Diario de Sesiones 9, de fecha 27/9/2023
Punto 2

11L/C/P-0069 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO, SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA NORMATIVA RELATIVA AL ALQUILER VACACIONAL EN LAS ISLAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

La señora PRESIDENTA: Siguiente comparecencia, de la consejera de Turismo y Empleo, sobre la situación en que se encuentra la normativa relativa al alquiler vacacional en las islas.

Grupo proponente, el Partido Popular, Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ester.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera.

El Grupo Parlamentario Popular solicita esta comparecencia para pedirle que nos informe de en qué momento se encuentra en la actualidad la normativa que regula el alquiler vacacional de Canarias y usted, evidentemente, como consejera, qué medidas o qué acciones va a tomar para mejorar esta regulación o esta demandada regulación del alquiler vacacional en Canarias.

Como bien sabe, el alquiler vacacional es una modalidad extrahotelera que ha existido desde hace muchísimo años en Canarias y a todos los niveles, a nivel nacional. Podemos datar las primeras fechas cerca del año 1967. Por lo tanto, no es nuevo, pero con el paso del tiempo sí han surgido determinadas controversias, tanto sociales como jurídicas.

Entendemos que el alquiler vacacional en Canarias ya está consolidado, es un fenómeno totalmente consolidado en nuestro archipiélago. Por lo tanto, es un hecho que se repite de forma tan habitual en el día a día en nuestra sociedad que debe ser regulado. Ahí tenemos municipios como La Oliva, en Fuerteventura, donde el 30,78 % está destinado a alquileres vacacionales. Por lo tanto, vemos que hay un alto índice de alquiler vacacional en determinados municipios de este archipiélago.

En la última década también ha cogido un protagonismo sin precedentes y, además, han ayudado las nuevas tecnologías e internet, porque se han permitido formas de alquiler de establecimientos turísticos de otra manera a como se hacía de manera convencional, que era de manera presencial. Por lo tanto, ha aumentado muchísimo más.

Uno de los principales debates en los que se encuentra también la actual normativa es la exclusión que tiene en la Ley de Arrendamientos Urbanos tras la aprobación de la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas; sin embargo, para que esta modalidad extrahotelera quede totalmente separada de la Ley de Arrendamientos Urbanos se estableció que se deberá tener un régimen específico emanado de una normativa sectorial; por lo tanto, los legisladores deberán crear esa norma concreta de arrendamiento turístico en la autonomía, que es lo que se pretende.

Por lo tanto, Canarias durante este tiempo ha elaborado numerosa normativa y aquí se elaboró el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprobó ese reglamento de viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tras su entrada en vigor, se originaron determinadas cuestiones que hacían que el alquiler vacacional se viera obstaculizado para su libre comercialización.

Por lo tanto, creemos que es un tema, como digo..., y para eso pedimos esta comparecencia, para que, bueno, veamos qué va a hacer o qué medidas va a tomar el Gobierno de Canarias al respecto.

Se estima que casi, cerca de cuarenta y tres mil viviendas vacacionales hay ahora mismo en Canarias. Por lo tanto, y siendo una de las mayores comunidades autónomas de España con mayor porcentaje de vivienda turística, entendemos que debe ser un tema que es urgente de abordar. Por eso hoy queremos, señora consejera, que nos explique en qué momento nos encontramos, cuál es su plan de trabajo, cuál va a ser su hoja de ruta para regular esta actividad y para mejorarla, y para que sea de todos y para todos, y siempre, como no puede ser de otra manera, y lo que caracteriza a este Gobierno, escuchando a todas las partes implicadas y, por supuesto, con toda la colaboración tanto de cabildos como de ayuntamientos.

Esperamos su respuesta. Gracias, señora consejera.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ester.

Tiene la palabra la señora consejera de Turismo y Empleo, señora De León.

La señora CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO (De León Verdugo): Muy buenos días, señorías.

En primer lugar, y permítanme el paréntesis, voy a felicitar a todos los hombres y mujeres que en el día de hoy se dedican a la industria turística, porque hoy es el Día Mundial del Turismo. Vaya por delante el reconocimiento del Gobierno de Canarias y, si me lo permiten, también extensivo, el de esta Cámara. (Aplausos y palmoteos).

En esta, mi primera comparecencia en pleno, haremos un análisis y estudio de la actual situación del alquiler vacacional en nuestras islas. En Canarias hay cerca de cuarenta y tres mil viviendas en alquiler vacacional, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone, de facto, 175 000 camas, con un despegue notable de la oferta tras la pandemia, con un aumento de aproximadamente el diez por ciento.

