Diario de Sesiones 150, de fecha 12/12/2022
Punto 30

10L/C/P-1166 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, SOBRE EL CASO MASCARILLAS Y OTROS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL SANITARIO, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la siguiente comparecencia, señorías, en este caso del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre el caso Mascarillas y otros contratos suscrito para la compra de material sanitario, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Enseñat, perdón, el señor... Silencio, señorías, por favor.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón.

Silencio, señorías.

Gracias.

Don Carlos Ester tiene la palabra.

Silencio, señorías.

Gracias.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

El Grupo Parlamentario Popular ha decidido presentar esta comparecencia con el fin de dar luz y analizar la responsabilidad política inherente a la gestión en la contratación, por parte del Servicio Canario de Salud y del Comité de Emergencia Sanitaria de Canarias, de todo el material que se adquirió durante la pandemia del COVID-19 y de la cual ha derivado una causa judicial denominada el caso Mascarillas, donde se investigan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Esto evidentemente está sumido en un proceso judicial y nosotros, evidentemente, máximo respeto, y ahora... (ininteligible) autoridades europeas a los trabajos judiciales. Pero lo que no vamos a dejar pasar, señor consejero, son las responsabilidades políticas en este ámbito y la nefasta gestión y oscurantismo que ha habido detrás de todo este entramado. Y se lo pedimos a usted, señor Pérez, porque fue mientras que usted ostentaba las competencias de sanidad en el Gobierno de Canarias cuando ocurrieron estos hechos. Por eso esperamos que hoy usted dé las explicaciones pertinentes a esta Cámara y ante la ciudadanía, como he dicho, para dar luz a este caso. (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Dávila Mamely).

El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario presentamos hace poco una solicitud también de comisión de investigación. En el cual los grupos que apoyaban al Gobierno se negaron incluso a debatir en esta Cámara la idoneidad de esa creación. Le hemos preguntado incluso por activa y pasiva al presidente del Gobierno de Canarias, y siempre ha escondido la cabeza como un avestruz, eludiendo toda respuesta al respecto. Esto es un claro, señor consejero, tengo que decirlo, un acto claro de cobardía política sin parangón. Porque bien hizo el señor presidente del Gobierno, cuando ocurrieron casos de menor índole en otras comunidades autónomas, salió a exigir responsabilidades, como en este caso en el periódico donde pone que el presidente Torres exige al Partido Popular que explique casos con luz y taquígrafos, y que se asuman diferentes responsabilidades. Pues es lo que hoy venimos nosotros a pedir aquí. Luz y taquígrafos ante este caso y que no haya doble vara de medir, como hizo el señor presidente del Gobierno.

Por lo tanto, queremos saber que este hecho, que ha generado un gran debate en la sociedad, queremos saber evidentemente qué explicación pública hoy nos tiene que dar usted al respecto. Porque no se puede permitir, ni dejar pasar por alto, que queden todavía dudas sobre este caso.

Tenemos que advertir que evidentemente el Grupo Parlamentario Popular era consciente que había que tomarse decisiones, en una pandemia, de urgencia y de carácter extraordinario, como el COVID-19. Pero evidentemente todo no vale, porque tiene que haber también un control en la acción y en la adjudicación de los diferentes contratos. Y máxime cuando hay un informe de la Audiencia de Cuentas, o un proyecto de informe porque todavía no está aprobado. Y no sé si usted sabe que no está aprobado aún. Y que encima ya ha salido en prensa que por parte de auditores, además nombrados en su momento propuestos por el Partido Socialista y por Nueva Canarias, no sé si usted sabe algo al respecto o se le dio alguna orden al respecto para que no se aprobase ese informe. Pero sí me gustaría también que nos aclarase este tema. Pues este borrador este informe evidentemente presentaba una serie de anomalías que requieren una respuesta inmediata.

Entre ellas que se superaban los límites establecidos de las normativas de gasto. Me gustaría saber por qué.

También estamos hablando de que en batas, guantes, escobillones, mascarillas y test se gastaron casi 14 millones de euros sin rendir absolutamente cuentas a nadie.

También dentro de este epígrafe se destacó que hubo cuatro millones de gasto a través de una empresa, RR7, sin ninguna relación con el sector sanitario y donde se pagaron y no se recibió ninguna mascarilla al respecto. Por lo tanto, ese es el caso que hoy nos incumbe y que también queremos saber.

Y queremos saber varias respuestas y preguntas que hemos hecho en numerosas ocasiones, y que se han hecho no solamente en los medios de comunicación sino también en este Parlamento, señor Pérez.

Por ejemplo, ¿qué miembro del Gobierno, y usted era el máximo también responsable en sanidad, hace intermediario con la empresa RR7?

¿El Comité de Gestión, que presidió Ángel Víctor Torres y dos consejeros del Gobierno, tenía conocimiento de las presuntas irregularidades que se reflejaban en el informe de la audiencia?

¿El dimitido cesado Conrado Domínguez, coordinador en aquel momento del Comité de Gestión, tenía competencias para dar órdenes al Servicio Canario de Salud? ¿Y si no las tenía, quién se las autorizó?

¿Por qué se adjudicaron 18 millones de euros a empresas que no tenían nada que ver con el sector para la compraventa de material sanitario?

¿O, por ejemplo, quién avala que una empresa dedicada a otros sectores distintos del sanitario reuniese las condiciones para comercializar ese material sanitario?

Esas y muchísimas otras preguntas que quedaron sin resolver, señor Pérez, y por lo tanto queremos que usted hoy dé respuesta a esto. Porque entendemos que son tantas las sombras que hay en este caso y... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) que quien debería dar respuesta realmente, y hoy lo han dejado solo los miembros del Gobierno, debería ser el presidente Ángel Víctor Torres, el cual se ha escondido hoy y se sigue escondiendo o detrás de todos ustedes y elude la respuesta.

Lo único que le podemos decir es que lo único que hemos conseguido hasta el día de hoy son evasivas, silencio, contradicciones, incluso alguna que otra mentira que les hemos pillado. Y evidentemente lo único que pretendemos es dar luz a este caso y saber dónde están los cuatro millones de euros y por qué ustedes los pagaron sin recibir absolutamente nada a cambio y no han exigido su devolución.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor diputado.

Turno para el Gobierno. Señor consejero.

Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Con permiso, presidenta, muchas gracias por su intervención, señor diputado, trataré de hacer unas explicaciones generales, en la medida de lo posible, luego explicaré a qué me refiero, aunque usted ha hecho ya alguna insinuación, y hablar de... no solo del caso Mascarillas, como dice usted, sino del conjunto de la contratación, por lo que ustedes se interesan.

