Diario de Sesiones 25, de fecha 28/2/2024
Punto 7

11L/CG-0003 COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO, SOBRE MENORES EXTRACOMUNITARIOS NO ACOMPAÑADOS QUE ACCEDEN DE FORMA ILEGAL AL TERRITORIO ESPAÑOL POR LOS PUERTOS Y COSTAS CANARIAS EN CAYUCOS O PATERAS O BIEN SON RESCATADOS EN ALTA MAR POR SALVAMENTO MARÍTIMO Y DESEMBARCADOS EN LOS PUERTOS CANARIOS, ASÍ COMO SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ACTUAL QUE GARANTICE SU PROTECCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SU DISTRIBUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL

La señora PRESIDENTA: Por tanto, seguimos con la comunicación del Gobierno: menores extracomunitarios no acompañados que acceden de forma ilegal al territorio español por los puertos y costas canarias en cayucos o pateras o bien son rescatados en alta mar por Salvamento Marítimo y desembarcados en los puertos canarios, así como sobre la necesidad de modificación del marco normativo actual que garantice su protección integral mediante su distribución en todo el territorio español.

Tiene la palabra la señora consejera, señora Delgado, por el Gobierno, por tiempo de diez minutos.

La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Buenos días. Señora presidenta, señorías.

Hoy me ha correspondido a mí defender ante este Parlamento de Canarias la comunicación del Gobierno sobre menores extracomunitarios no acompañados que acceden de forma ilegal al territorio español en cayucos o pateras, en la que se expresa la necesidad de modificación del marco normativo actual para garantizar la protección integral de estos niños y niñas mediante su distribución en todo el territorio español, así como la dotación de los fondos necesarios para que esa corresponsabilidad de las comunidades autónomas se haga efectiva.

Nos encontramos ante una situación excepcional, como bien saben todas y todos ustedes, ante un proceso migratorio que está provocando la llegada masiva de menores extranjeros no comunitarios a las costas insulares y que obliga a este Gobierno de Canarias a asumir la tutela, de momento ya, de 5432 menores extranjeros no acompañados.

Para poder acogerlos, hemos tenido que recurrir a crear de momento casi cuarenta nuevos dispositivos de emergencia, y ya son 72, lo que indica, entre otros aspectos, la situación excepcional en la que nos encontramos y las consecuencias económicas para esta comunidad autónoma. Por tanto, consideramos que la Administración General del Estado debe dar una respuesta inmediata como responsable de garantizar a dichos menores no acompañados su seguridad, bienestar y la protección de sus derechos fundamentales y disponer así de los medios necesarios para que puedan integrarse plenamente en la sociedad. La respuesta a la situación inesperada que soporta Canarias pasa por proceder al reparto de esos casi cinco mil quinientos menores tutelados tras su llegada a Canarias entre las distintas comunidades autónomas.

No podemos olvidar que España cuenta con un sistema de protección a la infancia y la adolescencia reconocido a nivel internacional que establece un marco normativo y legal que tiene como objetivo principal salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Esta perspectiva se basa en el principio del interés superior del niño o de la niña, que exige la consideración primordial de los derechos y necesidades de los menores en todas las decisiones y medidas que les conciernen.

Debemos recordar aquí que también las leyes del Estado en materia de extranjería y seguridad buscan regular el ingreso, estancia y movimiento de personas en el territorio nacional, así como garantizar la seguridad y el orden público; sin embargo, en el contexto de los menores migrantes no acompañados es crucial conciliar estas regulaciones con los principios y estándares del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Como saben sus señorías, la crisis migratoria, que trae a nuestras costas un número elevado de menores extracomunitarios no acompañados, obliga a esta comunidad autónoma canaria a poner en marcha un despliegue de medios humanos y materiales de tal dimensión que nos imposibilita poder ofrecer a esos menores en situación de vulnerabilidad el adecuado cumplimiento del ejercicio de las obligaciones legales de tutela, entre ellas su integración social.

La situación -nos tememos- se volverá aún más crítica en los próximos meses si tenemos en cuenta que las difíciles circunstancias geopolíticas de África no han variado y que hay organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, que ya están alertando de la masiva migración a Canarias desde Mauritania para todo el año 2024. Esta llamada de atención se basa en que en lo que va de 2024 han arribado a Canarias más de doce mil personas, lo que supone un 650 % más que lo registrado en los primeros 90 días del año pasado. Por eso, insisto, consideramos urgente actuar en el ámbito jurídico e impulsar nuevas normativas que concilien las disposiciones del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia con las regulaciones a nivel estatal en materia de extranjería y seguridad.

La nueva normativa que proponemos debe establecer procedimientos claros para la identificación, el registro y la asistencia a los menores migrantes no acompañados, así como para determinar su estatus migratorio y, en su caso, garantizar su acceso a vías legales de regularización. Además, debe garantizar la colaboración interinstitucional y la coordinación entre las autoridades responsables de la infancia, la migración y la seguridad con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de estos menores de manera integral y coherente con los principios legales y éticos que rigen la materia.

Dicha modificación del marco normativo de atención a los menores migrantes ha de ir acompañada necesariamente de una adecuada definición y objetivos de los centros de acogida, de tal forma que permita una atención ajustada a la realidad y a los procedimientos administrativos que abarcan la atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes, en consonancia con la valoración del interés del menor, y contemplar de forma eficaz la alternativa del acogimiento familiar.

Queremos también adaptar la normativa vigente a la realidad social, a la llegada de menores migrantes extracomunitarios al territorio nacional, llegada que se produce de manera descontrolada y desigual en las diferentes comunidades autónomas, resultando la Comunidad Autónoma de Canarias la que recibe, a su vez, la tutela de la casi totalidad de los menores extranjeros no acompañados que llegan por ese medio.

El incremento en la entrada de menores migrantes no acompañados ha originado, a pesar de los ingentes esfuerzos desarrollados para garantizar su seguridad, bienestar y proteger sus derechos fundamentales, que la capacidad de respuesta de nuestro sistema público de acogimiento se haya visto desbordado ante la insuficiencia de recursos alojativos, llevando al Gobierno de Canarias, a través de la consejería que dirijo, a declarar la emergencia social.

Por otro lado, cabe recordar que los convenios concertados con otras comunidades autónomas no han permitido, por el escaso número de traslados y cesiones de tutela efectuados, liberar de la sobrecarga de los centros en Canarias, impidiendo dar la respuesta urgente que requiere la situación de sobreocupación y la falta de recursos. A esto se añade que no se están estableciendo, ni por las comunidades autónomas ni por la Administración General del Estado, convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de los menores que posibiliten poder atribuirles la tutela ordinaria de estos menores extranjeros no acompañados.

Por tanto, es urgente adoptar medidas a nivel nacional e incluso internacional que permitan responder y dar una solución adecuada a la situación de todos estos menores, mediante su reparto entre las distintas comunidades autónomas e, incluso, entre otros países de la Unión Europea. Solución que, entendemos, corresponde adoptar e impulsar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta que la competencia en materia de extranjería y las relaciones con la Unión Europea están atribuidas a la Administración central. Tengo que insistir aquí que, cuando estos niños y niñas llegan a Canarias, están entrando en España y en Europa y hasta que esto no se tenga claro por el Estado y por la Unión Europea debemos estar unidos para conseguir el objetivo de que se modifique el marco normativo, puesto que Canarias en solitario no puede dar la respuesta que necesitan estos menores.

