Diario de Sesiones 47, de fecha 6/9/2024
Punto 2

11L/DL-0011 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS LEYES. DE MODIFICACIÓN URGENTE DE LA LEY 13/2007, DE 17 DE MAYO, DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA DE CANARIAS

La señora PRESIDENTA: Hemos finalizado el debate de la comparecencia y pasamos al debate de la convalidación o derogación del Decreto Ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte de Carretera de Canarias.

Tiene la palabra el señor consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD (Rodríguez Valido): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

La verdad que cambiamos radicalmente de asunto para hablar, en este caso, de transporte y de un problema, que no es nuevo y que es conocido por sus señorías, como es el relativo a la contingentación de los taxis y las VTC en Canarias.

Como saben, aprobamos o traemos a convalidar este Decreto Ley, el 6/2024, de 31 de julio, que introduce modificaciones urgentes en la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera en Canarias, una modificación puntual, urgente y extraordinaria de la Ley de Transporte Terrestre de Canarias exclusivamente para dar respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 8 de junio de 2023. Una sentencia que exigía la revisión de la normativa vigente en materia de transporte discrecional de viajeros, especialmente en lo que concierne al arrendamiento de vehículos con conductor, más conocido como VTC.

Por ir al grano, lo que planteaba la sentencia en términos generales y coloquiales era que no podían circunscribirse esas limitaciones a las autorizaciones de la VTC exclusivamente por cuestiones económicas sino que tenían que existir otros objetivos que justificaran esas limitaciones, como pueden ser la defensa, en este caso, del medio ambiente o gestión del territorio.

El decreto ley tiene como objetivo, como digo, principal alinear nuestra legislación, la Ley 2007, de transporte terrestre, con el marco normativo europeo eliminando cualquier restricción que no esté justificada por razones como la protección del medio ambiente, como decía antes, la gestión adecuada del tráfico y el uso racional del espacio público.

Es importante subrayar que esta modificación no solo obedece a una obligación impuesta por Europea sino también a la necesidad de proporcionar un marco jurídico estable que permita una planificación adecuada del transporte en nuestras islas.

Permítanme hacer algunas consideraciones, la primera es que el decreto ley que les estoy relatando cuenta con dictamen ya del Consejo Consultivo y es cierto que plantea mejoras, tanto en el texto como algunas erratas que incluso los propios cabildos nos han trasladado; decir ante esto que nosotros planteamos, aunque son sus señorías la que lo decidirán, que se tramite como proyecto de ley para intentar mejorar el texto y, por tanto, hacerlo todavía más efectivo, pero era necesario aprobarlo como decreto ley y convalidarlo porque entendíamos que era urgente y necesario precisamente que entrara en vigor lo antes posible para dar respuesta a la sentencia que les digo.

Los cabildos insulares nos habían trasladado la necesidad de poder, de manera urgente, sacar adelante este decreto ley porque tenían miles de solicitudes, algunas judicializadas, muchas de ellas judicializadas en los cabildos, solo Gran Canaria y Tenerife más de ocho mil quinientas solicitudes, islas como El Hierro más de mil solicitudes, algo que, evidentemente, era inviable. Y, por tanto, Lo que estamos dando con este decreto ley es instrumentos, herramientas a los cabildos insulares para que puedan gestionar esas solicitudes, tanto las que están actualmente vivas como aquellas que se han quedado judicializadas.

Este decreto ley, a pesar de que es un instrumento, como digo, y ustedes conocen bien, extraordinario, ha tenido la participación de los 7 cabildos, también de la Fecam, también de los sectores a través de la mesa del transporte terrestre, se han aportado incluso alegaciones que han realizado los propios cabildos y los propios sectores, muchas de ellas han sido admitidas, otras no, pero, desde luego con la tramitación, si así lo consideran, de proyecto de ley podrán, en definitiva, dar respuesta a la gran mayoría de aquellas que consideren oportunas.

La Comisión de Cabildos también, esta misma semana, pues daba el respaldo mayoritario de los cabildos tanto por la participación que han tenido en el problema y también en la solución.

Y también quiero aclarar, en torno a la normativa, y sobre todo escuchando el pasado miércoles el debate que se generó en la Comisión de Cabildos, que este decreto ley no es la modificación integral de la ley del transporte terrestre de Canarias, es una modificación puntual para dar respuesta a un problema sobrevenido por una sentencia pero que viene todavía desde el año 2018, que tiene problemas y consecuencias en cada una de las islas; que, además de esto, estamos tramitando una ley de movilidad sostenible con un proceso participativo desde hace unos meses, que también he dado cuenta en este Parlamento; y que la ley de ordenación del transporte terrestre del año 2007 es cierto que han existido iniciativas para modificarla puntualmente y también de manera integral y que en la última Mesa del Transporte Terrestre de Canaria, celebrada antes del verano, planteamos precisamente uno de los borradores que existían de la pasada legislatura, de modificación integral de esta ley y por amplia mayoría, es decir sin votos en contra, solamente con cuatro abstenciones y con el resto de votos favorables, se decidió no seguir o continuar con el texto que se había preparado la pasada legislatura de nueva ley del transporte terrestre, eso no quiere decir que no aprovechemos ese texto para sacar aquellas consideraciones, aquellas cuestiones que consideremos positivas y cuentan con el consenso, pero, sobre todo, lo que lo haremos es, como hemos hecho este decreto ley, con el trabajo conjunto de las Administraciones insulares, locales y también con el trabajo conjunto de los sectores, sabiendo claramente que estamos ante un sector absolutamente estratégico como es el transporte terrestre, un sector transversal, que afecta a todos los sectores y subsectores de la economía y que desde luego afecta al día a día de la ciudadanía.

