Diario de Sesiones 13, de fecha 25/10/2023
Punto 18

11L/C/P-0179 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, SOBRE LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL CELEBRADOS RECIENTEMENTE Y PREVISTOS CELEBRAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, A PETICIÓN DEL GOBIERNO

La señora PRESIDENTA: Por tanto, iniciamos el debate de la comparecencia de la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre los procesos selectivos de personal celebrados recientemente y previstos celebrar en la Administración pública de la comunidad autónoma.

Al ser una comparecencia a petición propia del propio Gobierno, lo inicia la propia consejera.

Tiene la palabra.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Vale. Muchas gracias, presidenta.

Solicitaba esta comparecencia a petición propia, una vez que -de este asunto del que vamos a hablar ahora, pero que también ha sido ampliamente conocido a través de los medios de comunicación- hemos presentado denuncia ante el juzgado de instrucción correspondiente para, a partir de ahí, que el juzgado considere si incurre el asunto en hechos delictivos o no.

A raíz de esa presentación, de considerar que era un asunto lo suficientemente importante para nosotros como para eso, he decidido pedir comparecencia a petición propia sobre este tema, sé que hay algún grupo que ha presentado también petición, pero consideraba que era lo correcto venir aquí, comparecer y explicar los hechos como han ido sucediendo.

Estamos hablando de procesos selectivos que se convocan durante la pasada legislatura y que parte del procedimiento lo viviremos en esta legislatura.

El fin de semana del 30 de septiembre y del 1 de octubre los campus universitarios de La Laguna, en Tenerife, y Tafira, en Gran Canaria, acogen la celebración del primer ejercicio de procesos selectivos para optar, tanto en promoción interna como por turno libre, a 115 plazas en varios cuerpos y escalas de la Administración autonómica. Según los datos que maneja la Dirección General de Función Pública, 64 de estas plazas eran de turno libre para administrativos y subalternos y había 11 440 personas admitidas para poder presentarse a la convocatoria, porque cumplían los requisitos. Las restantes 51 plazas eran de promoción interna, para administradores generales, administrativos y auxiliares administrativos, con un total de 196 personas admitidas en cuanto al proceso selectivo de administrativo.

Como saben, porque así se ha publicado, la Dirección General de Función Pública suspendió cautelarmente este proceso selectivo para el ingreso mediante sistema general de acceso libre al cuerpo de administrativo, y ha puesto a disposición del juzgado los hechos recopilados de las presuntas irregularidades.

Dicho ejercicio consistió en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más cuatro adicionales de reserva, cada una de las cuales contenía cuatro preguntas alternativas, disponiendo de un tiempo de sesenta minutos. Sobre este asunto, sobre el examen en sí, también hemos recibido numerosas quejas y reclamaciones en la dirección general.

Dichas pruebas selectivas fueron convocadas mediante resolución de la Dirección General de Función Pública de 2 de diciembre de 2022, procediéndose a convocar, en este caso, 32 plazas por el sistema general de acceso libre, convocatoria que fue realizada por la antepenúltima directora general de Función Pública de la pasada legislatura.

El tribunal calificador de este proceso selectivo, que fue designado, en este caso, ya por la última directora de Función Pública, se designa por resolución de 17 de mayo de 2023 y se publica el 25 de mayo de 2023.

Una vez celebrada la prueba de la que estamos hablando, el fin de semana de septiembre y octubre de este año, el tribunal calificador, una vez hechas públicas las calificaciones del ejercicio, presenta su renuncia ante el director general de la Función Pública. Renuncia que fue aceptada.

De las 4200 personas presentadas solo 9 superaron el ejercicio. Quiero decir, en este caso, que no consta en este proceso escrito de abstención ni aceptación de la última directora de Función Pública sobre este proceso selectivo. De los datos de los que dispone la dirección general, las dos primeras mayores calificaciones fueron obtenidas en ese proceso por personas que guardan relación de parentesco directa con la última directora de Función Pública.

Una vez conocidos los resultados de la prueba y una vez iniciada esa apertura de información interna, el 6 de octubre el director general de la Función Pública dicta resolución 2605/2023, publicada en la web del proceso selectivo, por la que se suspende cautelarmente el proceso y ordena la apertura de una investigación interna. Se trabaja, también, desde los servicios jurídicos de la Función Pública en la respuesta de las numerosas reclamaciones recibidas al respecto.

A fin de garantizar la independencia de la investigación, esta se remite a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, dadas sus competencias en materia de inspección de los servicios.

En estos momentos adoptamos una serie de pasos, entre ellos, la apertura de investigación reservada, que tiene por objeto describir de manera pormenorizada el proceso de elaboración del cuestionario, de su impresión, embalado, transporte, custodia y reparto a las personas aspirantes el día de la celebración de la prueba, debiendo determinar, en este caso, quiénes, cómo y cuándo intervinieron en el proceso.

El director general de la Función Pública el 13 de octubre de 2023 remite las actuaciones al juzgado de instrucción que por turno corresponda, por si se aprecian, se pudieran apreciar, en este caso, hechos delictivos. Por lo que la cuestión estrictamente relacionada con un presunto trato de favor queda en sede judicial y no es la que nos compete a nosotros en sede administrativa.

El 13 de octubre de 2023 el subdirector de Selección y Provisión de Empleo Público -un puesto técnico- presenta su renuncia a este puesto técnico dentro de la Dirección General de la Función Pública.

Asimismo, ante las numerosas informaciones llegadas a Función Pública, se comprueba -quejas y reclamaciones a partir de toda esa información que se presentan en Función Pública-, se comprueba que un anterior proceso selectivo relativo al cuerpo de auxiliares técnicos, escala de auxiliares de Biblioteca, Archivo y Centro de Documentación, la anterior, la última directora de Función Pública de la pasada legislatura firma resolución el 19 de abril de 2023, publicada el 28 de abril de 2023, nombrando funcionarios de carrera a dos personas cuya identidad coincide con los anteriores, también con relación de parentesco directa con ella. Este hecho también ha sido puesto en conocimiento del juzgado de instrucción, junto con los hechos anteriores.

En cuanto a las actuaciones han seguido en los procesos selectivos de administrativo, auxiliar administrativo y subalterno, en relación con el de administrativo del 1 de octubre, se han presentado diversos recursos y reclamaciones que están siendo estudiadas por el servicio jurídico de Función Pública. En este caso, respecto al proceso selectivo de auxiliar administrativo en el turno libre, que estaba previsto celebrar el primer ejercicio el día 14 de octubre -no se celebró-, se procedió también a la suspensión del proceso selectivo hasta la designación de un nuevo tribunal calificador, puesto que era el mismo de la oposición que he mencionado al principio de esta intervención, a la vista de la renuncia del mismo, procedimiento en el que estamos ahora. No es tarea sencilla, no es solo conseguir miembros para el tribunal, sino que, además, al ser 5000 personas las que, previsiblemente, se puedan presentar, necesitamos buscar, hacer coincidir nuevamente con las aulas -previsiblemente de la universidad, si puede ser- en un periodo en el que se puedan utilizar.

