Diario de Sesiones 70, de fecha 14/3/2025
Punto 1

11L/PL-0010 Debate de primera lectura. Proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas

La señora presidenta: Iniciamos el pleno del debate de primera lectura de la ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. Quiero dar la bienvenida a las autoridades, a los miembros del Gobierno, también a la presidenta de Ascav, invitados, alcaldes... Buenos días a todos.

Empezamos. Se han presentado dos enmiendas a la totalidad: una del Grupo Parlamentario Socialista Canario y otra del Grupo Parlamentario VOX. Por tanto, iniciamos la intervención con la señora consejera de Turismo y Empleo. Tiene la palabra.

La señora consejera de Turismo y Empleo (De León Verdugo): Buenos días, señorías. Buenos días, presidente, vicepresidente, compañeros del Gobierno, ciudadanía de Canarias, asistentes.

Iniciamos hoy el debate sobre la ley de ordenación del uso turístico de la vivienda, una ley importante no solo para el presente de Canarias, sino, sobre todo, para el futuro, porque estamos repensando el modelo turístico de Canarias. La industria turística ha sufrido una gran transformación en los últimos años: nació con el principio de especialización de usos como columna vertebral; Canarias ordenó su territorio para conciliar la industria turística y la vida de los canarios. Sin embargo, con el nacimiento de la economía de plataformas, aquella industria que ocupaba el 2,7 % del territorio está presente hoy en todos y cada uno de los rincones de las islas.

Con el Decreto 113/2015 (mostrando un documento), Canarias reconoció por primera vez esta modalidad e inició su andadura con 2634 viviendas. Hoy, diez años después, son más de 66 843, un 37 % del total de las plazas alojativas en Canarias. Aquel decreto no definía qué competencias ejercía cada Administración, y se limitaba a canalizar la declaración responsable a través de los cabildos. Hoy volvemos a reconocerla como una actividad fundamental, y reafirmamos nuestro compromiso con esta modalidad extrahotelera que tiene una fuerte demanda en Canarias.

La actividad siempre ha ido en crecimiento, pero, sobre todo, y tras la ley estatal de vivienda en el año 2023, ocasionó que miles de propietarios transformaran su vivienda de alquiler de larga estancia a vacacional; según el INE, un 40 % de las viviendas. El ritmo de crecimiento en aquel entonces, en el año 2023, era de un 33 %; y el ritmo, tras anunciar este anteproyecto de ley -y hoy proyecto de ley-, ha sido de un 30 %. Así que, si ha habido un efecto llamada, debería ser justo reconocer que no ha sido únicamente por el anuncio de esta regulación.

Se trata, por tanto, de regular una actividad turística, pero sin olvidar nunca que lo que se está incorporando al mercado son viviendas. Es una propiedad privada, sí, un derecho consagrado en nuestra Constitución, sí, pero nuestra Constitución dice también que no es un derecho ilimitado. Muy al contrario, está limitado por la función social, y es el deber de la Administración, siempre, evitar la especulación con el suelo residencial.

¿Y cuál es la función social de la vivienda? Pues dice el Tribunal Supremo, en su sentencia 15/202, que es que una vivienda sea habitada por largos periodos de tiempo. De ahí que el extenso preámbulo y la ley tengan tres objetivos fundamentales. Primero, regular esta actividad económica y turística y equilibrarla con la vida de 2 200 000 de canarios; dar seguridad jurídica a propietarios, ayuntamientos y cabildos y luchar contra el caos existente. No se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que, en el plazo de cinco años, los ayuntamientos definan cómo, cuántas y dónde las quieren. Esto solo afectará a los nuevos propietarios. Solo a los nuevos propietarios.

Fijamos límites. El 90 % de las viviendas tendrá que ser para uso residencial; y el 10 %, para actividad turística. En el caso de las islas verdes, se respeta su singularidad en el artículo 6 de la ley que las rige, y además se aumentan los porcentajes en un 80-20 %. Por distrito, por pueblos y por barrios, hay que adaptarse a la realidad de cada zona de Canarias, con bisturí, como están haciendo el resto de las ciudades de España, entendiendo, además, que La Oliva no es lo mismo que El Pinar.

Se prohíbe la comercialización de VPO, se fija que la vivienda de nueva construcción tenga que estar diez años al servicio de la vivienda y se prohíbe la proliferación de hoteles en suelo residencial, que no son hoteles porque tienen una licencia para construir vivienda. Ahí, señorías, están los grandes tenedores, a los que sí hemos plantado cara.

Señorías, fijar límites en lo que nos está pidiendo la ciudadanía canaria (aplausos), y fijar límites implica algo a lo que pocos están dispuestos: decir que no. ¿Pero por qué el 10 %, y no menos; o por qué no más? La ley estatal básica del suelo establece que, al menos, el 40 % del suelo debe estar destinado a las personas que menos ingresos tienen, por lo que no pueden... Para los que no pueden acogerse a ese régimen protegido, debería reservarse, al menos, una idéntica cantidad. No es nuestra intención solucionar el problema de la vivienda con esta ley; el problema de la vivienda se soluciona construyendo más viviendas, protegiendo al propietario y no al okupa, ayudando al pago del alquiler, poniendo suelo a disposición y tramitando de forma más ágil las licencias, cosa en la que está este Gobierno. Pero también es la intención de esta ley que ese parque de viviendas no acabe en su totalidad en el mercado vacacional, y que esta actividad turística se ejerza donde sea más competitiva, más rentable y donde se impida que afecte a la convivencia de los ciudadanos.

Hemos asistido atónitos a afirmaciones como que la vivienda vacacional no afecta al precio de la vivienda; un extremo defendido por el propio Gobierno de España en su exposición de motivos del Real Decreto de Ventanilla Única y por la Resolución del Parlamento Europeo, del 21 de enero del año 2020, cuando dijo que el crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios. Un dictamen que, por cierto, pide a la Comisión que interprete la directiva de servicios en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permitió la limitación de licencias y políticas de zonificación para la ciudad de París, precisamente -y cito- "para evitar la turistificación, el abandono de los centros urbanos y la disminución de la calidad de vida de sus residentes".

El Gobierno de España ha tildado este proyecto de ley como consistente, en defensa del interés general.

Tratemos a los canarios como a adultos y -si puede ser- como a personas inteligentes. Entre La Oliva, Arona y Yaiza se ofertan ahora mismo 3700 anuncios de vivienda vacacional y solo 240 para alquiler de larga estancia. Solo 3 de las 240 viviendas están por debajo de los 600 euros; el resto está por encima de los 800 euros. La vivienda vacacional creció en esos municipios desde el año 2021 un 57 %, y los precios, un 52. En Canarias, para algunos, esto es casualidad.

Y no, no es culpa de los propietarios, eso no es una reflexión. La reflexión es que también aquí hay que equilibrar y hacer compatible el derecho a una vivienda con una actividad económica, sin criminalizar, pero tampoco sin banalizar. Hablan de una Canarias con 211 000 viviendas vacías en el año 2021, y contando las segundas residencias. Y diciendo que en Betancuria el 40 % está deshabitada, ¡en Betancuria! Eso es no reconocer cuál es la realidad, donde muchas, por cierto, están derruidas.

Y, en todo caso, ¿cuál es el mensaje que les queremos trasladar a los canarios? ¿Que no pueden vivir donde trabajan porque estas viviendas, por su tipología y por su precio, están pensadas para los no residentes? Esto lo he leído -negro sobre blanco- en una propuesta que han recibido ustedes, los grupos parlamentarios, y este Gobierno dice que no.

Esta ley pone límites, como dictaminó la Unión Europea o como dice el Tribunal Supremo, que no es de derechas ni de izquierdas, y que es un pilar fundamental del Estado. O como dijo ayer y acaba de ratificar el Constitucional, diciendo: "El tribunal concluye que el régimen de uso turístico de las viviendas sometido a enjuiciamiento no constituye una supresión del derecho de propiedad sobre aquellas, sino una delimitación de un aspecto concreto de su contenido, en atención a la función social del derecho". Esta ley pone límites, pero dice el Supremo: "Las administraciones públicas deben evitar la desertización, por alterarse la forma de vida de los residentes". Y dice el Supremo: "Es evidente que, cuando más auténtico es un lugar, a más gente se atrae; pero cuanta más gente atrae, más se diluye su auténtica identidad y, con ello, la vida de los residentes habituales del mismo lugar". Es, en síntesis, convertir las ciudades en un parque temático en vez de en un lugar habitable y de convivencia.

El Tribunal Supremo se mostró así de rotundo contra la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que denunció a la ciudad de Bilbao por delimitar, en el ejercicio de sus competencias, esta actividad. Ningún partido que se considere constitucionalista, patriota, debería poner en tela de juicio al Supremo, ni siquiera por arañar un puñado de votos.

