Diario de Sesiones 77, de fecha 13/5/2025
Punto 10

11L/DL-0016 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. PARA LA AGILIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y EL IMPULSO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate ahora del decreto ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas.

Tiene la palabra el señor consejero de Obras Públicas..., ¡ah!, perdona, sí, sí, señor Miranda, consejero de Política Territorial.

El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS (Miranda Medina): Gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señores diputados.

Como saben, este Gobierno ha tomado diferentes medidas para responder a uno de los retos que más debate social ha generado en los últimos meses: la emergencia habitaciona; una emergencia habitacional que provoca que miles de canarios y canarias tengan muchas dificultades para acceder a una vivienda.

A principios de 2024 fue aprobado un primer decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que señalaba dos objetivos fundamentales: aumentar la disponibilidad de suelo y promocionar e impulsar la construcción de viviendas protegidas. Hoy traemos a esta Cámara una segunda iniciativa legislativa, que viene a sumar nuevas medidas para afrontar este reto. En este caso, dirigidas a la agilización de licencias urbanísticas para el impulso de la construcción de viviendas. Se trata de un trabajo técnico de las consejerías de Obras Públicas y Política Territorial que tiene como objetivo fundamental resolver un problema generalizado en las islas, la demora en la concesión de licencias de construcción, sobre todo en municipios que no disponen de los medios humanos y técnicos suficientes para cumplir con las expectativas de plazo razonable en la tramitación de estos expedientes. Así pues, la iniciativa que presentamos hoy es una respuesta política real, directa, para seguir afrontando este problema, iniciativa que es fruto del diálogo con los sectores implicados.

La principal novedad que introduce este texto es establecer mecanismos de colaboración público-privada que permitan, a aquellos ayuntamientos que así lo consideren, agilizar la tramitación de sus licencias. ¿De qué manera?: incorporando al procedimiento de concesión informes técnicos elaborados por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración debidamente acreditadas.

Se trata de una medida que pretende dar otro impulso a la construcción de viviendas. Por un lado, agilizando la tramitación de los procedimientos administrativos, aliviando la carga de trabajo de las oficinas técnicas municipales, que pueden destinar recursos a otras prioridades; también ampliando nuevos nichos de empleo y economía para profesionales técnicos externos. Todo ello con plena seguridad jurídica, manteniendo el control por parte de la Administración. No supone en ningún caso la privatización de las oficinas técnicas municipales, se trata de una herramienta completamente voluntaria, respetando el principio de autonomía local. Genera, a su vez, mayor certeza respecto a los tiempos de planificación, tanto en el sector público -planes de construcción de viviendas públicas- como privado -promoción de viviendas-. El objetivo es que los promotores puedan obtener su licencia para construir viviendas en un plazo razonable, más aproximado a los tiempos que marca la normativa, desde luego mucho más razonable que los dos años de media que puedan estar dándose en la actualidad.

Además, esta iniciativa incluye otras medidas tendentes a impulsar la construcción de viviendas: el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas, que incluye beneficios fiscales y urbanísticos para los promotores que participen en este programa a cambio de cumplir ciertas condiciones. ¿En qué beneficia principalmente esta medida? Beneficia a las familias de clase media o a jóvenes que ya trabajan y que no pueden optar a otro tipo de ayudas. También la reutilización de suelos terciarios para uso residencial, más suelo para construir vivienda protegida. A su vez, la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados por completo.

Además de esta iniciativa, el Gobierno está desarrollando otras medidas en colaboración con los ayuntamientos que permitan agilizar la tramitación de expedientes. Hace unos días presentábamos la Oficina Virtual de Reto Demográfico, un recurso de auxilio administrativo para los 47 municipios de menos de 10 000 habitantes que se complementará con una línea de colaboración precisamente vinculada a la norma que hoy presentamos, la posibilidad de que los 26 municipios de menos de 5000 habitantes de Canarias que quieran aplicar esta norma puedan disponer de una línea de ayudas para afrontar los gastos que se deriven.

Estas diferentes líneas de trabajo, incluyendo también la propuesta de actualización de la Ley del Suelo, han sido consensuadas con los actores principales, es decir, con los ayuntamientos del archipiélago, sobre todo los pequeños y medianos que más dificultad tienen. Se ha tratado y se ha pactado también con la Federación Canaria de Municipios; sin embargo, queremos seguir construyendo de manera colectiva cualquier iniciativa que venga a mejorar las herramientas propuestas.

La participación y el debate enriquecen cualquier medida que pueda adoptarse y a este documento pueden incorporarse nuevas propuestas que mejoren su efectividad a la hora de su aplicación. Por ello este Gobierno propone al Parlamento que la norma presentada y que hoy debatimos se tramite como proyecto de ley, una fórmula que permita seguir mejorando su redacción hasta su aprobación definitiva.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Inicia su intervención ahora el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Acosta, tiene la palabra.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero.

Todos sabemos, y cuando digo todos quienes residimos en Canarias, que hay un problema evidente con la escasez de vivienda que está en el mercado y que es necesario también darle una respuesta desde distintos enfoques, pero sobre todo desde la oferta. Pero resulta que atacar el problema por la oferta también tiene sus complicaciones, y lo hemos visto y lo ha sufrido el propio consejero, y no son pocas que digamos. En unos casos deriva de la falta de suelo disponible y en otros, de los farragosos y fatigosos trámites que se precisan para la concesión de licencias urbanísticas. Si se juntan estos dos problemas con el resto, que los acucien en el ámbito, tenemos un cóctel perfecto para el problema que tenemos ahora mismo. Y recordemos que el fracaso se traduce también en la imposibilidad de que muchos ciudadanos puedan tener un techo, en el peor de los casos, o de pagar por él la mayor parte de los ingresos mensuales de la unidad familiar.

Ante esta situación, todos los gobiernos, porque el problema afecta, en mayor o menor medida, en todo el Estado, tienen dos opciones: gestionarlo con las herramientas y medidas que precisamente nos han llevado a este momento, lo cual no parece ni sensato ni inteligente, o, por el contrario, agitar el debate y buscar y proponer acciones que se integren en una estrategia amplia y también que nos permita ir dando pasos en la dirección correcta. Y eso es lo que está haciendo precisamente el Gobierno de Canarias: dejar de hacer las cosas igual. Y precisamente por eso nos arrecian las críticas y por eso hoy se están hablando cosas tergiversadas, entiendo que más por error que por malicia, como afirmar que se les están quitando las competencias a los funcionarios y no entender lo que es una colaboración público-privada, obviar que un colegio profesional no deja de ser una corporación de derecho público; por lo tanto, realiza competencias delegadas por la propia Administración. El ser corporación de derecho público puede servir para que, en casos como este, auxilie a la Administración en un trámite tan necesario y tan farragoso como es un informe preceptivo y ahí agilizar los trámites.