Estamos convencidos de que el hecho de que la comunidad autónoma tenga competencia sobre protección de menores, ejerciendo la tutela, la guarda y tutela administrativa por mandato legal, no supone un desentendimiento del Estado de su competencia exclusiva en materia de extranjería. También vincula el principio de interés superior del menor al tratarse de menores extranjeros que acceden ilegalmente al territorio español.

Por todo ello, proponemos la modificación del Código Civil español y la modificación del Protocolo marco en relación con determinadas actuaciones en materia de menores extranjeros no acompañados. Creemos que con esta propuesta se podía dar una solución inmediata al problema planteado, que pasaría no solo para la modificación del artículo 172.1 del Código Civil, al cual le sería añadido un nuevo párrafo, y por una modificación del Protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, aprobado por resolución de 13 de octubre de 2014, por acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Para que las comunidades autónomas reciban a estos niños y niñas y adolescentes migrantes habría que modificar el Protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, con participación de todos los organismos implicados, y dotar a las comunidades autónomas de la asignación presupuestaria que les permita asumir la tutela de estos niños, niñas y adolescentes.

El documento del Gobierno de Canarias que hoy debatimos contempla también una segunda propuesta al Estado, que resultaría factible pero que es más gravosa, compleja y lenta al tratarse de las modificaciones de leyes orgánicas, para cuya aprobación requeriría la mayoría absoluta de una tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Conllevaría, además, las modificaciones normativas interesadas en la primera propuesta que les acabo de relatar, la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 4/2000, y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Turno de intervención ahora para el Grupo Mixto.

El señor ACOSTA ARMAS: Muchas gracias al Gobierno por esta comunicación, que hace un análisis certero de la situación y que propone dos opciones con carácter alternativo para dar respuesta de una vez por todas a un tema gravísimo.

Los clásicos dicen que la política es el arte de lo posible, pero en España en los últimos años nos han demostrado que la política es el arte de lo imposible; es decir, la política española nos ha demostrado que si se quiere hacer algo se hace, aunque haya que cambiar leyes e incluso principios. Es decir, en este caso, si se trata de cambiar normas o leyes, pero sobre todo de reafirmar principios, podemos verlo, pero en otros sucesos no, principios como la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos del menor, la cooperación institucional, la solidaridad... En definitiva, de lo que tratamos es de defender una política con humanidad. Yo lo que intento al menos es reivindicar la humanidad en la política. Me resulta incomprensible del todo, por utilizar un adjetivo suave, que después de treinta y cuatro años de que llegara la primera patera a Canarias aún hoy estemos discutiendo sobre este asunto, cómo no se ha llegado a un acuerdo entre las comunidades autónomas. Pero, dado que no hay tal acuerdo, cómo no se ha legislado aún, por quien puede, para obligar a todas las comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes. Escapa a mi comprensión que los responsables públicos miren para otro lado cuando se les interpela sobre estos niños, niñas y jóvenes desamparados. Niños que no necesitan esa caridad, que solo busca tranquilizar la conciencia propia, y sí derechos; niños de los que algunos deberían aprender de su valor y valentía, una valentía que no conoce de arengas ni de discursos incendiarios ni de sobreactuaciones y sí de necesidades básicas y carencias de todo tipo, que en algunos casos, por la sobredimensión del problema, no estamos alcanzando.

Así que espero que todos estemos a la altura de este desafío ético y moral que tenemos enfrente y podamos dar una respuesta adecuada a todos ellos, porque aunque no les guste a algunos todos estos niños tienen derecho a construir un proyecto de vida y tienen derecho a hacerlo entre nosotros, enriqueciéndonos como sociedad, porque también nosotros algún día fuimos emigrantes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Tiempo de intervención ahora para la Agrupación Socialista Gomera. Cuando quiera.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señora consejera.

Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo al Gobierno que esta comunicación haya hecho partícipes a todos los grupos de este Parlamento, buscando esa unidad que yo creo que es necesaria cuando hablamos de temas importantes de nuestra tierra, y este lo es. Cuando hablamos de la migración, que yo he escuchado infinidad de veces en este Parlamento "no se debe hacer política de la migración", lo que debemos es usar la política para buscar soluciones a los problemas que se ocasionan a través de la migración, problemas que a veces es falta de medios para atender a quienes llegan a nuestra tierra.

Si comparamos esta crisis migratoria que tenemos ahora con la que hemos tenido anteriormente, vemos que ahora la gran diferencia es la gran llegada de menores que estamos teniendo. Por tanto, y siguiendo esa búsqueda de respuestas siempre con base en el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que es garantizar el interés superior del menor, tenemos que darnos cuenta de que tenemos unos servicios sociales totalmente colapsados. Cuando se tramitaba esta comunicación, teníamos en nuestra tierra alrededor de cinco mil seiscientos menores, probablemente, que no ha parado la llegada de migrantes a nuestras costas, incluso puede que haya aumentado en estos días anteriores. Necesitamos, por tanto, un sistema regulado de derivaciones, tanto con la península como con Europa, porque vemos que la solidaridad del resto de regiones no existe, prácticamente, o es muy pequeña. Hemos visto que algunas comunidades sí han colaborado, pero también en pequeña medida y con la dimensión tan grande que tiene el problema que estamos viviendo, pues, lo correcto, deberíamos tener muchísimos más medios al respecto.

Por tanto, hay dos vías para conseguir esa derivación por medio de leyes. Una es mediante la modificación del artículo 172.1 del Código Civil y del protocolo marco interministerial y la segunda sería, aparte de esas modificaciones, modificar también otras, algunas incluso son leyes orgánicas. La primera de ellas podríamos hacerlo por medio de real decreto ley, lo cual disminuye muchísimo los tiempos y es muchísimo más rápido, y la segunda requeriría de un proyecto de ley, lo cual hace que sea más lento. Independientemente de cuál de las dos medidas decida el Estado llevar a cabo, a mí lo que sí me gustaría es, una vez que se tramite ese proyecto de ley o ese decreto ley, tener el apoyo de la Cámara, en este caso del Congreso, por parte de todos los grupos, porque estamos hablando de un problema que estamos viviendo en Canarias y que necesita de una respuesta no solo ágil, sino que también tiene que ser contundente.

Por tanto, señora consejera, yo le informo, por parte de nuestro grupo, el total apoyo a esta comunicación del Gobierno. Hemos aportado lo que hemos podido desde nuestro grupo, o aquello que pensamos que es relevante para mejorar ese texto. Y finalizo otra vez agradeciéndoles que nos hayan hecho partícipes a todos los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Grupo Parlamentario VOX. Cuando quiera.

El señor GALVÁN SASIA: Buenos días. Consejera. Presidente, buenos días.

Ya comentamos en la reunión de Presidencia que, para el Grupo Parlamentario VOX, esta comunicación del Gobierno no es más que una rendición más, una rendición al problema de la inmigración ilegal. Para nosotros proponer un reparto de estos menores, chicos menores, a la península no es más que poner un parche, es una medida cortoplacista a la que no le vemos ningún, ningún sentido. Y, lo que es más grave, desde el punto de vista nuestro, para nosotros se cierra el eslabón de la cadena de las mafias de inmigración ilegal, porque recordemos que las mafias no prometen a los inmigrantes y a los menores un viaje a Canarias, les prometen un viaje a la península para que ellos puedan desplazarse libremente por Europa. ¿De esta manera qué estamos haciendo? Con dinero público estamos acabando ese paquete vacacional del terror de las mafias de la inmigración ilegal, estamos cogiendo a los menores que están en Canarias y les estamos llevando a donde las mafias les ofrecen ir.