Pero si aun así el Supremo no los convence, visiten El Cotillo o Guanarteme, o pregunten al presidente de la zona comercial abierta de Triana, que este miércoles afirmó que uno de los problemas principales de la zona comercial hoy es la reconversión de locales a viviendas vacacionales, lo que había incrementado el precio. El comercio local se va, señorías, y no vuelve. O pregunten a profesores, guardias civiles o profesionales sanitarios si les resulta fácil encontrar una vivienda cuando los llaman a cubrir una vacante; pregunten a los que se han tenido que ir a vivir a 40 kilómetros, pregunten a las empresas si encuentran trabajadores y por qué no los encuentran.

Si preguntan por el consenso, ahí lo encontrarán, señorías, en la mayoría de los canarios. Incluso en muchos propietarios de vivienda vacacional, entre los que, según un estudio del Istac, el 57 % está de acuerdo con la regulación, y el 66 % pide que sea más estricta. Porque esta modalidad también es necesaria para la oferta en Canarias, por eso la ley contempla un amplísimo régimen transitorio, donde cobran especial importancia las disposiciones transitorias primera y segunda, que, básicamente, lo que dicen es que quien ejerce la actividad, si cumple el Decreto 113/2015, podrá quedarse. ¿Mejorable? Con total seguridad que sí, señorías.

La Consejería de Turismo ha intentado escuchar las demandas de todos. Evidentemente, hay cuestiones en las que no hemos podido llegar a un consenso. Ayer decía una alcaldesa que, para aprobar una ordenanza reguladora de esta actividad en su municipio, había sufrido muchas presiones. La entiendo, y mucho; yo también las he sufrido. Y, a pesar de todas las presiones de muchos ámbitos sociales y económicos, aquí estamos haciendo lo que teníamos que hacer.

Quiero agradecer en este punto al presidente del Gobierno, al vicepresidente y a todos los compañeros del Gobierno por sus altas dosis de responsabilidad y por su lealtad; y a todos los compañeros, al equipo de gobierno de la Consejería de Turismo y a su personal por el esfuerzo y el sacrificio. También a todos los expertos que han participado, a las asociaciones, a los grupos que han querido sentarse con el Gobierno, a la Fecam y a la Fecai, y subrayo la alta responsabilidad de Nueva Canarias; voten lo que voten, muchas gracias.

Acabo.

Ruego a este Parlamento que no pierda de vista que estamos diseñando el modelo turístico de Canarias para los próximos diez años, que tendrá que basarse en la competitividad, en la rentabilidad, en la mejora del valor añadido, en la creación de empleo, pero, sobre todo, en la convivencia. No pierdan de vista a nuestra gente, a la situación de emergencia habitacional que padecemos, porque lo que se incorpora al mercado son viviendas, y los canarios queremos que nuestros barrios y nuestros pueblos se parezcan a Canarias y a su gente. Que el turismo rural se muere, señorías, porque no puede competir. Piensen en el pequeño propietario que ejerce esta actividad, que es buena si está bien regulada y que ayuda a muchas economías familiares, que queremos que se queden porque son parte fundamental del turismo.

Olvidemos el rédito de nuestras formaciones. Yo lo he hecho, y quizás por ello deba pedir perdón a muchos de mis compañeros. Estoy convencida de que entre distintos es posible construir un consenso para iguales, pero, si hubiera sido fácil, otros lo hubieran hecho. Solo hemos pensado en Canarias, y pido solo pensar en el futuro de Canarias.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora De León.

Iniciamos el tiempo de intervención para el grupo enmendante. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franquis Vera.

El señor Franquis Vera: Presidenta. Señorías. Invitados hoy en el Parlamento de Canarias; uno de los días en que más presencia ciudadana tenemos, tanto de los ayuntamientos como de las plataformas, de los ciudadanos preocupados por la situación que estamos viviendo, producto de esta propuesta que ha hecho el Gobierno.

Mire, yo no la voy a felicitar, señora consejera. No la voy a felicitar porque me cuesta felicitar a una persona que lo que ha conseguido en este año y medio es que haya familias, miles de familias en Canarias que están sufriendo, que están pasándolo mal, que están agobiadas, que están con una enorme incertidumbre. Por eso no la voy a felicitar, señora consejera. Aquí lo que se está discutiendo y lo que está ocurriendo es lo de siempre, lo que ha pasado en estos dos últimos..., en estos, prácticamente, dos últimos años.

Mire, usted vuelve a mentir, señora consejera. Usted, en una entrevista, hace unos días, dijo que el Grupo Socialista no había respondido a los correos que habíamos recibido estas últimas semanas. Le quiero señalar la respuesta que hemos enviado como Grupo Socialista a los más de cuatrocientos correos que nos han llegado (mostrando un documento). ¿Cómo se atreve usted a decir, cómo se atreve usted a decir en un medio de comunicación que el Grupo Socialista no ha contestado a los correos? ¿Cómo se atreve, con esa alegría, a decirlo? Mire, aquí es un problema... lo de siempre, es lo que han hecho ustedes en estos últimos dos años. Lo que se trata es de decidir con quién se está: o se está con los débiles o se está con los fuertes, y ustedes han vuelto a elegir, señor presidente, estar con los más fuertes en esta ocasión. No es un problema de elegir entre residentes o turistas, ese no es el problema, señora consejera. ¿Acaso los que están hoy en esta sala, los que nos están siguiendo en este debate son, precisamente..., no son residentes de esta comunidad autónoma? ¿No lo son? Estamos hablando de invadir competencias de los ayuntamientos. No es casualidad que, en este proyecto de ley, usted no haya conseguido en este año y medio el mayor consenso posible. Es que no hay ningún sector, salvo sus compañeros del partido, que esté apoyando este proyecto de ley. El esfuerzo que está haciendo para que no se rompa la unidad de voto en su grupo parlamentario y en el resto que apoya al Gobierno..., porque tienen enormes dudas, porque no se lo creen, por la forma en que ha planteado usted la solución a esta situación.

Mire, usted en el programa electoral de su partido no habló ninguna palabra de la regulación del mercado de las viviendas... (ininteligible), ni una sola palabra dedicaron en mayo de 2023, precisamente, a este asunto, ni una sola palabra. ¿Qué ha pasado para que, en dos años y medio, dos años, se haya producido esta emergencia habitacional, para que no lo mencionen ustedes o para que Coalición Canaria dedique dos líneas en su programa electoral al problema de la vivienda vacacional? Porque en aquel momento, me imagino -estamos hablando de mayo del 2023-, no había emergencia habitacional en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué hoy la hay, o por qué ustedes la han declarado? Por la forma de gobernar de este Gobierno.

Han creado, es que lo han dicho sus propios informes... Cuando han pedido a esta Cámara que lo hagamos de forma extraordinaria y urgente es porque han creado una alarma social. Es que lo dicen sus propios informes: han creado una alarma social, un efecto llamada, cuando han planteado este asunto. Nosotros claro que creemos en que hay que adaptarlo y regularizar el sector, sin duda alguna; lo llevamos en nuestro programa electoral.

Hay que hacerlo, pero hacerlo con sentido común, con sensibilidad social. Con mucha sensibilidad social y defendiendo nuestro modelo, no defendiendo a unos pocos, que es lo que se trata de hacer con esta propuesta; respetando la cogobernanza en Canarias, respetando el papel de los ayuntamientos, que es clave. Y usted, en este proyecto de ley, lo que hace es invadir competencias, trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos, fundamentalmente. Por eso, los ayuntamientos se han manifestado con claridad ante esta propuesta y han hecho enmiendas concretas, porque no les han hecho caso en las propuestas que han ido haciendo a lo largo de este año, de este... Sí, sí, sí, lo iba a decir, lo iba decir (palmoteos).

Mire, por eso, la valentía me gustaría que usted la tuviera con los fuertes y no con los débiles, señora consejera (palmoteos).

Hay gente cuyo único delito, el único, es tener unos ahorros e invertir en comprar un apartamento o un bungaló para asegurarse el bienestar de su familia. Ese es su único delito, y lo que hacen ustedes es, precisamente..., lo que responden, porque hay que tener cara cuando responden a esos correos, diciéndoles: "Es que nosotros votamos en contra de la ley de 2013". Hay que tener cara. Si votaron en contra, ¿por qué lo colocan en esta regulación de la vivienda vacacional? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Por qué se empeñan en regularlo si votaron en contra, y se atreven a ponerlo en el papel?

La alarma social que se ha creado en estos últimos dos años ha sido producto de la forma de gestionar de este Gobierno. Se lo dijimos varias veces, insistentemente. Hemos traído propuestas a este Parlamento, precisamente para limitar el ingreso o la adscripción de las nuevas viviendas al mercado de vivienda vacacional. Le insistimos en eso hace un año. ¿Y cuál fue su respuesta?: "Si no van a pedir una moratoria, que ya sepan que no".

¿Usted no ha oído lo que decía el subdirector general de la consejería, precisamente quien ha encabezado este proyecto de ley? Pedía a gritos que se hiciera una moratoria. ¿Por qué no la hicieron, como hicimos nosotros con la ley de los juegos, en la que paralizamos la licencia de juegos, precisamente, para evitar lo que ustedes han conseguido con esta forma de gestionar los asuntos de Canarias?