Y es evidente que tenemos que afinar jurídicamente las medidas para garantizar la mayor seguridad jurídica posible, para que esta novedosa medida no se vuelva contra nosotros y, lo que es peor, de quienes necesitan una vivienda. No podemos obviar lo que pone en la legislación administrativa, no podemos obviar quiénes son los obligados en los trámites ni tampoco quitarles prerrogativas a los funcionarios, pero tampoco podemos dejar de lado aquellas herramientas que nos otorga nuestro ordenamiento para hoy poder facilitar algo tan básico como es que la gente acceda a su vivienda.

Y creo que también hay evidencia y sobrados motivos para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de la medida, yo creo que nadie aquí lo puede dudar.

Del informe del Consejo Consultivo, y en relación, precisamente, con el fondo del asunto, me quedo con el apartado que señala textualmente que la técnica de la externalización de informes constituye una novedosa medida que ha de ser recibida en el ordenamiento jurídico con cautela, dada la afectación de los principios del procedimiento administrativo común y para asegurar la íntegra defensa del interés general. De entrada -continúa el informe- se constata que la reforma que introduce el decreto legislativo se limita exclusivamente al trámite de informe técnico preceptivo en el procedimiento de otorgamiento de licencias, sin referirse -y esto es lo importante- a otras fases posteriores del mismo que conducirán a la resolución final, que por supuesto tampoco pretende externalizarse. ¿Eso se ha dicho en algunos medios, eso se ha traído a colación o eso se ha obviado deliberadamente del informe del Consultivo? Creo que esta es una de las partes más importantes. Aquí no estamos hablando de que la resolución final del acto administrativo de la concesión de la licencia se le está dando a un tercero ajeno a la Administración, aquí de lo que se está hablando es de que se agiliza parte de ese procedimiento administrativo y los actos de trámite para que esa licencia se pueda conseguir. De eso es de lo que estamos hablando, de esa colaboración público-privada, no de otras invenciones que otros han dicho.

Hay dos aspectos también fundamentales sobre el alcance de estos informes técnicos y del hecho también de que puedan ser realizados por entidades y, por tanto, por personas que no sean funcionarias. Sobre el primero de los asuntos hay ciertas reservas por parte del Consejo Consultivo, pero no olvidemos que es la propia Ley del Suelo la que señala que los informes a aportar por los solicitantes también deben pronunciarse sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental y urbanística vigente. Y, en relación con el segundo de los asuntos, no parece tampoco que haya problemas en que estos informes sean realizados por personas que no sean funcionarias, aunque también, tal y como señala el propio Consejo Consultivo, sí será relevante garantizar el ejercicio de tales facultades técnicas, que concurran con objetividad, imparcialidad o independencia, cuya garantía viene asegurada con su reserva a los funcionarios públicos. Eso son principios que, sin duda, no están en tela de juicio ni que vamos a descartar.

Y tampoco debemos olvidar que el decreto contiene elementos importantes más allá de esta agilización de las licencias, con la participación de entidades colaboradoras, con el impulso de las viviendas no terminadas o el impulso de programas de vivienda asequible, porque hoy nos estamos olvidando de algo: las clases medias. Muchas veces no están lo suficientemente empobrecidas para poder optar a ciertas ayudas o vivienda protegida, pero tampoco tienen la renta disponible para poder destinarla al pago de una hipoteca. ¿Y qué hacemos con esa clase media?, ¿la dejamos de lado? ¿Qué pasa con esos jóvenes que no tienen un trabajo que les permita un salario suficiente para no irse más allá de un 33 % de sus ingresos para poder adquirir esa vivienda? ¿O qué pasa con aquellas personas que tienen una parcela que, desgraciadamente, es urbanizable pero no es urbana y, por lo tanto, no tiene un solar que se pueda construir? Ahí, en esa agilización de esos trámites, en esa facilitación, que también vamos a hacer sin duda a través de la Ley del Suelo para que ese suelo urbanizable pueda ordenarse de una forma más sencilla y podamos tener suelo urbano total, está parte de la solución.

Pero es que parte de la solución también está en la industrialización de la construcción de vivienda. El metro cuadrado construido en la isla de El Hierro está en más de dos mil euros/metro. ¿Ustedes se imaginan lo que supone hacerse una casa de cien metros cuadrados, que no es una locura, y estamos hablando de más de doscientos mil euros? Todo ello pensando en que el suelo ya es nuestro, porque si tenemos que adquirir un solar, que puede rondar entre los 40 o 60 000 euros, que no es una locura, estamos hablando de viviendas en que se puede ir el coste, más los impuestos, la notaría y el registro, a 270-280 000 euros. Esos son precios desorbitados, precios que desgraciadamente nuestra ciudadanía no puede asumir.

Y ante todo esto lo que estamos haciendo es ser propositivos, cambiar un poco las reglas del juego, y a lo que invito precisamente a la oposición es a que sea participativa, a que venga aquí a proponer cuestiones para mejorar este texto, a que venga a proponer cuestiones que enriquezcan las medidas que se están adoptando, pero no a desdeñar todas y cada una de las diferentes iniciativas económicas, tributarias, de flexibilización de la Ley del Suelo o de agilización de trámites administrativos, gracias precisamente a una colaboración público-privada, a demonizarlo. Porque, como decía Cervantes, si los perros ladran, Sancho, es que estamos cabalgando. Así que a seguir cabalgando, consejero.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Tiempo de intervención ahora para la Agrupación Socialista Gomera. Lo hace la señora Mendoza Rodríguez.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, buenos días a los consejeros y la consejera que nos acompañan en la mañana de hoy.

Señorías, este decreto ley es una medida más a uno de los problemas más graves que existen actualmente en nuestra comunidad autónoma, que no es otro que el acceso a la vivienda, porque lo que está claro y además es evidente es que hay que poner en marcha distintas medidas para poder revertir poco a poco esta situación. Unas tendrán mayor éxito, eso es así, otras tendrán menos éxito y otras no tendrán éxito ninguno. Pero este Gobierno está dispuesto a fracasar, pero a lo que no está dispuesto es a no accionar o a quedarse de brazos cruzados, lo demostró con el Decreto Ley 1/2024 y lo vuelve a demostrar hoy, impulsando nuevas fórmulas como la vivienda asequible incentivada. Ayer comentaba el consejero en comisión, en la Comisión de Cabildos, que Canarias es la primera comunidad autónoma en desarrollar esta figura, que sí que la contempla la ley estatal, una figura que además va a permitir, a familias que no puedan acceder a una vivienda pública por una cuestión de razones económicas pero que también se están quedando fuera del mercado libre, poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler a un precio que sea razonable.

