Diario de Sesiones 21, de fecha 17/1/2024
Punto 1

11L/DL-0005 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. DE MEDIDAS EN MATERIA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA TRAS LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE CUMBRE VIEJA

La señora PRESIDENTA: Bueno, hoy es el primer pleno, es el pleno extraordinario que vamos a celebrar para la convalidación del Decreto Ley 005, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de cumbre Vieja.

Es el primer pleno que celebramos después de la Navidad; por tanto, desearles a todos feliz Año Nuevo, que sea un año próspero.

Y, por tanto, ahora sí, le paso la palabra al Gobierno para que inicie este debate.

Tiene la palabra la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, señora Barreto Hernández.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Buenos días, presidenta, señorías.

Arrancamos este mes de enero, lo decía la presidenta, con la convalidación, la propuesta de convalidación de este decreto.

Traemos hoy a este salón de plenos del Parlamento de Canarias el primero de los decretos leyes, en este caso el que regula la materia territorial y urbanística, un decreto ley que mira al presente y futuro de la isla de La Palma y que además, señorías -y esto es muy importante-, crea el primer precedente normativo para atender futuras erupciones volcánicas en Canarias.

Es seguro, señorías, que Canarias volverá a sufrir erupciones volcánicas, es seguro que podrán ser más o menos virulentas, como la que ocurrió en La Palma. Hoy no sabemos ni cuándo ni dónde, pero sí sabemos que va a pasar. Pero también hoy sabemos, señorías, que a partir de la aprobación en Consejo de Gobierno y de la convalidación de este decreto ley las personas que puedan verse afectadas, canarios y canarias, en el futuro tienen una norma jurídica que parte de un mínimo, que blinda sus derechos y será completada con otros decretos que también formarán parte de este precedente jurídico, y que se complementará, finalmente, con la aprobación de la ley de volcanes, si aquí esta casa considera que debe salir adelante, con la unanimidad suficiente para blindar los derechos de todos los canarios ante situaciones similares. Una ley que, si todo va bien, pasará trámite en febrero.

Por lo tanto, poder estar hoy aquí, convalidar un decreto que ha sido aprobado por el Gobierno también es fruto de la lucha de dos años de todas las palmeras y palmeros, que no abandonaron la posibilidad de que se les reconocieran sus derechos frente a una catástrofe natural. Sirve, por tanto, para aprender, sirve para actuar ante situaciones similares y sirve para reconocer el derecho a cualquier persona en el futuro, viva donde viva, que pueda ser afectada por un volcán. Vaya por delante, por lo tanto, hoy nuestra gratitud como Gobierno de Canarias, y estoy segura de que de todo el salón plenario, a las personas que durante dos años lucharon para que se les reconociera de manera justa el derecho que tenían.

Una convalidación de este decreto ley en materia territorial y urbanística que pasó el control de la Comisión de Cabildos la semana pasada y que fue validada por unanimidad.

La propuesta pude trasladársela así al portavoz de nuestro grupo ya en diciembre, la propuesta de que sea tramitado como proyecto de ley. Para blindar esa seguridad jurídica creemos que es fundamental y vital, para que, con todas las garantías que puede hacer este Parlamento, pueda trasladarse a quienes hoy son afectados y a quienes puedan serlo en el futuro esa posibilidad.

Por esa misma razón y ante este pleno, permítanme que les pida que esa misma unanimidad que se trasladó y se tradujo después de la Comisión de Cabildos de la semana pasada también sea unanimidad hoy.

Nos ha tocado votar a favor de muchos decretos leyes en la pasada legislatura, de algunos no estábamos del todo convencidos, con otros queríamos que se incorporasen aportaciones que tampoco se pudieron incorporar. Espero que, tramitándose como proyecto de ley, puedan incorporarse las mejoras que se consideren necesarias, y siempre, siempre consideramos que la necesidad de blindar la seguridad jurídica y la tranquilidad a las personas estaba por encima de cualquier otra opción. Por eso siempre votamos a favor de todos los decretos leyes.

Un decreto que va al Consejo de Gobierno el 18 de diciembre, con informe jurídico favorable, que entra en esta Cámara con ese informe, pero también con dictamen del Consejo Consultivo, que hace algunas apreciaciones, algunas de ellas se recogerán finalmente en el proyecto de ley, pero también otras que son aclaraciones que se le trasladan al propio Consejo, puesto que están ya corregidas en el mismo texto.

Un documento que justifica la extraordinaria y urgente necesidad, puesto que para curar la herida no se ha puesto solución definitiva, además adecuado a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Del contenido del decreto, señorías, pude dar cuenta en una comparecencia, a petición propia, previa a la aprobación en Consejo de Gobierno, pero es que además sus señorías lo conocen y no quería, por el tiempo, extenderme en ello. Creo que es importante dejar claro que con este decreto el Gobierno da el primer paso de la hoja de ruta que hemos puesto en marcha para La Palma, con normas y dinero, siempre basada en normas y dinero.

Es el primer decreto de los cuatro que aprobaremos, posteriormente el agrario, el que tiene que ver con la vivienda en suelo..., la vivienda pública, pero también con otro tipo de viviendas, y el de los suelos estratégicos. Allí... -si me da un minuto, presidenta...- (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional), hay que colocar el resto de las infraestructuras.

Un decreto que llevará aparejado el plan de pagos, de los 150 millones de euros anuales, 50 del Gobierno de Canarias, 100 del Gobierno del Estado, y las cosas o los derechos importantes a blindar en este decreto también para el futuro; reconocer el derecho a la propiedad privada de todas las personas sobre lo que la lava arrasó; reconocer la posibilidad de reconstruir o construir dentro y fuera de colada; reconocer el derecho a ser compensado económicamente por el valor de lo perdido; el derecho de sus herederos; y modifica también este decreto el 1/2022, de suelo rústico, para que pueda también cualquier persona trasladar su derecho sobre la propiedad a cualquier otro suelo fuera de la misma.