Cabe recordar que en Canarias el alquiler vacacional sí está regulado, a través de un decreto del año 2015, pero que varios puntos de ese decreto quedaron suspendidos tras una sentencia. Desde entonces, hace ya ocho años, se ha asumido la batuta por parte de los distintos gobiernos para impulsar una regulación integral de esta actividad, complementaria a la oferta de hoteles y apartamentos, sin decisiones sosegadas, escuchando a todas las partes, que permitan mejorar en riqueza, en empleo y en desarrollo local, y es precisamente en este empeño en el que ha comenzado a trabajar el nuevo Gobierno de Canarias.

Es oportuno hacer una reflexión sobre el espacio normativo en el que nos movemos actualmente en Canarias y por qué debemos trabajar de manera metódica y efectiva en una nueva ley transversal del turismo que contemple, entre otras cuestiones, el uso turístico de la vivienda en Canarias. Contamos a día de hoy con un cuerpo normativo que data, el más antiguo, de hace veintiocho años. En 1995, con la Ley de Ordenación del Turismo, y después continuamos con un elevado número de preceptos, de normativa, de decretos, de disposiciones que conforman directrices de ordenación del turismo, medidas urgentes, modificaciones posteriores, órdenes, previsiones en materia de rehabilitación de establecimientos turísticos, directivas posteriores relativas a la inspección, a la potestad sancionadora y un largo etcétera. En conclusión, los decretos leyes, los decretos y las leyes que regulan nuestra actividad turística tienen entre ocho y veintisiete años de vigencia y coincidirán conmigo en que no podemos seguir regulando la actividad turística en Canarias con normas de hace dos décadas. Útiles en su momento, sí, pero que se han quedado obsoletas y que en el año 2023 no son eficientes ante una realidad turística distinta y en la que toda la sociedad pide cambios y regulación de un modelo turístico que camine cada vez más hacia la sostenibilidad.

En este sentido, y en el asunto que nos ocupa, debemos pararnos a analizar el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprobó el primer reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que, como comentamos al principio de esta intervención, fue afectado por varias sentencias, entre ellas y la más relevante la del Tribunal Supremo del 12 de diciembre del año 2018, que, entre otras cuestiones, cercenó dos cuestiones del texto: una relativa a las zonas turísticas y otra al alquiler de habitaciones. El contenido de este decreto fue muy limitado y se centró solo en los requisitos que debían cumplir esas viviendas vacacionales, incorporándolas a la regulación turística en la modalidad de extrahotelera, pero es que, además de limitado, su aplicación no fue acompañada de planificación alguna, ni turística ni urbanística ni territorial, al igual que tampoco se establecieron límites cuantitativos respecto al uso turístico de viviendas destinadas inicialmente por el planeamiento urbanístico a residencias habituales. Tampoco se planificó desde el punto de vista cualitativo, ya que las condiciones impuestas fueron de mínimos, vinculadas solo a las condiciones de habitabilidad y sin distinción de categorías ni modalidades, lo que nos ha llevado a un escenario actual en el que tan solo con una declaración responsable en menos de veinticuatro horas una plaza concebida en el planeamiento como residencial pasa a ser turística.

En los últimos años Canarias ha experimentado un cambio del modelo turístico, por tanto, radical, al margen de cualquier planificación, donde la vivienda vacacional representa ya el 33 % de la oferta alojativa de las islas.

Hoy quiero mostrarles una fotografía de cuál es la situación actual en la que se encuentra la vivienda vacacional en Canarias con datos. Una fotografía que no pretende demonizar a nadie, que no es sencilla, pues ni tan siquiera tenemos un único registro del que fiarnos en Canarias. El INE nos da una cifra estimada de 42 651 viviendas, lo que supone 179 998 camas turísticas, lo que significa, repito, el 33 % de la oferta turística de nuestro archipiélago, situando a Canarias como la segunda comunidad con más viviendas vacacionales de todo el territorio nacional, solo por detrás de Baleares.

Es especialmente preocupante, y lo decía el portavoz del Grupo Popular, el caso de La Oliva, donde el 30,7 % de estas viviendas del parque son destinadas a uso turístico; Adeje, un 14; Puntagorda, un 12; San Bartolomé de Tirajana, un 12; un 17 en Yaiza; un 11 en Tías; un 14 en Teguise; un 13 en Hermigua y un 8 en Frontera.

A esto se suma una ley de vivienda nacional -y permítanme hacer una reflexión en este punto- que desprotege al propietario, defiende al okupa, hace que el propietario saque su vivienda del alquiler ordinario, tensiona el mercado, hace que la oferta sea escasa, con precios inasumibles por los ciudadanos, con trabajadores que no tienen donde vivir y que cada día pasan muchas horas en las carreteras, afectando a la movilidad. Un discurso que, por cierto, en esta isla conocen demasiado bien.

