Diario de Sesiones 83, de fecha 24/6/2025
Punto 28

11L/IDC-0003 INFORME DE LA DIPUTACIÓN DEL COMÚN. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

La señora PRESIDENTA: Muy bien. Hemos finalizado las SD e iniciamos el debate del informe anual de la Diputación del Común correspondiente al año 2024.

Damos la bienvenida a la señora diputada del común, doña Dolores Padrón, que tiene diez minutos. Bienvenida.

Señora doña Dolores Padrón, tiene usted diez minutos para intervenir en su informe.

Cuando quiera.

La señora DIPUTADA DEL COMÚN (Padrón Rodríguez): Buenos días, señorías. Señora presidenta.

Quería empezar diciendo que estamos en tiempos en que las voces que promueven el miedo suenan más alto que las que promueven la esperanza. La paz no es una utopía, es un derecho, es una necesidad, es un deber. Trabajemos por la paz.

Y, sin más, cumplo con mi obligación hoy de dar cuenta el pleno del Parlamento de la gestión realizada en el año 2024, después de haber sido debatida en profundidad en la Comisión de Gobernación en abril pasado.

Quiero saludar, aparte del equipo que me apoya y me asesora, a los adjuntos y al secretario general. Bienvenidos y gracias por el trabajo. También quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la diputación y a los trabajadores y trabajadoras del Parlamento: el interventor, el secretario, las personas de Contratación y de Personal. Gracias a esta colaboración, hemos podido destrabar asuntos enquistados en los juzgados de hace tres años, como el inmueble de la calle Castillo, cuya rehabilitación había sido parada por la Mesa del Parlamento a raíz de la disconformidad y posterior demanda de los antiguos propietarios, cuestión que se ha solventado ya este año de manera positiva. Por otro lado, vamos ganando las demandas heredadas presentadas por el personal asesor de la casa, que reclama su fijeza. También avanzamos en el inmueble que estamos rehabilitando en la sede de Santa Cruz de la Palma, que será la futura Escuela de Ciudadanía de la Diputación del Común.

Entrando en materia, recordar que este informe es de transición entre dos titulares, en el que se mide no solo el número de quejas presentadas, que aumentan un 8 % respecto al año 2023, sino que intenta visibilizar un abanico de actuaciones que reflejan las necesidades de parte de la ciudadanía respecto a la respuesta dada por las Administraciones públicas. Estas cuestiones, consultas, lo que tiene que ver con la intermediación y la mediación, ascienden a 30 165. Aquí son destacables las consultas telefónicas, que ascienden de 5214 a 8906. Quiero agradecer el trabajo de la segunda adjunta, que está haciendo un trabajo magnífico en la labor de mediación que queremos impulsar desde la Diputación del Común.

En cuanto a la procedencia geográfica, en números totales, es la isla de Tenerife la que más quejas recibe, seguida de Gran Canaria, pero la relevancia del dato se encuentra en la poca penetración que la institución tiene en islas como Lanzarote y Fuerteventura, cuestión que hemos reforzado con dos personas que comparten actuaciones en las oficinas ya abiertas.

Respecto a las Administraciones, es la Administración autonómica, con un 69 %, casi un setenta, la receptora de más quejas. Mucho más alejados se encuentran los ayuntamientos y los cabildos. Las áreas en las que más quejas recibimos son, sin duda, las que tienen que ver con el día a día de las personas. No son quejas sofisticadas, señorías, como no debe ser nuestra respuesta ni nuestro lenguaje. Discapacidad, con el 18 %, y sabemos los problemas que tenemos porque aumentan las quejas en un 95 % en la valoración, en la valoración de la discapacidad, y además se tarda en islas como Tenerife casi cinco años; dependencia, con el 14,7; servicios sociales, en 8,9; salud y sanidad pública, el 7 y el 5 %.