Quiero concluir agradeciéndoles a sus señorías las aportaciones que han hecho durante la Comisión de Cabildos, pero también pidiéndoles, por favor, que salgamos de aquí, con la... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional), que salgamos de aquí, con la fuerza suficiente como Cámara, validando una norma que, como decía, será completada como las demás y que terminará concluyendo con la futura ley de volcanes.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente.

Cuando quiera.

El señor ACOSTA ARMAS: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Señorías, AHI votará a favor de la convalidación de este decreto ley porque está a favor de los palmeros y las palmeras afectadas por el volcán y porque también está a favor de colocar el reloj en la realidad territorial y urbanística de la isla de La Palma el 18 de septiembre de 2021.

AHI está por la recuperación económica y social de La Palma y está por que esta se produzca de la manera más rápida y práctica posible. Y esto solo puede garantizarse, al menos desde las competencias de las administraciones públicas implicadas, a partir de la aprobación de las normas y reglas de juego claras e inequívocas, normas que permitan avanzar rápidamente la respuesta que necesitan los palmeros y las palmeras, pero que lo hagan también con paso firme, evitando cualquier riesgo de inseguridad jurídica o previendo mecanismos de cooperación interadministrativa que las hagan viables y eficaces, especialmente entre los ayuntamientos implicados y el Cabildo de La Palma.

Desde que la consejera Barreto informó a esta Cámara del decreto ley que nos ocupa hemos tenido oportunidad de debatir, hablar y analizar también el texto en varias ocasiones, la última de ellas en la Comisión de Cabildos de este Parlamento. Nadie discute la oportunidad de la iniciativa ni mucho menos sus objetivos. Es evidente, tal y como concluye el Consejo Consultivo, que se dan las circunstancias extraordinarias y la urgente necesidad para justificar la vía de este decreto ley.

Y, como también señala el propio decreto -y abro comillas-, "cuanto más tiempo se tarde en dar una respuesta, más irreversible será la posibilidad de reconstrucción de estas comunidades, con peligro de desarraigo y despoblación que ello provoca. Los poderes públicos deben evitar que la erupción imponga su realidad y genere en el valle de Aridane un espacio vaciado de población. El tiempo, en este caso, es el mayor enemigo" -y cierro comillas-. Ahora bien, la propia excepcionalidad de las circunstancias y el hecho de que se sacrifique la planificación -en palabras del Consejo Consultivo- a favor de la recuperación territorial requiere del máximo rigor en los procedimientos. Y es verdad, como señalaba la consejera, la señora Barreto, que aquí se abre una oportunidad única de futuro donde vamos a generar un precedente que puede servir, y ojalá nunca lo usemos, pero puede servir para futuras erupciones, y es importante el precedente que aquí hagamos. Por ejemplo, cuestiones que ya el Consejo Consultivo, que se han debatido, como cuestiones de prescripción o fuera de ordenación, que ahora son difíciles de clarificar puesto que ya la colada ha arrasado aquellas cuestiones objeto de este debate, o cuestiones técnicas sobre el enfriamiento de las coladas y la reconstrucción dentro del parámetro de estos diez metros, o las cuestiones sobre qué es una actividad consolidada cuando esa actividad también ha quedado arrasada cuestan mucho y tendremos tres oficinas técnicas informando sobre estas cuestiones. Y es loable el trabajo que ha hecho el Gobierno de Canarias en poner a técnicos para que vayan a oficinas los ciudadanos y ciudadanas afectadas y puedan tener información -geógrafos, juristas-; en definitiva, que ante las dudas de qué pueden hacer en su parcela se hayan ido con información. Pero creo que también, gracias a la tramitación como proyecto de ley, también es interesante escuchar a los técnicos municipales, que al final son los principales operadores jurídicos que van a operar con esta norma para que no se generen tres diferencias en tres municipios ante una misma norma.

Y reitero, en cualquier caso, nuestro respaldo a este decreto ley y por las razones que acabo de exponer también votaremos a favor de la tramitación como proyecto de ley, por lo que acabo de comentar, al objeto de poder introducir las mejoras precisas, siempre y cuando sean respaldadas no solo por los técnicos, sino también con el proceso de transparencia que se ha hecho para que sean oídos los ciudadanos y ciudadanas de La Palma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Agrupación Herreña Independiente.

Debate ahora para la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor presidente, señores consejeros, vicepresidente, señora consejera.

Empezaba usted, señora consejera, hablándonos de que si hay algo cierto es que va a haber otra erupción volcánica en nuestras islas tarde o temprano y yo creo que lo que tenemos que hacer es irnos dotando de las herramientas necesarias para que, cuando los futuros afectados nos pidan una respuesta, los representantes públicos podamos estar a la altura y ofrecerles esa solución.

Y yo creo que este decreto es un manifiesto claro, un compromiso claro de este Gobierno. También hay que reconocer que lo hubo por parte del anterior Gobierno, ese compromiso con la isla de La Palma, también lo hubo por parte de las administraciones públicas de todo el archipiélago, de hecho, el Cabildo de La Gomera fue uno de los primeros en activar esas ayudas a los habitantes de la isla de La Palma, a los afectados.

Y esta medida, como usted bien dijo, forma parte de cuatro decretos. Este es el primero y este establece directrices para la construcción, rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, también sobre los usos y las actividades, en las mismas condiciones que existían hasta el día 19 de septiembre del año 2021, en la superficie que hoy está ocupada por la colada y allí, obviamente, donde sea seguro efectuarlo y sea técnicamente viable.

Desde nuestro grupo creemos que este decreto responde a lo solicitado por las personas afectadas, que lo único que quieren es volver a los lugares de donde tuvieron que salir y poder reconstruir no solo su vivienda, sino poder volver a tener ese modo de vida que tenían anteriormente. Y quisiera hacer hincapié precisamente en un aspecto importante, y es la participación ciudadana que ha tenido la elaboración de este decreto ley. Por tanto, tenemos que seguir apoyando a estos damnificados porque, obviamente, lo que tenemos que hacer es evitar el despoblamiento también y el desarraigo del valle de Aridane.