La situación de Canarias actualmente -ya lo hemos visto en el informe Arope-, tenemos un 33,8 % de personas en exclusión social y en riesgo de pobreza y -como, salieron los datos el otro día, comentaron ustedes- mensualmente les cuesta a las arcas de la Comunidad Autónoma de Canarias 10 millones de euros el tratamiento de estos menores, educación y sanidad aparte.

También en la comunicación del Gobierno vemos que lo que se pretende, de salir adelante el tema, es convertir a los menores realmente, porque conocemos quién está a la cabeza en este Gobierno de España, me da miedo que se conviertan en un arma política, es decir, a qué comunidades van a ir destinados esos menores y a qué comunidades no. Creo que todos sabemos de lo que estoy hablando.

Para nosotros lo que no pasa por una repatriación inmediata de esos menores, no solo menores, sino todos los inmigrantes, es fomentar el efecto llamada. Los niños, señorías, tienen que estar con sus padres. Tenemos que mandar un mensaje claro: que no se va a regularizar a ningún inmigrante que entre de manera irregular a Canarias. Hay una puerta y esa puerta es la que tenemos que utilizar.

También hemos desaprovechado una oportunidad única para instar al Gobierno de la nación a que endurezca las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y para aquellos que colaboren con ellas.

Por otra parte, creemos que hay que promover sanciones a aquellos Estados que promuevan oleadas masivas de inmigrantes o la utilicen como arma diplomática, no como hemos visto últimamente, que se llevan 500 millones de euros a Mauritania y se llevan 45 000 millones de euros a Marruecos, como comenté ayer, cuatro veces el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por cierto, tampoco se premia a esos países reconociendo el Sáhara como marroquí, yo creo que ahí todos estaremos de acuerdo.

En la comunicación también he echado en falta que se inste a cumplir los convenios que hay firmados actualmente con Marruecos y con Senegal. Hay convenios firmados con Marruecos y con Senegal de repatriación y también hay convenios verbales con Mali y con Argelia. En esos convenios a lo que se insta es a que la prioridad número uno es repatriar a esos niños y que vuelvan con sus familias de origen. Me gustaría preguntarle, consejera, y ya se lo comenté en Presidencia, lo que destinamos a buscar a esos padres en los países de origen, porque nos consta, todos sabemos que esos menores a través de los móviles se ponen en contacto con esas familias. Yo creo que es un tema que tiene mucho recorrido: identificar a los padres y mandar a los niños con los padres.

También en el documento, en lo que ha traído el Gobierno, la comunicación, se indica, se hace referencia a Ley Orgánica de Protección del Menor y a la Ley de Atención Integral a los Menores, pero recordemos que se puede leer en esas leyes que las medidas de protección priorizan la permanencia del menor en la familia de origen. Y aquí poco se ha hablado de eso, estamos hablando de los derechos del menor, pero obviamente los derechos de esas familias, de recuperar a sus hijos, yo creo que para nosotros tiene que ser prioritario. No podemos entrar en la demagogia de ocuparnos de los menores y olvidarnos de sus raíces. Yo creo que si realmente queremos ayudarles tenemos que hacer todo lo posible para que sean repatriados con las familias.

Hay que dejar claro que en España solo se entra de forma legal y ordenada y tiene que haber voluntad de integrarse; de lo contrario, eso no puede seguir.

Hay que acabar con las políticas de efecto llamada y esta comunicación que se trae hoy aquí es otra más de esas políticas, que son las verdaderas causantes del drama de la inmigración ilegal. Esas políticas crean empobrecimiento, inseguridad en los países de destino, enriquecen a las mafias de trata de seres humanos, provocan miseria en los países de origen, tragedias en las fronteras y, señorías, muertes en el mar, no podemos olvidarlo.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Galván.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista. Cuando quiera, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

En primer lugar, creo que es positiva esta comunicación del Gobierno. Es de las cuestiones, lo decíamos en el debate de investidura, lo hemos manifestado en todos y cada uno de los foros, en los espacios que el propio Gobierno ha propiciado con los grupos parlamentarios, en las que Nueva Canarias estará con el Gobierno, con las instituciones canarias, y por supuesto con los derechos humanos, como elementos esenciales.

Miren, el hecho migratorio -ya lo hemos planteado en algunas ocasiones- es un hecho. Ahora pongámonos a filosofar y cada uno que tenga la posición que quiera, pero es un hecho a nivel global, siempre lo fue, va a seguir siéndolo, pero en este instante, y aterrizando además en Canarias, en los últimos años, meses, hemos visto cómo se ha ido acentuando la llegada de personas huyendo de la miseria, intentando buscar un futuro mejor, que, por cierto, a través de nuestra tierra pero no necesariamente eso significa que su objetivo final sea quedarse en nuestro territorio.

Por tanto, ese hecho migratorio tiene múltiples aristas. Una de ellas, quizás de las más complicadas de gestionar y probablemente en la que tengamos que volcarnos con más sentido común, con más esfuerzos, pero también con mayor sensibilidad, es la referida a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestra tierra. Y siempre hemos dicho que cualquier política migratoria, y hemos defendido que Canarias tiene que tener política migratoria propia, no asumiendo competencias de otros, pero sí ejerciendo con firmeza las nuestras y exigiendo a quienes tienen que cumplir las suyas que lo haga... Y hemos dicho que en cualquiera de esas políticas los derechos humanos tienen que estar en el centro, en el núcleo, el elemento esencial a la hora de aprobar cualquiera de ellas. Derechos humanos y, en este caso, derechos además del niño, derechos del niño que están reconocidos en nuestra Constitución española, en la Convención de Derechos del Niño, en la Carta Europea de los Derechos del Niño, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en la Ley de Atención Integral a los Menores, en definitiva, en todo ese marco normativo desde el punto de vista de garantía de que el bien superior del menor esté por encima de cualquier otra cuestión, con independencia del origen y, por supuesto, con independencia de cualquier otro factor. Un niño, una niña, que esté en nuestra tierra, sea de donde sea y haya llegado como haya llegado, está sujeto a cada uno de estos elementos, de estas normas jurídicas de las que nos hemos dotado precisamente para garantizar su bien superior, y es a partir de ahí donde tenemos que ejercer esa garantía.

