Diario de Sesiones 47, de fecha 6/9/2024
Punto 3

11L/DL-0012 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS LEYES. DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD, LA GESTIÓN EFICIENTE Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL ÁMBITO DE LOS JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

La señora PRESIDENTA: Siguiente decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas.

Tiene la palabra para su defensa la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Cuando quiera.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Traemos, como bien dice, a sometimiento de este salón de Plenos la convalidación y también la propuesta de que sea tramitado como proyecto de ley. Este decreto ley que aprobamos de medidas urgentes no solo en la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y calidad del empleo público sino también para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas.

En este salón de Plenos, también en las comisiones parlamentarias que hemos tenido durante este periodo de sesiones, este año de legislatura, hemos planteado en varias ocasiones la necesidad de abordar cambios en la Administración, lo hemos dicho, hemos dicho en muchas ocasiones, sus señorías también han hecho parte de ese diagnóstico, de la necesidad de adaptar la Administración a la realidad de hoy.

Bueno, este decreto ley forma parte de la hoja de ruta que hemos emprendido para poder dar pasos, los primeros y los necesarios, para conseguir esa transformación. Por lo tanto, forma parte de este proceso de transformación que tenemos que emprender para la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no es único, que tiene que llevar no solo cambios normativos a través de este decreto ley sino también abordar un proceso normativo de una nueva ley del empleo público de Canarias y que forma parte de nuestra agenda legislativa desde el principio de esta legislatura. Actualizar la Administración pública a la sociedad que tenemos hoy y modernizarla debe ser el reto principal, y dentro de eso o pendiendo de eso tienen que aprobarse una serie de medidas, algunas que serán más complejas, otras que serán menos complejas, algunas cuyos resultados veremos más rápido y otras que requieren un camino que recorrer. Requiere tomar decisiones y por lo tanto poner en marcha, como decía, esos procesos.

Hoy traemos esa primera pata, el decreto ley, que, como decía, debe convertirse en ley para poder, si así sus señorías lo consideran, para poder blindarlo de máxima seguridad jurídica, pero también para que en esta fase podamos recibir aportaciones, no solo mejorarlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios sino también de la Fecam, de la Fecai y de las organizaciones sindicales que lo consideren. Y, finalmente, abordar la redacción y tramitación de una nueva ley del empleo público que, además, hemos incluido un plazo para iniciar esa tramitación dentro de este decreto ley, por lo tanto, obligándonos vía normativa a que ese inicio se produzca en los próximos 6 meses.

Una vez que tenemos un borrador del decreto ley reunimos, tienen conocimiento, en este caso, los sindicatos a través de una reunión, los sindicatos de la mesa general, no en mesa general puesto que el decreto ley no va a mesa general de negociación, sí tienen conocimiento de la aprobación posterior del decreto, pero también de su contenido. Finalmente, lo llevamos a Consejo de Gobierno lo aprobamos y entra en vigor.

A partir de ahí ¿qué queremos conseguir con este decreto? Para no entrar en el detalle de artículo por artículo les voy a hacer un resumen de qué es lo que queremos solucionar de manera inmediata, por lo tanto, aquellas cosas que son urgentes y extraordinarias, así también ha dictaminado el Consejo Consultivo, sobre aspectos que no podemos esperar a tener aprobada la nueva ley de empleo público o hacerlo por la vía ordinaria porque tardaríamos muchísimo más: aspectos que tienen que ver con la ejecución de los procesos selectivos, con el contenido de los mismos, con la promoción interna, con las formas en las que se constituyen las listas de empleo.

Y voy a destacarles algunos de los problemas que forman parte, hay muchos más en el diagnóstico, pero les voy a resumir los que consideramos de más relevancia. En cuanto a la selección de personal nos encontramos con una ausencia total de medidas que fomentan la promoción interna, este decreto ley no solo reserva plazas hasta un 40 % en determinados supuestos a la promoción interna sino que determina que algunos cuerpos y escalas puedan reservarse solamente a promoción interna y no exige la superación de nuevas pruebas o contenidos ya superados en procesos anteriores.

En cuanto a dificultad de acceso al empleo público de distintos colectivos ya blindamos en una ley que el 10 % de las plazas se reservan, por ejemplo, a las personas con discapacidad, o acabamos o pretendemos acabar, una vez convalidado este decreto ley, con lo que se tarda en cubrir plazas desde que surgen los procesos selectivos, una media de seis años, ampliando la convocatoria además a un 20 % respecto de las plazas ofertadas inicialmente.

Solucionamos también las especializaciones profesionales, en este caso de la escala de administradores generales, especialidad jurídica, la de igualdad de género, la de antropología, para afrontar las tareas de reto demográfico junto con otros perfiles que si tiene creada la Administración; regulamos las listas de empleo, que eran obsoletas, y, por lo tanto, permitimos sistemas y métodos más ágiles en el nombramiento del personal. Hay una ineficiencia en los trámites del nombramiento interino que retrasa muchísimo cubrir necesidades y plazas que son urgentes y lo que hacemos es reducir la respuesta en este caso, y en el caso de las renuncias a las ofertas, que eso conllevaba un fracaso constante de los llamamientos así como de la cobertura de las plazas, establecemos la imposibilidad de renunciar a quien esté disponible con una pena de suspensión forzosa de seis meses, así como adjudicar puestos... una readjudicación de esos puestos a las personas llamadas sin necesidad de efectuar un nuevo llamamiento. Esto es uno de los graves problemas con los que nos hemos encontrado dentro de todos los departamentos.

