Diario de Sesiones 31, de fecha 9/4/2024
Punto 19

11L/C/P-0344 Comparecencia de la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Administración de Justicia de Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Popular

La señora presidenta: Ahora, si les parece bien, pasamos a la comparecencias, de la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Administración de Justicia de Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Muñoz, cuando quiera.

La señora Muñoz Peña: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Yo también me quiero unir a las condolencias a la familia de don Fernando Bergasa, descanse en paz.

Señora consejera, es con gran preocupación que me dirijo a ustedes para abordar un asunto de suma importancia para nuestro archipiélago: la digitalización y la modernización de la Administración de Justicia en Canarias.

Es innegable que nos encontramos frente a una situación crítica que requiere de una atención inmediata y decisiva por parte de nuestra autoridades. Ante la complejidad y el considerable volumen de procesos judiciales que gravitan en el ámbito jurisdiccional de Canarias, resulta imperativo abogar por una transformación inmediata en nuestro sistema judicial. La Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia de Canarias, concebida para el periodo comprendido entre el 2021 y el 2023, inicialmente prometía ser un paso significativo en la dirección adecuada hacia la modernización y la eficiencia del sistema judicial; sin embargo, la gestión del anterior Gobierno en este ámbito resulta decepcionante y preocupante.

A pesar de contar con recursos financieros significativos, como los trece millones y medio de euros asignados en el año 2022 y el millón y medio destinados en el año 2023, provenientes de los fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de digitalizar la Justicia, no se han dado pasos significativos. En la actualidad nos encontramos en una situación prácticamente idéntica a la del año 2021. La pregunta es a dónde se destinaron dichos fondos europeos. Hay dos respuestas, o no se materializaron dichas asignaciones monetarias o, si se llegaron a materializar, no han logrado generar el impacto esperado ni se refleja de manera concreta en el estado actual de la Administración de Justicia en Canarias.

La pandemia COVID ha puesto de manifiesto la manera contundente, la urgencia de adaptarnos a un entorno digital para mantener la operatividad del sistema judicial. Sin embargo, lo que inicialmente fue entendido como un cambio en las formas y en los medios de comunicación no pasó de una mera aportación de recursos sin hoja de ruta. A la actual consejería le tocará lidiar con la grave problemática existente, empezando por lo más elemental, como lo que es que los empleados públicos de justicia cuenten con dispositivos aptos y adaptados a la evolución tecnológica sufrida en estos cuatro años. La introducción de sistemas de videoconferencias en vistas y la implementación del sistema de comparecencias Apud Acta Remoto podrían considerarse avances significativos, sin embargo, cuál es la calidad y la fiabilidad de estas herramientas tecnológicas y cuántos letrados se han visto afectados por problemas técnicos durante una videoconferencia, poniendo en riesgo el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en sede judicial. Es necesario que nuestras autoridades se comprometan seriamente a garantizar la calidad y la seguridad de las tecnologías utilizadas en el ámbito judicial.

El proceso de entrega de documentación impresa también debe ser objeto de crítica. ¿Por qué seguimos dependiendo en gran medida de documentos físicos en plena era digital? Es hora de replantear este proceso y adoptar medidas que agilicen los procedimientos judiciales y reduzcan el uso innecesario de papel, como la utilización exclusiva de plataformas digitales como LexNET para la presentación de las demandas, para las contestaciones y para los escritos. Además, es imprescindible invertir en la formación del personal judicial en tecnologías digitales. La falta de capacitación en este sentido es una barrera significativa para la efectiva implementación de nuevos procesos y herramientas digitales en nuestro sistema judicial.

Es fundamental que Canarias tome ejemplo de las iniciativas exitosas implementadas en otras regiones de España, como Andalucía, Cataluña o Asturias. Estas regiones han demostrado un compromiso real con la modernización de la Administración de Justicia, duplicando la inversión en tecnología, renovando el parque judicial y desarrollando medidas innovadoras para mejorar la gestión de los expedientes judiciales electrónicos. Aunque bien es cierto que en el marco de estas innovaciones cabe destacar un proyecto piloto llevado a cabo en Canarias para introducir la inteligencia artificial en el procedimiento monitorio. Esta medida, liderada por la jefa del Servicio de Organización y Modernización de la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, es innovadora y prometedora.

En definitiva, la situación actual de la digitalización y modernización de la Administración de Justicia de Canarias es crítica y requiere de una acción inmediata y decidida por parte de nuestras autoridades. Es hora de dejar atrás las promesas vacías y tomar medidas concretas para garantizar una justicia eficiente, accesible y transparente para todos los ciudadanos de Canarias.

Muchas gracias.

La señora presidenta: ... tiene la palabra, señora consejera, cuando quiera.

La señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (Barreto Hernández): Buenos días, presidenta. Señorías, señora diputada, señora Muñoz.