¿Qué ha ocurrido en el proceso? En el proceso ha ocurrido que desde el punto de vista competencial algunos interpretan que evidentemente, y así lo dice la Constitución, los menores son competencia de las comunidades autónomas y nosotros vamos a exigir que siga siendo así, pero hay cuestiones que cuando se aprobó la Constitución... Por cierto, en aquel momento España era un país emigrante, en este momento somos un país receptor de personas que emigran. Por lo tanto, fíjense incluso, en el momento en el que se aprueban determinadas leyes, en qué filosofía existía detrás de las mismas. Y, cuando se aprueba que cada comunidad es competente en materia de menores, está referido precisamente a aquellos que o naciendo aquí o que de alguna forma han llegado a nuestra tierra pero no de forma masiva por los flujos migratorios que estamos viviendo en los últimos tiempos, evidentemente cada comunidad tendrá que ejercer esa tutela. Pero estamos en otro ámbito, en otro momento y en otras circunstancias y lo que está claro es que aquellos territorios que somos frontera de España y de la Unión Europea, que somos puerta de entrada porque los lugares de donde salen estas personas finalmente colindan con nosotros, no pueden ser los únicos responsables en la materia de tutela y en el interés superior de los menores. Y es por eso que hemos apelado durante muchísimo tiempo a un ejercicio de solidaridad del resto de territorios y no existió nunca, no existió, ni siquiera cuando se ha aprobado derivar 300 en el conjunto del Estado cuando aquí teníamos a más de cuatro mil quinientos en algún momento y ya son casi cinco mil quinientos. Fue mentira y, como fue mentira y no existió, es por lo que hemos decidido entre todos, Nueva Canarias ha sido claro en esto y lo aprobábamos en el pacto migratorio, la necesidad de modificar la ley para hacer esto de manera obligatoria, corresponsables a todos los territorios. En ese sentido apoyamos las propuestas que vienen en la comunicación. Nosotros decimos las que sean, las que hagan falta para cambiar la ley. Si por el ámbito de la modificación del Código Civil somos capaces de agilizarlo y dar garantía jurídica suficiente, estaremos de acuerdo con ello, como plantearemos en las resoluciones a lo largo del día.

Y, miren, el efecto llamada. El efecto llamada no es esta comunicación, el efecto llamada es la miseria, el hambre, las guerras... Ese es el auténtico efecto llamada. Cualquier otra cuestión es intentar criminalizar siempre a los más pobres, a los más vulnerables.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.

Señora Luz Reverón, del Grupo Parlamentario Popular, su tiempo de intervención.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente, que nos acompaña, y también a las consejeras que nos acompañan en el día de hoy.

Miren, yo no quiero filosofar, pero sí quiero recordar lo que ha pasado en esta sede parlamentaria.

En la pasada legislatura mi grupo parlamentario alertó de lo que pasó muchos meses después. Trajimos iniciativas a esta sede parlamentaria para hablar de la inmigración irregular que estaba llegando a nuestras costas y, sobre todo, de los menores extranjeros no acompañados y lo único que recibimos desde esta tribuna por parte del Gobierno de Ángel Víctor Torres fueron críticas, críticas y además nos llamaron alarmistas. ¿Lo recuerdan?, porque yo sí lo recuerdo y además con mucha pena, sobre todo porque desde mi partido lo que hacíamos era presentar iniciativas, presentábamos mociones, presentábamos un montón de medidas que aquí sí se aprobaban por unanimidad pero no llegaron a nada. Porque, señorías, nosotros teníamos claro y entendíamos que la situación de la inmigración irregular no era ver quién quedaba mejor o peor en la foto, sino buscar soluciones al problema que estaba soportando y al que se estaba enfrentando Canarias, porque esa es nuestra obligación como políticos, buscar soluciones, pero nuestros esfuerzos y nuestros discursos fueron estériles. ¿Y por qué?, porque el Gobierno del pacto de las flores y el anterior Gobierno de España y el actual, que es el mismo, no hicieron absolutamente nada. Y tenemos la sensación de que eso pasaba porque Ángel Víctor Torres no quería molestar a su jefe de filas y, además, tuvo su, bueno, su recompensa, hoy en día es ministro del Gobierno de España. Ahora, cuatro años después, nos encontramos hoy aquí haclando del mismo problema del que hablábamos hace cuatro años, como decía, y era hablando de la inacción del Partido Socialista, junto con todos sus socios de gobierno.

Canarias en estos momentos se encuentra en una situación insostenible desde el punto de vista migratorio y, tal y como ya lo hemos dicho, curiosamente las dos únicas crisis migratorias que ha sufrido nuestro archipiélago han sido bajo los mandatos del Partido Socialista. La primera, que fue en el año 2006, al frente del señor Zapatero y ahora la que estamos padeciendo con el señor Sánchez, porque las cifras de inmigración irregular del año 2023 han borrado de un plumazo aquellos récords históricos de hace diecisiete años que padecimos aquí, en Canarias, y que se denominó la crisis de los cayucos. Y el número sigue sin parar. Miren, según los datos del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero al 15 de febrero del año 2024 han llegado a Canarias 11 704 inmigrantes irregulares, lo que supone 10 102 más respecto al mismo periodo, comparado con el año 2023. Por tanto, un hecho insólito al que el Gobierno de España no está dando respuesta. Eso sí, es verdad que estamos viendo que han venido muchos ministros, últimamente vino una ministra, dijo que era consciente del problema, pero a la documentación que le envió, a esta comunicación que le envió al Gobierno de España, que fue el 18 de enero, a día de hoy todavía seguimos esperando. Menos mal que el problema era urgente.

Y, claro, cuando se da la espalda a esta realidad, cuando se ignora la situación dramática que estamos viviendo, esta que nos ocupa en el día de hoy, cuando el Gobierno de España lo que está haciendo es priorizar sus intereses partidistas al interés general, el resultado es el que es y ahí están los datos escalofriantes que creo que a todos nos duelen.

Miren, también quiero decir que esta situación nos lleva a una única conclusión, y es que Canarias -y ya lo he dicho en muchísimas ocasiones-, estamos abandonados, estamos abandonados sin respuesta por parte del Gobierno de España, y por eso nos parece muy muy acertada esta comunicación, donde se establecen varias vías que tienen que tomar..., tiene que tomar el mando el Gobierno de España. O sea, vamos a ver, Canarias ya no puede más -ya lo ha dicho la consejera en multitud de ocasiones y también lo ha dicho el presidente del Gobierno-, Canarias no puede más y en estos momentos España tiene que dar una solución.

En definitiva, señorías, lo que sí quiero decir es que ahora dependerá de la prioridad que el Gobierno de Sánchez le dé a este asunto, mejor dicho, de los intereses que le dé el Gobierno del señor Sánchez, pero los canarios dudamos de que se pueda alcanzar un acuerdo. Ojalá nos equivoquemos y yo me tenga que subir a esta tribuna y decir: pues nos equivocamos y efectivamente han actuado con la celeridad con que están actuando en otras cuestiones, y además esperamos que les importen tanto los siete votos de Junts como la situación dramática que estamos viviendo en Canarias.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.

Tiempo de intervención para el Grupo Nacionalista Canario. Señora González Alonso.

La señora GONZÁLEZ ALONSO: Muchas gracias, presidenta, y buenos días, señorías. Buenos días, consejera y al Gobierno, al presidente del Gobierno, que está presente en esta comunicación.

Tenía un profesor en Derecho, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don José María Lahoz Finestres, que impartía Historia del Derecho en primero de carrera, y nos decía siempre a sus alumnos: "la historia no se repite pero rima".

La problemática de la política de atención integral a las personas menores migrantes no acompañadas no es nueva, y vamos a hacer un poco de historia canaria.

