí representados para que unamos fuerzas y que la ciudadanía de Canarias... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señorías, hemos acabado los turnos de intervención. En este punto, como saben, no hay enmienda a la totalidad, como consecuencia de eso no se procede a la votación y continúa la tramitación parlamentaria conforme establece el Reglamento de la Cámara.