Desde nuestro grupo consideramos, por tanto, un acierto que la norma busque garantizar a los afectados el derecho de la propiedad sobre sus parcelas, también devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa en la recuperación, con ayudas públicas, y la acción pública directa también en cuanto a las infraestructuras y a las redes de servicio, como pueden ser las carreteras.

Teniendo claro que el decreto ley clasifica también las coladas en tres zonas, está la zona verde, donde la lava tiene menos de diez metros de espesor, que permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción, simplemente condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal; luego está la zona amarilla, con las coladas de más de diez metros de espesor, que permite también la reconstrucción, condicionada, eso sí, a los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma que avalen la seguridad de esa reconstrucción o esa reforma; y, por último, la zona roja, que está sujeta a medidas cautelares a la espera de la delimitación del espacio natural protegido, lo que con carácter provisional impide llevar a cabo cualquier tipo de recuperación.

El presente decreto ley no da solución completa a los afectados que tengan suelo precisamente, o parcelas, en esta zona roja, aunque sí les reconoce el derecho de la propiedad sobre el suelo y el derecho a recibir una compensación económica por lo que perdieron y no poder reconstruir en su suelo. Sí quiero decir, como ya dijo nuestro portavoz en la Comisión de Cabildos, que estas personas deberían ser compensadas de forma singular, porque viven una situación totalmente diferente.

Vemos acertada también la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de la isla de La Palma y además también se incorpora una disposición final para modificar el Decreto Ley 1/2022, del 20 de enero, que se sube a cuatro años la vigencia del decreto y también se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan también las segundas viviendas y las viviendas vacacionales.

Y, como decía también el portavoz que me antecedía en la palabra, estamos de acuerdo en aprobar este decreto ley, pero también que se tramite como proyecto de ley. Así podemos cumplir esas apreciaciones que nos hace el Consejo Consultivo, como por ejemplo que se debería determinar cuál es la composición del Consejo para la Recuperación Económica y Social de la isla de La Palma, también se hace referencia a varios aspectos que deben ser aclarados, así como también resolver... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional) -gracias, señora presidenta-, así también como resolver alguna contradicción en aras de también una mayor seguridad jurídica de este decreto ley. Pero está claro, como dice también, que, independientemente de estas apreciaciones del Consejo Consultivo, lo que se trata en este decreto ley son competencias de este Gobierno de Canarias, existe también, obviamente, la extraordinaria y urgente necesidad y sobre todo, también, independientemente de esas apreciaciones, se adecua a la Constitución y también a nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, desde la Agrupación Socialista Gomera votaremos a favor de la convalidación de este decreto ley y también su convalidación como proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX. Señora Jover.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, miembros del Gobierno.

Menos de cien años y tres erupciones es lo que ha vivido la isla de La Palma. Esta última, la de Cumbre Vieja, la más devastadora por el potencial lávico y también por ese crecimiento que ha tenido la población y cómo se ha distribuido en el territorio.

Han pasado dos años desde que finalizó. En esos dos primeros años vivimos muchas visitas de Sánchez y sus ministros a la isla de La Palma, muchas promesas que quedaron sin cumplir, probablemente también una evacuación que no fue lo rápida que debió haber sido... Y, bueno, de este periodo no quiero decir que todo sea negativo, quiero destacar el Decreto Ley 1/2022, que además hoy vuelve a tomar protagonismo precisamente para permitir que aquellas personas que en un primer momento no pudieron, quizás por el shock que habían recibido, tomar la decisión de hacer uso de ese decreto ley, que hasta ahora ha dado lugar a doscientas cuarenta, algo más de doscientas cuarenta licencias, puedan ahora hacerlo, con lo cual estimamos que de ese periodo gris, efectivamente, que este Decreto Ley 1/2022 se prorrogue hoy vaya a ser algo de gran valor.

Comienza, pasados esos dos años, el nuevo Gobierno, un nuevo Gobierno que presenta su propia hoja de ruta, que en lo normativo destaca por cuatro decretos leyes, este es el primero, vendrá otro de recuperación agraria, de vivienda, de recuperación económica y social en el ámbito industrial y comercial, y también con una nueva estructura, una vicesecretaría dedicada exclusivamente a esto. Vigilaremos desde VOX que, efectivamente, este ánimo de impulsar La Palma que han demostrado en estos primeros meses sigue latente y seguirá latente.

Pero hoy quería referirme en concreto a este decreto ley y, concretamente, a la propia figura e instrumento del decreto ley y a su contenido, muy brevemente. La figura del decreto ley, como ya se ha dicho, está reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. No siempre se respeta este límite y así, en el momento actual en el que la división de poderes está siendo atacada, deberíamos tener cuidado y ver si realmente esos más de treinta decretos leyes que se han aprobado en Canarias en los tres últimos años deberían realmente haber sido decretos leyes. Le pedimos, por favor, a este nuevo Gobierno que valore la utilización y el recurso de otros procedimientos legislativos especiales, porque el recurso al decreto ley puede traer problemas. Problemas que se han visto en esta norma de hoy. El propio Consejo Consultivo ha advertido de esa falta de audiencia a otras administraciones que ven sus competencias afectadas por esta norma y, efectivamente, a los cabildos insulares, tardíamente, una vez publicada y ya en vigor la norma, les hemos dado la semana pasada audiencia. Un poco tarde, ¿no, señorías? Y, también, ¿qué pasa con los ayuntamientos? Cuidado, porque los decretos leyes pueden vulnerar el principio de autonomía local. Pero, además, los decretos leyes pueden traer otras consecuencias. Advierte el Consejo Consultivo de que esa memoria justificativa es insuficiente y esa insuficiencia no la cubre la propia viceconsejería de recuperación de La Palma, sino que es una viceconsejería, la de los Servicios Jurídicos, que es muy valiosa para su labor, es la que tiene que completar esa memoria justificativa. Con lo cual, decretos leyes, por favor, con los límites justos.

