Diario de Sesiones 139, de fecha 10/10/2022
Punto 16

10L/PO/P-2856 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE AVANCES PRODUCIDOS EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS DE SALUD PÚBLICA, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (González González): Siguiente pregunta del señor diputado don Marcos Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre avances producidos en las condiciones laborales de los empleados de salud pública, dirigida al consejero de Sanidad, tiene la palabra, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN (desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señor Trujillo, le faltó, además, recordar que en tiempo récord se ha hecho una inversión para un hospital polifacético en Lanzarote y, como bien decían, los únicos recursos puestos tanto en los años anteriores como en esta etapa ha sido precisamente en esa última, tanto por la hemodinámica como para el búnker radioterápico.

Una vez dicho eso, porque hay a veces que recordarlo para que no vuelvan a usarlo como arma arrojadiza, la diferencia es una cuantía importante de millones de euros con respecto a cero euros. La diferencia es bastante evidente.

Entrando en la pregunta que quería plantearle, señor consejero, en este caso, basado en los inspectores de salud pública, y es verdad que la Constitución española, dentro de los principios rectores de la política tanto social y económica, reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

A su vez, en su artículo 51 se establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de consumidores y usuarios, protegiéndolos mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los usuarios.

Los inspectores de Sanidad tienen atribuidas varias funciones, pero, sin duda, la de analizar las condiciones de seguridad y de salud en el entorno laboral es una de las más destacables, prestando en este servicio de asesoramiento y orientación el empresario para reducir los riesgos.

Por supuesto que, unido a esto, también investiga los accidentes que ocurren en el trabajo y hacen también cumplir las leyes de salud y seguridad en el trabajo, pero también nos garantizan que una vez, cuando queramos ir a una playa dispongamos de un agua de calidad, porque en este caso velan para que se cumplan los parámetros de seguridad de las mismas. En definitiva, todo funciones muy acorde a la protección de la salud pública como bien a proteger.

A lo largo de la legislatura pasada, fueron varios los encuentros que mantuve precisamente con los representantes de los inspectores de Salud Pública. En este encuentro nos dan a conocer una serie de deficiencias que venían arrastrando desde hacía muchísimo tiempo y que consideraban que eran cuestiones que afectaban al buen desarrollo de las funciones profesionales. De ahí, señor consejero, que me gustaría saber, a sabiendas que ha estado reunido con ustedes, qué... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (González González): Consejero.

El señor CONSEJERO DE SANIDAD (Trujillo Oramas): Presidenta, gracias, señorías.

Recuerdo la primera vez que intervine en la comisión, en este Parlamento, un parlamentario me advirtió que no me iban a dar cien días de gracia para la gestión de las cosas. Evidentemente, en aquel momento no teníamos ni medio minuto, metidos en la pandemia, ¿no? Y aquí hablamos permanentemente de problemas, situaciones, injusticias, agravios, que muchos de ellos vienen de más de veinte años, quiero decir, con la estabilidad. Este es uno que viene del 2018.

En el 2018 el Gobierno acuerda toda una política de, con relación a los recursos humanos y con relación, en concreto, a los puestos de trabajo y los complementos de destino y complementos específicos, pues colocan en el grupo A1 y en el máximo nivel a todas las inspecciones menos a las inspecciones de Sanidad. No es el único problema que tiene la salud pública, ojalá el personal de Salud Pública se circunscribiera a ese problema y esperemos que antes de que termine la legislatura podamos tener otro panorama en ese campo. Pero esta semana pasada nosotros tenemos 125 inspectores de Salud Pública que tienen funciones tan importantes como la seguridad alimentaria, la vigilancia epidemiológica, la sanidad ambiental, etcétera, etcétera. Sin embargo, como digo, ellos están no equiparados al resto de los inspectores, con lo que se produce evidentemente una clara discriminación y el consiguiente, digamos, malestar a la hora de desempeñar su función.

Igual situación nos ocurre con el resto de los inspectores, porque no tenemos esos inspectores solo, tenemos inspectores de centros, servicios, establecimientos sanitarios, inspectores de farmacia, inspectores de salud laboral, inspectores de incapacidad temporal, etcétera, etcétera, todos exactamente en la misma situación discriminatoria.

Pues bueno, hemos modificado ese acuerdo del año 2018 y he ahí que todos estos inspectores se incorporan al grupo A1, como el resto de los inspectores de la Administración autonómica y, por lo tanto, van a acceder a unos complementos de destino y específicos acordes con las funciones que realizan y evidentemente homogéneos y homologables al resto de los inspectores, situación que no era para nada razonable.