Diario de Sesiones 126, de fecha 7/6/2022
Punto 28

10L/C/P-1017 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD, SOBRE LA INCIDENCIA Y DESARROLLO EN CANARIAS DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA, TRAS EL PRIMER AÑO DE SU APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SÍ PODEMOS CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Continuamos, señorías, con la comparecencia del señor consejero de Sanidad, sobre la incidencia y desarrollo en Canarias de la Ley Orgánica 3/2021... (rumores en la sala) de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, tras el primer año de su aprobación y puesta en marcha, a petición del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias.

Ruego silencio, señorías.

Sí, un momento, señora Del Río.

Silencio, señorías. Gracias.

Señora Del Río, tiene la palabra.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señor consejero, buenas tardes.

Vamos a seguir hablando de derechos, de esos derechos que hacemos cuando tenemos gobiernos progresistas y de izquierda. Antes hemos hablado de la dependencia, pues ahora vamos a hablar..., o sea del derecho a la vida digna pero también del derecho a la muerte digna. Y esta es una conquista que nos ha costado después de muchos años de lucha que por fin se haya reconocido.

Justo hace un año ahora que se aprobó la LORE, la Ley Orgánica de 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que en su preámbulo dice: "esta ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia". Como muchas veces, la sociedad iba por delante y había que tener la valentía de regular y ponernos como los países más avanzados en estos derechos que nos... que nos gusta, nos gusta cuando ampliamos derechos, porque nos parece que hacemos el mundo más justo y mejor.

La eutanasia significa, etimológicamente, buena muerte. Y es muy importante que lo sepamos, para quien no lo sepa, porque hablamos de la buena muerte. Y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar sufrimiento.

La aprobación de la ley de la eutanasia en España reconoce un nuevo derecho a las personas que, cumpliendo los requisitos -y eso es muy importante- previstos en la ley, deseen poner fin al sufrimiento que puede producir una enfermedad grave o incurable con un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. En definitiva, esta ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual que es la eutanasia. Hablamos de una actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada -y es muy importante que sepamos todo esto- mediante una relación causa-efecto única e inmediata -hay que entender bien cómo forma-, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento -insistimos- incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.

La eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona, constitucionalmente protegido, como es la vida, pero también con otros derechos y bienes igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona, la dignidad humana, el valor superior de la libertad, la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad, y la capacidad de equilibrar todos estos derechos nos parece uno de los retos más importantes que tenemos que aterrizar en nuestra comunidad canaria.

Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que, a su juicio, vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado toda vez que no exista un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.

Y hablando ya y aterrizando en Canarias, nuestra propia web del Servicio Canario de la Salud pone a disposición de la ciudadanía y profesionales sanitarios la información sobre qué es la eutanasia, qué derechos tiene la persona que decide iniciar el proceso, qué trámites se deben de realizar para solicitarla y realizarla, qué profesionales participarán y qué normativa la regula. Es fundamental que la persona que quiera iniciar este procedimiento de ayuda a morir comprenda la totalidad de la información para que pueda prestar su conformidad libre, voluntaria, consciente y en pleno ejercicio de sus facultades. Todo el equipo asistencial estará disponible, del Servicio Canario de la Salud, para resolver las dudas o remitir a los pacientes y sus familiares al profesional adecuado para ampliar esta información.

Y para esto es, señor consejero, para lo que hemos hecho esta comparecencia, porque queremos conocer cómo se ha implementado la ley en este año en Canarias, nos gustaría saber, una vez puestos en marcha todos los mecanismos necesarios para echar a andar la comisión de garantías, etcétera, cómo ha sido el proceso, qué dificultades se han encontrado en el camino, cuántas peticiones para ejercer el derecho a la eutanasia se han recibido y cuántas han culminado. Nos gustaría conocer estos datos y, si pudiera ser, segregados por islas y por géneros, hombres y mujeres, si ha habido degeneraciones cuáles han sido las causas, y también nos gustaría conocer quiénes forman parte de la comisión de garantías, dado que, aunque nos dijeron que ese dato era público, yo, personalmente, no lo he conseguido encontrar en la página web. Cuál es la situación de las personas objetoras de conciencia es otro tema que nos interesa... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), y, como parece, por lo que hemos leído en la prensa, que no son tantos, que es un porcentaje relativamente pequeño, esperemos que no supongan un obstáculo para el ejercicio de este derecho, como lo ha supuesto, por ejemplo, para el aborto en la isla de Lanzarote como hemos hablado en otros momentos. Esperamos que no pase en esta ocasión lo mismo y que podamos ver ese ejercicio realizado en Canarias.

Eso es lo que queríamos saber y esto es lo que en la segunda parte entraré en más detalle con un ejemplo un poco más concreto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Río.

Turno para el Gobierno, señor consejero.

Adelante.

El señor CONSEJERO DE SANIDAD (Trujillo Oramas): Sí, buenas tardes, presidente, buenas tardes, señorías.

Como comentaba la señora Del Río, con la aprobación que hemos tenido de la Ley 3/2021, pues se incorpora a España al grupo de países que en la Unión Europea tiene regulada la eutanasia, como usted señalaba, el suicidio médicamente asistido. Somos el cuarto país después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y, por cierto, este enero se ha incorporado Austria, también, a los países que han regulado este derecho.