Preocupa a la ciudadanía porque son quejas que nos muestran cómo se va mermando la capacidad de las familias para hacer frente a los gastos derivados de la vivienda, la dependencia, la discapacidad, la salud y la educación, ya que se tiene que hacer frente por la ineficacia en la respuesta de las Administraciones públicas y que, con frecuencia, genera pobreza invisible en unidades familiares que, aunque cuentan con ingresos, no llegan a fin de mes y, si llegan, lo hacen con dificultad, o aquellas a las que les faltan recursos, los recursos necesarios para afrontar imprevistos. Esto llega casi al cincuenta por ciento de la población canaria. Démosle al dato la importancia que tiene. Hablamos de las que no llegan a fin de mes, pero la personas que no pueden afrontar imprevistos... ¿Qué entienden por imprevistos? Un imprevisto puede ser una cuestión de salud, señorías, ¿verdad? Las cuestiones de salud pueden ser un imprevisto. El 50 % de la población canaria no puede hacer imprevisto a una cuestión de salud, de alquiler, de vivienda.

Hablando de esto, y hablando de salud, existe, es verdad, dentro de lo que es el informe del ministerio, una mejoría en las listas de espera quirúrgicas en materia de salud, pero nosotros tenemos 224 quejas, más las 307 quejas que se presentan al Defensor del Paciente en Madrid. ¿Por qué se hacen estas quejas a través del Defensor del Paciente en Madrid y no se realizan a través del defensor de... canario? Quejas evidentemente que nos han obligado a abrir una investigación de oficio en Urgencias de Canarias, con una crisis abierta en el Hospital Universitario inaceptable, con pacientes que han esperado hasta veintiocho horas tras ser derivados de atención primaria, pasillos colmatados, salidas de emergencia ocupadas por camillas, profesionales en situación de agotamiento, gente, personas MIR de atención primaria que han presentado denuncia en atención primaria porque no pueden realizar sus prácticas en tiempo y forma. El HUC es un buen hospital, señorías, lleno de buenos profesionales, pero esto merma la credibilidad del sistema y crea miedo en los pacientes del norte de Tenerife, que tienen que utilizarlo. Por eso pedimos que intervenga directamente el Gobierno, la consejera de Sanidad, y plantee una reorganización operativa de las Urgencias de Tenerife, además de que revisen los perfiles en materia de gerencia y dirección médica del mismo hospital.

En esta década han aumentado los seguros sanitarios privados un 65 % y, además, uno de cada cinco habitantes canarios ha tenido que hacerse un seguro privado y el volumen de primas ha aumentado un 90 %. Si un trabajador que no llega a fin de mes, de esos que no tienen frente para hacer imprevistos, tiene que hacerse un seguro sanitario, ¿cómo llaman a eso?, porque la Administración no responde. Se crea pobreza invisible desde las mismas Administraciones.

La preocupación por el acceso a una vivienda digna se refleja en el considerable aumento de las quejas en esta materia y tienen un evidente sesgo de género. Son las mujeres solas con cargas familiares las que acuden mayoritariamente en situaciones desesperadas. Las quejas: el 32 % en la dificultad del acceso a la vivienda protegida, 29 % en procesos de desahucios, 11 %... (ininteligible) de emergencia habitacional.

Coincidimos con Cáritas Canarias -y así lo hacemos constar en nuestro informe- en la delicada situación económica y social que atraviesan muchas familias canarias, sobre todo las desahuciadas y las que se encuentran en riesgo inminente de desahucio, sin que en la mayor parte de los casos las Administraciones competentes dispongan de los recursos necesarios ni doten al tercer sector de los mismos para atender la emergencia habitacional con la eficiencia que se requiere, viéndose desbordada por la situación de demanda de familias en riesgo de exclusión.

Aquí quiero también poner en valor el trabajo que hace la adjunta de Igualdad con las cuestiones de vivienda. Me queda poco tiempo, pero quiero decir que es necesario, además felicito por la iniciativa que se ha conseguido con el acuerdo de todo el... (ininteligible), pero creo que hay que hacer un trabajo inminente en la puesta en marcha del plan de viviendas vacías, que puede dar resultados inmediatos a estas familias que se encuentran en situación de exclusión. Y no hablamos de familias en riesgo de exclusión, que también, sino de aquellas que pagan un alquiler hoy y que mañana, tal y como van subiendo los precios de la vivienda en Canarias, si no se generan zonas tensionadas, si no se regula el precio del alquiler, mañana podrán ser también familias vulnerables. El miedo en las familias canarias a ser desahuciadas en las zonas tensionadas por no regular el precio del alquiler y por no plantear un censo de viviendas vacías con los ayuntamientos que permita una actuación inmediata debe ser una prioridad del Gobierno de Canarias.

