Diario de Sesiones 32, de fecha 10/4/2024
Punto 16

11L/DL-0007 Convalidación o derogación de decreto ley. Por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja

La señora presidenta: Hemos finalizado y, por lo tanto, vamos ahora a debatir la convalidación del Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

Tiene la palabra el Gobierno por tiempo de cinco minutos. Señora consejera, cuando quiera.

La señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (Barreto Hernández): Gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos.

Vuelvo a esta tribuna a hablar de un nuevo decreto, en este caso otro decreto ley de los que el Gobierno de Canarias, cuando tomamos posesión, pusimos en la hoja de ruta que hemos emprendido para la recuperación económica y social de La Palma. Anunciaba en esa primera comparecencia que tuve, explicando la hoja de ruta, que traíamos... -¿no se oye? Vale. ¿Ahora?-, que traíamos, íbamos a traer varios decretos leyes, además de que pondríamos en marcha el plan de pagos, que, como habíamos dicho en varias ocasiones, estaría integrado por 150 millones de euros: 50 del Gobierno de Canarias, 100 del Estado.

Pues bien, este es el tercer decreto, hoy traemos dos, el agrario y el de vivienda. Tercero, porque dentro del territorial, que todavía está en fase de tramitación para aprobarse como proyecto de ley en este Parlamento, modificábamos también el decreto de suelo rústico y quedaría un decreto pendiente, en el que estamos trabajando, que es el de los suelos estratégicos para la zona del valle de Aridane afectada por el volcán.

Este decreto se tramitará también como proyecto de ley con la voluntad de que durante el periodo de enmiendas podamos mejorar la redacción, incluso no solo con las aportaciones que nos hagan los grupos parlamentarios, sino también con las aportaciones que durante sus primeros meses de aplicación nos puedan hacer los ayuntamientos y los propios técnicos del cabildo insular, perfeccionar la redacción de alguna manera.

De este modo, el decreto de vivienda, y muy brevemente lo explicaré, saben que es un decreto cortito, de 11 artículos, pende del decreto de vivienda pública de Canarias, ese que es para todas las islas, pero es claro que, en el caso de La Palma, a raíz de lo que ha sucedido con el volcán, de la pérdida de 1583 viviendas de uso residencial, era necesario un plus en el caso de la normativa que tiene que regular la vivienda protegida. Eso es lo que es este decreto ley de vivienda pública para La Palma.

Durante varios meses el Instituto Canario de la Vivienda lleva trabajando con los ayuntamientos de la isla, solicitándoles la puesta a disposición de parcelas públicas para la construcción de viviendas. Este decreto recoge 15 de esas parcelas, no todas están en el decreto, de las puestas a disposición, pero sí aquellas que contemplaban algún problema por el que no podíamos construir directamente. Parcelas, como en el caso de Los Llanos de Aridane, 3 de ellas que eran urbanizables en el momento en que el plan general estaba en vigor y que cayó y, por lo tanto, no lo son, parcelas que quizás, en otro caso, los ayuntamientos han decidido cambiarles el uso y, por lo tanto, destinarlas a uso de vivienda, o parcelas que tenían una calificación de dos tipos de uso en una misma parcela y que, por lo tanto, necesitábamos arreglar. Esas son las 15 parcelas que recoge este decreto.

Importante también para nosotros, y por eso el decreto está abierto a todos los municipios de la isla, no podemos olvidar las 531 personas que estaban ya en lista solicitando..., demandantes de vivienda protegida antes de que estallara el volcán. A esas 535 hay que añadir las que, una vez efectuado el plan de pago de esas primeras viviendas en los próximos meses, no puedan acceder a una vivienda porque la valoración de la suya en aquel momento hoy no permite acceder a ninguna y tienen que tener la posibilidad de optar a una vivienda.

En este caso, señorías, en cuanto a la urgente y extraordinaria necesidad, si hablamos de un problema habitacional en La Palma yo creo que todos somos conscientes de lo necesario, de lo urgente y de lo extraordinario como justificación para haber aprobado esta norma vía decreto ley, porque además no terminará de ser urgente y extraordinaria la situación de La Palma hasta que no terminemos de cerrar esa herida, es decir, de poner todas las soluciones que necesitamos poner para que la gente pueda hacer vida.

Es urgente, por tanto, dar solución definitiva al problema habitacional, también para aquellas personas que estando hoy en viviendas provisionales, de madera o casas contenedor, no puedan acceder a una vivienda cuando cobren el valor de su propiedad perdida.

El decreto ley simplifica procedimientos y reduce plazos, igual que lo hace el general, permitiendo adjudicar proyecto y obra, y además nos permite que, con la competencia al cabildo, el cabildo también colabore en la construcción de viviendas. Para eso ya el cabildo recibió una transferencia de 24 millones de euros, para la compra y construcción de viviendas.