Miren, ya entendemos lo que significa eso de ser canarios. Lo entendemos perfectamente. Pero, claro, solo una parte de Canarias es lo que entienden ustedes. Lo que tocaría es tener sensibilidad política y social, abrirse al diálogo, a hablar con los ayuntamientos, con los cabildos, y compartir esa gobernanza política, que es lo que no han hecho hasta la fecha. Y, claro, al mismo tiempo, asumir las propuestas que ustedes hicieron cuando se presentaron a estas elecciones. Yo creo que -y se lo digo con absoluta claridad- estamos dispuestos, porque creemos que hay que regular este sector, no tenemos ninguna duda de eso, pero regularlo con la mayoría de la gente, de acuerdo con la mayoría de la gente. La gente cree, y piensa, que hay que regularizarlo, que hay que mejorar la calidad, que la competencia de decidir dónde están los límites de la vivienda vacacional la tienen que decidir los ayuntamientos libremente, como lo han decidido... Por cierto, solo un ayuntamiento en Canarias lo ha decidido, y no es precisamente del Partido Popular.

Y me sorprende que usted haga referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido publicada..., que no conocemos todavía en su totalidad, pero que ha sido publicada por el Tribunal. ¿Sabe quién la presentó? Sabe que la presentó..., ¿no? Lo sabe, ¿verdad? Pero no lo dice, ¿verdad? (ante gestos de la señora consejera). No dice quién recurrió esa sentencia, ¿no? No lo dice, ¿verdad?: 50 diputados del Partido Popular (palmoteos). 50 diputados del Partido Popular. Esos fueron los que la recurrieron, y usted no lo menciona. Porque lo que se hizo es defender lo que estamos defendiendo nosotros. Es que no aplicamos lo mismo en todos los municipios porque no tienen nada que ver; absolutamente nada que ver lo que pasa en Artenara con lo que pasa en San Bartolomé, ¡nada que ver! O en las islas verdes con el resto de Canarias, ¡nada que ver! Eso es lo que viene a decir la sentencia, que afecta a 220 ayuntamientos en Cataluña, no al resto de Cataluña; es lo que viene a decir, y usted no ha hecho caso a las propuestas que le han hecho los ayuntamientos. Precisamente eso lo han dicho los ayuntamientos: "Oiga, no traslade usted toda la imagen a Canarias porque no es toda igual Canarias". Usted insiste en que no, en que no, en que no... Porque se llegará a un acuerdo, o no, en las propuestas que se hacen, lo que no se puede hacer es -como han hecho ustedes- hacer sentir a la gente que se están riendo de ella, y especialmente los que han hecho propuestas. Como, en este caso, el propio ayuntamiento con la Fecam, quienes han estado trabajando, colaborando, haciendo enmiendas, y lo que se han encontrado por parte del Gobierno es todo lo contrario. Y lo digo porque aquí hay testigos en este salón; en esta sala hay testigos de cómo han tratado ustedes lo importante. Para una ley de esta naturaleza, para los que percibimos esto, precisamente, el papel de los ayuntamientos en Canarias en este momento...

Hablan mucho de la cogobernanza en Canarias y, sin embargo, los tratan como los tratan. Les dan toda la responsabilidad a los ayuntamientos sin ningún medio, sin ninguna capacidad. Cuando alguien prevé eso en una ley, es que no tiene ni idea de la comunidad donde está viviendo (palmoteos). Meter esa presión más a los ayuntamientos es no es tener ni idea de lo que está ocurriendo.

Miren, ustedes votarán en contra de esta enmienda a la totalidad, que lo que persigue es justamente que devuelva este documento, que lo devuelva porque hay sectores económicos, sociales e institucionales que le están pidiendo que vuelva atrás, que se siente a negociar una solución que esté pactada en su mayoría. Eso es lo que defendemos nosotros aquí hoy, pero, probablemente, votarán ustedes en contra, con esta mayoría parlamentaria que no tiene nada que ver. Y no se equivoque con la mayoría social de Canarias. Esta mayoría parlamentaria (palmoteos)... nada que ver.

Y les digo: si siguen adelante con este proyecto de ley, y sale con las condiciones con las que ha entrado en este Parlamento, le diré, con absoluta claridad, que el tiempo de vida de ese proyecto de ley, o de esa ley, será el tiempo de vida de este Gobierno (aplausos y palmoteos).

La señora presidenta: Dígame, señora consejera.

La señora consejera de Turismo y Empleo (De León Verdugo) (desde su escaño): Presidenta, no pretendo abrir el debate, pero pido la palabra por una pequeña inexactitud del señor portavoz del Partido Socialista.

La señora presidenta: Señora consejera, los miembros del... Usted no es diputada...

La señora consejera de Turismo y Empleo (De León Verdugo) (desde su escaño): Sí.

La señora presidenta: Solamente las inexactitudes y contradicciones son... De todas maneras...

La señora consejera de Turismo y Empleo (De León Verdugo) (desde su escaño): Artículo 85... Solicito... (palmoteos).

La señora presidenta: Un momentito.

La señora consejera de Turismo y Empleo (De León Verdugo) (desde su escaño): Me asiste el artículo 85 de...

La señora presidenta: Un momentito. Le planteo una consulta a los servicios de la Cámara y, si se puede, por supuesto que se lo daré. (Pausa).

Sí, señora consejera. Me dicen que para contradicciones sí, pero para alusiones no. Entiendo que usted ha sido contradicha. Perfecto, tiene usted un minuto.

Gracias.

La señora consejera de Turismo y Empleo (De León Verdugo) (desde su escaño): Señor Franquis, yo le rogaría que retirara lo de "mentirosa". Primero, porque yo no he dicho que el Partido Socialista no haya contestado, sino que no ha contestado a la consejería, que le ha remitido tres escritos. Ruego que retire esa parte (palmoteos).

La señora presidenta: Gracias, señora consejera.

Señor Franquis, tiene usted un minuto para la réplica. Un segundillo... Cuando quiera.

El señor Franquis Vera (desde su escaño): Entrevista del día de ayer: absolutamente, no ha dicho eso. Corrija usted la entrevista, si no es así. Usted dijo que el grupo mayoritario del Parlamento de Canarias no había contestado a los correos... (ininteligible). Es falso. Es falso. Y, si eso no es así, vaya usted y corrija la entrevista, rectifíquela. Es absolutamente falso. Contesta... Y no hicimos el doble lenguaje, como hicieron ustedes, que contestaron, dijeron que estaban en contra de la ley del 2013 y siguen apoyándola, como la están apoyando en este momento (palmoteos).

La señora presidenta: Gracias, señor Franquis.

Iniciamos ahora la intervención del otro grupo enmendante, Grupo Parlamentario VOX. Señora Jover.

La señora Jover Linares: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías, y buenos días a todos aquellos que hoy nos acompañan.

Sinceramente, señora consejera, lo que hoy iba a ser un inicio de mi intervención para atacar este asalto de una norma, que asalta a los ciudadanos y a las instituciones, no creía que fuese a ser el que va a ser. Sinceramente, no creía que usted le fuese a hacer la ola a una sentencia del Tribunal Constitucional que tumba, que tumba un recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Partido Popular. El Partido Popular tiene que dejar de hacer ya el ridículo, ya va siendo hora.

Sinceramente, tampoco pensaba que usted fuese a venir aquí a esta casa, al Parlamento, con una nota de prensa. Porque ni la sentencia ni los votos particulares que usted nos ha referido, esos de los magistrados conservadores, son todavía públicos. Ha venido usted a hablar de una nota de prensa.

Mire, yo le prometo que le traeré esa nota de prensa en alguna otra iniciativa, pero, incluso así, si decidimos hablar de una nota de prensa, leámosla bien, leámosla bien. El decreto ley que mantiene el Constitucional, que declara constitucional, es un decreto ley que Cataluña solo aplicará al 25 % de los municipios, y usted este proyecto de ley lo aplica al 100 % de los municipios de Canarias.

Pero, además, ahora ya empiezo a entender por qué tenía tanta prisa el Gobierno en que este debate tuviese lugar antes del debate anual sobre Canarias, ya lo entiendo. Porque en estos tres días de debate, ha quedado claro que este Gobierno no tiene en absoluto ninguna estrategia turística para Canarias. Como cerraba ayer en mi debate, el debate de VOX, sobre ... el debate anual, el Gobierno yerra, el Gobierno juega con la gallina de los huevos de oro, el Gobierno juega con lo que nos da de comer. Queda claro, después de ese debate, que la estrategia del Gobierno de Canarias para nuestro turismo es una amenaza a los profesionales del turismo con que si no suben los salarios habrá más impuestos. Este asalto a esta norma, a las instituciones y a los canarios y a Canarias... Y también una propuesta de resolución, la única que se aprobó, muy tímida, de unas ciertas infraestructuras turísticas que hay que mejorar... Qué pena que ayer no salieran adelante las propuestas de resolución de VOX, que sí que tienen un proyecto para el futuro turístico de Canarias.