Pero, por no dejar de decirlo, lo que llama usted "informe no aprobado" es un informe rechazado. No, no aprobado es rechazado. La Audiencia de Cuentas reunió al pleno, lo reunió varias veces, reunió al pleno, se reunieron comités técnicos, y el informe que presentó un auditor, al que por cierto se le reprochó, precisamente, que fuera uno y no dos, fue rechazado por mayoría. De manera que ese es un documento, o un papel de trabajo que si quiere usted puede tomar como una opinión personal del señor que lo redactó, que es un auditor.

Usted insinúa una cosa gravísima, yo creo que no se ha dado cuenta de que lo ha dicho, que el Gobierno ha dado órdenes, luego (ininteligible) en el Diario de Sesiones o en la grabación, a los auditores de un órgano independiente para que no votaran ese informe. Es tan grave como si yo le dijera que el autor de ese borrador... lo abrevia la Audiencia de Cuentas como BPI, borrador de proyecto de informe, es tan grave como si yo le dijera que el que firma ese borrador del proyecto de informe, que estuvo sentado donde está usted durante ocho años, y que fue un militante activo y conocido del Partido Popular, lo hizo porque tiene alguna relación, hizo esa borrador de proyecto de informe por su condición de miembro del Partido Popular o porque es amigo de ustedes. Pero yo creo que no, que fue la opinión que él expresó. Lo que ocurre es como es una opinión que no era fundada no fue aprobado.

No es que lo diga yo, señor Ester, es que el presidente de la Audiencia de Cuentas ha emitido una comunicación a la Consejería de Sanidad en la cual le hace saber que la Audiencia de Cuentas no ha tomado ninguna decisión y que, por tanto, no puede decirse que exista un informe de la Audiencia de Cuentas. Si quiere luego le envío la comunicación explícita.

Por tanto, eso es una opinión particular del señor que lo firma, que fue no aprobado, por lo tanto, rechazado. A partir de ahí lo que usted quiera. Puestos a poner opiniones particulares, señor Ester, le invito a que conozca también la del presidente de la Audiencia de Cuentas, que igual que el otro señor dijo las cosas que dice, dijo que él, probablemente o posiblemente, puesto en la situación en la que se encontraba el Gobierno, hubiera hecho lo mismo. Si quiere se lo envío también. Pero eso no es, probablemente, lo importante, lo importante son los hechos y no las opiniones.

Esta primera observación, y lamento haber gastado demasiado tiempo en ella, tengo que hacerla para, a continuación, hacerle otra. Ha formulado usted una serie de preguntas concretas que yo, quizá, podría contestarle. Ningún miembro del Gobierno... esa se la voy a contestar arriesgándome a lo que sea. Ningún miembro del Gobierno, como usted ha preguntado, tuvo ningún contacto con ninguno de los adjudicatarios de los contratos de mascarillas o de ningún otro suministro. Pero el resto de las preguntas que usted ha formulado son, justamente, el objeto de la investigación judicial, investigación judicial que no solo hay que respetar porque existe sino que hay que respetar porque es secreta. Entonces, yo no le puedo contestar.

La verdad es que tampoco le puedo contestar porque no sé mucho, porque, como le digo, se desenvolvió toda la tramitación en un ámbito ajeno a los miembros del Gobierno por los que usted ha preguntado. Yo comprendo que a lo mejor para usted sería más bueno que apareciera un miembro del Gobierno con un WhatsApp o con un mensaje o con una comunicación, pero resulta que no lo hay.

El resto de las preguntas que usted hace no se las puedo contestar por dos motivos: porque si supiera el contenido, algunas lo sé, no se lo podría contestar y porque en otras es que realmente no lo conozco.

Es innegable que el asunto RR United, el asunto de los 4 millones de mascarillas es una anomalía muy grave y que el Gobierno debe procurar, ha dicho usted también, lo miraremos luego, que el Gobierno no ha hecho nada para recuperarlos. Comprendo, la tribuna invita a decir lo que a uno se le ocurra, pero eso vuelve a ser otra afirmación equivocada. El Gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer para recuperarlo.

Pero, siendo una cosa muy grave, que produce indignación, que mueve a repulsa y a condena, siendo una anomalía, permítame que le diga, sin quitarle importancia, que es también una excepción si se compara con el conjunto de contratos de suministro que se hicieron durante la pandemia y si se compara con el valor de los contratos. Conocida la anomalía, el Gobierno y la Administración hicieron lo que tenían que hacer, reclamarlo primero en vía administrativa y luego personarse como parte acusadora, como parte reclamante, de la cantidad de dinero que ha acreditado en el proceso judicial que se sigue ahora en la fiscalía europea. Y además de conocida, y además de actuar en los tribunales y en la agencia tributaria, cuando usted dice que el presidente se ha escondido y que el Gobierno no ha dado ninguna explicación, me permitirá que le recuerde que el Gobierno ha hecho 22 intervenciones parlamentarias, que si quiere luego también puedo detallárselas, 6 comparecencias entre pleno y comisión, preguntas con respuesta oral, preguntas con respuesta escrita, solicitudes de documentación, me parece que la única que está pendiente es una -justamente suya- que ha formulado hace unos días. De resto, hasta 22, han sido todas, dígame entonces dónde se ha ocultado o dónde se ha producido esa cobardía que usted dice.

Quizá haya gastado mucho tiempo en decirle... en decirle estos comentarios generales y no en darle datos, pero no me gustaría acabar la primera intervención sin darles los datos, sin facilitar a la Cámara los datos con los cuales creo que se puede sustentar mi afirmación de que, siendo una anomalía gravísima es una excepción. Si quiere los datos los puede usar, algunos de ellos, de ese que usted llama proyecto de informe, y que yo le digo que es un documento privado -señora presidenta, no sé si podré usar unos minutos más-.

Si no fuera porque esto una cosa muy seria tendría... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia concede un tiempo adicional) y de decirle "don Carlos, diga usted un número, uno que se le ocurra, del 1 al 100 000". Los contratos por emergencia, por emergencia, fueron los que se hicieron por emergencia, anticipando como dice usted a justificar, fueron 14, por un importe de 20 millones de euros. Los contratos que no se hicieron a justificar sino que se pagaron después de haber recibido los suministros, fueron 3579 durante el año 2020, 3579 más 14. Y los expedientes de emergencia, que no fueron de suministros, que fueron de obras o de otras características, fueron 238, 11 millones de euros. Por tanto, casi cuatro mil expedientes de contratación, que hay uno en donde aparece una responsabilidad individual, que por fortuna está siendo exigida... (se produce un segundo corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo) -presidenta-.