Y, por último, quiero resaltar algo que dijo esta mañana el presidente del Gobierno que para nosotros es importante, especialmente en las islas no capitalinas: que el decreto de vivienda pública por primera vez regule en este caso los módulos, es decir, el coste real de lo que cuesta una construcción en las islas no capitalinas es importante para garantizar que las ejecuciones comiencen y terminen en plazo.

Muchas gracias, señorías, y, como decía, la voluntad es recoger aquellas enmiendas que no desvirtúan el...

La señora presidenta: Gracias, señora consejera.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Mixto-Agrupación Herreña Independiente.

Tiene la palabra.

El señor Acosta Armas (desde su escaño): Presidenta.

Señora consejera, gracias por la explicación de este decreto, del que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, la última en la Comisión de Cabildos. Y estamos de acuerdo en que era un decreto muy necesario, que se tenía que llevar a cabo lo antes posible, los palmeros y las palmeras estaban esperando por él -y como dijo la representante del Cabildo de La Palma- como agua de mayo, y por eso celebramos que se haga, pero no solo que se lleve a aprobación, sino que también se haga como proyecto de ley, porque efectivamente se podrá mejorar desde el punto de vista técnico. No quiero que esto se convierta en un debate político, sino en un debate técnico donde, en función de la información y ese feedback que nos den los tres municipios afectados, así como el cabildo y los informes técnicos que tienen que emitir, nos digan qué mejoras se pueden realizar de carácter interpretativo para luego no tener una aplicación dispar en los tres municipios implicados.

Por esa razón, tenemos que ser serios y también felicitar el gran trabajo que se ha realizado, de recoger todas esas aportaciones ciudadanas en las oficinas abiertas al público para que estos decretos cuenten con el mayor consenso posible y, dentro de la desgracia que ha sucedido, que se pueda tener en consideración la mayor parte de la casuística que se puede realizar, en tipos y tipología de suelo muy diferentes, pero la finalidad es que los palmeros y las palmeras puedan reconstruir su vivienda, puedan tener otra vez lo que la lava les llevó, y por eso debemos trabajar.

Así que la felicito por ese trabajo que está realizando y esperamos que podamos, en este trámite parlamentario, mejorar sustancialmente la norma para que ayude a los palmeros y a las palmeras.

Gracias.

La señora presidenta: Muchas gracias.

Tiene la palabra la Agrupación Socialista Gomera. Cuando quiera.

La señora Mendoza Rodríguez (desde su escaño): Gracias, presidenta.

Bueno, consejera, señorías, ya tuvimos, como ha dicho también el compañero Raúl, la ocasión de debatir sobre este decreto ley en la pasada Comisión de Cabildos y volvemos a decir lo mismo: este decreto ley no es la solución definitiva a todas las necesidades alojativas de las familias afectadas por la pasada erupción volcánica, pero sí que era un decreto ley necesario y sí que es un decreto ley que muestra un paso más por parte del Gobierno en la tarea o más bien en la responsabilidad que tiene el Gobierno de darle respuesta a la sociedad palmera, la responsabilidad de ir devolviéndole poco a poco esa normalidad que en su momento le fue arrebatada.

Es obligación del Gobierno utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para poder avanzar a la mayor celeridad posible, para dar una respuesta lo más adecuada y lo más ajustada a las necesidades de los palmeros y las palmeras y, por eso, nos parece que este decreto ley viene a cumplir con esa necesidad y con esa urgencia.

Va a contar con el respaldo de la Agrupación Socialista Gomera. Ojalá también, como dijo el compañero Nicasio en la Comisión de Cabildos, existiesen muchos más decretos leyes como este que sirvan para acortar plazos y que nos permitiesen poder ser más ágiles en una Administración donde los plazos y, lamentablemente, la burocracia nos consumen y nos comen día a día.

Decir también que este decreto ley cuenta con el visto bueno por parte del Consejo Consultivo y también, por otro lado, nos consta que se le dio audiencia al Consejo Municipal de Canarias y, como he dicho, también en esta Cámara se cumplió con la audiencia que se debe hacer a los distintos representantes de los siete cabildos insulares.

Por tanto, reitero, mostrando el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera a este decreto ley, al igual que lo hemos hecho con todos los decretos leyes que vienen a solventar, a ayudar, a colaborar, a acortar plazos, a intentar, como he dicho al principio de mi intervención, devolverle la normalidad a la vida de los palmeros y las palmeras.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Mendoza.

Grupo Parlamentario VOX.