En primer lugar, agradecerle la petición de comparecencia. Yo creo que para el Gobierno, para nuestra consejería, es un asunto de vital importancia y, además, que tenemos en el trabajo diario, del día a día, de la consejería.

El Gobierno de Canarias lleva trabajando muchos años en la estrategia que permite la digitalización y la modernización de la Administración de Justicia, que, como ustedes me habían dicho, no es un trabajo fácil, es complejo, y empieza a dar sus frutos.

Para hablar de la estrategia hay que remontarse, primero, al periodo del 2016-2019, cuando, como punto de partida, se elabora la evaluación o se empieza a trabajar en la evaluación de la estrategia, un trabajo que tuvo continuidad con posterioridad, y que permite aprobar, en el periodo 2021..., para el periodo 2021-2023, la estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de Canarias, y que, además, se adapta, como bien sabe, al escenario generado por el COVID-19. Esa es la que está en vigor ahora y que finaliza el 31 de diciembre de 2024 porque fue prorrogada un año más para poder, entre otras cosas, ejecutar todas las acciones que se planean dentro de la misma y que tiene fondos aparejados.

La actual estrategia se plantea retos importantes, entre ellos, modernizar la Administración de Justicia, llevar al cabo el proceso de elaboración abierto y participativo, y modernizar las instalaciones, algo vital en lo que no solo hay que poner inversión, sino también gestión diaria, fortalecer los recursos humanos y materiales. Pues bien, dicha estrategia se vertebra en tres ejes que, a su vez, permiten sacar adelante dos de las medidas que son más importantes: consolidar el expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal, además de adoptar las medidas que permiten garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos del sector de la justicia con los distintos operadores y territorios. Dentro esas distintas acciones, de esos cuatro ejes, hay 45 acciones que están temporalizadas, es decir, tienen plazo dentro de ese periodo corto de tiempo que tiene la estrategia, tiene indicadores, tiene evaluación y recursos asociados. Un eje dedicado a la eficiencia y la profesionalidad de la prestación de los servicios; un eje dedicado a la transformación digital y seguridad de la información; otro a la comunicación y relaciones y otro al seguimiento y evaluación del plan estratégico, con distintas iniciativas, como decíamos, que llevan aparejada la necesidad de ir aprobando, que son normativas, por un lado, organizativas y tecnológicas.

Con ello se pretende continuar con las acciones necesarias para mejorar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales mediante la modernización organizativa y tecnológica, la dotación de herramientas tecnológicas, como el expediente judicial, como le decía, y una plataforma UE de comunicación e interoperabilidad.

¿En qué nos encontramos? Como decía, es especialmente relevante para nosotros el expediente judicial electrónico, que reemplazará, como sabemos, la posibilidad de pedir o de tener copias de autos -con alguna excepción, que también se contempla en la propia estrategia-, de manera que el expediente tendrá que ser desarrollado en sintonía con el principio general de orientación del dato, abriendo así las puertas al uso de la inteligencia artificial, algo que usted nombraba antes, en el ámbito de la Administración de Justicia. Además, algo que es obligatorio, puesto que hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia que exige que, a partir de julio del 2024, la implantación del papel sea cero. Para avanzar y llegar ahí tenemos un recorrido importante por delante al que todavía le quedan pasos que dar.

Otra de las acciones de esas que nombraba con anterioridad, necesarias para poder avanzar en esto, es la universalidad de la celebración de vistas y actos procesales a través de videoconferencia o cualquier otro medio telemático con el que cuenten los órganos judiciales y que, además, esté reglado.

Pero a todo esto que ya teníamos en marcha, que ya venía en marcha, como decía, periodo 2016-2019, la estrategia que está aprobada y que tiene un año más de aplicación, hay que añadirle las exigencias que nos plantea el Real Decreto 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, etcétera, que aprueba el Gobierno de España, que viene a incorporar a todas las medidas fundamentales dentro de la Administración de Justicia algunas novedades. Entre ellas quizás la más llamativa sea la creación de la carpeta de justicia, que permitirá crear un sistema que se pondrá a disposición de cada ciudadano, a través del que podrá acceder a los expedientes en los que forme parte o sea interesado y tramitar las comunicaciones que correspondan o que se le efectúen. En cuanto a los ciudadanos.

En cuanto a las personas jurídicas, además, sabemos que incorpora novedades como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las comunicaciones, que a partir de ese momento pasarán a ser electrónicas, de modo que también obliga a las personas jurídicas a estar permanentemente en revisión de las plataformas digitales con las que se tienen que comunicar con la Administración de Justicia.