En conclusión, sobre estos dos, sobre estos concretos procedimientos, estamos resolviendo los recursos y las reclamaciones, buscando una solución jurídica que garantice la cobertura efectiva de las plazas, depurando responsabilidades, designando un nuevo tribunal calificador y... para el de administrativo y otro para el de auxiliar.

En relación con el proceso selectivo de subalterno, hay que decir que no se ha detectado en estos momentos ninguna irregularidad, por lo tanto, continúa su curso.

Además de estos, existe otro proceso selectivo, del cuerpo superior facultativo, especialidad ciencia química, en el que, tras reclamaciones a la Dirección General de Función Pública, se ha evaluado y estudiado. En este caso, se convoca mediante las pruebas selectivas de acceso libre para 3 plazas a través de la resolución de la Dirección General de Función Pública de 9 de noviembre de 2021. En este caso, la última directora de Función Pública de la pasada legislatura era la subdirectora de Selección y Provisión de Empleo Público. Mediante resolución de 8 de febrero de 2022 se designa el tribunal calificador, siendo presidenta de ese tribunal la subdirectora de Función Pública, última directora de Función Pública de la pasada legislatura. La resolución de 8 de febrero de 2022 aprueba y publica las listas definitivas de personas admitidas, entre las que figura una persona con relación directa de parentesco a ella. No consta, en este caso, escrito de abstención al inicio del procedimiento, consta al final del procedimiento, cuando ya se había producido el mismo y se habían producido algunos exámenes de esta oposición. De las 27 personas presentadas superan el primer examen 6, la nota más alta coincide con la persona de relación de parentesco, son 4 exámenes y, finalmente, la nota más alta, solo aprueban 3 y la nota más alta es de esta persona. Mediante resolución de la Dirección General de Función Pública, 17 de enero de 2023, se nombra personal funcionario, en este caso, a la persona que tiene relación de parentesco con ella. Una vez concluido ese proceso, el 28 de febrero, la que era subdirectora de Función Pública, última directora, modifica la composición del tribunal y deja de ser la presidenta.

En cuanto al proceso selectivo de subalternos, de agrupación profesional, se convoca por resolución de la Dirección General de Función Pública de 9 de noviembre de 2021 para 11 plazas. En este caso, también la subdirectora, última de la pasada legislatura, era... perdón, la directora era subdirectora. Figura en este proceso también una persona con grado directo de afinidad con ella, que también supera las pruebas selectivas con la máxima puntuación. En estos dos últimos procesos selectivos que le he relatado está abierta una información reservada por si la denuncia presentada en el juzgado de instrucción debe ser... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Turno ahora para el Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente, señor Acosta.

El señor ACOSTA ARMAS: Muchas gracias, presidenta y, sobre todo, muchas gracias, consejera, por esta comparecencia a petición propia para explicar las extrañas -vamos a utilizar de momento este calificativo- circunstancias de estos procesos selectivos, que, desgraciadamente, enturbian el trabajo irreprochable que, desde el punto de vista técnico y legal, hace el personal encargado de la celebración de procesos selectivos y concursos públicos.

Y lo enturbian porque, con independencia de la judicialización del caso y las responsabilidades que de ese ámbito se puedan derivar, hemos provocado ya un enorme perjuicio para todos aquellos que concurrieron en buena lid y de buena fe a ese proceso, así que lo primero, efectivamente, es pedirles disculpas a todos los opositores. Y lo segundo que tenemos que hacer -y su comparecencia viene, en parte, en esta línea- es intentar recuperar la confianza de la ciudadanía en la Administración. La credibilidad se gana durante años, pero, por desgracia, se puede perder en solo unos minutos, y eso es lo que ha pasado con estas pruebas.

Por eso la respuesta contundente de su departamento a la hora de poner en conocimiento de la justicia los hechos y las decisiones subsecuentes que se han adoptado, nos permite, por lo menos, mitigar los efectos que ha provocado a los participantes de esas pruebas y la crisis reputacional que se deriva del comportamiento presuntamente delictivo de quienes estaban al frente de ese proceso.

Nos queda, a partir de ahora, extremar las medidas para que situaciones como esta no se puedan repetir y, quizás, adoptar modificaciones del tipo normativo o legal que contribuyan a incrementar el control sobre los procedimientos selectivos, aunque, sin perjuicio de esto, ya nuestra normativa, vamos, a nivel administrativo ya contempla muchísimos mecanismos de recusación o de que los propios funcionarios se aparten cuando puedan incurrir causas de incompatibilidad o lazos de parentesco en este tipo de procesos.

Nuevamente, volver a insistir en que agradecemos la cuenta que traído, y encima a petición propia, de estos hechos. Esperemos que en sede judicial se pueda discernir, y a nosotros, como poder legislativo, lo que nos queda es, en la medida de lo posible, si pudiéramos ayudar a paliar para que procesos selectivos futuros no puedan sufrir esta lacra, pues, tomar las medidas necesarias, sin perjuicio de que, como ya digo, considero que hay mecanismos legales más que suficientes para que la imparcialidad y la concurrencia competitiva entre todos los opositores se cumpla.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Tiempo de intervención ahora para la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta.

Bueno, señora consejera, lo primero agradecerle que haya pedido esta comparecencia a petición propia, creo que es un claro ejercicio de transparencia, y le honra venir a ponernos hoy al día de esta situación, la judicialización de estos procesos, que al final a quien acaban perjudicando es siempre al ciudadano, a aquellos que quieren acceder a un puesto dentro de la Administración pública.

No quiero pronunciarme al respecto porque creo que lo importante es saber o conocer una sentencia en firme cuando llegue el momento para luego poder pronunciarnos, creo que hay que ser sensatos y dejar que, en este caso, la justicia sea quien haga su labor. Pero sí creo, señora consejera, y lo decíamos en la anterior comparecencia, que es necesario actualizar estos procesos, que creo que, y usted también lo decía en su intervención anteriormente, es necesario actualizarla, tenemos que modificarla, hacerla más real y que al final repercuta en una mejor atención y dar respuesta al ciudadano.

No extendiéndome más en este asunto, yo sí quiero poner sobre la mesa esos procesos que se han abierto, y sobre todo durante los cuatro últimos años, porque fueron bastantes, y yo creo que es importante recordarlos. Por ejemplo, más concreto, durante el año 2019, 2020 y 2021 se resolvieron los procesos de selección que llevaban pendientes desde años anteriores, y esto permitió acceder a la Administración General de la comunidad autónoma a cerca de 540 efectivos. Creemos que es un dato relevante. También se convocaron los procesos de selección pendientes desde el año 2017, que posibilitaron el acceso de 145 efectivos; también la oferta de empleo público del año 2019, con 275 plazas, que se estarán desarrollando a lo largo de este año; además, también se aprobaron las ofertas de empleo público del año 2020 con 394 plazas, las del 2021 con 358 plazas y las del año 2022 con 503 plazas. Y si a todo esto le añadimos esas convocadas por el Cuerpo General de la Policía Canaria, estamos hablando de la incorporación de más de mil cuatrocientos efectivos a la Administración pública.