La señora Jover Linares: Gracias, presidenta.

La erupción de La Palma sepultó infraestructuras y, lo más grave de todo probablemente, más de 1583 hogares. Estas personas, estos vecinos del valle de Aridane, tuvieron que buscar albergues, casas de familiares, comenzaron a vivir en contenedores, en casas de madera y algunos incluso fuera de la isla.

Las administraciones públicas hasta ahora no han podido dar una solución definitiva a esta dura realidad. Es cierto que el Decreto Ley 1/2022, de medidas urgentes para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales, inició una senda en el sentido de devolver a los vecinos de La Palma ese techo de su propiedad donde vivir y parece ser que ahora, con este nuevo decreto ley, se da un paso definitivo.

VOX desde el comienzo de la legislatura ha apoyado firmemente esa recuperación de La Palma, empezando por dar el visto bueno a ese viceconsejero específico que pretende atender las necesidades específicas de La Palma. También esperamos próximamente poder estudiar, analizar e impulsar esa ley de volcanes, que cerrará este marco normativo, que permitirá que actuemos mejor y más rápido en futuras ocasiones ante catástrofes como esta. Y también hemos apoyado el decreto ley de materia territorial y urbanística y cómo no íbamos a aprobar este otro, que al final es una consecuencia. ¿De qué sirve adoptar medidas y actuaciones sobre un territorio si luego sobre él no se hace nada? Lo mismo a continuación en relación con el decreto ley de recuperación agrícola y quedamos a la espera de ese último decreto ley en recuperación industrial y económica.

Por lo tanto, y ya entrando en el contenido de este decreto ley, señora consejera, consideramos que efectivamente, tal como indica el Consejo Consultivo, se dan los requisitos para que se pueda aprobar el decreto ley y, además, vemos muy positivo que se justifique adecuadamente la no aplicación del principio de no regresión. Pero, además, en cuanto a su contenido, está ajustado al ordenamiento jurídico, si bien el Consejo Consultivo hace algunas observaciones, algunas de las cuales nos parecen tan fundamentales que nos alegramos de poder escuchar que podrá ser tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia para su mejora.

Y ya, sin entrar más en profundidad en el contenido, lo que haremos próximamente, sí que quiero destacar tres preceptos que nos han parecido especialmente interesantes. En primer lugar, la disposición final segunda, que por fin parece que con carácter definitivo va a aclarar las competencias de los cabildos en lo que a vivienda se refiere, y también, y como ya se ha mencionado por nuestro portavoz en la Comisión General de Cabildos Insulares, incluso ahora por la compañera de ASG, esos dos artículos 5 y 7, que pretenden simplificar los trámites. El artículo 5, gracias a que establece un año para que los ayuntamientos presenten esos acuerdos de sus plenarios respecto a las parcelas, porque, si no, se pierde esa posibilidad excepcional que obtienen a través del decreto ley, es un ejemplo de simplificación y agilización de trámites. Pero también el artículo 7, que permite la licitación conjunta de un proyecto y de una obra. Esperamos que estas medidas, que dan seguridad jurídica y transparencia, se impongan en Canarias, no como, por ejemplo, lo que se planteaba en el último pleno de recurrir a la emergencia por recurrir a la emergencia sin aportar absolutamente seguridad jurídica a los palmeros.

Este tipo de medidas, por lo tanto, son bienvenidas por nuestro grupo parlamentario. Deseamos que no sean un brindis al sol, que logren los efectos que prevén.

Y sí que, señora consejera, agradeceríamos que, según lo que establece el artículo 84 de la Ley 4/2023, de Presidencia del Gobierno de Canarias, por parte de su consejería, del viceconsejero, y en coordinación con Presidencia, se lleve a cabo, dado que este es un paquete muy cerrado que pretende unos objetivos muy concretos, una evaluación de qué se está logrando con estos decretos leyes y que se publique en el Portal de Transparencia, como le menciono, artículo 84 de la Ley 4/2023.

Para finalizar ya, nuestra solidaridad con La Palma, porque el bien de los palmeros es el bien de los canarios y el bien de los españoles.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Jover.

Tiempo de intervención para Nueva Canarias-Bloque Canarista.

La señora González González: Gracias, presidenta. Señorías.

Consejera, la situación que han vivido y en algunos casos siguen sufriendo los palmeros y las palmeras afectados por la erupción volcánica de Cumbre Vieja es algo que entendemos difícil de imaginar hasta el momento en el que se vive y que, por supuesto, obliga a todas las administraciones a continuar actuando para, en la medida de lo posible, dar respuesta a esas familias afectadas de volver a sus lugares de origen, rehabilitando las comunidades vecinales que fueron deslocalizadas tras la tragedia. Y sobre esto, señora Barreto, le garantizo que los palmeros y palmeras cuentan con todo el apoyo de mi formación política, cuentan con todo el apoyo de Nueva Canarias-Bloque Canarista para este fin.