No nos queremos olvidar de que tenemos que legislar a favor de los pequeños propietarios, que tienen en este tipo de alojamientos una renta complementaria y que en muchos casos se sienten desprotegidos por leyes, como esta que les acabo de mencionar, que pasó de puntillas por el alquiler vacacional. Por tanto, el vacacional no ha sido el problema, sino la pasividad en la brega de los distintos gobiernos.

En cualquier caso, hay una realidad que abordar y eso es lo que va a hacer el Gobierno de Canarias, actuar con bisturí en la normativa del alquiler vacacional.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Mixto. Señor Acosta.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señora consejera, por sus explicaciones.

Entendemos la dificultad de afrontar este asunto en un archipiélago como el nuestro que vive fundamentalmente del turismo convencional, lo cual no obsta, al contrario, exige que se apruebe normativa clara y eficaz para limitar el alcance y el ámbito del alquiler vacacional. Además, las cifras que acaba de dar recientemente dan un poco la realidad y los números de lo que estamos hablando.

Se trata de un fenómeno de alcance global que tiene repercusiones en muy diferentes ámbitos de la vida cotidiana en los territorios donde está más extendido, siendo la gentrificación su manifestación más evidente en las grandes áreas urbanas, y pongo el ejemplo de Nueva York, que ha decidido recientemente regular los alquileres de corta duración y obligar a los propietarios a estar siempre presentes.

En el caso de Canarias, la casuística es diferente. Aquí se trata, por un lado, de conciliar los intereses del pequeño inversor, que tiene... (ininteligible) sus apartamentos con el sector tradicional turístico, tal y como usted ha apuntado. Ahora mismo no solo no pueden residir en ellos, salvo que demuestren que ya lo venían haciendo antes del 2013, sino que además están obligados al alquiler turístico pero utilizando los servicios de una empresa explotadora, lo cual también me parece una limitación a la libertad del propietario. Y, por otro lado, también se debe establecer una regulación autonómica para el caso de zonas no turísticas, pero que no choque ni con las competencias estatales en materia de regulación de las comunidades ni con la regulación vecinal ni estas con la regulación que pueda existir a nivel insular o municipal.

Lo que está claro es que el reglamento actual, aprobado por Decreto de 2015, no responde a las necesidades actuales ni da respuesta a los grandes temas que suscita el alquiler vacacional: el disfrute de la propiedad privada, la libertad de empresa, la escasez de vivienda, el precio de los alquileres residenciales o la compatibilización de los usos residenciales con los turísticos.

Aunque una recomendación que me gustaría hacerle y que hago en esta Cámara es la de abrir el melón, o más bien cerrarlo, cerrar el melón del debate turístico, preguntarnos qué turismo queremos en cada isla y, dentro de esta, en función de su zona.

Coincido con lo manifestado en el día de ayer por el señor Curbelo: tenemos que dotar de seguridad jurídica a este sector y evitar la turismofobia. Sin olvidar el derecho que tienen los canarios y canarias a una vivienda digna y asequible.

Una de las maneras más sencillas de caminar juntos es preguntarnos qué queremos, pero simplemente siempre informados y, con la debida información, elegir en consecuencia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Turno de intervención ahora para la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora consejera.

Nos alegra por parte de nuestro grupo su apuesta por el alquiler vacacional, porque para nosotros es una modalidad turística más que creo que puede complementar el turismo tradicional.

Recordemos que Europa se propone también legislar sobre el alquiler vacacional, sobre todo para aunar o armonizar alguno de los aspectos de dicha actividad dentro de los veintisiete Estados miembros, y yo creo que esto es positivo porque uno de esos puntos sobre los que quiere legislar es precisamente sobre la transparencia de las plataformas, algo que nosotros no podemos hacer y yo creo que sí es muy importante, sobre todo para que la información que se dé al potencial cliente sea lo más verídica posible. Y luego también para asegurar la coexistencia entre el alquiler vacacional y el alquiler tradicional, que yo creo que también es importante.

Lo único, señora consejera, que yo creo que... bueno, es obvio, que no todas las islas hemos apostado por un mismo modelo turístico. Usted sabe que las islas verdes, El Hierro, La Gomera y La Palma, hemos apostado por un modelo turístico diferente, de hecho tenemos nuestra propia reglamentación sobre turismo, que es la ley de islas verdes, y para nosotros es muy importante esta modalidad turística; de hecho, la Agrupación Socialista Gomera presentó una enmienda a la Ley del Suelo en la que permitía que en estas tres islas precisamente se pudieran implantar las viviendas vacacionales.

