Diario de Sesiones 52, de fecha 8/10/2024
Punto 4

11L/PO/P-1172 Pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CCa), sobre cómo se va a garantizar la figura del facilitador judicial para apoyo a personas con discapacidad intelectual, dirigida a la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

La señora presidenta: La siguiente pregunta es de la señora diputada doña Socorro Beato, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre cómo se va a garantizar la figura del facilitador judicial para apoyo a personas con discapacidad intelectual, dirigida a la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Tiene la palabra.

La señora Beato Castellano (desde su escaño): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora consejera, la justicia, los términos judiciales, las expresiones en latín, los vocablos, la terminología alambicada de las sentencias y de los actos judiciales son difícilmente entendibles para el conjunto de la población, para quien no forman parte del círculo de los operadores jurídicos, pero muchísimo más difícil es de entender para las personas vulnerables y las personas con algún tipo de discapacidad intelectual o personas de avanzada edad.

Y lo que es cierto es que todos tenemos los mismos derechos ante la justicia, todos tenemos el mismo derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución, y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar esa tutela judicial efectiva para el conjunto de la población.

La Administración debe establecer mecanismos que faciliten, que apoyen, que auxilien a las personas en esas relaciones con la justicia para hacerla más entendible y para que esas personas también se puedan hacer entender ante la justicia.

La ley de enjuiciamiento civil contempla la figura del facilitador judicial. En Canarias hay una experiencia piloto en los juzgados de Arrecife de Lanzarote, queremos preguntarle cómo ha ido esa experiencia piloto de facilitadores judiciales en ese partido judicial y cuál es el balance de mismo, y sabemos que está trabajando en un proyecto de decreto para regular la figura del facilitador judicial, con el que Canarias se pondría a la vanguardia de las comunidades autónomas en la creación de esa figura.

Queremos preguntarle cómo va, sabemos que usted está en contacto con las asociaciones, con las agrupaciones de personas que pueden aportar algo a esa normativa. Y queremos que nos cuente cómo va, cómo va la información pública de la consulta pública que se ha lanzado por parte de la consejería para esa iniciativa, que vence el próximo día 14. Y cuáles son las perspectivas para el año que viene, si es posible, contar con facilitadores judiciales en otros partidos judiciales.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Beato.

El señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (Pérez Hernández) (desde su escaño): Señora presidenta. Buenos días, señora Beato.

Lo que queremos con esta regulación es poner en el centro del sistema a quienes quizás han tenido siempre más difícil no solo hacerse entender, sino entender lo que ocurre desde que se pisa un juzgado hasta que se sale de él, desde las primeras actuaciones hasta la última.

Ya la convención internacional que regula el régimen jurídico de las personas con discapacidad intelectual en 2006 blinda esta figura de facilitador, persona experta facilitadora, en el ámbito de la justicia para garantizar que estas personas tengan el derecho a la tutela judicial y efectiva de manera plena. Se traspone esa normativa en 2008 al ordenamiento jurídico español, y es verdad que la Ley de enjuiciamiento civil, tanto en el 2021 como el 2023, hace una regulación no solo para las personas con discapacidad sino también para las personas mayores de 75 años. Pero es cierto que no se ha desarrollado y que para poder aplicarlo en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma está estableciendo su propio régimen. Somos los segundos en iniciar esta regulación, ya lo tiene aprobado desde mayo Madrid, y nuestra intención es que en los primeros meses del año que viene podamos tener aprobado el decreto que crea la figura de personal experto facilitador. Estamos en la fase de esa primera consulta previa y haciendo reuniones en todas las islas, ya la hemos hecho con los colectivos de incapacidad intelectual y mayores en Fuerteventura, la haremos esta semana en Lanzarote, y así hasta concluir durante este mes de octubre todas las reuniones, para animarlos a presentar aportaciones al decreto y también para perfilar lo que nos parece más complicado y es el perfil profesional de la persona, a partir de ahora, que tenga que tener esa relación en los juzgados y que tiene que tener, bajo los principios de absoluta neutralidad y proporcionalidad, la capacidad de hacer entender a las personas con discapacidad intelectual y mayores de 75 años que así lo soliciten y también hacer entender lo que allí suceda a estas personas. Se regulará a petición de ellos, pero también a petición del propio tribunal.

Y, como decía, nuestra intención es que pueda estar perfectamente en vigor a partir del año que viene, nosotros hemos puesto en la previsión que tenemos de presupuesto, queremos incluir una partida presupuestaria ya para iniciar la tramitación de esa bolsa, de ese registro de profesionales para que pueda empezar a dar sus frutos lo antes posible.

Yo animo aquí a todos los colectivos de discapacidad intelectual y de mayores a que nos hagan las aportaciones en esa consulta pública, pero también...