Pero, dicho esto, sobre el resto del contenido del decreto ley, muchas, muchísimas cosas que objetar. En primer lugar, y según lo manifestado en la exposición de motivos, sobre el hecho de que las medidas contenidas en el decreto ley van dirigidas a la construcción de viviendas protegidas para dar solución habitacional a las familias que en el proceso eruptivo de Cumbre Vieja se quedaron sin viviendas, sorprende que no haya suelo para el municipio de Tazacorte para la construcción de esas viviendas. Y la pregunta es, ¿es que en Tazacorte no hay ninguna familia afectada por el volcán que necesite acogerse a esta medida?

En segundo lugar, el documento habla de 1345 viviendas que fueron destruidas por la lava y 129 familias que siguen alojadas en casas contenedores y casas modulares, previstas como una solución habitacional provisional. Y lo primero que sería conveniente saber, por razones de transparencia, es cuántas familias son las que quieren acogerse a la solución que plantea este decreto ley, a qué municipio pertenecen y cuántas no quieren seguir viviendo en el valle de Aridane, sino que prefieren irse a otro municipio de la isla y, además, a qué municipio. Y pregunto esto último porque, como bien sabe o debería saber, el decreto de adjudicación de viviendas permite en casos determinados que, a falta de vivienda pública en el municipio de residencia del peticionario, se le pueda asignar en un municipio colindante. Pero, salvo que la gran mayoría de los afectados desee acogerse a esta propuesta, que, insisto, desconocemos su número, sean, además de El Paso, que es colindante con todos los municipios de La Palma excepto con Tazacorte, el hecho de que de 15 de las parcelas que figuran en el anexo solo seis estén localizadas en el valle de Aridane resulta como poco sorprendente.

Y, como remate, que algunos de estos suelos sean rústicos de protección paisajística o de protección agraria o que en uno de ellos además esté conformado por una parte de espacio libre y que además queden excluidos de evaluación de impacto ambiental, y que se justifique poniendo por delante a afectados por el volcán, entiendo que es no tener ni una pizca de vergüenza. Cuando más aún, en este propio decreto ley, en una disposición adicional, corrige lo que pone el decreto ley de emergencia habitacional, donde dice que, efectivamente, en espacios libres y en zonas verdes se pueden construir viviendas.

En cuarto lugar, otra de las argucias que no me parecen razonables, que es aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y nuevamente poniendo por delante la tragedia vivida por las familias a las que el volcán arrebató su casa, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, y, repito, entendiendo que están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en el decreto ley, no solo regula para las familias afectadas por el volcán, sino para todas las familias palmeras demandantes de vivienda protegida. Y yo la pregunta que le hago es qué razón existe para que este Gobierno dé un trato preferente a los demandantes de vivienda protegida, a los vulnerables en La Palma, no afectados por el volcán, que al resto de las familias canarias vulnerables que residen en el resto de las siete islas. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista afirmamos que no existen razones para ese trato preferente a unos canarios sobre los otros con el mismo grado de vulnerabilidad y, además... o sea, solo por el hecho de residir en La Palma, salvo, claro está, el interés de Coalición Canaria en general, señora Barreto, de usted, en seguir acumulando votos en su isla.

Y podría seguir relatando, pero las limitaciones de tiempo me lo impiden, pero sí le afirmo que desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, por seriedad, por rigurosidad, por solidaridad y por ecuanimidad, defendemos que dar las soluciones a los problemas de todos y todas las canarias, no se soluciona con decisiones discrecionales y mucho menos arbitrarias. Razón por la que mi grupo parlamentario no va a apoyar este decreto ley.

La señora presidenta: Gracias, señora González.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Qadri Hijazo, tiene la palabra.

El señor Qadri Hijazo: Gracias, presidenta. Señorías.

Hemos hablado largo y tendido en este Parlamento sobre la falta de vivienda que hay en Canarias y cómo se ha agudizado en La Palma tras la última crisis volcánica. De ahí yo creo que la importancia de sacar este decreto adelante y cuanto antes. Hay un ambicioso plan de vivienda pública para la isla: 700 viviendas y más de cien millones de euros.

Y, efectivamente, señora Esther, el volcán afectó a todos los municipios. Yo tengo personas de la zona del valle viviendo en Barlovento, donde soy alcalde, donde ya han emprendido una nueva vida allí, donde no tienen vivienda y tienen derecho a acceder a una vivienda pública también, igual que si hubieran estado en el valle.