Planteamos también soluciones para el personal fijo, algo que... derechos que llevan reivindicándose en este caso sindicalmente durante mucho tiempo, regulando que la promoción interna temporal permita al personal fijo desempeñar temporalmente puestos superiores también con retribuciones superiores, y obligamos a la permanencia de las personas en el puesto al menos dos años, relacionado con lo que explicaba anteriormente.

Hay muchas otras medidas que vienen a solucionar problemas inmediatos dentro de la Administración, como decía, también en materia de protección de la infancia, que tiene que ver con separar los casinos, las casas de juego, los bingos, de los centros, de las escuelas infantiles, de los centros de educación infantil y primaria.

Conocen ustedes del decreto, lo han podido ver, y esperamos que en los próximos meses, semanas, y algún mes si requiere eso la tramitación, podamos hacer aportaciones, mejorarlo con las aportaciones de todos y desde luego blindarlo. El proceso, como decía, para acabar con las deficiencias que tiene la Administración pública canaria en materia de personal no solo se llevará a cabo a través de este decreto ley sino que requerirá la tramitación, como decía, de una nueva ley de empleo público, y en eso se prevé una fase importante de participación y también de tiempo.

Muchas...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Señor Acosta Armas, Grupo Parlamentario Mixto-Agrupación Herreña Independiente, cuando quiera.

El señor ACOSTA ARMAS: Muchas gracias, presidenta. Señorías. Señora consejera.

En este primer año de legislatura y en los precedentes se ha debatido mucho en este Parlamento sobre el empleo público y, más allá de las opiniones o las propias consideraciones políticas que cada grupo pueda tener a este respecto, sí hay una total coincidencia en la necesidad precisamente de adoptar medidas que permitan restablecer las plantillas públicas y combatir esa descapitalización que ha padecido la Administración pública a raíz de la gran crisis financiera del 2008 y todas las medidas de ajuste que se debieron realizar.

La imposibilidad legal de la reposición plena de las plantillas primero y también la creciente edad media de los funcionarios a los que no se les puede dar un relevo generacional adecuado en segundo lugar, nos obligan a actuar con rapidez pero también con una diligencia para evitar que las decisiones que adoptemos adolezcan precisamente de esos vicios de ilegalidad que hagan finalmente inviables las mismas. La jubilación de estos Baby Boomer y la pérdida precisamente de ese know-how que tienen y que atesoran y que desgraciadamente cuando se jubilen no vamos a tener, sabiendo lo necesitada que está la Administración pública precisamente de ese capital humano, es uno de los grandes retos que afronta su consejería y además usted lo ha tratado como un gran problema y con planes piloto específico para intentar retener en la medida de lo posible todo ese conocimiento, cuestión que debe ser fundamental que también se introduzca en la norma para pensar qué hacer más allá de esa reposición que no tiene lugar si no se puede conservar precisamente ese conocimiento y pensando, en todo caso, en el objetivo final de este procedimiento que es la aprobación de una nueva ley de empleo público, como usted ha dicho, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyos trabajos habrán de iniciarse, tal y como figura en este decreto ley, antes de que se cumplan seis meses desde su aprobación.

Decía que habremos de actuar con las cautelas precisas para también garantizar seguridad jurídica de nuestras decisiones al hilo también de unas observaciones del Consejo Consultivo sobre la disposición final octava que nos alerta de los riesgos de las previsiones que hace el decreto ley sobre medidas de un alcance más de tipo reglamentario y la no identificación de los preceptos que mantiene ese rango.

Agradecer también, consejera, que se tramite como un proyecto de ley y así hacernos partícipes y también que se siga teniendo como una prioridad una ley de empleo público que afronte esos grandes retos que tiene el empleo público en Canarias.

En todo caso, quiero agradecer al Gobierno la determinación que tiene para hacer frente a una situación que está comprometiendo la correcta prestación de los servicios públicos en Canarias, y eso, no lo olvidemos, es lo fundamental por encima de cualquier otra consideración de carácter laboral sin perjuicio de las innovaciones como el perfil de igualdad, las medidas para fomentar el acceso a la mujer o la solución para el personal fijo, que es una antigua reivindicación.

En todas estas cuestiones encontrará nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera.

Sin duda, sabe que nuestro grupo ha traído también el tema de los empleados públicos muchas veces al debate en este hemiciclo, incluso también en comisiones, y también hablamos bastante en el anterior periodo sobre la situación de los empleados públicos. Por lo tanto, yo veo un acierto que se traiga este decreto ley. Un decreto ley en el que se da paso a la transformación para el acceso a la Función Pública. Y también nos alegramos, por supuesto, por parte de nuestro grupo de que se esté trabajando en esa tramitación de una nueva ley de empleo público. Con ello, pues, queremos que se evite esa desafección que hay entre la sociedad civil y el ámbito administrativo.

También creo que es importante seguir trabajando en dar siempre una mejor calidad en la atención al ciudadano y para ello es necesario, pues, legislar y este decreto ley se encamina en ese sentido, en los diferentes artículos y también, por supuesto, en los diferentes títulos se aprueban situaciones o casos en los que son necesarios esa transformación y le pongo por ejemplo.