En esta materia de lo que tenemos que hablar, y usted lo ha señalado, es de que estamos reconociendo el derecho a la asistencia médica para morir como un derecho individual y gratuito, incluido en la propia cartera de servicios del servicio nacional de salud de nuestro país. Este es un nuevo derecho garantista y para su realización se debe corroborar que se dan los supuestos específicos que usted también comentaba con relación a lo recogido en la ley. Cuando una persona -y esto es importante porque estas cuestiones deben quedar claras- manifiesta su deseo de poner fin a la vida, la primera obligación debe ser facilitar los recursos necesarios además de comprobar que corresponde a la solicitud de una persona que comprende bien el diagnóstico y el pronóstico. Para ello resulta inexcusable asegurar unos cuidados paliativos de calidad, medios de apoyo a la discapacidad y dependencia, y también asegurar apoyos sociales, familiares y vínculos personales que puedan ayudar a transitar hacia el final de su vida.

En aquellos casos en los que no sea posible resolver este tipo de conflictos la eutanasia y el suicidio médicamente asistido aparecen como vías para que la persona -usted lo señalaba- muera bien, de acuerdo con sus valores y/o evitando un sufrimiento que ni los cuidados paliativos ni las ayudas sociales pueden mitigar. Ese es el orden establecido en el ranking de este texto legal.

¿Qué actuaciones hemos hecho desde que se aprobó esta ley en el año 2021? La primera fue participar en el seno del consejo interterritorial para elaborar el libro de buenas prácticas y el conjunto de protocolos que establece el artículo 5.2 de esa ley. A su vez, y usted lo señalaba, y ya es una tarea propiamente autonómica, en Canarias procedimos a la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación mediante el Decreto 67/21, de 23 de junio, y esa comisión fue constituida el 6 de agosto de 2021 y está formada por 12 personas de reconocida competencia profesional de la medicina, enfermería y juristas, y se reúne ordinariamente de manera mensual. Conjuntamente con ese decreto aprobamos el reglamento de funcionamiento de dicha comisión.

También en julio del año pasado, el 6, aprobamos, mediante orden, el registro de profesionales sanitarios de Canarias objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir. Como saben, este registro no tiene carácter público, está sometido al principio de confidencialidad y a la protección de datos de carácter personal.

Simultáneamente, elaboramos también lo que hemos venido a denominar la guía para la aplicación de la prestación en Canarias. Esta guía es un documento que define y desarrolla el procedimiento que deben seguir los centros sanitarios, y de manera anexa se han elaborado 14 documentos, que son los documentos necesarios para hacer efectiva la prestación de la eutanasia en cada una de las fases del proceso.

Toda esta documentación se ha puesto a disposición tanto de los profesionales como de la ciudadanía en las páginas web de la consejería y del Servicio Canario de la Salud, es decir, toda la información sobre la ley, los derechos de las personas que deciden iniciar el proceso, el conjunto de trámites para solicitarlas y todos los pasos que, como digo, están definidos en cada uno de los documentos, porque a la hora de desarrollar este derecho es fundamental que las personas conozcan perfectamente cuál es la situación a la que se van a enfrentar y cuál es la decisión, nada más y nada menos, que van a adoptar en unas circunstancias como estas de manera libre, voluntaria, consciente y, obviamente, en pleno ejercicio y uso de sus facultades.

También entre las acciones que abordamos con relación a la puesta en marcha de la ley estuvo la formación de los propios profesionales. De hecho, en un primer momento se formó un equipo multiprofesional en Madrid, del que formaban parte técnicos de la Dirección General de Programas Asistenciales, de recursos humanos y profesionales de todas las gerencias de atención primaria, y, asimismo, algunas gerencias han impartido cursos dirigidos a sus profesionales, fundamentalmente en atención primaria, sobre la eutanasia.

También entre otras cuestiones se articula la posibilidad en la ley -y es muy importante- de solicitar la ayuda a morir con antelación, y para aplicarla, para poder aplicarla en un momento posterior en el que ya no se disponga de capacidad de obrar. Y este documento de instrucciones previas en nuestra comunidad autónoma se denomina manifestación anticipada de voluntad, que como saben ustedes es un documento que además está en vigor en nuestra comunidad autónoma desde el 2007, y abarca un sinfín de materias, no solo esta, que digamos es una materia ex novo, ¿no?

Pues bien, de las 1438 manifestaciones anticipadas de voluntad registradas desde la entrada en vigor de la ley, en 892 se ha manifestado el deseo expreso de que sí se le administre la eutanasia, es decir, 6 de cada 10 manifestantes, frente a 71 en las que se establece la voluntad expresa de su no a la aplicación de la misma y 388 en las que no existe manifestación al respecto.

Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2021, 18 personas han iniciado en Canarias el procedimiento de solicitud de la prestación para morir, de ayuda para morir, 10 mujeres y 8 varones, todas en las instalaciones de centros de salud de la red pública o centros de la red pública.

La Comisión de Garantía y Evaluación ha informado... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) favorablemente 7 solicitudes, 5 corresponden a mujeres y 2 a varones, todas ellas llevadas a cabo ya. De las 11 solicitudes restantes, 2 corresponden a personas que fallecieron durante el proceso de evaluación, 2 son expedientes recientes y están en proceso deliberativo, 5 se han considerado desfavorables y uno de los pacientes ha recurrido por vía contencioso-administrativa y 2 están pendientes del informe del médico consultor.

Con relación al ámbito en el que se realizó la eutanasia, 4 tuvieron lugar en el ámbito hospitalario y 3 en el propio domicilio del paciente, siempre respetando, como no podía ser de otra manera, la voluntad de la persona.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

Turno para el Grupo Mixto, señora Espino, ¿puede ser?