También con el fin de reducir ese límite que nos ponía Europa de la temporalidad al 8 % en el empleo público, en el 2022 se aprobaron dos ofertas de empleo público extraordinarias, que iban a o van a permitir la consolidación de más de tres mil quinientas veinte plazas de Administración General, y la oferta de empleo público adicional, que va a proveer de personal laboral, que se supone..., pues, va a suponer la contratación definitiva de 783 empleados y empleadas públicos.

Estas tres ofertas de empleo público son muy importantes y van destinadas a aminorar esas tasas de temporalidad que tenemos dentro de la Administración pública y que afectan, sin duda, como ya dije, al bienestar de las empleadas y de esos empleados públicos y, por ende, también, al final, pues, afectan a la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Por tanto, confiamos en que estos procesos ligados a estas ofertas de empleo público estén finalizados antes de diciembre del 2024, tal y como establece la Ley 20/2021, del 28 de diciembre.

Quisiera resaltar también que en la pasada legislatura, dentro de la gestión del personal adscrito a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, se resolvió el concurso de méritos del personal funcionario, siendo la primera vez que se realizaba de forma conjunta por la totalidad de los cuerpos, escalas y especialidades, y para la totalidad de los puestos que dentro de la relación de puestos de trabajo admite dicha forma de provisión. Para algunos de esos cuerpos, escalas y especialidades era la primera vez que se celebraba y para otros habían pasado, incluso, ya más de quince años sin que se llevara a cabo. Por lo tanto, estamos seguros de que a partir de ahora eso se hará con una mayor... o de forma más periódica.

Igual que confiamos en que se aclaren cuanto antes los asuntos a los que usted se ha referido, que, como ya le dije, esperaremos a esa sentencia, ya que está judicializado, para entonces pronunciarnos, pero sí que es verdad que hay actitudes que tenemos que reprochar desde este Parlamento, la transparencia tiene que ser la base fundamental de nuestras políticas.

Y, dicho esto, también quisiera centrarme en esos futuros procesos de selección que se tienen que poner en marcha desde su consejería y en las actuaciones que tiene previsto, también, implementar para agilizar unos procedimientos muy largos, que se suelen dilatar muchísimo en el tiempo, que, además, en algunos casos se contaminan por procesos judiciales y son muy costosos para quienes afrontan esa oposición y para su familia.

Quiero recordar también que la Dirección General de Función Pública está trabajando en el desarrollo de un nuevo módulo informático que permita llevar a cabo una gestión más rápida y eficiente de las listas de empleo y de los procesos selectivos, y, quizás, señora consejera, en su segunda intervención podría ampliarnos un poco más esta información.

Tampoco podemos olvidar que tenemos una Administración envejecida, que en menos de quince años esa totalidad de esa plantilla, un gran número de ellos se van a jubilar y, por tanto, podemos perder un trasvase de conocimiento que no nos podemos permitir. Incluso usted ha hablado ya en este Parlamento de ese trasvase de conocimiento que no podemos permitirnos perderlo porque tiene un valor incalculable, son muchísimos años de experiencia de quienes han estado trabajando en la Administración y tienen que transmitir ese conocimiento a quienes llegan nuevos.

Y es verdad que muchos de estos procesos se remontan a hace ya muchísimo tiempo, incluso a hace cuarenta años, y hace cuarenta años resolvíamos unos problemas y hoy en día tenemos otros problemas, de ahí esa importancia de la que le hablaba de modificar la forma de acceso a la Administración pública porque hoy día tenemos retos diferentes, tenemos problemas diferentes y tenemos que adaptarnos a ellos para poderlos solucionar.

Señora consejera, nos encontramos ante un gran reto que va incluso más allá del actual Gobierno. Sería conveniente que se elabore un plan o una propuesta sin demora para poder debatirlo también en esta Cámara y comenzar a aplicar, sin prisa pero sin pausa, esas modificaciones necesarias para el acceso a la Administración pública.

En resumen, señorías, hay que continuar por la senda, sacar cuanto antes esas ofertas de empleo público de forma periódica para dotar a la Administración de los recursos humanos necesarios que precisa -incluso también en el ámbito de la función pública, que es la encargada de la puesta en marcha-, pues, corrigiendo aquellas cuestiones que impidan su normal y ágil funcionamiento, y, a la vez, introduciendo con el mayor consenso posible, esas modificaciones necesarias y que estimemos entre todos convenientes, tanto en el contenido de las pruebas como en los órganos de evaluación -que tienen que ser profesionalizados y especializados; los componentes tienen que ser profesionales y estar especializados- y en la gestión administrativa de los procesos selectivos, simplificándolos para que sean más ágiles.

Para ello, señora consejera, cuenta con nuestro apoyo, con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, ya que estamos convencidos de que esta transformación al final va a redundar en los ciudadanos, en el beneficio de los ciudadanos y a adaptar los servicios públicos que tenemos a esta sociedad actual. Como ya dije, tenemos una sociedad con nuevos retos y tenemos que afrontarlos, y para afrontar esos nuevos retos tenemos que reconvertirnos, tenemos que cambiar aquello que no funciona y centrar nuestras políticas en solventar los problemas de los ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta.

Gracias, consejera, por ese ejercicio de transparencia al venir hoy aquí a relatarnos lo acontecido recientemente, y también felicidades por haber sido lo suficientemente ágiles en la toma de decisiones, decisiones difíciles.

Y es que el mes de octubre no ha sido un mes aciago para la reputación del empleo público, no solo en la comunidad autónoma se ha visto suspendido cautelarmente este proceso selectivo de administrativos, que ha dejado a 4000 opositores en el limbo ahora durante un periodo de tiempo hasta que se vuelva a celebrar esta oposición, además ha dejado en el limbo a la Administración, que no podrá emplear a esos nuevos funcionarios hasta que la situación se resuelva, y es un problema que, además, lo hemos vivido la semana pasada en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde se van a tener que repetir unas pruebas a las que concurrieron 204 opositores, pues, también por una presunta filtración de preguntas.

Todas estas cuestiones hay, no obstante, que tomarlas con prudencia y cautela y dejar a los tribunales que diluciden y tomen las decisiones que correspondan, tras las investigaciones oportunas.

Pero, no obstante, creemos que es una oportunidad de oro para abordar la cuestión de los procesos selectivos en la Administración pública. Ya en mi anterior comparecencia mencionaba la importancia del sector, del empleo público, en lo que a empleo total en Canarias representa, que es un 18 %, y a esos 4000 millones de euros que se lleva el personal de la comunidad autónoma, solo el que está bajo el paraguas de la comunidad autónoma, de nuestros presupuestos de nuestra Administración territorial.

