Diario de Sesiones 16, de fecha 21/11/2023
Punto 29

11L/DL-0004 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 11/1997, DE 2 DE DICIEMBRE, DE REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO

La señora PRESIDENTA: Decreto ley por el que se modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.

Tiene la palabra el Gobierno.

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA (Hernández Zapata): Muchas gracias, señora presidenta.

Es inevitable empezar mis palabras transmitiendo el sentido pesar a toda la familia de Jerónimo Saavedra, a toda la familia socialista. No es un día sencillo.

Y comparezco hoy ante este pleno para defender la convalidación del Decreto Ley 8/2023, de 6 de noviembre, por el que se modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.

Antes de entrar a desgranar las novedades y modificaciones que este decreto ley establece, voy a referirme a la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la elección por parte del Ejecutivo de este instrumento jurídico para la aprobación de la modificación.

Como hemos debatido sobradamente en esta Cámara, en lo que va de legislatura o en legislaturas anteriores, la situación energética en Canarias constituye una de las mayores preocupaciones de este Gobierno autonómico. En esta misma tribuna comparecí en el mes de octubre para presentar al Parlamento la declaración de emergencia energética como un instrumento y una hoja de ruta para abordar las soluciones al déficit energético que sufre el archipiélago. La voluntad de todas las administraciones públicas de las islas, la cooperación del Ejecutivo nacional y el trabajo junto al sector energético están dando ya las primeras soluciones a los problemas históricos de energía en Canarias.

El cero energético de La Gomera, junto al resto de los vividos en Canarias en la última década, es la punta del iceberg de la situación de déficit que durante años advirtieron los operadores del sistema.

La ley nacional y la ley autonómica del sector energético regulan, entre otras muchas cuestiones, las infracciones y sanciones en materia del sector eléctrico, pero sin ninguna causa que lo justificara los plazos de caducidad de los procedimientos administrativos, los de prescripción de las infracciones y las sanciones no coincidían y, por tanto, se ha generado una inseguridad jurídica, no garantizando un sistema legal, justo y equitativo.

¿Qué consecuencias ha tenido? Pues son claras. Un perjuicio evidente para la comunidad autónoma y para los ciudadanos. Por ponerles un ejemplo que todos conocemos y que creo que pone a las claras la necesidad de esta modificación que hoy traemos aquí, el expediente sancionador por el cero energético de Tenerife. De esta consejería se inició expediente a la entidad Unión Eléctrica de Canarias Generación, que se resolvió en el plazo que inicialmente se pensaba que era de aplicación, dieciocho meses. Poco después una sentencia judicial declaró caducado el expediente. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder en Canarias. Posteriormente, han sido numerosas las sentencias que han encaminado los fallos en el mismo sentido. El interés general que la situación del sector energético tiene en Canarias, así como las sentencias judiciales que nos ponen de relieve la situación de inseguridad jurídica de los ciudadanos frente a las incoherencias entre la ley nacional y la autonómica justifican, a nuestro juicio, la extraordinaria y urgente necesidad que avala este decreto ley.

La Ley 11/1997, de 2 de diciembre, remite en cuanto a la tipificación de las infracciones a la regulación nacional; sin embargo, en cuanto al procedimiento sancionador remite a lo previsto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, resultaba obligado el plazo general de tres meses previsto sobre el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, un plazo que, debido a la complejidad de los expedientes en materia energética, hacía imposible tramitarlos con las mínimas garantías exigibles. Esto ha generado un importante perjuicio para el interés general, justificando así la aprobación de este decreto ley.

Hoy tenemos sobre la mesa otros expedientes igual de complejos que los que hemos tenido hasta ahora, el cero energético de La Gomera, cuyo expediente está todavía en trámite, que es uno de ellos. Por expedientes como estos, que son de interés para la ciudadanía y que es imposible resolver en tres meses, es por lo que se modifican estos plazos. No incluimos nuevos procedimientos que hagan más engorroso el proceso, sino lo que se busca es un mayor plazo que permita resolver con mayores garantías.