La señora ESPINO RAMÍREZ (telemáticamente, desde fuera de la sede): Sí.

Gracias, presidente. Señorías.

Hace un año, como explicaba la diputada Del Río, la señora Del Río, se aprobaba en España este derecho que es la ley de eutanasia. Y tardó mucho tiempo en llegar; para algunos llegó tarde, yo recuerdo el gran impacto que me produjo la historia de Ramón Sampedro, luego convertida en película, y llegó veintitrés años después del fallecimiento de Ramón Sampedro y su lucha por este derecho.

Yo creo que es una ley garantista, y eso es lo más importante; una ley en la que hay que esperar una vez que se solicita la eutanasia y la persona tiene que ser informa de las distintas alternativas y es muy importante también que la sanidad pública invierta en cuidados paliativos, porque hay que dar todas las opciones posibles, y que esta persona de forma reiterada confirme su voluntad de varias ocasiones de morir.

Creo que ese comité que está formado por especialistas sanitarios, por médicos y por enfermeras con formación, con experiencia en el mundo de la medicina y de la ética, también por puristas; es, sin duda, una garantía para todos los canarios.

Y me ha llamado la atención, señor Trujillo, que hablaba usted de que se han denegado 5 de estas solicitudes, y me gustaría conocer, aun siendo una voluntad de la persona por fallecer, cuáles pueden ser los motivos por los que estas solicitudes, estas 5 solicitudes que usted comentaba, se han denegado.

Yo sé que esta ley fue una aprobación controvertida, pero lo que hay que entender que esto no es una obligación, esto es un derecho individual, es la libertad de poder elegir cómo morir en unas circunstancias muy difíciles y creo que también es necesario dar mayor información a las personas acerca de ese, lo que se conoce también como testamento vital o esa manifestación anticipada de voluntad para que sean muchos más los canarios que tomen la decisión acerca de cómo quieren que sea el final de sus vidas en esas circunstancias.

Y, por último, señor Trujillo, pues, pedirle que se sigan tomando todas las garantías para el cumplimiento de esta ley y que también se refuercen, que no nos olvidemos de los cuidados paliativos, que son tan importantes también para que la eutanasia sea la última opción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señor consejero.

Sin duda, yo creo que lleva un año trabajando la consejería y el sistema canario de salud al respecto sobre esta ley aprobada, ya como dije, en el año 2021. Sin duda, estamos hablando de un derecho, de un derecho que tienen las personas a ese suicidio asistido, pues, cuando tienen ya una enfermedad irreversible, cuando el dolor o la dignidad de la vida, pues, ya prácticamente no existe.

A mí me gustaría empezar mi primera pregunta preguntándole sobre los trámites para solicitar ese suicidio asistido. Yo espero que esos trámites sean ágiles y no supongan un problema ni para el enfermo, ni tampoco, por supuesto, para los familiares, ni para el personal sanitario. Sí me gustaría preguntarle si o cuál es el tiempo que se suele tardar en dar una respuesta a estos trámites, porque hablaba usted también que había algunas solicitudes y que fallecieron durante el trámite, me gustaría saber. Obviamente, estamos hablando de personas que prácticamente pueden morir al día siguiente o en muy pocos días y es entendible.

También me gustaría preguntarle sobre los registros. La ley habla de que tiene que haber unos registros, por ejemplo, de quienes eligen que se les practique la eutanasia, usted decía que teníamos 18 solicitudes. Y luego había también unos registros de los profesionales sanitarios que se declaran a sí mismos objetores de conciencia de esta práctica, obviamente, también es un derecho que tenemos que respetar, pero nos gustaría saber si tiene datos al respecto.

La verdad es que me parece muy positivo que también este suicidio asistido pueda darse en el domicilio, creo que es la mejor forma para que esta persona se vaya en paz, con los suyos y, por supuesto, en el ámbito, en ese contexto que más conocen y que, obviamente, es donde han pasado muchas veces toda su vida.

Yo recuerdo que la vez anterior le preguntaba que qué se estaba haciendo para garantizar esta asistencia también en todas y cada una de las islas, a mí me gustaría centrarme también en las islas no capitalinas. Sabe usted que, por ejemplo en El Hierro, La Palma y La Gomera carecemos de medios asistenciales y siempre hay que derivar a esos hospitales de referencia y muchas veces estos pacientes fallecen allí con el prejuicio que se causa a su familia, que no puede despedirse del paciente o luego el traslado también para el sepelio, etcétera, y es muy complicado. Entonces, me gustaría saber si se están dando los pasos adecuados para que también se pueda, de alguna manera, hacer esta práctica en los hospitales de las islas no capitalinas.

Creo también que es importante seguir avanzando en esos tratamientos paliativos, especialmente, como lo... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), como lo decía el señor consejero, creo que es importante seguir avanzando en esos cuidados paliativos, también en las islas no capitalinas crear esas unidades de paliativos para que aquellas personas que, lamentablemente, la vida ha llegado al fin puedan irse de la menor manera posible y, obviamente, acompañadas de sus seres queridos para que el dolor sea el menor posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno... Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (telemáticamente, desde fuera de la sede): Gracias, presidente. Señorías, consejero, buenas tardes.