La situación no es igual en todo el archipiélago, creo que tampoco el acceso a la vivienda está igual de tensionado en todo el archipiélago. Por lo tanto, yo sí creo que sería importante que esta regulación, lo que sea, sea un paraguas tanto para los cabildos como para los ayuntamientos y que ellos tengan potestad también de legislar al respecto, porque son quienes mejor conocen el territorio, son quienes mejores conocen dónde está tensionado o no o que zonas sí pueden aplicarse para el alquiler vacacional o en cuáles podría surgir un problema. Por tanto, esa coordinación con cabildos y ayuntamientos, que así finalizaba su intervención también el señor Ester, creo que es importantísima esa colaboración y, como ya le digo, que la norma sirva de paraguas para estas dos administraciones que son las más cercanas al ciudadano.

En La Gomera nuestra apuesta por el turismo vacacional, en este caso las viviendas vacacionales, es clara. De las 10 045 plazas que tenemos 3419 plazas son de la vivienda vacacional.

Por tanto, señora consejera, felicitarla por su valentía para legislar sobre este tema. Creo que es acertado su posicionamiento, tenemos demasiadas normas y muchas son muy antiguas y quizás lo que hay que hacer también es simplificar la normativa del turismo.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Señorías.

VOX considera la vivienda un bien social primario, imprescindible para el desarrollo del individuo. En el hogar se configuran las familias, se desarrollan y, si conseguimos que las familias sean fuertes, tendremos una nación fuerte y una sociedad fuerte. No obstante, este derecho a la vivienda está siendo a día de hoy un lujo, un lujo para muchos. Es muy complicado que las personas puedan acceder a una vivienda a buenos precios y uno de los obstáculos para esto es la proliferación del alquiler vacacional.

El alquiler vacacional ha dado usted unos datos de cómo ha crecido desde la pandemia, un 10 %, pero es fundamental otro dato, que es que ha crecido un 200 % en los últimos diez años en Canarias. Por lo tanto, consideramos que es necesaria esta regulación y esta actualización del alquiler vacacional que usted plantea.

Hay un nuevo modelo turístico que tiene que hacer frente a esta nueva modalidad y que debe poner en primer lugar, obviamente, el derecho de los propietarios a hacer con sus propiedades privadas lo que quieran, pero tiene que haber una conciliación entre este derecho a la propiedad privada con algunos tenedores, grandes tenedores, o fines especulativos, que pueden al final acabar con el derecho también fundamental a una vivienda digna. Por lo tanto, hay que conseguir esa conciliación.

Y también debemos tener en cuenta algunos otros factores en esa nueva normativa que aplique, después de que la antigua se ha visto superada, como es el hecho de que el empleo directo o indirecto que crea este alquiler vacacional no tiene nada que ver con el empleo que generan los tradicionales establecimientos hoteleros.

Además, otro aspecto que creemos debe ser tenido en cuenta a la hora de articular esa convivencia con estos nuevos alquileres vacacionales es el entorno en el que se encuentran, que es un barrio, una ciudad que no debe verse afectada por suciedades, ruidos o convivencia incómoda para los vecinos. Esperemos que esa nueva regulación que usted plantea también lo tenga en cuenta. Y, además, supernecesario porque podríamos llegar a tener hasta ochenta y ocho regulaciones de ayuntamientos que intentasen parar esa proliferación descontrolada.

Con lo cual, le tendemos la mano, esperemos alcanzar esa normativa, y además también consideramos necesario reforzar la inspección de manera coordinada entre las diferentes administraciones a nivel local para impedir y poner coto a la actividad ilegal... (corte automático del sonido)

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.

La señora JOVER LINARES: ... y también a la oferta clandestina. Sin más, una regulación ordenada que ponga, impida que acabemos en una anarquía del alquiler vacacional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señora Santana.

La señora SANTANA SANTANA: Gracias, señora presidenta. Señorías. Buenos días a todos y a todas.

Señora consejera, en lo referido a la regulación del alquiler vacacional, es cierto que el decreto por el que se aprueba el reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias no concuerda, no se ajusta a la realidad de hoy, siendo esta algo diferente o muy diferente a la de cuando se planteó. Por tanto, no se ajusta a la regulación que nuestro país canario necesita.

La masificación creciente y modalidades como el alquiler vacacional desregulado causan distorsiones que afectan al alquiler de viviendas y a la calidad de vida de los residentes, así como a la pérdida de identidad de sus barrios, desestructuración del tejido social y desplazamiento de su población.

En Canarias, además, nos encontramos situaciones donde profesionales de cualquier sector tienen dificultades para encontrar donde residir cuando se trasladan de una isla a otra por motivos laborales o incluso las empresas se enfrentan a la imposibilidad de poder contratar trabajadores y trabajadoras por la falta de vivienda. Fuerteventura es un claro ejemplo de ello, diversos factores, entre ellos el fenómeno del alquiler vacacional, han hecho que el acceso a la vivienda sea casi imposible. Tanto es así que el colectivo SOS Fuerteventura, a través de la figura jurídica de participación ciudadana, ha solicitado al pleno del cabildo insular la declaración de situación de emergencia habitacional para la isla.