Dicho todo esto, nuestro grupo parlamentario va a aprobar hoy, a convalidar hoy este decreto ley, porque consideramos que, en este caso en concreto, la extrema y urgente necesidad está más que justificada. Han pasado dos años, no podemos dejar que pase ni un día más sin que los palmeros y los vecinos del valle de Aridane tengan una respuesta eficiente. También, como el resto de grupos parlamentarios que hasta ahora han participado, abogamos por su tramitación como proyecto de ley. Y entro aquí ya en esa segunda parte del contenido de la norma.

Nos parece fundamental que se aclare esa discrepancia o contradicción entre los artículos 3 y 6, en uno se dice que este decreto servirá para propietarios y causahabientes, pero en el 6 se habla de cualquier titular de un derecho real, por lo cual creo que esto habría que aclararlo.

Y también nos referimos a ese informe de la comisión preparatoria de los asuntos de Gobierno que hace referencia a la advertencia de los servicios jurídicos de que no se ha aclarado la naturaleza jurídica de los instrumentos que se aplicarán para las zonas 3 y 4. Y, eso sí, consejera, me llama la atención que eso consta en el informe de la comisión preparatoria, pero no en el propio informe de los servicios, del viceconsejero de los Servicios Jurídicos, con lo cual aboguemos, por favor, por que los informes de los Servicios Jurídicos sean siempre completos.

Una vez dicho todo esto, querría concluir animándola a seguir en esta línea. Ha logrado usted una norma que protege y salvaguarda... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional) la seguridad de los vecinos, permitiendo la actuación inmediata exclusivamente allí donde es seguro por la estabilidad de la lava, también ha logrado usted un equilibrio entre la protección del medioambiente y esa recuperación económico-social y está logrando usted que los propios palmeros retomen las riendas de su futuro.

Quisiera mencionar y acabar con una frase que recoge ese informe de la comisión de estudio, que aquí, en el Parlamento de Canarias, a finales de 2022, se refirió a la erupción de La Palma, y dice que todo el mundo ve en esta situación una oportunidad. Tomemos esta frase como punto de partida para avanzar en esta legislatura con decisión y de manera eficiente a favor de nuestros vecinos de La Palma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Anuncio en este primer momento que Nueva Canarias-Bloque Canarista se va a abstener en la aprobación, en el debate de este decreto ley. Y no porque no seamos conscientes de la necesidad o no creamos que hay que seguir implementando todo tipo de medidas, tributarias, por supuesto económicas y, sin duda alguna, legislativas, para seguir avanzando en la tarea de reconstrucción en la isla de La Palma. Somos conscientes además y defendemos lo que planteaba la consejera: todo aquel que se vio afectado por la erupción del volcán tiene que recuperar sus derechos. Pero sí creemos que no todos con las mismas medidas, y lo explicaremos a continuación.

Nosotros consideramos, en primer lugar, que, frente al discurso oficial planteado por el Gobierno de que este decreto viene a solucionar prácticamente todas las situaciones que se provocaron tras la erupción del volcán Tajogaite, no es cierto. Este decreto, de hecho, para nosotros no es un buen decreto. Fíjese, es un decreto que genera más incertidumbres que soluciones. Estamos hablando de que es un decreto que no soluciona además, de manera eficaz, la situación de quienes tenían una propiedad en una parte de la colada, la de más de diez metros, frente a quienes tienen una propiedad que se vio afectada en la parte de colada de menos de diez metros. Por tanto, estamos hablando de un decreto que claramente no viene a solucionar de manera eficaz la situación de todo el mundo.

Además porque creemos que este decreto sí será eficaz para quienes más recursos tienen, no así para quien carece de esos recursos. Y me refiero a aquellas personas que, teniendo su propiedad en la parte de la colada de menos de diez metros, tienen que, de manera inicial hasta que las administraciones desarrollen los proyectos urbanísticos necesarios, tendrán que asumir motu proprio, por su propia cuenta, los servicios necesarios, y hablo de la electricidad, de la evacuación de las aguas, del acceso a las distintas propiedades. Por tanto, genera dos situaciones completamente distintas.

Además porque creemos que es un decreto que antepone sus medidas a cualquier tipo de planificación previa en materia urbanística y, si bien somos capaces de entender que ante situaciones extraordinarias -y se me ocurren muy pocas que puedan ser tan extraordinarias como la erupción de un volcán-, ante situaciones extraordinarias hay que aplicar medidas extraordinarias, sin ningún tipo de dudas, pero creemos que no es lo mismo, a la hora de aplicar esas medidas, que se apliquen, sobre todo cuando hablamos de la posibilidad de reubicarse, a aquellos que no puedan volver a construir sobre la colada o que no deseen construir sobre la colada que se les permita reubicarse en suelos rústicos de protección agraria e incluso de protección ambiental. Y digo que somos capaces de entender, ante la extraordinaria excepcionalidad de lo que aquí sucede, que nos saltemos esa parte del planeamiento, que seamos todos capaces de algo que no permitiríamos bajo ningún concepto en otras circunstancias, permitirlo en esta si estamos hablando de recuperar la vivienda habitual. Allí donde vivía y la colada se llevó no solo nuestra vivienda, sino también nuestros suelos permitir esa reubicación, pero no compartimos y vamos a defender que no es posible que esa misma medida sea aplicable también a quienes perdieron su propiedad... Y tienen derecho a recuperarla y defendemos, como decía la consejera, el derecho de todo el mundo a recuperarla, pero no es lo mismo una vivienda habitual que quienes, con la misma fórmula, pretenden, sobre suelos protegidos, sobre suelo de protección paisajística o agraria, reubicar también segundas residencias y viviendas de alquiler vacacional... (ininteligible).