Desde Nueva Canarias entendemos que la ley que regula la aplicación del eutanasia en España ante todo respeta la vida y reverencia el modo en que cada persona decide cumplir sus últimos instantes de vida. Entendemos, además, que igual, o sea, todo el mundo que está en esta sala, todos y todas, estamos a favor de que... o reivindicamos el derecho de una vida digna, pero el derecho a una vida digna inexcusablemente también pasa por el derecho a una muerte digna. Y lo que hace el Servicio Canario de la Salud en Canarias es garantizar la prestación de la ayuda a morir y, además, poner al alcance de las personas que así lo deciden todos los instrumentos adecuados y necesarios para hacerlo.

No se trata de tolerancia ante la muerte, de lo que se trata es de respeto y solidaridad hacia el derecho a enfrentarse dignamente a la muerte, además, confrontándolo a una pésima calidad de vida, que es lo que les espera. Y, desde luego, entendemos que es muy triste que en pleno siglo XXI haya personas que sigan enfrentándose al final de su vida, y en contra, además, de su voluntad, a padecimientos insufribles y a dolores inhumanos, pero da la impresión, en algunos casos o algunas personas, que contraer una enfermedad terminal degenerativa es un delito y que la condena que se les aplica es enfrentarse, estos y estas enfermas, a un final cruel y doloroso, desprovisto de toda integridad y de toda dignidad, y eso, desde luego, entendemos que no es justo, que hay que romper el tabú de la muerte y que es preciso secularizar la eutanasia. No es una cuestión, esta no es una cuestión de creencias, no es una cuestión de religión.

No olvidemos que la eutanasia no es un deber, la eutanasia no se aplica a nadie que no lo quiera, a nadie que no lo haya pedido, y para mayor garantía, porque esta ley es muy muy garantista, quien lo solicita debe dejar claramente especificado que la decisión no es resultado de ninguna presión externa. Es tan garantista la ley que tras un año de vigencia pudiera -entiendo- ser interesante evaluar cómo funciona el procedimiento, si es necesario implementar mejoras y si es procedente eliminar cargas burocráticas o trámites farragosos para quien decide morir y también, por supuesto, para su familia.

Y, dicho esto, mencionar, consejero, que son pocas las comunidades autónomas que publican los datos de eutanasia -desde junio pasado que la ley entró en vigor- y Canarias desde luego es una de las que no lo publica o por lo menos yo no los he encontrado. En su intervención usted hoy nos ha dado la información, pero yo también le pediría que nos comentara por qué no se publica esta información. Y, además, me gustaría saber cuál es el tiempo medio que transcurre entre la presentación de la solicitud y la materialización del suicidio asistido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Continuamos con el turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ponce.

El señor PONCE GONZÁLEZ: ... presidente.

Señora Del Río, yo, desde el Partido Popular, sinceramente, con la que nos está cayendo con la pandemia del COVID, yo entiendo que esto de traer lo de la eutanasia aquí a este Parlamento, bueno, pues es más un poco el manual de su partido político.

Esta es una ley que ha nacido sin consenso. Como médico usted entenderá que los médicos lo que queremos es intentar que la gente viva lo máximo posible, y como médico también le digo, y desde el Partido Popular, que preferimos salvar vidas y quedarnos más con la vida -por supuesto, vida digna-, frente a hablar de la muerte.

Mire, esto no es un debate que está en la calle. El debate que está en la calle ahora mismo es que se tardan diez días para que den cita para un médico de familia, o el debate que está en la calle ahora mismo son los pacientes que están hacinados en los pasillos de urgencias, ¿de acuerdo?, porque no hay camas en las plantas, en donde su consejería tiene que ponerse a trabajar para conseguir camas y que esos pacientes no estén en los pasillos de urgencias.

En ese sentido, en Canarias hacen falta 8500 plazas. ¿Usted ha oído al diputado del común, que dijo que cada día mueren nueve personas esperando por la dependencia? ¿Usted cree que con esos datos hay que traer aquí, para hablar de la eutanasia? Se ha hablado de 18 pacientes, ¿de acuerdo?, 18 pacientes. A la semana están muriendo 10-12 pacientes por COVID.

Mire, los médicos estamos acostumbrados a la muerte digna de nuestros pacientes, señora Del Río, sí, hacemos sedaciones paliativas en los momentos finales. Estamos muy acostumbrados, señora Del Río. Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Esto, de verdad, sinceramente, yo lo veo... Mire, en España solo se dispone de 0,6 servicios de paliativos por cada 100 000 habitantes. Hay 60 000 personas que no pueden acceder a los cuidados paliativos. Usted no ha mencionado eso, el señor consejero sí habló sobre ese tema. Si los cuidados paliativos fueran más potentes en nuestro país, yo le digo a usted, lo dicen los expertos, que la eutanasia sería anecdótica. Mire, no hay consenso ni del consejo general del colegio de médicos, no hay consenso de la Asociación Española de Derecho Sanitario, no hay consenso del Comité de Bioética español, y no hay consenso. Mire, le voy a dar las palabras de Marco Gómez Sancho, ¿ustedes conocen a Marco Gómez Sancho?, un referente de los paliativos. Y Marco Gómez Sancho decía: ya existe el derecho del paciente a renunciar a un determinado tratamiento y al deber del médico de paliar el dolor y el sufrimiento utilizando la sedación, sin embargo, entendemos que legalizar la eutanasia -escuche, señora Del Río-, como se ha hecho, va a generar una herida social difícil de reparar, porque se traspasa una línea roja que, lejos de suponer un progreso social, lanza un mensaje que puede acabar chantajeando a los más vulnerables.

Y, señora Del Río, para terminar.

Le ruego, por favor... (dirigiéndose a la Presidencia de la Cámara).