Desarrolla este real decreto dos tipos de medidas diferentes: las digitales, que hemos podido ver, pero también deficiencia procesal. En todo eso, que junto con la estrategia que estamos trabajando y elaborando permite poner en marcha las acciones que, como le decía en algunos casos, evaluando cómo va la aplicación en los tres primeros ejes se va concluyendo parte de esas acciones, llevan conclusas ya algunas de ellas, y en algún eje vamos más lentos. Desde luego, esto lleva aparejado la aplicación de fondos, más de veintidós millones de euros en fondos europeos de MMR, y que en estos momentos están en fase de... están adjudicados en fase de concluir, como decía, hasta el plazo que tenemos prorrogado, 31 de diciembre de 2024.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora consejera.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente.

El señor Acosta Armas: Gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando hablamos de justicia no debemos olvidar que estamos hablando de un servicio público fundamental que condiciona muchos aspectos de la vida de las personas y que puede comprometer, no en pocos casos, su propio futuro. Debemos tener en cuenta, además, que las dificultades administrativas o burocráticas y las carencias tecnológicas pueden provocar importantes perjuicios a la ciudadanía, hurtándoles el derecho a una tutela judicial efectiva y también eficiente.

Por desgracia, el funcionamiento de la Administración de Justicia no es todo lo bueno que sería deseable. Es verdad que eso no solo pasa en Canarias, sino que todas las comunidades autónomas sufren problemas similares. Esta situación se explica en que la mayoría de ciudadanos, preguntados por cómo funciona el sistema de Justicia, afirman u opinan que es poco satisfactorio, en un 50 %, o el 20 cree que no es nada satisfactorio. Son datos de una cuenta reciente del CIS.

En Canarias, por si fuera poco, la insularidad añade dificultades a la prestación del servicio de una manera eficiente en todas las islas, con lo que la exigencia es aún mayor para quienes ejercen la responsabilidad de dotar adecuadamente los órganos judiciales, como es su caso, señora consejera.

Las carencias o las necesidades de los órganos judiciales, ya sean de carácter material o humano, son muy complicadas para quienes tienen la responsabilidad para evitar mayores perjuicios a los administrados y, en el caso concreto de la digitalización, tal y como se ha comentado, el Gobierno anterior aprobó en el 2020 una estrategia de transformación digital que pretendía, en el horizonte 23, alcanzar la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia. Es evidente que la previsión no se ha cumplido. ¿Cómo vamos a aspirar a complementar una transformación digital si, por ejemplo, en el juzgado de El Hierro falta lo mínimo, como impresoras o escáneres que permitan una ejecución más eficiente del trabajo?, ¿o que Fuerteventura siga sin disponer de una ciudad de la justicia digna?

Y es evidente, también, que desde el ámbito de la Administración pública debemos ser cuidadosos, tanto a la hora de lanzar promesas como de elaborar estrategias. Solo debemos hacer ambas cosas cuando tengamos la certeza de lo que los objetivos podrán cumplirse, si no completamente, al menos en su mayoría, lo contrario es añadir ruido al debate y generar furia de los operadores jurídicos y a la propia ciudadanía.

Y también, respecto a las acciones que están incentivando, también quiero volver a lo que pasó en el COVID, donde en las audiencias previas, por ejemplo, o en aquellas vistas donde, a lo mejor, la prueba era prácticamente documental, se incentivaba el uso de una videoconferencia. Creo que debemos de aspirar a intentar digitalizar también las propias vistas, como, por ejemplo, insisto, las audiencias previas, que es sobre todo un trámite destinado a alcanzar un acuerdo o a proponer prueba, o aquellas vistas en las que no haya testificales o interrogatorios, que es más fácil la intermediación a través de una cámara. En este tipo de iniciativas agilizaremos también y evitaremos que, por ejemplo, varios operadores jurídicos acudan a sede judicial.

También el tan ansiado expediente electrónico creo que es una medida estupenda que, cuando se consiga, logrará reducir cientos de horas de trabajo a los funcionarios y a procuradores o procuradoras que acudan al juzgado a retirar expedientes.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señor Acosta.

Tiempo de intervención ahora para la Agrupación Socialista Gomera.

El señor Ramos Chinea: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes ya, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera.

Creo que es importante seguir avanzando en la consecución de los retos que nos hemos puesto con esta estrategia aprobada en el año 2020, y sobre todo porque es una necesidad para poder simplificar y agilizar la Administración de Justicia para dar respuesta al ciudadano.

Tengamos en cuenta que Canarias está a la cabeza del país en cuanto a litigios se refiere, tenemos 181 por cada 1000 habitantes, cuando la media del país es de unos ciento cuarenta.

Y para que la consecución de esta estrategia sea una realidad, señora consejera, aún debemos superar muchos obstáculos. Cuando hablamos por ejemplo de digitalizar hemos de acabar con esas brechas tecnológicas que aún tenemos y para eso es importantísimo también tener esa colaboración público-privada para tener mejores vías para lograrlo. Vemos que estamos hablando de un ámbito, de un campo que diariamente tiene muchísimos avances, ya estamos hablando de la inteligencia artificial, como hablaban, pues, algunos de quienes me han antecedido en la palabra.