Por lo tanto, queremos hacer un análisis de estos procesos selectivos para que en esos procesos selectivos futuros podamos mejorar.

Los procesos selectivos no comienzan con la convocatoria del proceso selectivo en sí, sino con la oferta de empleo público, una oferta de empleo público que es un instrumento con el que la Administración planifica sus necesidades de personal en el año en cuestión, y nos llama la atención cuando nos metemos en la página web del Gobierno de Canarias y vemos que la oferta de empleo público que determina las necesidades de personal de 2019 se publica en diciembre de 2019; la de 2021, las necesidades de personal de 2021, se publica en diciembre de 2021; la de 2022 igual, y la de 2023 parece ser que se aprobará, probablemente -ya nos lo dirá usted cómo va la redacción de esa oferta de empleo público-, en diciembre de 2023. No es posible. Parece, de verdad, una broma típica de 28 de diciembre, que una oferta de empleo público para un año en curso se apruebe a finales del año en curso. Entonces, señora consejera, nos gustaría saber si se van a tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

Hablamos de sequía de personal. Aquí siempre estamos hablando de las necesidades de personal y luego no hacemos las tareas para que ese personal llegue lo más rápido posible.

Pero ya una vez se publica la oferta de empleo público, empieza el proceso selectivo, una convocatoria que conlleva una serie de exámenes o pruebas en las que también los tiempos de la Administración son lentísimos. En el apartado web de la comunidad autónoma, de empleo público, en Convocatorias en curso, resulta que nos encontramos que para la convocatoria de plazas de gestión de 2021 aún no se han realizado los nombramientos de los funcionarios públicos, ¿por qué?, pues porque la solicitud de plazas finalizó hace veinte días. Y así en todos los procesos selectivos, que no voy a seguir enumerando porque es realmente entristecedor y cansino.

En cualquier caso, señora consejera, creemos que estos datos avalan la necesidad de agilizar los procesos selectivos, y cuando hablamos de agilizar creemos que es fundamental que todo ello se haga siempre con respeto y pleno respeto a los derechos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, porque lo cierto es que ha habido algunos proyectos piloto a nivel estatal que han abordado esta cuestión y están en los tribunales porque pareciera que pudieran estar vulnerando estos principios.

Hacer exámenes light o soft no es bueno para nadie, ni es bueno para los propios opositores, porque, al ser el examen más fácil, mayor número de opositores concurrirá a las pruebas públicas y, por lo tanto, más difícil será para ellos sacar la plaza. Es decir, no es bueno para los opositores, pero es que tampoco es bueno para la Administración pública, porque un examen sencillo no nos garantiza la atracción de talento que necesitamos en nuestras Administraciones públicas.

Por lo tanto, por justicia y por egoísmo, señora consejera, le animamos y nos gustaría saber en qué medida va usted a actuar sobre los procesos selectivos para que sean la solución a uno de los graves problemas de la Administración pública como es el empleo público.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover.

Tiempo de intervención ahora para Nueva Canarias-Bloque Canarista.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, presidenta.

Yo quiero, consejero, empezar diciendo que valoro esa iniciativa de transparencia, de venir aquí al Parlamento a explicar un hecho que ha sido público y que nos ha, de alguna manera, inquietado a todos por el doble perjuicio que tiene que haya ocurrido esta presunta irregularidad. Por una parte, el perjuicio que les ha provocado a los propios opositores por tener que suspender el proceso selectivo y, sin duda, la propia Administración, que va a retrasar la incorporación de esos seleccionados a su puesto de trabajo.

Tengo dudas, honestamente, de si un asunto que ya está judicializado debiera ser objeto de un debate parlamentario. Soy de las que creo que cuando los asuntos se judicializan debemos dejar que la justicia actúe sin interferencias, pero, una vez que se ha traído aquí, entiendo que es mi obligación reconocer que, por otra parte, también es un ejercicio de transparencia y es una oportunidad, sin duda, para que todos nos posicionemos en relación, primero, con lo que debe ser una máxima en la gestión de lo público y en la actuación de nuestra sociedad, que es el ejercicio de las funciones públicas desde la honestidad, desde la probidad, eso debe ser una máxima permanente en aquellos que nos dedicamos a lo público, en los funcionarios y en el resto de la sociedad.

Se hablaba de... Evidentemente, al final hablamos de procesos selectivos, y la pregunta que se me viene a la cabeza es que si tuviéramos procesos selectivos del siglo XXI, donde los opositores no fueran a rellenar un test o, en algunas ocasiones, a vomitar -perdóneseme la expresión- un temario, a lo mejor sería más difícil que ocurrieran irregularidades -presuntas irregularidades-. Digo esto porque, además, urge cambiar los procesos selectivos, no se pueden medir la competencia digital, las habilidades para trabajar en equipo, el talento, mediante un test, es totalmente obsoleto y, por tanto, creo que este hecho debe animar a algo que ya le he oído a usted nombrar y que creo que está en su agenda de la necesidad urgente de cambiar los procesos selectivos, y buscar también fórmulas para que esto no ocurra.

Por tanto, mi conclusión es, consejera -no voy a agotar el tiempo-, dejar que actúe la justicia. Además, debemos ser prudentes y velar también por el derecho que tienen los terceros a su legítima defensa, a la presunción de inocencia, también a la protección de la privacidad, y aquellos que se hayan salido de lo que es el ejercicio honesto y honorable de lo público, pues, que les caiga todo el peso de la ley. Pero, insisto, dejemos actuar a la justicia y aprovechemos este hecho para favorecer los cambios urgentes en los procesos selectivos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Turno de intervención para el Grupo Popular, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Y buenos días, señora consejera.

Mire, tras haber escuchado las declaraciones que usted ha dicho y hemos tomado conocimiento de esta situación, yo, sinceramente, me siento profundamente preocupada, no solamente por lo que está pasando en el Gobierno de Canarias, sino también por lo que está pasando en otras Administraciones públicas. Ya no le hablo solamente como diputada que soy, mi cargo público, sino también le hablo en mi condición de funcionaria.

Porque no nos podemos olvidar de que, a pesar de que algunos parece que ya lo están olvidando, que contamos con una norma fundamental, que es nuestra Constitución española, en cuyo artículo 103 -y lo voy a recordar- dice que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales, y, además, en su apartado tercero hace hincapié en la regulación de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, diciendo que la garantía para la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas tiene que estar siempre presente en los empleados públicos.