Les ha... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), a imponer esto en medio de una pandemia, con más de 100 000 muertos, se ha impuesto. Y esto, si Dios quiere y hay un cambio de Gobierno, habrá que revisarlo, señora Del Río. Y se lo digo desde el Partido Popular.

Le quiero insistir en una última cosa. El derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. Usted el otro día en la Comisión de Sanidad llegó a comentar que, con respecto al aborto, había que valorar si los médicos eran partidarios o no de hacer el aborto. Señora Del Río, se lo voy a dejar muy claro: no van a marcar a los profesionales...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ponce.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista, señor Díaz-Estébanez.

Silencio, señorías, por favor.

El señor DÍAZ-ESTÉBANEZ LEÓN: Gracias, señor presidente.

Mire, señor consejero, yo no voy a entrar demasiado en el debate de fondo sobre la eutanasia. Primero, porque no creo que se trate, sinceramente, de un debate social prioritario en este momento, más bien encaja bastante bien en la habitual maniobra de distracción ideológica en la que algunos se mueven con tanta soltura. Pero sobre todo porque usted sabe perfectamente -y la peticionaria también- que este debate no corresponde aquí, ni en este foro, ni en este formato; corresponde a las Cortes Generales, y ya se han pronunciado. Se han pronunciado en nombre de todos los ciudadanos. Aquí lo que cabe es cumplir y respetar la ley, todas las leyes y para todos los ciudadanos, incluida la objeción de conciencia de los profesionales, y lo que le corresponde a la Administración es hacerlo cumplir, nada más, y nada menos.

A partir de ahí parece mucho más interesante y menos interesado señalar en esta comparecencia lo que supone, a mi modo de ver, un hito más en esa estrategia cada vez más clara, que ya le anuncié en algún pleno anterior, de desmarque identitario por parte de algunos socios de gobierno. Es decir, entramos en el último año de legislatura, los socios saben que es muy difícil crecer en su mercado electoral, pero es absolutamente imposible crecer todos al mismo tiempo. Y, claro, así se producen escaramuzas para competir internamente por el mismo nicho electoral. Y eso, claro, pone en peligro el delicadísimo ecosistema político actual. Si alguno deja de ser numéricamente necesario, imprescindible, sabe que será devorado como los hijos de Saturno por quien sí lo soporte, y así se entiende mejor esta iniciativa parlamentaria, que tiene como verdadero objetivo marcar el paso, marcar el rumbo, marcar el ritmo a otras consejerías que no sean las del propio partido, más a los socios que a los propios. Y una de sus preferidas, por supuesto, es, por su carga ideológica y social, la de Sanidad, como ya vimos en el pleno pasado respecto a la supuesta privatización de los servicios sanitarios, o el modelo turístico que ha sucedido en la Consejería de Turismo, ahí tengo que reconocer que se lo está poniendo bastante fácil, con meteduras de pata como el proyecto desarrollista de El Puertito de Adeje, en Tenerife. En otras no, en Educación, por ejemplo, como tiene la república independiente de su casa, que es la Viceconsejería de Cultura, allí no se meten demasiado, porque entre bomberos no pisamos la manguera.

Pero mientras el presidente Torres o el Partido Socialista, como hemos visto en la intervención anterior, se esfuerzan en salvar a la soldado Ryan, que es la consejera de Servicios Sociales, con comparecencias verdaderamente esperpénticas, donde ha habido una feroz competencia para ver quién hacía más halagos y justificaciones de su propia consejería y atacar a la oposición, pues resulta que el pago de Podemos al PSOE es intentar darle un castañazo. Pero, bueno, no hablaré ahora de otro tipo de escaramuzas internas, que está en la mente de todos y que puede tener consecuencias mucho más graves que afectan específicamente a Sanidad.

Pero, claro, volviendo a lo que sí nos importa de este tema, primero, quiero que no se olviden los cuidados paliativos, alguno lo ha mencionado y me alegro, señor consejero, que usted también lo haya hecho, no, en cambio, la peticionaria. Si me permite treinta segundos más, presidente... (La Presidencia le concede un tiempo adicional).

Me alegro de que por lo menos usted haya mencionado los cuidados paliativos, pero, si bien son las Cortes Generales a quien corresponde, legítimamente, legislar y tomar decisiones sobre este tema, sin que haya diferencias entre los derechos de los ciudadanos de ninguna de las comunidades autónomas, es a usted, a su departamento, al servicio canario de salud, a quien corresponde garantizar los medios económicos, materiales y humanos en el cumplimiento de la ley y la defensa de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, sin convertirlo en un campo de batalla ideológico donde algunos se mueven con tanta soltura.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora González.

La señora GONZÁLEZ VEGA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Señor consejero, señoras consejeras, yo sí voy a hablar de la eutanasia, porque basta que la oposición no quiera hablar de ese tema para demostrar que algo bueno estamos haciendo desde el Gobierno, porque ellos no quieren ni tocar el tema.

Señorías, el 24 de marzo de 2021 fue un día importante para nuestro país porque las españolas y los españoles logramos alcanzar, por fin, un nuevo derecho, el derecho a morir con dignidad. Ese día se aprobaba en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia promovida por el Partido Socialista, con el respaldo de más de un millón de firmas de familiares de personas que habían pedido ayuda para morir. Lamentablemente, a pesar del elevado consenso que hay a favor de la eutanasia y de la gran demanda que existe por la mayoría de la ciudadanía, la ley fue rechazada por el Partido Popular y por Vox, como han vuelto a demostrar aquí hoy. Una vez más, la derecha se opone a la regulación de un derecho, como ya hicieron con el divorcio, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros derechos que hemos logrado en este país.