Ha tenido hasta ahora tres grandes crisis migratorias en las últimas tres décadas: en 1995, cuando empezaron a llegar las pateras por primera vez desde Marruecos, fundamentalmente a Fuerteventura y Lanzarote; la segunda, en 2006, la llamada crisis de los cayucos, en este año llegaron a las islas 31 678 personas migrantes, la mayor cifra histórica hasta el momento. Eso sirvió para crear un mando único, se puso en marcha el Frontex y se acordaron las repatriaciones de las personas migrantes con sus países de origen, de acuerdo con un sistema legal donde se garantizaran los derechos humanos. Ya por ese entonces, en 2009, la consejera de Bienestar Social de Canarias, doña Inés Rojas, alertaba, también en una comunicación del Gobierno a esta misma Cámara, en aquel entonces sobre la necesidad de cambiar la ley de extranjería para que el Estado español adquiriera la tutela automática de las personas menores migrantes que llegaban a nuestras costas, promoviendo un reparto por todo el territorio español, donde se garantizaran los derechos de los niños y las niñas migrantes no acompañados que llegaban a las islas. Se aprobó en el Parlamento de Canarias la resolución con los votos a favor de Coalición Canaria y del Partido Popular, con la oposición del PSOE, que reconocía, no obstante, que las personas menores migrantes no acompañadas eran una cuestión de Estado y que requería de respuestas políticas del Estado español, pero no apoyó la proposición.

La tercera gran crisis, a finales del verano del 2020, aún con las restricciones COVID. Ese año llegaron a Canarias 23 023 personas migrantes. Imágenes como las del muelle de Arguineguín, que provocaron profunda tristeza, pero también mucha vergüenza. Ya en esos momentos se veía un aumento considerable de la llegada de las personas menores migrantes a Canarias. Niños y niñas que se jugaban la vida en el mar Atlántico para llegar a nuestras costas, situación que desbordaba los recursos existentes del Gobierno que estaba y que no garantizaba que se cumplieran, a estos niños y niñas, los derechos reconocidos en las convenciones de los derechos del niño de 1989. Cerca de tres mil niños y niñas requerían de esa atención integral.

Y llegamos a 2023 y podemos hablar ya de la cuarta crisis. En octubre se superaban todas las estadísticas históricas de migración en Canarias, afectando intensamente a la isla de El Hierro. Llegaban 39 910 personas y actualmente tenemos cerca de cinco mil quinientas personas menores bajo la tutela de las instituciones canarias.

Ante esta situación, el actual Gobierno de Canarias promueve reuniones de todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo y se concluye con la firma del Pacto Canario por la Inmigración el 19 de octubre, donde se adhieren todas las fuerzas políticas canarias, sí, todas las fuerzas políticas canarias, donde vamos a una para temas tan importantes como la necesidad, en el punto 6 y en el punto 13, de modificar la normativa actual sobre la responsabilidad exclusiva de Canarias respecto a las personas menores migrantes no acompañadas que llegan a nuestras costas, para impulsar una solidaridad obligatoria y responsabilidad compartida, señorías. Que Canarias está y ha estado sola para afrontar este fenómeno migratorio sin precedentes no lo dice este Gobierno y este grupo parlamentario, lo dice el Pacto Canario por la Inmigración, donde recoge la solidaridad obligatoria. Y nos preguntamos cómo la solidaridad puede ser obligatoria. La solidaridad es apoyo, es participación, es compañerismo, es unión. No hay unión. Cuando el reparto de las personas menores migrantes no acompañadas se produce con escasa efectividad, no hay unión. Y tenemos nuevos gobiernos con nuevos equipos de gobierno y sigue estando en la misma escasa eficacia. ¿Cómo podemos hablar de solidaridad obligatoria?, ¿cómo no puede haberla?

Y en mi segunda intervención seguiré.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Tiempo de intervención ahora para el partido, el Grupo Socialista. Señor Franquis Vera.

El señor FRANQUIS VERA: Gracias, presidenta. Señorías.

Señor presidente, creo que es oportuno que usted esté presente en este debate por lo que significa en términos políticos de lo que vamos a hablar aquí hoy o de lo que estamos hablando aquí hoy. Que desde luego no es nada nuevo para este Parlamento ni para nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.

Aquí se han dado fechas que son importantes, porque lo que tratan de mostrar es la crisis que ha tenido Canarias en los últimos años, los últimos treinta-cuarenta años, precisamente de este fenómeno migratorio. Yo quiero resaltar una fecha, que curiosamente coincide con el día de hoy, 28 de febrero de 2013. En ese día, en la sede de los servicios sociales, se pacta, se firma en este caso, en ese momento, precisamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acogerse al pacto de inmigración por Canarias que se había cerrado precisamente algunos meses, semanas atrás, en el Parlamento de Canarias. Y este partido, al que represento, el Partido Socialista, es heredero de ese pacto, como de los enormes avances y acuerdos que se han tenido en este Parlamento. Digo heredero porque fuimos los que firmamos también, junto con Coalición Canaria y AHI, firmamos ese pacto, de las fuerzas políticas que había en ese momento representadas en el Parlamento, es verdad, excepto el Partido Popular, que no firmó ese pacto. Y, por tanto, cuando hablamos de herencia hablamos de esa herencia, de esa forma de entender, primero, Canarias y de esa forma de entender el fenómeno que hemos estado sufriendo y que hemos sufrido en los últimos -como aquí se ha dicho, recordaba antes el anterior portavoz de Coalición Canaria-, en las diferentes fechas, los diferentes gobiernos, cómo han vivido esta situación en los últimos tiempos.

Y, por tanto, entendemos perfectamente al Gobierno y al presidente del Gobierno cuando ha expresado en esta Cámara y fuera de esta Cámara las dificultades y a veces los agobios a la hora de afrontar este fenómeno. Él ha dicho muchas veces aquí -y comparto esa reflexión- que es un asunto complejo, como sabemos todos, y que en aquel acuerdo de hace veintiún años hablábamos, entre otras cosas, de que sería bueno que trasladáramos al conjunto de la sociedad canaria que en este asunto hiciéramos todos el esfuerzo de no utilizar la inmigración en la batalla partidista, aunque sea legítimo hacerlo, pero sería bueno dar un ejemplo hacia afuera de que los partidos políticos, en un asunto como este, cerráramos filas para intentar buscar soluciones.

Miren, digo que hemos sido herederos de este primer pacto, con un pacto en Canarias, que fue impulsado por un Gobierno de Coalición Canaria, por un presidente, en aquel momento Román Rodríguez, que impulsó ese acuerdo y que fue un acuerdo que creo que sentó las bases de lo que fueron en el futuro las políticas migratorias de nuestra comunidad. Encarriló, encauzó el debate político de esta comunidad, de lo cual, insisto, somos herederos de eso. Por eso hemos apoyado la iniciativa que se obtuvo en esta legislatura, cuando el presidente del Gobierno convocó a las fuerzas políticas para tratar este asunto, especialmente la dificultad que estamos teniendo con los menores no acompañados.