Señora consejera, le he escuchado con atención durante estos tres meses que lleva usted en el cargo hablar de forma recurrente de la necesidad de ponerle el cascabel al gato del alquiler vacacional. Desde Nueva Canarias consideramos que se debe regular esta situación, una regulación que ya ha comenzado a plantearse en otros destinos turísticos muy potentes como Ámsterdam, Baleares o Berlín, aunque en territorios como Baleares han retrocedido por las políticas ultraconservadoras de los nuevos dirigentes. Pero, pese a lo que usted habla, de la regulación del mismo, nos preocupa, y mucho, que no ha concretado qué medidas fiscales aplicará en dicho sector y tampoco cuáles son los incentivos o herramientas que pondrá en marcha para que se contribuya al fomento del empleo y a la generación del empleo a través de esta actividad que genera el alquiler vacacional.

Además, tampoco tenemos muy claro y nos gustaría que nos explicase si de algún modo se prevén establecer los mecanismos para imposibilitar o frenar la competencia desleal y el agravio comparativo existente en cuestión de existencia de estándares, condiciones y características con respecto a este tipo de alojamientos, en detrimento del turismo profesionalizado de instalaciones hoteleras y extrahoteleras, que generan y mantienen el grueso del empleo de los canarios y canarias.

En definitiva, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista consideramos que se debe proceder regulándolo, no permitiéndolo en zonas que dificulten la convivencia vecinal de los residentes y evitando efectos perversos sobre el alquiler residencial, además de establecer una regulación donde se exijan, para la obtención de licencias, aspectos como la sostenibilidad, entre otros, y una regulación que evidentemente... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional) -presidenta, ya acabo, gracias-, debe incluir su aporte fiscal y en materia de empleo.

Y por supuesto esperamos que, tal y como usted ha declarado ante esta Cámara, se haga mediante una ley que contemple todos los agentes y acuerdos necesarios, no sea que otra vez les dé por sacar de la chistera un decreto ley sin consenso alguno.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Nacionalista. Señor Bermúdez, tiene la palabra.

El señor BERMÚDEZ ESPARZA: Señora presidenta, señorías.

Sean mis primeras palabras en este pleno para ponerme a disposición de todos los diputados y diputadas, de todos los grupos políticos sin excepción, para encontrar consensos y buscar soluciones a los problemas de Santa Cruz de Tenerife, de la isla de Tenerife y, por supuesto, de toda Canarias.

Señora consejera, en primer lugar quiero manifestarle la satisfacción del Grupo Nacionalista por la voluntad clara de su consejería, y también del Gobierno de Canarias, de crear un nuevo marco normativo sobre el uso de las viviendas turísticas. La inseguridad jurídica es enemiga de la prosperidad y del avance y, tal y como se ha manifestado, en la actualidad la vivienda vacacional en Canarias está deficientemente regulada, por una legislación confusa, que no resuelve problemas y que, en cambio, puede vulnerar derechos en uno o en otro sentido.

La vivienda vacacional no es nueva en nuestro territorio, ya se ha dicho aquí. Empieza a aparecer casi de manera paralela al boom turístico, como la única vía para poder pagar una segunda vivienda y como ayuda para la economía doméstica de una parte de la población, como también se ha señalado. Lo que no podemos obviar es su crecimiento exponencial en los últimos años, debido fundamentalmente al fenómeno de las plataformas digitales y las nuevas aplicaciones que permiten conectar a propietarios y turistas de manera inmediata, a golpe de clic, incluso a golpe de clic de móvil.

Hoy, como se ha dicho por la consejera, representa el 33 % de nuestra oferta alojativa. En comunidades turísticas como la nuestra es especialmente complejo este tema, porque además difiere la complejidad del mismo de una isla a otra isla, incluso de un municipio a otro municipio, y hay que ser muy riguroso a la hora de normativizar las múltiples posibilidades y aristas, que precisamente no incurra en desprotección ni perjuicio para ninguna de las partes. Es decir, el nuevo marco regulatorio tiene que garantizar que no se vean lesionados ni los derechos de los arrendatarios ni los derechos de los arrendadores, ni los de un sector como el turístico que representa el 32 % del PIB y da empleo de manera indirecta o directa a cientos de miles de canarios.

La normativa vigente convendremos en que se queda corta, es más que evidente que se requiere una nueva norma, con rango de ley, que tenga carácter transversal y contemple competencias que tiene la comunidad autónoma en urbanismo (la Presidencia le concede tiempo adicional de forma automática), vivienda, ordenación del territorio, medio ambiente, protección de los consumidores y turismo.