Como digo, se beneficiarán en primer lugar, por supuesto, de este decreto las personas afectadas por el volcán en la zona del valle de Aridane y luego el resto, siguiendo criterios, como hasta ahora, de reparto de vivienda pública, rentas familiares, unidad de convivencia familiar. Y, como digo, espero que llegue a todos los municipios y a todos los rincones de la isla, porque el volcán nos afectó a todos, en distinta manera, pero a todos.

Un decreto por el que veo que están empujando todas las administraciones por igual, es algo positivo, ya no solo el Gobierno de Canarias y ayuntamientos, sino, como ha dicho la consejera, el propio cabildo, subvencionándonos a nosotros la compra de suelo para destinarlo a vivienda pública.

Señorías, este decreto persigue principalmente dos objetivos. Primero, simplificar los trámites, eliminar burocracia a la hora de ceder estos suelos al Gobierno de Canarias, y donde sabemos que a partir del momento en que se cedan las condiciones de edificabilidad que van a prevalecer son las del propio decreto, por encima de planeamientos municipales o incluso insulares, y también se permitirá la adjudicación conjunta de proyecto y obra.

El segundo de los objetivos es poner suelo a disposición del Gobierno, como es lógico, suelo residencial, suelo urbanizable, promociones o viviendas inacabadas. Pero quiero detenerme en tres aspectos novedosos, en tres aspectos que pueden generar muchas oportunidades en todos los municipios de la isla y deberemos prestar especial interés.

El primero es la posibilidad de hacer vivienda pública en suelo rústico, catalogado como asentamiento rural, y por el que yo particularmente aquí llevo años luchando. Estamos hablando de hacer vivienda pública en barrios de los municipios más rurales, donde es prácticamente imposible fijar población, fijar población joven, donde es muy difícil mejorar los servicios, donde vemos como año a año cierran escuelas unitarias por falta de niños y donde tenemos que intentar con medidas como esta incentivar la economía a partir del sector primario, sobre todo vinculado a la agricultura y a la ganadería.

El segundo de estos suelos que se pueden habilitar para vivienda pública es el de equipamiento municipal. Miren, señorías, no es dejar de hacer un parque infantil o un centro social para hacer vivienda pública. Dentro de nuestras tramas urbanas tenemos mucho suelo que por ley lo tenemos que destinar a equipamientos pero que no tenemos ningún proyecto o ninguna acción pensada para realizar en ellos, son pastillas residuales que quedan dentro de nuestras tramas urbanas, y con esto podemos darle el mejor de los usos, que es vivienda protegida, vivienda pública. Y puede dar pie a mejorar los servicios en esas zonas o incluso a que nazcan a raíz de eso viviendas de iniciativa privada.

El último de estos suelos de los que quiero detenerme a explicar es el de los planes turísticos. Miren, en todos los municipios, muchos de nosotros tenemos suelos, planes de acción turística que llevan décadas y décadas paralizados, porque no son atractivos a lo mejor para los inversores o porque tienen muchos tipos de trabas burocráticas y se eternizan, y son ahora mismo suelos de gran superficie llenos de maleza o vertederos improvisados. Y ahora, destinando un tercio de ese suelo a vivienda pública, podemos darles un uso residencial. Podemos hacer que los dueños, los propietarios de esas parcelas puedan hacer viviendas, locales comerciales, llevar servicios, generar economía, generar habitabilidad y recursos para unos suelos, como digo, que estaban abocados al fracaso.

Señorías, es un decreto que va más allá de la recuperación de La Palma, es un decreto que abre una puerta a muchos municipios para crecer, para fijar población, para desbloquear suelos.

Quiero destacar la valentía de este Gobierno para tomar decisiones como este decreto, como también el de vivienda vacacional. Hacía falta un Gobierno que tomara decisiones desde la cercanía, tomara decisiones desde el diálogo, pero con la responsabilidad que conlleva el cargo que tenemos... (Corte automático del sonido).

La señora presidenta: Gracias, señor Qadri.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Nacionalista Canario. Señor Pérez Llamas.

El señor Pérez Llamas: Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías.

Señora González, de Nueva Canarias, desde luego decir que no existen razones para dar un trato preferente a los palmeros es tener un desconocimiento pleno y absoluto de lo que ha sucedido en La Palma. El volcán empezó el 19 de septiembre de 2021 y no ha terminado.

También otro desconocimiento, habla usted de que a Tazacorte no se le dieron parcelas. Claro que sí, se dieron dos parcelas en la legislatura anterior, donde ni siquiera adjudicaron el proyecto. No se preocupe, lo hemos hecho nosotros en esta legislatura y en breve se estarán asentando los primeros bloques para construir vivienda protegida en Tazacorte.

