Diario de Sesiones 33, de fecha 23/4/2024
Punto 27

11L/C/P-0357 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD, SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN CANARIAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la comparecencia del señor consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, sobre la evolución del mercado inmobiliario en Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor García Casañas.

El señor GARCÍA CASAÑAS: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero.

El motivo de la petición de esta comparecencia radica en que llevamos años hablando de la falta de viviendas a precios asequibles y vemos cómo algunos están ahora intentando cargar esa mochila en el actual Gobierno de Canarias. Sin embargo, no he escuchado a nadie hablar de lo que implica la aplicación de la ley estatal de vivienda, una ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que, por cierto, se ha recurrido por varias comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, como pueden ser Madrid, Andalucía, Cataluña e islas Baleares, porque cuestiona numerosos artículos por invasión de competencias y vulneración del derecho de propiedad. Por tanto, una ley, aprobada por el Partido Socialista, que ha generado inseguridad jurídica, duplicidades y desconfianza generalizada, una ley que no ha solucionado nada y que ha creado una alarma social sin que el Gobierno central asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda de todos y cada uno de los ciudadanos.

Se busca proteger a las personas declaradas vulnerables, incluyendo a los okupas, pero sin tener en cuenta cómo afecta a los pequeños propietarios, que, en definitiva, son los que tienen el mayor parque inmobiliario. El Gobierno socialista tuvo la oportunidad de adoptar medidas claras y contundentes contra la okupación, pero no lo hicieron, la propiciaron, y sigue siendo un grave problema que está enquistado en nuestra sociedad y contra el que tenemos que luchar.

Una ley que ha provocado una bajísima oferta, una elevada demanda y precios desorbitados, y es que la oferta de casas y pisos en alquiler en el archipiélago se ha hundido en un 40 %, la mayor cifra registrada de toda España, aunque el resto de comunidades autónomas también están sufriendo este declive; en otras palabras, de cada diez viviendas que estaban en alquiler en el territorio cuatro se han retirado del mercado.

Y quienes están criticando la actual acción del Gobierno de Canarias, como, por ejemplo, podemos hablar de este decreto ley de vivienda, no hablan ni por asomo de las consecuencias que está teniendo esta ley que puso en marcha el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Y, señorías, debemos tener en cuenta que lo que dicen los expertos -el primer estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias realizado- sobre cómo la nueva ley de vivienda está afectando al mercado inmobiliario en Canarias y la gran conclusión que emiten en este estudio es muy sencilla: Canarias es la región española donde esta normativa ha perjudicado al sector con una mayor intensidad; de hecho, calculan que hasta el 40 % de la oferta de alquiler residencial o de larga estancia ha desaparecido frente al 31 % en el resto del Estado. Por lo que la pregunta que debemos hacernos es clara: ¿por qué se ha registrado esta huida de pisos o casas en régimen de arrendamiento? Pues, según el informe, gran parte de los propietarios, ante la indefensión en la que se encuentran, han decidido abandonar la actividad del alquiler para vender sus inmuebles, mientras que otra parte del sector ha preferido sumarse al negocio de la vivienda vacacional o turística. De esta forma, si la oferta de vivienda ya era escasa en el archipiélago, ahora se ha reducido muchísimo más; por ende, los precios se disparan principalmente en las propias capitales autonómicas.

En los diez meses de vida de la ley estatal, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria los costes de la vivienda han aumentado un 16 %, se lo repito, un 16 %. Un escenario al que debemos sumarle el incremento de los costes de vida, la cesta de la compra y el futuro incierto de la economía regional de cara al año 2024 ante esos caprichos del señor Pedro Sánchez por vulnerar la Constitución cuando decidió no presentar una ley de presupuestos, más preocupado en mantener su puesto en la Moncloa que en dar la estabilidad que España necesita y, desde luego, dar respuesta a esas necesidades que preocupan a los ciudadanos, entre ellos la vivienda.

Y en esta tormenta perfecta tenemos que añadir también la solicitud que están haciendo algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista de solicitar al Gobierno de Canarias esa declaración de mercado residencial tensionado para poner, por ejemplo, topes a los precios de alquiler, que es una de las novedades de esa ley estatal de vivienda, que ha supuesto, allí donde se ha puesto en marcha, un auténtico fracaso.

De ahí el motivo de la comparecencia, señor consejero: conocer el parecer del Gobierno de Canarias sobre esta aplicación de algunas medidas que se encuentran en la ley de vivienda estatal, como ejemplo esa declaración del mercado residencial tensionado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García Casañas.

Tiempo de intervención ahora para el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD (Rodríguez Valido): Gracias, presidenta. Buenos días, o buenas tardes ya, señorías.

Señor García Casañas, efectivamente, lo primero que hay que decir es que el problema de la vivienda no es un problema nuevo, pero sí es cierto que se ha venido agravando a lo largo de los últimos años, en la última década, para ser más concretos, en donde el incremento del precio de la vivienda ha llegado a niveles, sobre todo en Canarias, enormemente preocupantes.