En el título I esas modificaciones importantes en el acceso al empleo público, también incluye medidas de fomento para elevar del 25 al 30 % la reserva mínima de plazas ofertadas al turno de promoción interna y hasta el 40 % para la promoción interna desde el Cuerpo Auxiliar de Administrativos. Con lo cual creemos que esa medida es bastante acertada. Y, sobre todo, pues, queremos hacer hincapié también en esa medida de elevar esa reserva de plazas para las personas con discapacidad del 7 al 10 %, tenemos que velar luego porque las Administraciones públicas cumplan con este cometido. También se establecen medidas para la eficiencia de las convocatorias y sus bases específicas. También un conjunto de medidas de profesionalización para suplir la inexistencia determinadas escalas o especificidades, como puede ser la igualdad de género en antropología.

Y en el título II se establecen también medidas para la mejor ordenación y la gestión del empleo público temporal. Tenemos que evitar ese abuso de la temporalidad y la permanencia indebida en el servicio. Por lo tanto, está teniendo en cuenta también esos aspectos que no solo hemos reivindicado nosotros, que lo reivindica también la propia Unión Europea.

El título III trata sobre las medidas de gestión en materia de recursos humanos, pues así haremos más eficaz y eficiente la planificación y ordenación del personal. Se trabajará también en el reconocimiento de ciertos derechos profesionales y con ello también en la mejora de la calidad del empleo público. Y entre otras cuestiones, pues, también que la ocupación de una plaza en la Administración pues no solo adquirirá, pues, requiere haber pasado unas pruebas selectivas sino también que se evaluará la adecuación de esa persona a esa plaza. De esta forma también se incorpora la formación inicial obligatoria del personal de nuevo ingreso mediante la realización de una actividad formativa. Y creemos también que es importante y relevante este aspecto porque tenemos que aprovechar también ese conocimiento que tienen las personas que están a punto de jubilarse para que puedan transmitirlas a quienes ingresan nuevos a la Administración pública.

Por tanto, señora consejera, creemos acertado también la tramitación de este decreto ley y que se tramite como proyecto de ley porque así podremos escuchar también a los sindicatos, a los diferentes grupos parlamentarios, a la Fecam, a la Fecai, como usted decía, y trabajar todos juntos y sacar una ley con el mayor consenso posible. Yo creo que esa tiene que ser la meta, sacarlo que el mayor consenso posible y en que todas las partes tendrán que ceder en algunos de los aspectos, pero lo importante es pensar en el fin último, que el fin último es garantizar los derechos de los empleados de la Administración pública y también la respuesta al ciudadano.

Por lo tanto, señora consejera, otro aspecto importante que no me gustaría dejarme pues es que también se garantice que durante 2 años deben permanecer en ese puesto, porque sabe que en las islas no capitalinas tenemos un gran problema, sobre todo en la isla de El Hierro y La Gomera, que luego se abandonan esas plazas y quedan descubiertas esas plazas. Por tanto, vemos acertado también ese apoyo a los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes.

Y, por lo tanto, reiterarle el voto a favor de la Agrupación Socialista Gomera a este decreto ley. Y también votaremos a favor que se tramite como proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos Chinea.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta. Buenos días, consejera.

La Administración pública canaria se sustenta en 2 normas, una la Ley de Función Pública Canaria, con más de 30 años de antigüedad, y un Estatuto Básico del Empleado Público que en su versión original, la de 2007, preveía un desarrollo de las leyes de Función Pública que no se han llevado a pleno desarrollo en todos, en todas las décadas, con lo cual nos encontramos con que la normativa de Función Pública no da respuesta actualmente a esas necesidades de una Administración pública que se encuentra ya en pleno siglo XXI, y un ejemplo muy claro e ilustrativo que recoge la exposición de motivos en su decreto ley lo pone de manifiesto. Cómo es posible que desde el momento en que se convoca una oposición pública hasta que los efectivos se incorporan realmente a la Administración pueden transcurrir o no pueden sino transcurren en muchos casos más de cinco años.

Pero además hay otros dos aspectos que quiero traer a colación para demostrar cómo efectivamente la Administración pública requiere de extrema y urgente necesidad una actualización, y es, en este sentido, esos colectivos que en más de un 40 % sufren la temporalidad cuando en la Unión Europea se está hablando de que no deberían superar el 8 %, o esa información que obtuvimos a través de la solicitud de documentación que le hicimos de cuántos puestos vacantes hay actualmente en la comunidad autónoma y en lo que podemos considerar cuerpos superiores o grupos superiores I y II y nos encontramos con que el 22 % de los puestos están actualmente vacantes, todo ello con el peso económico que representa porque casi 4 de cada 10 euros de los presupuestos generales de la comunidad autónoma se destinan a sufragar el coste de estos recursos humanos. Con lo cual, el decreto ley es un buen punto de partida para modernizar cuanto antes la Administración pública.

Sin embargo, el decreto ley tiene algunas sombras, unas de menor calado, como que no se acompaña a la reforma de la ley de juegos y apuestas de una memoria que entendemos que se debe a ese fallo judicial al que da lugar, que es reciente, pero, bueno, en cualquier caso este aspecto la ley, en cuanto al fondo la modificación, no tiene ninguna tacha, y también la no audiencia de las entidades locales puesto que esta modificación solo afecta tangencialmente a través de fórmulas de colaboración y que además fue subsanada, esta falta de audiencia, el otro día con la Comisión de Cabildos Insulares. Pero sí que hay otras cuestiones de mayor enjundia que nos preocupan:

En primer lugar, tememos por la calidad en la educación pública y por qué en la calidad de la educación pública, por qué tememos por ella, porque, aunque sea en casos excepcionales se va a permitir que se exencione a los docentes del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, entonces aunque se excepcionalmente no lo podemos admitir, tendremos que buscar otras fórmulas para que haya docentes disponibles en la educación pública canaria.

