Diario de Sesiones 30, de fecha 20/3/2024
Punto 5

11L/PL-0004 Debate en lectura única. Proyecto de ley de reconocimiento de la universidad privada Universidad Tecnológica de las Islas Canarias

La señora presidenta: Bueno, pasamos al debate de primera lectura del proyecto de ley de reconocimiento de universidad privada, la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias.

Tiempo de intervención para el Gobierno.

La señora consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (Machín Tavío): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

El expediente de reconocimiento de la Tech como universidad privada para impartir enseñanzas universitarias en modalidad no presencial, cuya solicitud por parte de los promotores de la citada universidad se inició en 2017, ha sido un procedimiento largo y complejo, con proceso de judicialización incluido, y se trata de un asunto que ha generado bastante polémica. Por ello considero importante y necesario realizar una cronología del recorrido del proyecto de ley, habida cuenta de la citada complejidad del procedimiento.

Primero. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó, el pasado 19 de febrero, el proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad privada Tecnológica de las Islas Canarias -Tech-, con sede en Canarias, para ofertar enseñanzas universitarias en modalidad no presencial.

Segundo. La aprobación por parte del Consejo de Gobierno se ha llevado de acuerdo con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias y tras haber pasado previamente todos los requisitos e informes preceptivos que exige la normativa. En este sentido, esta iniciativa legislativa, aprobada en Consejo de Gobierno, ha contado con los informes favorables del Consejo Universitario de Canarias, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa -Accuee-, de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, así como el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, último trámite previo a su aprobación por parte del Gobierno.

Y, en tercer lugar, una vez aprobado en Consejo de Gobierno, el Gobierno de Canarias presentó el citado proyecto de ley en el Parlamento, órgano legislativo encargado de su tramitación, tal y como establece la legalidad.

El Parlamento de Canarias ha publicado en el BOPC de 27 de febrero el citado proyecto de ley.

En este sentido, tanto la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, vigente en el momento de la solicitud, de 4 de diciembre de 2017, de iniciación de este procedimiento y reconocimiento de universidad privada por la entidad promotora de la misma, así como la vigente Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establecen que el reconocimiento de una universidad privada se llevará a cabo bien por una ley de la asamblea legislativa de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial haya de establecerse, o bien por ley de las Cortes Generales a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial haya de establecerse.

Asimismo, la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, establece que el reconocimiento de universidades privadas se llevará a cabo por ley del Parlamento de Canarias o por ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno del Estado, de acuerdo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con esta normativa, el proceso de reconocimiento de nuestra universidad, una nueva universidad, estable un requisito legal: contar con una oferta de enseñanzas conducentes, como mínimo, a la obtención de la oferta de las enseñanzas. En este caso, hablamos de ocho títulos de carácter oficial de grado y máster. La oferta formativa inicial de la Tech, en el proyecto de ley que presentó, llevó a cabo cinco títulos de grado y tres másteres, tal como establece la ley. Asimismo, en el citado proyecto de la Tech incluye también una planificación de 25 grados oficiales en los primeros diez años y 40 másteres oficiales en los primeros cinco años. Ahora bien, es importante destacar que, en el caso de que el Parlamento aprobara la ley de reconocimiento de universidad privada, este centro dispondrá de un plazo de cinco años, a partir de su aprobación, para certificar y acreditar la calidad de sus titulaciones y de su profesorado y solicitar la autorización del inicio, al inicio de las actividades. En este sentido, para que se pueda dar autorización para el inicio de su actividad, la comunidad autónoma deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones y los requisitos establecidos por la LOSU, así como los requisitos establecidos en la oferta de titulaciones del Real Decreto 640/2021, del 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios y acreditación institucional de centros universitarios.

De esta forma, y en otros requisitos, se encuentra la oferta académica mínima... se deberá impartir la Tech para poder iniciar su actividad será de diez títulos de grado, seis de máster y dos programas de doctorado. Asimismo, en el conjunto de esta oferta estarán representadas, como mínimo, tres de las cinco grandes ramas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.

En relación con el personal docente e investigador, deberá contar, como mínimo, con un 50 % de doctores para grados y másteres y 100 % para doctorados. Además, el profesorado de las universidades privadas no podrá ser personal funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública, así como tampoco personal docente investigador o laboral a tiempo completo en la misma situación.