La eutanasia es para que quienes sufran una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante puedan solicitar ayuda para morir. Estamos hablando de casos en los que ya no existen posibilidades de cura de la enfermedad y que suponen un gran sufrimiento físico o psíquico para las personas que la padecen y que, además, ven lesionadas su dignidad, su intimidad y la posibilidad de desarrollar su vida con autonomía.

Por eso era necesario establecer un nuevo derecho y regular el procedimiento para que se haga efectivo y se pueda recibir la ayuda en condiciones de universalidad, equidad y calidad, tal y como ha hecho el Gobierno de Canarias desde el primer momento. Desde la aprobación de esta ley, Canarias ha desarrollado acciones, como acaba de comentar el señor consejero, con la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación de la prestación de ayuda para morir, el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia y la elaboración de una guía para asegurar la calidad de la prestación, entre otras... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), entre otras documentaciones y otras acciones, como ha comentado el señor consejero.

Señorías, desde el Grupo Socialista consideramos que para vivir con dignidad debemos poder morir con dignidad. Por eso celebramos que desde el pasado año el Gobierno de pacto de las flores esté garantizando el derecho a la eutanasia para poder ahorrar mucho sufrimiento a muchas personas en Canarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, proponente.

Adelante.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Muchas gracias.

Bueno, la próxima vez les pediré permiso a los señores de Coalición Canaria para ver sobre qué puedo pedir o no una comparecencia. Es que me hace una gracia... Quien no tiene nada que decir sobre la eutanasia, como bien ha demostrado, ni sobre el derecho a la muerte digna, porque se ha hecho un mitin hablando de otras cosas y en los últimos segundos pide un poco más de tiempo para decir algo, es el señor Estébanez, pero, bueno, (palmoteos desde los escaños), ese es su problema.

Al señor Ponce lo entiendo, ya dijo lo mismo el año pasado cuando hicimos una comparecencia para hablar de la manifestación anticipada de voluntad y también usted sacó el mismo discurso, que yo lo entiendo, habló de la COVID... Mire, yo cuando necesite un médico para curarme iré a usted, pero cuando yo necesite, porque esté mal, un médico para morir, no cuente conmigo, que yo, por supuesto, no le llamaré, ni a ninguno de los que piensan como usted, lo tengan claro.

Pero, miren, ¿por qué hacemos esta comparecencia? Porque las leyes se aplican en las comunidades autónomas, y en Canarias se está aplicando esta ley y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Es increíble, o sea, todas las leyes de ámbito estatal..., la de la dependencia es de ámbito estatal, ¿por qué preguntan por la dependencia?, ¿por qué preguntan, si es de ámbito estatal? No hay que hablar de las leyes estatales aquí. Vamos, un poquito más de seriedad.

Miren, de lo que no quiero que pase, y voy a contar, voy a leer un texto de un caso que ha pasado en Andalucía pero que podría pasar aquí, y es lo que no queremos que ocurra y lo vamos a poner de manifiesto, porque es muy importante de las asociaciones como DMD -derecho a una muerte digna-, que, por cierto, dicen que no hay demanda, el 18 de mayo llenó en Lanzarote una conferencia organizada por un grupo de mujeres empresarias que no eran ni de izquierdas ni de tal, ni de tal, pero lo hicieron, porque el derecho a la muerte digna no es ni de izquierdas ni de derechas; habrá muchos señores y señoras del PP, como con el matrimonio homosexual, que después pidan la eutanasia, como se han casado (palmoteos desde los escaños). Pero, en fin, llegará gracias a que seguimos luchando. ¿Y esto es ideología? Por supuesto que sí, la que tenemos, la de los derechos.

Voy a leerles la carta -y, además, primero eso, el reconocimiento al apoyo de DMD, en este caso, de Andalucía-. Nos cuenta una responsable de la asociación: Estrella contacta conmigo nada más entró la ley en vigor, en junio del 2021. Fue una primera toma de contacto donde pudimos comprobar que cumplía todos los requisitos de la ley -diagnóstico: esclerosis múltiple- desde hacía muchos años, totalmente capaz y consciente, conocedora de todos los recursos a su alcance y con respaldo relacional, social, económico y sanitario. En este primer contacto le aconsejé que esperara un poco, que todo estaba muy verde y que no teníamos aún la Comisión de Garantía -en Andalucía no la tuvimos hasta noviembre-, pero que fuera tanteando a su médica de familia. Esta desde el principio le dijo que la acompañaría en el proceso, pero que desconocía todo lo referente a la LORE. Esta médica intentó pedir ayuda en su distrito sanitario durante meses, pero no lo consiguió; toda la información, incluso los distintos formularios y procedimientos burocráticos tuvimos que ir dándoselos desde DMD. Tal es así, que no cogió la solicitud hasta noviembre; primera barrera superada, pero quedaban muchas más: la demora de la segunda solicitud -por cierto, tienen que ser siempre dos-, su inscripción en la historia clínica, etcétera. Pero lo peor faltaba por llegar. Le asignan, todavía no sabemos cómo, una médica consultora -neuróloga-, que la hace ir en camilla a su consulta a una hora de su casa para explorarla, rodeada de dos paliativistas, que se presentan a Estrella como objetores de conciencia, pero que se quedan durante toda la consulta sin su permiso y violentando el proceso. La médico consultora elabora un informe negativo, argumentando, entre otras barbaridades, que no sufre lo suficiente. Desde DMD ayudamos a hacer una reclamación a la Comisión de Garantía, y esta la obliga a pasar por un examen psiquiátrico, es decir, añaden sufrimiento al sufrimiento. Finalmente, pasado un tiempo desde la primera solicitud, la Comisión de Garantía aprueba, en contra de la médica consultora, la solicitud de Estrella de ayuda a morir. Siguen las anomalías: Estrella prefiere hacerlo en el hospital, pero le obligan a decidir entre el día siguiente o ya un mes después. Con mucho trabajo decide cambiar de opción y pide que se haga en casa de una manera menos precipitada, pero la médica responsable no encuentra a nadie que le ayude -ni enfermera, ni otro compañero médico- lo que hace inviable esa opción. Volvemos a la opción del hospital, al día siguiente, y allí se hizo, ante el estupor de la familia que la acompañaba, porque solo dejaban entrar a dos de ellos, y, además, a los que se quedaban fuera les dicen que no pueden mostrar signos de dolor o pena. El marido de Estrella nos decía "era como un aborto clandestino en los años 70". Previamente ni la médica responsable ni nadie del hospital tenían los protocolos de los medicamentos, también tuvimos que ir a buscarlos. Conclusiones de personas que vivieron el proceso de cerca: el problema no es la ley, sino que algunos profesionales están haciendo con... lo que algunos profesionales están haciendo con ella para impedir el ejercicio del derecho a morir; flaco favor le hacen a los cuidados paliativos cuando los utilizan para imponer sus creencias, la negación del sufrimiento es una forma muy cruel de encarnizamiento moral.

