Diario de Sesiones 30, de fecha 20/3/2024
Punto 10

11L/PNLP-0079 Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre planteamiento de conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional tras la resolución de caducidad sobre la concesión administrativa del hotel RIU Oliva Beach y apoyo a la plataforma Salvar el Oliva Beach y al comité de empresa

La señora presidenta: Debatimos la última proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre planteamiento de conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional tras la resolución de caducidad sobre la concesión administrativa del hotel RIU Oliva Beach y apoyo a la plataforma Salvar el Oliva Beach y al comité de empresa.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

El señor Enseñat Bueno: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes otra vez a todos.

Una vez más, mi grupo parlamentario, el Partido Popular, trae una iniciativa a este pleno, a este Parlamento de Canarias, en defensa y apoyo a la lucha de los trabajadores del Oliva Beach y, si me permiten, por extensión, también a los del hotel Tres Islas, una lucha para salvar esos hoteles y para salvar sus puestos de trabajo. Ambos hoteles, situados en mi isla, Fuerteventura, y ambos perseguidos y amenazados desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, por el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España. Un Gobierno de España de Pedro Sánchez que, sin respetar el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018 y menospreciando las competencias de Costas transferidas a Canarias desde enero de 2023, continúa en su intención de derribar estos dos hoteles, amparado en la debilidad, en la incapacidad para gestionar los temas canarios y en el engaño de cuatro años de Gobierno del pacto de las flores del señor Torres, cuatro años de engaño en la transferencia de Costas a Canarias. Y espero que, a pesar de nuestras diferencias, que las tenemos, pero, al igual que en todas las ocasiones anteriores en las que hemos venido con una propuesta en apoyo del Oliva Beach y del Tres Islas, espero contar con el apoyo y el voto favorable de todas las fuerzas políticas que aquí están, aquí representadas, porque esta no debe ser solo una iniciativa del Partido Popular, debe ser un pronunciamiento de todo el Parlamento de Canarias.

Así, en esta PNL solicitamos dos puntos. El primero, frente a un Gobierno de España que ningunea al Gobierno de Canarias, es hora de presentar ya el conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado el Gobierno de Canarias y creemos que debemos respaldar, todo el Parlamento, este posicionamiento. Y, segundo, mostrar una vez más el apoyo, el compromiso del Parlamento con los trabajadores del Oliva Beach en su lucha, seis largos años de lucha. Porque, además, no debemos olvidarnos, no debemos olvidarnos de que cuando hablamos del Oliva Beach y el Tres Islas no estamos hablando de dos hoteles, no hablamos de dos infraestructuras, hablamos de casi ochocientos trabajadores, hablamos del empleo, del proyecto vital de 800 familias del municipio de La Oliva. Muchos de ellos mayores de 45 años, muchos de ellos que llevan veinte y treinta años trabajando en esos hoteles, padres y madres de familia, con cargas, con hipotecas, con niños estudiando, que van a perder su puesto de trabajo y que les será prácticamente imposible encontrar otro trabajo. Un auténtico drama social en el municipio de La Oliva.

Y, por favor, a esas personas que dicen que la empresa los recoloque, ¿dónde los tiene que recolocar?: ¿en otra isla, en otra comunidad autónoma, en otra parte del mundo? Son familias.

Segundo. Estos hoteles son un motor económico para el municipio y para la isla de Fuerteventura, como demuestra que solo el Oliva Beach tiene 27 millones de euros de impacto anual en el municipio, 1500 turistas diarios y 600 estancias anuales. Pero también cuentan con el apoyo, con el respaldo de toda la sociedad majorera, como lo atestiguan las 35 000 firmas que en su día se presentaron y el pronunciamiento a favor de todos los partidos políticos y de todas las instituciones de Fuerteventura, Ayuntamiento de La Oliva, el resto de los ayuntamientos, cabildo insular y también este Parlamento, un respaldo político, social que además cuenta con las instituciones empresariales y hoteleras de la isla y de toda Canarias.

Tercero. Aunque parezca que sí, no es el momento, no es el momento y no debemos caer en la trampa de ponernos a valorar la legalidad o no de los hoteles, si cumplen o no con la norma, si deben ser sancionados o no, por mucho que algunos quieran hacerlo. Y, de verdad, no podemos hacerlo sobre la base de lo que dictamina el Ministerio de Transición Ecológica, que no es competente, y cuya interpretación de la ley a muchos nos parece desproporcionada, sesgada y errónea. Y no tengan ninguna duda, ninguna duda de que la ley es la misma si las competencias están en el Estado que si están en Canarias, pero deben ser los técnicos de la Administración de esta comunidad autónoma los que tengan que resolver, los que tengan, supuesto, que sancionar cuando llegue el momento.