También necesitamos un sistema cohesionado que dé garantías tanto al ciudadano como también, por supuesto, a los trabajadores de la Administración pública, que garantice, por supuesto, sus derechos y que también permita al sistema cumplir con los plazos que también la ley les determina.

También tenemos falta de medios, lo decía el señor Acosta, en la isla de El Hierro, pero es que lo mismo nos ocurre también en la isla de La Gomera.

Y también ya en este mismo Parlamento, en Comisión de Gobernación, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el señor Lorenzo Bragado, nos expuso la situación del partido judicial de Granadilla y el de San Bartolomé de Tirajana, donde tenían ciertas deficiencias. También nos habló del problema que tiene el sistema informático Atlante, ya que no estaba homologado por el Consejo General del Poder Judicial, incluso también nos hablaba de la falta de medios del Instituto de Medicina Legal y de la necesidad de la modernización de infraestructuras judiciales como puede ser la de Santa Cruz de Tenerife y también la de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Es decir, señora consejera, en un utilitario no podemos meter el motor de un Ferrari y es obvio que tenemos que seguir trabajando también en estas cuestiones. Está claro que si solventamos estas deficiencias vamos a tener una mejor respuesta al ciudadano por parte de la Administración de Justicia.

También cuando hablamos de este campo yo creo que es importante invertir en ciberseguridad, porque es muy muy muy importante para tener una justicia, también, segura, y seguir aprovechando esos fondos europeos para la digitalización, que precisamente vienen de Europa con ese cometido.

Y felicitarla, señora consejera, para que siga...

La señora presidenta: Gracias, señor Ramos.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX.

La señora Jover Linares: Gracias, presidenta.

Señora consejera, mucho ha llovido desde que en 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 230 establecía la facultad del uso de medios telemáticos en los juzgados.

Posteriormente, en 1994 se desarrolló este artículo y no es hasta 2015 que esta facultad deviene en obligatoriedad. También posteriormente nos encontramos con la aprobación de la instrucción digital, y en Canarias destaca esta estrategia de transformación de la Administración de Justicia, de la que ya se han hecho eco anteriormente.

Por lo tanto, ya más de un lustro desde que la administración electrónica debería ser una realidad, de igual manera que la interoperabilidad, pero nos encontramos lejos de ese objetivo del papel cero en la Administración de Justicia.

El propio Tribunal Superior de Justicia, en la memoria que tuvimos la oportunidad de examinar en comisión, ponía el énfasis en tres ejes: por un lado, lo que eran las infraestructuras tecnológicas, que, si bien estaban muy desarrolladas en edificios nuevos como la Ciudad de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, en el resto de partidos judiciales, y especialmente en las islas verdes, requerían de unas mejoras completas. Además, hablaba del sistema de gestión procesal Atlante Web, que, si bien los operadores jurídicos ven que es muy valioso, no podía ser certificado en febrero de 2023 por cuestiones tan sencillas como que no existía un índice, no estaba la indexación preparada, pero tampoco era posible descargar en PDF el expediente judicial electrónico. Entendemos, y nos gustaría saber, si esas pequeñas cuestiones, que parecen fácilmente... de fácil resolución, han tenido ya respuesta y será posible certificar definitivamente este sistema de gestión procesal canario para poder integrarse en el expediente judicial electrónico.

Pero también hay una falta de recursos menores, como son las dobles pantallas o, incluso, la revisión de las capacidades de las redes wifi, especialmente, incluso, en algunos edificios que carecen de estas dotaciones. Consideramos que estas responsabilidades, en manos de su consejería, deberían ser atendidas a la mayor brevedad posible. En este sentido, tienen ustedes, mantienen reuniones periódicas en la Comisión Mixta con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y también tenemos constancia -hemos leído en prensa- de que hace dos semanas el presidente Clavijo se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, precisamente para ser e impulsar el expediente judicial electrónico y la tecnología. ¿Qué medidas concretas se adoptaron en esta reunión al respecto?

Consideramos que hay que ser ambiciosos e integrar a todos los operadores jurídicos y, en este sentido, le solicito nuevamente que también tenga en cuenta a los abogados y que necesitan el Horus como visor de expedientes para realizar mejor su labor. Ello redundará no solo en una mejora para el trabajo de los...

La señora presidenta: Gracias, señora Jover. No, lo siento (ante las manifestaciones de la señora diputada).

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista.

La señora Hernández Jorge: Gracias, presidenta. Buenos días, a todos y a todas.

Sin duda, estamos ante una cuestión relevante: la importancia de modernizar el sistema judicial como un servicio público básico es evidente para que pueda cumplir su misión, que no es otra que servir con eficacia a la ciudadanía.