Con este decreto también se permite transformar el suelo terciario en suelo residencial con el único objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida.

Y, por último, también este decreto, que para nosotros es superimportante, permite la agilización de licencias urbanísticas. Señoría, es una realidad que tenemos municipios que superan los dos años para poder conceder una licencia. Este es uno de los grandes cuellos de botella que dificultan la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda.

Señorías, con esta norma lo único que se está intentando es agilizar los procedimientos, agilización que permitiría reducir los plazos de concesión de licencias a un máximo de seis meses. Yo creo que seis meses ya es un tiempo razonable.

También en este decreto se contempla un régimen de colaboración, que ya se explicó también ayer en comisión, que será únicamente con los colegios profesionales, con medios propios y con entidades acreditadas por el Gobierno de Canarias, y eso se hace con el único objetivo de aliviar el colapso que sufren a día de hoy las oficinas de urbanismo, especialmente, como decía el consejero, en aquellos municipios que disponen de menos recursos.

Y, señorías, lo que sí que no busca este decreto es poner en tela de juicio la solvencia de nuestros técnicos municipales. Yo creo que eso es hacer una lectura del decreto bastante torticera. Lo que se está buscando es todo lo contrario, lo que se está tratando es de ofrecerles apoyo frente a un enorme volumen de trabajo que afrontan y que en muchos casos les está impidiendo dar respuesta en tiempo y forma.

También quiero destacar un elemento que consideramos clave y que también lo resaltamos ayer en comisión, y es la creación de la Oficina Virtual de Reto Demográfico. Esta herramienta va a ser fundamental para apoyar a los municipios menos poblados y que también disponen de menos recursos.

Señorías, insistimos, este decreto lo único que está buscando es mejorar la situación actual de emergencia habitacional y lo mejor sería que todos hiciésemos aportaciones y ayudásemos a mejorar la situación y, como consideramos que entre todos probablemente sea mucho más fácil conseguir el objetivo, es por eso por lo que nosotros también estamos de acuerdo en que esta norma sea tramitada como proyecto de ley, porque evidentemente eso va a permitir la participación de todos los grupos parlamentarios, que seguro, seguro, tienen propuestas de mejora que hacer y nosotros encantados de escucharlas, encantados de debatirlas y encantados de poder añadir todas aquellas que sean posibles.

Y, señorías, sobre todo apoyamos este decreto porque detrás de cada licencia agilizada, señorías, detrás de cada informe emitido y de cada vivienda construida lo que hay detrás es que por fin una familia consiga tener un hogar, consiga tener acceso a una vivienda.

Por tanto, este decreto ley lo vamos a apoyar para que se convalide como proyecto de ley. Esperamos que en las ponencias podamos llegar a acuerdos. Y también lo que sí pedimos es que la ponencia sea lo más corta posible, porque, señorías, estamos hablando de una situación de emergencia habitacional y retrasar las medidas que puedan tener un gran impacto en nuestra sociedad o un gran impacto en esta emergencia habitacional sería un error, un total error por nuestra parte.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Inicia su intervención ahora el Grupo Parlamentario VOX. Lo hace la señora Jover Linares.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y especialmente a los consejeros proponentes de este decreto ley, cuyo objetivo último es revertir la falta de viviendas que hay en Canarias.

Todos estamos de acuerdo en que necesitamos más viviendas, pero ¿de qué forma lo conseguimos? Aquí tenemos a estos de esta bancada, los de la izquierda, que siempre están a favor de las medidas intervencionistas: reduzcamos los precios, protejamos a los okupas y más inseguridad jurídica, declaremos zonas residenciales tensionadas... Creo que merece la pena detenerse en estos aspectos, para tener cuidado para que ellos nunca vuelvan a estar ahí. Les recuerdo cómo en abril Sumar proponía en el Congreso que se aprobase una iniciativa para que todas aquellas viviendas que fueran susceptibles de desahucios pasasen a formar parte del parque público de viviendas como alquiler, es decir, viviendas privadas en un parque público de viviendas porque hay un desahucio por medio. Increíble. Pero, además, también la posibilidad de explorar expropiaciones forzosas de viviendas en desuso. Pero, además, no hay que irse tan lejos, al Congreso: aquí, en Tenerife, leíamos el manifiesto el mes pasado también con motivo de unas protestas del sindicatos de inquilinos; pues, las sindicatas inquilinas lo que proponían era bajarles los alquileres en un 50 %, proponían que desapareciesen Booking y Airbnb, proponían expropiar las viviendas vacías, proponían recuperar los pisos turísticos y las viviendas vacacionales y los alquileres de corta temporada, porque eso era un uso antisocial de la vivienda. Y también proponían ilegalizar las empresas de desokupación y, por supuesto, paralizar todos los desahucios. Estas son las medidas que proponen estas personas que están aquí.

Nosotros nos sentimos, nos reconocemos más a gusto con las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo actual, si bien es cierto que no terminaremos de insistir en que deberían ser más ágiles y más decididas, porque dónde está ese programa de vivienda vacía por el que llevamos esperando desde principios de legislatura, porque dónde están los resultados del Decreto Ley 1/2024, de esos otros decretos leyes de recuperación económica y social en La Palma en política territorial y de vivienda protegida. Porque ¿de verdad consideran generosa la ficha financiera, las políticas de vivienda cuando, en los presupuestos autonómicos de este año, cuando tenemos tantas partidas presupuestarias totalmente superfluas? ¿Cuánta gente se quedó fuera de las ayudas al alquiler porque no había dinero suficiente y, en cambio, tantas partidas superfluas en nuestro presupuesto autonómico?

Miren, hoy votaremos a favor de la convalidación de este decreto ley y también a favor de su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia. Y lo haremos porque hay que revertir esa paralización de la construcción de vivienda. Hemos pasado de 23 000 viviendas al año en la década 2001 a 2011 a menos de tres mil viviendas al año en la actualidad. ¿Y esto a quién afecta sobre todo?, pues afecta a los jóvenes. Los jóvenes las alternativas que tienen es seguir viviendo con sus padres, vivir en hogares compartidos con gente a la que no conocen o crear esa nueva modalidad de hogares DINK, que no lo voy a decir en inglés, pero responde a las siglas "doble ingresos sin niños". Esas son las alternativas que se presentan a día de hoy a nuestros jóvenes.

Pero tampoco quiero dejar de mencionar a los más desfavorecidos. No hay vivienda pública en Canarias, no llega al 1 %. La media nacional está en el 2,5 %, la media europea en el 9 % y aquí no llega al 1 %. ¿Cuándo vamos a sacar a la gente de infraviviendas, de cuevas, de la calle, de contenedores?, ¿para cuándo, señorías? Tenemos el registro de demandantes de viviendas protegidas lleno de telarañas.