A eso hay que añadir que, efectivamente, tampoco es un problema de un solo factor, es un problema multifactorial, que desde luego tiene causas diversas y que impacta de manera clara en los proyectos de vida de la gran mayoría de la población. Porque también ese es otro elemento novedoso, no afecta a una población concreta o a un segmento de la población concreto, sino afecta ya, de manera transversal, a todas las edades y a todas las personas, a todos los ciudadanos de Canarias. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que poner en tela o poner en el debate.

Luego es cierto, y nosotros lo hemos compartido en el diagnóstico, que hay un problema de oferta y demanda, en donde la oferta de viviendas ha ido reduciéndose de manera considerable, de manera exponencial y, por otro lado, la demanda ha seguido incrementándose. Eso lo que ha provocado, como es normal, es un incremento de los precios de la vivienda en régimen de alquiler y en régimen de compraventa.

He dicho en numerosas ocasiones en el debate, tanto del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda como en otros debates también en torno a la vivienda, que en Canarias hace falta vivienda pública, hace falta vivienda protegida y hace falta vivienda en términos generales, porque, como digo, afecta a todos los segmentos de la población y a todas las edades. Por lo tanto, toda tipología de vivienda se hace necesaria ante la falta de vivienda. Por poner ejemplos, en los años 2008, o antes del año 2008, se llegaban a producir en Canarias hasta 30 000 viviendas anuales, récords absolutos; hoy el mejor de los datos, en los últimos cinco años, es de 3000 viviendas al año. Probablemente, y además de manera lógica, no vamos a llegar a esas 30 000 viviendas al año, no sería bueno porque estaríamos consumiendo más territorio. Pero sí que es cierto que hay un incremento muy importante de viviendas vacías, estamos hablando de 211 000 viviendas vacías, según el INE, que supone casi un veinte por ciento del total de las viviendas en Canarias, algo absolutamente destacable.

Y quiero decir que, más allá del análisis de la ley, que ahora haré un somero análisis de la misma, lo cierto es que la ley estatal no ha sido capaz de incentivar el incremento de la oferta de viviendas, es decir, lograr que esas 211 000 viviendas vuelvan o se incorporen al mercado del alquiler, en este caso del alquiler en general y del alquiler asequible en particular. Eso desde luego no se ha conseguido en este año o casi un año de vigencia de la ley.

Luego es verdad, y lo digo con total claridad, que hay artículos de la ley que a nosotros nos parecen tremendamente positivos. El artículo 15 de la ley estatal de vivienda, por poner un ejemplo, que se ha nombrado poco, habla de que ante una situación de falta de oferta y de incremento de la demanda es una opción y una posibilidad real, por ejemplo, el uso de suelo dotacional para la construcción de vivienda pública. No lo dice el decreto ley de vivienda de Canarias, que también lo dice, lo dice la ley estatal de vivienda, que aprueba el Partido Socialista con Podemos en el Congreso de los Diputados. Dice, en el artículo 15.1, la posibilidad de que el suelo dotacional -aquello que era un disparate- sea también para usar vivienda pública, para la utilización de vivienda pública, cuestión que se ha criticado mucho y que desde luego no hemos sido, como habrán visto, muy originales, otra cosa no, pero originales no hemos sido.

Bueno, en definitiva, lo que es cierto, señor García Casañas, es que no se ha logrado incrementar la oferta, que creo que es la clave, una de las claves más importantes de este problema, de la problemática de la vivienda, incrementar la oferta. Es lo que nosotros estamos haciendo a través de distintas medidas, como puede ser el propio decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, como puede ser también la revisión del Programa de Vivienda Vacía, una revisión que esperamos poder presentar dentro de poco tiempo y que lo que va a buscar es precisamente incentivar a aquellos propietarios, pequeños propietarios y propietarios en general de vivienda, para que vuelvan a ponerlas o incorporen esas viviendas al mercado del alquiler y, en definitiva, la apuesta también por la colaboración público-privada para que el sector privado también sea partícipe de incrementar la oferta de vivienda, en este caso protegida, es decir, de los alquileres asequibles. Algo en que tampoco somos originales, la propia ministra de Vivienda ha dicho, ha reconocido que la ley en algunos aspectos no ha sido capaz de incentivar la oferta y por eso, hace pocas semanas, anunciaba la modificación de la ley del suelo para hacer, incentivar al sector privado a dar respuesta también a este problema de la vivienda, de la emergencia habitacional, y, por tanto, ser capaces de poner, el sector privado, viviendas en alquiler asequible, cuestión que también nosotros hemos defendido en esta Cámara en numerosas ocasiones y que seguimos defendiendo.

Hace falta -por terminar- que el sector público siga comprometido en construir vivienda pública como no ha hecho en los últimos años. Es verdad que en ese sentido el sector público no ha sido capaz de poner el número de vivienda pública que era necesario. Las más de mil viviendas que vamos a construir en este año 2024 van a ser realmente importantes. Luego, que el sector privado construya vivienda protegida en régimen de alquiler asequible, ahí es el gran impulso y la gran apuesta, y desde luego hace falta, en definitiva, también la reconversión, el incremento de la oferta de vivienda en todos los términos, de toda tipología, para que de una vez por todas los ciudadanos puedan construir su proyecto de vida con base, en primer lugar, en tener una vivienda digna.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Mixto-Agrupación Herreña Independiente. Señor Acosta.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías.