Mire, la objetividad del servicio público se aplica tanto a su dimensión organizativa lo que tradicionalmente conocemos como regulación orgánica, pero también en su vertiente subjetiva, que se refiere a la relación de servicio que se establece entre los derechos y los deberes fundamentales del empleado público. Y, evidentemente, la conjunción de ambas dualidades pone en perspectiva, desde un punto de vista crucial, para la construcción de una función pública que permita a los funcionarios servir con objetividad, como he dicho, e imparcialidad los beneficios de los intereses generales. Sin embargo, a raíz de sus declaraciones y de las acciones que ha hecho el Gobierno y que usted hoy nos ha detallado de forma minuciosa, me veo en la obligación de preguntar qué ha sucedido exactamente, o sea, qué ha fallado en los mecanismos de control, porque hay mecanismos de control.

Según su relato y según, además, lo que hemos escuchado sobre la ex directora general de Función Pública, parece, parece, que presuntamente no cumplió con el principio que tiene que servir cualquier funcionario, que es servir con objetividad los intereses generales, incumpliendo sus deberes, y eso ya lo dirá la justicia. Este asunto, como acaba de decir usted ya -además, lo ha relatado-, parece que está destinado a que sean los tribunales en el ámbito penal los que solucionen esta situación.

La decisión es verdad que parece que se debe a unas denuncias, supongo que habrán sido de las organizaciones sindicales, donde, de las 4000 personas que se presentaron al examen, solo aprobaron nueve, y parece ser que de esos nueve hay dos personas que tienen una afinidad con esa persona que estamos diciendo, que es la exdirectora de Función Pública.

Por tanto, yo, evidentemente, no voy a consumir todo mi tiempo, pero sí me gustaría que usted nos relatara y nos dijera, porque no lo he escuchado en su primera intervención, si se ha abierto algún expediente disciplinario contra la exdirectora de Función Pública y qué implicaciones tiene la suspensión de este proceso selectivo para los nueve aprobados, porque no nos olvidemos que ha habido nueve aprobados, y, asimismo, en el caso de que ustedes al final decidan volver a iniciar el proceso selectivo, si se van a poner en contacto con esas 4000 personas que inicialmente se presentaron a ese examen.

Y también me gustaría saber bajo qué criterios se envió ese informe a Fiscalía. Porque es fundamental trabajar de la manera más transparente posible, porque en esa forma de trabajar los ciudadanos empezarán de nuevo, otra vez, a creer en la función pública.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.

Tiempo ahora de intervención para el Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera.

Nuestro grupo solicitó su comparecencia a raíz del conocimiento de estos hechos y, posteriormente, a la vista de las actuaciones del Gobierno, ha sido el Gobierno el que ha solicitado a petición propia la comparecencia. Y nosotros tenemos que agradecerle a la consejera esa solicitud de comparecencia a petición propia para comparecer en esta Cámara para explicar las circunstancias concurrentes en el último proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo, por el turno libre, en el cuerpo administrativo, que tiene en la incertidumbre a miles de personas, 4200 participantes, y que esperan una aclaración sobre lo sucedido y, sobre todo, quieren saber qué va a pasar en el futuro con esta convocatoria.

Y valoramos positivamente las actuaciones de su consejería, que han sido, a nuestro juicio, exquisitas, diligentes y ágiles por el iter de los hechos que usted ha relatado desde el 1 de octubre que se presentan, se realizan las pruebas selectivas, la posterior renuncia del tribunal, la suspensión cautelar que hace su consejería, con la apertura de expediente informativo por una dirección general independiente a la de Función Pública, la solicitud de informe jurídico para ver qué es lo que ocurre a partir de ahora, en el momento en el que está el procedimiento y a la vista de los resultados, de los indicios del expediente informativo, su remisión al juzgado de instrucción.

Por tanto, hasta el momento la consejería ha actuado con diligencia, con prontitud y, en este caso, tenemos que insistir en que la máxima prudencia, el asunto está en manos de los juzgados, y es el juzgado el que resolverá sobre el mismo. Y aquí, señorías, hablamos... no hablamos de asuntos judiciales, hablamos de responsabilidades políticas, y hay que analizar la responsabilidad política de quien está, estaba al mando y si se actuó con la diligencia debida.

Y la consejera ha citado el proceso selectivo del cuerpo superior facultativo en la especialidad de químicas, de acceso libre, cuya convocatoria fue en noviembre del 2021, se presentaron solicitudes entre noviembre y diciembre del 2021 y se designó el tribunal el 8 de febrero, resultando presidenta del tribunal el 8 de febrero la señora Lucía Águeda Márquez Fuentes, que en aquel momento era funcionaria de la Dirección General de Función Pública. Es decir, cuando la señora Márquez Fuentes acepta el nombramiento como presidenta del tribunal el 8 de febrero, ya se habían presentado las solicitudes de la convocatoria y figuraba en esa convocatoria una persona de segundo apellido Márquez como admitido y participante en el proceso selectivo.

Posteriormente, en el 28 de julio, según resolución de la Dirección General de Función Pública en la que se acepta la abstención de Lucía Águeda Márquez Fuentes en el proceso selectivo de químicas, según la resolución publicada en el boletín, se presenta solicitud de abstención el 28 de julio de 2022, cuando ya se habían celebrado dos pruebas selectivas en las que esa persona de apellido Márquez aparece con las máximas calificaciones, en algunos casos, expedientes que podíamos... exámenes que podíamos calificar casi de perfectos. Bien, pues esa solicitud, el 28 de julio, como digo, con posterioridad a la celebración de los dos exámenes, la resolución establece que la señora Márquez alega tener un vínculo de parentesco de consanguinidad con algún participante y la Dirección General de Función Pública da por verificada la causa de abstención por parentesco. Y yo hago..., insisto en esta resolución, porque es la resolución de la propia Administración, de la propia consejería, la que da por válida la participación de una persona de segundo apellido Márquez, coincidente con el de la directora general, que, además, coincide con los dos apellidos en los procesos de los que después hablaremos, en el proceso de administrativos y en el de auxiliares de biblioteca. Coincide la persona que, finalmente, por la que se abstiene, presuntamente, la directora general en el proceso de químicas, coinciden sus apellidos en los procesos de auxiliares y de administrativos, auxiliares de biblioteca y de administrativos. Por eso esta resolución es tan relevante.

Y yo en esta Cámara, el 10 de octubre del 2022, le pregunté al entonces consejero de Administraciones Públicas sobre esta circunstancia en este proceso de química, y le preguntaba, él le restó importancia y me contestó que había una persona que se había abstenido, pero lo que no me dijo el señor consejero es que había aceptado la designación a sabiendas de quiénes se presentaban al proceso selectivo. Tampoco me dijo que había presentado la solicitud de abstención cuando ya se habían celebrado los dos exámenes, ¿no? Tampoco me dijo que había un sindicato que había solicitado la apertura de expediente disciplinario a la entonces funcionaria por supuestas irregularidades y haber celebrado dos pruebas selectivas. Y no solo no se le abrió el expediente, no solo no se le sancionó, sino que se le premió con el nombramiento de directora general. El 9 de febrero de 2023 se nombra a doña Águeda Márquez Fuentes -después de esto- directora general de Función Pública. Y, claro, se le nombra el 9 de febrero, pero la señora Águeda Márquez Fuentes continúa interviniendo en procedimientos en los que, presuntamente, participan personas con los mismos apellidos de aquella resolución en la que se abstuvo. Y firma la resolución del nombramiento de tribunales de las pruebas que ahora estamos celebrando, siendo directora general y con una persona que coincidía con el apellido de la que se había abstenido, y firma la resolución, el nombramiento de los auxiliares de biblioteca con el mismo apellido. Es decir, la señora Márquez Fuentes firma resoluciones, como directora general, en dos procesos selectivos con posterioridad a su nombramiento, con posterioridad a haberse abstenido en otros procesos alegando parentesco, y firma y sigue y continúa, porque la señora Márquez Fuentes cesa en agosto del 2023.