Por eso hoy celebramos que se vaya a convalidar este decreto ley porque es insostenible que el proceso de otorgamiento de licencias, en vez de unos meses, se demore años, porque ello atenta jurídicamente, por ejemplo, al principio de buena administración, atenta en lo económico a las actividades productivas, atenta en cuanto a políticas públicas al derecho constitucional de vivienda y también, en cuanto a la gestión de fondos públicos, puede suponer una responsabilidad patrimonial para la Administración pública por no dictar la resolución en el plazo.

Pero también queremos que se tramite como proyecto de ley por diferentes circunstancias. Primero, porque entendemos que está suficientemente justificado este proceso de externalización de la emisión de informes a través de terceros externos que ayuden a las oficinas técnicas; también, por supuesto, esos acuerdos a los que se ha llegado en la Comisión Bilateral con el Estado para solventar la problemática de determinadas cuestiones en el Decreto Ley 1/2024, de medidas urgentes para la vivienda. ¿Pero está realmente justificado que vayamos a regular las zonas residenciales tensionadas, con el efecto pernicioso que han tenido en Cataluña, que es donde único se han atrevido a implantarlo?, porque allí se han reducido los precios de las viviendas más caras, pero los precios de las viviendas de precio medio y bajo han subido y se ha reducido la oferta de viviendas. Con lo cual, no entendemos justificada la regulación de esta cuestión en este decreto ley.

Y, además, también nos gustaría analizar ese informe del consejo municipal que llegó ayer a última hora, porque advierte de determinadas cuestiones que habrá que analizar.

Pero, además, también nos gustaría introducir algún aspecto y reflexionar sobre algún aspecto, porque, sin perjuicio de que aquí queremos la protección de todos los funcionarios públicos, porque son los únicos independientes en la Administración y queremos protegerlos, lo cierto es que no nos podemos permitir titulares como el de que el sector público acapara el 96 % de los nuevos empleos. Tenemos que trabajar para revertir esto. ¿Y cómo revertimos esto y conseguimos que sea el sector privado el que cree el 96 % de los nuevos empleos? Pues empezando por reducir los autoencargos: los autoencargos a Tragsa, a Gesplan... Y no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recientemente, ha declarado y rechazado dos autoencargos a Tragsa.

Me gustaría tener datos exactos, pero de las dos iniciativas que he mandado el Gobierno o hay consejerías que no han respondido -Agricultura, Bienestar Social, Transición Ecológica, Agencia Tributaria Canaria, Viceconsejería de Empleo- y las que han respondido no lo han hecho completo. No sé exactamente cuánto dinero han robado los autoencargos al sector privado, impidiendo la libre competencia, pero se estima en más de mil trescientos millones de euros en contrataciones. Entonces ¿habrá alguna medida para que efectivamente los autoencargos se hagan cuando el sector privado no llega, cuando los concursos quedan desiertos ahí?, por supuesto, pero de resto dejemos a nuestras empresas construir, proyectar.

Les planteé algunas preguntas de algunos datos que sí que me han dado: ¿por qué tiene que ser Tragsa quien haga el desamianto y la reposición de cubiertas del CEIP Granadilla o del IES San Andrés?, ¿no hay ninguna empresa privada que pueda hacer este trabajo?; ¿por qué tiene que ser Gesplan quien instale sensores térmicos en ciento veinte centros educativos?, ¿no hay ninguna empresa canaria que pueda hacer esto?; ¿o que redacte el proyecto de la ciudad educativa y deportiva de La Gomera?, ¿por qué?, ¿no hay ninguna empresa privada?

Reduzcamos los autoencargos y que veo que en este decreto ley se ponen al mismo nivel que aquellos otros informes emitidos por los colegios profesionales o autónomos que puedan llegar a colaborar con la Administración en la agilización del procedimiento de otorgamiento de licencias.

Y, sin más, deseo que por fin este decreto ley permita que avance el resto de medidas normativas que ese Ejecutivo se ha planteado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Inicia su intervención ahora el Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista. Lo hace la señora Hernández Jorge.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Raudos, raudos y veloces cabalgan, señor Acosta, este Gobierno, persiguiendo el negocio de la vivienda. En eso son buenos, hay que reconocerlo. Dos años y han impulsado tres normas, dos a través de decretos leyes y una a través del Estado, para modificar y eliminar los obstáculos que les impiden ese objetivo, que es aumentar la especulación y aumentar el negocio de la vivienda. En eso hay que reconocer que son buenos. Y ahora se subirán aquí con el discurso de si soy demagógica, que ustedes qué hicieron cuando estaban en el Gobierno... Bueno, lo que hicimos fue aprobar un plan de vivienda con más de seiscientos millones que ustedes ahora están desarrollando y que por eso vemos grúas por toda Canarias. (Palmoteos) Lo que no hicimos fue favorecer el negocio de la vivienda, porque estamos rotundamente en contra.

Es terrible que este Gobierno utilice la emergencia habitacional, utilice la angustia de las familias, utilice la frustración y la desilusión de nuestros jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, que utilicen ese drama personal para favorecer el negocio de la vivienda. A mí me parece de verdad lo más triste, patético que he visto en política desde hace décadas: utilizar un drama social, una emergencia habitacional para aumentar el negocio de la vivienda.

Miren, y algunos últimamente utilizan mucho el tema de "por eso Canarias necesita que se una el nacionalismo...". Mire, por esas cosas no nos vamos a unir por un tiempo, porque ustedes, ustedes, ven a Canarias como un gran salón donde jugar al Monopoly, al Monopoly, donde vender y comprar suelo, donde hacer viviendas para enriquecerse unos pocos, donde hacer más plantas hoteleras. Nosotros vemos a Canarias como nuestro hogar, como aquel lugar donde nacimos, donde queremos morir, donde queremos que nuestros hijos vivan, donde queremos desarrollar un proyecto de vida desde una perspectiva sostenible. Me llamarán romántica, me llamarán bucólica, me llamarán a lo mejor incluso hasta populista -aunque ahora ser populista creo que está de moda-. Yo prefiero, yo prefiero ser popular, es decir, estar al lado de la mayoría de la gente.

Miren, este decreto no viene solo cuestionado por Nueva Canarias-Bloque Canarista, este decreto lo cuestiona la Fecam con treinta y dos folios de alegaciones y lo cuestionan nada más y nada menos que los técnicos que van a tener que firmar las licencias. Porque, efectivamente, la licencia, que es una competencia municipal, tiene dos patas: la licencia de obra y el trámite se culmina con un informe jurídico que avala esa licencia de obra. Los técnicos municipales que van a tener que firmar le están diciendo, a este Gobierno y a nosotros, que esto es una barbaridad, que están usurpando funciones que la Constitución reserva a empleados públicos, pero no por celo administrativo, sino porque ellos tienen garantizada de manera constitucional una cuestión muy importante: la objetividad, la imparcialidad y que trabajan por el interés general. Cuando un promotor viene con una licencia debajo del brazo, esa licencia, como es obvio, trabaja para el interés particular porque es quien paga. Por tanto, nos genera un enorme problema de reserva de nuestro suelo.