Por otro lado, la reducción de la temporalidad. Este es el objetivo principal del decreto ley, pero si leemos el decreto ley en su conjunto no parece que se adopten medidas realmente que vayan a reducir la temporalidad, porque se habla de nombramiento de personal funcionario interino, de listas de empleo, de gestionar rápidamente ofertas genéricas, ... ¿De qué manera estas cuestiones van a reducir la temporalidad? Nos parece que en el sentido del Estatuto Básico de Empleado Público que anuda consecuencias de nulidad respecto a actos o acuerdos que no respeten la rigidez en la temporalidad son cuestiones, o establecer responsabilidades para aquellos que incumplan, son realmente las medidas que de la única forma que van a permitir que en el futuro no se caiga en los fallos del pasado.

Y ahora entro en la que es mi otra gran preocupación, es una cuestión en la que llevo insistiendo desde que tuvimos conocimiento de ello, desde que usted anunció la creación de las especialidades. Bueno, hay una especialidad jurídica en la que no entendemos por qué se veta que haga las funciones de letrado, porque sabemos que el cuerpo de letrados de la comunidad autónoma tiene pocos efectivos y actualmente hay habilitaciones a los funcionarios del cuerpo de administradores generales para realizar esas funciones por qué ahora se pretende vetar a esa especialidad jurídica del desarrollo de esas funciones. En antropología todavía a día de hoy no sabemos por qué motivos o qué funciones van a desarrollar, no lo contempla este decreto ley.

Y, lo peor de todo, los técnicos en igualdad de género, ¿qué necesidad extraordinaria urgente existe para meterlos en un decreto ley? Nos alegramos de que haya hecho caso a VOX y no lo haya incluido en un decreto porque, como ya le advertí en comisión, la ley igualdad, la Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres, no da soporte suficiente para que un decreto establezca esta nueva especialidad. Pero tampoco es la forma jurídica el decreto ley, el decreto ley sobre todo cuando ya dice que en seis meses va a iniciar la aprobación de una ley, y además establece este decreto ley que actualmente hay técnicos que se podrán integrar automáticamente en los TIC, es decir, ya tenemos personal que está haciendo esas funciones que usted pretende ahora vender como nuevas en los TIC. Con lo cual, no hay una urgencia. No la queremos en este decreto ley.

Se pretende introducir una especialidad tan tendenciosa por la puerta de atrás para introducir criterios ideológicos en la función pública en lugar de profesionalizarla.

Como usted comprenderá, si hacemos una encuesta a los canarios y le decimos mire, le hemos detraído diez euros de su salario y cuatro de ellos van a ir a la función pública, ¿usted quiere que de esos cuatro euros destinemos, los destinemos a contratar sanitarios, a contratar docentes, a contratar funcionarios que desatasquen los expedientes y les resuelvan sus solicitudes o quieren que lo dediquemos a contratar a alguien que va revisar que los informes en vez de decir "los menores" diga "las personas menores", en vez de decir "los migrantes" diga "la migración"? Pues realmente creo que las necesidades de los canarios son otras y esta especialidad TIC no tiene ningún sentido.

Esperamos que si este decreto ley sale convalidado en el proyecto de ley todas las fuerzas políticas seamos serias. Esto es una norma excepcional. Nuestra Administración pública tiene muchas necesidades y los recursos son escasos, con lo cual adiós a los TIC.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, presidenta. Buenos días, a todos y a todas.

Consejera, comenzamos este nuevo curso político, sin duda, con un asunto muy importante, lo decía usted, nuestro grupo ha sido uno de esos grupos que ha expresado de manera reiterada mucho interés en modernizar la Administración pública canaria, en adaptarla al tiempo que nos toca vivir, en conectar con el anhelo de la calle de que la Administración sea realmente ágil y eficaz, que responda a los problemas y a las necesidades. Sin duda, son organizaciones rígidas, todos y todas las que conocemos la Administración por dentro sabemos de sus fortalezas, pero también de sus debilidades y, además, incumple un principio inconstitucional básico, recogido en el artículo 103, que es que debe actuar con principios de eficacia y, por tanto, responder con agilidad a las demandas.

Y en este gran reto, en este desafío inaplazable, lo compartimos, el empleado público, el empleo público juega un papel fundamental, no podremos modernizar la Administración si no somos capaces de tener un empleado público, una estructura funcionarial, moderna, eficaz, preparada, motivada y ajustada a las necesidades reales. Por tanto, compartimos el propósito del decreto. Además, usted lo pone en evidencia en la exposición, las leyes aprobadas en el 2009 y derivadas por el Partido Popular para afrontar la crisis junto con el problema de las jubilaciones coloca a la Administración canaria y a todas las Administraciones en una situación que si no actuamos de manera diligente generará graves problemas durante los próximos años.

Por tanto, compartimos el propósito, pero no podemos compartir el mecanismo que usted ha utilizado, consejera. Utiliza usted un decreto ley que creemos que está lleno de fisuras, que, además, el Consejo Consultivo y algunas centrales sindicales nos dicen que hay artículos que son inconstitucionales. Y, además, hemos perdido un año, consejera. Sinceramente, creo que en este año podíamos haber trabajado de manera conjunta, como le pedimos las centrales sindicales, los profesionales, los grupos parlamentarios para modificar la ley canaria del empleo público y hoy haber traído una ley que de verdad respondiera a esas demandas, a esas necesidades que tenemos. Hemos perdido un año, como decía, consejera, a pesar de que el propio decreto reconoce que es que sufrimos una Administración absolutamente obsoleta, es decir, tenemos leyes que regulan el empleo público desde hace 37 años, 37 años, es que si se lo dices a la calle realmente es incomprensible. Es un hecho, por tanto, que necesitamos agilizar esta cuestión y que...