Pero, bueno, volvamos a la vivienda vacacional, eso ustedes que demonizan y castigan, a la que han cogido como cabeza de turco, como chivo expiatorio, porque no son capaces de reconocer la indiferencia que han sentido, primero, y la incompetencia, después, a lo largo de todos estos Gobiernos, para entender el problema de la emergencia habitacional. Y son tanto unos como otros. A los que gobernaron la pasada legislatura, les recuerdo su incompetencia para poner en alquiler las más de 211 000 viviendas vacías. Un proyecto, el Programa Canario de Vivienda Vacía, que nos costó un millón de euros, y de los que solo se ejecutaron doscientos mil, doscientos mil euros para que una de las 211 000 viviendas quedara ocupada. Y, al Gobierno actual, les hablo también de su responsabilidad en que Sánchez haya aprobado una Ley 2/2013, y también un plan de alquiler, un plan de alquiler que no ha tenido ningún alquiler en dos años. Les recuerdo que ustedes tienen a una diputada en el Congreso que avala a este Gobierno, responsable de la peor emergencia habitacional de toda España. Porque en Canarias los precios del metro cuadrado de alquiler y de venta son los más altos de España; porque en Canarias es donde menos vivienda pública tenemos de toda España; porque en Canarias es donde hay menor oferta de vivienda nacional y, además, porque nuestras capitales de provincia -Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria- son los municipios que ocupan el primero y el cuarto lugar en vivienda vacía de toda España.

La vivienda vacacional no va a resolver el problema de la necesidad de vivienda residencial, y, encima, ustedes quieren hacer cargar sus obligaciones sobre la espalda de los propietarios del 90 % de la vivienda vacacional, que son... no son grandes tenedores, son personas que tienen cuatro o menos viviendas.

Pero, además, ¿les parece a ustedes normal en esta norma seguir manteniendo esos procedimientos sancionadores, esas incoaciones de procedimientos sancionadores y multas que han llegado a propietarios que, con su trabajo y su esfuerzo, se han comprado una vivienda? ¿Multas de 2000 euros en plenas Navidades? Miren: regulación de la vivienda vacacional, sí -siempre lo hemos dicho en VOX-; ordenación, pero una ordenación coherente, que responda al interés general, no al interés de este Gobierno y de unos pocos, que quizás son los empresarios hoteleros, lo desconocemos.

Empecemos por el asalto a las instituciones. Se ha tramitado escrupulosamente el procedimiento administrativo -consulta pública previa, trámite de información pública, traslado y oficio a las consejerías...-, pero no estamos en absoluto de acuerdo con esto, porque lo cierto es que les voy a dar tres razones por las que ya de por sí esta norma tiene que volver al Gobierno.

Primera, porque se han omitido e ignorado las peticiones de los ciudadanos. Segunda, porque se ha omitido la petición de la consejera competente en materia de asuntos de la Unión Europea para que esta norma sea comunicada a la Unión Europea, haciendo que, al ser comunicada, una vez aprobada pueda incurrir nuestro erario público en responsabilidad patrimonial y que, efectivamente, con cargo al dinero público tengan que ser abonadas las indemnizaciones. Pero, además, también les quiero hacer mención de cómo esa memoria económica ignora por completo el impacto económico que tiene esta actividad, los ingresos y los gastos. Yo no sé si los funcionarios han sido presionados o necesitan... algún curso, alguna formación para elaborar una memoria económica, porque les quiero recordar ese 3 % con que contribuye la vivienda vacacional a nuestro PIB, que es un 8 % cuando hablamos del PIB turístico; cómo la Agencia Tributaria Canaria recauda 140 millones de euros de IGIC por esos arrendamientos, y cómo el tramo autonómico del IRPF también se ve beneficiado por esos arrendamientos. O el impacto económico general de los 2200 millones de euros en la vivienda vacacional, o esa colaboración con los registros de la propiedad que ustedes plantean en la norma. ¿No van a suponer un gasto para la comunidad autónoma? ¿En qué país vivimos? ¿En qué región vivimos? ¿Hasta dónde nos han traído?

Pero, bueno, en este Parlamento también ha habido un asalto... Ya lo decía antes: ese nerviosismo por que se tramite urgentemente -a pesar de que toda la oposición está en contra, a pesar de la resistencia de la ciudadanía-, también el intentar excepcionar ese plazo de 48 horas para que nosotros estudiemos las enmiendas a la totalidad y las podamos defender aquí... ¡Qué vergüenza! Menos mal que esto se paró, y, obviamente, ante tanta desconfianza, hemos pedido desde VOX habilitar un buzón para que todos los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones, porque no nos fiamos. Aquí no hay juego limpio, y pedimos retornar al juego limpio, porque se acabó el asaltar a los canarios, se acabó. De esta manera, no.

VOX, ya les digo, está a favor de regular la vivienda vacacional, de resolver los problemas de la Ley 2/2013, pero atendiendo al interés general.

Canarias debe planificar su turismo, atendiendo a que la oferta que demandan los turistas ya no es el producto de "sol y playa en el hotel". Hay que atender esas nuevas demandas, hay que innovar, hay que ser responsables, no hay que expulsar a los ciudadanos de esa posibilidad de participar en el sector turístico, de poder tener una renta complementaria con la que hacer frente a sus gastos. El 90 % de esos propietarios son pequeños propietarios, señorías.

Y, además, ya si hablamos también de esos propietarios, del derecho a la propiedad... Por favor, primero de Derecho: el derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, merece una..., está protegido por la Constitución de una manera muy diferente al principio rector, a la política social y económica del derecho a la vivienda, están con una protección diferenciada. Primero de Derecho.

Y hablemos de proteger a los propietarios. ¿Qué pasa con aquellos propietarios a los que no les paga..., no se les paga la renta en este país? Nada. ¿Qué pasa con esos propietarios a los que se les destrozan los inmuebles? Nada. ¿Qué pasa cuando un inmigrante ilegal con una orden de expulsión okupa una vivienda de un propietario en El Toscal? Nada. ¿Qué pasa cuando en Salt un imán musulmán es desahuciado, se montan revueltas islamistas y se le ofrece, para que no haya más altercados, una vivienda, aunque no cumple los requisitos? Nada.

Ante esta situación, los propietarios tienen miedo, quieren recurrir a la vivienda vacacional, a otras...,

a cerrar sus casas. Y nosotros tenemos que darle respuestas a todo ello. Estamos en el mundo al revés, un completo sinsentido total, absoluto, donde aquí quien trabaja, quien ahorra, quien se compra su casa es sancionado con multas de más de dos mil euros, mientras que aquellos que cometen delitos viven al libre albedrío. Y esta norma no hace más..., nada más que abonar este sinsentido porque..., ordenación de la vivienda vacacional, sí, pero no de esta manera que busca acabar con la vivienda vacacional, con el derecho a la propiedad, con la libertad de empresa y la... (ininteligible) jurídica. Por eso hoy, señorías, les pedimos que voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad, para que esta norma vuelva al Gobierno y venga de nuevo con un mínimo de consenso, porque les recuerdo que la consejería nos mintió, nos dijo que se había reducido la litigiosidad, en la versión definitiva, en un 90 %; y todo ello no es así. Así lo han demostrado los e-mails que hemos recibido, las reuniones que hemos mantenido y la información que hemos obtenido.

Muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Jover.

Iniciamos el debate de los grupos no enmendantes. Agrupación Herreña Independiente-Grupo Mixto.

El señor Acosta Armas: Gracias, presidenta. Señorías. Personas que hoy aquí nos acompañan.

Un buen ejercicio para empezar este debate podría ser el de recuperar la propia perspectiva sobre la iniciativa que tenemos delante, es decir, por qué, precisamente, estamos debatiendo lo que estamos debatiendo, y por qué este proyecto de ley es necesario.

El Gobierno se afana en las 29 páginas de la exposición de motivos de la norma en justificar con datos por qué la vivienda vacacional tiene que ser regulada. Y podemos estar más o menos de acuerdo, pero creo que hay consenso en esta Cámara en que, con más de doscientas treinta y dos mil viviendas vacacionales, puede ser interesante que sean reguladas, porque estamos hablando de que son 53 000 viviendas las que se ofertan; perdón, 232 000 plazas. Con lo cual, es un fenómeno bastante importante en el que merece la pena que reflexionemos si se tiene que regular. Es verdad que a lo mejor no es el inicio de todos los males, a lo mejor es verdad que la vivienda vacacional -como auguran algunos; también el colegio de economistas ha incidido en eso- no es la culpable de que tengamos tensionado el mercado de la vivienda residencial. A lo mejor es que en Canarias tenemos 211 000 viviendas vacías porque hay miedo a alquilar, porque hay una normativa que sabemos que genera inseguridad jurídica, y eso es así y no lo podemos negar. Por eso también tenemos un problema de vivienda. Por eso a lo mejor en Canarias tenemos 211 000 viviendas vacías.