Y voy a leer un trozo, que no me va a dar tiempo, de la carta escrita por Estrella, que dijo que la publicaran después de morir, si soy capaz de leerla, porque... porque necesitamos escuchar.

Dice Estrella, "He sido feliz, pero mi amor por la vida ya no encaja con 'esta' vida": "Me llamo Estrella López Álvarez. Desde hace treinta y cuatro años padezco una esclerosis múltiple y hoy, tras cuatro meses de un auténtico calvario de ensañamiento administrativo, habré conseguido hacer realidad mi derecho a dejar de vivir en sufrimiento. Hoy me aplicarán la eutanasia.

He vivido cincuenta y siete años. He sido feliz y me gusta la vida. Quiero a mi marido y adoro a mi hijo. Tengo buena gente a mi alrededor. No me pesa la vida, pero desde un año para acá mi vida ya no es vida. Mi amor por la vida no encaja con 'esta' vida.

Durante muchos años he convivido con mi enfermedad, con rachas mejores y peores. Pero desde hace más de un año, soy incapaz de valerme por mí misma, voy de la cama al sofá, necesito ayuda para las actividades de la vida diaria y no puedo disfrutar de ninguna actividad satisfactoria, como pasear, pintar, leer, escuchar la radio, ver la televisión. Ni siquiera puedo mantener una conversación por teléfono con mis seres queridos. Mi vida se ha convertido en una experiencia de sufrimiento constante e intolerable.

Llevaba más de un año esperando que se aprobara la Ley de Eutanasia y cuando en junio del año pasado entró en vigor tenía la intención de solicitar la ayuda para morir. Tuve que esperar varios meses porque la Junta de Andalucía incumplió los plazos legales para habilitar la prestación efectiva de este derecho, a pesar de estar ya legalmente reconocido. Por fin en noviembre pude presentar la solicitud... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), pude presentar la solicitud, aunque aparentemente nadie de la Administración sabía ni cómo se registraba ni cómo tramitarla. El proceso se inició más o menos normalmente, pero muy pronto empieza a aparecer una serie de...", de problemas, que son los que he contado. Voy a ir al final para que me dé tiempo.

"Para finalizar -dice la carta-, quiero dejar constancia de mi satisfacción como ciudadana por vivir en un país que me reconoce por ley la libertad de decidir sobre mi propia vida en situaciones de sufrimiento extremo. Sin esta ley, seguramente me hubiera visto obligada a tomar una decisión completamente anómala, tal como han tenido que hacer otras personas en el pasado reciente. Pero las leyes necesitan voluntad y medios para aplicarlas. Y en este asunto, se requiere, además, de una especial sensibilidad humana que desgraciadamente ha estado ausente en mi caso, a excepción de mis médicas, la de cabecera y la de paliativos. Paradójicamente, una ley que trataba de paliar el llamado... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), paradójicamente, una ley que trataba de paliar el llamado ensañamiento terapéutico ha acabado enredada en otro tipo de ensañamiento, el ensañamiento administrativo.

Espero que mi testimonio ayude a quienes vengan detrás. Buena suerte.".

De esto estamos hablando, de esto estamos hablando. Y de esto que estamos hablando es lo que no queremos que nos pase en Canarias, por eso queremos tener, estar muy atentas, todos los cuidados, todas las atenciones, máxima transparencia, por supuesto, los mejores cuidados paliativos del mundo, por supuesto, es que de eso no cabe la menor duda, pero a quien esté sufriendo mucho, como los casos que ya se han dado en Canarias -que ya tenemos los datos porque los ha dado usted-, que necesiten, que deseen porque no pueden resistir más el dolor, démosle lo que está reconocido en la ley, en Canarias también, con agilidad.

Y, por supuesto que respeto la objeción de conciencia, pero un derecho no puede conculcar otro derecho, y lo digo en el aborto y lo digo con la eutanasia. Me parece que es solamente el 13 % de los médicos los que se han declarado objetores, pero espero que haya los suficientes para que se pueda...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Río.