Señorías, cuando uno pone en la balanza los pros y los contras de dedicar tiempo y esfuerzo al bienestar social a través de la política, lo que realmente decanta la balanza son acciones como esta: aprobar un decreto ley para agilizar la construcción de vivienda protegida que ha de destinarse a personas damnificadas por el volcán de La Palma. Subrayar que ya hemos aprobado varios decretos, como se ha dicho aquí en este día, pero este decreto es un antes y un después, porque se dan las medidas legislativas y jurídicas para ayudar a la Administración pública, para a su vez ayudar a que se atiendan las necesidades de vivienda de los ciudadanos de la isla de La Palma afectados por la erupción volcánica, ayudar a ayudar. Y es que en ocasiones excepcionales la Administración pública tiene que poner medidas para flexibilizar la legislación, que, siendo correcta, en muchos casos extraordinarios las acciones administrativas pierden eficiencia y eficacia y tienen que ser moduladas a través de un decreto ley. En este caso, además, ninguna de las parcelas referidas, esas quince parcelas que se nombraban, se habían cedido por parte de ocho ayuntamientos, ninguna tiene un alto grado de protección. Ya lo dice además el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, cuando manifiesta que se aprecia la existencia de la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este decreto y también que en supuestos excepcionales cabe la modificación de la calificación del suelo, haciéndose eco además de una sentencia del Tribunal Supremo.

Nosotros nos debemos al interés público y este a la ciudadanía, y para ello este decreto ofrece medidas extraordinarias acotadas a una duración determinada y bajo el amparo de la construcción de vivienda pública protegida que dé solución a las familias, que, por desgracia, no han podido elegir y lo han perdido todo.

Recordamos que no todas las personas afectadas han tenido la posibilidad económica de reconstruir en la isla, de reemprender, por diversos motivos. Muchas personas, además, damnificadas por el volcán son ahora demandantes de vivienda protegida, que se suman a las que ya estaban antes y que no tenían acceso a la vivienda.

Este decreto se ocupa de esta realidad de una manera decidida. Se produce la declaración de interés general para poder agilizar los trámites, que las administraciones públicas, especialmente las entidades locales de la isla, puedan ceder terreno, como ya lo han hecho, al Gobierno de Canarias para la la construcción de viviendas, de manera rápida y eficaz.

Desde la entrada en vigor del decreto, los terrenos donde se localizan las construcciones de viviendas protegidas tendrán esa calificación de suelo urbano consolidado, lo dicho, para agilizar la construcción. Esta es, sin duda, una de las características más beneficiosas para la agilización de lo que decíamos, la agilización de procesos de construcción de vivienda pública, porque las dificultades de la planificación territorial, en muchos casos obsoleta o en revisión, hacen prácticamente imposible la cesión de suelo por otra vía.

Además, se podrá acometer de manera conjunta la contratación de proyecto y de obra, que nuevamente quienes estamos a pie de la Administración sabemos la dificultad que esto entraña y especialmente, reiteramos, en los plazos, que se vuelven inasumibles. Se concede la exención de la obligatoriedad para la Administración de presentar informes de evaluación ambiental, tal y como se ha comentado.

Finalizo, señorías, y no voy a seguir ahondando en este tema, ya lo ha explicado perfectamente nuestra consejera de Presidencia y también se explicó en la Comisión de Cabildos, pero sí quiero acabar con una reflexión. La ciudadanía espera de sus representantes acción y, una vez más, nuestro Grupo Nacionalista y este nuevo Gobierno de Canarias siguen generando acciones que solucionan los problemas de la ciudadanía, en este caso concreto a los damnificados de mi isla, de La Palma, que no pudieron elegir perder su vivienda con el volcán, no pudieron elegir vivir en contenedores o en casas de madera, pero ahora nosotros, afortunadamente, sí podemos elegir, y lo estamos haciendo aquí en el día de hoy; elegimos trabajar para ofrecerles recuperar sus proyectos de vida en viviendas definitivas.

Así que espero contar con el apoyo de toda esta Cámara y, sobre todo, de los diputados palmeros, sí, de los diputados palmeros, porque este decreto afecta a nuestra isla, a La Palma, y que luego tengan la posibilidad de hacer aportaciones en su trámite como proyecto de ley.

Muchísimas gracias y buenos días.

La señora presidenta: Gracias, señor Pérez.

Finaliza el debate el Grupo Socialista Canario.

(La señora González González solicita la palabra).

Un momentito.

¿Sí?

La señora González González (desde su escaño): Perdón, presidenta, yo, cuando termine si quiere el portavoz del Grupo Socialista, quería solicitarle un minuto por inexactitudes que ha dicho el señor Llamas respecto a mis palabras.