Miren, ¿les han preguntado a esas oficinas técnicas, que son las que van a tener que tramitar las licencias, si están de acuerdo?

Nosotros no vamos a apoyar evidentemente este decreto porque estamos rotundamente en contra de privatizar funciones públicas como son los servicios públicos de urbanismo. Esto es un verdadero atentado, una grave agresión contra lo público sin precedentes en Canarias y con los únicos precedentes de las comunidades donde gobierna la derecha de Ayuso, por poner un ejemplo.

Dejar en manos del sector privado las licencias de obra pone en grave riesgo la gestión del suelo. Ya lo decía, es un grave atentado contra un principio constitucional básico que viene recogido en el artículo 103. Primero, utilizaron la emergencia habitacional para justificar un decreto ley, diciendo que el problema era la falta de suelo; dos años después no hay viviendas, ahora el problema son las licencias. ¿Cuál será el problema que viene después? Por cierto, si el retraso en la emisión de las licencias es razón suficiente para privatizar las licencias urbanísticas, ¿por qué no privatizamos dependencia y discapacidad y nos ahorramos el sueldo de la señora consejera de política social, que tarda dos años en emitir informes? (Aplausos y palmoteos). No.

Otra idea, otra idea a la izquierda y a la derecha: vamos a privatizar la justicia. Señora consejera, ¿cuánto tarda una sentencia? El Instituto de Medicina Legal vamos a privatizarlo, porque... No, ¿verdad que no?, ¿verdad que sabemos que desde lo público... lo que hay que hacer es fortalecer lo público? ¿Y cómo se fortalece lo público? Dotando a las oficinas técnicas de más recursos humanos, exigiendo a los cabildos insulares, que tienen competencias de apoyo a los ayuntamientos de poca población, a que hagan su trabajo en un tema esencial. Si decimos que la vivienda es hoy el mayor problema de Canarias, los cabildos deben implicarse de manera decisiva en el mayor problema de esta tierra. Es decir, que hay alternativas a esto.

Y, si me están escuchando los promotores de vivienda privada, que sepan que esto no les va a resolver el problema. Yo sé que este es el sueño dorado de ellos, pero no les va a resolver el problema, de verdad, no se los va a resolver porque se va a empantanar. Para empezar, porque hay serias dudas jurídicas de la legalidad de este decreto ley, ya se lo ha dicho el Consultivo. El Consultivo, que, por cierto, el señor Acosta se saltó la página 44 y 45, les recuerda que no se justifica de manera correcta que el decreto de medidas urgentes y excepcionales, no se justifica la emergencia y la excepcionalidad en este decreto. Por eso ustedes lo van a tramitar como proyecto de ley. No les ha dado un arrebato de democracia, no, no, no, lo hacen porque saben que hay dudas serias y, de hecho, en este manifiesto que han firmado por ahora ocho municipios de Tenerife y que se está extendiendo a toda Canarias, se les advierte de que hay sentencias del Tribunal Supremo, que en aquellas comunidades que han hecho cosas parecidas -Ayuso lo hace, el sueño dorado del sector privado es Ayuso-, y ya hay sentencias del Tribunal Supremo, algunas muy recientes, del año 2024, donde hablan de inconstitucionalidad y de serias dudas jurídicas sobre la legalidad de usurpar funciones que la Constitución reserva a los empleados públicos. Por tanto, lejos de resolver el problema, lo van a agravar.

Por cierto -se ha ido el señor Pablo Rodríguez-, el señor Pablo Rodríguez... tenemos un pasado que hoy voy a desvelar. Él fue mi concejal de Urbanismo mientras yo fui alcaldesa en una etapa y él y yo sabemos que no es verdad que los ayuntamientos tardemos años en emitir licencias. Cuando gobernábamos, tardábamos entre tres y seis meses, incluso licencias complejas. ¿Saben dónde se atascan las licencias a veces? Por ejemplo, en la autorización de los consejos insulares de aguas, cuando hay que atravesar un barranco. Privaticemos los consejos insulares de aguas, que tardan un montón en dar las licencias.

Privaticemos, por ejemplo, también los cabildos, porque saben que también las autorizaciones para el paso de tendidos eléctricos o de canalizaciones por carretera hacen que los cabildos insulares puedan tardar años en darnos los informes favorables. Es falso que las licencias urbanísticas se estén trabando solo por la licencia de obra. Eso se lo han inventado y, cuando le he pedido al Gobierno que me dé un informe que avale la premisa básica que sostiene este decreto, me han respondido que no lo tienen, que se están basando en lo que dice el sector privado. Es decir, legislamos vía decreto ley, de forma urgente y extraordinaria, saltándonos toda la normativa, porque hay una situación de extrema gravedad, de excepcionalidad, de urgencia, ¿y no tenemos un informe que avale la urgente necesidad que justifique que, efectivamente, las licencias se retrasan por los ayuntamientos en obras?

Por cierto, AENA, vamos a privatizar a Fomento y a AENA porque en los municipios donde están radicados los aeropuertos tardan años en darnos informes para poder promover iniciativas públicas y privadas.

Por tanto, seamos realistas, vayamos a una norma, que estamos de acuerdo en agilizar los procedimientos administrativos, Nueva Canarias está de acuerdo en la agilidad, pero con seguridad jurídica y... (Corte automático del sonido). (Aplausos y palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Ahora es tiempo de intervención para la señora Reverón González, que lo hace en nombre del Grupo Popular.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, buenos días, señor consejero.

Mire, vaya por delante que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar este decreto ley, como no puede ser de otra manera, porque, si escuchamos las intervenciones de los anteriores que me han precedido en la palabra, tenemos un problema en la vivienda, tenemos un problema de acceso a esa vivienda digna que tanto hemos dicho. Consecuencia de eso fue que este Parlamento declaró la emergencia habitacional porque Canarias no puede más. Pero este no es un problema de ahora, esto es un problema de décadas. No podemos ahora achacarle a este Gobierno que no existe una sola vivienda y que las personas no tienen acceso a esa vivienda por culpa de este Gobierno. Yo creo que aquí todos, bueno, el Partido Popular nunca ha estado, pero, bueno, todos, por decirlo de alguna manera, todos deberíamos echarnos la culpa.