El decreto aborda muchísimas cuestiones, son 48 folios, aborda 3 aspectos importantes en materia de empleo público, la obsolescencia del sistema de selección que hay que agilizarlo, completamente de acuerdo, no podemos estar 3 años para contratar a un trabajador social, eso es inadmisible, pero lo tenemos que hacer con seguridad jurídica.

Para nosotros echamos en falta que no hemos aprovechado el decreto, lo haremos a través de ley, para mejorar no solo en la rapidez sino en la calidad, es decir, tenemos que cambiar los mecanismos para acceder al empleo público, no podemos seguir seleccionando al personal con criterios de hace 40 años, tremendamente memorísticos, inflexibles que no abordan un empleado público que se adapte a los nuevos perfiles de esta sociedad vinculados al manejo de las TIC o el uso de la IA, por poner algunos ejemplos.

Se ha dicho ya hoy aquí, lo dice, lo dicen algunos sindicatos, en lo relativo al empleo temporal usted dice que va a reducir el abuso de temporalidad dedicándoles 24 artículos a reforzar las listas de empleo, yo no sé cómo se aborda la reducción de la temporalidad con más listas de empleo, que no digo que estemos en contra de más y mejores listas de empleo, pero no veo que tenga mucha conexión con reducir la temporalidad.

Y en cuanto a la gestión más eficaz y eficiente de los recursos humanos totalmente de acuerdo, pero creemos que hay asuntos a mejorar, por ejemplo las jubilaciones parciales, que sabe que se lo propusimos, es decir, no permitamos que toda esa sabiduría que se va a jubilar se jubile y se lleve su conocimiento, busquemos mecanismos para que durante su última etapa laboral transfieran ese conocimiento o facilitemos jubilaciones parciales, que nos constan que muchos sindicatos también han propuesto.

No nos da tiempo de entrar mucho más en profundidad, por ejemplo, en materia de modificar la disposición final novena donde se modifica la orden relativa a las listas de empleo de personal docente no podemos compartir que se nombre, aunque sea de manera excepcional, a docentes que no tengan formación pedagógica y didáctica, eso es inadmisible, eso es un requisito básico, fundamental, la formación pedagógica, la formación didáctica. Y, además, no entendemos si esto ha sido pactado con los sindicatos.

Pactar y consensuar era imprescindible y por eso era tan importante que esto se tramitara como ley, esperamos que ahora en la votación, nosotros nos vamos a oponer fundamentalmente porque creemos que este decreto tiene inseguridad jurídica por los aspectos inconstitucionales que apuntan algunos sindicatos y el propio Consultivo que apunta sobre inseguridad jurídica y porque además creemos firmemente que hay que modificar la ley del empleo público de Canarias y que ha habido tiempo para hacerlo.

Por tanto, esperamos que luego, cuando se plantee en la votación de tramitación como ley el Gobierno lo apoye, aunque entiendo que no porque han planteado en el propio decreto los seis meses.

Y cuanto a la modificación de la Ley 8/2010, de los Juegos y de Apuestas, no entiendo, no entendeos por qué en este decreto ley introducen la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas. Hay un acuerdo de esta Cámara de la legislatura anterior, a través de una proposición no de ley de Nueva Canarias, de modificar la ley de juegos, en profundidad, no solo en lo relativo a la distancia donde se deben ubicar las salas de juego sino en lo relativo a la publicidad y a otros muchos aspectos que tienen que ver con la creación de una mesa de trabajo con expertos.

Por tanto, vamos a votar en contra, como hemos dicho, y esperamos, en cualquier caso ustedes tienen mayoría, esperamos con avidez y con ganas de trabajar la modificación profunda de la ley del empleo público de Canarias.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señora Reverón González tiene la palabra.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías.

Bueno, ya lo comentaba en la Comisión de Cabildos que no es la primera vez que en esta sede parlamentaria se trata el tema de la función pública, porque nuestra función pública se enfrenta señorías, y la señora consejera lo sabe, a una serie de desafíos y de características particulares que marcan la situación actual, y, entre estas, sí me gustaría destacar las siguientes:

Por un lado, el envejecimiento de la plantilla. Se ha hablado en muchísimas ocasiones de esta situación, me consta que existe, no sé cuál es el porcentaje real pero existe un alto porcentaje de empleados públicos que se encuentran en edades cercanas a la jubilación, lo que plantea los retos en términos no solamente de reemplazo sino algo mucho más importante que es la transferencia del conocimiento. Es importantísimo que esas personas que están a las puertas de jubilarse puedan transferir sus conocimientos a las personas de nuevo ingreso porque tenemos claro que la falta de persona en las Administraciones públicas no solamente afecta a lo que es la continuidad del día a día sino también afecta a los servicios públicos que tienen que prestar a la ciudadanía.