No hay que ser un avispado economista para saber que si la oferta es inferior a la demanda los precios suben, y eso es lo que está ocurriendo en Canarias en los últimos años. Hay pocas viviendas en el mercado, lo que provoca que la economía del ladrillo se resienta y que los precios del metro cuadrado se incrementen, hasta tal punto que los analistas dicen que estamos llegando a picos que no se veían desde el 2007, antes del crac financiero. La inflación y la subida de los tipos han echado más leña al fuego a un escenario que no es precisamente halagüeño.

Si miramos por un momento los datos del Consejo General del Notariado, vemos como además la situación en Canarias es más complicada que en el resto del país. Por ejemplo, en febrero del 2023, se produjo la mayor diferencia o el mayor gap entre el precio medio de las viviendas en Canarias y el resto de España, de 1931 euros por metro cuadrado aquí y 1580 por metro cuadrado allá, una diferencia de 351 euros. Y es verdad que en febrero de este mismo año se produjo una reducción del 2 % del precio medio en Canarias con respecto al 2023 y un incremento de las transacciones en un 1,8, pero veremos que este camino toma el sector, porque ayer mismo el informe de coyuntura del BBVA señalaba, en una separata dedicada a Canarias, que las tensiones en el mercado de Canarias aceleran el aumento del precio de la vivienda en un 6,6 % respecto a años anteriores, y esto parece impulsar la producción. Así, en el primer semestre del 2023, los visados para obras de vivienda nueva crecieron en un 9,6 interanual, pero en la segunda mitad del año la firma de visados aumentó en un 48,7 respecto al mismo periodo del 2022.

Por la parte de los alquileres, la cosa está más peliaguda. Según un estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias sobre cómo la nueva ley de vivienda está afectando al mercado inmobiliario, Canarias es la comunidad autónoma donde esta normativa ha perjudicado al sector con mayor intensidad. Según los cálculos, hasta el 39,7 de la oferta del alquiler residencial o de larga estancia ha desaparecido, frente al 30,6 registrado en todo el Estado, y esto es así porque una parte de los propietarios ha decidido vender y otra se pasó al alquiler vacacional, precisamente -según esta federación- por las imposiciones de la norma, o decidieron mantener los pisos cerrados, generándoles, aunque fuera, una imputación de rentas.

Para rizar el rizo, tenemos en Canarias un importante déficit de vivienda pública, con lo que el problema ya no es tanto financiero de la estructura económica, sino también de carácter social.

Y lo más curioso y lo más grave es que sí hay viviendas en Canarias. Por lo tanto, si el mercado está tan tensionado, habrá que adoptar medidas desde lo público que lo puedan dinamizar en el sentido correcto. ¿Y cuál es el sentido correcto? Que se facilite o incentive la puesta en el mercado de las 211 000 casas vacías que hay en las islas, según los datos del INE del 2021.

A veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. Si hay falta de viviendas pero tenemos 200 000 viviendas vacías, habrá que actuar ahí. Quizás solo tengamos que dar a los propietarios mayor seguridad jurídica y mayores incentivos para que así lo hagan y no provocar modificaciones legislativas como la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que precisamente van en detrimento de esto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Tiempo de intervención ahora para la Agrupación Socialista Gomera.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, buenos días, señor consejero... (Corte del sonido).

¿Se escucha? Sí.

Señor consejero, yo voy a aprovechar estos tres minutos para centrarme en el mercado del alquiler de la vivienda, porque comprar una vivienda en esta comunidad autónoma se ha vuelto casi un sueño inalcanzable.

La situación actual de la vivienda de alquiler en Canarias. Una vivienda de alrededor de sesenta metros cuadrados, el alquiler medio está en unos 800 euros. Esto significa que quienes se encuentren dentro del salario medio de esta comunidad autónoma, que es alrededor de unos mil quinientos euros, y deban afrontar un alquiler dentro del precio medio en esta comunidad autónoma están abocados a destinar más de la mitad de su salario al pago de la vivienda, cuando lo máximo que deberíamos destinar a nuestras viviendas, según recomendaciones de los economistas, es un máximo del 30 % de nuestro salario.

Señorías, podemos echarle la culpa de esta situación a la vivienda vacacional, a las viviendas vacías que tenemos, a la no construcción durante muchos años de vivienda protegida, a la ocupación ilegal, a la ley estatal... O sea, causas para justificar la mala situación que tenemos existen, pero la realidad, a esta situación lo que nos ha llevado es un cúmulo de decisiones poco acertadas en materia de vivienda, y han sido poco acertadas porque de esas decisiones, estos resultados, y ahora manos a la cabeza y todos emergencia habitacional. Esto no lo estoy diciendo para que nos centremos en buscar quién ha tenido más culpa, lo digo para que quede claro que los responsables de esta situación son los gobiernos, gobiernos autonómicos y gobiernos estatales. En lo que además hemos estado y está la mayoría de los grupos aquí presentes y somos nosotros, por tanto, los responsables de buscar la solución, de hacer propuestas, de dar pasos al frente. Y eso, señorías, es lo que está haciendo este Gobierno, tomando decisiones que ayuden a revertir poco a poco esta situación, porque evidentemente es muy difícil, muy complejo revertirla; de hecho, la realidad es que vamos a convivir mucho más tiempo con esta emergencia habitacional, quizás mucho más tiempo del que a todos nos gustaría. Pero entendemos que con trabajo y con el apoyo de todos los grupos ese tiempo se podría acortar.