Por eso, apostando por la sostenibilidad, apostando en este caso por la calidad del servicio y también por el equilibrio de nuestro territorio, pido la convalidación de este Decreto ley 6/2024.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente, su tiempo de intervención.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías. Señor consejero.

La verdad que resulta muy difícil ponerle puertas al mar sobre todo cuando la corriente empuja con fuerza y en este caso en una dirección determinada y aunque podamos temporalmente dirigir ese caudal al final el mar se acaba haciendo sitio, y esto es lo que está ocurriendo en la última década con el surgimiento de nuevos modelos de negocio totalmente disruptivos al hilo precisamente de un desarrollo tecnológico sin precedentes y también con la digitalización de las relaciones económico-sociales. Tenemos ejemplos sobrados de estos florecientes negocios como las plataformas de alquiler vacacional, de reparto a domicilio o, como el caso que nos ocupa, de alquiler de vehículos con conductor.

Y también tenemos que recordar que antes de esta gran transformación digital ya tuvimos otros ejemplos de cómo precisamente la globalización y las grandes compañías internacionales iban ocupando precisamente ese espacio de mercado de los pequeños establecimientos, las grandes cadenas de distribución de alimentación casi acabaron con la pequeña venta de las esquinas, las de la construcción con la ferretería o con la moda en las tiendas de la vida, y en este proceso ha habido muchos pequeños empresarios autónomos que han sido damnificados, que han tenido que adaptarse y renovarse precisamente para sobrevivir en un ecosistema cambiante hostil, un auténtico darwinismo social y económico, y con los VTC está ocurriendo precisamente lo mismo.

Ante esta sentencia que tenemos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó la proporción de una licencia de VTC por cada 30 taxis, recogida precisamente en la legislación estatal y también replicada en la canaria, esta respuesta judicial respondió el Gobierno de España declarando del taxi como de interés general. Creo que este decreto ley, además de responder precisamente a esa exigencia legal derivada de esta sentencia europea que nos cambia totalmente el marco, también debemos de servir para que efectivamente se pueda enfocar este asunto desde el punto de vista medioambiental inequivocadamente y serán también los cabildos los que tienen que diseñar criterios adicionales para poder autorizar las nuevas licencias, que se suspenda por un año desde ahora en función también de las necesidades y las características de cada isla, atendiendo, insisto, a criterios ambientales que son imprescindibles para evitar nuevas tensiones en un territorio ya bastante exigido.

Comentaban en la Comisión de Cabildos cuando tratamos este asunto cómo la isla de El Hierro, que tiene 30 licencias de taxi, tenía unas cien solicitudes de VTC, probablemente no para que estén en El Hierro porque no hay masa crítica sino luego para moverlos a otras islas, y es ahí donde está el trasfondo de este tipo de solicitudes.

Pero todo este trabajo habrá de hacerse sin que la regulación pueda constituir una restricción o condiciones de acceso al mercado, de lo contrario probablemente el legislador vuelva a hacer aguas y estemos en el punto de partida cuando una sentencia revierta esta limitación de la competencia, que es precisamente también lo que Europa está persiguiendo.

También agradecerle, señor consejero, la voluntad suya y de la directora general, María Fernández, para intentar que esto sea un proceso participativo, que el sector se haya sentido escuchado y que muchas de sus reivindicaciones estén en este borrador, sin perjuicio de que si finalmente se convalida como un proyecto de ley podamos los grupos poder aportar y hacer los cambios que sean sustanciales o que consideremos, todo ello sin olvidar de que efectivamente ya trae el consenso del sector y eso es de agradecer.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Tiempo de intervención para la Agrupación Socialista Gomera.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, ya, señorías. Buenas tardes, señor consejero.

Señor consejero, este es un decreto ley que, además, ya hemos debatido el pasado miércoles en la Comisión de Cabildos en esta Cámara junto, además, a los 7 representantes de los distintos cabildos insulares, ya que este era un decreto que de cierto forma también les afecta a ellos. Y la realidad es que también la postura de todos y cada uno de ellos fue clara y fue además una postura compartida que es que es un decreto oportuno y también un decreto necesario.