A este envejecimiento de la plantilla también sí me gustaría hablar de la escasez de recursos humanos, porque en muchas ocasiones he escuchado a muchos grupos parlamentarios hablar de que, bueno, que las Administraciones publicas tienen un problema de escasez de recursos humanos por culpa del Partido Popular, cómo no. El Partido Popular es el culpable, según algunas formaciones políticas, de todo. Y voy a hablar de lo siguiente, voy a hablar de la tasa de reposición porque aquí se olvidan de cuando se tuvo que adoptar ese mecanismo, Mariano Rajoy y el Partido Popular fue quien lo adoptó, y lo adoptó por unas circunstancias concretas y específicas no lo adoptó porque un día se levantara por la mañana y pensara que eso era bueno para la Administración pública, era por la situación económica en la que nos había dejado el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero al frente de este Gobierno (palmoteos). Pues bien, tengo que decirles que esa tasa de reposición lleva seis años manteniéndose. Que yo recuerde el señor Pedro Sánchez, actualmente presidente del Gobierno de España, lleva desde el año 2018 y seguimos con esa tasa de reposición. Por tanto, dejen, por favor, de mirar al Partido Popular y decir que la culpa de todo es el Partido Popular, porque no es la culpa del Partido Popular, porque aquí no se cuenta por qué se tuvo que tomar esa decisión.

Por tanto, señorías, creo que ya ese discurso está más que... tendrían que desterrarlo de su argumentario.

Y también sí me gustaría decir que ante estos desafíos que se platea el Gobierno de Canarias tenemos que sumarle lo que hemos denominado la digitalización y modernización de la Administración pública. Es verdad que llevamos años en este Parlamento hablando de lo necesario que es digitalizar la Administración pública pero no se ha hecho nada, y sí me gustaría decir que este Gobierno, en el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular, se adoptó como prioridad en ese pacto de gobierno lo siguiente, y además decía ese pacto "palabras como eficiencia, accesibilidad y sencillez han dejado, tienen que dejar de ser una declaración de intenciones para convertirse en una realidad palpable y mejoras concretas que lo perciban los canarios", y estoy convencida, señora consejera, que este Gobierno con usted al frente en su consejería lo va a lograr.

Y, finalmente, pues bien, entre otros desafíos que se encuentra esta comunidad autónoma es la temporalidad. Efectivamente en estos momentos muchísimos ayuntamientos, cabildos, incluso el Gobierno de Canarias, se encuentran aplicando la ley estatal, la Ley 20/2021, para terminar con esa temporalidad, pero evidentemente entendemos que se ha quedado corta y que no da cabida a las situaciones actuales que tiene el Gobierno de Canarias.

Por tanto, en definitiva, señorías, la función pública en la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en un momento de transición, estoy convencida de que estamos en un momento de transición, y que se enfrenta a retos significativos, por tanto la capacidad de superar estos desafíos, entre otras cuestiones, vino de la mano de este decreto ley que por supuesto va a contar con el voto a favor de mi formación política, porque entendemos que este Gobierno se encuentra en el paso de la decisión correcta.

En definitiva, señorías, se busca dotar de coherencia normativa, reducir la temporalidad y garantizar una gestión más eficiente y más ágil de los procesos selectivos. No nos podemos permitir el lujo, lo decía el viceconsejero en la Comisión de Cabildos, no nos podemos permitir el lujo de que una oferta de empleo público desde que se presentan los exámenes hasta que se nombre un personal, un empleado público, pase la friolera de seis años.

Por tanto, enhorabuena, señora consejera, y espero que se consigan los retos que necesita Canarias.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.

Tiempo de intervención para el Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señora consejera, antes que nada, darles las gracias por su explicación detallada del decreto ley y felicitarla porque antes de ayer no nos podía acompañar en la Comisión de Cabildos porque estaba usted inaugurando la primera oficina de atención a la ciudadanía en la isla de La Graciosa, sin duda, un hito importantísimo, un paso de gigante en la atención a la ciudadanía en las islas no capitalinas, enhorabuena.

Escuchando las intervenciones el otro día en la Comisión de Cabildos, y hoy en general, podemos afirmar que hay un consenso generalizado en que hay tomar medidas, hay que abordar la reforma del empleo público. Y se pueden hacer 2 cosas, tomar un camino largo que es la modificación de la Ley de Función Pública, un camino corto para tomar medidas urgentes a través de los mecanismos que el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía nos permite con el compromiso de seguir trabajando para esa modificación global que se necesita.

Bien, estamos ante un decreto de ley urgente que, como decía usted, para mejorar el acceso al empleo público para acortar esos plazos entre que se produce la vacante y hay que reponer el efectivo y cuando precisamente se repone regular las listas de empleo y la colaboración con cabildos y ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos pequeños que no tienen medios para abordar esos procesos selectivos, ese compromiso con los ayuntamientos menores de 5000 habitantes y hay una petición expresa de la Fecam para ampliar ese rango a los de 10 000 habitantes, y una gestión más eficiente de los recursos humanos, y un ejemplo puede ser las RPT. Las RPT no son flexibles, no están al servicio de la organización, al servicio de los servicios públicos, al servicio de la gestión de los recursos humanos y eso es una de las cosas que se aborda en el decreto ley.

Y hay cuestiones que hay que acometer, el reto demográfico, decíamos, los ayuntamientos pequeños, esa falta de personal, la cobertura de vacantes, las nuevas necesidades de los servicios públicos, el envejecimiento de las plantillas en los próximos años, todo eso hay que abordarlo. Y eso requerirá un consenso, requerirá un dialogo con ayuntamientos, cabildos, Gobierno, Parlamento, organizaciones sindicales. Y ese es el compromiso del Gobierno en la disposición final sexta del decreto ley.