La señora presidenta: Perfecto, cuando terminemos el debate, le doy un minuto y me dice exactamente en qué ha sido usted contradicha o por inexactitud, y usted me especifica por lo que es.

Señor Abrante, tiene usted la palabra.

El señor Abrante Brito: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Este decreto ley que hoy se trae a la Cámara para su convalidación nos genera muchísimas dudas jurídicas, pero si algo tenemos claro es que realmente no se piensa en los afectados del volcán. Parece que se defienden otros intereses que ya tendrán que explicar ustedes a la sociedad palmera.

Ya les adelanto que el Grupo Socialista va a abstenerse en este decreto ley, pero no porque entendamos que este decreto ley sea mejorable, que indudablemente lo es, sino porque entendemos que es fundamental la construcción de vivienda pública para atender a los damnificados del volcán, pero, aun así, no compartimos en absoluto las formas jurídicas ni mucho menos la falta de transparencia y no contar con la opinión de los afectados.

Para empezar, observamos cómo se sigue legislando incumpliendo los principios de buena regulación, como una vez más pone en evidencia el Consejo Consultivo, quebrando con ello el principio de seguridad jurídica. Excede con creces la ley de vivienda estatal, ya que desplaza los instrumentos insulares y municipales, derogando normas elementales del sistema de planeamiento urbanístico y de clasificación de suelo, de aplicación básica autonómica y estatal. Tanto es así que, como bien aclara el Consejo Consultivo y haciendo referencia al Tribunal Constitucional, hay jurisprudencia que dictamina que la exclusión de los actos preventivos de control municipal no respeta la garantía constitucional de la autonomía local. Tampoco hay que olvidar que la interpretación y aplicación de este decreto ley, en su disposición adicional segunda, puede traer serios problemas en su ejecución. Dice textualmente: "Lo dispuesto en esta disposición y, en particular, en el apartado anterior lo es sin perjuicio del obligado cumplimiento de la legislación estatal correspondiente". Señorías, quisiera saber cuál será la interpretación técnica de este decreto ley y su aplicación real y efectiva.

Mucho me temo que, con las contradicciones que tiene con respecto a la legislación estatal, las interpretaciones puedan ser muy restrictivas, con lo que este decreto ley puede quedar simplemente en papel mojado. Por lo que, una vez más, con su populismo característico, crean ilusiones a los afectados que probablemente no se vayan a poder materializar. Repito, puro populismo.

Pero hay más, señorías, el propio Consejo Consultivo establece que con la redacción actual puede haber desequilibrios económicos y situaciones injustas entre afectados y con respecto a la Administración. Y no lo decimos nosotros, señorías, lo dice el Consejo Consultivo. ¿Acaso queda claro en este texto quiénes son los beneficiarios de estas viviendas? Pues no, señorías, tampoco queda claro eso. Su redacción es ambigua y puede dejar fuera a afectados y afectadas.

Desde el Partido Socialista exigimos un catálogo que garantice a todos los afectados una vivienda digna. En ese catálogo debe establecerse el número de afectados que tienen derecho a las viviendas públicas y con ello sabremos cuántas viviendas hay que ejecutar y sabremos si el suelo público disponible es suficiente para atender las necesidades de los afectados. ¿Por qué, sin saber el número de viviendas que hacen falta con respecto al suelo disponible, se abre la posibilidad de adquirir suelo a terceros en el decreto ley? En su informe, el Consejo Consultivo también establece que no se justifica suficientemente la reclasificación de determinadas parcelas donde se pretenden llevar a cabo viviendas. ¿Por qué no se justifica?, ¿qué intereses hay?

Y luego está -y esto también es asombroso- que toda actuación, cualquier actuación, estará exenta de declaración de impacto ambiental. ¿Acaso no saben que ello va en contra de lo que ha dictado el Tribunal Constitucional y que para ello hay que justificarlo muy exhaustivamente? Por supuesto que no lo han hecho y así también lo recuerda el Consejo Consultivo.

Pero voy más allá: ¿acaso este Gobierno, por lo menos usted, señora Barreto, que es palmera, no sabe que La Palma tiene un régimen especial como es la reserva de la biosfera?