Voy terminando, aunque ya se ha hecho un resumen en la intervención en comisión mucho más extenso.

Señoras diputadas y diputados, vivimos en tiempos de mucho ruido, un ruido que impide sembrar ideas, darles espacio para crecer y convertirse en propuestas útiles para la sociedad. No es mi intención hacer más ruido, pero tampoco quiero callar, porque el silencio prolongado invisibiliza y son muchas las personas que necesitan de nuestro trabajo diario, el compromiso constante y el acuerdo para mantener la esperanza.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el Grupo Mixto-Agrupación Herreña Independiente.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías, señora diputada del común.

Muchas gracias, señora Padrón, por sus explicaciones y sobre todo por su trabajo en la Diputación del Común, que sigue siendo el faro al que se dirigen muchos ciudadanos descontentos con el funcionamiento de la Administración, en el mejor de los casos, o directamente indignados por decisiones u omisiones de esas mismas Administraciones.

Más allá del análisis de la información cuantitativa que se recoge en el informe, sí me gustaría destacar uno de los párrafos que ha incorporado porque creo que resume muy bien cuál es la situación actual de las Administraciones con respecto a la atención ciudadana. Señala usted que tenemos unas Administraciones que no han experimentado transformaciones significativas durante años, evidentemente hablamos de transformaciones en el sentido positivo, y que no se ha adaptado el número creciente de usuarios. Esa circunstancia se añade a una crisis económica que precarizó el funcionamiento y una pandemia que ha colapsado los servicios y el modelo de la atención pública, que no se ha profundizado en la adecuada digitalización y que encima han instalado un teletrabajo deficiente en algunos casos. Todo ello -prosigue- coloca a la ciudadanía en un terreno de notoria inferioridad para incluso hacer valer o utilizar los instrumentos de defensa que el Estado de derecho pone a nuestra disposición como ciudadanos.

Ese es el ambiente en el que están operando las relaciones entre la Administración y también los administrados. Es una red compleja de mostradores y competencias que en lugar de servir para proteger a los ciudadanos los está confundiendo más, haciéndonos distinguir entre unos grises y claroscuros de Administraciones, competencias y a veces una penitencia que tenemos que ir por diferentes Administraciones para llegar al final a una resolución que esperamos con ansia y que, por desgracia, en muchos casos sigue sin llegar, bien sea de dependencia o de otra cuestión.

Desde esta perspectiva, comparto con usted la necesidad de reforzar la información precisamente sobre los derechos que asisten a las personas, no solo en su condición de tales, sino también como usuarias de los servicios públicos, y sobre todo la de proteger a aquellos ciudadanos y ciudadanas con menos opciones de acceder a los servicios digitales, esas personas que no son nativas digitales, que les cuesta acceder y que hoy en día parece que todo se hace con una firma digital, cuando esas personas ni siquiera tienen acceso a dispositivos digitales. ¿De qué estamos hablando entonces si no hacemos Administraciones abiertas a toda la ciudadanía, independientemente de su edad o de sus competencias digitales?

Y respaldamos también sus argumentos en relación con la necesidad y los objetivos de la escuela ciudadana. Del mismo modo, estoy completamente de acuerdo con las consideraciones que se realizan en torno a la mediación.

En relación con los datos del informe propiamente dicho, sigue llamando mucho la atención que prácticamente la mitad de las quejas proceda de la isla de Tenerife y la otra mitad del resto de las islas. No sé si tiene alguna valoración acerca del porqué de esta cuestión.

Sobre el contenido, no nos sorprende, al igual que no lo ha hecho en años anteriores, que los asuntos relacionados con los servicios sociales o la sanidad sean las materias más recurrentes de las quejas y, entre ellas, la discapacidad y la dependencia. Lo son ahora y lo han sido durante los últimos años, por lo que se constata que las Administraciones, independientemente del color político, no estamos dando una respuesta adecuada a esas demandas ciudadanas, y estaría bien y realmente es una obligación no solo canalizar esas quejas, dar una solución a los problemas que están detrás de las estadísticas, sino también actuar con una mayor escala para ofrecer cada día un servicio mejor a los ciudadanos y más eficiente en toda la Administración.