La justificación de un decreto ley como medida extraordinaria y urgente está sujeta a determinados elementos. Todos asumimos que la recuperación del medio de vida de algo tan fundamental como la vivienda habitual justifica claramente la aplicación de esto; no justificaría en ningún caso, digamos, la aplicación de un decreto ley extraordinario y urgente para la recuperación de una vivienda vacacional. Hay que recuperarla, pero por otros mecanismos, otros medios, y muchísimo menos a través de la reubicación en suelo de protección ambiental y paisajística.

No se trata, como decía antes, de abandonar a nadie, pero las medidas no pueden ser las mismas para todo el mundo. Coincidimos en que los derechos de las personas afectadas... tienen que garantizar que recuperen dichos derechos, los que la lava se llevó por delante. A las personas que tienen segundas residencias, viviendas vacacionales u otro tipo de infraestructuras puede buscarse, a través de acuerdos con la Administración, bolsas de suelo que, además, permitan un planeamiento ordenado, evitando la dispersión... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional), que ya sabemos que generaba problemas anteriormente en la isla de La Palma y que con este decreto puede volver a reproducirse e incluso agravarse. Quien tenga un terreno en cualquier lugar de protección paisajística, sea donde sea, esté ubicado, podrá construir. Y sabemos lo que viene detrás, sabemos también las exigencias que vendrán a la Administración.

En definitiva, fíjense, este decreto trata exactamente igual, exactamente igual, a aquellas personas que tenían una propiedad, con su licencia, ajustada al urbanismo y además era su vivienda habitual, que a quienes tenían una propiedad, en algún caso, no digo en todos, en algún caso ilegal y además destinada a la obtención de un lucro como puede ser el alquiler vacacional.

Por tanto, soluciones para todos a través de decretos u otros instrumentos, pero ese será el motivo por el que nos abstengamos, con la voluntad total, a través de las enmiendas, de llegar a acuerdos para buscar un decreto mucho mejor y que, en definitiva, permita la reconstrucción en la isla...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Díaz.

La señora DÍAZ Y DÍAZ: Presidenta, presidente, señorías.

Señora consejera, comparece usted hoy ante esta Cámara para defender la convalidación de ese Decreto Ley 9/2023, de 18 de diciembre, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación social y económica de la isla de La Palma tras la erupción del volcán de cumbre Vieja. Una norma con rango de ley que usted sabe como yo que es muy esperada por miles de palmeros afectados por la emergencia volcánica y que a partir de ahora regulará la construcción, la reconstrucción y la rehabilitación de las edificaciones, así como los usos y las actividades que existían antes del 19 de septiembre en el espacio hoy ocupado por la colada, fijando las condiciones técnicas necesarias para hacerlo con plena seguridad.

Miren, desde el día de la erupción hasta la mañana de hoy han pasado nada más y nada menos que veintiocho meses, más de ochocientos cuarenta días y ochocientas cuarenta noches, en los que los palmeros han esperado y han desesperado y, aunque si bien es cierto que con este decreto se abre una nueva puerta a la esperanza para muchos de ellos, no menos cierto resulta que no llueve, obviamente, a gusto de todos, ya que hay más vecinos y afectados de los que nos gustaría a los palmeros a los que este decreto, por cuestiones técnicas, evidentemente no puede ofrecer respuestas inmediatas, y negarlo, señorías, sería faltar a la verdad. Pero no menos cierto resulta que, transcurridos ochocientos cuarenta días de la erupción volcánica, ya es hora de que el Gobierno de Canarias fije un punto de partida con un decreto como este, que no olvidemos que no es una foto fija e inamovible, sino que, dejando la perfección, los idealismos, la demagogia a un lado, lo que nos permite es avanzar en un proceso que, seamos sinceros, no podemos seguir eternizando en el tiempo y que es clave para la isla de La Palma.

Por lo tanto, nos encontramos ante un decreto que, por un lado, sí ofrece y satisface los intereses de los afectados, fundamentalmente de aquellos que tienen su propiedad en terrenos con menos de diez metros de espesor de la colada y a los que sí ofrece respuestas efectivas e inmediatas, pero que también necesitamos, señora consejera, seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para esos afectados a los que el decreto no da solución, donde la reconstrucción depende hoy, como ayer, de condiciones como la temperatura, el grosor y la seguridad estructural del manto de la colada o de aquellos afectados que están en zonas en riesgo de colapso o en zonas con medidas cautelares, tanto en el entorno del cono como en la fajana norte y sur. Propietarios como los vecinos de la zona de El Paraíso, a los que el Gobierno no puede ni debe dar la espalda, por lo que tenemos que seguir avanzando en la búsqueda de alternativas para quienes a día de hoy, desafortunadamente, no corren con la misma suerte que el resto ni pueden recuperar su parcela en la ubicación natural en la que la tenían.

Somos conscientes de que no hay varitas mágicas, de la misma manera que somos conscientes de que contra la naturaleza no podemos luchar, pero desde el Grupo Parlamentario Popular animamos al Gobierno a seguir trabajando para no dejar a un solo palmero atrás y que, por tanto, en la fase de tramitación de este decreto como proyecto de ley podamos mejorar su redacción, podamos incorporar cuantas aportaciones sean necesarias para garantizar la igualdad efectiva entre todos los palmeros. Para dar básicamente mayor amparo y cobertura, entre otras, a esas familias que el 19 de septiembre vieron como el Tajogaite entraba en erupción a escasos metros de su vivienda, de su propiedad, que tuvieron que abandonar con lo puesto, sin tiempo material para poder coger ni siquiera las pocas pertenencias que tenían, y a los que, por las condiciones de cercanía, no pudieron ni siquiera activar el seguro de su propiedad porque no tuvieron tiempo material para ello y porque hasta ese momento no lo habían considerado necesario. Afectados, con nombre y apellidos, que tienen que seguir esperando, como hasta ahora, para retomar sus ansiados proyectos de vida, algo que desde el Grupo Parlamentario Popular confiamos en que pueda ser más pronto que tarde.