Es evidente que el Decreto Ley 8/2023, de 6 de noviembre, que modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico, es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con los principios de necesidad y eficacia.

En poco más de ciento veinte días, señorías, hemos sacado adelante también este decreto que, junto con el resto de medidas impulsadas desde la declaración de emergencia energética, supone un impulso a resolver el problema energético de las islas.

Quedo a disposición de sus señorías para cualquier aclaración, esperando contar con el apoyo de los diferentes grupos políticos para convalidar un decreto ley que viene a dar mayores garantías a los ciudadanos y a las administraciones de las islas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Turno de intervención ahora para el Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente. Cuando quiera.

(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Matos Expósito).

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, señor presidente. Señor consejero.

Las modificaciones previstas en este decreto ley para modificar la Ley 11/1997 se realizan dentro de las competencias que existen por parte del Estado para dictar normas al régimen minero y energético, como dispone el artículo 149 de la Constitución. Y la principal motivación, como usted bien ha relatado, es la necesaria armonización de una normativa que desde 1997 ha sufrido multitud de cambios, pero que no se han reflejado en la normativa de aplicación. Y esto es necesario porque, a pesar de que tenemos un marco competencial claro, no se justifica la disparidad de la normativa estatal y autonómica, especialmente en el régimen sancionador, donde la aplicación del régimen general con plazo de tres meses es claramente insuficiente para la tramitación de este tipo de expedientes tan complejos, con lo que conlleva en muchos casos su caducidad. Coincidiendo también con el propio dictamen en que en muchos casos la caducidad, es el propio legislador quien debería establecer de forma directa tales plazos, no esperar directamente a una remisión, sino ahí sí podríamos entrar a legislar. Así que también aquí es donde tenemos trabajo pendiente que nosotros podemos y debemos acometer.

También, respecto a la prescripción, que no es de aplicación al procedimiento, sino al régimen jurídico de las infracciones y sanciones, también debe ser objeto de regulación aparte, porque el artículo 22 que lo venía regulando ha sido derogado. Entonces también, si no lo regulamos, de lo contrario contribuiremos a generar mayor confusión jurídica.

Y a modo de ejemplo tenemos que la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el artículo 79, fija una serie de plazos, en este caso de dieciocho meses, para las infracciones muy graves y graves y de nueve meses cuando se incoen leves y, por otro lado, tenemos los tres meses del plazo general. Una clara contradicción entre la norma especial y general que se debe resolver por la vía de la remisión expresa a la norma especial y así fijar criterio.

Y, respecto a la justificación para emplear este decreto ley, compartimos lo dispuesto en la memoria: la disparidad en la cuantía de las sanciones, en los plazos de caducidad, prescripción de los procedimientos sancionadores en materia del sector eléctrico; va en contra del principio de seguridad jurídica y tenemos la obligación, como poder legislativo, de clarificar nuestro ordenamiento y evitar así las lagunas y antinomias, en definitiva, dar previsibilidad sobre nuestras normas al conjunto de la sociedad, porque si no no sabemos con qué juega, con qué reglas se está jugando. Y usted, señor consejero, ha relatado algunas de las sentencias que vienen a reflejar esta situación y cómo deja a la Administración en una clara desventaja en este tipo de expedientes y, por tanto, se perjudica el interés general.

Y, sin duda alguna, uno de los temas más importantes, y que creo que existe gran conflictividad en el ámbito administrativo por resultar de obligado..., es el plazo general de los tres meses previsto en la legislación, en el reglamento administrativo común. Y este plazo, como comentamos, es insuficiente para este tipo de expedientes, suponiendo que muchos acaban caducando, con lo cual nuevamente se deben volver a iniciar con las consecuencias que ello conlleva.