Y desde ayer nos sorprendían las críticas de algunos grupos de la Oposición, decían que esto es un parche, que se ha perdido un año, que no ha habido negociación y yo quisiera decir que si no se acuerdan que el primer decreto ley del anterior Gobierno fue un decreto de medidas urgentes para el empleo público, un decreto ley que no vino con ninguna negociación, porque aquí se ha reunido el Consejo Municipal de Canarias, se ha reunido la consejera con las organizaciones sindicales, pero en ese decreto ley de la pasada legislatura se enteraron las organizaciones sindicales por los medios de comunicación y una llamada, está en la hemeroteca, yo, se puede consultar en la hemeroteca, tenía un dictamen durísimo del Consejo Consultivo con advertencias de inconstitucionalidad y, miren, hasta 9 cuestiones de inconstitucionalidad planteó a ese decreto ley el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y terminó con una sentencia del Tribunal Supremo que anuló varios artículos de ese decreto ley. Y digo yo, ¿eso no fue un parche?, ¿qué fue?, ¿cómo calificamos eso?, ¿por qué tampoco le dijeron a los anteriores intervinientes de los grupos que apoyaban al anterior Gobierno que en el programa legislativo de la anterior legislatura estaba como objetivo la modificación de la Ley de la Función Canaria?, estaba en el programa legislativo. Cuatro años pasaron con ese programa legislativo y no se encontró este Gobierno ni con un borrador de anteproyecto.

Y la inestabilidad, no hablemos de inestabilidad en la pasada legislatura que tuvo 3 personas en la Viceconsejería de Administraciones Públicas y 3 directoras generales, la última de las cuales terminó en los tribunales con presunto tráfico de influencias, enchufismo e irregularidades gravísimas, gravísimas en los procesos selectivos.

Por tanto, señorías, lecciones..., y, además, con temas tan serios porque, lo decíamos, los empleados públicos son el pilar de los servicios públicos y tenemos que buscar los medios para darles estabilidad, darles seguridad jurídica y que puedan servir con objetividad ese servicio público y abandonar la demagogia porque parece que ustedes llegaron ayer o no estuvieron nunca y resulta que los 4 años anteriores tenía la Consejería de Administraciones Públicas el Partido Socialista, pero desde el 2011 hasta el otro día también tenía el Partido Socialista la Consejería de Administraciones Públicas, porque ahí estuvo Spínola en el 2011, estuvo Aarón Afonso en el 2015 y el señor Julio Pérez en el 2019. Salvo el lapsus del señor Barragán, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista estuvo y ha tenido, ha tenido la oportunidad de modificar y mejorar el empleo público desde el 2011, con responsabilidad directa.

Por tanto, la consejera ofrecía y nos pedía a este Parlamento que abordáramos la tramitación del proyecto de ley para mejorar el proyecto de ley porque vamos a tener en cuenta las aportaciones que ya se están haciendo de las organizaciones sindicales, y, miren, no saben tampoco, en un año de legislatura este Gobierno ha celebrado más mesas de negociación que en toda la legislatura anterior, y eso es un dato constatable y comprobable, compruébenlo ustedes, más mesas de negociación en un año que en toda la legislatura anterior...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Tiene la palabra ahora el Grupo Socialista Canario, el señor Santana Martel, para la defensa.

El señor SANTANA MARTEL: Gracias, señora presidenta.

Señora Beato, si el único argumento que tiene usted, político, para defender la convalidación de este decreto ley y la nefasta gestión de este procedimiento por parte de la Consejería de Administraciones Públicas no hace sino darnos la razón de que esto es una chapuza. Si ese es el único argumento...

Mire, vamos a desmontar esta historia porque, en primer lugar, el Partido Socialista está de acuerdo en que esta comunidad autónoma tiene que dotarse de una ley de función pública actual y moderna, no cabe duda, pero estas no son las formas, pero es que este tampoco es el contenido, es que yo escuchando a la consejera habla de las partes buenas del decreto ley pero no habla del informe Consultivo, porque si empieza a hablar del informe Consultivo lo que tendría que haber hecho es retirar el decreto ley, por eso no entra ahí y lo deja a que de aquí a seis meses tramitaremos un anteproyecto de ley para, en ese trámite, iniciar el procedimiento de participación ciudadana y no corren los riesgos de generar inseguridad jurídica y la celebración de una negociación seria con los sindicatos, que no se ha dado en este proceso, para no poner en riesgo este decreto ley que, según el Consultivo, está cogido con pinzas. ¿Quiere que le lea lo que dice el informe Consultivo? Usted lo sabe igual que yo. Porque pudiera ser, dice el Consejo, hasta impugnado por los interesados que hayan visto el abuso de un decreto ley para modificaciones que pudieran ser perfectamente asumidas por un reglamento.

Porque estamos hablando de cuestiones de gestión y de procedimiento que ni siquiera tendrían que por que venir a un decreto ley si se pudiera haber facilitado, con la previa negociación con los sindicatos en la mesa de general de empleados públicos, la modificación de los reglamentos que ustedes consideren para gestionar de forma más ágil muchos de los objetivos que se marcan en este decreto ley. Lo sabe igual que yo, pero lo calla.

Mire, usted dice hemos cogido el camino corto, podríamos haber cogido el camino corto o el largo, pero hemos cogido el corto, después de un año de gobierno. Me dice a mí en el decreto ley voy a tramitar el anteproyecto de ley, traerlo en seis meses y ha perdido un año, dos semestres con respecto a un semestre. ¿Ese es el camino corto? No... Estoy hablando yo. Déjeme terminar (dirigiéndose a la señora Beato Castellano). El camino largo, el camino largo ya lo tiene usted, porque hasta el propio, hasta el propio informe del Consejo Consultivo ha... Por favor, si dejan hablar. Yo sé que no les gusta esto porque saben que tengo razón, pero por lo menos respeten el turno de palabra.