Y mientras tanto, señor consejero, mucha, mucha política social que ayude a las familias a poder sobrevivir en un contexto económico tremendamente difícil, ya que se ha encarecido no solo el alquiler, sino la vida en general.

Y, por último, consejero, tenemos una oportunidad en la que podemos planificar. Planifiquemos bien. Nosotros consideramos que sería ideal que, junto a la política de vivienda, se trabaje también la descentralización de los servicios. Aprovechemos la oportunidad que nos brinda el poder tener una política adecuada en materia... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX.

La señora JOVER LINARES: Presidenta. Buenos días, señorías.

Señor consejero, permítame que comience dirigiéndome al señor García Casañas. Señor García Casañas, yo hubiera titulado esta comparecencia "involución inmobiliaria en Canarias", porque no tenemos ninguna evolución desde hace años y no hay ningún mercado como tal inmobiliario en Canarias, no hay transacciones de alquiler y compraventa en circunstancias regulares, con lo cual, "involución inmobiliaria en Canarias".

Las cifras hablan por sí solas: 25 000 demandantes inscritos en el registro público de vivienda protegida y también solo 112 adjudicaciones de vivienda pública en el bienio 2020-2022, con un 1 % de parque inmobiliario público, mientras que en el resto de España se sitúa ese porcentaje en el 2,5 % y el 9,3 % en Europa, y tampoco hay vivienda libre, señor consejero. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, su decreto ley aspira a ello, pero, atención, me preocupa mucho que vaya a naufragar en el intento, porque lo cierto es que la burocracia y también esas dificultades de mejorar la empleabilidad o conseguir que los desempleados se acerquen al sector de la construcción son dos retos que va a tener que afrontar. Le insto desde ya a que verifique esos trámites superfluos en su consejería y también a que la fundación canaria, la Fundación Laboral de la Construcción y el Servicio Canario de Empleo se empeñen en hacer una campaña de captación de profesionales en este sector de la vivienda.

Pero además de esta cuestión nos encontramos con la vivienda vacía. Siempre, en todas y cada una de las veces que tratamos esta materia, soy yo la que le pregunta cómo va esa reformulación del programa y yo esperaba que ya usted hoy me iba a dar una respuesta y ponerme una fecha para ello; sin embargo, creo que voy a tener que esperar a esa solicitud de documentación que le he hecho. Le pido, por favor... 211 000 viviendas en Canarias vacías, que darían respuesta, si logramos que solo un 1 % salga en alquiler daría respuesta a esas 2000 viviendas que el sector de la patronal ha dicho que puede construir al año. Pero es que si logramos que solo el 10 % se pongan en alquiler, daríamos respuesta a un equivalente a todas esas personas que están demandando vivienda pública.

Señor consejero, la vivienda vacía es una de las soluciones fundamentales, a la que hay que dar prioridad porque no conlleva un proceso constructivo, sin perjuicio obviamente de que estamos totalmente de acuerdo con ese decreto ley de vivienda.

Pero, además, ¿a qué le da preferencia, a eso -usted-, a eso o a las viviendas vacacionales, que solo representan el 2 % en nuestras islas capitalinas, frente a ese 17 % de vivienda vacía? No responda, ya ha dado respuesta con ese decreto de limitación de la vivienda vacacional en Canarias, con el que no estamos realmente de acuerdo. Y le doy ideas para ese Programa de Vivienda Vacía, piense... VOX, por ejemplo, en el cabildo insular ha obtenido el respaldo a una moción de una oficina virtual antiokupación, a la que ya se ha adherido algún ayuntamiento... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Presidenta, señorías, consejero, buenos días.

Que la vivienda es uno de los principales problemas sociales en Canarias es un hecho incuestionable, pero es que, señor Casañas, oyendo su intervención, da la impresión de que esta situación es producto exclusivamente de la aprobación de la ley estatal por el derecho a la vivienda. Hace usted referencia a que debemos tener en cuenta lo que dicen los expertos y trata como tal el estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias -de la FAI-, y que su conclusión es sencilla: que la realidad es que la nueva ley o en la nueva ley se determina que son los propietarios en lugar de los inquilinos los encargados de pagar los honorarios de las agencias inmobiliarias en concepto de gestión y de formalización de los contratos de alquiler y esto está provocando una caída de la facturación de las inmobiliarias. Pero la realidad, y es obvia, es que la carencia de viviendas en Canarias data de hace dos décadas, por la nula construcción de vivienda pública, es más, por la inexistencia hasta el año 2020 de un plan de vivienda, por los cambios de uso cada vez más frecuentes o relevantes de vivienda residencial en vivienda vacacional, por el incremento de la adquisición de viviendas por extranjeros para especular, incremento que en el año 2023 supuso el 28,5 % de las transacciones realizadas en Canarias, y por supuesto por el elevado número de viviendas vacías. Y, sobre este último dato, hablar de las 211 000 viviendas, de las que el propio consejero habló, además un incremento que supone el 52,9 % en comparación con la situación registrada en el 2001, o sea, veinte años antes. Es de un informe de Tinsa, que también son expertos y no dicen lo que usted está diciendo, lo cual demuestra una vez más que esta situación se arrastra desde hace varias décadas y cuyo resultado es cada vez el mayor distanciamiento entre la oferta y la demanda de viviendas, y cuya solución requiere abordarla desde varios frentes, esos frentes de los que ya hemos hablado en esta Cámara y que se incluyen además en la ley estatal de vivienda.