Con esos expedientes y otros se gastaron 500 millones de euros, en gastos de COVID, en el año 2020, por distintas consejerías, solo Sanidad 238, si en 238 uno resultó incorrecto probablemente, probablemente debamos hablar de una excepción, como le digo, y no de la regla por una conducta habitual, como usted me parece que pretende concluir. No fue ese el comportamiento habitual, esto una excepción que por fortuna las autoridades judiciales están investigando y a ellas presta el Gobierno toda su colaboración.

Espero tener oportunidad de contestar algo más en la segunda intervención.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor consejero.

Turno para el Grupo Mixto, señor Fdez. de la Puente.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero.

Desde Ciudadanos hemos defendido que ante todo y sobre todo quienes ejerzan la actividad pública deben ser éticamente intachables, y tengo la certeza de que usted coincide con este planteamiento.

En todo caso, en el caso que hoy nos atañe y cuando se investigan presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, lo primordial es que la justicia haga su labor, fiscalice, esclarezca y depure todas las responsabilidades legales que en su caso hubiere.

Estamos ante un proceso, un procedimiento penal, que no olvidemos se abrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual apreció graves irregularidades en un expediente con un pago por adelantado de la astronómica cantidad de 4 millones de euros a una empresa sin experiencia en el sector, por una partida de mascarillas que resultaron ser falsas y que fueron interceptadas y destruidas por Aduanas.

La situación se torna más compleja aún cuando la causa dio un giro el pasado mes de noviembre en el momento en que la Fiscalía europea dictó un auto en el que le pedían asumir la instrucción al sospechar que ese contrato de emergencia fue financiado o era financiado con fondos comunitarios y que por ello pudo perjudicar los intereses de la Unión Europea, ejerciendo el denominado derecho de avocación y solicitó al juez instructor que le traspasase las diligencias.

Llegados a este punto... (ininteligible) el Gobierno de Canarias aportó recientemente un informe de la Intervención General que concluía que los 4 millones de euros de ese contrato de emergencia se sufragaron íntegramente con fondos propios, a pesar de que se había incluido como gasto susceptible de ser financiado con cargo al programa comunitario del Feder para el periodo 2014-2020, aún vigente.

De haber sucedido así, la situación se complicaría más aún y las responsabilidades se... (ininteligible) más allá de las dimisiones que se han cobrado el presente caso en las personas de los altos cargos más directamente implicados e implicaría una situación muy delicada para el Gobierno de Canarias.

En el plano político, estamos ante una actuación de gravedad extrema al haberse producido durante la crisis de la COVID-19, cuando la población y la sociedad en general y el personal y los profesionales sanitarios estaban sufriendo los estragos de la pandemia.

Sin entrar a valorar la ilegalidad o no, sí resulta inmoral que en estos momentos tan aciagos hubiera personas queriendo aprovecharse de la situación para buscar el lucro personal, realizando sospechosas operaciones de compra venta de material sanitario de dudosa legalidad, que no fueron suficientemente cuidadas en sus formas desde la Administración pública.

Señor consejero, en aras a la ética se deben hacer públicas y transparentes todas las compras y contrataciones realizadas durante la pandemia que legalmente quedan ahora bajo sospecha, igualmente desde el Gobierno de Canarias se deben esclarecer, sin dar lugar a sospecha alguna, todas las cuestiones aún pendientes por resolver en el caso Mascarillas.

En Ciudadanos siempre hemos estado sumamente rigurosos con el tema de la corrupción, por lo que exigimos transparencia en la revisión de cuentas, honradez en la adopción de las medidas políticas sobre los responsables políticos de los hechos denunciados y justicia para el castigo de los presuntos culpables de los hechos delictivos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor Fdez. de la Puente.

Turno para la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

Adelante.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, de nuevo, señorías. Buenas tardes, también al señor consejero.

Señorías, en la tarde de hoy desde el Partido Popular, pues, se ha aludido a un informe que, además, no ha entrado a este Parlamento, un informe del que no tenemos conocimiento de su contenido, al menos los diputados de Agrupación Socialista Gomera, y, además, en la tarde de hoy ha dicho el consejero que es un informe que se podía equiparar a la opinión de una persona, en particular, o sea, estamos hablando o debatiendo sobre un informe que no tiene validez jurídica, no tiene validez legal ninguna, además, no ha sido aprobado en el pleno de la Audiencia de Cuentas, no es que no haya sido aprobado es que además ha sido rechazado.

Pero, al margen de todo esto, nosotros, lo hemos dicho en distintas ocasiones y lo volvemos a repetir, nosotros estamos a favor, como no puede ser de otra manera, de que se esclarezca cualquier duda que exista respecto a la compra de cualquier material o de cualquier contenido en el que tenga como parte al Gobierno de Canarias. Además, si hablamos de material sanitario tenemos que recordar que se llevó a cabo en un momento de emergencia sanitaria, en mitad de una pandemia y que era, además, casi imposible o complicado encontrar disponibilidad en ese momento. Pero, obviamente, esto tampoco lo queremos utilizar de excusa, si ese material realmente se compró, si ese material realmente no cumplió con la finalidad para que el que fue adquirido, pues, nosotros también entendemos que se tienen que llevar a cabo las acciones legales que corresponden para que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas porque, evidentemente, una de las partes no ha cumplido de forma adecuada con su responsabilidad, si eso sucediese estaríamos de acuerdo que fuese o se dirimiese por esa vía.

Nosotros entendemos, además, y porque así lo ha manifestado también el Gobierno de Canarias en diversas ocasiones, que los primeros interesados en que todas estas situaciones o que cualquier incertidumbre se esclarezca es el Gobierno de Canarias. Y al igual que el caso Mascarillas, que ya está judicializado, el Gobierno también en este caso siempre ha manifestado su voluntad de colaborar y que se restauren todos los perjuicios ocasionados a las arcas públicas. Y si a alguien de esta Cámara le consta alguna ilegalidad distinta a la que ya está judicializada que lo denuncie ante los tribunales, que son realmente los competentes para poder impartir justicia. Nosotros entendemos que de resto es querer poner una nube gris encima de algo de lo que no se tiene ni siquiera indicios ni certeza y se hace además con un objetivo, a nuestro parecer, políticamente poco responsable.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Mendoza.