Desde el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera mantenemos nuestro apoyo a este decreto ley.

Estamos también de acuerdo en que se tienen que dar herramientas medioambientales a los cabildos y a los ayuntamientos para mantener, pues, de cierta forma un control sobre los VTC.

Además, también nos parece acertado que estas autorizaciones vayan vinculadas a criterio de sostenibilidad, ya se ha hablado de las miles de licencias que están pendientes, más de nueve licencias en Canarias. Y hay que tener en cuenta el impacto o lo que esto supondría para cada una de las islas, lo digo también para islas como la mía, islas como La Gomera, que lo más importante o una de las cosas más importantes que tenemos son nuestros valores medioambientales y debemos de protegerlos de todo aquello que entendamos que puede en cualquier momento ponerlo en peligro.

Como ha dicho también usted, como ha dicho el consejero, era necesaria esta modificación para dar, además, respuesta a una problemática existente y, además, que no podía esperar mucho más tiempo para tener una respuesta. Además, también vemos que es positivo que estos criterios tengan que ser homogéneos, o sea, tanto para las VTC, que son competencia de los cabildos, como también para los taxis que son, en este caso, competencia de los ayuntamientos.

Importante también, o queremos recalcar, que la modificación que se hace de la ley a través de este decreto se ha hecho con el consenso de los transportistas, con el consenso de los ayuntamientos y también con el consenso de los cabildos.

Por tanto, insisto, ASG pues también se va a mantener en este apoyo.

Pero al igual que también le dije en la comisión también aprovecho en la sesión parlamentaria para recordarle que es importante también que se elabore cuanto antes una nuevo ley de ordenación del transporte por carretera que esta es del año 2007, es verdad que no es una ley tan antigua, es una ley que tiene 17 años de vida, pero también es verdad que el transporte en estos 17 años ha cambiado muchísimo y es necesario, por tanto, tener una normativa que dé respuesta a los actuales desafíos. Además de eso, porque también es una reivindicación desde hace muchos años del sector del transporte.

Por tanto, finalizo, espero que pronto podamos contar con ese decreto, con ese proyecto de ley, disculpa, y también va a contar, como he dicho, con el apoyo de Agrupación Socialista Gomera a este decreto ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario VOX.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejero.

Aunque lamentablemente no se le da la importancia que tiene una de las principales obligaciones de la Administración pública es resolver en plazo las solicitudes de todas aquellas personas que inician un procedimiento y nos encontramos con que actualmente en Canarias hay miles de personas que no han obtenido respuesta a esa solicitud de emprender una actividad económica como es el transporte, las VTC, los vehículos de transporte con conductor. Y lamentablemente tampoco van a poder hacer a corto plazo porque el decreto ley que ustedes han ideado no ha encontrado una solución que permita que esto se resuelva con agilidad, favorablemente o desfavorablemente, porque a pesar de que establece unos criterios automáticos que sean de aplicación ahora tendrá que haber un desarrollo para que se establezcan esos otros criterios, que en el plazo de un año se deberán de establecer, permitirán resolver estas solicitudes de VTC, con lo cual nos vemos con que siempre son los ciudadanos los que tienen que lamentar las limitaciones del sistema y la Administración. Pero aun así, encontramos que este decreto ley es una buena base, ha sido tramitado teniendo en cuenta las aportaciones de los sectores interesados y también de las entidades locales que se van a ver responsabilizadas en última instancia también de aportar su granito de arena.

También es importante ese decreto ley porque tenemos unos usuarios que tienen derecho a decidir la forma en que quieren moverse por las isla, pero también es cierto que es necesario el decreto ley porque no pueden resolverse estas solicitudes favorablemente porque sí, tenemos que tener en cuenta que nuestro territorio es limitado, tenemos que tener en cuenta también esas garantías de los usuarios y así VOX ha venido promoviendo, en esta materia de la actividad de VTC, unas determinadas regulaciones que tengan en cuenta la proporción entre VTC, taxis, que no olvidemos que es un sector profesional y consolidado, y población que también es necesario que aquellas personas que desarrollan esa actividad tengan formación, no vale un conductor nobel, por lo cual nos alegramos de esto.

Pero ya le advertí en la pasada comisión que hay algo que nos preocupa, y es la interpretación que se pueda, o aplicación, mejor dicho, que se pueda hacer de ese fallo judicial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando habla de aquellos supuestos en los que es posible limitar ese libre desarrollo de la actividad profesional, establece unos criterios en un orden muy determinado: habla de la buena gestión del transporte, de la buena gestión del tráfico y la buena gestión del espacio público, y, a continuación, y solo a continuación, menciona la protección del medio ambiente. ¿Qué hizo con esta sentencia el gobierno sanchista?, aprobó un real decreto ley que en la ley de ordenación del transporte terrestre estatal, en el artículo 99, modificó el orden y colocó en primer lugar la protección del medio ambiente.