Y, cuarto -y esto es lo principal-, si el Ayuntamiento de Alcorcón no puede ni expedientar ni valorar ni sancionar ni mucho menos decretar el derribo del hotel Oliva Beach porque no es competente, desde el 1 de enero de 2023 el Ministerio de Transición Ecológica tampoco es competente. Nuestro Estatuto así lo dice, artículo 157: Canarias tiene la competencia exclusiva sobre la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones. No es competente el Ministerio de Transición Ecológica. Y esa supuesta dejadez e incompetencia en la negociación del Gobierno anterior del pacto de las flores no puede ser lo que tape esta realidad, porque, no se engañen, señores diputados y diputadas, detrás del acoso al Oliva Beach y el Tres Islas, detrás del acoso a los numerosos poblados costeros en todas las islas Canarias -no me olvido del pueblo de Los Molinos en mi isla, Fuerteventura-, está el quebranto de una competencia exclusiva que es de Canarias y, detrás de ese quebranto, está una falta de respeto a nuestro Estatuto, a nuestro autogobierno, que nos hemos dado como una sociedad madura, democrática y responsable. No podemos y este Parlamento no puede guardar silencio ante eso.

Y termino con la enmienda que presenta, de adición, el Partido Socialista, que dice que previamente se convoque la comisión bilateral. La vamos a aceptar porque lo que buscamos es que salga un respaldo unánime de este Parlamento al Gobierno de Canarias cuando presente el conflicto de competencias. Pero, señores socialistas, sean ustedes serios, miren, este Gobierno ya lo ha pedido desde noviembre del mes pasado. Quien la tiene que convocar es el ministro, el señor Torres, el que no cumplió como presidente de Canarias ni con Canarias ni con Fuerteventura ni con los trabajadores y que tampoco lo está haciendo ahora como ministro. Es él el que la tiene que convocar, y no lo ha hecho y no lo quiere hacer. Y si no es así yo les presto mi móvil, lo llamamos en cuanto terminemos esta PNL, aprobada por todos, y entonces que convoque ya esa comisión bilateral para negociar y para hablar. Por desgracia, eso no va a ocurrir y, por desgracia, este Gobierno va a tener que recurrir a los tribunales.

Y yo les pido que apoyemos esta PNL, pero sobre todo que le mandemos también un mensaje a los trabajadores del Oliva Beach, del Tres Islas y a todos los canarios afectados por la Ley de Costas... (Corte automático del sonido).

La señora presidenta: Gracias, señor Enseñat.

Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Socialista Canario. Su tiempo de intervención.

El señor Nogales Gómara: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días, buenas casi tardes ya.

Sobre el análisis de la enmienda presentada, en la exposición de motivos que constituye esta PNL se hace un relato algo parcial e incompleto del historial del hotel Oliva Beach y apartamentos, como lo mismo acaba de manifestar el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Nosotros no estamos aquí, el Grupo Socialista, para defender al Ministerio de Transición o a algunos determinados ministerios per se, pero he oído ahora mismo esas manifestaciones, que ha dicho que el ministerio persigue, amenaza, acosa a no sé quién. A los trabajadores no lo creo; si es a los titulares de la concesión, los titulares de la concesión acaban de hacer una denuncia en ese ánimo y se la han rechazado. Y eso es grave, decir que un ministerio acosa, amenaza y tal, así libremente y en un... (ininteligible), sobre todo cuando no se ha participado en eso y no se sabe cómo son esos comportamientos. Por tanto, por eso digo que roza un poco la PNL una versión parcial.

Y yo solo, lo único que voy a intentar, aunque sea casi dando datos más que contenido político, quisiera hacer una esquemática cronología de la existencia de esta edificación y su ubicación tan característica en la isla de Fuerteventura, sobre todo para información a sus señorías, por si no la conocen, porque muchos no tienen por qué conocerla.