Confiamos igualmente en que el Gobierno apoye de manera decidida a los ayuntamientos del valle de Aridane, para que puedan avanzar en el desarrollo y en la recuperación de las infraestructuras viarias, pero también en las de riego, en las de comunicaciones y en las de servicios que son imprescindibles para devolver la normalidad a la zona a la que necesitan volver las personas, sobre todo con carácter más inmediato para aquellos que tienen su propiedad en zonas con menos de diez metros de colada, como es el caso de los vecinos del camino Cumplido, así como que se pueda poner a disposición del Cabildo Insular de La Palma cuantos recursos sean necesarios para avanzar en esos informes semestrales de los que va a depender la recuperación de propiedades situadas en la zona amarilla, a medida que sea viable... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional) -gracias, presidenta- la ampliación del perímetro, tal y como también demandan los vecinos del camino Pampillo.

Finalmente, desde el Grupo Parlamentario Popular abogamos para que, una vez priorizadas las necesidades más inmediatas de los afectados, no se dé por perdida, no se dé por perdida la oportunidad que tiene la isla de La Palma de abordar un modelo de reconstrucción que nos permita aprovechar las ventajas que nos ofrece de verdad el planeamiento para salir reforzados de esta situación y que, tal y como recoge el dictamen de la comisión de estudio celebrada en la pasada legislatura en este Parlamento, podamos construir sobre los restos del volcán una sociedad mejor y más próspera para todos los palmeros, para todos sin excepción.

Miren, respetando las decisiones individuales de los afectados de rehacer su vida en otros puntos de la isla, lo cierto es que creemos que se deben activar mecanismos para atender las necesidades de la zona más afectada por la emergencia volcánica, que es el valle de Aridane, para que no se pierdan población y oportunidades. En ese camino, consejera, siempre encontrará la mano tendida...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.

Señora Lorenzo Brito, del Grupo Nacionalista Canario, su turno.

La señora LORENZO BRITO: Gracias, presidenta.

Quisiera agradecer también en primer lugar a la mayoría de miembros del Gobierno aquí hoy presentes, eso significa que realmente hoy estamos ante un día importante. Resto de señorías.

Pues lo dicho, no sé si se han dado cuenta del día en el que estamos hoy, un día histórico para el pueblo canario y principalmente para el pueblo palmero, que por fin ve marcada la senda de la recuperación, y hoy un día también en el que se sienta un precedente: hoy se trae a esta Cámara el texto normativo que después de casi un mes de publicación en el Boletín Oficial de Canarias ha pasado todos los trámites preceptivos que reglamentariamente se establecen, y todos, señorías, en sentido favorable. Y con esto no quiero entrar en las batallas habituales que se producen en este espacio, no quiero empañar el protagonismo de los palmeros y las palmeras, que aunque no estén hoy presentes aquí sí que lo están a través de todos y cada uno de nosotros.

Los textos anteriores a este decreto, refiriéndome principalmente a quienes capitanearon esos trabajos, saben de qué manera y cómo los hicieron y, señorías, queda en sus conciencias. Lo que sí quiero dejar claro aquí es que tanto este trabajo que se expone en esta Cámara hoy como aquellos logros que se han conseguido, y que afortunadamente se siguen consiguiendo, para la isla de La Palma no vengan ahora a atribuírselos como propios. Se ha demostrado que el voto de Coalición Canaria sigue siendo útil, a diferencia de otros.

Les voy a pedir -ellos y ellas saben quiénes son- que no sigan confundiendo a la gente con ciudadanos de segunda o ciudadanos de tercera. El trabajo de Coalición Canaria ha sido ejecutado de la misma manera para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Pero está claro que, bueno, piensa el ladrón que todos son de su condición, porque ustedes sí que saben de eso, de ciudadanos de segunda y de tercera, sobre todo cuando salen de Canarias y llegan a Madrid. Ahí lo dejo. (Palmoteos).

Estamos, señorías, ante un decreto ley que, de convalidarse en esta Cámara y continuar su tramitación como proyecto de ley en el día de hoy, dará soluciones a gran parte de los problemas que todavía se dan en la isla de La Palma.

Señorías, desde nuestro grupo hacemos también un llamamiento a la unidad de colores políticos. Debemos dotar de la mayor seguridad jurídica a esta situación y a la de los ciudadanos palmeros. Recordarles que el Grupo Nacionalista, a pesar de no estar de acuerdo con muchas de las cosas que recogían los anteriores borradores, siempre votó a favor, porque siempre se le daba prioridad a poner solución al problema y no a las diferencias que podían surgir entre los diferentes grupos. Les pedimos lo mismo hoy, señorías.

Este texto nos ayudará a marcar el ritmo de la recuperación. Está claro que no es un texto perfecto, quedará sujeto a mejoras técnicas. Siempre se ha dejado claro que es una norma que permanecerá viva y que a medida que se vaya ejecutando se recogerán las diversas casuísticas que se vayan produciendo, porque ante cada unidad familiar, ante cada uno de los afectados tenemos un problema y esa situación debe ser escuchada. Se trata de eso precisamente, señorías, de escuchar, de escuchar y dar soluciones de una forma real y efectiva, no de marear la perdiz y de seguir aumentando el cansancio y el agotamiento del pueblo palmero.

Con esta norma se defiende el derecho a la propiedad privada, se defiende el derecho a la herencia, a recuperar lo perdido. Señorías, en definitiva, se recupera la dignidad de nuestra gente. Son ellos quienes deben decir cómo y dónde. No les aboquemos a pérdidas de identidad y de desarraigo, situaciones que todavía, a día de hoy, es uno de los padecimientos psicológicos generalizados de las personas afectadas por la erupción, esa situación de pérdida de comunidad. No nos olvidemos de la salud mental de toda esa gente. Esta como otras tantas tareas siguen pendientes. No porque no se hable de ellas están resueltas, siguen ahí.