En cuanto a las instalaciones, en el caso de una universidad como la Tech que básicamente se articula, en su oferta, en títulos universitarios oficiales no presenciales, esta deberá contar con los equipamientos consustanciales y específicos a las características de esta oferta formativa.

En definitiva, en el caso de que esta ley de reconocimiento de esta universidad privada fuera aprobada por el Parlamento, esta revisión deberá hacerla con agencias de calidad acreditadas a nivel europeo, deberá someter sus instalaciones físicas a revisión y aprobación por parte del Gobierno de Canarias y la Tech tendría que acreditar en su plazo de cinco años que cumple con todos los requisitos legales, anteriormente citados, y solo es entonces cuando podría comenzar a impartir docencia.

En cualquier caso, sin entrar a valorar otras consideraciones, el Ejecutivo canario no ha hecho más que cumplir con la estricta legalidad en la relación de los trámites establecidos para el reconocimiento de las universidades privadas. Lo que es bueno para el Gobierno, y ese es el principal objetivo en que estamos volcados en todos nuestros esfuerzos, es en mejorar y seguir en permanente... mejorar la calidad de las dos universidades públicas y que sigan teniendo una oportunidad, siendo una oportunidad de formación para todos los canarios y canarias, independientemente de sus condiciones socioeconómicas y de la isla donde residan.

Para ello estamos trabajando de forma estrecha con ambas universidades para lograr un modelo de financiación plurianual mediante contratos-programa vinculados a los resultados.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora consejera.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX.

El señor Galván Sasia: Buenas tardes.

La postura de VOX acerca de este proyecto de ley quedó muy clara en la Comisión de Universidades: no puede ser que a un derecho constitucional se le pongan impedimentos y trabas para intentar desmotivar y cansar a los promotores de una universidad. Es un intento para quitar... (ininteligible) que la verdad que nos parece bastante deplorable.

Si hoy se aprueba este proyecto de ley, Canarias habrá dado un paso más hacia la mejora de los servicios y la calidad educativa. Yo espero que así se haga.

Comentar que hemos leído en prensa la desavenencia de los rectores de las universidades públicas acerca de implantar universidades privadas. Yo creo que ese miedo a la competencia, que, recordemos, mejora los servicios, mejora la oferta y la calidad educativa, no puede tener freno. Yo creo que hay que explicar a los rectores que la competencia es muy sana, es muy sana y nos mejora.

También había un miedo al incremento de los alumnos en las universidades privadas con respecto a la pública, un incremento de un setecientos y pico por ciento. Yo creo que lo que tienen que hacer es mirar, los rectores, por qué se produce ese incremento, por qué esa necesidad de buscar ofertas más allá de las universidades públicas.

Lo que comentaba la consejera, yo creo que llevan desde... no sé, bastantes años, el último informe que se llevó a Junta de Portavoces, diciendo que en el 2018 ya se había emitido un informe y que era un dato que faltaba para poder llevar hoy este proyecto de ley aquí y, cuando se le pide al organismo que tenía que evaluar ese informe, comentó que no había cambiado, que seguía siendo el mismo informe del 2018.Con lo cual, yo creo que demorar por demorar los plazos para poner trabas en las ruedas a una universidad privada, yo creo que es algo que no deberíamos consentir.

Me consta de primera mano que hay universidades que han tardado hasta dieciséis años, dieciséis años, desde que hicieron la primera solicitud hasta que tuvieron el último documento para poder abrir. Yo creo que esto no puede ser. Hay que desregular y dar un paso a la libertad para permitir que Canarias se convierta en un referente educativo internacional. Por qué no, por qué no convertirnos en eso.

La innovación educativa será el puente que permitirá a nuestras islas alcanzar la ansiada diversificación económica, mejora de la productividad y ser punteros en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Un entorno de libertad, sin lugar a dudas, donde se instalen las universidades y donde los alumnos puedan estudiar y aportar en libertad, será básico para el crecimiento de la sociedad canaria. Yo creo que cuantas más universidades haya, se refuerzan unas a otras con un efecto sinergia, y cuantas más universidades y de mejor calidad al final el resultado se volcará en la sociedad canaria.