Turno para Sí Podemos Canarias, señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señora presidenta.

Yo creo que el argumento del Partido Popular, y alguno que otros grupos de la Cámara, respecto a que el Gobierno se esconde o que el Gobierno, digamos, pretende eludir responsabilidades no se sostiene, toda vez que, como acaba de señalar el señor consejero, aquí se han manifestado 22 intervenciones sobre el caso de Mascarillas, o sea, 22 intervenciones, creo que nadie ha eludido ni se ha boicoteado ni se ha obstaculizado ningún tipo de actuación parlamentaria en este sentido. Por lo tanto, máxime cuando todos los responsables de las instituciones están dando toda la información de que se dispone a la justicia, me parece a mí que estar diciendo que se está obstaculizando o alguien se está escondiendo, desde luego que no es la percepción que nosotros tenemos sobre este tema.

Recordamos, queremos recordar la opinión de nuestro grupo sobre el nombramiento de algunas personas, ya otros compañeros de mi grupo parlamentario, de Sí Podemos Canarias, lo han manifestado, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el nombramiento del director general del Servicio Canario de Salud, no estuvimos de acuerdo tampoco con otros tipos de nombramientos, al respecto a algunos grupos nos manifestaron que parece mentira que este Gobierno había nombrado a gente de su anterior gobierno, anteriores gestores de sanidad, ahora estamos donde estamos, en fin, lo quiero recordar.

A nosotros nos parece que en aquel momento era una situación de emergencia y estoy diciendo, por ejemplo, que eso provocó determinadas cuestiones, a nivel internacional determinados niveles de confusión, incluso robo de productos por parte de países, comunidades autónomas, empresas, se echó mano, muchos gobiernos echaron mano de empresas que en absoluto estaban especializadas en el ámbito sanitario, pero la emergencia y la urgencia era tal que muchas empresas se pusieron a intentar ver con sus relaciones de qué manera podrían importar ese tipo de productos, estoy pensando, por ejemplo, en algunas empresas que se dedicaron a fabricar alcohol en las islas Canarias y algunas personas, que además conozco personalmente, que son proveedores habituales de alcohol para el sector agrícola y también para el sector farmacéutico; toda esa gente tuvo que reciclarse, evidentemente, para atender a la emergencia. En esa emergencia, evidentemente, alguno vio una oportunidad de hacer negocio, lícito, y otros no tanto, según parece y supuestamente, pero eso se está investigando, lo que en principio estaba en el juzgados de instrucción número 7 de Las Palmas y ahora están en la Unión Europea el tribunal de justicia, nos parece que lo que compete a las autoridades y a las instituciones es dar todos los datos que la justicia ya está investigando, ahora, hacer electoralismo con esto a nosotros no nos parece que además tenga ningún sentido porque además el caso es bastante, en fin, de secreto.

Nosotros creemos que es importante que de esos 4000, destacar que de esos 4000 contratos que se hicieron uno es el que está siendo investigado por lo tanto no se puede decir que toda la emergencia supuso, disculpe señora presidenta... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) no se puede decir alegremente que toda aquella emergencia ha supuesto una posibilidad de prevaricación, de uso fraudulento y de contratos irregulares porque no es cierto, hay un contrato de 4000, según todos los datos de que nosotros disponemos.

Por lo tanto nosotros creemos que lo que tenemos que hacer básicamente todas las instituciones es ofrecer, dar, todos los datos de que se dispone y que se el tribunal de justicia de la Unión Europea, que es el que está investigando, que finalmente emita una sentencia.

En fin, en definitiva nosotros no creemos que nadie se esté escondiendo ni creemos que nadie se esté, digamos, se esté diciendo aquí que las instituciones están obstaculizando, todo lo contrario, aquí si alguna empresa ha cometido algún tipo de fraude se está exigiendo, y esos 4 millones efectivamente estamos todos interesados, absolutamente todas las instituciones de Canarias interesados en que ese dinero se devuelva.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor Déniz.

Turno para Nueva Canarias, señor Campos.

Adelante.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Yo sinceramente, cuando vi la comparecencia sobre el caso Mascarillas y otros contratos relacionados con compra de material médico en el entorno del COVID pues esperaba que a lo largo de su intervención, pues más allá de lo del caso Mascarillas, que si quería hablábamos exclusivamente de esto, pues iba a traernos una secuencia de contratos absolutamente irregulares o que tienen también un problema. Me gustaría que lo hiciera en la segunda parte porque en esta primera no lo ha hecho. Si es así escucharé con atención y, con posterioridad la respuesta del consejero.

Lo digo porque con su primera intervención yo ya no sé qué más plantear.

Estamos hablando, si nos vamos a la primera parte del caso Mascarillas en concreto, esos más de cuatro millones de euros que han sido defraudados al conjunto de Canarias y, por supuesto, al propio Gobierno, denunciado por el propio Gobierno, y que está además judicializado, y nosotros decimos hasta la última consecuencia y la exigencia al Gobierno de colaborar en todos los términos por un lado para recuperar el dinero y para si alguien cometió algún delito que lo pague, hasta la última consecuencia. En eso nos van a encontrar, por supuesto, a su lado. A partir de ahí, generar con esa excusa todo un mar de dudas, sospechas sobre toda la contratación en el ámbito sanitario en esa época creo que ha quedado claramente desmontado con la intervención del señor consejero. Porque además estamos hablando en un contexto profundamente complejo no para Canarias, para todas las comunidades, para el Gobierno español, para todos los gobiernos a nivel internacional.

Un momento absolutamente difícil y complejo. Número uno.

Número dos. Plantear también de manera recurrente, y fue una de las grandes excusas cuando se plantea la comisión de investigación de que era la oportunidad de traer a este Parlamento, al margen de que estuviera judicializado, ese debate yo ya lo planteé cuando me preguntaban. Es que no ha habido un solo tema probablemente después de la aparición del COVID y del volcán de La Palma que haya sido más recurrente en este Parlamento entre la Comisión de Sanidad, otras comisiones y este propio, los propios plenos del Parlamento que no haya sido lo relacionado con el caso Mascarillas a través de todo tipo de iniciativas. Y el Gobierno ha estado dando la cara y dando las explicaciones de lo que conocía.

Por tanto, creo que queda desmontada también la segunda de las tesis sobre las que ha basado usted su intervención.