Señora consejera, sé que suena repetitivo, pero desde el Grupo Nacionalista Canario queremos reiterarle el mayor de los agradecimientos, tanto a usted como al equipo técnico que ha liderado este trabajo, porque la valentía ha merecido la pena. Nuestro voto será favorable. Hoy podemos poner solución a lo que ocasionó el volcán de cumbre Vieja durante ochenta y cinco días de erupción y con casi más de mil doscientas hectáreas de tierra sepultadas por la lava.

No quiero terminar hoy sin citar los rostros de la esperanza y la recuperación que hemos visto esta semana, con el primer bañista en la playa de Puerto Naos, por ejemplo, por su recién apertura, y también de don Roberto y doña Audelina, vecinos de Todoque, que hoy ven como pueden continuar sus vidas tras una de las mayores desgracias que ha pasado el pueblo palmero. Y ellos y otros tantos rostros son lo que significa el pueblo palmero, resiliencia y fortaleza.

Gracias, señorías.

(Aplausos y palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Lorenzo.

Finaliza el debate el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Vanoostende.

La señora VANOOSTENDE SIMILI: Buenos días, señorías.

Bueno, la valoración que hacemos desde el Grupo Socialista de toda la gestión que se ha hecho con la isla de La Palma de este nuevo Gobierno no puede ser sino decepcionante. Creemos que este Gobierno no está cumpliendo con la isla de La Palma y les voy a poner varios ejemplos sencillos y, además, de un solo sector, del sector agrario. Lástima que el señor consejero no se encuentre hoy aquí, en este salón de plenos.

Les voy a poner varios ejemplos sencillos. Las ayudas normales, las del Posei del plátano, por ejemplo, o la ayuda al agua de riego este año las han pagado más tarde que nunca, cuando hemos tenido el peor año de sequía y el peor año de precios. Las convocatorias del año 2023 de la reconstrucción de fincas al borde de coladas no las sacaron y no se sabe nada de ello. Las ayudas por pérdida de renta a los agricultores del año pasado, estamos en enero y nada se sabe tampoco. En noviembre le preguntamos al consejero de Agricultura y nos dijo que estaba todo listo a falta de los fondos del Estado. Bueno, el Estado sí ha cumplido, los 100 millones están ya en el Gobierno de Canarias y seguimos sin saber nada. Y lo que nos llega por parte del sector es que ni están hechas las valoraciones y ni siquiera está contratada la empresa que tiene que hacer las valoraciones. Esa es la sensibilidad que tiene este Gobierno con la isla de La Palma. No sabemos nada del decreto de reconstrucción agrícola, no sabemos nada de la hoja de ruta de la recuperación agraria.

Pero es que hasta en lo más cotidiano vemos esa insensibilidad. En el día de mañana han convocado a las cooperativas afectadas del valle de Aridane a una reunión con el señor presidente en la sede de Tenerife, a las nueve de la mañana. Todos los parlamentarios que no son de Tenerife, que son de otras islas, saben que es muy complicado estar en Santa Cruz de Tenerife a las nueve de la mañana, con los vuelos, los retrasos, las colas... Esa es la sensibilidad que tiene este Gobierno por unas plataformas afectadas. Son capaces de ir a Roma pero no son capaces de ir a La Palma a atender a los palmeros. (Aplausos y palmoteos).

Y, sin embargo, vemos que nos usan de excusa. Ayer salía el director del Icavi diciendo que qué bien se está haciendo el decreto de reconstrucción en el suelo rústico de la isla de La Palma, que eso hay que trasladarlo a toda Canarias. Encima nos utilizan de excusa para esa política liberal de la derecha de, en dos palabras, los pelotazos urbanísticos. Los pelotazos urbanísticos a los que estábamos acostumbrados. Esos pelotazos que solo benefician a determinadas personas, a los especuladores, y perjudican a todos los demás, a todo el pueblo de Canarias, y eso no lo vamos a tolerar, señores del Gobierno.

Pero, bueno, venimos aquí hoy a convalidar este decreto ley, el 9/2023. Desde el principio hemos dicho que no nos gusta este decreto y básicamente porque empeora sustancialmente lo que se había dejado preparado, consensuado con los afectados. Ese decreto que dejamos listo, consensuado con los afectados, respondía prácticamente al cien por cien de los casos porque se había hecho junto a ellos. Dice la señora consejera que agradece la labor de las personas de La Palma, dice la señora de Coalición Canaria, Lorenzo, que hoy es un gran día para los palmeros, pero la realidad es que ni en la redacción de este decreto ni en el futuro se va a contar con los afectados. ¿Y por qué lo digo?, porque en esta redacción de este decreto solo se presentó a los afectados... En una reunión a puerta cerrada y exclusiva, solo para líderes de las plataformas. Se prometió recibir alegaciones a través de Gesplan y tampoco se cumplió esa promesa. Pero es que, además, en el anterior decreto se tenía un consorcio en el que los afectados tenían voz y voto, participaban de tú a tú con la Administración en la toma de decisiones y ahora nos encontramos un consejo consultivo que, como su nombre indica, es solo para consultar a los afectados, nada más, no para que tomen decisiones. Ahora las decisiones las toma el Gobierno de Canarias, no los afectados, y eso no nos gusta.

Y sí que es verdad que hay afectados de primera y de segunda, por supuesto que los hay, y lo digo con los datos sobre la mesa. Las personas que tienen sus parcelas en zonas con altura de lava de más de diez metros ya no tienen una respuesta, en el anterior decreto sí la tenían y ahora ya no. Es decir, esas personas se quedan en un limbo y a la espera de que se enfríe en la práctica, de que se enfríe la lava. ¿Esperar diez años?, ¿ustedes creen que es una respuesta aceptable? Nosostros creemos que no, que es inaceptable decirles a esas personas que se esperen a que se enfríe. Y por eso seguimos sin estar de acuerdo con este decreto.

Además no nos han gustado nada las formas que han tenido, no voy ni siquiera a ahondar en ello.