Tenemos el ejemplo de los países que ya han apostado, como dije en la Comisión de Universidades, que ya han apostado por estos modelos de libertad, estos modelos de libertad y estos modelos de universidades, que, por otra parte, se encuentran en los puestos de más arriba en todos los rankings internacionales, los países donde abogan por la libertad, por la libertad en la educación universitaria.

No hay que tener miedo a la competencia. Yo acabaría mi intervención haciendo un llamamiento a que no hay que tener miedo a la competencia, cuantas más universidades mejor, cuanta más oferta educativa mejor, que serán los propios estudiantes los que irán a un sitio o irán a otro con base en esa calidad y esa oferta educativa que ellos consideren que les aporta más.

Comentar también lo que comenté en la Comisión de Universidades, que, pese a todas las trabas burocráticas que ponemos aquí a nuestras universidades privadas, tenemos la primera universidad a nivel internacional que tiene un campus en el metaverso. Para mí es un hito espectacular que sea una universidad canaria la primera que tenga un campus en el metaverso. Yo animo a estos valientes a que sigan apostando por la universidad, que sigan apostando por mejorar la calidad educativa, que sigan apostando por dar esa oferta a nuestros estudiantes para que ellos en libertad puedan decidir dónde quieren estudiar.

Señorías, libertad y más libertad.

Gracias.

La señora presidenta: Gracias, señor Galván.

Tiempo de intervención ahora para Nueva Canarias. Tiempo de intervención para Nueva Canarias.

La señora Hernández Jorge: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Bueno, esta será la quinta universidad privada que tendrá Canarias, porque está claro que tiene el apoyo del Gobierno. Curiosamente, o no tanto, siempre impulsadas, autorizadas por gobiernos de Coalición Canaria.

Somos la comunidad autónoma, junto con el Madrid de Ayuso -otra curiosidad-, que tiene el doble de universidades privadas que públicas. Bueno, yo creo que esto tiene algún elemento ideológico, evidentemente, o por lo menos al menos nosotros lo creemos.

Está claro que este ha sido un expediente lleno de vicisitudes y también de inseguridad jurídica. Lleva en tramitación seis años. Vicisitudes porque se han tenido que repetir informes, se ha judicializado este trámite administrativo ya que la propia universidad ha demandado a la Consejería de Universidades. Hablamos también de inseguridad jurídica, de problemas legales, porque, tal y como apunta el Consultivo, aunque el Gobierno no lo ha dicho, a este expediente de autorización se le debería aplicar la ley universitaria actual, la LOSU, que obliga a ofrecer dieciocho títulos, mientras que la Tech solo oferta ocho, nada más y nada menos que diez títulos menos. Luego explicaré por qué el Consejo Consultivo es claro en este asunto.

Además no hay garantías de viabilidad de esta universidad de cara al alumnado. Esto es fundamental, este Parlamento debe velar por la ciudadanía a la que representamos y que haya garantías que aseguren la sostenibilidad económica, así como el plan de viabilidad de carácter económico-financiero y el plan de cierre, asunto que no queda garantizado, tal como indica el informe del ministerio, hecho por funcionarios técnicos expertos en la materia, a través de la conferencia universitaria, ya que apunta que esto no queda bien cerrado.

La conferencia de política universitaria, de la que tampoco ha hablado la consejera, es el organismo público que vela por la calidad de las universidades en España y por el cumplimiento de los estándares que dan garantías al futuro alumnado sobre la solvencia de la universidad y de los estudios que ofrece, y ha emitido dos informes desfavorables, y lo ha hecho por diez razones. Yo no tengo tiempo de exponer las diez, voy a indicar algunas.

El capital social que aportan las universidades no hace frente al cierre, a las posibles responsabilidades si cierra.

La oferta de enseñanzas supone un 4 % del total de plazas, es decir, que hablamos de una universidad que el 96 % de su oferta va a ser de títulos no oficiales, como hacen las academias, y el 4 % solo será de títulos universitarios, grado, máster y doctorado. Por tanto, la actividad fundamental de esta universidad no es universitaria, es de títulos no oficiales. Y, por tanto, nosotros aquí tenemos -así lo apunta el informe- serias dudas.

La oferta de titulaciones oficiales, no se incluyen los programas de doctorado, no cumple las exigencias respecto al número mínimo de doctores, el proyecto presentado no incluye ningún principio de acuerdo ni convenio con empresas e instituciones para garantizar las prácticas, que son obligatorias, no hay líneas o proyectos de investigación, no se especifican los recursos humanos y un largo etcétera que no tengo tiempo de expresar.