Es cierto que llegamos tarde. La verdad que es difícil hablar de la modernización y de la transformación digital del sistema judicial canario cuando lees la memoria del TSJ y dice que hay sedes judiciales que no tienen algo tan básico como wifi o que tienen serios problemas con todo lo que son los aparatos tecnológicos, es decir, que es que en Canarias tenemos un problema serio que yo creo, y no sirve de consuelo, que no se remonta al Gobierno anterior, la propia consejera yo creo que, en honor a la realidad, ha mencionado que esta es una asignatura que se está trabajando en Canarias desde hace años, desde el 2006, y que no hemos sido capaces de colocar a todo el sistema judicial en la era de la modernidad. No lo hemos sido en materia de infraestructuras, que es lo primero, y mucho menos en la adaptación tecnológica. Y esta es una cuestión que yo creo que no nos debe servir de consuelo ni de justificación ni para eludir el problema, sino de asumir este nuevo Gobierno la obligatoriedad de afrontar el reto.

Además, ahora ya no hay excusas porque hay financiación para esta materia, fondos europeos, porque, además, España dentro de sus grandes ejes, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia ha metido la modernización del sistema judicial en el Estado como un derecho de la ciudadanía, como recoge la Constitución, y reconociendo que en nuestra sociedad las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, la evolución cultural de todos nosotros nos hace ser conscientes de que la digitalización es fundamental y la utilidad que tienen los nuevos instrumentos y herramientas tecnológicas al servicio de una más y mejor y mayor eficiencia de gestión de los servicios públicos en general, y en concreto hoy hablamos del sistema judicial.

Yo quería plantearle dos cosas, si me da tiempo, una es sobre el anuncio de parte de su equipo, de la jefa de servicio de esa tecnología de IA, de inteligencia artificial, aplicada al sistema judicial y de cómo se plantea, consejera, no me va a dar tiempo, tendremos, seguramente, ocasión en otro ámbito de hablarlo, de cómo se plantea aplicar el decreto ley, el 6/2023, de medidas urgentes aprobadas por el Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en materia de mejora del sistema judicial. Ha hablado usted de la carpeta judicial, hay otras cuestiones, es un decreto ambicioso, no sé si da tiempo a que usted pueda avanzar un poco cómo se plantea la aplicación del decreto en Canarias.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Hernández.

Tiempo de intervención para el Grupo Nacionalista Canario, señora Beato, cuando quiera.

La señora Beato Castellano: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera, buenas tardes.

La justicia es un pilar fundamental del Estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos para garantizar la tutela judicial efectiva es una responsabilidad de todos los poderes públicos. Y estamos ante una justicia lenta, burocrática, ineficiente, que tiene mucho que ver con la legislación procesal, que, a su vez, es porque es una legislación garantista, precisamente para garantizar esos derechos. Y en el ámbito de la comunidad autónoma, las competencias que tiene este Gobierno son de la administración de la Administración de Justicia, es decir, en relación con los medios personales y materiales que ha de proveer al servicio de la justicia. Por tanto, corresponde establecer métodos modernos, procedimientos normalizados y el apoyo de la tecnología. Y, como decía la consejera, hay una estrategia que se remonta al año 2016-2019, que se prorrogó hasta el año 2023 y que ahora se ha vuelto a prorrogar en el año 2024, y es muy relevante lo que decía la consejera de hacer el ejercicio de evaluar esa estrategia para evaluar los objetivos, los ejes, las acciones y conocer el grado de cumplimiento, el impacto efectivo de esas medidas y determinar actuaciones correctivas en el futuro.

Se ha avanzado mucho en la creación de servicios procesales comunes, porque en eso se avanza en eficacia.

Y en la aplicación procesal Atlante también se ha avanzado. Recuerden que esa aplicación procesal fue innovadora en su momento, copiada por prácticamente el conjunto de las comunidades autónomas, marcó un hito importante en la administración de la Administración de Justicia, y hay que seguir avanzando en ese programa Atlante, con el objetivo de conseguir el expediente judicial y la supresión de en papel.

Y seguir impulsando la celebración de vistas y actos procesales por vídeo utilizando los medios tecnológicos, eso es fundamental en un territorio fragmentado como Canarias en lo que favorece, no solo a los operadores jurídicos, a la justicia en sí, a los abogados, procuradores, sino también, desde luego, indudablemente, a la ciudadanía. Y para eso son necesarios muchos medios, un esfuerzo superior tiene que hacer esta comunidad autónoma en medios teniendo en cuenta esa fragmentación del territorio.

Y a ello se suman los retos, los desafíos inminentes de la inteligencia artificial, que hay que seguir dando pasos en ello a través de la interoperabilidad, también, y la cooperación y la colaboración con todos los órganos e instituciones.

Animamos al Gobierno a seguir trabajando en esa línea y queríamos, si la consejera nos puede indicar alguno, profundizar un poco más en el asunto de los fondos, qué es lo que se ha invertido, qué es lo que está por invertir, cuál es el grado de ejecución de esos fondos y cómo puede...