Y ustedes, señor consejero, en el Gobierno de Canarias han seguido a pies juntillas lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez, y nos da mucha pena y también nos preocupa porque el desarrollo de la ciudadanía, el desarrollo de nuestra actividad, el desarrollo de nuestras islas no puede depender prioritariamente en exclusiva de la protección del medio ambiente cuando es entendida de manera desmesurada, es decir tenemos en cuenta que hay una auténtica religión climática implantada por parte de la Agenda 2030 que puede llegar a poner en desequilibrio los verdaderos intereses de Canarias.

Con lo cual y en definitiva, enhorabuena por pretender dar una solución a este decreto ley y también por pedir que se solicita su tramitación como proyecto de ley, lo que también avalaremos, para poder introducir las mejoras oportunas en la norma. Igualmente, y también, esperamos que esta norma sea solo un punto y seguido para esa renovación global de la ley de transportes terrestres por Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Tiempo de intervención Nueva Canarias-Bloque Canarista, señora González cuando quiera tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Consejero.

Pues un placer volver a verlos a todos tras el periodo vacacional de agosto.

Debatimos hoy la convalidación de un decreto ley de modificación de la ley actual de transportes de Canarias que se aprobó por el Consejo de Gobierno el 31 de julio pasado, del año 2024, un decreto ley que, en palabras de la directora general de Transportes, responde a lo solicitado en diciembre del 2023, hace ya nueve meses, por la mayoría de los miembros de la Mesa de Transportes de regular con carácter de urgencia la concesión de las autorizaciones de transporte de vehículos de arrendamiento con conductor, las VTC o comúnmente también conocidas como limusinas, dada pues además la ingente avalancha de solicitudes de estas autorizaciones presentadas en los distintos cabildos.

Sobre esto, consejero, manifestar el apoyo de Nueva Canarias-Bloque Canarista a esta moratoria planteada para la concesión de las licencias de VTC pero sí le digo que sobre el resto del contenido del decreto ley comunicarle nuestro más absoluto rechazo porque... Y además es que entiendo que no se puede calificar más que como una épica chapuza partidista cuyo único beneficiario tiene nombre y apellidos. Y las razones por las que le digo eso son varias y le aseguro que ninguna de ellas es caprichosa.

La primera pues porque, tal como usted acaba de afirmar en su intervención, la única medida de imperiosa y urgente necesidad que valida su ordenación mediante decreto ley es la suspensión por el plazo de doce meses del otorgamiento de nuevas autorizaciones de VTC con el fin de definir por parte de las administraciones criterios objetivos para el otorgamiento de las mismas pues por esta ingente cantidad de solicitudes presentadas en los cabildos y además pues tras la sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea que declaró nula la restricción establecida, tanto en la normativa estatal como en la canaria, de una VTC por 30 licencias de taxis. Pero es que además, además, aprovechando, yo entiendo que torticeramente, el consenso sectorial sobre la necesidad de urgencia de suspender el otorgamiento de estas licencias y aprovechando, entiendo, que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que ha hecho es camuflar cuestiones que no solo no son urgentes, sino que además no existe unidad de criterios en ellos desvirtuando el acuerdo unánime de la última reunión de la mesa del transporte que se celebró, pues, el 19 de julio, de iniciar de forma inmediata el debate para la tramitación de un proyecto de ley de modificación en profundidad de la actual ley de transporte, esa del 2007 que ya desde su nacimiento estaba viciada y, además, del que exige ya un borrador, y a pesar de lo que la directora general del Transporte ha manifestado, fue un borrador que se trabajó y se participó por todos los miembros de la mesa del transporte, y no hace falta que me crea a mí léase las tropocientas actas que existen de esas tropocientas reuniones de la mesa donde lo dice, sin embargo su directora no ha dicho esto. Pero, además, la cosa ni siquiera queda ahí sino que a más, a más, y no contentos, señor Rodríguez, en la rueda de prensa que acudió usted con la directora de Transporte, pues hace escasamente 2 días, usted se permitió el lujo de afirmar que como la mesa de transporte votó unánimemente no continuar con el anteproyecto del borrador que exigía, bueno, pues, planteado por el pacto de progreso ni un nueva ley de transporte, pues, que la consejería iba a trabajar en modificaciones puntuales de la vigente ley de transporte.

En definitiva, que en su línea y para no variar va a continuar intuyo que probablemente mediante sucesivos decretos leyes parcheando, una vez más, nuevamente la ley de transporte, pero eso sí, sin vergüenza, sin pudor, ya viene usted aquí a defender los intereses de los suyos aprovechando el trabajo de otros sin ponerse colorado y sin la más mínima conciencia del peligro de sus acciones. Y siento decirle que como el mundo da vueltas y el tiempo siempre pone las cosas en su sitio, al igual que las mentiras, las tretas partidistas tienen las patas cortas y terminan saliendo caras. Y yo simplemente que le salgan caras a Coalición Canaria pues no me quita el sueño, lo que sí que me preocupa y, desde luego, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista no vamos a permitir es que estas patujadas le terminen saliendo caras a Canarias y a los que aquí vivimos porque no olvide que el transporte es un sector estratégico al punto de que un paro del mismo tiene la capacidad de paralizar todo un país, ya no le cuento de paralizar Canarias.