Y, por cierto, caducidad y prescripción, que son figuras en derecho tan diferentes, pero que muchas veces confundidas, y confundidas en muchas ocasiones por el propio legislador, que suele hacer unas normativas enrevesadas. Como decía un profesor mío de Derecho Administrativo, el legislador utiliza el derecho administrativo en defensa de la Administración; por lo tanto, por eso es la normativa a veces más enrevesada que tenemos. Por eso también coincido con el dictamen en el sentido literal de que puede resultar sumamente perturbadora la indebida mezcla de instituciones como la prescripción y la caducidad, por lo que en aras de la salvaguarda del principio constitucional de seguridad jurídica no procede contribuir a alimentar la confusión reinante. Estas son las normas que debemos clarificar para evitar esta confusión de este tipo de instituciones jurídicas, de plazos o también de normativas de aplicación.

Por eso votaremos que sí a este decreto ley, aunque también sería aconsejable que se haga por el trámite de proyecto de ley para también garantizar el debido trámite parlamentario, más sosegado y donde se realicen las debidas aportaciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señoría.

Turno para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.

El señor RAMOS CHINEA (desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señor consejero.

La Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la convalidación de este decreto ley. Yo creo que en su exposición de motivos, yo creo que queda suficientemente clara la necesidad.

Además, en su intervención, nos hacía alusión a esos informes que han caducado o que están a punto de caducar y no nos podemos permitir seguir teniendo estos fallos a la ciudadanía. Tenemos que proveernos de seguridad jurídica, pero también, a la vez, de seguridad a los ciudadanos, y para eso es fundamental asegurar el suministro eléctrico a todos y cada uno de los canarios. Por supuesto, también seguir avanzando en esa transición energética justa y cada vez más sostenible; tenemos que seguir apostando por un sistema eléctrico donde no tengamos esa dependencia de las energías fósiles, lo cual nos hace también más dependientes del exterior, con las consecuencias que eso supone: ser mucho más cara la producción de energía, etcétera.

Por tanto, tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestro sistema eléctrico, que es fragmentado, es insularizado, y hay grandes proyectos en medio como son las interconexiones, etcétera, que tenemos que seguir trabajando en ellas.

Respecto a este decreto ley, yo creo que queda clara la necesidad de ampliar esos plazos, para que no vuelvan a ocurrir las situaciones que usted nos ha descrito con esos expedientes y esa caducidad de ellos.

Por tanto, creo que, como ya le dije al principio de mi intervención, vamos a votar a favor de este decreto ley, pero vamos a votar también para que se tramite como proyecto de ley. Así también respondemos a esas conclusiones o a esas advertencias que nos hace el Consejo Consultivo al respecto para que podamos no crear una inseguridad jurídica, sino todo lo contrario, creemos esa seguridad jurídica necesaria. Y nuestro grupo va a estar con plena disposición para, durante el trámite en ponencia de esta ley, sacar el mejor texto posible.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno para el Grupo Parlamentario VOX.

Adelante.

El señor GALVÁN SASIA: Buenas tardes. Buenas tardes, consejero.

La verdad es que va a ser una intervención breve, porque, siguiendo lo dicho por el Consejo Consultivo, la Administración no puede quedar prácticamente inerme frente a las actuales irregularidades que puedan realizarse en el sector eléctrico, lo deja bien claro. Se trata de igualar los plazos a la normativa estatal, es algo que le gusta mucho a VOX, que la normativa autonómica deje paso a la normativa estatal, con lo cual tiene varios puntos a favor.

La conclusión del Consejo Consultivo es que es conforme a derecho este decreto y, por lo tanto, también, como el resto de los grupos que me han precedido, yo creo que para completarlo y mejorarlo sería deseable que se tramite como proyecto de ley, para incluir lo que también aconseja el Consejo Consultivo.

Yo creo que lo que está claro es que este decreto lucha contra la inseguridad jurídica del ciudadano y yo creo que una máxima tiene que ser que el que la hace, pues, la pague, y en este caso los ceros energéticos no pueden quedarse sin responsables.