Y del mismo modo esperamos con mucho interés ese informe específico que se está elaborando en torno a los menores migrantes, que constituyen un capítulo doloroso en la realidad de nuestro archipiélago, especialmente en islas, como la isla de El Hierro, que soportan una mayor presión.

Me quedo no solo con el diagnóstico que ha hecho desde su Diputación del Común, que es analítico, es objetivo, es indiscutible, porque estamos hablando de que hay una rigurosidad de usted y de su equipo en su elaboración, sino también valoro muy positivamente el decálogo con el que ustedes se avienen a funcionar, especialmente un decálogo donde también intentan, en el apartado décimo, proponer que la inteligencia artificial, que las nuevas tecnologías se pongan al servicio de la ciudadanía. Gracias a eso, en los próximos años vamos a poder desatascar muchos de los procedimientos que ahora mismo son engorrosos y farragosos y que tienen a las Administraciones colapsadas.

Y me quedo con una de sus últimas palabras: usted no puede propiciar que exista más ruido, pero usted tiene que mover, si tiene que seguir haciendo ruido, para generar las conciencias en todas y cada una de las Administraciones, independientemente de quién esté detrás de ellas. Por eso le agradezco a usted y a su equipo su trabajo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Interviene en estos momento Agrupación Socialista Gomera y lo hace el señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora Padrón.

Por supuesto, también dar la bienvenida a los adjuntos de la Diputación del Común, al secretario, por supuesto también a la comisionada de Transparencia, al viceconsejero de Relaciones con el Parlamento.

Nos presenta un año más un informe, el primero de su mandato, señora Padrón, en el que vemos que hay un incremento de las quejas, un 8 %. Yo creo que eso también es fruto de que cada vez es una institución más conocida y la gente sabe que tiene un acceso para cuando no se siente respaldada o no se siente suficientemente contestada por la Administración pueda recurrir a este organismo. Hablamos de 2332 quejas. Yo pienso, desde mi análisis, yo creo que el fruto de todas estas quejas es la falta de planificación que ha existido en nuestra tierra durante muchísimos años. Hemos crecido demográficamente a un ritmo bastante alto y no hemos podido crecer al mismo ritmo para ofrecer infraestructuras sanitarias, infraestructuras sociosanitarias, etcétera. De ahí que tengamos los problemas que hoy día llegamos a tener.

Yo creo que cuando analizamos un informe como este, un informe donde tenemos las quejas de la población... es decir, este informe es la voz de la población. Creo que es importante contrastarlo con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno, porque si siempre vamos a realizar las mismas políticas vamos a tener siempre los mismos resultados. De ahí que sea importante ese contraste. Y en ese sentido voy a hacer yo mi intervención y voy a centrarme en algunas áreas, porque es un informe demasiado denso y no da tiempo en cinco minutos.

Por ejemplo, en discapacidad, donde hay 603 quejas, y la mayoría de ellas, el 90 %, es precisamente por esos retrasos en la evaluación del grado de discapacidad. Yo creo que, y está aquí la consejera también del área, está haciendo una labor que yo creo que es al menos de alabar. En la isla de La Gomera llevábamos desde que entramos en este Parlamento, la Agrupación Socialista Gomera, desde el 2015, reivindicando un equipo de valoración para la isla. Ya está a punto de empezar a trabajar, gracias también al trabajo que ha realizado el Cabildo de La Gomera y la colaboración con el Gobierno de Canarias. También tenemos, o estamos tramitando, una ley de empleo público -que está también, aprovecho, la señora consejera del área-, donde el 10 % de las plazas las vamos a reservar para personas con discapacidad. Yo creo que eso es un acierto porque son las Administraciones quienes tienen que dar ese primer ejemplo. También se están llevando a cabo convocatorias de ayudas con 4,8 millones, por ejemplo, para la discapacidad, dependencia y también destinadas a la accesibilidad. Ha entrado ya en este Parlamento, hace unos días, impulsado por todos los grupos parlamentarios, una nueva ley de accesibilidad, que ya necesita esa revisión. Y, por lo tanto, hay que seguir trabajando en esa línea, es fundamental para que las políticas que estemos implementando ataquen de raíz los problemas de la sociedad.