¿Y qué ha opinado Canarias? Madrid, el ministerio, ha dicho no dos veces. ¿Canarias qué ha opinado? Bueno, el consejo canario de universidades, formado por el Gobierno, las universidades privadas, los dos rectores, los dos presidentes de los consejos sociales y el presidente de la Agencia Canaria de Calidad, ha votado solo a favor el Gobierno... No diga, consejera, que usted aquí hace un trámite; no, perdone, usted, con su voto, el Gobierno con su voto, junto con los representantes de las universidades privadas, son los que han votado a favor; el resto de la sociedad canaria ha votado en contra. Es decir, la conclusión es que los representantes de la comunidad educativa universitaria, es decir, los dos rectores, voto en contra; voto en contra de la sociedad canaria, que participa en la vida universitaria a través de los consejos sociales, dos votos en contra; voto en contra del presidente de la Agencia Canaria de Calidad.

Por tanto, consejera, esta es una apuesta de este Gobierno. Nosotros vamos a estar al lado de la ciudadanía canaria, que a través de sus legítimos representantes ha dicho que esta posible futura universidad no cumple con los requisitos mínimos de calidad universitaria y creo que su Gobierno se debería dedicar a lo que es su obligación, cuidar a las universidades públicas. Aquí se ha visto el discurso de la derecha bancaria, es decir, la derecha bancaria, claro, quiere universidades privadas. Es que lo lleva en el ADN, es lógico. La derecha bancaria va a defender lo que ha defendido siempre, pero los que defendemos lo público tenemos que estar aquí, y el Gobierno se supone que defiende a la mayoría social, para apostar por las universidades públicas, para... (Corte automático del sonido).

La señora presidenta: Gracias, señora Hernández.

Tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ester, cuando quiera.

El señor Ester Sánchez: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Yo iba a intervenir realmente poco para apoyar única y exclusivamente a la consejera y a esta ley. Nosotros entendemos que la formación universitaria es un escalón fundamental para el desarrollo del ser humano. También entendemos que no solamente la formación universitaria proporciona diferentes competencias, necesarias para cualquier mercado laboral, sino también que ofrece esa formación esencial que necesitan las personas para ese acceso a profesiones de mayor relevancia. Personas con formación universitaria también desarrollan capacidades de análisis, competencias que impulsan las economías sociales, que apoyan a la sociedad civil, educan y dirigen gobiernos, etcétera. Entendemos que es fundamental la educación universitaria. Lo que no entendemos es el discurso de la izquierda ante más formación y más cultura, es incomprensible. Es incomprensible que presentemos hoy, como se ha presentado por parte del Partido Socialista, una proposición no de ley de talento e innovación y resulta que esto no les gusta.

Tenemos la posibilidad de seguir creciendo, creciendo como archipiélago, creciendo como región, tener más universidades para dar más formación, pero luego nos encontramos con discursos, como el que acaba de tener hoy aquí la señora Hernández, donde dice que todo el mundo está en contra de esto. Mire, todos los informes están a favor. El informe de la Accuee, de la Accuee -de la Calidad Universitaria-, fue a favor. El consejo lo votó en contra, pero el informe, a favor. Por lo tanto, no cambie la historia. No, no, no cambie la historia. Ustedes no quieren que salgan más, que haya más universidades, ustedes quieren que haya menos progreso, menos formación, que es lo que nos ha llevado aquí, que es lo que nos ha llevado a la Canarias que hoy tenemos, evidentemente, y es lo que nosotros pretendemos cambiar.

Ustedes son al final el Gobierno de las colas del hambre, el Gobierno de la falta de formación, el Gobierno que nos ha puesto como región europea con mayores índices de pobreza, el Gobierno que nos dejó con las mayores tasas de desempleo juvenil en Canarias, ¡ese es el Gobierno que ustedes quieren! Pues ahora hay una posibilidad de tener más formación, de tener una oferta formativa mucho más amplia, de formar a personas que incluso quieren hacer titulaciones y no pueden desplazarse, y pueden hacerlas de manera telemática.