Señores del Gobierno, ¿ustedes les han preguntado realmente a los afectados qué es lo que quieren? A ustedes se les llena la boca con que este y otros decretos de reconstrucción los tramitan pensando en los afectados, y nada más lejos de la realidad. No sé qué intereses persiguen, pero no lo hagan nunca en nombre de los afectados, puesto que no los tienen en cuenta a la hora de planificar su futuro. ¿Ustedes les han preguntado seriamente si quieren vivir en una zona diferente a la que vivían antes del volcán? ¿También les han preguntado ustedes si quieren vivir en bloques de vivienda? Pues la respuesta a estas preguntas, ya que ustedes no cuentan con ellos, se la digo yo: es un no rotundo. Quieren volver en su inmensa mayoría a los lugares o zonas donde vivían anteriormente, donde tenían sus viviendas y sus recuerdos, en casas unifamiliares, con su parcela de terreno. Ustedes están atentando contra el estilo y forma de vida de los afectados. No los han tenido en cuenta y encima los obligan a vivir en unas edificaciones de bloques de viviendas.

Señorías, si este decreto es recurrido por el Tribunal Constitucional y decayera, crearía mucha frustración y desesperación entre los afectados. Pero, como ya han demostrado, los afectados les interesan poco, probablemente sean otros los intereses que les importan.

Señorías, el Partido Socialista siempre ha querido convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar, no en el pilar de la especulación.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señor Abrante.

Finalizado el debate, procedemos a llamar a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación).

(La señora González González solicita la palarba).

Sí, doña Esther, tiene usted la palabra.

La señora González González (desde su escaño): Presidenta, yo le había pedido este minuto básicamente por algo que ha dicho el señor Pérez Llamas que nada tiene que ver con lo que yo he manifestado.

¿Puedo hablar ya? (La Presidencia le concede el turno de palabra).

A ver, señor Pérez Llamas, usted ha dicho o ha manifestado que yo he dicho que decir que los ciudadanos de La Palma no merecen un trato preferente, eso es no tener ni idea de lo ocurrido en La Palma. Yo nunca he dicho eso, al revés, he apoyado todo lo que se haga para los ciudadanos afectados por el volcán; lo que he dicho es que los ciudadanos que no están afectados por el volcán, por el hecho de ser palmeros no tienen por qué tener más preferencia que el resto de los ciudadanos de las ocho islas, razón por la que nosotros nos vamos a abstener en este decreto ley.

La señora presidenta: Señor Pérez Llamas, tiene usted un minuto para réplica.

El señor Pérez Llamas (desde su escaño): Señora Esther González, yo insisto en lo que decía antes, se ve que muchas veces vivir simplemente en otra isla hace que esté todavía mucho más lejos de la realidad que se vive en La Palma. En La Palma los damnificados no son solo los de El Paso, los de Los Llanos y los de Tazacorte, en La Palma los damnificados son todos los ciudadanos de la isla. Hay que estar allí para verlo. Y este nuevo Gobierno de Canarias y este decreto sí que cuenta con los palmeros y con sus dificultades, y yo la invito a que vaya allí, a La Palma, y se dé un paseo y hable con ellos, porque lo que se está diciendo aquí no es como ustedes lo dicen.

Insisto, los palmeros deben tener el trato que tienen que tener, preferente, yo le digo, tienen que tener el mismo trato que cualquier otro ciudadano de esta isla que hubiese tenido un volcán en su isla. Ese es el mismo trato que tienen que tener los palmeros.

La señora presidenta: Gracias, señor Pérez Llamas.

Ahora sí procedemos a la votación.

Tener en cuenta que tenemos un voto telemático de la señora Saavedra Hierro y un voto anticipado del señor Cabrera González.

Procedemos a la primera votación. Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes, 63: sí, 37; no, cero; abstenciones, 26.

Procedo a la lectura del voto anticipado: El letrado-secretario general del Parlamento de Canarias certifica que, de conformidad con el acuerdo de la Mesa de 9 de abril de 2024, en el plazo establecido a tal fin, el señor diputado Mario Cabrera González ha emitido el voto anticipado para la votación de la sesión plenaria en la jornada del 10 de abril de 2024, en el siguiente punto del orden del día: convalidación o derogación del decreto por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Convalidación: sentido del voto, "sí".

Procedemos ahora a la votación, una vez que queda convalidado el decreto ley, votamos si es favorable o no a que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos. (Pausa).

Presentes, 62: sí, 62; no, cero; abstenciones, cero.

Procedo a la lectura del voto del señor Mario Cabrera: El letrado-secretario general del Parlamento de Canarias certifica que, de conformidad con el acuerdo de la Mesa de 9 de abril de 2024, en el plazo establecido a tal fin, el señor diputado Mario Cabrera González ha emitido el voto anticipado para la votación en la sesión plenaria en la jornada de 10 de abril de 2024 en el siguiente punto del orden del día: convalidación o derogación del decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, sentido del voto, "sí".

Por tanto, serían 62 votos presencial, un voto anticipado y otro voto del voto telemático de la señora Saavedra Hierro.