Con lo que, consejero, desde mi Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista tan solo por el hecho de que estamos de acuerdo en la moratoria de los 12 meses vamos a abstenernos en la convalidación del decreto ley. Lo que sí que vamos a votar en contra es de la tramitación como proyecto de ley porque con nuestro voto lo que sí que no vamos a hacer es cómplices de que usted justificando la tramitación de este decreto ley como proyecto de ley no cumpla con su compromiso de iniciar de la mano de todos, insisto, de todos los sectores o de todos los agentes implicados la tramitación de un proyecto de ley de modificación profunda de la actual ley del transporte, esa que se aprobó en el 2007, que aprobó Coalición Canaria en el 2007 y que siempre, desde su inicio, ha generado más problemas que soluciones.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Tiene la palabra la señora Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora CURBELO TRUJILLO: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero.

Miren, siempre he escuchado eso de que la política es el arte de hacer posible o que es imposible. Me he sentido siempre muy identificada con la trascendencia que tienen estas palabras, ya que los políticos, que nosotros, todos los que estamos hoy aquí, tengamos la posibilidad de cambiar el presente y el futuro de nuestra sociedad, sin embargo, en los últimos tiempos he sido testigo como, por ejemplo, durante el gobierno del Partido Socialista la frase que más le pega a la política, a la política que lleva la izquierda de este país, es justo la contraria hacer imposible lo que realmente es posible.

Así, señorías, vivimos en la legislatura pasada la imposibilidad del Gobierno de Ángel Víctor Torres de hacer posible algo para esta tierra, podría darles muchísimos ejemplos, podríamos hablar de pobreza, de sanidad, de educación, de vivienda, de la reconstrucción de La Palma, de muchísimas cosas en las que qué hizo el expresidente Torres, pues, nada, miren, lo mismo que está haciendo ahora como ministro de España en el tema migratorio, nada por Canarias, nada más allá de echar culpas y enredar las cosas, ni una sola solución, todo lo contrario, lo que está haciendo de la búsqueda de soluciones y de atender la crisis migratoria que vive Canarias es una auténtica misión imposible. Pero, miren, como les decía, esta situación no es ajena aquí en este Parlamento, ya hablamos, por ejemplo, de vivienda, de lo que no se hizo en la legislatura pasada y de cómo este Gobierno tuvo que sacar adelante un decreto para declarar una emergencia y poner soluciones a la crisis habitacional.

(La señora vicepresidenta primera, Oramas González-Moro, ocupa la Presidencia).

Hoy estamos de nuevo aquí, señor consejero, estamos en las mismas, estamos aquí para convalidar el Decreto 6/2024, de modificación urgente de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, todo ello para aportar soluciones, esta vez sí, al grave problema que supone para Canarias, para nuestras islas, la existencia de más de ocho mil solicitudes de autorización de VTC, una gran cantidad de solicitudes que en un territorio frágil y fragmentado como Canarias es incapaz de absorber. Pero de eso, de esto también tenía conocimiento el anterior equipo de gobierno, de hecho, hemos oído aquí cómo tenían previsto sacar una modificación de esta misma ley que jamás vio la luz, una modificación que se guardó en un cajón y que pasó a engrosar la larga lista de cosas pendientes que dejó por resolver el señor Torres en las que se puso de perfil y dejó para otros.

Miren, y así hemos llegado aquí y ha tenido que ser nuevamente un gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular el que plante cara al problema y aporte soluciones, por lo que, señor consejero, le doy la enhorabuena por tener la voluntad de cambiar las cosas, dialogar y buscar soluciones.

Este es el modo de trabajo de este Gobierno, también lo es de mi grupo parlamentario, que además de las reuniones y contactos con el sector que ha tenido el Ejecutivo, también desde el Grupo Parlamentario Popular nos hemos reunido y hemos trabajado de la mano del sector, hemos escuchado las aportaciones y necesidades de un sector, como hemos dicho, es de suma importancia para Canarias, no solo para los que vivimos en esta tierra sino también para los millones de turistas que nos visitan a diario. Y, en este sentido, señorías, he de decirles que coincidimos plenamente con el Gobierno y con el sector en la absoluta necesidad de poner en el ordenamiento jurídico este decreto ley que aporte seguridad jurídica a la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de junio de 2023, en la que quedó patente que la fórmula utilizada hasta el momento para las autorizaciones de vehículos con conductor, esto es 1 a 30 en relación a las de taxi, debía de cambiar ya que solo respondía a un criterio económico.