El edificio se construyó en 1977, promovido por un fondo de pensiones de Alemania, que compraron una gran cantidad de terrenos tanto en el sistema dunar como en la propia isla de Lobos. La Ley de Costas en 1989, que es cuando se realizan por primera vez los deslindes marítimo-terrestres, hace que este hotel quede dentro del ámbito del deslinde marítimo-terrestre, por tanto, de dominio público.

La propiedad del hotel, para intentar seguir explotando y no recibir solamente la indemnización económica por las afectaciones de los inmuebles, gestiona y solicita, aprovechando que es propietaria de la isla de Lobos, como había manifestado anteriormente, un acuerdo de convenio de compensación con el Estado, por el cual se cede la isla de Lobos y otras condiciones económicas y tal, a cambio de una concesión, que se le llamaba o se le llama todavía, una concesión transitoria, que es un tipo de concesión especial que reguló la Ley de Costas del año 1988, que era, y es y está regulada, para compensar a los propietarios que han perdido propiedades o que han tenido que ceder suelo afectado por los deslindes. Entonces esta figura es la que permite que esos propietarios puedan seguir explotando, pero es una concesión especial, no es la ordinaria, que es la que normalmente se transfiere en las comunidades, y esa se hizo correctamente. La propiedad del hotel, que es eso, eso lo pidió en el 2002 y se le dio una concesión por treinta años con una prórroga a treinta años más, como tope.

El auténtico problema administrativo del Oliva Beach no es de aplicación de criterios de las limitaciones de la ley, sino de las posibles irregularidades de actuaciones realizadas fuera del ámbito concesional, porque es distinto cuando unos titulares tienen unos establecimientos, unas edificaciones que tengan que cumplir con la Ley de Costas, pero que son propietarios, a este caso que es que esto es del Estado y lo que tienen es un permiso para poderlo explotar, con unas condiciones, con unos ámbitos, que no solo lo regula la Ley de Costas, eso se hace en Puertos y se hace en distintas instituciones nacionales cuando las cosas son... (Corte automático del sonido).

La señora presidenta: Gracias, señor Nogales.

Señor Enseñat, tiene usted un minuto para fijar posición respecto a la enmienda planteada por el Grupo Socialista. Cuando quiera.

El señor Enseñat Bueno (desde su escaño): Sí, bien, como dije anteriormente, la vamos a aceptar buscando el fin de que salga la PNL por unanimidad y salga el apoyo y el respaldo de todas las fuerzas políticas de este Parlamento, aunque, como le he dicho, ya están perdiendo tiempo para convocar esa reunión.

La señora presidenta: Para los grupos no enmendantes, iniciamos, Agrupación Herreña Independiente-Grupo Mixto. Cuando quiera.

El señor Acosta Armas (desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Ya ayer con motivo de la comparecencia sobre las competencias en costas tuvimos también la oportunidad de tratar este asunto. (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta primera, Oramas González-Moro).

Agotar la vía del diálogo, que se lo digan a los propios trabajadores del hotel o a los empresarios, que están viendo frustradas sus expectativas económicas ante la imposibilidad de una solución administrativa que no acaba de llegar y que encima siempre se judicializa a una instancia superior. Estamos defendiendo nuestro derecho y nuestra capacidad de ejercer una competencia a la que tenemos derecho estatutariamente y, al mismo tiempo, también estamos defendiendo a unas familias que hoy son estas en concreto pero que igual también pueden ser otras en el futuro. Ya el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad anunció ayer la presentación de un conflicto positivo de competencias contra el Estado por la transferencia en materia de costas y en este sentido me parece que ya hemos adelantado algo en el camino, lo cual no obsta para que políticamente respaldemos esta propuesta, especialmente en lo que concierne, respecto al autogobierno de Canarias y al cumplimiento de su Estatuto de Autonomía.

Y también agradecer al señor Enseñat el talante de intentar aceptar la enmienda en este caso del Partido Socialista para así conseguir el máximo consenso, a sabiendas de que también necesitamos del Gobierno de España para poder desencallar este asunto. Esta es la altura de miras que requiere la política canaria y a la que todos tenemos que aspirar para conseguir una solución adecuada a un problema que no se puede dilatar más.

La señora vicepresidenta primera (Oramas González-Moro): Gracias, señor diputado.

Por la Agrupación Socialista Gomera tiene la palabra la señora Mendoza Rodríguez.

La señora Mendoza Rodríguez: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a los consejeros, a la consejera y al presidente del Gobierno, que nos acompaña en la tarde de hoy.