Si pasamos a otro aspecto como puede ser la tarjeta de discapacidad, yo creo que ha sido un acierto y ha sido también impulsada por este Parlamento. Además, creo que la Comisión de Discapacidad está teniendo un papel relevante en esta legislatura, porque está haciendo como la labor que realiza la Diputación del Común y está acercándose a la población para conocer las quejas de primera mano. Y en este sentido me gusta alabar también el trabajo que realiza la vicepresidenta del Parlamento, que a la vez es también la presidenta de dicha comisión.

Cuando hablamos de una vivienda digna, es uno de los grandes retos de esta comunidad autónoma. Ya firmamos un pacto por la vivienda en la pasada legislatura que no terminó de desplegar todos los aciertos o todo el propósito que pretendíamos. En esta legislatura se están intentando corregir algunos de esos aspectos y por eso se ha aprobado un decreto ley para fomentar la creación de vivienda protegida. Ahí los cabildos están realizando también una labor encomiable en los últimos años, por ejemplo, en el Cabildo de La Gomera se pretenden realizar más de ochenta viviendas sociales de aquí a final de la legislatura; lo ha dicho también, lo ha anunciado el presidente del Cabildo de Lanzarote, esa apuesta por la construcción de vivienda pública.

Y también me gustaría resaltar otros aspectos, me voy quedando sin tiempo, obviamente es muy corto, pero el papel de supervisión de las Administraciones públicas. Yo creo que tenemos que seguir apostando por una mayor transparencia en este sentido y un mayor apoyo a la ciudadanía.

Y me gustaría ya, en el tiempo que me queda, preguntarle sobre la escuela de ciudadanía, que viene desde los tiempos de don Jerónimo Saavedra, y me gustaría saber, porque sé que hay un proyecto piloto con la Universidad Carlos III, pero me gustaría saber si hay proyectos también con las universidades públicas canarias, que creo que...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Es tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario VOX. Lo hace la señora Jover Linares.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente.

Buenos días, señora Padrón. Muchas gracias por comparecer hoy ante este pleno para tratar ese informe de casi cuatrocientas páginas que tan atropelladamente tratamos en comisión y que, desgraciadamente, no hemos podido, al menos hasta ahora, tratar en la Comisión de Discapacidad, es ahí, esa separata tan importante que revela que han aumentado las quejas de discapacidad en un 94 %. A pesar de la petición de VOX, de momento no ha sido posible, pero creo que llegan rumores de que quizás sí lo vaya a ser.

Bien. Las Administraciones públicas son un aparato elefantístico que, además, influye en todas las facetas de la vida de los ciudadanos y este informe es una clara radiografía de cómo está ese estado de bienestar que se supone deberían proporcionar las Administraciones públicas a los ciudadanos, y año tras año vemos cómo esa radiografía, desgraciadamente, cada día ofrece una placa cada vez más oscura.

Los datos que usted aporta son innumerables, pero yo querría centrarme en dos de ellos, que creo que ya nos demuestran que no hay marcha atrás. Ese 94 % más de quejas en discapacidad en tan solo un año, y es que Canarias además es la segunda comunidad autónoma de todo el territorio español donde más quejas se presentan al alto comisionado del Parlamento. ¿Y frente a esto qué hacemos? Pues las familias hacen lo que pueden, usted se refería a esa solidaridad familiar tan importante, tan necesaria, cuando no está llegando la Administración pública. Pero además de no llegar qué es lo que hace: la Administración pública no asume responsabilidades. Vemos aquí pleno tras pleno, comisión tras comisión, cómo se empiezan unos a otros a responsabilizar de los errores y de la situación actual o corren cortinas de humo. A mí me resultó bastante triste advertir cómo cuando se destapó ese error en los datos de dependencia de los que el propio Clavijo, el señor Clavijo, presumía en el debate anual de Canarias, cuando se destapó ese error gracias a los datos del Imserso, en lugar de asumir las responsabilidades, de hacerlo con claridad, lo que hubo esos días es a bombo y platillo ofrecer esa novedad de una nueva app que permitiría a los ciudadanos llevar a cuestas el carné de discapacidad, algo que nos parece muy valioso pero que, la verdad, creo que no soluciona los problemas de los ciudadanos de Canarias.