La señora presidenta: Gracias, señora Beato.

Tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cabrera.

La señora Cabrera Noda: Gracias, señora presidenta. Bueno días, señorías, señora consejera.

Decía el exconsejero Julio Pérez que hay que hablar de justicia como valor y justicia como organización, como sistema de servicio público, y la palabra "digitalización" es hoy o era hoy, era ayer, el mejor rumbo que debe manejar un Gobierno, porque digitalizar es acercar la justicia a los ciudadanos.

Hasta el año 2019 es cierto que se habían desarrollado, como ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, se habían desarrollado una serie de acciones a este respecto, acciones que sirvieron para un momento temporal concreto. Sin embargo, una pandemia, no sé si se acuerdan que se dio esa pandemia de la COVID, una pandemia que paralizó el mundo, una pandemia que nos exigió reaccionar con medidas contundentes y resolutivas. Lo digo porque a veces parece que nos olvidamos de ese momento crucial y hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de digitalización, modernización y en todos los aspectos de la vida. Una pandemia que abrió nuevos desafíos que nos pusieron frente al espejo de nuestras carencias como Administración y como servicio público, y ante ese escenario, el Gobierno del pacto de las flores, presidido por Ángel Víctor Torres, aprobó la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia 2021-2023 que tenía como objetivo, además de afrontar de manera óptima la situación derivada de la COVID-19 y los retos futuros a los que se enfrentaba la justicia, consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover la eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio, alineándose este documento con el plan Justicia 2030, promovido por el Ministerio de Justicia, y convirtiéndose esta y no otra en la primera estrategia de modernización y transformación digital elaborada en Canarias y en España que abordaba la situación posterior COVID con los retos de la evolución tecnológica.

Se realizó un análisis interno al personal de la Administración de Justicia y un análisis externo, un análisis que tenía carácter integrador, abierto y participativo y que pretendía dar cumplimiento a los compromisos establecidos por el Ejecutivo de Canarias en aquel momento en el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio, relativo a defender la regeneración política y la modernización de las administraciones. Este documento, como decía la consejera, contemplaba cuatro ejes estratégicos, y de estos cuatro ejes contenía 12 objetivos estratégicos y 46 medidas. De esas 46 medidas anunció en 2022 don Julio Pérez que el 20 % de ellas se había ejecutado y el 80 % estaban iniciadas. Y es en este punto en el que me gustaría preguntarle, después de saber que el Gobierno actual ha decidido prorrogar la estrategia para la transformación hasta el 31 de diciembre de 2024, nos gustaría saber en qué fase se encuentran actualmente esas medidas que estaban en desarrollo. También me gustaría preguntarle sobre la tasa de dependencia que tiene Canarias y, por último, cómo va la implantación del programa Atlante Web en el archipiélago; la pasada legislatura se llevó a cabo su despliegue, no así su implantación.

Y ya para terminar, quiero hacerlo, que creo que no me queda tiempo, por tanto, nada más y muchas...

La señora presidenta: Gracias, señora Cabrera.

Iniciamos tiempo de réplica.

Señora Muñoz, cuando quiera. Grupo Parlamentario Popular.

La señora Muñoz Peña: Gracias, presidenta.

Siguiendo lo comentado y en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es imperativo que nuestros sistemas judiciales estén a la vanguardia de la innovación para garantizar un acceso justo y eficiente a la justicia para todos los ciudadanos.

La Estrategia para la Transformación Digital del Servicio Público de la Administración de Justicia en Canarias tiene que ponerse en marcha como respuesta a esta necesidad apremiante. Todos debemos reconocer la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas para optimizar recursos y recuperar los desafíos futuros.

En Canarias hemos dado pasos pero no cambios significativos en este sentido. Es necesario centrar la innovación y la digitalización en la prestación de servicios para acercar la justicia al ciudadano y mejorar la comprensión de los procesos judiciales. La realidad nos demuestra que aún estamos lejos de alcanzar los estándares necesarios para garantizar una justicia eficiente y accesible para todos los ciudadanos de Canarias.

La introducción de la clasificación documental automatizada, el resumen automatizado de documentos judiciales en un lenguaje sencillo y el buscador inteligente de la justicia son avances que seguro que nuestro servicio público de Justicia... sea accesible, cercano y eficiente.

Además, como medidas para impulsar la digitalización y la modernización de la Administración de Justicia de Canarias, este grupo parlamentario, el del Partido Popular, considera las siguientes de un gran interés: la implementación de la inteligencia artificial, utilizarla para analizar grandes volúmenes de datos legales y precedentes judiciales, ayudando a los jueces a tomar decisiones más informadas y consistentes; también implementar los chatbots alimentados por la inteligencia artificial para proporcionar respuestas rápidas y consultas básicas a los ciudadanos. El desarrollo de estas aplicaciones móviles..., crear estas aplicaciones específicas para la Administración de Justicia, facilitando a los ciudadanos el acceso a la información sobre sus casos y sus notificaciones importantes desde sus dispositivos móviles.