Hablamos, pues, señorías, de un decreto ley que ha cumplido con todos los requisitos legales para su tramitación en este Parlamento; hablamos además de una norma que viene a petición del sector de regular las autorizaciones de vehículos con conductor y que además, según el Consejo Consultivo, según su informe, cumple con el principio de reserva de ley formal que protege la libertad de empresa, que tiene por finalidad adecuar la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias a los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como también la protección al medio ambiente; y que además establece medidas que se entienden idóneas y adecuadas para el fin que se persigue.

Por tanto, este grupo parlamentario votará a favor de su convalidación.

Y, además, señorías, también les anuncio que votaremos a favor de la tramitación de este decreto como un proyecto de ley, toda vez que nos parece oportuno tener un trámite de trabajo y de enmiendas, de aportación por parte de los diputados y diputadas que conformamos esta Cámara siempre en aras de mejorar el texto y alcanzar los máximos acuerdos posibles.

Creemos absolutamente en la necesidad de escuchar a todas las partes y de volcar en la normativa las necesidades del sector y aportar soluciones a los máximos problemas posibles.

Así que, señor consejero, le reitero, tiene usted el apoyo de este grupo parlamentario y de esta diputada en particular no solo para la convalidación de este decreto en el día de hoy, sino que también le tiendo la mano para trabajar, para tender puentes y para aglutinar el máximo consenso posible para este cambio normativo del que estamos hablando; y también le reitero el apoyo y esta mano tendida para la modificación que usted ha anunciado de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias porque también es una cuestión absolutamente necesaria e importante y en la que está de acuerdo absolutamente todo el sector del transporte.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señora diputada.

A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra el señor Martín Fumero.

El señor MARTÍN FUMERO: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero.

Este Decreto ley 6/2024, de 31 de julio, introduce modificaciones urgentes a la Ley13/2007, como ya vimos en la Comisión General de Cabildos hace dos días.

Estas modificaciones se han impulsado principalmente para resolver una situación de incertidumbre jurídica que ha surgido tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que, como bien ha expresado, existen numerosas solicitudes de autorizaciones VTC pendientes de resolución y su otorgamiento sin un marco normativo claro podría causar un impacto negativo y significativo en el medio ambiente y en la gestión del transporte en las islas.

Tal y como manifestamos en la comisión, estamos de acuerdo en el contenido de este decreto, tanto en el fondo como en la forma. En el fondo del asunto porque esta modificación es imprescindible para asegurar que la normativa canaria esté en plena conformidad con los criterios establecidos por la sentencia. Se ha dicho aquí que estaban esperando y que no se dio respuesta; sí se dio respuesta a las solicitudes pero fue negativa, por eso el asunto se judicializó y estamos hoy aquí modificando el decreto.

La sentencia del TJUE abrió la puerta para que se establezcan restricciones, pero estas deben estar justificadas por objetivos legítimos, tales como la buena gestión del transporte, la protección del medio ambiente o la correcta utilización del espacio público. Para cumplir ese precepto se incluyen criterios ambientales de gestión en uno de los cambios más significativos introducidos por este decreto ley que tienen en cuenta criterios ambientales y de gestión del tráfico para otorgar las autorizaciones VTC. Estos criterios están diseñados para asegurar que las autorizaciones se concedan solo cuando se cumplan ciertas condiciones que protegen el entorno y aseguren una gestión sostenible del transporte en Canarias teniendo en cuenta aspectos claves como la calidad del aire, la reducción de gases efecto invernadero, la congestión viaria o la capacidad de carga. Estos criterios son de aplicación inmediata, no hay que esperar, pero no hay orden de prelación en los criterios porque por ejemplo en El Hierro puede ser el criterio más importante el impacto ambiental, mientras que en Gran Canaria, por ejemplo, puede ser la gestión del tráfico, entonces cada cabildo será el que establecerá la prelación de los criterios en función de sus necesidades.

Esta norma se adapta precisamente por ello las especificidades insulares a las características únicas de las islas Canarias, un territorio insular con recursos limitados y un ecosistema frágil.

La introducción del concepto de capacidad de carga es un reflejo de este enfoque asegurando que cualquier expansión en la infraestructura del transporte sea sostenible y no ponga en riesgo el equilibrio medioambiental de las islas. Además, permite que los cabildos insulares y los ayuntamientos establezcan sus criterios adicionales que reflejen sus circunstancias locales proporcionando así un marco flexible que pueda adaptarse a las necesidades específicas de cada isla.

Más allá de las modificaciones necesarias para cumplir con la sentencia el decreto también introduce una serie de cambios adicionales a la Ley 13/2007, como la suspensión temporal de las autorizaciones, la flexibilidad de los criterios numéricos, el establecimiento de límites absolutos en cuanto a la contaminación ambiental, la regulación del régimen de precios y condiciones de contratación y marca también el ámbito de las autorizaciones insulares.

