Diario de Sesiones 14, de fecha 7/11/2023
Punto 11

11L/PO/P-0203 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE ACCIONES PREVISTAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE EXIME A LOS AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20 000 HABITANTES DE PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS PLAYAS CON ZONAS DE BAÑO, DIRIGIDA A LA SEÑORA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

La señora PRESIDENTA: Pues siguiente pregunta, del señor diputado don Manuel Ramón Plasencia Barroso, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre acciones previstas para dar cumplimiento a las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que exime a los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes de prestar el servicio de vigilancia y seguridad en las playas con zonas de baño, dirigida a la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Responderá la pregunta el señor consejero de Política Territorial.

Tiene la palabra, señor Plasencia.

El señor PLASENCIA BARROSO (desde su escaño): Presidenta, señorías, señor consejero.

Después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo donde anula el Decreto, el 116/2018, autonómico, con respecto a la seguridad y vigilancia en las playas, que ese decreto de alguna manera les daba competencia u obligaba a los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes a prestar ese servicio...; una vez anulado, ¿qué intenciones tiene el Gobierno, en este caso la Consejería de Seguridad, para seguir manteniendo esa vigilancia y si la consejería o los responsables van a asumir el sobrecoste que estos ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes han llevado a cabo durante este tiempo, del 2018 a la fecha de esta sentencia?, ¿lo va a asumir el Gobierno o va a llegar a algún acuerdo con los ayuntamientos?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Plasencia.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS (Miranda Medina) (desde su escaño): Gracias, presidenta. Gracias, señoría.

Bueno, como usted bien ha dicho, en el 2018 el Gobierno del momento hizo un decreto sobre la armonización y la regulación del baño y de las playas. Esto ocurrió, que se promueve, y los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes se vieron obligados a hacer un plan de seguridad en playas que, en principio, y como usted bien ha dicho, el Tribunal Supremo lo acaba de declarar nulo, en principio, también porque no tiene rango de ley ni tenía una previsión de dotación financiera. Evidentemente esta situación nos va a obligar a generar una nueva estrategia, una nueva estrategia que, por un lado, garantice la seguridad de todas las playas y de todos los ayuntamientos, digamos, la seguridad jurídica, en toda Canarias, pero también una cuestión que se manifestaba por parte de la Fecam y muchos ayuntamientos afectados sobre la compatibilidad entre la economía y lo que significa dar el servicio, es decir, hay ayuntamientos que no se pueden permitir dar los servicios que se estaban exigiendo por la normativa en vigor.

Bien. ¿Qué hemos hecho? Lo primero que estamos haciendo es lo que hemos venido haciendo con todo, es iniciar diálogos con colectivos sociales. En este caso hemos estado reunidos, la semana pasada, con Canarias 1500 Km de Costa, que, como bien saben, es una asociación que está muy preocupada por el problema de los ahogamientos en las costas canarias, y el próximo lunes tendremos, el viceconsejero tendrá una reunión con la Fecam también al efecto.

Tenga claro que nosotros no vamos a actuar a espaldas de los ayuntamientos. Vamos a tener en consideración lo que usted está planteando, que económicamente se pueda llevar a cabo. No sé exactamente -todavía lo estamos estudiando- cuál va a ser la consecuencia jurídica y si vamos a tener que aportar economía a los ayuntamientos con base en esa sentencia, es una cuestión que tenemos en estudio en estos momentos, pero sí queremos dejar claro que la normativa tendrá carácter de ley, porque así se nos ha obligado a que sea, y que tendremos, irá en consonancia con la ley de protección civil que este Gobierno quiere aprobar en la actual legislatura.

Por lo pronto lo que vamos a hacer es dotar a los ayuntamientos de asesoramiento técnico y recursos para la elaboración de los planes de baño, me refiero a todos aquellos ayuntamientos, que eran aproximadamente el 50 %, que no tenían todavía aprobados los planes de seguridad en playas. Con lo cual vamos a seguir ayudando y vamos a seguir aportándoles información para que puedan desarrollarlos y tengan seguridad jurídica en torno al tema de los ahogamientos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Señor Plasencia, tiene la palabra.

El señor PLASENCIA BARROSO (desde su escaño): Le agradezco, señor consejero, esa información, pero hay que tener en cuenta que los ayuntamientos, conforme a la ley de bases de régimen local, en su artículo 26, tienen una serie de competencias en función de la población y, en el caso del que estamos hablando, municipios de menos de 20 000 habitantes no tienen competencia en playas. Por lo tanto, si este Gobierno quiere atribuirles alguna competencia, llámese seguridad, llámense los planes que quieran hacer, deberá ir en rango de ley, como dice la sentencia, y aparejada con su ficha financiera correspondiente para poder seguir asumiendo nosotros esas competencias. No obstante, seguramente en la Fecam el lunes ya hablarán de ese tema.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Plasencia.