La lucha contra la emergencia energética, por supuesto que estamos de acuerdo. Yo creo que ya se lo he citado en innumerables ocasiones. Podemos llegar a un consenso, tenemos muchas más cosas que nos acercan que las que nos separan. Yo creo que, utilizando el sentido común y el análisis coste-beneficio, podemos llegar a muchos acuerdos.

Y nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. (Rumores en la sala).

Ruego silencio, señorías.

Adelante.

El señor CARABALLO MEDINA: Muchas gracias, presidente. Buenos días.

Bueno, está claro que las empresas energéticas no tienen reparos a la hora de cortar el suministro energético a los hogares canarios cuando no pagan las facturas. Entonces yo creo que desde nuestro grupo creemos de vital importancia para el bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Esta modificación, recientemente aprobada por ustedes, por el Consejo de Gobierno, con ese objetivo sobre todo de fortalecer la capacidad del Ejecutivo canario para sancionar a estas empresas responsables de manera más eficaz, sobre todo en momentos como los sufridos en La Gomera con ese cero energético.

La ley actual del sector eléctrico canario, específicamente su artículo 19, establece los mecanismos sancionadores, pero se enfrenta, como usted bien dijo, señor consejero, a limitaciones temporales significativas. Los plazos establecidos por la Ley del Procedimiento Administrativo Común son insuficientes para abordar situaciones complejas que requieren sobre todo una investigación exhaustiva, como lo sufrido con los grupos auxiliares en la Isla Colombina.

Esta modificación permitirá al Gobierno canario sobre todo contar con esos plazos que usted decía, pasando a esos dieciocho meses, alienado más con la normativa estatal, para sancionar a las empresas del sector eléctrico. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que este ajuste no solo simplificará los trámites, sino que también proporcionará al Gobierno los instrumentos necesarios para cumplir con los plazos establecidos por la legalidad sin comprometer la rigurosidad de la aplicación de sanciones.

En definitiva, señor consejero, nuestro grupo va a votar a favor de esta modificación. Creemos que es justa y necesaria. Y, por otro lado, también desearle y apoyar lo que decíamos en las últimas comisiones, en esa transición energética también verde, apostando más que nada,por energías limpias y esas conexiones interinsulares. Es por ello que nuestro grupo votará a favor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Adelante.

La señora DÍAZ Y DÍAZ: Presidente, señor consejero, señorías.

Yo creo que, si tomamos conciencia de la realidad energética que vive Canarias en estos momentos y que en estos primeros cien días de legislatura ha llevado a este Gobierno a declarar la situación de emergencia energética en nuestro archipiélago, es obvio que a ninguno de nosotros debería sorprendernos que hoy estemos aquí, en el seno de esta Cámara, para abordar de manera extraordinaria y urgente la necesidad de tratar y avanzar en este asunto.

Miren, ustedes saben como yo que el cero energético que sufrió este verano la isla de La Gomera no ha sido un hecho aislado. Es más, saben perfectamente que constituye la punta de lanza de lo que puede suceder en cualquier isla del archipiélago. Del perjuicio social y económico que la falta de planificación, la falta de voluntad política, el hacer oídos sordos a esos informes de Red Eléctrica Española, que desde 2021 nos advertían a los canarios, advertían a este Gobierno, de lo que podía suceder en nuestro archipiélago, que estábamos en números rojos en lo que a la generación de potencia eléctrica se refiere en Canarias, que nos decían que teníamos que intervenir, que había que tomar decisiones... Miren, ¿qué quieren que les diga? Lástima que durante cuatro años no tuvieran tiempo de leerlos y de actuar en consecuencia. (La señora presidenta regresa a su lugar en la Mesa).

Señor consejero, como habrá podido comprobar en estos primeros meses de Gobierno, la herencia recibida es crítica y avanzar en la senda de la transición y el equilibrio energético que Canarias necesita exige tomar decisiones valientes. Decisiones que vayan acompañadas de una apuesta decidida por facilitar las inversiones públicas y privadas, por impulsar infraestructuras para generar, almacenar, distribuir y comercializar la energía, para simplificar la burocracia y los trámites administrativos, para anteponer el interés general, para que Canarias no siga perdiendo oportunidades y, por supuesto, para garantizar un marco legal estable.