Yo, por último, quisiera decir respecto a la coherencia a la que apelaba el señor Curbelo y a la crítica que hacía sobre el "y tú más" en referencia a las manifestaciones del señor Franquis, del portavoz del Grupo Socialista, y creo que sería conveniente, consejero, que le preguntara al señor Curbelo por qué el Gobierno de progreso no hizo más viviendas, cuando la realidad es que Visocan dependía de la Agrupación Socialista Gomera. Porque es que parece que el "y tú más" depende de quién lo haga o quién lo diga es bueno o es malo. A él habría que preguntárselo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Nacionalista Canario. Señor Pérez.

El señor PÉREZ LLAMAS: Gracias, señora presidenta.

Bueno, en primer lugar me gustaría condenar, como tendría que hacer esta Cámara en peso, los escraches en las viviendas familiares de todos y cada uno de los políticos de esta Cámara. No podemos consentirlo y no podemos ponernos de perfil ante esta situación.

Señorías, el análisis del mercado inmobiliario es una cuestión que no debe ser partidista y no debemos repartirnos las culpas. El Grupo Nacionalista lo que busca son soluciones, consciente de las necesidades, por supuesto, de nuestro mercado inmobiliario, como ha quedado aquí patente en el día de hoy, en materia de vivienda para los canarios y las canarias. Erraríamos de una manera flagrante si solo atendemos la problemática de vivienda centrados en la promoción pública, pero que no quede lugar a duda: es fundamental a la hora de abordar el mercado inmobiliario.

El acceso a la vivienda en Canarias tiene muchas aristas y agradecemos que el Grupo Popular en el día de hoy haya centrado el debate en el mercado inmobiliario, es decir, la oferta y la demanda. Hay necesidades urgentes que hay que cubrir y se están aportando soluciones desde lo público y desde lo privado.

Las dificultades de acceso a la vivienda no tienen color político y tan acuciante es esta situación en una isla como en otra, en un pueblo como en otro, o sea, en toda nuestra comunidad autónoma, con las particularidades de su población, su economía y su territorio. En Canarias tenemos una situación extraordinaria, necesita de fondos extraordinarios, y en alguna de esas visitas del presidente de este país que hace a Europa debería poner a Canarias más en el foco y reivindicar una y otra vez nuestra condición extraordinaria, de quienes están obligados a darnos un trato diferenciado por ser territorio archipielágico y, además, región ultraperiférica. Pongo algunos ejemplos: consecuencia del coronavirus, a Canarias llegaron cientos de personas buscando una condición idílica para el teletrabajo, la balanza de oferta y demanda aumentó ahí su desequilibrio; la erupción volcánica de La Palma, además de los daños que ha causado, ya son conocidos, también ha supuesto una transformación del mercado inmobiliario insular; también siguen sin resolver la escasez de mano de obra y el coste del transporte de materiales de construcción hasta Canarias, que deberían ser semejantes al resto del país.

En el día de ayer además conocíamos el informe del BBVA sobre la situación de Canarias. Además de la falta de productividad, queda patente que ha cambiado el perfil de los compradores extranjeros de vivienda.

Señorías, no quepa la menor duda, este nuevo Gobierno de Canarias supondrá un antes y un después en la gestión en materia inmobiliaria y en materia de viviendas, no porque se diga o se exija en este salón de plenos, sino porque es una necesidad para el pueblo canario, con el que usted, señor consejero, y el Grupo Nacionalista Canario estamos comprometidos.

Muchas gracias. Buenos días.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pérez.

Finaliza el debate el Grupo Socialista Canario.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Yo creo que decir que se han retirado viviendas del mercado del alquiler, señor Casañas, porque no es el inquilino, sino es el propietario el que tiene que pagar eso, cuando estamos en una situación en que las personas que se acercan, que se acercan a alquilar tienen que dar dos meses de fianza más el mes en curso y usted intenta que se le atribuya una cuarta mensualidad más, me parece tremendo. No, entonces lo que no quiere es que paguen, que cobren las agencias. Es que no entiendo, porque alguien tiene que pagarlo. Es evidente que alguien tiene que pagarlo, a no ser que usted esté diciendo que eso tendría que ser un servicio público. Y usted al que está pagando tres meses de golpe -que así están las cosas- le dice que deben ser ellos los que tienen que pagar una cuarta mensualidad.