Y ya lo del informe, bueno, creo que ha quedado también claramente aclarado en la comparecencia del consejero.

Quedaré a expensas de su segunda intervención para conocer sobre posibles irregularidades en otro tipo de contrato si las hubiera.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor Campos.

Turno para el Grupo Nacionalista Canario. Perdón.

Señor Estébanez.

Adelante.

El señor DÍAZ-ESTÉBANEZ LEÓN: Gracias, señora presidenta.

El Gobierno, como sabe, tuvo conocimiento de todo este asunto por los medios de comunicación, que es una manera singular de enterarse, y a partir de ese momento se ha esforzado por cooperar con la justicia y por recuperar el dinero que se pagó a cambio de nada.

Mire, de los muchos y grandes prodigios acontecidos en este portentoso asunto desde luego no es el menor de ellos esta singular declaración de don Julio Pérez Hernández en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que se dio cuenta del cese o dimisión, a día de hoy todavía no sabemos muy bien si se suicidó o lo suicidaron políticamente, del señor Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud, y es que, que se entere el portavoz del Gobierno de lo que pasa en el Gobierno a través de los medios de comunicación es increíble, que se entere el secretario del Gobierno, del Consejo de Gobierno, consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia por los medios de comunicación es muy, muy difícil de creer, pero que se entere así el consejero de Sanidad en funciones en el momento de la dichosa operación no es que sea increíble sino que atenta gravemente a las más elementales nociones del sentido común.

Y aquí estamos, señorías, racaneando apresuradamente un par de minutos en un pleno para intentar arrancar con sacacorchos y a cuentagotas alguna mínima información que el Gobierno se niega a dar, sí se niega a dar, ha dicho que ha venido 22 veces, pues las 22 veces no ha dicho absolutamente nada, y hoy ya nos adelanta que no lo va a decir porque está judicializado, porque no se atreven a formar una comisión de investigación en un asunto tan grave con el peregrino argumento de que está judicializado. Hombre, ya el conejo me riscó la perra. ¡Claro que está judicializado!, como el 99 % de las comisiones de investigación desde hace 40 años con la de aceite de colza hasta la de Spanair que dieron las conclusiones el año pasado. Y eso nunca es óbice para que se haga una comisión de investigación donde se establecen las responsabilidades políticas, no jurídicas.

Y aunque para argumento verdaderamente sectario, el del portavoz de Podemos: es que no le vamos a hacer la campaña a Coalición Canaria y Partido Popular.

Olé. Hombre, ya podemos modificar el Reglamento de la Cámara para dejar bien claro en su artículo 57 que se podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público, y añadir salvo que lo pida Coalición o Partido Popular, que no son de los míos. En cuyo caso, bueno, pues ya está, muy bien, todo muy democrático. Está muy bien dicho, ¿no?

Pero, bueno, aquí, qué digo crearla, ni siquiera debatirla, no vaya a ser que alguien diga alguna inconveniencia.

Y claro que son muchas y muy importantes las cuestiones que usted y sus compañeros, no solo del Gobierno sino ese Comité de Gestión, pueden aportar, pueden esclarecer. Y le voy a poner cuatro, cinco, nada más, como ejemplos de Un, dos, tres, responda otra vez.

Uno. ¿Existe constancia oficial del acto administrativo en cuanto a la creación, las competencias, la distribución de funciones y actas de reuniones de ese Comité de Gestión?.

Dos. ¿Quién, cómo y con qué autoridad transmitía las instrucciones que, en su caso, allí se tomaran, en particular al Servicio Canario de la Salud? ¿El consejero de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud no pintaban... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

¿Me permite, señora presidenta?

Tres. ¿Tiene conocimiento de aquella operación de compra, considerando su enorme calado y la importancia que tenía, el conjunto de los miembros del comité?, ¿parte de ellos?, ¿sólo el coordinador, sin dar cuenta ni al presidente, ni al consejero de Sanidad?

Cuatro. ¿Existe algún contrato, una documentación constatable, rubricada por ambas partes, donde figuren, al menos, los detalles más relevantes de la operación y obligaciones de las partes, tales como la cantidad, el precio justificado, la forma de pago, por adelantado y en su totalidad, la calidad exigible del material, y muy especialmente el plazo de entrega, especialmente relevante porque es un contrato con urgencia? Y en su caso de secretario del Consejo de Gobierno, ¿tuvo conocimiento el Gobierno, que debía dar autorización expresa reservada en razón de cuantía, del segundo pago de otros dos millones para la totalidad y por adelantado?

Señor consejero, señorías, seamos claros, llegados a este punto judicialmente se establecerá por quien corresponda la responsabilidad, que sea un tribunal español o europeo, pero políticamente es ante este Parlamento, ante el pueblo canario, ante quien...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Socialista Canario, señor Mauricio Roque.

Adelante.

El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta. Señor consejero, señorías.

A la vista de las intervenciones y lo que ha explicado el consejero, que lo ha hecho perfectamente, poco que aclarar y añadir. Simplemente reiterar, por un lado, no existe informe, y, por ende, no existe la opinión de la Audiencia de Cuentas. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

Señor Ester, usted se refiere a una supuesta propuesta de informe, que no alcanzaría siquiera el valor de opinión en el exterior de la Audiencia de Cuentas. Pues se trata de un documento interno de trabajo en fase de instrucción de la fiscalización y no de la conclusión. Por lo tanto, ese informe fuera de la Audiencia de Cuentas es como si no existiese, ni siquiera como opinión.

Por otro lado, es el auditor, y esto lo digo porque usted en declaración periodística ha dicho que el informe lo hicieron los técnicos, y quería aclarar que el informe lo redacta el consejero auditor con su correspondiente informe jurídico, lo eleva a propuesta de informe, para ser aprobado o, como ha dicho el consejero, rechazado en el pleno de la audiencia. Así, los técnicos no redactan esta propuesta.

Usted afirma que esto, como le ha señalado el consejero, se hace una pregunta, que yo creo que también lo ha hecho de forma inconsciente o no deseada realmente de hacerlo, pone en entredicho de la votación. Mire, está clarísimo que los miembros de la Audiencia de Cuentas gozan de independencia y de inamovilidad. Eso lo dice el artículo 23. Pero es que el artículo 24, por lo tanto, como le digo, pueden votar la aprobación o rechazar el informe. Entonces no hay fiscalización, porque está terminada o no se va a acabar nunca y no lo habrá. Y, en segundo lugar, incluso votando en contra, puede hacer un voto particular. Esto se lo digo al efecto de la pregunta que usted se hizo en voz alta, porque para eso también está el artículo 24, que se refiere respecto a los agravios que se hagan contra los auditores, de hecho o de palabra, en acto de servicio y como motivo del mismo.