Y tiene todos los informes legales y tiene el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, lo cual ustedes, cuando los informes, aunque no sean favorables, no les gustan, les da igual, votan en contra. Aquí lo han hecho con leyes como la del régimen sancionador del COVID, donde decían que era una ley inconstitucional, y así lo decía el Consejo Consultivo, y pasaron el rodillo y la aprobaron de igual manera. A ustedes les da igual, ustedes son el despotismo ilustrado, al final lo mío es lo que cuenta y lo demás está mal hecho.

Por lo tanto, entendemos, señora consejera, que esto es una ley buena para Canarias para aumentar la formación y creo que Canarias con esto va a seguir creciendo, va a seguir formando a personas y creo que nos va a hacer una comunidad mucho más rica, no solamente económicamente, sino también en formación y en materia laboral.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señor Ester.

(La señora Hernández Jorge solicita la palabra).

Tiempo de intervención para el Grupo Nacionalista Canario. Señora Espino Ramírez...

Sí.

La señora Hernández Jorge (desde su escaño): ¿... dar un minuto por inexactitudes del señor portavoz del Partido Popular?

La señora presidenta: Muy bien. Lo que podemos hacer es finalizamos las intervenciones y al final usted me dice el porqué y lo miramos. Perfecto.

Grupo Nacionalista Canario, señora Vidina Espino.

La señora Espino Ramírez: Gracias, presidenta. Señorías.

Esta ley de reconocimiento de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias es un paso importante para diversificar y completar la oferta formativa del archipiélago y de Canarias hacia el mundo al tratarse de una universidad online, no presencial, que es un tipo de formación más flexible que cuenta cada vez con más demanda. Los promotores del proyecto ya cuentan con una experiencia de éxito de docencia digital durante más de diez años formando a profesionales de España y de América Latina.

El catálogo de títulos previstos, en los primeros diez años desde el inicio de la actividad, es de 25 grados universitarios, 48 másteres universitarios y otros tantos másteres propios, cursos, cursos de idiomas y programas de desarrollo directivo. Todas estas cifras nos pueden dar una idea de la dimensión de este proyecto, que va a contar inicialmente con tres facultades: la Facultad de Economía y Empresa, la Facultad de Educación y Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Además del valor en sí que siempre aporta la formación, la empresa, instalada en la Zona Especial Canaria, prevé generar 1800 puestos de trabajo, que será empleo de alta cualificación.

La Universidad Tecnológica de las Islas Canarias cumple con todos los requisitos que le exige la norma para aprobar esta ley de reconocimiento que votamos hoy.

El expediente para la puesta en marcha de esta nueva universidad cuenta con el visto bueno de la agencia canaria de calidad educativa universitaria, la Accuee, con informe favorable de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos y con el dictamen positivo del Consejo Consultivo de Canarias.

Superado este trámite parlamentario, los promotores del proyecto tendrán que seguir acreditando y cumpliendo con unos requisitos que son cada vez más exigentes, como ha explicado la consejera. Si en cinco años no lo pudieran hacer, perderían el derecho que les otorgamos hoy de tener esta universidad.

Esta nueva universidad será de calidad porque lo acreditará y supervisará la agencia de calidad a nivel europeo. Solo logrando esa acreditación, el Gobierno de Canarias podrá proceder finalmente a dar el visto bueno al inicio de su actividad.

Sobre el informe de la conferencia general de universidades, al que se refería Nueva Canarias, se debe aclarar que se trata de un informe del año 2019 no vinculante y, lo que es más importante, que desde entonces se han subsanado, por parte de los promotores, todos y cada uno de los puntos señalados por la conferencia general de universidades, como certifica en su informe definitivo la agencia de calidad universitaria, ratificado expresamente con fecha 9 de noviembre de 2023. (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y pasa a ocupar la Presidencia la señora vicepresidenta primera, Oramas González-Moro).

Señora Hernández, usted ha subido a esta tribuna y no ha dicho la verdad. Dice que se siguen presentando problemas de solvencia económica, cuando en el expediente consta un aval bancario por valor de más de dos millones de euros que solventa esa cuestión (mostrando un documento). Usted ha subido aquí a mentir a los canarios.