Y lo primero que considera mi partido ante esta norma es la oportunidad y, también, la necesidad indiscutible que permite esta regulación, porque el Gobierno -y ahora, precisamente, en esta Cámara- quiere regular una actividad económica, ordenarla, no cortarla ni tampoco promoverla. Y quiere, de paso, atacar uno de los problemas, que es el de la vivienda; que, a lo mejor, insisto, no es exclusivamente por la vivienda vacacional, aunque, sin duda, también influye.

Esta iniciativa, señora consejera, yo creo que ni condena las viviendas vacacionales ni tampoco va a solucionar por sí sola el problema de la vivienda. Pero está claro -como comentaba el señor Barragán- que tenemos que atacar desde diferentes aristas el problema de la vivienda. Y esta es una, y usted lo está haciendo. Es una medida más, dentro de un paquete mucho más amplio en el que está trabajando el Gobierno de Canarias, desde el punto de vista fiscal hasta la modificación de la ley del suelo, o también el aumento de la oferta, por los trabajos que está desarrollando el señor Rodríguez. Por lo tanto, estamos afrontando un problema complejo desde múltiples perspectivas, y ahí, en parte, estará el quid de la cuestión.

Desde esta perspectiva, creemos que, precisamente, la regulación y la ordenación son irrenunciables. Una ordenación que también debe ajustarse a la realidad, no solo de cada una de las islas, sino también a la propia realidad municipal, que es muy diferente dentro de un propio municipio. Precisamente por eso se les da bastante autonomía a los ayuntamientos, para que lo hagan.

Pero, igualmente, haga lo que usted haga la van a criticar: si lo hace rápido, porque lo hace rápido; si lo hace lento, porque lo hace lento; si no lo hace, porque no lo hace y, si regula, porque regula. Lo cierto, como usted decía, es que, si fuera tan sencillo, otros lo hubieran hecho, y hoy es este Gobierno el que lo está haciendo, con mejor criterio o no, pero es el Gobierno el que lo está haciendo.

Y hoy venimos a esta Cámara y perdemos la perspectiva. Todos los grupos que estamos en esta Cámara pretendemos... Hay un consenso más o menos amplio de que este fenómeno hay que regularlo, de que podemos regularlo, y ¿por qué no vamos a hacerlo? Hay que trabajar, y ahí está el problema: en trabajar, en que estamos permitiendo que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional obren como legisladores negativos, porque nosotros, en una gran parte, tenemos responsabilidad por no entrar a ordenar este sector. Nos hemos quedado en el decreto del 2015 y hemos obviado nuestra responsabilidad, que también tenemos. Y podemos tener diferencias, claro que sí, pero hoy empieza el trámite en este Parlamento de un proyecto de ley, y aquí todos los grupos tenemos las mismas oportunidades, desde luego, de presentar enmiendas, de mejorar este texto. Y yo puedo divergir como herreño en esta norma en cuestión... Y le prometo, señora consejera, que en este sector -que en mi isla representa el 78 % de la oferta alojativa-, me esforzaré para que sea la mejor norma para mi isla, porque yo me he reunido en los tres municipios de la isla de El Hierro con las personas afectadas, con los sectores implicados, y he escuchado sus demandas. Y a mí no me cabe ninguna duda de que yo, como la mayoría de ustedes, las voy a traer aquí para mejorar esta norma, porque lo que se nos exige es responsabilidad y trabajo. No podemos dejar que el Tribunal Supremo, en su sentencia del 2024, regule la mayoría de tres quintos que hace falta para que se autorice la vivienda vacacional. O lo que ha sacado el Tribunal Constitucional ayer, que es verdad que desconocemos la resolución íntegra, o tampoco... Desconocemos los votos particulares, pero sí, esa nota de prensa decía algo que es muy importante... Y me da igual quién la haya recurrido, lo importante es que el Tribunal Constitucional decía que, ante esa norma, no se estaba vulnerando la autonomía municipal. Y es muy similar a lo que estamos haciendo hoy aquí. A los municipios, es verdad que se les está dando amplitud. También es cierto que hay municipios, como el de La Frontera, en los que es difícil que, con su oficina técnica, saquen una ordenanza en el tiempo que se requiere.

Tenemos retos por delante, como la actividad clasificada, cómo la vamos a aplicar a las viviendas vacacionales. Y ahí también tenemos que hacer un esfuerzo como legisladores para dar unos principios orientadores. Para que cuando el Gobierno saque un decreto que modifique las actividades clasificadas o las ajuste a la vivienda vacacional, nosotros hayamos hecho un trabajo decente, donde, precisamente, los municipios tengan una seguridad y el Gobierno, por la puerta de atrás, no vaya a meternos una normativa que implique una dificultad para que nuestros municipios tengan una norma que aplicar. Porque no podemos permitir que en 88 municipios de Canarias tengamos una normativa que se aplique de forma divergente.

Ese es nuestro reto, y ahí es donde tenemos que trabajar: en mejorar todas aquellas cuestiones de la norma; o en clarificar el artículo 4 y simplificar el criterio urbanístico con el que se van a delimitar esos topes del 80 y del 20, o del 90 y el 10 en el resto de Canarias. Creo que ahí es donde tenemos el reto todos nosotros. ¿Y tenemos ahora una oportunidad y la vamos a desdeñar, vamos a decir que vuelva todo para atrás? Lo que tenemos que hacer, insisto, es trabajar en mejorar esta norma, implicarnos en todo aquello que puede suponer una mejoría para esta tierra, porque ahora sí estamos teniendo la apertura de este melón, y parece que todos nos queremos arrugar y decir "que se vuelva todo para atrás", por las presiones. Aquí tenemos una responsabilidad para con nuestra tierra, nuestros ciudadanos, y yo, como diputado por la isla de El Hierro, lo que vengo a hacer es trabajar por mi isla y mejorar esta norma. Y en eso, señora consejera, me va a encontrar, me va a encontrar de frente y a su lado porque yo voy a luchar por que esta norma sea mejor.

Esta norma ha venido para salir adelante y, ante esta realidad, lo que tenemos que hacer todos es trabajar por nuestra tierra y hacer una norma mejor.

Muchas gracias. (Aplausos y palmoteos).

La señora presidenta: Gracias, señor Acosta.

Interviene ahora la Agrupación Socialista Gomera, el señor Ramos.

El señor Ramos Chinea: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor presidente, señor vicepresidente y miembros del Gobierno, diputados. También a los presentes.

Bueno, yo quiero empezar mi intervención pidiendo disculpas por no haber podido contestar tantos mails que hemos recibido en esta fecha. La verdad es que todos merecían contestación porque son grandes preocupaciones que tienen los vecinos de esta tierra.

Yo creo que estamos hoy aquí, pues, para debatir sobre las dos enmiendas a la totalidad que se presentan, tanto la del Grupo VOX como la del Grupo Socialista.

A mí sí me hubiese gustado que hubiesen defendido cuál es el reglamento que ellos quieren para las viviendas vacacionales, para entonces podernos pronunciar sobre si estamos de acuerdo con lo que piden o no, pero no sabemos nada sobre qué articulado alternativo presentarían ellos. Por lo tanto, nuestro grupo votará en contra de ambas peticiones, de ambas enmiendas a la totalidad, porque creemos que esta ley es necesaria, y creemos que tenemos que trabajarla todos en conjunto y llegar a un consenso, y eso es importante.

Y es que esta ley, perdón, esta actividad tenía que haber sido reglada hace muchísimo tiempo. Yo creo que ya es hora..., pongámonos... De hecho, yo creo que, incluso, hace ya bastante tiempo..., antes de reglarla, incluso, había que haberla estudiado. Hemos creado comisiones de estudio en este Parlamento para infinidad de asuntos, pues podíamos haber creado una hace ya bastante tiempo sobre el fenómeno de las viviendas vacacionales, para que, una vez estudiado, pudiésemos legislarlo perfectamente o, al menos, afinando lo máximo posible.

Voy a dar algunas de las alternativas, al menos, de lo que se ha comentado esta mañana en este Parlamento. Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista cuando dice que vivimos realidades diferentes, y es verdad. Todos los municipios de esta comunidad autónoma son diferentes; a lo mejor la receta para uno puede ser efectiva, pero puede ser totalmente diferente para otro municipio.

Señora consejera, usted sabe que en las islas verdes vivimos una realidad totalmente diferente, que hemos apostado por un desarrollado turístico totalmente diferente, donde las viviendas vacacionales tienen cabida. Quizás el problema que está habiendo últimamente a nivel general, en todo el archipiélago, pues es, precisamente, esa especulación que ha surgido en los últimos tiempos, a raíz de que se ha visto que es una actividad económica que puede generar riqueza. Pero tengamos en cuenta que nosotros queremos repartir esa riqueza entre los pequeños tenedores, entre la gente, pues, que ha trabajado para tener esa vivienda para, en muchos casos, poder darles una educación a sus hijos o tener un complemento al final de la renta que les ayude a salir adelante.