Dicho esto, señoría, en el día de ayer tuvimos la Comisión de Cabildos y tuve que escuchar que hay ayuntamientos que tardan una media de cinco años en dar una licencia, usted lo ha reducido a dos años y medio. Bien. Yo he llamado a varios concejales y algunos alcaldes y hay ayuntamientos que tienen una media de cuatro meses, otros ayuntamientos de ocho meses.

Por tanto, lo que sí me gustaría dejar claro es que este decreto ley que trae hoy el Gobierno de Canarias lo que pretende es que los ayuntamientos que así lo consideren, porque no es una obligación, que así lo consideren, puedan aplicar este decreto ley para poder agilizar esas licencias tan necesarias para poder construir viviendas. Porque no quiero meter en el mismo saco a todos los ayuntamientos, yo creo que depende todo de sus circunstancias personales, de cuántos funcionarios hay para poder llevar a cabo estas licencias, etcétera. De ahí que es opcional y creo que eso tenemos que tenerlo todos muy claro.

Estamos, señorías, ante una norma que a mí me gustaría decir que lo que defiende es el derecho que tenemos todos los ciudadanos -incluidos todos los que nos encontramos aquí, que somos ciudadanos- de tener una Administración pública ágil, eficiente y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Por tanto, sí me gustaría decir, por las personas que he escuchado antes, que este decreto ley no es un decreto ley ideológico, no es un decreto ley de ideologías, ni del Partido Popular ni de Coalición Canaria ni de los herreños ni de la Agrupación Socialista Gomera; se trata de un decreto ley que pretende dar respuesta -lo he dicho bien-, pretende dar respuesta a la necesidad que tenemos hoy en día de construir esta vivienda.

Pues bien, dicho esto, en este decreto ley, desde mi grupo parlamentario, queremos destacar varias cuestiones. La primera, como ya se ha dicho, lo ha dicho usted, consejero, la posibilidad de que, o bien a través de colegios profesionales, o bien a través de medios propios, o bien entidades urbanísticas de colaboración, se emita lo que son los informes técnicos de conformidad. ¿Qué es eso, señorías? Pues bien, la Ley del Suelo exige, porque es preceptivo, emitir dos tipos de informe: un informe técnico y un informe jurídico. Este decreto ley no habla de los informes jurídicos, no puedes traer a la calle que hagan un informe jurídico, es el informe técnico. Y, además, este decreto ley establece que puede entrar -ese informe técnico-, puede entrar a valorar un aspecto, varios aspectos o todos los aspectos que la Ley del Suelo le exige a ese informe técnico. Pero sí es verdad que después de escuchar ayer a los cabildos insulares les genera ciertas dudas, ciertas dudas, y les voy a explicar cuáles son esas dudas. (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta primera, Oramas González-Moro).

Por un lado, manifestaron en el día de ayer que, bueno, que estos informes de conformidad tienen el carácter de no vinculantes y tenemos que tener en cuenta que el artículo de la Ley del Suelo, el 342.3, establece que esos informes son preceptivos. Por tanto, ¿con qué nos quedamos, con el informe técnico de conformidad, que no es vinculante. ¿Qué hace, sustituir al informe técnico que debería hacer la oficina técnica? Porque esa es la pregunta que creo que todos se hacen, los funcionarios se hacen e incluso los cabildos insulares se estaban haciendo. Por eso creo que después de las dudas que han planteado los cabildos es importantísimo tratar este decreto ley como proyecto de ley. ¿Para qué?, pues sobre todo para mejorar la norma. Todo es mejorable, señorías. Es verdad que se puede criticar, está muy bien criticar y cuestionar todo, pero evidentemente hemos sido valientes y hemos traído una norma que se puede poner en discusión, por supuesto, pero el hecho de que se tramite como proyecto de ley va a permitir que esa serie de dudas que han planteado los cabildos, incluso que están planteando los funcionarios... Hoy aquí se ha hablado de ese manifiesto que han puesto en marcha los funcionarios técnicos de los ayuntamientos; pues, probablemente se pueda llegar a un acuerdo, sobre todo porque estamos hablando de que lo que queremos es agilizar, agilizar para poder dar respuesta a la demanda que tenemos en estos momentos.

Otra de las cuestiones de las que hablaba el Cabildo Insular de Fuerteventura era que le preocupa la posibilidad, la clasificación del suelo, que ese suelo que está considerado como terciario pase a ser suelo residencial. Y le preocupaba porque entendía el Cabildo de Fuerteventura, nos decía, hombre, yo creo que la isla tiene que tener una visión insular y no solo municipal y, si pasamos de los suelos terciarios a residencial por municipios, eso puede contradecir, bueno, la planificación que se ha hecho a nivel insular.

Por tanto, lo que sí quiero es, bueno, poner en valor todas las aportaciones que han hecho los cabildos insulares, porque creo que es importante para poder presentar esas enmiendas que estoy convencida de que todas sus señorías podrán presentar a ese proyecto de ley.

Y otra de las cuestiones a las que sí me gustaría hacer referencia es una medida clave, que es la vivienda asequible incentivada, que yo lo denomino un modelo híbrido entre el sector privado y el sector público, porque, efectivamente, no estamos hablando de viviendas protegidas, estamos hablando de viviendas privadas que, con una serie de parámetros urbanísticos y una serie de, bueno, beneficios fiscales, se pueden poner en marcha y se pueden poner al uso de todas aquellas personas que reúnan una serie de condiciones, que tengan una serie de, bueno, un número de..., la unidad familiar sea mayor o menor y dependerá de qué tipo de vivienda.

En definitiva, señorías, para finalizar, este decreto ley nace con una vocación clara de desatascar expedientes, pero, lo más importante, de poner en el mercado todas las viviendas tan necesarias para esta sociedad.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra la señora Beato Castellano.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señoría, señor presidente de Canarias, señores del Gobierno, señor consejero.

Esta es una norma urgente, necesaria y valiente, un clamor de la ciudadanía, de los ayuntamientos para afrontar un problema de emergencia habitacional, que viene a complementar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno y el conjunto de medidas transversales en materia fiscal, en materia territorial y en materia económica que este Gobierno viene abordando. Y, si bien destaca por la agilización de las licencias, queremos resaltar la regulación de la vivienda asequible incentivada. Canarias se convierte en la comunidad pionera en regular este tipo de viviendas que van destinadas a la clase media, esa clase media que no puede acceder a la vivienda protegida tradicional, pero tampoco llega al mercado libre de viviendas. Por tanto, esto es una medida fundamental para esas clases medias. Y el apoyo a los municipios, reto demográfico, sobre todo con la puesta en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.

