Diario de Sesiones 20, de fecha 19/12/2023
Punto 5

11L/PO/P-0370 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON JUAN MANUEL GARCÍA CASAÑAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE MEDIDAS QUE SE PRETENDEN IMPULSAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS PARA EVITAR EL FRENO QUE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SUPONEN EN LA INVERSIÓN EN DISTINTOS SECTORES DE LAS ISLAS, DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del señor diputado don Juan Manuel García Casañas, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas que se pretenden impulsar en los próximos años para evitar el freno que los trámites administrativos suponen en la inversión de los distintos sectores de las islas.

Tiene la palabra.

El señor GARCÍA CASAÑAS (desde su escaño): Gracias, presidenta. Señorías, señor presidente, buenas tardes.

Se cumplen seis meses desde que firmamos el pacto de Gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular y entre los puntos del acuerdo están esas medidas para la simplificación administrativa.

Usted sabe que la paralización económica tiene mucho que ver también con esa simplificación administrativa tan necesaria. Le pregunto por las medidas que debemos estudiar y poner en marcha, de tipo jurídico, de simplificación, de esos procesos administrativos que debemos adoptar para dar fluidez a diversos trámites administrativos que afectan al día a día de nuestros vecinos, al día a día de los empresarios y que taponan muchas veces inversiones que favorecen también el desarrollo de Canarias.

En Canarias hablamos constantemente de diversificar la economía, pero cuando un vecino, un inversor o un empresario quiere llevar a cabo una idea, un proyecto, pueden pasar dos, tres o hasta diez años para poder materializarlo, y esto no puede ser así.

Podemos hablar del ejemplo que tenemos, el problema de la vivienda en Canarias, donde vemos que somos incapaces de poder dar solución a un problema, sobre todo por la dificultad de obtener esas licencias en un tiempo adecuado para poder sacarlas adelante, y lo peor es que nos hemos acostumbrado a que los tiempos en la Administración sean así.

La ley de islas verdes, que daba alternativas a islas como La Palma, La Gomera o El Hierro para impulsar una oferta alojativa complementaria a la renta del sector primario, no se ha aplicado porque unas administraciones, unos ayuntamientos, unos cabildos aplican de una manera la ley y otros la aplican de otra y al final han pasado cinco años y tenemos multitud de expedientes paralizados.

Vemos como los propios planes insulares o los planes de ordenación municipal también dificultan la puesta en marcha de proyectos, no solo en el ámbito privado, hablamos de bodegas, hablamos de vivienda, hablamos de comercios, etcétera, sino también de la propia índole pública, o sea, hablamos de colegios, como el CEIP Valverde, paralizado hace muchísimos años, hablamos también de polideportivos, centros culturales, centros de tratamiento de vehículos, también depuradoras, redes de agua, que se dilatan en el tiempo debido a esos trámites tan tortuosos, sobre todo por la lentitud de respuesta a los ciudadanos.

Señor presidente, debemos trabajar codo a codo con los técnicos municipales, con las administraciones locales, con las administraciones insulares y autonómicas y sobre todo con juristas y personas especializadas, con los empresarios para poder dar respuesta y descargar esa carga burocrática en las entidades locales, insulares y autonómicas, y sobre todo buscar fórmulas con los colegios profesionales también, de arquitectos, de ingenieros, para que se puedan resolver, en los plazos estipulados por las propias leyes, esos miles de expedientes que ahora mismo están asfixiando una gran parte de la economía canaria.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García.

Tiene la palabra, señor presidente.

El señor PRESIDENTE DE CANARIAS (Clavijo Batlle) (desde su escaño): Señor Casañas, estoy totalmente de acuerdo con usted.

Fíjese si hemos generado entre todos, y digo entre todos en primera persona del plural, un entramado engorroso que este Gobierno, para poder atender una situación sobrevenida en materia de migración, ha tenido que decretar una emergencia migratoria para poder hacer las infraestructuras para atender a los niños y niñas; o hemos tenido que decretar una emergencia energética para poder sacar un concurso para poder solventar la generación de energía que ya se demanda y que nos ha llevado a ceros energéticos desgraciados recientemente como el de La Gomera; o hemos tenido que declarar una emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura y vendrá la de Lanzarote detrás porque ha sido imposible que la propia Administración cumpla los plazos que la propia Administración se pone para sacar las infraestructuras necesarias para dar calidad de vida a nuestros ciudadanos.

Tenemos que parar. Nosotros somos conscientes de que tenemos grandes dificultades con la Ley de Contratos del Sector Público, pero es competencia estatal; somos conscientes de que hay algunos métodos, como por ejemplo la dependencia, que la consejera está sacando un decreto y ha tramitado y ha modificado el procedimiento con la finalidad de que acabemos el año teniendo una lista de espera de cero. Pero es que nos encontramos con muchos trámites y es en lo que estamos metidos de lleno.

Una vez solventada la emergencia, que ha tenido que afrontar este Gobierno, que nos hemos encontrado una situación bastante complicada, nos podemos centrar en la reducción de un 30 % de los plazos administrativos y de los procedimientos administrativos. Porque en muchas ocasiones, para que se hagan una idea, sacar un proyecto de una infraestructura son veintidós meses como mínimo para una declaración de impacto medioambiental, veintidós meses, que si hay un recurso, que si hay algún problema, al final se te puede meter en treinta y seis; pero es que si cuando vas a ejecutar una obra, por cualquier circunstancia, aparece un escarabajo, aparece la viborina, que tenemos ejemplos, la viborina ahora mismo en el sur, nos encontramos que se nos paraliza todo.

Por lo tanto, es un compromiso que tenemos que hacer de carácter global. Este Gobierno va a hacer la tarea que al Gobierno le compete y esperamos también y deseamos que, en el caso, por ejemplo, de la Ley del Suelo, que los ayuntamientos y los cabildos también tengan valentía y lo puedan hacer, porque en ocasiones la propia Ley del Ssuelo, sin ir más lejos, les da instrumentos para poder sacar adelante ordenanzas para regular, por ejemplo, ordenar el suelo urbano consolidado, y no lo hacen porque también los partidos políticos nos hemos metido en una vorágine de denuncias que los funcionarios tienen miedo. Y eso es algo que, si queremos hacer viable y sostenible esta Canarias, tenemos que repensarlo entre todos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.