Y quiero terminar, en el último minuto que me queda, refiriéndome a la comisión de investigación, que han hecho referencia tanto el Grupo Popular como el Grupo Nacionalista Canario.

En un sistema democrático de derecho la indagación, la prueba, la proclamación de dicha verdad es atribuida a los tribunales de forma objetiva e independiente. Y ahí estamos reclamando los derechos que le corresponden a la comunidad autónoma. La comisión de investigación, entre otras cosas, se ha rechazado, sí, porque está en marcha una instrucción de una jurisdicción penal, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, hay que respetar el secreto del sumario. El secreto del sumario no es solo el decretado, porque hay dos vías del secreto de sumario, una la que afecta a los que están de forma exterior al procedimiento... (corte de sonido producido por el sistema automático del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), es el secreto del sumario, opera en todos los procedimientos hasta que se abre juicio oral, y otro cuando se decreta el secreto del sumario. Por lo tanto, para garantizar los derechos fundamentales de las personas que están como investigados en ese procedimiento, así como respetar el derecho y el secreto del sumario y el decretado, es por lo que no se aprueba la comisión de investigación, y entre otras cosas porque no se va a deducir la verdad de ahí, ni siquiera la política.

Muchas gracias. (Palmoteos desde los escaños).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Don Carlos Ester, tiene la palabra.

El señor ESTER SÁNCHEZ : Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor consejero, pues la verdad que... usted ha comentado que han sido 22 intervenciones de este Gobierno en el pleno de esta Cámara, o en esta Cámara, sin... bueno, dando caras, la cara, ¿no?, por este, por este asunto, a petición de los distintos grupos parlamentarios. Hoy es la 23 y hoy estamos igual, usted no ha dicho nada. No ha dicho nada.

Y no van a decir nada, porque tienen una orden directa del presidente del Gobierno de Canarias, evidentemente, de no decir absolutamente nada. Y eso lo entendemos así, porque no es normal que de 23 intervenciones no digan ni mu. Por lo tanto, yo que usted me haría mirar también la grabación cuando dice y vuelve a decir que no puede decir absolutamente nada porque además, oiga, pues está el tema judicializado. Oiga, pues muy bien, me parece, me parece, me parece estupendo que sigan en esa línea.

Por otro lado, usted dice que nosotros hacemos afirmaciones. Yo lo que he hecho es una... es una pregunta, prácticamente retórica, además haciéndome eco de los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen, un periódico dice, adelantó hace seis meses el contenido de la propuesta de dictamen que tumbaron dos consejeros propuestos por PSOE y Nueva Canarias. Usted ha hecho aquí una afirmación de un consejero de la Audiencia de Cuentas, o de un auditor de la Audiencia de Cuentas que no ha salido en ningún medio de comunicación y dice que es amigo nuestro. Eso lo afirma usted. Yo me hago eco de un tema público, no de un tema que yo me invente. Punto número uno.

Punto número dos, punto número dos, señor, señor... Pérez. Me dice que esto es un informe, esto es un borrador, esto no tenemos que tenerlo en cuenta porque no existe. Pues el señor presidente de la Audiencia de Cuentas dijo que en su día la Fiscalía también le pidió información sobre este tema y que, como ha habido diferentes, bueno, pues posibles responsabilidades contables, también lo han mandado al Tribunal de Cuentas. Si es un borrador de informe y no sirve absolutamente de nada, ¿para qué lo mandan al Tribunal de Cuentas? Si es un informe que no sirve absolutamente de nada, ¿para qué pide información la Fiscalía y se lo mandan a la Fiscalía? Si no sirve de nada, según usted...

Y nosotros nos hacemos eco de este informe. Por lo tanto, no me diga usted que esto no sirve absolutamente de nada. Aquí hay una serie de deficiencias que ustedes no quieren dar respuesta ninguna, y aquí lo que se está pidiendo son responsabilidades políticas, porque cuando hay una mala gestión, señor consejero, hay que depurar responsabilidades políticas, que para eso están ustedes ahí, que para eso le ponen los ciudadanos ahí, evidentemente. Y no para dejarles sin cuatro millones de euros, cuatro millones de euros que sirven para muchísimo, igual hasta para mantener a cien familias durante un año completo. Sirven también para hacer viviendas, sirven para agilizar los trámites de la dependencia y la discapacidad y que ustedes les han privado, con su mala gestión.

Por lo tanto, si hay mala gestión tiene que haber una responsabilidad, es un tema de acción-reacción. Y ustedes eluden hacer eso. Bien salen en las ruedas de prensa ustedes cuando existe alguna catástrofe dando la cara, diciendo "aquí estamos nosotros para gobernar", pero cuando ocurren cosas de estas, ¿dónde están ustedes?, ¿dónde está el presidente del Gobierno? Que se pone a liderar y se deja la barba cuatro días y está dando por ahí un poco de pena en cada esquina. En cambio, cuando ocurren cosas de estas, ¿dónde está el presidente del Gobierno? ¿Por qué no da la cara el presidente del Gobierno? Porque quiere enterrar el caso Mascarillas dando directrices, entiendo yo, porque si nadie dice nada después de 23 intervenciones en este Parlamento... sin decir absolutamente nada.

Esto da, da que pensar, y aquí hay muchas cosas y, como decía el señor Campos, decía, "hay más", claro que hay mucho más, ¿usted tiene conocimiento de que existen almacenados más de seis millones de productos, entre guantes, mascarillas, etcétera, que no cumplen los requisitos mínimos de calidad para ser utilizados y que están metidos ahí en un hospital? ¿corresponde ese material también a empresas que no estaban... bueno, que no tenían dada de alta, bueno, aún no estaban como sector sanitario.