Aprovecho, además, para recordar que debe ser una norma que procure también un marco cierto y claro para los ayuntamientos, porque indiscutiblemente deben saber dónde moverse, para hacer cumplir con seguridad esa normativa municipal que luego vendrá. Hay muchos ejemplos en España de ordenanzas municipales que han sido, desgraciadamente, absolutamente canceladas por parte de los tribunales.

Estamos, por supuesto, absolutamente de acuerdo en que se respeten los derechos de los pequeños propietarios, pero además se deben tener en cuenta las posibles consecuencias sociales, económicas, urbanísticas y legales que puede conllevar esta actividad.

Señorías, en las islas existe un evidente problema...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bermúdez.

El señor BERMÚDEZ ESPARZA: (Sin micrófono).

La señora PRESIDENTA: Ya le he dado el minuto. Sí. Lo siento, la próxima vez.

Tiene la palabra, para finalizar este turno de intervenciones, el Grupo Socialista. Señora Fuentes Mesa.

La señora FUENTES MESA: Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Señorías.

Voy a centrar esta intervención en la Ley de renovación y modernización turística de Canarias de 2013 y su posterior reglamento, los cuales siguen dividiendo, diez años más tarde, a personas propietarias de apartamentos y a la patronal. Todos somos conocedores de que en el año 2015 se constituyó la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, quienes se encuentran aún en una situación de incertidumbre, motivo por el cual promovieron una iniciativa legislativa popular en este Parlamento que no dio tiempo a tramitarse en la pasada legislatura y que sin duda será un reto en esta.

La norma afecta sobre todo a la isla de Gran Canaria, donde existe una mayor incidencia de oferta extrahotelera, a diferencia de Tenerife donde siempre ha sido más predominante la hotelera. Allí, en 2015, dicha plataforma consiguió paralizar el plan de ordenación urbanística de San Bartolomé de Tirajana, que planteaba modificar zonas de usos mixtos por usos únicamente turísticos. Los propietarios se encuentran, por ejemplo, con la imposibilidad de explotar sus alojamientos como vivienda vacacional por verse obligados a hacerlo a través de una empresa explotadora, que en muchos casos les paga tan solo un 20 % de lo que ingresarían como vivienda vacacional.

Usted, señora consejera, ha confirmado que será una vez culminado el proceso de consulta pública sobre la ley de vivienda turística en su conjunto en Canarias cuando legislará sobre el alquiler vacacional, pero, tal y como le insistí en la pasada Comisión de Turismo, nos preocupa y nos gustaría que nos diera su opinión sobre la falta de transparencia de representantes de su socio de Gobierno sobre este tema, y me refiero a lo acontecido con el concejal de Turismo y Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, quien en época electoral repetidamente aludió a un documento que supuestamente contenía un compromiso firmado por él con la citada Plataforma de Afectados por la Ley Turística. En pleno municipal le fue solicitado dar a conocer el contenido del mismo, pero hasta la fecha no tenemos noticias, por lo que vuelvo a preguntar si ustedes lo conocen y si el mismo puede suponer lo que parece ser una disparidad de pareceres frente a esta problemática, habiendo usted manifestado su intención de resolverla de manera prioritaria a través de una modernización de la ley turística y habiendo también afirmado con rotundidad el presidente que su Gobierno será el del consenso y ello pasa por llegar a acuerdos con patronales y sindicatos.

Este grupo por su parte considera necesario defender un alquiler vacacional reglado, con el control y seguimiento precisos, y alineado con la estrategia canaria de excelencia y sostenibilidad turística, así como la puesta en marcha de incentivos que estimulen la reducción voluntaria de camas alojativas a cambio de una mejora de categoría.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fuentes.

Iniciamos ahora el tiempo de réplica. Tiene la palabra el señor Ester, por tiempo de siete minutos.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera.

Como bien ha podido escuchar, todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que hay que aplicar una nueva normativa para regularlo en Canarias, para regular el alquiler vacacional, y desde el Grupo Parlamentario Popular desde luego aplaudir la decisión a la hora de abordar uno de los temas que en el sector turístico más controversias ha causado en este último tiempo.

Casi ciento ochenta mil camas en Canarias son muchas camas, son muchas camas, 33 %, ya lo decían también usted y varios portavoces. Y, por lo tanto, la regulación merece que sea una regulación totalmente específica y que defienda a todos para que sea un modelo de convivencia de actividad y, como dijo el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, esa modalidad turística que ya convive con nosotros y debe ser regulada, porque el mercado cada vez está, señora consejera, más tensionado y requiere esa respuesta urgente por parte de la Administración, y hoy es el momento de ponerlo en funcionamiento.