La integración de los blockchain. Utilizar esta tecnología para garantizar la integridad y la autenticidad de los documentos judiciales, aumentando la confianza en el sistema y reduciendo el riesgo del fraude documental. Tenemos que automatizar las tareas administrativas, estas tareas repetitivas y administrativas, como la gestión de expedientes y la programación de citas, para liberar tiempo para el personal judicial, permitiéndoles concentrarse en tareas más complejas y de mayor valor añadido.

El fomento de la mediación online. Promover la mediación en línea como una forma eficaz de resolver disputas de manera rápida y económica, descongestionando los tribunales y agilizando la resolución de los conflictos menores.

Y, por último, la educación y la formación continua en tecnología. Proporcionar programas de capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas a los empleados públicos, promover que en los colegios profesionales, los abogados, los graduados sociales, los procuradores, se proporcionen cursos avanzados para el uso de las nuevas herramientas para aquellas personas que lo necesiten como profesionales, a los jueces, a los abogados y al personal judicial para garantizar una adopción efectiva de las nuevas tecnologías.

Estas medidas podrían fortalecer la Administración de Justicia y garantizar un servicio público más eficiente, accesible y transparente, siendo necesario para ello la colaboración entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.

En resumen, la digitalización y la modernización de la Administración de Justicia en Canarias es más que una transformación tecnológica. Tiene que ver un compromiso con la igualdad, la eficiencia y la transparencia en la aplicación de esta ley.

Señora consejera, deseo expresar nuestro firme respaldo y disposición a colaborar en su arduo trabajo para la digitalización en la Administración de Justicia. Reconocemos la importancia de su labor y estamos comprometidos a brindarle el apoyo necesario desde nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular. Confiamos en su liderazgo y dedicación para enfrentar los desafíos que se presentan y nos comprometemos a trabajar juntos en pos del bienestar de nuestra comunidad.

Muchas gracias. (Palmoteos).

La señora presidenta: Muchas gracias, señora Muñoz.

Tiempo de intervención ahora, para finalizar el debate de la comparecencia, la señora consejera de Presidencia.

La señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (Barreto Hernández): Muchas gracias, presidenta, señorías.

Eh... vamos a ver, si les parece, algunos me preguntaban por las acciones concretas, como he intentado resumirlas, voy a intentar responder a aquello en lo que no..., sobre lo que no intervine en la primera parte de la comparecencia.

Me decía el señor diputado don Raúl Acosta que..., me preguntaba por los medios digitales, bueno, los medios digitales, hay contratos ya para digitalización, para los ordenadores, etcétera, dentro de los que tenemos adjudicados, ahora lo diré al final. En cuanto a los órganos... a los edificios judiciales, Palacio de Justicia de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario resolvió el problema urbanístico que tenía la parcela y estamos en fase de cesión, no creo que tarde mucho más, y el Ayuntamiento, en el caso del Palacio de Justicia de Santa Cruz de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ya llevó a pleno la semana pasada la cesión del suelo. Ahora tenemos que hacer los convenios y, por lo tanto, hacer efectivo el acuerdo al que vamos a llegar para la edificación.

El señor Ramos Chinea me hablaba de falta de medios. Estamos, como decía, en fase de contratos, y hablaba de la intervención que hacía el señor presidente del TSJ en la comisión, hablaba de la memoria de justicia del año 2022, es verdad que tenemos algunos de los problemas que se reseñan ahí, están en fase de solución. Los juzgados de... o los edificios, los que... en estos los órganos judiciales nuevos, en Granadilla y San Bartolomé, saben, porque lo he dicho en algunas ocasiones, que requerían el alquiler de locales, no había alquiler iniciado cuando llegamos a la consejería, están iniciados y en fase de terminar en la Dirección General de Patrimonio y, por lo tanto, se incorporarán, aparte de eso, una vez que tengamos los locales, pues, es dotarlos.

La señora Jover también hacía referencia a la memoria de justicia del año 2022, en cuanto a las infraestructuras y también a los medios digitales. Como decía, ahora al final termino detallando lo que hemos hecho con los fondos MMR, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la estrategia y que tiene que ver con la necesidad de dotar de más medios digitales. Y luego, algunas cuestiones que me ha planteado, que consultaré y se las trasladaré.