Por tanto, nuestro grupo está totalmente de acuerdo en que tiene que ser legislada esta modalidad turística, o esta actividad turística.

Es importante el compromiso con esta actividad porque, si no vamos a poder sacar adelante una ley que realmente dé respuestas acertadas a todos y cada uno de los afectados... Creo que es importante -y usted lo decía también en su intervención- que aquellos que están se mantengan. Y tenemos que legislar, o poner todo lo necesario en esta ley, para que así sea y que ninguno de ellos se vea desprovisto de su vivienda vacacional, una actividad que están generando. Porque, tengamos en cuenta también que, a partir del 1 de julio -no lo ha dicho nadie que me haya precedido en la palabra, pero yo creo que es importante-, a raíz de la normativa europea y también de ese decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre, todas las viviendas vacacionales tendrán que cumplir con los requisitos o, si no, no podrán estar en esa plataforma. Por lo tanto, si no van a poder estar en esas plataformas, no van a poder ejercer esa actividad, y creo que es importante resaltarlo.

Se ha hablado también esta mañana de la calidad turística. Bueno, por ejemplo, cuando un complejo turístico hotelero o extrahotelero va a obtener su licencia, normalmente ya sabemos qué categoría tiene: dos llaves, tres llaves; o cuatro estrellas, tres estrellas, cinco estrellas, etcétera. Pero es que las viviendas vacacionales están todo el rato siendo examinadas, porque, al final, lo que las va a mantener en el mercado es la puntuación que los propios clientes, o los propios usuarios, van a ir poniéndoles. Por lo tanto, yo creo que son los primeros interesados en que esas viviendas vacacionales cumplan con la normativa, que estén perfectamente adaptadas, que tengan las máximas comodidades posibles, porque eso les va a dar una mayor puntuación y van a tener una mayor afluencia de visitantes. Creo que es importante resaltar, también, ese apunte.

Y cuando hablo del consenso, lo digo porque ya se intentó regularizar o, al menos, corregir aquellos defectos que tenía el decreto del 2015 en el año 2019, y, por no haber un consenso, todo se paralizó gracias a la presión ciudadana. Lo recordará el señor presidente -que era presidente también en aquella ocasión-, y creo que es necesario ese consenso entre todas las fuerzas políticas que componemos este Parlamento, las fuerzas políticas que componen los diferentes cabildos y los diferentes ayuntamientos. Porque también van a tener mucho que decir en esta ley y, por supuesto, nuestro grupo también va a tener el máximo compromiso para trabajar y poder sacar la mejor norma posible, señora consejera.

Nos hemos sentado a lo largo de estas semanas no solo con representantes de los cabildos y representantes de los ayuntamientos, sino también con algunos afectados directos. Y yo creo que merecen que tengamos esas consideraciones y que, si realmente podemos darles esa solución por una actividad que vienen ejerciendo desde hace muchísimo tiempo... Porque yo vengo de un pueblo donde esta actividad se lleva ejerciendo incluso antes de que se llamaran viviendas vacacionales, de Valle Gran Rey. Y, por lo tanto, esa actividad lo único que necesita es ser reglada -yo creo que eso sí es importante-, necesita una normativa que le dé esa seguridad jurídica. Y, sobre todo, porque no tenemos una ley básica nacional que la regule; ni la ley de arrendamientos urbanos ha tratado de regular esta actividad. Y luego, a nosotros nos cabe la confusión de que, por ejemplo, según el Estado, ni siquiera se puede considerar una actividad económica.

Por tanto, creo que aún quedan flecos por afinar en este texto que ya tenemos en el Parlamento. Yo espero que, por parte tanto de usted como de su consejería y del resto de miembros del Gobierno afectados -porque pueden tocar, por ejemplo, temas de vivienda-, nos ayuden a tener el mejor texto posible. Asimismo, trabajaremos de la mano de los colectivos y de los representantes de la Fecam y de la Fecai.

Creo que no se me queda nada. Bueno, todo lo contrario, podría uno estar hablando aquí horas sobre el tema del alquiler vacacional. Se ha hablado también de la falta de vivienda. Yo no creo que se le tenga que achacar precisamente a la vivienda vacacional esa falta de vivienda, ya que tenemos 211 000 viviendas vacías en Canarias. Habría que ver cuántas de ellas son habitables. O, incluso, de esas 66 800 viviendas de las que usted hablaba, señora consejera, las que tienen esa licencia de alquiler vacacional, habría que ver cuáles están también realizando la actividad, porque quizás por especulación intentan tener un valor añadido más, obteniendo esa licencia para, en un futuro, realizar una venta.

Por lo tanto, yo creo que son variantes que tenemos que tener en cuenta para que tengamos ese texto normativo lo más afinado posible. El compromiso de nuestro grupo para trabajar, tanto con los grupos de la oposición como con los grupos del Gobierno, y esperar que le demos una...

La señora presidenta: Gracias, señor Ramos.

Señora González González, Nueva Canarias-Bloque Canarista, su tiempo.

La señora González González: Gracias, presidenta, buenos días, señorías.

Consejera, Nueva Canarias-Bloque Canarista no presentó una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley porque, como bien sabe, estamos a favor de la regulación y de la ordenación del uso turístico de la vivienda. Lo que no quita para que seamos críticos con el contenido del proyecto de ley, además de con la manera en la que se ha elaborado, tramitado y consensuado. En definitiva, regular y ordenar la vivienda vacacional, sí; pero, rotundamente, de esta manera, no.

Y voy a intentar, en el escaso tiempo con el que cuento, dar al menos algunas de las pinceladas por las que decimos que, de esta manera, no.

La primera, porque para que una ley tenga vocación de perdurar en el tiempo es necesario que se apruebe con el mayor consenso posible, y la realidad es que con este proyecto de ley ocurre todo lo contrario. De hecho, en el mes de septiembre del año 2023 usted dijo que esta ley iba a enfadar a mucha gente y, mira por dónde, sacó usted el pleno al quince. Porque, salvo los empresarios hoteleros, que la aplauden, el resto -y me refiero a la Fecam, a la Fecai, al Consejo Económico y Social, a la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, a la CEOE, a Fepeco, a la Cámara de Comercio de Santa Cruz y a un largo etcétera- no solo no la apoyan, sino que entienden que lo que está detrás de este proyecto de ley no es la defensa del derecho a la vivienda, sino impedir la competencia a los de siempre.

La segunda, porque este proyecto de ley, tal y como va, como está definido, va a ser inaplicable. Principalmente, porque hace oídos sordos a la escasa capacidad de los ayuntamientos canarios para implementar y supervisar las obligaciones que les impone esta norma, sin que se prevea la implicación del Gobierno de Canarias en facilitarles el apoyo técnico y económico para poder cumplir con el trabajo que esta ley les asigna, independientemente de que sean competencias de ayuntamientos y cabildos, pero es que ahora les vienen en aluvión.

Y consejera, las cosas son como son, no como le gustaría a usted o como me gustaría a mí que fueran, y de no atenderse por parte del Gobierno las reivindicaciones de los ayuntamientos, esa norma, de aprobarse, tiene muchas probabilidades de pasar a la historia como una ley fracasada.

Y es que desde el Gobierno se vendió que el objetivo estrella de esta ley devenía en que la vivienda vacacional era una de las principales causantes de los elevados costes de los alquileres en las áreas residenciales. Y, consejera, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista sabe bien que le compramos este planteamiento, al punto de que el nuestro era, incluso, de una mayor limitación a la vivienda vacacional en las zonas residenciales. Y, dado lo alarmante de los datos que usted de forma reiterada expuso, tanto en el número como en el porcentaje de crecimiento de las viviendas vacacionales en las áreas residenciales, lo primero que le planteamos fue la necesidad de establecer una moratoria urgente de nuevas autorizaciones de vivienda vacacional hasta que la ley se aprobara. Pero su respuesta fue que no, que ni hablar. Y la consecuencia de esa respuesta ha sido, pues, el incremento en 14 meses de 17 926 nuevas autorizaciones.

Cierto es que, según la información de distintas fuentes, la gran mayoría de esas casi dieciocho mil nuevas autorizaciones, aun contando con la acreditación oficial, no ejercen de modo efectivo esa actividad, pero la realidad es que ahí están.