Existen, existen numerosas anomalías también en los procedimientos de contratación, señor Pérez. No existe ningún acta de las reuniones del comité de gestión, esta es otra consecuencia más, también, de la incompetencia del Gobierno. O, y lo pregunto, para que no digan que no digo nada, ¿o se quería ocultar intencionadamente algo para no ponerlo en esas actas? Pregunto. No existen documentos donde figuren los datos de la operación de esos cuatro millones de euros. Se realizó de una forma tan chapucera la contratación, y eso lo pone en el informe de la Audiencia de... es que eso lo pone en el informe, a través de un simple mensaje de móvil, por un wasap. ¿Usted cree que eso es normal, usted cree que es normal eso? Es que si para usted esto es normal, esto es que... esto es peligrosísimo, es que es peligrosísimo, una cosa son las urgencias y otra cosa es el control del dinero y el control de las contrataciones, y nosotros no venimos a decir que o a poner en duda que hubo un urgencia, y claro que la había, y lo entendimos, y lo dije al principio, pero lo que ustedes no hicieron fue hacer el seguimiento, y si hubo algún procedimiento donde no se recibió ningún tipo de mercancía lo que tenía que haber hecho el Gobierno, mínimo lo que... (ininteligible) lo que debería usted decir al subirse aquí es decir, bueno, estamos en una investigación interna también mínimamente para depurar esas responsabilidades políticas o técnicas, porque esto es un caso muy grave, independientemente a las penales y judiciales, pero sí las políticas y las técnicas que ustedes también tienen la responsabilidad de dirimir, y que no han dicho que han hecho absolutamente nada al respecto ni han intentado dirimirlas ni se han puesto al frente para, bueno, pues por lo menos dar la cara y decir, "oiga, hemos metido la pata", es que en ningún momento ha habido una autocrítica hacia su gestión, está todo bien hecho, está bien hecho que se hayan quedado los ciudadanos sin 4 millones de euros, que hayan venido mascarillas deficitarias.

Luego decía el señor Déniz, "es que ustedes quieren hacer electoralismo político con esto". Fue el grupo de Podemos quien mete... es el primero que mete en la Fiscalía cualquier tipo de acción que hace el Partido Popular, aunque no haya ningún tipo de carga. O sea, ¿hablamos de electoralismo en ese caso?

Pues miren, yo lo único que le digo, señor consejero, es que, visto lo visto, puede haber una 24, puede haber una 25, ustedes no van a decir absolutamente nada, tienen una directriz clara, tienen una directriz evidentemente y creo pensarlo y voy a pensar ya mal, porque después, como usted ha dicho, 23 veces después no han dicho absolutamente nada, es porque el presidente del Gobierno no quiere que ustedes digan absolutamente nada, y eso es lo que nos alarma y nos aterra a todos, el oscurantismo que hay con respecto a esto. Hay que dar la cara cuando las cosas se hacen mal, reconocer errores y dirimir responsabilidades políticas, y con eso, bueno, pues por lo menos sabemos que estamos en manos de un Gobierno que evidentemente ha hecho las cosas mal, pero evidentemente pasa factura y, bueno, pues responsabiliza o busca a los responsables políticos para mejorar. Pero aquí no se ha hecho eso, por lo... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo)

El señor PRESIDENTE: Sí, prosiga. Adelante.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Han intentado, evidentemente, y están intentando, y lo hemos visto con la comisión de investigación, que tanto se llenan la boca los grupos del Gobierno diciendo que quieren la transparencia y claridad, podíamos haber tenido aquí un debate evidentemente sosegado, tranquilo y haber buscado, entre todos, esas responsabilidades, ustedes no lo han querido hacer y evidentemente pues han perdido una gran oportunidad y ahora se han retratado.

Es evidente que ustedes no quieren llegar, o no quieren dar la verdad, y por lo tanto nosotros desde el Partido Popular vamos a seguir intentando, aunque sean 24, 25, 26, 27 veces, dar respuesta a la ciudadanía y explicarles dónde están los 4 millones de euros y por qué el Gobierno de Canarias hizo tan mala y tan nefasta gestión. Y al primero que hay que responsabilizar no es a usted ni es a los miembros del Gobierno, es al presidente del Gobierno, a Ángel Víctor Torres, que en una vez más en un acto de cobardía política se esconde y evidentemente intenta enterrar y enmascarar el caso Mascarillas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos Ester.

Tiene la palabra el señor consejero.

Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente.

Pues serán 23, como dice usted -se ha roto la pluma (el señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Pérez Hernández, aludiendo a que su pluma estilográfica se le ha roto)-, serán 23 y habrá 24.

El presidente de la Audiencia de Cuentas dice "el proyecto de informe fue elevado al pleno y tratado en la sesión de 26 de julio de 2022, acordándose, por mayoría, la no aprobación del informe, por lo que no puede afirmarse que la actuación fiscalizadora haya terminado ni que exista posición de la Audiencia de Cuentas". Cabe concluir que no existe pronunciamiento de la Audiencia de Cuentas.

Pero a mí me parece, y se lo digo con el mayor de los respetos, que no solo es malo que usted utilice un documento que es un papel de trabajo, que motivó un montón de reuniones en la Audiencia de Cuentas, que motivó votos particulares, opiniones contrarias de otros auditores que decían "no tiene usted razón", por cierto, los nombramientos y qué partido los propone son públicos, fue usted el primero que mencionó aquí que los señores que habían votado que no a lo mejor era porque el Gobierno les había dado órdenes, creí entenderle. No sé si fue así.

Pero lo peor, como digo, no es que usted utilice el no informe como informe, y lo peor, si me permite decírselo, es que no lo ha leído, es que usted invoca este documento como si en el documento se construyera y se contuviera una crítica generalizada al Gobierno. Y no es así. La conclusión del señor que lo firma, que es solo uno, es que, por lo general -dice así, no quiero perder tiempo-, por lo general el Gobierno cumplió con la legalidad, y encuentra unas observaciones, examinó 106 contratos que le parecieron una muestra significativa. Y en esos 106 contratos encontró uno que estaba mal y que, por cierto, ya había sido objeto de encargo desde la Consejería de Sanidad a la Consejería de Hacienda para la recuperación del dinero, porque tampoco es verdad, como dice usted, que el Gobierno no ha hecho nada, y no es verdad, como no sé quién lo dijo, no es verdad que no se hayan, cual de ustedes, traído toda la información necesaria al Parlamento. Mire, fíjese si se ha traído información necesaria al Parlamento, a lo mejor el presidente del Parlamento, no sé si está, ¿está?, no lo sabe, el señor que motiva las denuncias, que arranca, digamos, los procedimientos, denuncia también al presidente del Parlamento, denuncia al presidente del Gobierno, denuncia a los consejeros de Sanidad y denuncia al presidente del Parlamento porque se le ha comunicado al Parlamento toda esta contratación, porque sí se le ha comunicado, otra cosa es que usted no lea o no se lea, y el presidente del Parlamento no ha hecho nada; eso dice la denuncia, por fortuna para el presidente del Parlamento la denuncia no ha caminado.

