Diario de Sesiones 76, de fecha 30/4/2025
Punto 4
11L/PO/P-1750 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA LUZ REVERÓN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE SI SABE SI EL GOBIERNO DE ESPAÑA TIENE PREVISTO CUMPLIR PRÓXIMAMENTE EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO Y HACERSE CARGO DEL MILLAR DE MENORES SOLICITANTES DE ASILO, DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre si sabe si el Gobierno de España tiene previsto cumplir próximamente el auto del Tribunal Supremo y hacerse cargo del millar de menores solicitantes de asilo.
Tiene la palabra.
La señora REVERÓN GONZÁLEZ (desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Señor presidente del Gobierno, el pasado mes de marzo éramos conocedores de un auto del Tribunal Supremo donde daba un plazo improrrogable de diez días para que el Gobierno de España asumiera la tutela de 1000 menores que se encontraban en Canarias, menores extranjeros no acompañados, y que habían solicitado el asilo. Bien, no nos olvidemos de que esta solicitud de asilo se trata de una medida que pretende garantizar la entrada de estos menores en el sistema nacional de protección internacional, del cual el único responsable es el Gobierno de España, es decir, el Partido Socialista. Pero, como siempre, el Partido Socialista, ese partido que siempre nos está dando muchas lecciones de solidaridad, no ha hecho absolutamente nada y nos estamos encontrando ante un desprecio histórico por parte de los socialistas canarios, porque atendiendo a las peticiones de su jefe de cabecera, lo único que han hecho ha sido callarse la boca ante esta vergüenza.
Convendrá conmigo, señor presidente, en que nos encontramos ante un insulto y una falta de respeto con esa respuesta que le dio el presidente del Gobierno de España al Tribunal Supremo cuando dijo que ellos no podían hacerse cargo de 1000 menores, mientras Canarias se ha hecho cargo de casi seis mil menores en este último año y medio en solitario, de manera sola; no hemos pedido ayuda a nadie.
Pues, muy bien. ¿De verdad se piensan creer, alguien se cree que el Gobierno de España no tiene recursos suficientes para atender a estos menores? ¿Alguien se cree que el Gobierno de España no tiene personal cualificado para atender a estos menores? ¿Alguien se cree lo que está diciendo el Gobierno de España?
Mire, mucho me temo que, evidentemente, no, no nos lo creemos porque, además, estamos ya ante el modus operandi del Partido Socialista cada vez que gobierna, que es jugar al gato y al ratón, como ha hecho en este último año y medio para la modificación de la ley de extranjería.
Pero vamos a los datos: ni diez ni quince, ya vamos por treinta días o casi más de treinta días desde que el Tribunal Supremo le dio un plazo al Gobierno de España y Pedro Sánchez lo único que ha hecho ha sido mirar para otro lado y no ha dado ningún tipo de respuesta. De ahí la pregunta que le hacemos: si tiene algún tipo de conocimiento, por parte del Gobierno de España, de cuándo se van a llevar a cabo estas medidas por parte del Gobierno de España, porque mucho nos tememos desde el Partido Popular que lo que va a hacer el Gobierno de España es eludir su responsabilidad y seguro intentar camuflar a estos niños y niñas entre el resto de los menores que tenemos ahora tutelando en Canarias y que tenemos que derivar al resto de las comunidades autónomas.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.
Señor presidente, tiene la palabra cuando quiera o cuando pueda.
El señor PRESIDENTE DE CANARIAS (Clavijo Batlle) (desde su escaño): Cuando me dejen, señora presidenta.
Señora Reverón, bueno, pues, efectivamente, la información que tenemos es que frente al auto del Supremo el Estado, a través de la Abogacía del Estado, ha hecho una serie de alegaciones en las que, como usted bien sabe, ha dicho que su red internacional está al 96,7 % de ocupación y que, por lo tanto, no puede integrarlos en el sistema nacional de protección internacional.
Frente a eso, nosotros hemos hecho unas alegaciones, obviamente, como Gobierno de Canarias, pues, bueno, evidentemente, estando en contra, porque es difícilmente creíble que todo un Estado, una Administración del Estado, alegue que no puede garantizar los derechos de protección internacional de unos menores porque su red está al 96,7 %, pues, nosotros estaríamos al 3000 % superados. No tiene sentido.
Además, el auto del Supremo, con una medida cautelar positiva -usted es abogada, usted es letrada-, difícilmente en derecho visto, pues, al final, quería... incidía en dos asuntos: el estado de hacinamiento de los menores -que, además, dejaba claro que tampoco había que explicarlo mucho por la realidad patente que se vivía en Canarias- y, por otro lado, el garantizar acceso.
Yo quiero decir aquí, por ejemplo, las consecuencias de que estos menores no estén en esa red de protección internacional. Estos menores, por estar y ser refugiados políticos, tienen automáticamente documentación, tienen automáticamente permiso de trabajo, menores de 16 años, 17 o 18, o cuando cumplen los 18 años, si no lo tienen reconocido y están en la red de protección internacional, se ven a veces en la calle, sin la posibilidad de tener un documento que les permita trabajar o, incluso, poder rehacer su vida.
Por lo tanto, estamos hablando de que el derecho que se les está vulnerando a esos menores por parte del Estado, del Gobierno de España, es de una extrema gravedad. De ahí el auto del Supremo.
Nosotros lo hemos trabajado. Ayer no se pudo celebrar, perdón, el lunes, la comisión de infancia, ha pasado al día 5 a las cuatro de la tarde. Y también tenía previsto yo en el día de ayer una reunión con la ministra y con las distintas ONG para poder abordar, la ministra de Infancia, que no es la de Inmigración, que es la que tiene las competencias.
Pero, tristemente, parece que, a pesar de tener una sentencia del Constitucional, un auto del Supremo y la ley ya... el decreto ley ya convalidado, parece que, al final, unos por otros, nadie quiere que los menores tengan los derechos reconocidos, nadie quiere proteger la infancia y nadie quiere hacer justicia con Canarias. Es así de triste.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