No podemos olvidar -y estoy de acuerdo también con el señor Bermúdez- a esos pequeños propietarios que tienen un tipo de alojamiento que también es un complemento a la renta, a sus rentas, y que en muchos casos se han sentido desprotegidos ante leyes como la actual ley de vivienda, 12/2023, de 24 de mayo, que realmente no ha ofrecido ningún tipo de solución real al problema de la vivienda y que tampoco ha habilitado mecanismos para el fenómeno del alquiler vacacional.

Debemos enfrentar, además, esta reforma legislativa abordando esta situación de frente y con una regulación donde no demonicemos absolutamente a nadie, actuando realmente con sumo cuidado e intentando no dejar a nadie fuera. El gran éxito de una nueva normativa es que todos tengan cabida en ella, nos sintamos cómodos y se trabaje, por supuesto, con todas las administraciones vinculadas en este archipiélago, tanto ayuntamientos como cabildos. De esa manera no tendremos ningún tipo de problema. Tomemos el tiempo que sea necesario y en esta Cámara vamos a tener mucho que decir al respecto, desde todos los grupos parlamentarios, y tomemos el tiempo que sea necesario para poder trabajarlo de manera, como he dicho, que sea, bueno, una ley para todos, donde todos nos sintamos reflejados y todos podamos decir que es una ley de todos y para todos.

Se debe también aprobar esta norma con rango de ley haciendo uso, como también usted ha comentado, de todo lo que es la materia normativa que tenemos hoy en Canarias -urbanística, de vivienda, de ordenación del territorio, de medio ambiente, de protección de consumidores, de vivienda, de turismo...; todas-, porque creo que es importante también hacer ese trabajo con toda la normativa y aplicándola y, bueno, al final centrándola y condensándola en esa normativa de alquiler vacacional.

También, no se me olvida, antes de nada, que sea también con parámetros que nos marca la Unión Europea, Europa, parámetros destinados también a esa Agenda 2030, parámetros de sostenibilidad y parámetros que están mandatados por Europa y que debemos también respetar y trabajar hacia ese sentido, porque si estamos ahora mismo en varias transformaciones en este siglo, tanto demográficas como transformaciones tecnológicas o transformaciones ambientales, como estamos viviendo hoy en día, todos esos parámetros deben también estar regulados e incluidos dentro de esta nueva normativa, porque está en juego esa sostenibilidad con respecto a todo lo que es la eficacia y la eficiencia, como hemos dicho, de viviendas dignas y también dentro de lo que es todo el tema de la vivienda vacacional, y una fiscalidad también -hay que tenerlo en cuenta- que permita también, bueno, una fiscalidad adecuada dentro de los parámetros que estamos estableciendo.

Y no caer de nuevo, por supuesto -y ya concluyo-, en errores del pasado, como pudimos ver también en ese Decreto 113/2015, donde, como usted bien comentó también, ha habido varias sentencias del Supremo, la de 12 de diciembre de 2018, que cercenó parte del texto. Por lo tanto, tenemos, como he dicho, tiempo, estamos en un momento que es el momento adecuado, tenemos que reunir todo eso, pero sobre todo mucho diálogo, mucha comprensión, escuchar a todas las partes y, como he dicho, el secreto de esto será que todos nos sintamos reflejados en esta nueva normativa, en esta nueva ley, y siempre, y repito, y como dijo también el señor Bermúdez, tratando con los cabildos y con los ayuntamientos, fundamental.

Muchas gracias, señora consejera, y mucho ánimo, y también desde el Grupo Parlamentario Popular estaremos aquí para aportar nuestro granito de arena y trabajarlo en esta casa, que es la casa de todos, el Parlamento de Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ester.

Finaliza el debate de esta comparecencia la señora consejera de Turismo y Empleo.

La señora CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO (De León Verdugo): Bueno, señorías, en primer lugar quiero agradecerles el tono. Creo que va a ser muy fácil ponernos de acuerdo en este debate, porque todos los grupos hemos coincidido en la necesidad de regular mejor, o mejorar la regulación, del decreto del alquiler vacacional y convertirlo en una ley, como ya lo ha hecho Baleares.

Me voy a centrar, en esta primera parte, en responder algunas de las cuestiones que han planteado los grupos. Yo sí les pediría, porque no son lo mismo los pisos turísticos que las viviendas vacacionales, aunque muchos pisos turísticos acaben siendo viviendas vacacionales, pero sí que es verdad que tenemos que separar muy bien la terminología y hacer mucha pedagogía; y sobre todo no lanzar mensajes como los propietarios pueden hacer en su vivienda lo que quieran, como ha dicho la portavoz del Grupo VOX, porque una persona en una vivienda, por ejemplo, no puede abrir una frutería o no puede abrir un taller. Es decir, el derecho no es absoluto en la propiedad de la vivienda.