Luego, aquí hay muchas coincidencias. Yo, mención aparte, usted mencionaba a don Gregorio Martín Plata, el puesto de subdirector de Selección y Provisión de Empleo Público, que dimitió, pero don Gregorio Martín Plata hay que recordar que fue también director general de Función Pública, ostentando la consejería el Partido Socialista, y concurrió en las listas del Cabildo Insular de Tenerife en la pasada legislatura como en la lista del Partido Socialista, y fue consejero del Cabildo de Tenerife por el Partido Socialista. Yo no quiero... y por eso digo, mención aparte. También el señor Martín Plata ha participado en muchos procesos selectivos y se abstuvo en aquel proceso en el que la señora Márquez se abstuvo con posterioridad, como decía.

Por eso yo solo me voy a hecho objetivos, hechos que están en los boletines oficiales y en resoluciones oficiales. Serán los tribunales los que determinen si hubo causa de abstención, si habiéndola no se ejerció, si se ejerció pero no se hizo en el momento oportuno, si hubo filtraciones, si se respetó o no la cadena de custodia de los expedientes, de las preguntas de los exámenes o de los exámenes una vez habiéndose celebrado y antes de su lectura pública. Por lo tanto, serán los tribunales los que lo determinen, y ahora la consejería tiene el difícil papel de resolver esta papeleta.

Porque hay muchas personas que se han presentado y que tienen todo el derecho a participar, y aquí se ha creado una crisis de reputación de la Administración pública, se ha creado una sombra de sospecha sobre muchas personas y mucha gente, y una pérdida de confianza. Y eso es lo que ahora a este Gobierno le corresponde resolver.

Y, además, todo este proceso se ha judicializado y lo que vamos a tener es un retraso en el acceso y en la resolución de este procedimiento, que va a ralentizar el acceso y la cobertura de esas plazas, unas plazas muy necesarias para el servicio público.

Y nosotros, señora consejera, al margen de todo esto, queremos insistir en que hay que... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Señora Beato, ha tenido usted, de verdad, diez minutos.

El resto de los grupos parlamentarios, y yo se lo agradezco, de los portavoces, han cumplido escrupulosamente con el tiempo, y yo se lo agradezco de verdad. Señora Beato, de verdad, yo no la quiero dejar, le voy a dar el minuto, pero es que ha tenido usted diez minutos, es mucho tiempo.

Sí, sí, se lo doy, por supuesto, pero...

La señora BEATO CASTELLANO: Señora consejera, yo solo quería insistir en que hay que revisar los procesos selectivos, pero una cosa son los procesos selectivos y otra cosa es las actuaciones de los responsables públicos que, debiendo actuar pues actúan, deciden cómo actuar y esto hay que analizarlo.

Aquí ha habido, hay que revisar las pruebas, no sé si han visto... estas pruebas son ni para registradores de la propiedad ni para notarías; hay que revisar los tribunales, aquí ha habido en los últimos años una absoluta endogamia en el nombramiento de los tribunales, las mismas personas, prácticamente, que se sustituían unas a otras, y todo eso hay que analizarlo, y los protocolos, también, de custodia de los expedientes.

Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, por su generosidad.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Socialista, señora Cabrera Noda.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes nuevamente, señorías.

Señora Barreto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría sentar una serie de premisas en un asunto como este, tan complejo y tan dificultoso, en el que creo que todos lo que tenemos que hacer es contribuir a darle transparencia y claridad.

La primera de ellas es que tenemos plena confianza en la profesionalidad de la mayoría de los empleados y empleadas públicas de la comunidad autónoma, y la segunda, como bien ha dicho el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, es la apuesta del Gobierno saliente por la estabilización y consolidación del empleo público, lo cual es incontestable en términos absolutos, y mucho más en relación con legislaturas anteriores.

Además del proceso de estabilización, solo en la Administración General se iniciaron 43 procesos selectivos, a los que han optado decenas de miles de participantes, se incorporaron a la Administración unos mil nuevos empleados y empleadas públicas, se renovaron y actualizaron las listas de empleo y las bolsas de empleo, se celebró un concurso de traslado en todos los cuerpos y escalas de la Administración. Si de esos 43 procesos selectivos -perdonen, pero no escucho-...

La señora PRESIDENTA: Por favor, mantengan el silencio.

La señora CABRERA NODA: Si de esos 43 procesos selectivos se han detectado presuntas irregularidades -todavía son presuntas-, sobre todo el de la administración..., el de C1, porque es cierto que no parece admisible que si hay 4000 aspirantes presentados solo aprueben dos, solo esa circunstancia obliga a intervenir para esclarecer lo sucedido y exigir responsabilidades, sin duda ninguna. De esos 9 aprobados se desliza que una de ellas tiene vinculación con una empleada pública, que eventualmente fue nombrada directora general de Función Pública; una funcionaria de carrera con más de cincuenta años al servicio de las Administraciones públicas, que, además, es la jefa de servicio que está llevando a cabo los procesos selectivos, precisamente se le nombró porque se perseguía culminar esos procesos selectivos con éxito.

Estos son los hechos, señora consejera, los hechos que no están sometidos a debate, debate que nosotros no rehuimos. Ahora bien, ¿cuál es nuestro posicionamiento político al respecto y una vez estudiado el expediente? Primero, respaldo total a la decisión del Gobierno de suspender el proceso y de investigar hasta las últimas consecuencias. Creo que es importante señalar que esta es una anomalía, que no... es una excepción a la tónica general de los procesos selectivos; son anomalías que se producen y que generan malestar, no solo por la quiebra del interés general que suponen, sino por las altas expectativas de miles de aspirantes que ven cómo sus esfuerzos caen en saco roto por una injusticia.

La semana pasada éramos conocedores de dos casos bastante semejantes con respecto al Ayuntamiento de Santa Cruz, respecto a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, gestionado por el Partido Popular, que tuvo que suspender un proceso selectivo porque el tribunal detectó la posible filtración de un examen. Eso por un lado. Y otro de los casos que se dio fue la denuncia de algunos sindicatos sobre supuestas ilegalidades en el examen psicotécnico de la promoción interna a subinspectores de la Policía Local, gestionado por Coalición Canaria.