Con respecto al Consejo Consultivo, ya han comentado aquí todas las cuestiones que ponía sobre la mesa. Nosotros estamos de acuerdo en que se tramite como proyecto de ley, no solo por esas cuestiones que comenta el Consejo Consultivo, sino porque entendemos que es manifiestamente mejorable. Lo entendemos nosotros e incluso grupos como el Partido Popular, que es parte, es socio del Gobierno.

Nosotros no vamos a poder votar a favor de este decreto ley, vamos a abstenernos porque somos un partido responsable y creemos en la política activa. Nos abstendremos a cambio de que se tramite como proyecto de ley y a cambio de que en esa tramitación se mejore este proyecto y que pueda dar respuesta al cien por cien de los afectados, cosa que hasta ahora no ocurre.

Sí les pedimos a los grupos que apoyan al Gobierno y al resto de grupos de este pleno que tengamos todos altura de miras, visión de futuro, que tengamos buena voluntad... (corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional), buena predisposición para poder trabajar conjuntamente, quitar las siglas políticas y buscar el interés general, que es el interés de las personas afectadas de La Palma, que al final son las personas a las que nos debemos, a los afectados de la isla de La Palma.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vanoostende.

(La señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Barreto Hernández, solicita la palabra).

Bueno, hemos finalizado el debate del decreto ley, hemos finalizado el debate del decreto ley... De conformidad con el artículo 83.5, el Gobierno puede, si quiere, coger la palabra. ¿Quiere intervenir, señora consejera?

Muy bien, tres minutos.

Cuando quiera.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández) (desde su escaño): Vale. Gracias, presidenta.

Simplemente quería, entendía que lo hacía al final, pero, bueno, aprovecho y lo hago yo ahora, lejos de abrir el debate, porque mi intención no es que con este decreto abramos debates.

Creo que es un día importante y seguramente no vamos a ponernos de acuerdo en todo, aprovecho estos tres minutos para aclararlo. No vamos a ponernos de acuerdo en todo porque durante dos años mantuvimos posturas diferentes, desde esta bancada en la oposición y desde esa bancada en el Gobierno, en muchas cosas. Siempre que me subí a esa tribuna a hablar de La Palma llevaba una retahíla de propuestas, de cosas que les decía, "esto hay que hacerlo, vamos a hacer esto, van a tener nuestro apoyo"; siempre recibimos un no, rotundo, siempre. Nunca tramitaron ningún decreto como proyecto de ley porque nunca quisieron que hiciéramos aportaciones. Pero, lejos de eso, yo espero que esto de hoy, nos quedan tres decretos más, al final sea un punto de inflexión.

Nosotros sí queremos las aportaciones, no la crítica por la crítica, que también hay que hacerla y yo la hice cuando consideraba que había que hacerla. Queremos aportaciones. Hasta ahora lo que ha habido no son aportaciones, es decir "lo nuestro era mejor". Muy bien, ¿en qué?, dígannoslo, eso es lo que queremos que nos digan en los sucesivos decretos y lo que pueden hacer.

Nosotros no hemos hecho un decreto para reconocer solo el derecho de algunas personas, este Gobierno reconoce el derecho de todas las personas, independientemente de lo que hayan perdido. Para nosotros en La Palma es tan importante la vivienda habitual como una vivienda vacacional como una vivienda turística como una segunda vivienda. Y la razón es sencilla: hay gente que vive de los alquileres de la vivienda vacacional o turística y gente que dejó de mandar a los hijos a estudiar porque ya no tenían ingresos. Vale tanto una como otra. Y el derecho es un derecho, los decretos reconocen derechos y el derecho hay que reconocerlo. Reconoce el derecho a ser compensado, y eso pasará, y de eso no creo que nadie de los que esté aquí esté en contra.

Lo que pido, y aprovecho, primero, para darles las gracias por las intervenciones y, en segundo lugar, para pedirles que lejos de la confrontación política, que también la tuvimos nosotros en la pasada legislatura, pongamos por delante la unanimidad en cosas que son necesarias como esta.

En la Comisión de Cabildos salió por unanimidad, entiendo que se puedan buscar justificaciones para decir que no se está acuerdo con parte de los decretos, pero por encima de eso está blindar los derechos de las personas, los de La Palma y los del resto de canarios para futuras erupciones. Eso es a lo que he apelado en este Parlamento.

Y no quiero abrir más debate. Quiero darles las gracias por sus aportaciones, sobre todo por las tramitaciones que nos quedan por delante. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Muy bien, finalizado el debate, procedemos a llamar a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Bueno, en primer lugar, antes de proceder a la votación, quiero informarles que hay un voto anticipado del señor Plasencia Barroso y, bueno, informarles también, aunque lo conocen sobradamente, que vamos a proceder a dos votaciones: en primer lugar, a la convalidación del decreto y la segunda votación será a ver si ese decreto se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Por tanto, pasamos a la votación número uno, convalidación del decreto. Votamos. (Pausa).

66 votos emitidos: sí, 41; no, cero; 25 abstenciones. Esperando por el voto anticipado del... (Pausa).

Perfecto. Pues, señora consejera, constará en el acta y ahora estamos esperando por el voto anticipado del señor Plasencia.

Bueno, si les parece bien, en vez de leer todo el certificado, simplemente leo el voto. El sentido del voto del señor Plasencia es abstención.

Por tanto, el resultado total de la votación son 66 votos emitidos, 67, junto con el voto delegado: 41, sí; cero en contra y 26 abstenciones.

Por tanto, queda aprobada la convalidación del decreto ley.

Siguiente votación. Ahora procedemos a la votación para la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes, 67: sí, 67; no, cero; cero abstenciones.

Respecto al voto delegado del señor Manuel Ramón Plasencia Barroso, el sentido del voto es sí.

Por tanto, queda aprobada por unanimidad la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Finalizado el debate del decreto ley -gracias, buenos días-, levantamos la sesión.

(Se levanta la sesión a las doce horas y dos minutos).