Sobre el Decreto 6/2023, pues se abre un reto, señora Hernández, en su aplicación. Yo nombraba la carpeta judicial porque nos parece de lo más novedoso, no es lo único, tiene un paquete de medidas digitales y otro paquete de medidas procesales. Bueno, pues ahora tenemos que abrir la fase de aplicación y, además, en las cosas que tengan que ver o que estén relacionadas con la parte que pueda vincularse a la estrategia, pues, implementarlo y desarrollarlo. Es verdad que la carpeta judicial ha abierto como mucha expectativa y en el fondo viene a ayudar al ciudadano, al que tenga que verse en algún proceso de este tipo, pues, que pueda acceder de manera sencilla.

En cuanto a..., agradezco la intervención, como decía antes, de la señora Muñoz y agradezco la mano tendida para colaborar en esto.

En cuanto a los fondos, que me han preguntado algunas de sus señorías. Vamos a ver, la estrategia es un documento importante, decía la señora Cabrera que es la primera, bueno, nace del estudio y de la evaluación que se hace en 2016-2019, pero esta estrategia, al menos quiero pensar y yo creo que es lo importante, sería lo importante, plantearnos, teniendo la evaluación 2016-2019, que era necesaria una estrategia para la digitalización de los órganos judiciales ya había quedado claro, no nace solo por el COVID, el COVID es una consecuencia que nos hace entender que si esto lo hubiéramos tenido implantado antes, pues, posiblemente las cosas hubieran sido diferentes, pero no nace solo por eso, al menos es lo que nos gustaría pensar. La estrategia nace porque se hace un estudio previo en el que ya se concluye que es necesario trabajar en este sentido, y se aprueba la primera estrategia, que tenía... que, por lo tanto, he dicho que es un buen documento, es verdad, pero si lo dejamos solo en papel y en documento no sirve de nada, además hay que gestionarlo y ejecutarlo, y en esto es lo que creo -poniendo por delante que ha sido un buen documento y que es un buen documento con el que estamos trabajando-, creo que faltó gestión e impulso a la ejecución de la misma y, por supuesto, a los fondos que se añadían de fondos europeos para poder sacarlos adelante.

Y le doy los datos. Vamos a ver, hay un paquete de, lo decía antes, de más de veintidós millones de euros destinados a distintos proyectos que tenían que ver con fondos europeos para poder también implantar medios, poner en marcha acciones -para decirlo correctamente- de la propia estrategia. En 2022 solo se ejecutaron 315 000 euros, y eso es lo que había ejecutado cuando llegamos al Gobierno; en 2023 no se había hecho nada de ejecución, y el plazo para adjudicar todos los proyectos era 31 de diciembre de 2023, aprobado así por la Conferencia Sectorial de Justicia. Seis meses para ejecutar más de veintiún millones de euros, para adjudicar todos esos contratos. El 31 de diciembre de 2023 se lograron dejar adjudicados todos esos contratos que le paso a relatar.

Al final los fondos para la de... para la oficina de gestión y de proyectos, más de un millón trescientos mil euros, en mantenimiento y soporte del programa Atlante más de seis millones trescientos mil euros, más de seis millones en la digitalización de expedientes y archivos judiciales, más de cuatro millones en el sistema de gestión de información de los institutos de medicina legal y los laboratorios forenses, y fuera de los fondos europeos contratamos más de un millón setecientos mil euros para las dobles pantallas, que, como me preguntaba el señor Acosta también en una comparecencia en comisión, están ya adjudicados y, por lo tanto, en el proceso de que terminen de ejecutarse ambos servicios.

Como les decía, se ha conseguido que tengamos plazo hasta el 31 de diciembre de este año -se ha prorrogado un año más la estrategia- para poder terminar, pues, entre otras cosas todos los fondos, los contratos adjudicados que le he dicho que han quedado a 31 de diciembre de 2023.

Y con esto me gustaría añadir también que la parte fundamental en la digitalización es el personal, si no reforzamos también en personal, si no seguimos trabajando en este sentido..., algunas de sus señorías me han preguntado por eso y yo no lo dije en la primera parte de la intervención porque hablábamos solo de la estrategia. Sí quiero decir que desde la consejería estamos haciendo un esfuerzo por reforzar personal, la misma semana pasada en la mesa sectorial se acordó reforzar con 17 trabajadores para los juzgados de la provincia de Las Palmas, 8 para los de Tenerife, y a eso hay que añadir el refuerzo que se lleva haciendo desde el verano pasado a los dos IML de ambas provincias, y hemos acordado también, o hemos puesto solución, a una amplia demanda del personal del juzgado de instrucción, el que lleva violencia contra la infancia y adolescencia, que llevaba tiempo reivindicando una mejora en cuanto a complementos para todo el personal por la carga de trabajo. Así lo hemos hecho y, además, hemos acordado que tenga efectos retroactivos de 1 de enero de 2024.

Le agradezco la comparecencia, seguiremos avanzando porque queda mucho trabajo que hacer para, de verdad, conseguir tener una Administración de Justicia digitalizada y el plazo que tenemos es corto, y en eso seguimos trabajando.

Gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora consejera.