Y saben que hemos apoyado ese asunto, lo hemos discutido, hemos dicho que los ciento veinte diputados socialistas estarán, serán los primeros que estarán apoyando las modificaciones necesarias en el Congreso de los Diputados. Se lo he dicho al presidente del Gobierno, lo hemos dicho públicamente. Les digo más -y lo sabrá, porque lo sabe-, que en las próximas semanas probablemente habrá ya formalizado un acuerdo en esa dirección y lo que yo espero es que el conjunto de las fuerzas políticas que hemos firmado este acuerdo aquí, aunque algunos no han sido herederos en el pasado, sean, asuman la responsabilidad, que cuando haya que modificar esas leyes, que habrá que modificarlas en el Congreso de los Diputados, cierren filas en torno a la posición que está defendiendo conjuntamente el Gobierno de Canarias con las fuerzas políticas mayoritarias de esta legislatura, especialmente. Yo espero que lo hagan. Tendrán la gran ocasión de demostrar de verdad que están de acuerdo en buscar solución a este problema. Cuando hablamos de modificar la ley, lo que estamos buscando es la solidaridad del conjunto del país, eso, y que desgraciadamente hay que llevarlo a una ley porque es imposible poder aplicarlo y porque los diferentes gobiernos de Canarias, este como el anterior, han sufrido las consecuencias de este fenómeno. En Canarias, que lo entendemos mejor, comunidad... En este país no lo entiende... mejor que Canarias, porque ha sufrido los fenómenos de la inmigración o de la emigración, ambos los ha sufrido, y, por tanto, somos conscientes de que tenemos que dar una respuesta en esa dirección.

Lo sabe porque hemos firmado ese acuerdo, lo hemos expresado públicamente y, lo digo e insisto, yo espero que, igual que los ciento veinte diputados del Partido Socialista votarán a favor de estos cambios legislativos en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados, espero que otras fuerzas políticas aquí, en este Parlamento, que también tiene un importante número de diputados, aprueben, con su voto favorable, esas modificaciones, que es lo que perseguimos hoy, en el día de hoy.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Franquis.

Iniciamos ahora el tiempo para la réplica, la intervención de la señora consejera para la réplica, por tiempo de diez minutos.

La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Señora presidenta, señorías.

Es mi obligación destacar hoy el amplio consenso alcanzado en el seno de esta Cámara en torno a la situación que vive Canarias como consecuencia de la crisis migratoria. Todos los grupos parlamentarios, salvo, a excepción de VOX, se han unido para defender los cambios normativos que proponemos, conscientes de que en circunstancias excepcionales es necesario que los canarios vayamos todas y todos a una en defensa de los intereses de nuestra tierra. Les doy las gracias por ello.

Por las aportaciones realizadas en este Parlamento de Canarias por todos los grupos parlamentarios, donde apoyarán y asumirán hoy la comunicación del Gobierno sobre menores extranjeros no acompañados que acceden de forma ilegal al territorio español por los puertos y costas canarias en cayucos o pateras o bien son rescatados en alta mar por Salvamento Marítimo y desembarcados en los puertos canarios, se manifiesta sobre la necesidad de modificación del marco normativo actual para garantizar la protección integral de estos niños y niñas y adolescentes mediante su distribución en todo el territorio español. La Cámara está siendo consciente de que la actual situación es grave y de que las medidas a adoptar deben ser urgentes. Está mostrando su preferencia por la solución más ágil, que implica la modificación del Código Civil y del protocolo marco en relación con determinadas actuaciones que propone en materia de menores extranjeros no acompañados y la propuesta que propone es la adición de un nuevo párrafo al artículo 172.1 del Código Civil para que sea el Estado quien distribuya la tutela de los menores no acompañados que entran a España por esta vía entre las distintas comunidades y ciudades autónomas españolas.

No duden de que el Gobierno de Canarias va a realizar todas las gestiones necesarias para conseguir los objetivos que se han propuesto y no nos limitaremos al ámbito español. Como saben, el presidente Fernando Clavijo ha programado una serie de reuniones con organismos de la Unión Europea, que se iniciaron con el respaldo conseguido en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, en cuya declaración final se certificó que la respuesta de la Unión Europea al fenómeno de la migración irregular ha sido ineficaz porque sus instrumentos no están adaptados a la realidad de esta situación excepcional, insistiendo en que se ha olvidado de las regiones y que se sitúan en primera línea de esta crisis humanitaria, por lo que reivindicaron una verdadera corresponsabilidad de la Unión y todos sus Estados miembros.

Canarias solicitó en estos encuentros un plan de acción europeo para contener la inmigración irregular en la frontera sur de Europa, similar al que se presentó en septiembre para Lampedusa, epicentro de la crisis migratoria del Mediterráneo. Este plan debería contener un compromiso para que los países europeos reciban migrantes llegados al archipiélago y aumentar la vigilancia de la ruta atlántica, la más peligrosa de todas las que usan las mafias de traficantes de seres humanos.

A través de las agencias europeas como Frontex, además, coordinar con los países de origen protocolos para repatriar en condiciones seguras a los migrantes que no reúnan las condiciones de asilo europeas, como ya se hizo en la masiva llegada de migrantes que Canarias recibió en el año 2006.

Paralelamente, se ha impulsado ante las Cortes Generales el debate de iniciativas que han obtenido el respaldo casi unánime de todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras. Como saben, la semana pasada fue intensa en torno a esta causa: el Congreso de los Diputados, a instancias de la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria, aprobó con un gran respaldo una proposición no de ley en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se insta al Ejecutivo estatal a que solvente sobre todo la situación originada por la llegada de miles de niños y niñas no acompañados que continúan acogidos en las islas después de su llegada por vía marítima. Con este apoyo político mayoritario, el Congreso de los Diputados asume el contenido íntegro del Pacto Canario por la Inmigración, suscrito por todos los grupos políticos con representación en este Parlamento, salvo VOX, y respalda las modificaciones normativas necesarias para que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas a las que llegan.

En el plano europeo, la propuesta asumida por el Congreso de los Diputados reclama que se sigan desarrollando los planes de contingencia y de emergencia para dar una respuesta rápida y adecuada a la necesidad de atención y protección de las personas procedentes de los flujos mixtos de inmigración.

También en el Senado se debatió la propuesta canaria. El pasado día 12 de este mes, en la Comisión de Comunidades Autónomas, a instancia del senador herreño Javier Armas, aprobó una moción al Gobierno para que el Estado ampare y financie la distribución de los menores no acompañados acogidos actualmente en Canarias entre todas las comunidades autónomas. El texto fue aprobado casi por unanimidad, con la excepción una vez más de VOX.

Volviendo a la propuesta de resolución que se ha presentado en este Parlamento de Canarias, también se solicita al Gobierno de Canarias que, sin perjuicio de la consecución de los objetivos propuestos en la comunicación, hasta tanto estos no se consigan, inste al Gobierno de España a que se actúe con celeridad en la distribución de los más de 5432 menores hoy no acompañados que están actualmente bajo la tutela legal del Ejecutivo autonómico para que se proceda a su acogida por parte de todas las comunidades autónomas, con criterios objetivos, equitativos y cuantificables y evitar así la tensión a la que se encuentran sometidos los recursos de acogida en las islas.

Les aseguro que desde el departamento que dirijo no hemos cejado en este empeño. Trabajamos intensamente cada día para que se firmen los convenios con otras comunidades autónomas, con el fin de que comience la distribución al menos, y tal como se pactó en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Estamos muy de acuerdo con que dicha distribución se haga con base en la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia para el periodo 2023-2030 y que se aplique el modelo de gestión de contingentes migratorios de menores no acompañados, que debe ser perfeccionado y gestionado a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Es fundamental también, tal y como se recoge en esta comunicación, que la Administración General del Estado asuma la transferencia de las asignaciones presupuestarias suficientes y estables que permitan a las comunidades autónomas financiar la tutela de los menores extracomunitarios no acompañados.