Son situaciones que pasan, es lo que quiero decir, son la excepción, pero ocurren y tienen mucha visibilidad y mucha trascendencia.

El grupo municipal socialista de Santa Cruz de Tenerife respaldó las decisiones del grupo de gobierno, por supuesto, y lo ha hecho, igual que nosotros, respaldando hoy las decisiones del Gobierno, porque desde las instituciones no podemos contribuir a generar desconfianza en los procesos y en los empleados y empleadas públicas, creo que eso es fundamental.

Y, además, quiero dejar claro que la confección de los exámenes y su calificación es responsabilidad exclusiva de los tribunales calificadores, sin que en esta labor los órganos directivos tengan algún tipo de intervención.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para centrarme en dos cuestiones antes de terminar. Por un lado, ¿qué decisiones va a tomar el Gobierno para evitar situaciones así que se repitan en el futuro? Y, por otro, ¿cómo va a resolverse el proceso selectivo suspendido?

El Gobierno saliente pretendió introducir cambios para modernizar el sistema de acceso al empleo público, se crearon diferentes grupos de trabajo para ello. Se pretendían introducir cambios en las bases generales y particulares de las convocatorias para mejorar el sistema en cuestiones como el nombramiento de los tribunales o el contenido de las pruebas. Por ese motivo, deliberadamente se dejaron de convocar los procesos de la oferta de empleo público de 2019, que está pendiente y debe ejecutarse antes de final de año. Y ahí es donde yo le quiero preguntar, ¿se van a aprovechar los avances de esos grupos de trabajo?, ¿se va a llegar a tiempo para convocar los procesos o se van a perder esas plazas generadas por esa oferta de empleo? Esas son las cuestiones que nos ocupan y sobre las que nos gustaría conocer su decisión.

El otro asunto que le planteaba: ¿cómo va a resolverse el proceso selectivo suspendido? Antes le decía que nuestro respaldo a la decisión del Gobierno no significa que no discrepemos o que no alberguemos dudas sobre las decisiones tomadas. La primera de ellas, la primera duda, es que cuando el tribunal presenta su dimisión, en bloque, la dirección general o su director general en su resolución les exige que primero publiquen las calificaciones, y no es hasta entonces cuando suspende el procedimiento. ¿Por qué no se suspende el procedimiento directamente? Si lo necesario era dar marcha atrás en las actuaciones, no entendemos por qué se impulsa hacia adelante.

Antes le citaba el proceso de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. En ese caso, cuando el tribunal detectó la posible filtración, suspendió el proceso inmediatamente y no publicó las notas ni las calificaciones. Creo que esa era la decisión correcta; las calificaciones o esas notas generan una posición jurídica a los calificados y torna más difícil la anulación de las actuaciones anteriores. Y esto es lo que ha ocurrido tras publicarse esas calificaciones.

De momento se ha suspendido el procedimiento, pero yo creo que el siguiente paso que habría que dar es anular el examen y repetirlo. No le voy a esconder que nos sorprende que con 9000 aspirantes y 4000 examinados hasta ahora no se haya manifestado con contundencia respecto a la repetición de este examen, y eso es lo que creo que debería quedar claro hoy.

No es excusa que hayan puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, porque, como usted bien sabe y nosotros también, los procedimientos penales no suspenden per se los procedimientos administrativos, salvo los sancionadores. Por tanto, el procedimiento sigue.

En definitiva, señora Barreto, el Grupo Socialista es el principal partido de la oposición en esta Cámara y creo que nuestra postura hoy, al menos esa ha sido nuestra intención, es la de ofrecer una oposición constructiva. Hemos respaldado políticamente las decisiones del Gobierno y hemos discrepado sobre las virtudes técnicas de cómo las han abordado. Nosotros entendemos que ser oposición y mantener la confianza en las instituciones no es algo que debería estar reñido, pero sí es algo en lo que la política actual no abunda.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera. Gracias también por ajustarse al plazo reglamentario.

Y finaliza el debate de esta comparecencia la señora consejera de Presidencia, por tiempo de diez minutos.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Muchas gracias, presidenta.

Voy a comenzar por las respuestas y dejo para el final las medidas que adoptar.

Vamos a ver, discrepo en una cosa con la señora Hernández, decía en su intervención que no entendía por qué se pedía esta comparecencia. Mire, yo eso no lo voy a discutir, simplemente le voy a explicar mi razón: este asunto para nosotros, en la consejería, es lo suficientemente importante como para dar cuenta aquí. No es la primera vez que solicito una comparecencia a petición propia, en otra etapa, en otro Gobierno, lo hice en varias ocasiones cuando consideré que un asunto era lo suficientemente importante como para informar. Es dar cuenta, puede haber debate o no, eso ya corresponde a los grupos parlamentarios.

Sobre traer aquí un asunto judicializado, yo no he traído un asunto judicializado. He hablado aquí de datos que están publicados, vía boletín, vía página web de los propios procesos selectivos, vía medios de comunicación por supuesto que hay información que aquí no he trasladado y está trasladada al juzgado de instrucción. No se ha presentado en la Fiscalía, se ha presentado en el juzgado de instrucción, hay algunos grupos que han insistido en el tema; no, está en el juzgado de instrucción, corresponderá al juzgado seguir con ese procedimiento. Y, del mismo modo, he dicho en mi primera parte de la intervención que, por una parte, está la investigación reservada respecto de describir de manera pormenorizada el proceso de elaboración del cuestionario, su impresión, embalado, transporte, custodia y reparto a las personas el día de la prueba, y, por otra parte, está el resto de la información que hoy está entregada al juzgado. Es decir, estamos hablando de dos aspectos que tienen que ver con la información que yo traslado aquí.

Y para que quede claro -lo dije también desde al principio-, lo que determine el juzgado es lo que se hará en la parte que compete al juzgado, la otra parte, como decía, de la información reservada lo que intentamos aclarar es dónde se produjo el descontrol. Eso es lo que intentamos aclarar.

Y decía usted también -y quiero concluir con eso esta parte- que no se suelen traer aquí debates sobre procesos judiciales. Le vuelvo a repetir, yo no he traído un debate he venido a informar. Y creo que en esta sede parlamentaria en muchas ocasiones se ha hablado de procesos judiciales que están en curso. Bueno, eso fue lo que anoté, literalmente, de su intervención.

Me decía la señora Luz Reverón... Bueno, sobre la información reservada, lo he vuelto a aclarar, ¿se ha abierto expediente disciplinario?, no, porque, como bien dijo la señora Beato, nosotros hemos abierto una información reservada cuando hemos tenido conocimiento. Abrir un expediente disciplinario conlleva tener información para poder hacerlo e implica que la persona tenga un vínculo con la Administración que hoy ya no tiene porque se jubiló en agosto de 2023, una vez que concluyó su etapa como directora general y como jefa de servicio del área que le tocaba.