Como decíamos, la medida que ha generado mayor debate es la agilización de las licencias urbanísticas. El decreto ley acelera, simplifica la tramitación de licencias urbanísticas y permite que los proyectos constructivos puedan materializarse en plazos razonables. Estamos viviendo una emergencia habitacional, jóvenes que no pueden emanciparse porque no tienen una vivienda, familias que no pueden acceder a una vivienda digna, promociones paralizadas durante años por trámites interminables. Mientras tanto, el suelo urbanizable está, la inversión está dispuesta, pero la burocracia la frena. Y frente a ello este decreto trata de poner fin a esa parálisis, reduciendo plazos y dando seguridad jurídica sin renunciar a los principios de legalidad, sostenibilidad y protección del territorio. Es una norma técnica, pero también profundamente social, porque cada licencia agilizada es una vivienda que va a llegar antes a una familia que la necesita.

Y no se trata de desregular, no se trata de favorecer intereses especulativos, como quieren hacer creer, nada más lejos de la realidad. El decreto mantiene intactos todos los controles sustantivos, se trata, señorías, de poner la normativa al servicio del interés general, del bien común, del derecho constitucional a la vivienda digna. Señorías, se fomenta la colaboración público-privada sin renunciar a la función pública de urbanismo. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Acusan de debilitar la autonomía local. Señorías, los nacionalistas de Coalición Canaria creemos firmemente en el municipalismo, pero ser municipalista no es mirar hacia otro lado cuando hay ayuntamientos que no pueden dar respuesta a sus ciudadanos en tiempo y forma. Se respeta escrupulosamente el marco competencial de los ayuntamientos y se les dota de nuevas herramientas para que puedan actuar con agilidad. Señorías, lo irresponsable es mantener un modelo de licencias que tarda años mientras los precios suben y las oportunidades desaparecen.

Este decreto ley es una respuesta valiente, responsable y equilibrada fruto del diálogo con los sectores implicados y muy especialmente los ayuntamientos, y le convendría a la señora Hernández leer, señora, el informe del Consejo Municipal de Canarias, porque el Gobierno ha negociado este decreto ley con los ayuntamientos, la Fecam ha aportado todas las sugerencias y la mayoría de esas sugerencias han sido incorporadas a este decreto ley. Y no vamos a señalar a ningún ayuntamiento, pero lo que no se puede poner en duda es la evidencia. Las licencias tardan años en resolverse, cualquiera que conozca la realidad lo sabe, cualquiera que salga a la calle lo sabe. Y no solo estamos hablando de promotores, hay personas que quieren autoconstruirse su vivienda, que quieren rehabilitarla, que han adquirido una vivienda en planos para ir pagándola poco a poco y no obtienen su licencia.

El Consultivo -lo decía el señor Acosta- no cuestiona el fondo del decreto ley ni los informes de cooperación emitidos por colegios profesionales ni los de medios propios personificados o por entidad urbanística de colaboración; el Consultivo exclusivamente plantea ampliar la justificación del presupuesto habilitante, aun cuando reconoce que el presupuesto habilitante está vinculado a una decisión política en función de las necesidades ciudadanas.

Y quienes critican la vía de este decreto ley les recuerdo que el Estatuto de Autonomía faculta al Gobierno para aprobar decretos leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad y, señorías, ¿acaso no es una extraordinaria y urgente necesidad la crisis habitacional, que los canarios no puedan acceder a una vivienda, que no puedan encontrar una vivienda asequible para alquilar?, ¿eso no es una emergencia habitacional?, ¿eso no es una emergencia y una urgencia? Esta es la realidad que nos obliga a actuar con sensibilidad y responsabilidad, y también con urgencia.

Y se nos dice que atacamos la función pública. ¡Esto es falso! Respetamos y valoramos profundamente el trabajo de nuestros técnicos municipales, pero reconozcamos lo que todos sabemos, que muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, carecen de arquitectos, carecen de ingenieros, carecen de técnicos, y sin medios técnicos no hay licencias y sin licencias no hay viviendas. No se trata de sustituir a nadie, sino de ofrecer alternativas técnicas complementarias bajo el control público, con total transparencia y garantía. No se privatizan las decisiones, no se externaliza la potestad pública. La decisión la va a seguir tomando el órgano competente para tomarla, lo que se permite es acudir a medios técnicos. Y este decreto es un instrumento.

Y, miren, también es falso, esto no es una medida nueva. Ya se aplica con éxito en ayuntamientos de Madrid y en comunidades como Madrid, Valencia, Galicia, Andalucía y, miren por dónde, también, también en Barcelona, un ayuntamiento que está gobernado por una fuerza de progreso, también Barcelona tiene acreditadas entidades de colaboración para la realización de informes de idoneidad, y está avalado por el Tribunal Supremo, esta. Y, miren, en la pasada legislatura todas las subvenciones ustedes las tramitaron, las ayudas a vivienda, las subvenciones COVID, a través de las cámaras de comercio. No fue solo un informe, fueron expedientes completos, millones de euros que ustedes dejaron en mano de las cámaras de comercio. (Palmoteos). ¿Y saben lo que hizo este grupo?: apoyó esa medida porque lo importante era el interés general.

Pero, miren, tampoco es nuevo el Decreto Ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso a los sectores primarios. Ustedes incorporaron las entidades colaboradoras para la emisión del visado de conformidad en ese decreto ley de septiembre del 2020, que se convirtió en Ley 5/2021, de diciembre. Estaba ahí y entonces lo defendieron, lo justificaron y lo avalaron: ¿por qué ahora no sirve? Ahora lo rechazan y lo califican de atentado, de triste, de patético.

Necesitamos menos discursos, más soluciones reales, menos demagogia, más coherencia. Arrimen el hombro, abandonen la crítica por la crítica, apoyen a este Gobierno y convaliden el decreto ley y contribuyan, arrimando el hombro con todos, a mejorarlo en el trámite parlamentario como proyecto de ley, sobre todo contribuyan...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Finaliza el debate del presente decreto ley el Grupo Socialista Canario. Lo hace la señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Este decreto ley se presenta -lo han vuelto a hacer hoy- como una supuesta solución a la parálisis en la concesión de licencias urbanísticas, como si la escasez de vivienda fuera culpa del tiempo que tardan los técnicos municipales en revisar los proyectos. Injusto, falso y profundamente ofensivo para los trabajadores públicos. Pero, además, oculta la responsabilidad real de la falta de políticas públicas en materia de vivienda y, por tanto, sin diagnóstico no puede haber soluciones.

¿Cuántas viviendas públicas ha construido, desarrollando el Decreto Ley 1/2024, distintas de las del plan de vivienda?, ¿cuántas viviendas públicas ha construido usted, que han sido desatascadas por el Decreto Ley 1/2024? Se lo digo yo: ¡cero, cero, cero! En desarrollo del Decreto Ley 1/2024 usted ha construido cero viviendas públicas, don Pablo.