El proyecto de informe no se remitió íntegramente al Tribunal de Cuentas, se remitió un párrafo en el que se dice que pudiera haber responsabilidad contable y como la exigencia de responsabilidad contable incumbe al Tribunal de Cuentas y no a la Audiencia de Cuentas, la Audiencia de Cuentas dice esto no me toca a mí, el juez de La Orotava dice se lo mando al juez de La Laguna, la Audiencia de Cuentas dice esto es..., y es así, si quiere también lo vemos en los papeles.

Dice usted que en las 22 intervenciones no ha habido respuesta, las ha habido en todas, el presidente del Gobierno, ha habido 2 preguntas y a las 2 ha contestado. ¿Que queremos enterrar?, pero qué vamos a querer enterrar si estamos actuando en el juzgado de instrucción y ahora en la Fiscalía europea. ¿Cómo voy a contestar a las preguntas que hace uno de los portavoces acerca de si se produjo o no se produjo un WhatsApp, cosa que yo no sé, cuando esa es precisamente la comunicación por la que se investiga y por la que arranca el procedimiento criminal. ¿Cómo voy a contestar yo a eso aquí?, primero, no lo sé, pero si lo supiera porque está personado el Servicio Jurídico y yo podría tener alguna información, que tampoco tengo porque no le doy instrucción al letrado de lo que tiene que hacer sino defienda los intereses de la comunidad, ¿cómo lo iba a decir yo aquí cuando está prohibido y se incurre, yo y usted, en responsabilidad criminal, que se llama revelación de secretos?, ¿o quiere usted que lleguemos usted y yo a ese punto y le conteste?

Hay una cosa que vuelvo a decir en lo de antes, me arriesgaré a decirla corra el riesgo que corra, y dice usted, no hay documentos, ¿pero por qué dice usted eso?, que esté mal hecho no significa que no haya documento, hay un encargo, hay una factura, por cierto, que dice su grupo que era, no lo digo yo por eludir responsabilidades las que tenga las asumiré si las tengo, pero los hechos, como dice usted, empiezan en mayo y terminan en octubre, porque se produce el encargo en unas fechas, la factura en otra, el primer pago en otro, el segundo pago en otro y la renovación se produce en otro, de manera que todo ese periodo es el que está cubierto y todo eso está documentado. ¿Por qué dice que no hay documentos?, otra cosa es que usted no los conozca, porque como estoy viendo, de los documentos lee lo que dicen los periódicos, pero no lo que dicen, como este que usted llama informe y que dice "El Gobierno lo hizo bien".

Dice usted que a consecuencia de la gestión del Gobierno hay 6 millones de unidades en el Hospital de la Candelaria que resultan inservibles, para su información, de esos 6 millones de unidades a día de hoy quedan 2 millones. Esos 6 millones de unidades, que se valoraron en 2 millones, no es que se pagaran 2 millones, se valoraron en 2 millones en su mayor parte fueron, no diré que regalo, porque es una palabra impropia de este debate, fueron donaciones o entregas efectuadas por el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias no pagó por esos guantes o por una pequeña parte de mascarillas. Y de esos 6 millones cuatro millones y medio se han aprovechado, porque faltaba documentación, y en otros hospitales sí se tenía, y se han podido aprovechar. Quedan 2 millones y del mismo que un año y pico después se han podido aprovechar los 4 la Consejería de Sanidad hará lo necesario para aprovechar los 2 restantes. De manera que, conviene que los lea completos los papeles que tiene.

Pero usted quiere decir que el presidente del Gobierno es un cobarde, que el Gobierno se esconde, que lo queremos enterrar, que no contestamos a las preguntas, pero como les dijo el señor Campos, usted no ha dicho nada. Hay 6 empresas, 6 que no tenían la cualificación, 6, dice este informe, de cientos de empresas que no tenían el objeto social que, por cierto, ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas que es un requisito de que en situación límite puede prescindirse porque si un señor, aunque sea importador de pescado puede traer test para el PCR en el mes de abril se le compra, abril del 2020, se le compra al importador de pescado, y eso ocurrió en el Ministerio de Sanidad, en todas las comunidades autónomas y en la Unión Europea que intentaron comprar y no le salió bien.

De manera que, coger... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

¿Puedo un poco más? Gracias, presidenta.

... un incidente lamentable, que todos, que a todos nos repugna, que estamos queriendo resolverlo, que hemos puesto todo de nuestra parte, convertir eso frente a un gasto, como le dije, de 515 millones de euros en ese año para el COVID que, por cierto, 600 se financiaron por la Administración del Estado, y frente a casi 4000 expedientes y 500 millones de euros usted se sube aquí y dice que el Gobierno se esconde y que hizo un montón de barbaridades, y no le cuento lo que han dicho otros portavoces, porque en un contrato que, como dije antes, nos enteremos por la prensa porque no llegó a los niveles políticos, la Administración funcionó con todo esto sin dar cuenta, y eso le parece inverosímil a algunos de los oradores que han pasado por aquí. Pues, es así. Esa es la realidad. Cuando lo supimos lo dijimos, cuando lo supimos actuamos, nos personamos en el procedimiento penal.

Yo creo que no está bien, señor Ester, que con el propósito de, yo digo sin quitarle importancia al hecho... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) o criticar al Gobierno con ese propósito, lo digo sin quitarle importancia, se genere la sensación de que la gestión de la pandemia fue un desastre y que se tiró el dinero y que no se compraron productos, no es verdad: la gestión de la pandemia en Canarias fue ejemplar; murió menos gente que en otros sitios; no murió nadie en las residencias prácticamente; los sanitarios tuvieron prácticamente siempre, a veces para dos días o para tres, equipos de exposición individual. Y luego se produjeron muchas anécdotas, contaría alguna si tuviera tiempo. Algunas veces cuento que hubo un suministrador que quiso -el consejero de Sanidad no lo sabe porque estaba- que quiso vendernos gafas de bucear como equipos de protección y llegaron a darse algunos pasos, alguien contestó para saber qué modelo eran, ¿no? Si eso hubiera ocurrido tendríamos esta tarde probablemente una interpelación. Pero se gastaron 515 millones, se atendieron a miles de personas, se hicieron test y luego vacunamos, y esa gestión es una gestión que no puede empañarse deliberadamente solo con el propósito de...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

Hemos finalizado esta comparecencia.

(La señora vicepresidente primera, González González, ocupa un escaño en la sala).