Diario de Sesiones 16, de fecha 21/11/2023
Punto 3

11L/PO/P-0314 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON RAÚL ACOSTA ARMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE ACCIONES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO PARA DESACTIVAR LA APLICACIÓN, EL 1 DE ENERO DE 2024, DEL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN EN LOS VUELOS NO DOMÉSTICOS CON DESTINO U ORIGEN EN REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS, DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del señor diputado don Raúl Acosta Armas, del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Herreña Independiente, sobre acciones que se están desarrollando para desactivar la aplicación, el 1 de enero de 2024, del régimen de comercio de derechos de emisión en los vuelos no domésticos con destino u origen en regiones ultraperiféricas.

Tiene la palabra.

El señor ACOSTA ARMAS (desde su escaño): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Clavijo, a colación también de la pregunta del señor Casañas, el próximo 1 de enero, efectivamente, de 2024 los vuelos no domésticos con destino u origen en Canarias deberán hacer frente a la llamada tasa verde, es decir, las compañías aéreas deberán incorporar el régimen de comercio de derechos de emisión. Canarias seguirá estando exenta de este régimen hasta el 2030 en los vuelos entre islas y la península, pero el resto de operadores deberá asumir ahora el famoso principio de "quien contamina paga", un pago que se realiza a través de la subasta diaria de los derechos de emisión y que revierte a los Estados de la Unión, quienes deben dedicar estos recursos a la lucha contra el cambio climático. Desde el 2013 estas subastas han recaudado 150 000 millones de euros, lo que da un poco una idea cuantitativa y cualitativa del tema del que estamos hablando. Tanto que, según los propios cálculos de la Unión Europea, la incorporación de los vuelos no domésticos de las RUP implicaría un incremento del 7 % de la cantidad de las emisiones cubiertas. Con estos precedentes, es muy probable, por no decir imposible, que la Unión Europea dé marcha atrás, al menos a medio plazo, en esta medida. Y digo a medio plazo porque en la única modificación de la última directiva europea, aprobada en mayo pasado, se añadió dentro del artículo 30 que la Comisión se compromete a evaluar la conectividad aérea de las islas y los territorios remotos, incluida una reflexión sobre la competitividad y la fuga de carbono, así como las repercusiones medioambientales y climáticas.

Nos enfrentamos, por tanto, a una dicotomía: Canarias no puede dar la espalda a las medidas de descarbonización de la economía, sobre todo en términos de reputación como destino turístico verde, pero tampoco puede asumir el elevado coste económico y social que tendrían las mismas. De manera que lo más lógico sería estudiar posibles mecanismos de compensación, quizás en forma de retorno de esas subastas de derechos u otros, comprometiéndonos, claro, a avanzar intensamente hacia una economía más sostenible, especialmente dentro del sector turístico.

Señor Clavijo, usted mantuvo hace unos días una reunión en Bruselas en relación con este asunto y me gustaría saber qué valoración hace de estos encuentros, especialmente a raíz de lo que acaba de comentar, que esos estudios económicos no se han realizado y que, por tanto, dentro de la Unión Europea no conocen verdaderamente el impacto que puede tener esta medida dentro del sector turístico y, especialmente, dentro de la economía de Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Tiene la palabra, señor presidente.

El señor PRESIDENTE DE CANARIAS (Clavijo Batlle) (desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Señor portavoz, efectivamente, como eran dos preguntas, la segunda parte la voy a contestar para que el señor Casañas también... con la segunda grata sorpresa.

Efectivamente, nos encontramos que no hubo informes del Gobierno de Canarias que avalasen, de ningún tipo, el daño que se les iba a ocasionar a las islas, ni siquiera el efecto negativo que iba a tener respecto a la conectividad. Si estamos intentando, con el Fondo de Desarrollo de Vuelos, poder conectar La Palma con Inglaterra, o con el Reino Unido, o con Francia, si estamos incluso con la compañía aérea canaria intentando conectar Canarias con distintos destinos como pueden ser África o la isla de Lanzarote o la isla de Fuerteventura, parece un contrasentido no aportar esa documentación.

Sí encontramos dos vertientes positivas en esas reuniones: primera, entendimiento y predisposición de los organismos europeos e ir de la mano -hemos intercambiado contactos para que esos estudios vayan de manera conjunta-; y la segunda opción, posibilidad en el 2026, cuando se haga una revisión del impacto, de volver a tener en cuenta las condiciones de las RUP; y, en tercer lugar, la posibilidad de que parte de la recaudación, que se calcula que puede estar en torno a los ochenta mil millones de euros, de los cuales a España le pueden corresponder en torno a cinco mil y pico o seis mil, la voluntad de las instituciones europeas de que eso pueda ser utilizado para compensar los efectos negativos que eso va a tener en las regiones ultraperiféricas, en este caso de España. Eso va a implicar, obviamente, negociaciones y entendimiento con el Gobierno de España, que es el Estado miembro quien tiene que decidir, con esos recursos que va a tener extraordinarios, qué es lo que va a hacer y cómo va a compensar. Y ahí es donde yo creo que esta Cámara, de manera unánime, tenemos que, obviamente, estar todos unidos a la hora de reivindicar que esos quebrantos que vamos a tener, seguro, pues, obviamente puedan ser compensados, bien desde un punto de vista en el que nos comprometamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el objetivos 55 que ha marcado la Unión Europea, pero que podamos premiar a aquellas compañías, tanto aéreas como marítimas -que nos hemos olvidado del transporte marítimo, tan importante-, poder meterles incentivos y compensaciones para que cada vez vayan reduciendo más la huella de carbono. Pero siempre con un estímulo positivo, con un incentivo, no con un castigo o con un incremento del precio, que las compañías van a repercutir al ciudadano, es decir, al final va a ser el ciudadano el que va a tener que pagar al final ese incremento.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.

Señor Acosta, turno de réplica. ¿Renuncia? (Asentimiento del señor diputado).