Señor consejero.

Adelante.

El señor CONSEJERO DE SANIDAD (Trujillo Oramas): Gracias, presidente.

Alguna réplica, réplica-contestación. La propia ley establece, y les invito a que la lean con detenimiento, unos trámites que, garantizando todo lo que tienen que garantizar ante una decisión como la que estamos esta tarde comentando, tiene los trámites más ágiles y marcados que difícilmente podemos ver en un texto legal: desde cinco días a diez con respecto al médico responsable, a veinte a la Comisión de Garantía, el silencio sobre la marcha si no se responde en veinte días. Es decir, la agilidad de estos procedimientos está marcada por la propia norma, y si vemos el resultado de las solicitudes que nos han entrado, pues, evidentemente, se han tramitado acorde con esos plazos que han estado marcando.

La denegación por escrito, por cierto, para que tengan también claro que había aquí alguna reflexión, tiene que ser, la denegación tiene que ser por escrito y motivada; aquí no cabe por parte del médico responsable y, evidentemente, luego la Comisión de Garantía la podrá corroborar o no. Pero todo, como les decía en la frase aquella primera, esto es un procedimiento tremendamente garantista.

El registro de los profesionales que, digamos, objetan, evidentemente no es público, por lo tanto, no se puede estar pidiendo, digamos, datos con relación a este asunto.

Y sin querer polemizar, porque a mí no me gustan las polémicas a veces con temas de estos, que, como comentaba algún ponente, ya, digamos, la discusión se generó en el ámbito propio de lo que es la generación de este debate. Yo recuerdo perfectamente este debate allá por el año 1991, cuando en el Grupo Socialista, además, teníamos probablemente a la mayor autoridad que había en España en esa materia, que era el doctor Marcelo Palacios.

Y sin entrar en esa materia, pero, vamos a ver, no se puede hablar de que -y ahora entraré en ese tema porque me parece muy importante, lo del tema de los cuidados paliativos, porque la ley garantista hace tremenda referencia a eso, y ahora lo comentaré-, pero no se puede hablar de escasez de medios, de "esa es la vía". Tres veces se han intentado discutir esa ley en el Congreso de los Diputados y tres veces el Partido Popular no aceptó su tramitación, la bloqueó. Exactamente igual que si hablamos de recortes, y saben que ese es más mi mundo, del mundo económico, 12 500 millones de euros en materia sanitaria o 4600 en materia de dependencia. Entonces, no se puede uno colgar luego de que faltan recursos o esto, porque venimos de una época tremenda con relación a dotar recursos al ámbito público.

Pero, como les decía, la ley tiene una conexión clara, clarísima, con los cuidados paliativos. Esto no es una cosa de blanco, negro, estamos como si fuera una especie de decisión entre... No, no. Esto es un tránsito tremendamente complicado, de una complejidad extraordinaria y por eso la ley señala con claridad que las personas que desean la prestación de la ayuda a morir reciban información sobre los cuidados paliativos para completar su toma de decisiones. Está contemplado que las personas que solicitan la ayuda a morir dispongan de una consulta urgente en las unidades de cuidados paliativos. En dicha consulta se valora la situación de sufrimiento de la persona y se le explicarán las posibilidades de alivio, y, además, todo esto con el arrope de lo que es todo su entorno familiar, social, etcétera.

En el inicio de la pandemia tuvimos que tomar muchas decisiones con relación a atender adecuadamente en materia de cuidados paliativos a las personas que estaban bajo estos tratamientos y darles las recomendaciones oportunas. Preguntaban, con respecto a las islas menores, si esto, esta prestación, está en el conjunto del archipiélago. Pero, además, con respecto a los cuidados paliativos, en estos momentos nosotros tenemos una unidad de hospitalización de cuidados paliativos en cada isla y Gran Canaria tiene dos unidades de hospitalización. Las unidades disponen de consultas externas para la atención ambulatoria y de médicos que atienden a los pacientes ingresados. Las unidades de atención domiciliaria están en todas las islas excepto en Tenerife, que tiene un modelo organizativo distinto que se basa en los equipos de atención primaria. Y, por cierto, no tenemos ninguna información de expediente de conflicto de pacientes y familiares con los profesionales de las unidades de cuidados paliativos con relación a la aplicación o la información de la eutanasia.

A mí me gustaría terminar esta reflexión con algunas..., con dos..., o esta intervención con dos reflexiones.

Estamos en un debate en el que confluyen diferentes causas, como la creciente prolongación de la esperanza de vida, con el consiguiente retraso en la edad a morir, en condiciones no pocas veces de importante deterioro físico y psíquico; el incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas sin lograr la curación o una mejora significativa de la calidad de vida; la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas, o el reconocimiento de la autonomía de la persona, también en el ámbito sanitario, entre otros factores.

Lo cierto es que más allá de las legítimas diferencias de opinión, la legalización y la regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales, que son el basamento de los derechos de las personas y así son recogidos en nuestra Constitución española: de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y, de otro, bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad, la libertad y la autonomía de voluntad.

Estamos realizando un esfuerzo muy notorio para aplicar una ley en un plazo tremendamente corto, y les aseguro que seguiremos trabajando para que este nuevo derecho esté debidamente incluido en la cartera de servicios como una prestación más.

Gracias.

(La señora vicepresidenta segunda, Dávila Mamely, ocupa un escaño en la sala).