Pero es que, además, la información que se dio desde el Gobierno -o con la que sustentó la escasez de vivienda en zonas residenciales y, por tanto, el elevado precio de los alquileres, debido a la proliferación de las viviendas de uso vacacional- fue y sigue siendo generalista y confusa, lo que ha provocado una enorme alarma social, que, objetivamente, no se corresponde con la realidad. Porque, de la información dada... Y voy a hablar del mes de julio del 2024 -por poner alguna fecha, porque datos hay de todos los meses-, sobre que había 60 146 viviendas vacacionales, que eran las causantes de la disminución de viviendas residenciales, que se pasaban a vivienda vacacional. ¿Pero cuál es la realidad? Que, de esas, 25 301 se encuentran en suelo turístico; 4516, en suelo rústico. Y de las 18 000, o casi dieciocho mil viviendas que no estaban ejerciendo la actividad en aquel momento, 13 000 eran las que estaban aprobadas, con lo cual la realidad es que, de ese total de 60 146, solo 17 329 están ubicadas en áreas residenciales. Y, por tanto, solo esas 17 329 viviendas en toda Canarias son las que tensionan el mercado residencial de vivienda, una cantidad que no justifica la alarma social que el Gobierno creó con sus manifestaciones.

La quinta, porque este proyecto de ley reconoce las distintas realidades insulares. Lo que no hace es reconocer las distintas realidades municipales, y no es lo mismo Artenara que San Bartolomé de Tirajana o que Las Palmas de Gran Canaria, siendo municipios de la misma isla; y en ellos, además, incluyo el porcentaje máximo permitido para viviendas vacacionales.

Y una sexta, que no la última, porque con este proyecto de ley se intenta vestir a un santo para ir desvistiendo a otros muchos, ya que no diferencia entre los pequeños y los grandes tenedores; nombra los grandes tenedores, pero no hace una diferencia en la regulación entre los pequeños y los grandes tenedores de viviendas vacacionales, que, a todas luces, presentan realidades sociales diferentes. Y, además, el proyecto de ley... (ininteligible), el proyecto de ley perjudica a los pequeños propietarios, que acaparan el 89,07 % del total de la vivienda vacacional radicada en Canarias. Es decir, 55 153 de las 60 146 viviendas vacacionales pertenecen a pequeños tenedores, para los que las ganancias de esta actividad significan un complemento fundamental de la renta familiar. Se erigen, por tanto, en un auténtico instrumento de democratización de los ingresos provenientes del principal motor de la economía canaria, el turismo; y coadyuvan, además, de forma decidida, a mejorar la redistribución de la riqueza proveniente del turismo. Redistribución de la riqueza que, como todos sabemos, en Canarias cada vez más brilla por su ausencia.

En resumen, consejera, un proyecto de ley que ha errado el tiro en un intento de beneficiar a los de siempre, perjudicando a las familias canarias que destinaron sus ahorros a adquirir una segunda residencia para su uso y disfrute y, en el caso de que lo necesitaran, tener una renta complementaria. Un proyecto de ley que carece de un mínimo de consenso, de muy difícil aplicación y que obvia la realidad social y económica de Canarias -porque Canarias no es... (ininteligible), Canarias son todos los que vivimos en esta tierra- y, además, que anula la democratización de los ingresos que genera el turismo en las islas, potenciando la vuelta a la concentración de estos en manos de cuatro.

Y, por último, quiero referirme al señor Acosta -que sé que está por ahí-: cierto es que todos los diputados tenemos derecho a presentar enmiendas parciales, lo que ocurre es que no todos los diputados tenemos el mismo derecho a que las aprueben.

La señora presidenta: Gracias, señora González.

Inicia su turno el Grupo Parlamentario Popular. Interviene el señor Morales Déniz.

El señor Morales Déniz: Gracias, presidenta. Señorías. Medios de comunicación. Ciudadanía.

Señorías, al contrario de lo que se haya podido malinterpretar o hacer creer diez años después de que viera la luz el Decreto 113/2015, este proyecto de ley refrenda, consolida y blinda la vivienda vacacional como una modalidad alojativa extrahotelera de Canarias. Un proyecto de ley con un diáfano objetivo: regular el régimen jurídico general del uso turístico de la vivienda. Una modalidad alojativa, la de las viviendas vacacionales, que, probablemente, constituye en la actualidad la opción de alojamiento extrahotelero de mayor interés para nuestros turistas, y del que ni este Gobierno ni esta consejera -ni, mucho menos, Canarias en su conjunto- van a prescindir ni van a denostar; tal es su importancia, tanto para nuestra macro y microeconomía como para la competitividad de nuestro destino turístico. Una opción alojativa diferenciada, que debe atender a su propia ordenación y a su nueva regulación legislativa, al igual que las restantes modalidades hoteleras y extrahoteleras se atienen a las leyes y normativas turísticas, económicas y medioambientales que les son de obligado cumplimiento.

Un texto legislativo que pivota -no inventa- sobre dos aspectos básicos: el uso turístico de viviendas y la especialización de los usos del suelo. Con un destacado valor añadido: los hitos que, en términos de sostenibilidad social, medioambiental y económica, puede aportar a Canarias, justo lo que reclama nuestra sociedad, justo lo que defienden este Gobierno y esta consejería desde el inicio de la actual legislatura. Hitos sociales en torno al derecho a la vivienda; hitos medioambientales en torno a nuestra adecuada ordenación urbanística, territorial y paisajística; hitos económicos en cuanto a la mejor redistribución posible en todos los estratos de nuestra sociedad de la riqueza que genera el turismo, también a través, cómo no, del alquiler vacacional.

Por ello, doy las gracias a las personas, colectivos, asociaciones, organizaciones e instituciones que continúan aportando propuestas de posibles mejoras acerca del texto legislativo que resulte, finalmente, tras este debate de primera lectura; cuando los grupos parlamentarios sigamos trabajando en el marco de la correspondiente ponencia, en aras de que dichas enmiendas parciales puedan reforzar su -ya de por sí inicial- sentido de cumplimiento de leyes y normas preexistentes, que aporten facilidades y certidumbres a las Administraciones públicas y a la ciudadanía, que sigan atendiendo a las peculiaridades de cada una de nuestras islas y que continúen reforzando, insisto, en los mercados la competitividad de las islas Canarias.

Hoy, 14 de marzo, se topa este debate con dos enmiendas a la totalidad sin texto articulado alternativo por parte del Partido Socialista y de VOX. Hoy le queda claro, pues, a la sociedad canaria qué organizaciones políticas dan realmente la espalda a la demanda general de nuestra ciudadanía de conjugar, por un lado, el derecho a la vivienda y, por otro lado, el derecho a la actividad económica turística.

La enmienda del Grupo Socialista, en debida lectura de su contenido, fundamentado o no, constituye en sí misma una oda a ese pasotismo institucional al que se refirió ayer la señora Fierro, pero, claro, de su grupo. Desde 2017, el Grupo Parlamentario Socialista viene reclamando en esta Cámara la tramitación por la vía de urgencia de una ley que regulara la actividad del uso turístico de vivienda. Luego, asumieron el Gobierno en el periodo 2019-2023 y no hicieron absolutamente nada al respecto. Y cuando, por fin, emana un texto legislativo con esa finalidad, y siendo el PSOE el único grupo de esta Cámara que optó por no sentarse con el valioso equipo de profesionales de la consejería para escuchar y valorar con tiempo el texto legislativo, ahora resulta que consideran que no ha lugar a la urgencia y que, además, es mejor, incluso, que se retire este proyecto de ley. Escuchen, Diario de Sesiones, 5 de abril de 2017, señora Cabrera Noda -con mis respetos-, portavoz de Turismo del PSOE: "El Gobierno de Canarias debe formular una propuesta de regulación, y existe una variable que no podemos obviar: no la necesidad de una regulación, sino la urgencia de proceder a la misma con el objetivo claro de la búsqueda del interés general". Para, luego, manifestar a los medios de comunicación que "es necesario y urgente que se afronte el debate de la regulación de la vivienda en alquiler vacacional con responsabilidad y agilidad, porque tomar decisiones implica asumir sus costes, pero siempre es mejor esto que caer en la parálisis".

Pues, bien, ahora salgan a la calle y explíquenle a la ciudadanía sus contradicciones y, de paso, cuál es su verdadero objetivo respecto de las viviendas vacacionales, que no es otro que el de su absoluta erradicación. Porque, a toque de corneta de Pedro Sánchez, con sus "menos Airbnb y más viviendas"... Primero, erradicación total y absoluta en Barcelona a partir de noviembre de 2028 de las actuales 10 000 licencias de viviendas vacacionales, por carta del señor alcalde.

Segundo. Propuesta de erradicación total y absoluta del alquiler turístico en Palma de Mallorca, y ello -dicen aquí- porque la vivienda es un derecho, no un negocio, miren por dónde.

Bueno, conscientes de la relevancia social, económica e institucional de esta iniciativa legislativa, sin duda vale la pena el esfuerzo de avanzar todos en ella y de transmitir a nuestra ciudadanía que, frente al ataque despiadado del Partido Socialista contra la vivienda vacacional, ya desatado en la península, es precisamente este proyecto de ley el que blindará a futuro la actividad del alquiler vacacional en nuestras islas. Porque, sí, señorías del Partido Socialista, aunque no les guste, en Canarias habrá vivienda vacacional para rato, porque la ley durará lo que dure este Gobierno, y la sociedad canaria ya le está augurando una larga vida.