Y nada de ello sería posible si no trabajamos para promover un sistema mucho más equitativo que reduzca la inseguridad jurídica que genera la falta de coherencia y adecuación precisamente entre la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico en Canarias, aprobada por este Parlamento, y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, aprobada por las Cortes Generales. De ahí que este decreto ley abogue precisamente por equiparar las normativas, para que esas diferencias que tenemos a día de hoy y que se recogen entre ambas leyes, entre la canaria y la estatal, no conculquen principios básicos, principios de referencia.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que es importante unificar criterios, criterios respecto a esos plazos, a esos plazos que regulan la tramitación de los expedientes relativos a las infracciones y las sanciones, básicamente para que no prescriban y que con ello podamos garantizar un sistema mucho más justo, dejando claro cuáles son las consecuencias legales frente a los incumplimientos. Pero es que además no podemos ni debemos permitir dobles varas de medir respecto a las cuantías que tienen que asumir quienes cometen infracciones. No sería justo permitirlo. Una desigualdad evidente a la que este decreto también viene a poner fin.

Decreto que, como sus señorías habrán tenido la oportunidad de comprobar, promueve y regula las competencias en lo que a resolución y notificación de los procedimientos sancionadores se refiere, facilita que esas normas que se promuevan desde el Estado, y como no podía ser menos, puedan ser implantadas en Canarias y que, finalmente, también apuesta por la profesionalización y la especialización de aquellas empresas que intervengan en el sector eléctrico en nuestro archipiélago.

Nos encontramos, por tanto, ante un decreto coherente con los principios de buena regulación, que cumple con los principios de necesidad y eficacia y que constituye el método más adecuado para poder cumplir también con los objetivos que se persiguen y, con ello, cumplir con las garantías que tenemos y debemos dar a los canarios, tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos la importancia de convalidar este decreto, así como su tramitación como proyecto de ley, para no solo mejorar, sino enriquecer con las aportaciones de todos en beneficio del conjunto de Canarias el contenido del mismo.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Nacionalista Canario. Señora Évora Soto.

La señora ÉVORA SOTO: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Señor consejero, como ya le comenté en comisión, hemos hablado mucho de energía en lo que llevamos de legislatura y creo que seguiremos tratando este tema, sobre todo después de la declaración de emergencia energética debatida en este Parlamento.

Desde el Grupo Nacionalista Canario solo indicar muy brevemente que, por supuesto, respaldamos totalmente esta propuesta para la convalidación del decreto ley que permite modificar la Ley 11/97, de regulación del sector eléctrico canario. Además, visto el dictamen del Consejo Consultivo, que plantea algunas observaciones con las cuales coincidimos, y que van a dar mayor seguridad jurídica al texto de la ley, apoyaremos continuar su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia.

Como ya se ha comentado, la iniciativa facilita la actualización de contenidos y ayuda a solventar carencias detectadas a la hora de coordinar infracciones y sanciones, tanto en la normativa estatal como en la autonómica, y así dar seguridad jurídica al tramitador. Con esta iniciativa estamos hablando de que la norma responda a las realidades que afectan de forma cotidiana a los usuarios.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiempo de intervención ahora para finalizar para el Grupo Socialista.

La señora VANOOSTENDE SIMILI: Buenos días. Buenos días a todos y a todas.

Adelantamos desde el Grupo Socialista que vamos a apoyar la aprobación de este decreto ley y también su tramitación como proyecto de ley en esta Cámara.

Entendemos que este borrador de decreto ley viene a aclarar determinadas cuestiones importantes como el régimen de competencias y también los plazos para esos expedientes sancionadores, y que al final eso repercute en una seguridad jurídica tanto para el administrado como también para la propia Administración, que tiene unos plazos mucho más largos para poder tramitar estos expedientes que son ciertamente complejos, y que al final es el interés general el que tenemos que defender y, por tanto, entendemos que vamos a apoyar esta propuesta.