Estamos estudiando en estos momentos la puesta en marcha de un plan de comunicación para garantizar que a los canarios y canarias les llegue una información veraz que sirva para evitar acciones xenófobas en las islas y que ayude a comprender el momento migratorio que estamos viviendo, destacando la unión de las fuerzas políticas del archipiélago para alcanzar posibles soluciones.

El Parlamento de Canarias también, en esa propuesta, quiere que el Gobierno de España celebre de forma urgente una Conferencia de Presidentes, como máximo órgano político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, para buscar consensos en torno a los menores extracomunitarios no acompañados. Esperemos que así sea lo antes posible.

Con respecto a VOX, les comentaré que, como han visto, tienen a toda la Cámara en contra porque su posición está muy alejada de los criterios humanitarios en torno a los que todos los demás hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, no solo aquí, sino también en España y en el seno de las regiones ultraperiféricas europeas. Solo espero que entiendan que la posición de la mayoría de los canarios y canarias está muy lejos de sus tesis. Lamento de verdad que su presencia en esta Cámara nos impida decir que se aprueba esta comunicación por unanimidad de todos los grupos políticos de las islas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente. (El señor Acosta Armas declina intervenir).

No interviene, muy bien.

Tiempo de intervención para la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, cuando quiera.

El señor RAMOS CHINEA (desde su escaño): Yo, señora presidenta, simplemente para decir al Gobierno, en este caso a la portavoz de esta comunicación, a la señora consejera de Políticas Sociales, reiterarle el apoyo de nuestro grupo, decirle que estamos al cien por cien de acuerdo con todas las medidas que se encuentran en esta comunicación y que ya en el siguiente turno haré defensa de esas enmiendas que presenta este Parlamento al respecto, que simplemente son para apoyar y reforzar precisamente esa comunicación.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario VOX.

El señor GALVÁN SASIA: Hay más de tres millones de españoles que han votado a VOX en las últimas elecciones generales y 120 000 canarios que lo hicieron a VOX en las islas. Con lo cual, creo que esos números nos legitiman para poder llevar nuestro ideal y nuestros valores ahí donde nos lo permitan los votantes.

El primer y fundamental derecho del menor es crecer y desarrollarse dentro de su familia. Eso no lo podemos olvidar, eso lo contemplan los derechos del niño, la Ley Orgánica de Protección del Menor, la Ley de Atención Integral a los Menores y los distintos convenios que se han firmado con Marruecos, Mauritania, Mali y Senegal.

Esta comunicación para nosotros es una medida cortoplacista y no necesitamos ni medidas cortoplacistas ni parches. Hay que ayudar a los países de origen, sí, por supuesto, pero sin ceder a los chantajes y con un control. Recordemos que el presupuesto que se gasta Marruecos, por ejemplo, en defensa es el 10 % del PIB frente al 1,3 de España. Yo creo que Marruecos tiene otras prioridades distintas a las nuestras, con lo cual no creo que procedan esos 45 000 millones que van a ir a Marruecos por parte de los impuestos de todos los españoles.

Señorías, esto es algo muy sencillo: si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Los que vienen de la iniciativa privada y de la empresa saben que, si no cambian de manera de proceder, va a seguir pasando lo mismo, no va a venir nadie ni un hada madrina para que cambie por arte de magia los resultados. Si seguimos haciendo lo mismo, va a pasar lo mismo: inmigración masiva, muertes en el Atlántico, tragedias, miserias, inseguridad y enriquecimiento de las mafias.

Señorías, mal que les pese a algunos, VOX ha venido para quedarse los cuatro años de legislatura y, si los canarios lo permiten, hasta que ellos quieran, otra legislatura más y lo que sea. Nos van a tener que escuchar, están hablando 120 000 canarios, que no pueden ser ninguneados porque tienen la misma legitimidad de voto que cualquiera que vote a otro partido político. Yo creo que aquí podemos estar todos de acuerdo. El Grupo Parlamentario VOX respeta a cada uno de los diputados de esta Cámara, porque nos representan a todos, incluyéndome a mí y a cualquier representante de VOX.

Yo creo que ya está bien de sectarismo, ya está bien de apartheid político y vamos a respetarnos todos, que es lo que hacemos nosotros.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Galván.

Tiempo de intervención ahora para Nueva Canarias-Bloque Canarista.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Gracias, presidenta.

Todos aquí estamos legitimados por los votos que nos han dado a cada uno. Luego cada uno evidentemente explica sus posiciones y los demás, el mismo derecho que tienen algunos a plantearlas, el otro a evidenciarlas y criticarlas cuando no estamos de acuerdo, y a censurarlas también cuando entendemos que realmente atentan contra principios fundamentales por los que algunos entramos en política.

Miren, una cuestión fundamental. A mí me preocupa sinceramente, en una comunicación de este tipo -y lo digo, de verdad, señora Reverón-, que no seamos capaces, incluso en aquellas cuestiones en las que el Gobierno concita a los grupos parlamentarios para ponernos de acuerdo, y los que estamos en la oposición apelamos a esa unidad, trabajamos sobre esa unidad, y los cinco minutos de intervención sean para responsabilizar, de aquí hacia atrás, absolutamente a todo el mundo. De verdad, creo que debemos tener todos un punto más de generosidad en los grandes temas que atentan a Canarias, al menos nosotros estamos haciendo ejercicio de eso desde el primer día en esta cuestión. Dicho eso, obviamente cada uno es libre de plantear lo que quiera.

Y un matiz -porque evidentemente se pueden decir cosas en la Cámara, pero creo que uno debe venir informado-, no es verdad que el Gobierno de Sánchez vaya a invertir 45 000 millones en Marruecos -y no voy a ser yo un defensor de Marruecos, como usted bien sabe-. Ya eso ha quedado aclarado. Lo que dijo el señor Sánchez es que esas inversiones públicas de 45 000 millones de euros son inversiones marroquíes, y fue precisamente en una labor de lobby, que nosotros discrepamos en muchas cuestiones de este tipo, para que las empresas españolas puedan acceder a esos contratos de 45 000 millones.

Pero al margen de esa cuestión, que no tiene nada que ver con esto, la comunicación nos parece adecuada.Apelamos a la unidad en estas cuestiones. Tenemos visiones distintas en ocasiones sobre la gestión migratoria, tenemos responsabilidades todos en cada uno de nuestros ámbitos, todos sin excepción, porque han gobernado en España unos y otros y en Canarias unos y otros. Algunos habrán puesto más y otros menos, algunos habrán votado en algún momento determinado pactos como el que ahora hemos firmado casi todos y otros en algún instante se excluyeron, pero yo me sitúo en el momento en el que estamos. Me sitúo en este momento apelando a la unidad de esta Cámara, apelando a la acción coordinada entre el Gobierno y todas las instituciones canarias, los grupos parlamentarios y los partidos políticos, intentando sumar a este pacto también a todas las organizaciones civiles, ONG, tercer sector que trabaja de manera directa en esta cuestión, porque es aquí donde se demuestra tener altura política, priorizar los intereses de esta tierra y en este caso concreto, por encima de cualquier cuestión, priorizar los intereses de los menores.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Bueno, mi intención no era replicar a la consejera, porque no la voy a replicar, evidentemente, pero sí es verdad que voy un poco a explicar por qué he hecho la intervención que hice antes de cinco minutos, porque la situación que hoy estamos abordando aquí no es que haya aparecido de repente, es una situación que tiene unas personas responsables desde sus orígenes.A mí me llama la atención que nos pidan generosidad. El Partido Popular siempre ha sido generoso y sobre todo cuando estamos hablando de un problema, de un problema que debería considerarse un problema de Estado, cosa que todavía, a día de hoy, no se ha hecho. Nosotros siempre hemos sido generosos, siempre. Es más, en la legislatura pasada... cómo cambian las cosas cuando uno se sienta ahora en la oposición y antes estaba sentado en el Gobierno, porque en la legislatura pasada mi partido político presentó muchísimas iniciativas, iniciativas que fueron aprobadas, eso sí, por todas sus señorías, fueron aprobada por unanimidad, y el Gobierno de Canarias no hizo absolutamente nada.