Y yo no sé si ha tenido la oportunidad... ¡Ah!, y esto lo atribuye a la retirada de viviendas. Sí, porque entiendo que lo de las zonas tensionadas, será usted el que me vacila, porque en Canarias es que no se está aplicando... (Comentarios del señor García Casañas desde su escaño). No, es que en Canarias no se está aplicando. Entonces yo entiendo que usted dice solo esto porque lo otro no se está aplicando y una cosa que no se está aplicando no puede decir que tiene como consecuencia la retirada de viviendas. ¡Es que no puede ser!

Señor Casañas, tengo poco tiempo y no le voy a dedicar yo toda mi intervención porque también tenía cosas para el consejero, que confunde deliberadamente las dotaciones con los sistemas generales con el equipamiento. Sí, claro, porque lo que usted permitía en su decreto ley o permite son sistemas generales, equipamientos y dotaciones y, además, omite la cuestión de que sea evaluado y puestas en otro lado las dotaciones. Usted al final cuenta la película según se le antoja.

Pero es que aquí estamos para otra cosa, que es para que usted cuente qué va a hacer, más allá del decreto ley: qué soluciones tiene, qué soluciones tiene para esa falta de respuesta de viviendas a la ciudadanía.

Y el decreto ley, que se aprobó por urgencia, que se hurtó el debate y votación, solo ratificación, a este Parlamento, en fin, como ya anunciamos, efectos hoy no tiene. No, claro, no tiene hoy, don Pablo, y ya estaríamos a tiempo de que saliera como proyecto de ley aprobado en este Parlamento.

En todo caso, a mí sí me interesa que nos diga en qué situación está el refuerzo de su consejería, del personal, cuestión a que usted atribuía, don Pablo, los retrasos de los expedientes, y también qué va a pasar con los programas de vivienda vacía, que iba a resignificar para ponerlos al servicio de la ciudadanía canaria.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Iniciamos ahora el tiempo de réplica. Señor García Casañas, cuando quiera.

El señor GARCÍA CASAÑAS: Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero.

Se debe valorar, como ya indican algunos informes, que esta declaración de mercado residencial tensionado que algunos municipios están solicitando hará que los propietarios retiren sus pisos del mercado de alquiler para evitar esos topes al precio del alquiler que impone la ley estatal puesta en marcha. Y debemos recordar que todos los experimentos que han ido en esta dirección, y han sido testados en diferentes ciudades europeas, han provocado los efectos contrarios a los esperados, entre ellos la reducción de oferta y el incremento de los precios. Y esto sin contar, como ya usted nos ha contado, la dificultad que conlleva declarar una zona residencial tensionada, como piden algunos municipios, y lo hemos visto, si tenemos en cuenta los parámetros que contempla esta ley estatal de vivienda, prácticamente imposibles de cumplimentar en el tiempo.

Y después de escuchar a algunos diputados de la oposición tendría que recordarles lo que no hizo el Gobierno de Ángel Víctor Torres. Este Gobierno ha aprobado ya un decreto ley que contempla múltiples medidas para que cada municipio adopte las medidas que considere, que más se ajustan a su realidad y sobre todo dar respuesta a la emergencia habitacional que sufrimos en Canarias, una situación de emergencia en la que nos ha dejado el Partido Socialista de Ángel Víctor Torres.

Miren, señora Esther, señora Hernández, les recuerdo que en el año 2011 era el Partido Socialista el que estaba en el Gobierno de Canarias, con competencias en esta materia, y, sin embargo, demostraron que la promoción de viviendas públicas no se encontraba entre sus prioridades; de hecho, la última aportación a esta tierra fue ese pacto canario por la vivienda, aprobado con ese voto a favor de todas las fuerzas políticas en el arco parlamentario, que dejó muchos anuncios, pero que dejó pocas o ninguna vivienda. 112 se contaban en esta última legislatura, frente a esas más de veinticinco mil solicitudes que había por parte de ciudadanos de toda Canarias.

Y el señor Ángel Víctor Torres prometió la construcción de 6000 viviendas, pero se quedó en eso, en una promesa que no cumplió. Y siguiendo con esta estrategia socialista típica a la que nos tienen acostumbrados, en su afán de no perder la vivienda suya de la Moncloa, en campaña electoral también prometió que iba a construir 183 000 viviendas. Vamos a ver si lo cumple, porque hasta ahora no hemos conocida ninguna.

Y, señores de Nueva Canarias y Partido Socialista, continúo con la herencia, que cuando llegó el Gobierno de las flores había 18 000 demandantes de viviendas públicas en Canarias y cuando se fueron dejaron una lista de más de veintidós mil. Aquellos que no iban a dejar a nadie atrás nos han dejado un problema.

Señora Hernández, no solo la ley estatal habla de inseguridad y de problemas a la hora de conseguir vivienda, también esa ley de alquiler que se hace a nivel estatal está complementada con la inseguridad jurídica, con ese apoyo a la okupación que también se ha hecho por la dejación de funciones.