En lo referente a la suspensión temporal de nuevas autorizaciones se ha decidido suspender temporalmente el otorgamiento de las nuevas autorizaciones de VTC y taxis hasta que los cabildos insulares y los ayuntamientos hayan definido y aprobado los nuevos criterios objetivos mencionados anteriormente. Esta suspensión se aplicará durante un año desde la entrada en vigor del decreto ley.

En cuanto a las formas también compartimos el cómo se ha hecho esta modificación, por mucho que pese, escuchando a todo el sector, y no solo a una parte, y escuchando también a las instituciones implicadas, cabildos y ayuntamientos, en un proceso participativo que, aunque no es obligatorio, sí se hace necesario para realizar una norma de amplio consenso, ya que se han añadido la mayoría de las propuestas en el texto final. Además, se ha tenido en cuenta lo acordado en la mesa del transporte celebrada el 19 de julio que no se reunía, por cierto, desde hace dos años y medio, con el anterior gobierno, del que formaba parte también Nueva Canarias. Esto no es reactivar el proyecto de modificación de la anterior legislatura y modificar la actual ley cuya profundidad dependerá de las aportaciones del sector escuchando, como decía, a todas las partes y no solo a una. También convendría aclarar cuando habla de que usted, señor consejero, ha hecho un decreto a los suyos, pues, no sabemos quiénes son los suyos porque cuenta con el respaldo de los 7 cabildos insulares, por ejemplo.

Queremos dejar claro que hay que diferenciar las actuales modificaciones urgentes contenidas en este decreto de la modificación más amplia de la ley que reclama el sector y que se acometerá en el futuro, como ya usted ha aclarado aquí con el diálogo de todas las partes.

Por ello, no pretendemos confundir hoy, no se pretende confundir hoy lo que sometemos a votación que es el Decreto 6/24, no la futura modificación de la Ley de Ordenación del Transporte o la nueva ley de movilidad sostenible, son cosas distintas.

(La señora presidenta se reincorpora a su lugar en la Mesa).

Por todo lo expuesto, el Grupo Nacionalista apoyará la convalidación de este decreto ley y también la tramitación del mismo como proyecto de ley para continuar con el proceso participativo que se ha mantenido desde el inicio de esta modificación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín Fumero.

Termina el debate el Grupo Parlamentario Socialista Canario, el señor Bergaz.

El señor BERGAZ VILLALBA: Gracias.

Muy buenos días, presidenta. Consejeros. Señorías. Siempre es un placer volver a vernos después de la interrupción con motivo del verano.

Trae el Gobierno, en este caso de Coalición Canaria y Partido Popular, la convalidación de esta Cámara, el duodécimo decreto ley aprobado en lo que llevamos de legislatura, 12. Una docena de decretos leyes en algo más de un año de gobierno. No seré yo, desde luego, el que les recuerde a quienes hoy ostentan legítimamente el Poder Ejecutivo las críticas que durante la anterior legislatura dedicaban al pacto de las flores ante la mayoría de decretos leyes traídos a esta Cámara para su convalidación, pero son las cosas de la política, ayer criticaban lo que hoy, pues, lamentablemente no se aplican, nada nuevo bajo el sol. De hecho, una de sus primeras decisiones precisamente en esta legislatura, hay que recordarlo, fue el Decreto Ley 5/2023, aquel que perdona el impuesto de sucesiones a las herencias más caudalosas, a las herencias de los más ricos, o dicho de otra manera, ese decreto ley que perdona el pago de la cuota tributaria a las grandes herencias de Canarias. Pero no quedó ahí la cosa, han seguido empleando la figura del decreto ley estatutaria, constitucional, en algo que nadie discute para cambios legales que sí hemos criticado políticamente por no compartir en ocasiones ni la oportunidad ni el objeto perseguido ni las formas como romper, por ejemplo, el consenso existente en materia de vivienda, consejero, con el Decreto 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, pese al Pacto canario de la Vivienda o el Plan canario de Vivienda, acordados durante la anterior legislatura, o acudir al decreto ley por aquello de facilitar a la prisa y corriendo el control por el Gobierno del ente Radiotelevisión Canaria, para lo cual bien que aprobaron el Decreto ley 7/2023. Pero no, este Gobierno parece que apuesta por la actuación unilateral en lugar de por los anteproyectos de ley y por la participación en este caso de esta Cámara, aún cuando afecte otro de los decretos a una de las leyes más participada de la historia de Canarias, la Ley 6/2022, del cambio climático, también modificada vía decretazo y sin tramitarse con posterioridad como proyecto de ley, en una ocasión que incluso generó un encontronazo sonoro entre los socios de gobierno, y lo saben bien por este lado de la bancada gubernamental. Pero es lo que hay. Son las reglas del juego, se aceptan las mayorías parlamentarias que incluso llevaron al partido preferido de la población canaria, el Partido Socialista, a los escaños de la oposición pese a ser la primera fuerzo política.