Señorías, aunque Agrupación Socialista Gomera siempre prefiere la vía del diálogo, del acuerdo a la hora de buscar una solución en el tema de la transferencia incompleta en materia de costas, también en este caso estamos de acuerdo en que en el tema del hotel RIU Oliva Beach no se puede perder mucho más tiempo y tenemos y se debe plantear el conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Son demasiados ya los años en los que se ha estado esperando una solución que además permita dar seguridad a los cientos de empleados de esta empresa, que al final son ellos los principales afectados de la declaración de caducidad de la concesión administrativa que se formalizó por parte del Ministerio de Transición Ecológica el pasado 27 de febrero de este mismo año, cuando quienes somos competentes, y entendemos que somos competentes, somos las autoridades canarias. Entendemos que no le correspondía al ministerio pronunciarse o tramitar esta caducidad, cuando ya además el pasado 26 de mayo de este año el archipiélago se había pronunciado acerca de la admisibilidad de las obras que tenía que realizar.

¿Por qué la premura de presentar este conflicto de competencias? Precisamente porque los efectos jurídicos de la declaración de caducidad aún están en activo y no podemos dejar en indefensión a los trabajadores de este hotel, cuando creemos que nuestra responsabilidad es actuar.

Ojalá hubiera un acuerdo con las autoridades estatales lo antes posible, eso sería lo deseable, un acuerdo que permitiese revertir la situación actual. Desde ASG lo consideramos y pensamos que sería lo deseable, porque la resolución sería mucho más rápida y ayudaría al colectivo de la Plataforma Salvar el Oliva Beach.

Nosotros, para evitar que se materialice esta situación injusta, sin perder la esperanza de que sí que haya un acuerdo a la mayor brevedad posible con el Estado, si no habrá que hacerlo por la vía judicial, igualmente, Agrupación Socialista Gomera va a apoyar la PNL presentada por el Partido Popular en este caso, con la finalidad y con el único objetivo de darle una respuesta a todos los trabajadores, que son los principales afectados en este conflicto.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Mendoza.

Grupo Parlamentario VOX. Señora Jover, su tiempo.

La señora Jover Linares (desde su escaño): Gracias, presidenta.

En primer lugar, desde mi formación política solidarizarnos con todos los trabajadores del hotel Oliva Beach. Gracias a ellos, Fuerteventura es destino turístico de excelencia y de calidad. Y también nuestra solidaridad con todos aquellos puestos de trabajo también indirectos que se ven afectados nuevamente y son víctimas de la incompetencia política.

Ayer ya tuve la oportunidad de manifestar nuestro desacuerdo con esta asunción de una competencia exclusiva por parte de la comunidad autónoma, que es la gestión y ordenación de nuestro litoral. El propio consejero ayer reconocía que el real decreto que regula la transferencia de servicios nacía cojo, porque no preveía el número de efectivos suficientes y, aun así, pretende que su dirección general asuma más expedientes de los que ya tiene sobre la mesa. Entonces vemos que aquí nuevamente son los ciudadanos los que sufren la imposibilidad de llevar a cabo unas competencias, que nosotros no vamos a entrar ahora en si corresponden al Estado o a la comunidad autónoma porque consideramos que tiene que resolverse en el ámbito correspondiente.

Señor Enseñat, ha admitido usted la enmienda del PSOE, votaremos a favor, pero lamento mucho decirle que no tengo la más mínima esperanza. Una persona que ha dicho que esta es la mejor transferencia posible y que comencemos a renegociar de cero, no tengo muchas esperanzas puestas en ella, creo que acabaremos en el Tribunal Constitucional.

Pero, en definitiva, y sin entrar en el fondo luego de la aplicación de la Ley de Costas, creemos que es de recibo que los canarios tengan ya claro a quién corresponde cada uno de los subaspectos de esta competencia de gestión de costas.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Jover.

Grupo Nacionalista Canario, su tiempo de intervención.

¡Ah! Sí, sí, perdona, sí. Señora Santana.

La señora Santana Santana: Gracias, presidenta.

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Como nacionalistas somos firmes defensores del Estatuto de Autonomía, del autogobierno, de la capacidad de nuestra gente de decidir sobre nuestra tierra, con políticas autocentradas por y para Canarias, no con trajes hechos a medida para otros territorios que pretenden ajustar a Canarias, porque ni los queremos ni tampoco nos sirven. En especial no les sirven a las más de cuatrocientas familias que viven una auténtica agonía porque llevan viendo peligrar su empleo y el sustento de sus hogares durante demasiado tiempo.