Insisto, esto es una auténtica chapuza que mañana mismo ni van a tener el tiempo suficiente de poder reparar esto porque le dice el Consejo Consultivo que va a haber un conflicto porque ustedes trascienden la norma básica del Estado con respecto a alguna parte del articulado, y se lo están diciendo. Por lo tanto, lecciones las justas.

Bueno, mire, señora Reverón le voy a decir una cosa, el que ha cuestionado la tasa de reposición en estos momentos no ha sido el Partido Socialista sino ha sido el decreto ley en su exposición de motivos por lo tanto díganles a sus socios que por lo menos también respeten un poco las formas políticas y que no venga aquí con el paripé de siempre a decir que son los adalides del respecto de los empleados públicos en Canarias porque no es verdad, porque no es verdad.

Mire, ustedes han hecho el decreto ley para no sentarse a negociar con los sindicatos previamente cuestiones incluso que tiene que ver con los derechos laborales que se podían haber resuelto fácilmente en la celebración de las tantas y tantas mesas generales de negociación colectiva de las que ustedes presumen y que no hacía falta traerlo a rango de ley, porque la negociación colectiva compartirá conmigo que es una cuestión de relevancia constitucional, y cuando se negocia si se quiere asumir derechos que se están reivindicando históricamente usted lo hubiera traído antes aquí del 12 de agosto. 12 de agosto que usted ha aprobado un decreto que está causando efectos jurídicos y vaya a saber usted los daños que si yo cogiera el articulado del decreto ley está causando no solo a los empleados públicos sino a quienes quieren acceder al empleo público como poniendo los 3 meses de periodo de pruebo a aquellos que sean contratados sin unos criterios objetivos. Entonces, ¿quién los cesa dentro de 3 meses, un tercero con su criterio personal a saber si ha cumplido objetivamente las situaciones suficientes para coger un puesto? Esto, señora consejera, es una auténtica chapuza. Usted si hubiera sido seria, lo dije al principio, si dice, mire, como dijo el consejero de Transportes anteriormente, oye, hay algunos reparos del Consultivo, vamos a resolverlos, no, usted no los nombra porque entonces tiene que retirar el decreto ley.

Mire, usted lo que tiene que hacer, mire, me parece bien, nosotros es que es imposible que votemos a favor de este disparate, imposible por diversas causas, las he dicho aquí, el otro día fui respetuoso porque era un trámite y dije un parche, podía haber dicho que es un churro, porque, claro, encajar durante el calendario de poder justificar la norma como urgente necesidad no se tenía que haber esperado al 17 de julio para encajar una cosa que no tiene que ver con la otra que es la protección de los menores en el ámbito del juego sin ni siquiera está justificado en la norma ni en su exposición de motivos ni en ningún sitio. Por lo tanto, podía haberlo calificado de churro, ya he dicho que es un parche, que está cogido con pinzas, que es un churro e, insisto, una auténtica chapuza. Pero viene bien porque usted ahora tiene un límite muy exigente que a mí, no negará, que me gusta muchísimo y es que el próximo anteproyecto de ley que usted traiga a esta Cámara tiene que tener un alto consenso con las fuerzas sindicales, un amplio consenso con las fuerzas sindicales, no solo con la mesa general de negociación sino con las mesas sectoriales porque usted toca diferentes aspectos, que también lo cuestiona el decreto ley, en el ámbito de la justicia, en el ámbito docente, no piense solo en la mesa general y en estar cómoda en su mayoría sindical de la mesa general de negociaciones para tramitar los periodos de informes y consultas y venir aquí y vendernos motos, usted tiene que llegar a un acuerdo también con los sindicatos sectoriales, sí, ríase, pero aquí nos vamos a volver a ver. Así que, esta chapuza imposible que sea votada a favor.

Por lo tanto, el anuncio de mi grupo ya lo dejo de manifiesto.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santana.

Finalizado el debate llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a votación). (Pausa).

Muy bien, en primer lugar, como siempre, votamos la convalidación o derogación del decreto ley.

Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes 64: sí 34, no 26, abstención 4, esperando por el voto telemático de la señora Cabrera. No, señora Cabrera, no.

Muy bien.

Pasamos a la siguiente votación.

Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes 64: sí 64, no 0, abstención 0. Esperamos por el voto telemático. Voto telemático, sí. Perfecto.

Muy bien, pues, finalizado..., la señora consejera quiere la palabra y conforme al artículo 83.5 la tiene usted.

Cuando quiera.

Un momentito, señora consejera, le doy, ¿cuánto necesita 3 minutos, un minuto? Un minuto.

Cuando quiera.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández) (desde su escaño): Bueno, era rápido, no voy a tardar mucho.

Era simplemente agradecerles a sus señorías que, a quienes han votado que sí y también a quienes no, porque sé que comparten el diagnóstico de cómo está la Administración pública canaria. Espero que en la tramitación como proyecto de ley hagan aportaciones porque creo que eso lo mejorará. Y quiero agradecer también, que no lo hice antes, a la Dirección General de Función Pública, al personal, al director general que nace este decreto ley de ahí dentro, y al viceconsejero por el trabajo hecho en estos meses para sacarlo adelante.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Finalizado el orden del día levantamos la sesión.

Muchas gracias.

(Se levanta la sesión a las catorce horas y diecisiete minutos).