Y este es un parche que solo pretende desviar la atención, enfocar a los supuestos culpables: los técnicos, los técnicos. Sin aportar una verdadera política pública de vivienda, sin plazos concretos, sin inversión real, sin reforzar lo público y sin voluntad de regular el mercado. Este decreto ley no soluciona el problema, solo señala supuestos culpables y allana el camino de la regulación.

Han vuelto a acudir al comodín de siempre, y también en este debate, a la falta de vivienda, pero están mintiendo. Este decreto ley es un decreto ley de carácter urbanístico que no tiene como prioridad ni la vivienda pública ni el acceso digno ni la planificación responsable, porque cuando... (comentarios en la sala) -don Pablo, tengo yo la palabra-, cuando una norma dice llamarse para el impulso de la construcción de viviendas y luego de diecinueve artículos y disposiciones con contenido dedica apenas solo cuatro a la vivienda y uno de ellos centrado en La Palma, lo que tenemos es una maniobra legislativa para colar por la puerta de atrás una reconfiguración del modelo urbanístico de Canarias. Y esto no va solo de viviendas, no, esto no va de viviendas, esto va de otra cosa; esto va de los de siempre, esto va de los que no están preocupados, no están preocupados por acceder a una vivienda; esto va de los que les dijeron, de los que les dijeron, en un chalet con piscina (mostrando un documento a la Cámara), que los colegios profesionales no, ¡que valía con el informe del arquitecto que ellos llevaran! Esto va de eso, de los informes de parte, que le dijeron al señor Clavijo, en octubre, el 18 de octubre de 2024, que los colegios profesionales no, que valía con un informe que ellos llevaran de parte. ¿A quién pretenden engañar? A nosotros no, a nosotros no.

Si creen que el control público es deficitario, si tarda, refuércenlo, con oficinas técnicas, con entidades de colaboración, refuércenlo, agilicen la posibilidad de que se refuercen esos ayuntamientos, miren qué están haciendo, hagan un diagnóstico. No, no, ustedes están apuntando a dos carriles para otorgar la licencia, a quien pueda pagarla, quien pueda pagarla y aportarla y quien no. ¿Qué es eso que nos viene a contar la portavoz de Coalición Canaria ahora de la autoconstrucción y de la licencia? Pero qué dice, si están legalizando las licencias A y B, dos carriles: quien pueda pagar ese informe de parte y quien no, sin agilizar los procedimientos desde la Administración.

Mire, el artículo 1 y del 1 al 7 institucionaliza ese modelo: uno para quien pueda pagar un informe técnico privado, emitido por una entidad colaboradora, que se apunta en un censo y con eso vale, que se apunta en un censo y con eso vale, y otro para quien tiene que esperar los tiempos de la propia Administración. Mercantiliza el acceso a la función pública, la supervisión urbanística, y es una deriva privatizadora impuesta desde una norma autonómica. No se trata de una colaboración puntual, no es cierto, es una sustitución de facto, sin garantía suficiente de imparcialidad, sin responsabilidad administrativa directa y con el riesgo evidente de conflicto de intereses, que no se regula. En lugar de reforzar la capacidad técnica de estos ayuntamientos, de los ayuntamientos, este decreto ley propone sustituirla. Y es mentira que sea para las viviendas, para el Siam Park de Gran Canaria también es. Los servicios públicos, los servicios públicos..., si no se quiere favorecer una urbanización desigual, no puede estar orientada a quien pueda pagar trámites alternativos. Si se trata de facilitar, facilitar el acceso igual a los recursos, no puede estar orientada a quien pueda pagarla.

Pero, mire, me voy a centrar ya en la... Primero, señor consejero, le deseo suerte para intentar imponer un modelo contra los funcionarios, le deseo suerte, le deseo suerte. Pero más vale que en el trámite del proyecto de ley lleguemos a un consenso con las oficinas técnicas, que ya se lo han dicho, que por ahí no, porque lo que se plantea no es una colaboración, es una cesión de la soberanía al interés privado, al interés privado que lo pueda pagar.

Y podemos entrar en los cuatro, solo cuatro artículos, en que se habla de vivienda. Uno, reconociendo que el Decreto Ley 1/2024 incumplía la legislación básica; dos, para darles un año más a aquellos edificios que estaban sin construir y que se les otorgaba un plazo de un año porque había una emergencia habitacional, a aquellos que tenían la licencia caducada, y se decía: en el plazo de un año pueden entrar las administraciones. Y ahora nos dicen: no, mire, era broma, dos años, no había emergencia. Cuando ya tenían que entrar las administraciones, no, mire, era broma, dos años. Y otro es, efectivamente, para desarrollar la figura del alquiler accesible incentivado. Pero, fíjese usted, y esto vamos a tener que mirarlo con calma, en primer lugar, crea la figura, o la desarrolla, mejor dicho, y dice que puede quedarse -que eso se lo apunta su propio servicio jurídico- sin las cesiones a los ayuntamientos, ¿de aceras?, ¿sin las cesiones a los ayuntamientos de aceras? Ya le apunto a su servicio jurídico que eso atentaría contra la legislación básica. Pero es que, además de eso -y esto me parece especialmente grave-, es que usted en un artículo dice que no es vivienda protegida y en el siguiente, en el siguiente artículo dice que, a pesar de no ser vivienda protegida, para las cesiones en las urbanizaciones nuevas, que tiene que tener el 40 % de vivienda protegida según la normativa, dice, "ah, pues no, vale la accesible", que tiene solo una protección de diez años, frente a cuarenta o cincuenta de la protegida, con un precio tasado superior.

Es decir, que esta es la prueba de que ustedes no están defendiendo el interés de los ciudadanos que quieren acceder a una vivienda protegida, porque en los cuatro artículos, en los cuatro artículos que ustedes destinan a viviendas están intentando desplazar la vivienda protegida por otro parámetro que beneficia -¡otra vez!- a los del chalé con piscina, a los que llevan su informe de parte y le dan un plazo más a los que quieren incumplir desplazando la facultad de la Administración para poder llevar de forma efectiva el uso social del suelo. De manera tal que no engañan a nadie, esto está hecho por los de siempre y para los de siempre, y la prueba, usted en octubre del 2024 decía una cosa, señor Clavijo, y le hicieron recular (mostrando un documento), que valga el arquitecto que ellos llevan.

Muchas gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Muy bien, hemos finalizado el debate; por tanto, llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Bueno, procedemos a la votación, en primer lugar, de la convalidación del decreto. Votamos. (Pausa).

Votos emitidos, 68: sí, 40; no, 28; abstenciones, cero.

Queda, por tanto, convalidado el decreto.

Ahora procederemos a la votación de si se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos. (Pausa).

Votos emitidos, 68: sí, 68; no abstención; abstención cero.

(Palmoteos).

Muy bien, ahora pasamos a la siguiente de las preguntas.