Hoy, en este primer pleno después del parón estival, traen el Decreto 5/2024, publicado un 12 de agosto del 2024 después de aprobado en Consejo de Gobierno un 31 de julio. Un decreto que se dicta, como bien se ha dicho en esta Cámara, en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, oigan bien, de junio del 2023, de junio del 2023, por lo tanto ha transcurrido más de un año desde que el alto tribunal de la Unión Europea dictara dicha sentencia, y nos preguntábamos desde las filas socialistas por qué han dejado transcurrir más de un año, desde luego no le pueden echar las responsabilidades ni la culpa al Estado, al Gobierno de Sánchez, porque es que el Gobierno de Sánchez sí aprobó un real decreto ley a las pocas semanas de dictarse dicha sentencia que modificaba en el ámbito de las competencias estatales, de la ley nacional del transporte, el artículo en cuestión. Por lo tanto, consejero, más de un año nos parece un tiempo excesivo para haber adoptado medidas en una materia en la que además, y en la propia exposición de motivos de este decreto ley, una amplia exposición de motivos de diez páginas, se viene a recoger que solamente en Gran Canaria y en Tenerife por ejemplo hay más de ocho mil quinientas solicitudes de las famosas VTC pendientes cuando actualmente solamente hay 219, que existen en la actualidad, cuando además estamos hablando de un sector estratégico de la Comunidad Autónoma de Canarias como es el servicio público del taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor, cuando es tan importante conciliar la actividad del transporte precisamente con esas nuevas exigencias medioambientales de calidad del servicio del transporte, de ordenación del tráfico, de lucha contra el cambio climático, sin embargo más de un año han tardado.

Y además le voy a señalar lo siguiente: hemos echado incluso en falta, en contraposición con la actuación de otros consejeros del Gobierno, una previa reunión, al menos informativa, en el ámbito por ejemplo de la Comisión de Transportes, pues para poder participar el resto de grupos políticos al menos en el conocimiento de este decreto ley y no encontrarnos pues con la publicación un 12 de agosto en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Yo le pediría en nombre del Grupo Socialista que el buen ejemplo que otros consejeros del Gobierno sí dan para por lo menos informar a los miembros de la comisión parlamentaria correspondiente de los decretos leyes que prevén aprobar lo haga. Tome buena nota para, además de sumar el consenso y el acuerdo que ha habido, en este caso sí, con el sector y con la Mesa del Transporte, también pudiera decirle en esta tribuna que tuvo la deferencia de convocar a todas y cada una de las fuerzas políticas no solamente aquellas que sustentan al Gobierno para informarles no solamente de su intención de aprobarlo sino de los contenidos del mismo, de un decreto ley que además ha sido sometido, como es preceptivo, al dictamen del Consejo Consultivo, y realiza una serie de observaciones, por ejemplo, que afectan a la moratoria que se plantea en la disposición transitoria que sería bueno corregir, y de ahí que le agradezca que vaya a tramitarlo como proyecto de ley.

Pero antes de terminar esta intervención le deberé señalar lo siguiente: le dejamos un anteproyecto de ley, el anterior Gobierno, aproveche todo ese material, aproveche las innumerables reuniones que hubo con cada una de las Administraciones locales, llámese ayuntamientos, cabildos, pero también el sector. Es un buen paso para iniciar lo que es una necesidad acuciante, que es la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte terrestre o por Carretera en Canarias en un sector y una actividad que es estratégica. ¡Hágalo! Porque además uno tiene la sospecha de que lamentablemente al transporte este Gobierno de Canarias formado por Coalición Canaria y el Partido Popular no le ha dado la suficiente importancia, y le voy a señalar el por qué.

Si usted recupera el pacto de gobierno firmado por esas dos fuerzas políticas verá que al transporte le dedican escasamente dos líneas cuando estamos hablando de un sector fundamental y estratégico.

Desde esta tribuna le anuncio que vamos a apoyar la convalidación del decreto ley y también vamos a aprobar su tramitación como proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bergaz.

Bueno, pues finalizado el debate, procedemos a llamar a votación. (Suena el timbre de llamada a votación).

Bueno, antes del inicio de la votación, recordarles que hay un voto telemático de la señora Cabrera Noda.

Votamos, en primer lugar, la convalidación o no del decreto. Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes 63: sí 54, no 0, abstenciones 9, pendiente del voto telemático. ¿Letrada, tenemos el voto telemático?, esperamos un momentito. Muy bien, sí, perfecto, voto telemático sí.

Ahora procedemos a la votación de la, si quieren o no como procedimiento de urgencia.

Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes 64: sí 59, no 5, abstención 0, esperamos por el voto telemático. Sí, el voto telemático es sí.

Por tanto, queda aprobada el decreto ley y la no tramitación por el procedimiento de urgencia, y la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Pasamos al debate de la siguiente PNL.