Si el promotor de una actividad, señorías, en este caso en el ámbito de la enseñanza, cumple con la legalidad, no se puede paralizar un proyecto, porque eso es prevaricar, lo que hizo el Gobierno anterior. Les recuerdo que en este expediente consta también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara nula la orden de la anterior consejera de no iniciar este trámite legislativo. La Tech recurrió la decisión del Gobierno anterior y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón. Y le voy a leer lo que dice la sentencia: A la vista de toda la documentación presentada, la solicitud de la Tech cumple con todos los requisitos legalmente exigibles de cara a la obtención de su reconocimiento como universidad, de modo que únicamente cabe que la consejería dicte una nueva orden acordando el inicio del procedimiento para la aprobación de la iniciativa legislativa de reconocimiento de la universidad privada. Señorías, este nuevo Gobierno y los diputados que lo apoyamos respetamos, cumplimos la ley y las sentencias judiciales.

La Constitución reconoce, en su artículo 27, la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros docentes. Nosotros creemos en la Constitución, en el respeto a los procedimientos, y por eso vamos a votar que sí a esta ley, y porque creemos en los proyectos que son buenos para Canarias y que ustedes intentan paralizar.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (Oramas González-Moro): Gracias, señora diputada.

A continuación, por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra la señora Pérez Hernández.

La señora Pérez Hernández: Gracias, presidenta. Señorías.

Antes de entrar en el sí o el no a este proyecto de ley, creo que tenemos que hacer una reflexión sobre por qué estamos votando en un Parlamento el reconocimiento de una universidad privada. No es una reflexión vacía, porque que un Parlamento mediante una ley sea el que autorice o no una actividad económica es una circunstancia totalmente excepcional en el ordenamiento jurídico español. Y cabe preguntarse por qué el legislador ha utilizado estas reglas tan excepcionales para su política universitaria, mientras que una empresa naviera, una clínica privada o una constructora no. La respuesta es sencilla: la política universitaria es estratégica para un país. (La señora presidenta regresa a su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia).

Señorías, hoy no estamos aquí solo para valorar si se han cumplido o no una serie de requisitos, estamos para decidir sobre la oportunidad de crear una nueva universidad en Canarias.

Y, entrando en el proyecto de ley, vemos que los informes que lo acompañan son demoledores. El Gobierno de Canarias nos ha traído un proyecto de universidad sin rigor ni contenido, alejado de la realidad. Una universidad que hasta el momento no ha obtenido el visto bueno de ningún Parlamento, y por algo será. La formación que van a ofrecer es exclusivamente online, algo que ya tiene la gran mayoría de las universidades presenciales o incluso la UNED. Por lo tanto, no van a llenar ningún vacío ni aportar ningún valor añadido con ello.

El 96 % de los títulos serán títulos no oficiales. Un título no oficial, si no tiene un soporte pedagógico detrás, no vale más que el vídeo de un youtuber bien documentado. No aporta ningún valor añadido a la sociedad, sino al currículum del estudiante que se lo puede permitir. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a títulos no oficiales?, ¿para no ser controlados en procesos de verificación universitarios? Los nombres que utilizan para estos títulos se parecen sospechosamente a los títulos oficiales y a los de los cursos que ya ofrece la empresa matriz de este proyecto. Pareciera que lo que se busca es dotarlos de mayor target, poniendo al lado la etiqueta "universitario".

La apuesta por la investigación la verdad es que brilla por su ausencia. Sus promotores no ofrecen programas de doctorado, sus proyectos de investigación parecen sacados de una novela de Isaac Asimov: laboratorio virtual de ideas, parque científico y tecnológico... Y cuando se pregunta el cómo, cuándo, dónde o quién lo va a pagar, ni una sola concreción. No tienen ni un solo convenio ni un compromiso de acuerdo con empresas para prácticas de alumnado, incumpliendo la normativa canaria, por cierto.

La memoria está plagada de errores que son sintomáticos de la escasa enjundia de este proyecto que hay detrás. Dicen que la logopedia pertenece a la rama educativa, que en 2027 tendrán 280 000 alumnos, es decir, diez veces más que toda la comunidad educativa de la Universidad de La Laguna, ¿y en qué lo sostienen?, que el Grado en ADE ha sido preparado por expertos en criminología. Estos son algunos de los planteamientos que nos generan muchas dudas.