Sobre los pasos dados a partir de ahora o que daremos a partir de ahora, pues, los iremos dando de la misma manera que hemos hecho los que hoy he relatado aquí con toda la objetividad y transparencia, y contaremos cuando toque hacerlo.

Y sobre la intervención de la señora Cabrera, desde luego el respaldo que da a las actuaciones que hemos planteado. Sobre por qué o no suspender el proceso selectivo antes o después de las notas está aclarado en la resolución, desde luego no se puede suspender un proceso selectivo sin conocer la causa por la que lo suspendes, el tribunal calificador tenía las notas, solo faltaba publicarlas, lo lógico es que se publiquen, y fue su decisión unánime dimitir por sus razones. Por lo tanto, todo lo demás está aclarado en las resoluciones.

Y usted también insistía en que lo habíamos puesto en la Fiscalía, no, en el juzgado de instrucción, ¿vale? Eso que... Simplemente aclarar esa duda.

Sobre las medidas, que creo que es lo verdaderamente importante. Dado los pasos, tenemos, como decía, la parte administrativa con la información reservada abierta, estamos estudiando la información sobre los dos últimos procesos selectivos que les conté al final de mi primera intervención, por si hubiera que ampliar la demanda a los juzgados, y el proceso judicial en curso, que será el que será.

Medidas que adoptar. Algunas ya las comentamos en la primera comisión que tuve para hablar de los objetivos de la consejería. Ya el pasado 7 de septiembre hablaba y planteaba la necesidad de adoptar medidas en materia de los procesos selectivos. Hay que establecer un nuevo modelo de selección del personal al servicio de la Administración pública, eso es vital. Tenemos que, igual que tenemos que iniciar un proceso de modernización de la Administración pública, de adaptarlo a la actualidad, pues la forma de acceso a la Administración pública también tiene que adaptarse a la actualidad. Sobre esto había un borrador de nuevas bases de la pasada legislatura, pero que nunca se llevó a avanzar ni a aprobar, y esto es un asunto en el que formarán parte importante los sindicatos, porque tendrán que plantear y tendremos que llevarlo a las mesas correspondientes para establecer cómo se hará.

Es vital establecer unas nuevas bases generales que rijan los procesos selectivos. Por un lado, las que rijan los procesos selectivos de turno libre, evitar las pruebas que precisan un prolongado periodo de tiempo, tratando de fomentar pruebas de realización simultánea, y aprobar, también, bases que rijan los procesos de promoción interna, que se favorezca ahí la promoción profesional, y establecer los sistemas de control necesarios. Una tercera medida, regular la designación de tribunales calificadores, era uno de los objetivos pero creemos que es fundamental a raíz de lo sucedido, hay que establecer un sistema nuevo de designación de los tribunales calificadores de los que se forme con todas las garantías respecto de distintos ámbitos de la Administración y de los sectores profesionales -universidades, justicia, Fiscalía general-, tenemos que acudir a profesionales que puedan también participar en los tribunales de oposiciones que no solo sean miembros de la Administración. Y evitar duplicidades en los tribunales, tenemos un proceso selectivo, que les decía al principio, que ha caído porque el tribunal era el mismo.

Además, creo que es vital apoyar a los tribunales en materia de formación, de qué es lo que tiene que hacer un tribunal y de cómo poder gestionar los procesos selectivos. Y en eso la Administración tendrá que ponerles a disposición los medios que necesiten para que lo puedan hacer, así como en la manera de confeccionar las pruebas, adaptadas a los nuevos sistemas de selectivos que se quieren poner en marcha.

Otra medida vital para nosotros es revisar la gestión de los procesos selectivos. Hay un protocolo general de actuación de procesos selectivos que tenemos que revisar y garantizar que en el mismo se establezcan más medidas de seguridad. Respecto a este último, además, abordar un apartado específico sobre la elaboración y la gestión de las pruebas tipo test, porque ha quedado claro que, en este caso, las numerosas quejas demuestran que es importantísima la formación a los tribunales a la hora de elaboración de las pruebas.

Medidas que para nosotros parten fundamentalmente por cambiar las bases de selección y las pruebas selectivas y, desde luego, por el apoyo a los tribunales.

Y yo quiero concluir esta intervención, que no sé si será la única que traiga a este Parlamento, en función de los hechos que se vayan produciendo, pero sí quiero concluir diciendo que para nosotros es fundamental reparar el daño reputacional que se le hace a la Administración pública con situaciones como esta, también con otras, y también a los empleados y empleadas públicas.

El conocimiento, al final, tiene que ser la base principal para acceder a través de pruebas selectivas a la Administración, y yo creo que eso hoy en sede parlamentaria tenemos que dejarlo claro, no solo los portavoces de los grupos, sino también este Gobierno.

Los problemas de deterioro de imagen pública que dejan hechos como este, que causan grave daño, como decía, no solo a la Administración pública, a sus empleados y empleadas, pero también a quienes quieren aspirar, justamente, a ocupar un puesto en la Administración. Y deteriora la imagen también ante los ciudadanos, eso que tanto queremos corregir, trabajar en una Administración que esté adaptada a la actualidad, que sea moderna, en simplificar, eliminar burocracia, pues, al final cosas como esta lo que hacen es alejar más a los ciudadanos de la imagen positiva de la Administración. Y por eso creo, y así lo entiendo y por eso estoy aquí, que tenemos que ser contundentes en depurar responsabilidades, transparentes en los pasos que hemos dado y que vamos a seguir dando, y reparar entre todos el daño reputacional que se le hace a la Administración con situaciones como esta. Pasa por modificar la forma de acceso, pasa por establecer más mecanismos de control y pasa por establecer también unas bases nuevas. Aprender y corregir, eso creo que es la lección que por lo menos en nuestra consejería nos vamos a aplicar.

Y finalizo esta intervención dirigiéndome a quienes hoy esperan poder continuar con el proceso selectivo. Los pasos que demos, lo decía antes la señora Cabrera, serán los que tengamos que dar vía resolución y así se comunicará a ellos, que son los grandes afectados de este proceso. Quiero trasladarles nuestra voluntad, la de mi consejería y la de este Gobierno, de no generar más daño a la situación que ya se ha producido, de buscar fórmulas ágiles para que puedan celebrarse los exámenes para esos para los que están preparados ahora, por lo tanto, no dilatar en el tiempo... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional), no dilatar en el tiempo la posibilidad de que puedan presentarse, con todas las garantías y todos los controles, y que de manera justa puedan formar parte de la Administración aquellos que más conocimiento demuestren a través de las pruebas selectivas.

Esto es un hecho excepcional, llamativamente importante, pero excepcional dentro de la Administración. Todos los que forman parte de ella, de una manera o de otra, son grandes profesionales, lo hemos dicho aquí muchas veces, lo han dicho ustedes y lo he repetido yo en muchas ocasiones. Pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, Gobierno y también Parlamento, por conseguir que los controles y la depuración de responsabilidades sea efectiva y sea real.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.