Los extranjeros no influyen en la falta de vivienda en Canarias, ellos -por desgracia para los canarios- pueden pagar precios que nosotros no podemos pagar. Un extranjero puede pagar medio millón de euros. No conozco a ningún alemán en La Cuesta, en Ofra ni en ninguna zona realmente con problemas en Canarias de vivienda, ellos van, por desgracia, a comprar viviendas a unos precios a los que los canarios no podemos llegar, fruto de esa pérdida de poder adquisitivo que han propiciado todos ustedes en sus años sucesivos de gobierno.

La falta de oferta también está suponiendo un problema para conseguir vivienda.

Y yo no he hablado, señora Hernández, de fianza de dos meses, de tres meses, que, por cierto, es de hace muchos años ya que se hacen esas prácticas. Yo no he hablado en mi intervención de meses de fianza, no sé por qué usted dice cuestiones de las que yo no he hablado, yo he hablado de seguridad jurídica para que los propietarios tengan la libertad de poder ofertar una propiedad por la que han trabajado toda su vida y por la que quieren obtener unos ingresos. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias, poner viviendas en el mercado para dar seguridad jurídica a los que tienen las viviendas para que esas más de doscientas once mil viviendas vacías que hay en Canarias puedan entrar en el mercado, puedan reducir la tensión y puedan ponerse a disposición de jóvenes, familias, mayores de Canarias.

Mire, y más allá de las críticas que estoy haciendo, eso sí, críticas objetivas con datos, también voy a recordar que, según el propio diputado del común, el aumento de más de un sesenta y cuatro por ciento en el año 2022 de las quejas en materia de vivienda demuestra que no se garantizó ese derecho a una vivienda digna.

Por tanto, esta es la situación actual, consecuencia por supuesto de esos gobiernos socialistas e invitando al actual Gobierno a una acción inmediata, y eso es lo que se ha hecho, aprobando un decreto ley que permita impulsar medidas para revertir la situación actual y esa emergencia habitacional. Un decreto muy criticado por la oposición, por aquellos que salieron del Gobierno, que poco hicieron y que después de tantos años con competencias en la materia no dieron respuesta y no solo eso, sino que también agravaron la situación. Por eso desde mi grupo parlamentario consideramos necesario desmontar ese relato que ustedes repiten constantemente y que pretenden instaurar, como, por ejemplo, que la solución a la emergencia habitacional pasa por declarar una zona tensionada para limitar esos precios del alquiler.

Señorías, además de ver la opinión del propio Tribunal Constitucional, porque esta declaración podría influir y constituir una limitación al derecho a la propiedad privada, dicha declaración no es tarea fácil, no es una declaración que pueda adoptarse de hoy para mañana y, por si sus señorías no se han enterado, el problema de la vivienda no es de hoy, sino ya era de ayer.

Invito al Gobierno, aunque me consta que así lo está haciendo, a informar a los ayuntamientos de todas las medidas que se puedan adoptar para esa construcción de viviendas en sus municipios, que pasan desde habilitar suelos o incluso rehabilitar. Y, por cierto, algún que otro ayuntamiento de Tenerife está utilizando alguna de las medidas de ese decreto ley como la expropiación forzosa de aquellas edificaciones sin terminar que invaden algunos de nuestros paisajes para dedicarlas a la construcción de viviendas y, aunque se escudan ahora en decir que lo están tramitando no con base en el decreto ley de viviendas, sino porque así se lo permite la ley de expropiación forzosa, me alegro mucho de que ese decreto ley de vivienda sirviera para recordarles que pueden hacerlo.

Señor consejero, desde mi grupo parlamentario lo animamos a seguir trabajando por Canarias para buscar soluciones a los problemas reales y, sobre todo, soluciones a esos problemas que el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de Ángel Víctor Torres, no dio. Siga buscando soluciones, no estemos constantemente dando titulares a la prensa, como hizo el anterior Ejecutivo, sino vamos a dar soluciones a los canarios y las canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García Casañas.

Finaliza la comparecencia el señor consejero de Obras Públicas.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD (Rodríguez Valido): Gracias, presidenta.

Bueno, yo no voy a hacer un recorrido, como ha hecho García Casañas, de legislaturas anteriores para explicar cuáles son los motivos que han generado esta emergencia habitacional y cuáles son las medidas que vamos a poner en marcha. Yo creo que ha quedado claro por qué hemos llegado aquí o muchos de los motivos por los que hemos llegado aquí. Nosotros lo que hemos planteado, con base en el diagnóstico, que ha sido compartido en muchas ocasiones tanto con la sociedad civil, con los sectores, en definitiva, con muchos agentes implicados, es que hay un problema inmenso de oferta y ante eso el decreto ley lo que busca son dos cuestiones. Por un lado, incentivar la oferta y, por otro lado, facilitar que la producción, la construcción de vivienda pública, se acorten los plazos, sea más ágil, más rápida. Por eso, por ejemplo, declara la urgencia en todos los procedimientos, cuestión que ya se está aplicando en los procedimientos propios del Instituto Canario de la Vivienda, aplicando en este caso el articulado del propio decreto ley de medidas urgentes. En definitiva, todas las medidas que sean para incentivar la oferta, bienvenidas son, las que ya están en marcha y otras más que se puedan aplicar, como hemos dicho, y aquellas medidas que lo que hacen es desincentivar precisamente la oferta, es decir, que buscan o que logran que no haya más viviendas en el mercado, nosotros evidentemente las vamos a rechazar porque van justo en el camino contrario al que entendemos que es el camino correcto.