El Gobierno canario ya tiene las competencias en costas tras el traspaso realizado por el Estado. Por ello consideramos que resulta cuando menos un abuso y un atropello la decisión tomada por el Ministerio de Transición Ecológica.

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista nos posicionamos junto a los verdaderos damnificados de toda esta historia, junto a esas 400 familias majoreras. Por ello vamos a apoyar esta proposición no de ley, en aras de defender las competencias de Canarias hasta donde haga falta, confiando en que este asunto se pueda por fin resolver de una vez. Por supuesto, pidiendo al Gobierno que agote para ello todos los recursos que estén en su mano, entendiendo que el primer paso sería en la comisión bilateral, compuesta por el ministerio territorial, que además dirige un ministro canario. Pero, como todo en la vida, debemos estar preparados para un escenario desfavorable. Si al final se debe demoler el hotel y restaurar el espacio, creemos que es fundamental empezar a buscar los cauces que permitan reubicar a los trabajadores y las trabajadoras en nuevos puestos de trabajo, acordando con la empresa un mecanismo que les dé seguridad, porque la prioridad no es un edificio hotelero, son las personas que lo trabajan.

Todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y, por supuesto, también la empresa. Nadie está exento de la responsabilidad final. Por ello, instamos a que se considere una mesa de coordinación con la empresa hotelera, junto al comité de empresa y el Gobierno de Canarias y de España, para estar prevenidos y tener preparado un plan de reubicación laboral.

No obstante, y respecto a esta proposición no de ley, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista entendemos que las competencias están en manos de Canarias y lo que debemos hacer es defenderlas y en este caso proteger a los trabajadores y trabajadoras del Oliva Beach, a los que queremos trasladar desde esta Cámara todo nuestro apoyo.

Gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Santana.

Ahora sí, señora González, su tiempo.

La señora González Alonso: Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes, señorías.

Afortunadamente, hoy en Canarias hay un nuevo Gobierno, un nuevo Gobierno que se acuerda de lo que decía en la oposición. Dijimos que íbamos a apoyar a los y las trabajadores del hotel Oliva Beach y Tres Islas y es lo que vamos a hacer, porque Coalición Canaria lo que dice lo cumple, lo diga antes o después de coger los cargos, lo diga en el sillón donde se siente, da igual cuál.

Esta proposición no de ley es una declaración de intenciones que vamos a apoyar para visibilizar a los y las trabajadoras del Oliva Beach, después de la noticia por sorpresa de la caducidad de los expedientes, y decimos por sorpresa por las maneras de este Gobierno del Estado español, sin audiencia, sin comunicación ni al Gobierno de Canarias ni al Cabildo de Fuerteventura ni al Ayuntamiento de La Oliva, donde también gobierna el Partido Socialista. Decisiones que se toman a miles de kilómetros, donde nos ven por Google Maps, y donde desconocen la trascendencia de los actos que se están llevando a cabo, la angustia y la incertidumbre que está generando en el personal laboral, y esas consecuencias las sufrimos en La Oliva.

Digo mera declaración de intenciones porque desde el 4 de marzo el Consejo de Gobierno ya adoptó el acuerdo. Canarias es la competente para dilucidar sobre los expedientes del Oliva Beach, no reconoce la competencia de las resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica y declara de forma tajante que es una injerencia de competencias, y donde se acuerda el inicio de las actuaciones jurídicas para requerir y plantear el conflicto de competencias positivo reconocido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque este Gobierno no vacila cuando se trata de defender a nuestra gente. Y ahora sí que al ministro Ángel Víctor Torres no le va a quedar otra que convocar la Comisión Bilateral Canarias-Estado, una comisión a la que no ha puesto fecha para ganar tiempo hasta que salieran los expedientes de caducidad.

Y termino con una reflexión: ¿cómo se puede cambiar tanto de opinión según el sillón que se ocupe? Porque en Coalición Canaria seguimos en el mismo sitio, del lado de los y las trabajadoras del Oliva Beach, sin perjuicio, por supuesto, de las responsabilidades que le correspondan a la empresa por incumplir la normativa medioambiental.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora González.

Llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes, 63: sí, 63; no, cero; abstenciones, cero.

Queda aprobada por unanimidad.