Ocho años después de que exigieran la ley, aquí la tienen, de parte de este Gobierno cohesionado, integrador, valiente y coherente, que no hace ni dos años que inició su gobernanza.

La enmienda de VOX ni la valoramos, porque, en realidad, constituye una enmienda a la totalidad de la vida de las personas migrantes, que hasta mueren en nuestro Atlántico, y una incomprensible loa a la xenofobia (palmoteos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular). Aunque, señoría Jover, señoría Jover, ¿un asalto? ¿Recuerda su primera intervención en la Comisión de Turismo de este Parlamento? Abro comillas: "Desde VOX consideramos que, en las zonas residenciales, debe respetarse a los vecinos, y ese crecimiento descontrolado de la vivienda vacacional puede producir un efecto contraproducente" (palmoteos desde los escaños de los grupos parlamentarios Popular y Nacionalista Canario).

Al Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, yo también le reconozco y le agradezco su coherencia por la opción de ir a la ponencia a presentar enmiendas parciales que puedan mejorar el texto legislativo. También -y disculpen que me refiera a él-, su presidente, el señor Rodríguez, también en 2017, con vehemencia, expresó en esta tribuna aquello de "no optar por la vía de un decreto ley, sino de regularlo a través de un proyecto de ley".

Hoy es 14 de marzo, como les decía, y desde nuestro grupo parlamentario también queremos hacer un sentido homenaje a todos los canarios y canarias que fallecieron hace cinco años, cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia, a partir de ese luctuoso periodo que todos sufrimos.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

La señora presidenta: Gracias, señor Morales.

Finaliza el debate el Grupo Parlamentario Nacionalista. Interviene la señora Beato Castellano.

La señora Beato Castellano: Gracias, señora presidenta. Señorías. Miembros del Gobierno. Señora consejera.

Canarias es un destino turístico de referencia internacional, un territorio que ha sabido aprovechar su riqueza natural y su cultura para levantar una economía donde el turismo es fundamental, pero también es, ante todo, la casa de quienes vivimos aquí. Y es, precisamente, el equilibrio entre el desarrollo económico y el derecho de los canarios a una vivienda digna lo que debemos conseguir.

Nuestra tierra, nuestras islas necesitan una regulación que nos ayude a preservar lo que somos sin frenar nuestro desarrollo económico. Por eso, esta ley es necesaria. Una ley que no prohíbe el alquiler vacacional, sino que lo regula.

La vivienda vacacional ha crecido de manera exponencial en los últimos años, y es cierto que ha generado muchas oportunidades a las familias canarias, pero también ha planteado retos innegables. El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema grave en muchas zonas. En algunos municipios, los precios de los alquileres se han disparado y, en otros municipios, han desplazado incluso a sus residentes. Y, además, hay lugares en los que la convivencia vecinal se ha visto afectada por el uso intensivo de viviendas con fines turísticos, generando tensiones que no podemos obviar.

Desde el Grupo Nacionalista Canario compartimos los objetivos de esta ley: ordenar el uso turístico de la vivienda para que sea compatible con el derecho a la vivienda, la planificación territorial y la sostenibilidad de nuestro modelo turístico; y entendemos las preocupaciones de los pequeños propietarios y de la... (ininteligible), y estamos muy atentos estudiando la normativa europea. Pero, como saben, no somos los primeros que regulamos esta actividad; otras ciudades ya han implementado normativas que limitan los pisos turísticos, y han sido avaladas por el Tribunal Constitucional. Cataluña ha aplicado restricciones en 262 municipios para frenar la crisis de la vivienda, Venecia y Ámsterdam han impuesto límites estrictos al turismo masivo para proteger a sus residentes, y la Unión Europea no les ha impuesto sanciones porque han demostrado que su regulación responde a una necesidad social.

Señorías, el turismo es nuestro motor económico, pero no puede serlo a costa de expulsar a los canarios de sus propios hogares o de que tengan que rechazar un trabajo por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Y esta ley busca proteger el derecho a la vivienda, garantizar la competencia justa con el sector hotelero y preservar la calidad de vida de nuestras islas. Por ello, apoyamos este proyecto de ley, pero, ya lo adelanto, señora consejera, con la firme voluntad de mejorarlo.

Por eso, no compartimos la postura de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la totalidad para rechazar esta ley sin, ni siquiera, entrar en el debate sobre su contenido. Y es muy revelador que el Partido Socialista y VOX coincidan en este punto y en argumentos (palmoteos) en la línea de la defensa de los grandes tenedores. Es muy revelador. Y VOX..., tampoco vamos a entrar a comentar su enmienda, porque lo reducen ustedes... a lo que denominan "la inmigración irregular", y no vamos a entrar en esas provocaciones. Y el PSOE ha pasado de reclamar que este asunto se despachara con un decreto ley..., lo que significa, señorías, como ustedes saben, que se tramite por urgencia, sin trámite, sin consulta pública, sin alegaciones, sino con una simple decisión del Gobierno, sustrayendo el debate parlamentario (palmoteos).

Su enmienda no deja de ser, cuando menos, curiosa, porque no logramos entender cuál es su modelo. Y tampoco hicieron nada durante los cuatro años que ustedes gobernaron, pero tampoco han hecho nada ni en el trámite de consulta... No han aportado ni una sola idea ni en el trámite de consulta ni en las alegaciones. Miren, no tienen rumbo ni proyecto. Tienen el síndrome del "queda bien", van dando tumbos según sopla el viento. Y eso lo podemos entender en VOX, que acaban de llegar, pero en el Partido Socialista, que es un partido con vocación de gobierno, no lo podemos entender.

Y desde el Grupo Nacionalista queremos felicitar al Gobierno y a su consejera, Jéssica de León, por la valentía. Lo más fácil hubiera sido mirar para otro lado, pero este Gobierno ha venido para cambiar las cosas, para afrontar los problemas. Ese es el modo canario de gobernar (palmoteos): afrontar los problemas, buscando soluciones. Y, señorías, este proyecto de ley lleva en este Parlamento ya tres meses; hay que ponerse a trabajar. Dejemos de pedir prórrogas; hay que ponerse a trabajar, porque lleva tres meses en esta Cámara.

Desde el Grupo Nacionalista trabajaremos para introducir enmiendas que refuercen a los ayuntamientos, porque son los ayuntamientos quienes van a tener que aplicar esta regulación y necesitan herramientas eficaces para hacerlo, que les garanticen la seguridad jurídica en su aplicación. Nuestra voluntad es que esta ley atienda a las singularidades de cada municipio de Canarias, que contemple las múltiples realidades que conviven en Canarias, con ocho islas desigualmente pobladas y 88 municipios. No podemos comparar la realidad de las islas verdes con la de El Cotillo, en Fuerteventura, que corre el riesgo de perder su identidad como pueblo. Y trabajaremos para alcanzar el equilibrio entre la regulación necesaria y la viabilidad económica para los pequeños propietarios, para quienes la vivienda vacacional representa una renta complementaria y, en algunos casos, incluso su único modo de vida.

Rechazar esta ley en su totalidad es una irresponsabilidad contraria al propósito de este Parlamento. Es hacer dejación de nuestras funciones, y nuestro deber es debatir y llegar a acuerdos en asuntos esenciales para la vida de los canarios. Votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad y seguiremos trabajando, como es nuestra obligación, para que esta ley sea una herramienta útil para Canarias, para su gente y para nuestro futuro. Por eso, les tendemos la mano para, entre todos, lograr una norma que beneficie tanto a los residentes como a los pequeños propietarios y al sector turístico. Canarias debe seguir siendo un destino atractivo, pero también un hogar digno para quienes aquí vivimos.

Muchas gracias, señorías (palmoteos), y ánimo al Gobierno para mejorar esta ley.

La señora presidenta: Gracias, señora Beato.

Finalizado el tiempo de intervención del debate de la ley. Por tanto, ahora procedemos a la votación. (Suena el timbre de llamada a la votación).

Procedemos a la votación. Conocen..., por orden de presentación. Por tanto, en primer lugar, procedemos a la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señorías, votamos.

Votos emitidos presentes, 68: sí, 28; no, 40; abstenciones, 0.

Queda, por tanto, rechazada la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista (palmoteos).

Pasamos ahora... votación de la enmienda del Grupo Parlamentario VOX. Votamos.

Votos emitidos presentes, 68: sí, 3; no, 64; abstenciones, 1.

Queda, por tanto, rechazada la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario VOX (palmoteos).

Pasamos a la siguiente iniciativa: proposición de ley de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las islas Canarias.

Un segundo... ¿sí, señor Matos?

El señor vicepresidente segundo (Matos Expósito): Sí, señora presidenta, hasta ahora no había sucedido, pero me he confundido al apretar el botón. Se lo digo a mi grupo a efectos disciplinarios, que no quería votar abstención.

Muchas gracias.