Miren, como decía al principio, la emergencia habitacional -lo decía también el portavoz de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista-, la emergencia habitacional no la vamos a resolver exclusivamente construyendo 4000, 5000, o 6000, o 10 000 viviendas públicas. ¿Hace falta construir vivienda pública?, por supuesto; ¿hace falta incrementar el porcentaje de vivienda pública sobre el parque de viviendas?, por supuesto, pero solamente construyendo un número ingente, 10 000 viviendas públicas, no resolvemos el problema. El problema es mucho más importante y más complejo. Hace falta vivienda pública, pero también hace falta vivienda protegida, que puede ser pública o puede ser privada. Hace falta vivienda protegida y también hace falta vivienda libre. En definitiva, lo que hace falta son evidentemente viviendas que se construyan y por eso es tan importante incentivar al sector privado.

Y, como he dicho, no lo hemos descubierto nosotros, la propia ministra decía, además en unas declaraciones en que fue mucho más allá de lo que he ido yo en todo este tiempo, dijo que el sector privado tenía que implicarse en los alquileres asequibles y que había negocio en eso. Yo eso no lo he dicho nunca, pero la ministra sí lo decía. Con lo cual, independientemente de si hay negocio o no hay negocio, lo que sí es cierto es que necesitamos que el sector privado se comprometa.

Y lo que quiero decir es que es verdad que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda es reciente, es decir, entró en vigor el 19 de febrero y se convalidó el 20 de marzo, pero ya tiene resultados o va empezando a tener resultados. Entre otras cosas, dónde lo podemos ver, pues, en la petición de calificaciones provisionales de vivienda protegida. Esa es una fórmula de empezar a ver si hay un incremento de las peticiones, de los sectores tanto públicos como privados, en la petición de calificaciones provisionales. Y en ese sentido hay un incremento, hay un avance importante que creo que todavía es insuficiente y que necesitamos que sea mayor. A final de año podremos valorar realmente si hay más calificaciones provisionales de vivienda protegida y, por tanto, va a haber mayor número de construcción de vivienda protegida.

Hace falta, como digo, construir las viviendas, pero también hace falta incentivar aquellas viviendas vacías. Y es verdad que llevamos meses, señora diputada, anunciando que vamos a revisar el Programa de Vivienda Vacía y quiero recordar por qué lo vamos a revisar. Y lo vamos a revisar porque fue un absoluto y rotundo fracaso, es decir, se puso un programa en el que se destinaron más de ocho millones de euros inicialmente, en un programa plurianual, para la vivienda vacía, se le encargó a Visocan por parte del Instituto Canario de la Vivienda, y lo cierto es que solo lograron poner una vivienda en el mercado. Y eso desde luego es un fracaso, es un fracaso del que poco se ha hablado para el tamaño del mismo. Y nosotros lo que hemos dicho es, vamos a revisarlo. No lo tenemos todavía listo, pero ya hemos avanzado en una propuesta. Visocan le ha pasado una propuesta, ha revisado el encargo que se le hizo por parte del Icavi, lo ha revisado y le ha enviado, le ha elevado una propuesta al Instituto Canario de la Vivienda para su valoración. Y además, y es importante decirlo y reconocerlo, se ha asesorado con la Asociación Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro que desarrolló el Programa de Vivienda Vacía, que se llamaba Bolsa de Vivienda Vacía, entre los años 90, finales de los 90 y principios de este siglo, con gran éxito, con enorme éxito, y han sido ahora partícipes de esta nueva revisión del programa, porque consideramos que, cuando se hizo, ellos lo hacen, evidentemente, en otras comunidades autónomas, funcionó de manera correcta.

En definitiva, estamos a las puertas de lograr este programa de vivienda vacía, que se va a basar evidentemente en darles seguridad y garantías a los propietarios, porque si hay muchas viviendas vacías, cerradas, es porque no tienen garantías y seguridad a la hora de poner sus viviendas en alquiler. Y esa es una de las medidas. ¿Es la única causa? No es la única causa, pero es una de las causas. Hay más causas pero una de las causas es la falta de garantías y nosotros lo que intentamos en el programa es darles garantías a los propietarios, al igual que se las vamos a dar a los inquilinos para que paguen un precio justo, una vivienda digna a precios asequibles. Esa es la clave del programa y por donde vamos a plantearlo.

Y, miren -termino-, el artículo 4 del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda lo que plantea es que en los sistemas generales, locales, sistemas locales, y en las dotaciones municipales se pueda construir vivienda pública, y esto algunos lo tacharon de auténtico disparate. El artículo 15.1 de la ley estatal de vivienda dice que ante la falta de oferta se puede utilizar el suelo dotacional para construir vivienda pública, y eso es exactamente lo mismo que nosotros planteamos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.