También le queríamos pedir que haga un esfuerzo para tramitar estos procedimientos en tiempo y forma, que haga un esfuerzo desde el Gobierno de Canarias y que no sea una excusa para dilatarlos en el tiempo este alargamiento de los plazos de los expedientes sancionadores.

También nos gustaría pedirle que desde el Gobierno de Canarias se hiciese una auditoría externa para saber cuál es el estado de todas las instalaciones, independiente de las auditorías de parte.

Hemos estado hablando de la emergencia energética, con una cierta demagogia por parte del Grupo Popular, porque siempre se les olvida decir que fue una ley del ministro Soria del año 2013, que de aquellos polvos, estos lodos; que no se ha hecho nada en los últimos años, pero la realidad es que el Gobierno de Ángel Víctor Torres no solo potenció todo lo que es la transición a las renovables como nunca se había hecho en esta tierra, no solo ha propiciado que haya oficinas verdes, que se apliquen los fondos MRR, sino también trató esta cuestión con el Gobierno de España, incluso hay unas alegaciones presentadas a ese proceso de concurrencia del que le hablaré después.

¿Qué nos preocupa a nosotros como Grupo Socialista? Nos preocupa que esta emergencia energética, que, como hemos dicho de forma reiterada, se generó, se declaró después del cero energético de La Gomera... Nunca ha habido un debate claro en este Parlamento ni en la sociedad de por qué se generaron esos ceros energéticos. La verdad es que esos ceros energéticos no se generaron porque los motores fuesen antiguos o estuviesen obsoletos, sino por cuestiones secundarias como, por ejemplo, en el cero de La Gomera, por un incendio en una sala de servicios. Yo creo que también tiene que hacernos reflexionar el alcance de esta emergencia energética y que las acciones de hoy pueden hipotecarnos el futuro. Esta emergencia energética lo que hace es facilitar la mejora de todas las centrales térmicas en un plazo récord de un año, frente a la implantación de renovables, que tienen procedimientos convencionales, larguísimos en el tiempo, cuatro o cinco años. Es decir, vamos a facilitar que en menos de un año tengamos un refuerzo en todas las centrales térmicas con generación de gases de efecto invernadero, con el uso de combustibles fósiles, frente al resto de la Unión Europea, que en ningún país del sur de la Unión Europea se están dando estas nuevas inversiones. Va a ser el único caso, en Canarias, que tengamos nuevas inversiones en combustibles fósiles. Creo que eso nos debe hacer reflexionar.

También nos debe hacer reflexionar que también tenemos que poner la vista en esas instalaciones que nos permitirán dar un salto, que son las instalaciones para almacenar energía. Ahí están Chira-Soria y Güímar, son dos instalaciones que, a pesar de ser del Estado, también al Gobierno de Canarias le compete impulsar. También ahora con el nuevo ministro, Ángel Víctor Torres, estoy segura de que tiene la sensibilidad y que tendremos el apoyo en Madrid para poder impulsar estas instalaciones, que nos permitirán en cuatro años poder cambiar de combustibles fósiles a energías renovables.

Es verdad que también, como decía antes, hay una propuesta de un borrador de un proceso de concurrencia del ministerio para poder hacer nuevas instalaciones. Tenemos de plazo hasta final de mes para hacer alegaciones. El equipo del consejero Valbuena las hizo en su momento, me consta que el consejero también ha hecho otras alegaciones. Me gustaría que nos explicase sucintamente en qué consisten y cuáles se han incorporado en esta propuesta de borrador del ministerio. No nos olvidemos, en esta propuesta aparece que en islas como La Palma pasamos de 100 MW a, 2028, 150 MW en combustibles fósiles. No nos olvidemos de que eso es lo que pone la propuesta del ministerio.