En cuanto a las instalaciones, no se aporta un solo dato con soporte documental que acredite todo lo que dicen que van a hacer o, por lo menos, que lo concreten, y esto lo dicen hasta los propios técnicos de la Dirección General de Universidades.

Señorías, los dos informes de la Conferencia General de Política Universitaria son tajantes y desfavorables. El único informe de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria es de 2018, anterior a la conferencia general. El informe de la agencia canaria, de 2023, se limita a remitirse al 2018, no entra en ninguna valoración posterior.

Esta universidad que quieren crear no cubre ningún déficit de formación superior, no ofrece títulos oficiales, no tendrá investigación, no va a movilizar inversiones ni a generar empleo y, además, tiene en contra a la Conferencia General de Política Universitaria, a las universidades públicas canarias, a sus consejos sociales y hasta a los técnicos de la consejería.

Señorías, por todos estos motivos, no podemos apoyar esta propuesta, porque nosotros, el Partido Socialista, defendemos una educación reglada, gratuita y pública, en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso y, además, que sea de carácter universal.

(Aplausos y palmoteos).

La señora presidenta: Gracias, señora Hernández.

Señora Hernández, tiene la palabra.

La señora Hernández Jorge (desde su escaño): Gracias, presidenta.

Por alusiones, al portavoz del Partido Popular.

La señora presidenta: ¿Pero exactamente en qué consistió la alusión?

La señora Hernández Jorge (desde su escaño): Inexactitudes.

La señora presidenta: Tiene un minuto.

La señora Hernández Jorge (desde su escaño): El portavoz del Partido Popular ha dicho que todos los informes son favorables y eso es rotundamente falso. Hay dos informes, aquí lo aporto (mostrando un documento a la Cámara), del señor, los firma José Manuel Pingarrón Carrazón, secretario de la Conferencia General de Política Universitaria, del año 2023, hay dos -hay que leerse los expedientes antes de subirse a la tribuna-, hay dos informes del ministerio, uno del 2023 y uno del 2017, gobiernos distintos, por cierto, demostrando que esta universidad no cumple los principios ni garantiza la calidad universitaria ni el derecho que tienen los canarios.

Y ahora, presidenta, acabé mi minuto y me ha sobrado tiempo, necesito un minuto porque la señora Espino ha hecho acusaciones muy serias y, además, en aplicación del artículo 84...

La señora presidenta: No, no, señora Hernández, usted me pidió la alusión por inexactitudes del señor Ester, no le voy a tolerar que ahora plantee otra cuestión...

La señora Hernández Jorge (desde su escaño): No, le estoy pidiendo...

La señora presidenta: ... que no tenga nada que ver...

La señora Hernández Jorge (desde su escaño): Ya yo cerré y ahora le estoy pidiendo un minuto porque la señora Espino ha atentado contra mi honor y, en aplicación del artículo 84, me ha mencionado y me ha acusado de una cuestión que considero que es un juicio de valor.

La señora presidenta: (Sin micrófono) ... la señora Hernández. Un minuto.

El señor Ester Sánchez (desde su escaño): ... señora Hernández, están buenos para dar lecciones. Todos los informes de la mayoría de los decretos leyes que se presentaron en la anterior legislatura, donde usted estaba cogobernando con el Partido Socialista, presentaban informes, no vinculantes, como al que usted hace referencia hoy, aunque sea negativo, del Consejo Consultivo de Canarias, todos los decretos leyes, ¿y sabe qué hacían ustedes?, pues seguían para adelante con la ley, los obviaban. (Palmoteos). Y, por lo tanto, usted no está para dar aquí lecciones.

Aquí hay numerosos informes, como el Consejo Universitario de Canarias, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, así como el Consejo Consultivo, que todos dicen que esta ley es totalmente legal.

Por lo tanto, no dé lecciones de aquello que presume. Consejos vendo, que para mí no tengo, señora Hernández. (Palmoteos).

La señora presidenta: Gracias, señor Ester.

Procedemos a la votación, llamo a votación... (La señora Hernández Jorge solicita la palabra).

No, no ha habido alusiones por parte de la señora Espino a la señora Hernández directamente.. Lo que le ha planteado ha sido contradecir un plazo... (ininteligible) intervención que forma parte del debate político, señora Hernández.

Llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Señorías, votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes, 61: sí, 36; no, 25; abstenciones, cero.

Queda, por tanto, aprobado.