Efectivamente, con Nueva Canarias, señalo en ese consenso..., y ahora me centraré en cómo pretendemos alcanzar el consenso también con los grupos que conforman esta Cámara. Nuestra voluntad, efectivamente, es clara, y a la señora Fuentes Mesa, del Partido Socialista, yo entiendo que esa pregunta la pueden hacer los concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que yo no puedo contestar por un concejal de un ayuntamiento en Gran Canaria.

¿Cómo haremos para asumir este reto y para regular el decreto del alquiler vacacional y convertirlo en normativa? Bueno, entendiendo que es una demanda histórica del sector, con carácter previo es necesario habilitar esta norma con rango de ley, haciendo uso de las competencias en materias tales como urbanismo, vivienda, ordenación del territorio, medioambiente, protección de los consumidores, vivienda y turismo, que señalaba el portavoz de Coalición Canaria, para hacer efectiva la protección del derecho a la vivienda digna y adecuada en los términos requeridos por la Constitución y el Estatuto de Autonomía y el control ... -y aquí respondo a Nueva Canarias-, evitando el deterioro del entorno urbano, alcanzando la efectiva conciliación de la actividad económica del alquiler vacacional con la organización del régimen interno de la ciudad y el territorio, posibilitando la convivencia estable y habitual con una actividad turística destinada a responder circunstanciales necesidades alojativas. No es, por tanto, una cuestión limitada al decreto del alquiler vacacional y, por tanto, la Consejería de Turismo entiende que es algo mucho más complejo y transversal que va a afectar a distintas áreas del Gobierno, asumiendo, no obstante, esta consejería el reto de regular el alquiler vacacional. Una vez se disponga de ese marco legal, se iniciará la redacción de un nuevo reglamento.

Este plan de trabajo será muy participado, requiere del conocimiento de todas las perspectivas que inciden sobre el fenómeno del alquiler vacacional y un conocimiento no solo multidisciplinar, sino también multisectorial, que dará comienzo este mismo jueves con la convocatoria de la comisión para el estudio de las necesidades normativas, que, como saben, forma parte del Consejo General de Turismo, que es preceptivo convocarlo para la redacción de una norma, y que aglutina en su seno a cabildos, patronales, sindicatos, y que se celebrará a las cinco de la tarde este jueves en el Museo Elder para que a principios de octubre salga esa consulta pública sobre el alquiler vacacional. Se prevé invitar a profesionales de reconocido prestigio en el sector del turismo de Canarias y a otros representantes de los sectores y subsectores turísticos, así como a las universidades canarias, colegios profesionales y, por supuesto, los demás departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias y a todos los grupos que conforman este Parlamento.

Lo que pretendemos es dotar a las administraciones insulares y municipales de las herramientas adecuadas para solucionar a corto y a medio plazo, con medidas de directa aplicación y de aplicación subsidiaria para el caso de inactividad por parte de las mismas. Y así también doy respuesta a lo que nos planteaba el portavoz de ASG, puesto que evidentemente no podemos tener ochenta y ocho normativas distintas que regulen el alquiler vacacional, porque eso daría lugar a una inseguridad jurídica tremenda en el territorio.

Lo que está en juego es nuestra sostenibilidad, aspectos tan concretos como el respeto y la eficacia del derecho a una vivienda, la protección del entorno, la calidad de vida de la ciudadanía o el empleo del sector turístico.

Esta ley se va a basar en la jurisprudencia que ya existe, tanto por parte del Supremo como por parte de los tribunales de la Unión Europea, y les recomiendo la lectura concreta de la sentencia de los apartamentos Cali, del Tribunal de la Unión Europea, donde ya ahí se apunta cómo se puede regular esta actividad en Canarias.

Termino.

El alquiler vacacional es una opción consolidada, donde se ha incorporado a la oferta el 20 % de las viviendas, que dejó de estarlo durante la pandemia, con una cifra de negocio que supera los 2000 millones de euros anuales. Reciben una ocupación media del orden del ochenta por ciento y los turistas hacen un uso de ella, realizan una estancia media superior a los diez días, siendo en su mayoría mercado nacional y europeo, con un perfil de renta media, integrándose en la comunidad, suelen recorrer varios municipios, hacen uso del turismo cultural, gastronómico, suelen acudir a fiestas populares; es decir, es un turismo que se integra en la idiosincrasia canaria.

Nos toca a todos estar a la altura de esta ley que viene a mejorar el decreto vacacional y, por tanto, no duden en consultar a este Gobierno, en aportar y en el periodo de consulta hacer todas las aportaciones que consideren necesarias para mejorar el futuro texto normativo. Estamos a su entera disposición, Canarias toma nota.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.