Y eso es lo que yo quería demostrar aquí. Quería dejar claro que nosotros seguimos en la misma postura, y es intentar poner soluciones a la crisis de la inmigración que tiene Canarias y, por supuesto, poder darles una respuesta digna a esos más de cinco mil quinientos menores extranjeros inmigrantes que han llegado a nuestras islas.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Nacionalista Canario. Señora González, su turno.

La señora GONZÁLEZ ALONSO: Gracias, presidenta.

Empiezo donde lo dejé.

Y quiero recordar las palabras de un expresidente del Gobierno de Canarias, don Lorenzo Olarte, que opinaba sobre el drama migratorio y la soledad en Canarias, y decía: "El drama de la inmigración africana no se arregla ni con frases más o menos afortunadas ni con solidaridades mal entendidas. Los canarios no podemos afrontar solos este esfuerzo. El desinterés que con demasiada frecuencia se detecta en los despachos de Madrid o Bruselas debe dar paso a compromisos firmes y a resultados ciertos. En este sentido la implicación del resto de comunidades autónomas no puede seguir quedándose en una mera declaración de intenciones". Y decía el portavoz del Partido Socialista que tienen al Grupo Socialista en las Cortes Generales dispuesto a llevar a cabo los cambios normativos previstos en esta comunicación. Bien, señor Franquis, ¿pero y el Gobierno de España, que también gobiernan ustedes, que están gobernando desde la legislatura pasada y ustedes estaban en Canarias teniendo estos mismos problemas, dónde está el cambio normativo? No lo hay. ¿El Gobierno está dispuesto a llevar esos cambios?: ¿a qué están esperando?, ¿a qué están esperando? Para la ley de amnistía no esperaron tanto. Y son problemas reales que tenemos en Canarias.

Desde el Grupo Nacionalista Canario, no obstante, valoramos que se unan a las propuestas de resolución y animamos al Gobierno de España a dejar la posición de ir criminalizando a las comunidades autónomas según el color político que tengan para la acogida de menores migrantes no acompañados, porque queda patente que la solidaridad ha fracasado. Vamos a pasar de estos enfrentamientos, que no contribuyen a nada, vamos a la vía de los hechos consumados. ¿Por qué no hay una proposición de ley en las Cortes Generales, en el Senado, en las Cortes Generales, en el Congreso, en el Senado, que proponga los cambios propuestos, por qué? Y que cada partido, en el debate parlamentario, se retrate. Eso es lo que hay que hacer.

Desde el Grupo Nacionalista Canario queremos reivindicar que no compartimos aquellas medidas relativas a la posibilidad de pagar sanciones pecuniarias para poder salvar las derivaciones de personas migrantes a sus países, es decir, para limpiar las malas conciencias de la no solidaridad con dinero. Porque el dinero no lo puede comprar todo, ni la ética ni los valores ni la moral se compran con dinero. La crisis migratoria actual no es una crisis migratoria, es una crisis de respuesta política a la situación migratoria que está viviendo Canarias.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jana.

Termina el debate de esta comunicación el Grupo Socialista. Señor Franquis Vera.

El señor FRANQUIS VERA: Gracias, presidenta.

Yo, yo la verdad es que comparto la reflexión que hacía Luis, el portavoz de Nueva Canarias, diciendo que hay asuntos de esta naturaleza en que los partidos políticos tienen que demostrar su cultura de acuerdos y de pactos y situarse en un debate de esta naturaleza por encima de las siglas políticas o de estar metiendo el dedo en el ojo a las fuerzas políticas, a sus contrincantes. Porque yo, sinceramente, he intentado evitar eso y miren que tengo cosas que decir. Yo puedo traer aquí una serie de declaraciones públicas de los últimos cinco, tres, tres o cuatro años atrás y poner al Gobierno entre la espada y la pared por contradicciones que hoy está defendiendo, que no tienen nada que ver con lo que defendían hace cuatro años, en un asunto de esta naturaleza, exactamente igual. Pero soy heredero de un partido político que tiene la cultura de llegar a acuerdos autonómicos en Canarias y plantear acuerdos de país.

Yo esperaba que la responsable del Partido Popular dijera en esta tribuna que los ciento treinta y siete diputados del PP van a apoyar esas modificaciones en el Congreso de los Diputados (palmoteos), y no ha dicho nada porque esto es un problema de país.

Y a la responsable de Coalición Canaria, hombre, usted está en un partido que está en el Gobierno y que tiene responsabilidades de gobierno y, por tanto, debió estar usted mejor informada de lo que ha expuesto hoy en esta tribuna, de los asuntos que se han ido negociando en estos últimos meses, de los avances que se han ido consiguiendo en términos políticos en estos últimos meses, de los cuerdos que se van a concretar en las próximas semanas. Insisto, usted forma parte de un partido que está en el Gobierno y que, por tanto, si es consciente de lo que aquí se ha debatido, de los acuerdos que hemos conseguido, no solo en este Parlamento, sino de cómo se ha ido trabajando en estos últimos tiempos para conseguir ese gran acuerdo de país, que es lo que estamos intentando llegar los socialistas precisamente para que Canarias no se enfrente sola a un asunto tan complejo como el que estamos viviendo. Y hemos hecho un esfuerzo enorme en estos seis meses para no entrar en el debate partidista sobre este asunto y he tenido que soportar algunas intervenciones, como la de hoy, de fuerzas políticas que, en vez de demostrar que tienen capacidad, altura política, capacidad de pactos autonómicos, de pactos de país, se dedican a echar en cara... No sé qué han echado en cara, porque de lo que he dicho ni una sola propuesta nos ha mencionado de las que hizo la vez anterior, ni una sola propuesta.

Mire, este asunto, el problema de los menores, lo que está sufriendo Canarias ahora lo tuvo hace cuatro años atrás Andalucía, prácticamente parecido. Habrá otro momento, y no el de hoy, para no contradecirme, en que habrá que explicar cuál es el papel que asumió cada fuerza política. Les anuncio y les adelanto que la posición que el Partido Socialista defendió en el año 2018 es la misma que estamos defendiendo en el día de hoy.

(Aplausos y palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Franquis.

Bueno, hemos finalizado el debate de la comunicación y, por lo tanto, ahora abrimos un plazo de treinta minutos para que los grupos parlamentarios presenten las propuestas de resolución que consideren convenientes.

Pasamos directamente a debatir la moción, pero previamente voy a llamar a portavoces, por favor. (Las portavocías atienden el requerimiento de la Presidencia. Pausa).

Muy bien, muchísimas gracias.