También me gustaría preguntarle al consejero, que además, siendo de La Palma, lo habrá leído con especial atención, una propuesta del Cabildo de La Palma en la que asegura tener un apoyo de la Unión Europea para hacer un proyecto para descarbonizar completamente la isla en el año 2040. Me gustaría saber también si nos podría explicar, porque nos interesa muchísimo, saber de qué se trata y si lo ve viable y lo ve factible, ese periodo de tiempo y ese horizonte.

Bueno, cierro diciendo que le vamos a apoyar, tanto a la aprobación del borrador de decreto ley como a su tramitación como proyecto de ley.

Muchas gracias.

(El señor consejero de Transición Ecológica y Energía, Hernández Zapata, solicita la palabra).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vanoostende.

Sí, tiene la palabra el señor consejero, en virtud del artículo 83.5. Cuando quiera.

Le doy un minuto, si necesita más...

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA (Hernández Zapata) (desde su escaño): Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: ¿Tiene con un minuto?

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA (Hernández Zapata) (desde su escaño): Un minuto.

La señora PRESIDENTA: ¿Tiene suficiente?

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA (Hernández Zapata) (desde su escaño): Sí, sí.

La señora PRESIDENTA: Perfecto. Pues, un minuto.

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA (Hernández Zapata) (desde su escaño): Muchísimas gracias, señora presidenta.

Quiero aprovechar la palabra solo para agradecer el tono de todos los grupos, el apoyo a esta modificación vía decreto ley. Traeremos la ley para tratarla entre todos e intentar seguir mejorándola.

Yo creo que los pasos que hemos dado en materia energética en apenas estos meses de gobierno son absolutamente necesarios para Canarias, también la modificación de este decreto ley. Y tengan muy claro que no vamos a dar ni un solo paso atrás en la penetración de renovables en nuestras islas, lo estamos demostrando cada día. Y el apoyo de la energía convencional es absolutamente necesario, de respaldo para esa penetración de renovables.

Yo creo que la descarbonización de las islas debe ser y debe continuar siendo el objetivo para toda Canarias, también para la isla de La Palma, que lo que han anunciado es que se encuentran dentro de una financiación Clean Island, donde también hemos incluido a la isla de La Graciosa por parte de este Gobierno de Canarias. Y seguiremos trabajando en esa línea.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Finalizado el debate, llamo a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Bueno, en el día de hoy se va a proceder a este tipo de votación: por un lado, vamos a hacer la votación presencial; por otro lado, hay un voto anticipado de la señora Oramas, y, por otro lado, hay dos votos telemáticos, de la señora González González y de la señora Espino.

Por tanto, vamos a votar presencial y les voy dando los resultados por este orden. Votamos. (Pausa).

Votos presenciales presentes, 63: sí, 63; no, cero y abstenciones, cero.

Ahora estamos a la espera del voto anticipado y del voto telemático. (Pausa).

Voto anticipado de la señora Oramas, sentido del voto: sí. Por tanto, 64.

Y falta el voto telemático. (Pausa).

Voto telemático: 2, sí.

Por tanto, queda aprobado por unanimidad.

Siguiente votación. Ahora vamos a votar si quieren que esto se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos. (Pausa).

Votos presentes, 62: sí, 61; no, uno; abstención, cero.

Esperamos por el voto anticipado y por el voto telemático. (Pausa).

Voto anticipado de la señora Oramas: no.

Pendiente del voto telemático. (Pausa).

Bueno, los votos telemáticos han sido los dos no... No, perdón, los dos, sí.

Por tanto, quedaría, total, 63 y no 2.

Muy bien, pues, terminada la votación, tiene la palabra el señor vicepresidente de la Mesa.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Presidenta, como mi grupo me está incluso amenazando con sancionarme, simplemente quería decir que ha sido un error a la hora de la votación.

La señora PRESIDENTA: Muy bien.

Bueno, entonces, terminada la votación, suspendemos el pleno hasta el jueves a las diez y media de la mañana.

Buenas tardes.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta minutos).