Son muchos los temas a debatir y yo me voy a centrar en cuatro pilares.

En primer lugar, en dependencia y discapacidad. No solo es que en España haya comunidades de primera o de segunda porque la inversión es muy escasa, sino es que además vemos cómo en Canarias hay dependientes y personas con discapacidad de primer y segundo grado, tercer y cuarto grado o clase en función de dónde residas. ¿Cómo es posible que un niño en Fuerteventura, diagnosticado de espectro autista, obtenga su reconocimiento y discapacidad en dieciocho meses y un niño en Tenerife lo obtenga pasados seis años? ¿Qué va a ser de ese niño de 6 años cuando empiece a recibir todas esas prestaciones que le corresponden seis años después? Gravísimo.

Pero, además, ¿dónde están todas esas plazas sociosanitarias que contaban con financiación?, ¿dónde están esas plazas libres que deberían estar en urgencias, libres, para atender las urgencias médicas en lugar de estar recogiendo a gente que no tiene donde ir?, ¿dónde están?

¿Y dónde está la respuesta de la Consejería de Sanidad? Yo no sé si usted tiene ya la respuesta a esos criterios de priorización. Ayer se cumplía el plazo de un mes para que la consejera me trasladara a mí esos datos. Hay una Orden de 2012 que habla del procedimiento para la valoración y calificación del grado de discapacidad, que establece la posibilidad de establecer priorizaciones. ¿Cuáles son? Seguimos pendientes. En el próximo pleno lo traeremos si no hemos obtenido respuesta por escrito.

En materia de vivienda, las últimas medidas del Ejecutivo aún siguen sin dar resultado. Vamos a ver qué ocurre con ese decreto ley de agilización de las licencias urbanísticas y el proyecto de ley que vendrá después. Pero lo que hay que hacer es construir y lo cierto es que, por un lado, se dice que hay que construir, pero, por otro lado, el Gobierno de Canarias se dedica a no renovar la concesión de un puerto industrial que se creó precisamente para transportar y manejar los materiales de la construcción. El puerto de Santa Águeda, que se construyó hace décadas, no ha sido renovada su concesión. Entonces nos preguntamos: ¿quieren realmente construir?

A mí me gustaría preguntarle si usted nos puede decir al final qué opina respecto a la unificación o no del Icavi y Visocan.

También en sanidad, usted lo ha dicho, los sanitarios están agotados, pero además el plazo de las citas con especialidades ha aumentado enormemente: oftalmología, de 119 a 139; dermatología, 153 a 204... Y mientras tanto 26 millones de euros se fueron el año pasado a atender a inmigrantes ilegales en urgencias, ahora serán más porque ya todos tienen la tarjeta sanitaria.

Y en contratación pública, qué importante esa profesionalización que se está haciendo a los empleados públicos, pero atención la contratación pública porque es objeto de fraude y corrupción, como demuestra el caso Mascarillas y también los últimos informes de la UCO... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Nueva Canarias-Bloque Canarista. Interviene la señora Hernández Jorge.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Gracias, señora diputada del común. También dar la bienvenida a todo el equipo y agradecerles el enorme trabajo que han hecho en este informe como cada año.

Sin duda, la Diputación del Común yo creo que es bueno recordar la importantísima tarea que realiza: la defensa de los derechos y libertades constitucionales y la supervisión de las actuaciones de la Administración pública canaria, de acuerdo con lo establecido en la ley. Yo creo que todos los diputados y diputadas, no solo los que estamos en la Comisión del Diputado del Común, debieran leerse este informe, porque este informe refleja una verdadera... fotografía la realidad de lo que piensan los canarios y las canarias y también la realidad de los problemas de los canarios y de las canarias.

Un Gobierno que se precie debe ver en este informe una herramienta de mejora continua de su labor. Debe ver en esta herramienta un instrumento de gobernanza abierta, basada en la transparencia y en escuchar a la sociedad civil.

Y, además, este informe creo que se lo deben leer todos los diputados y diputadas, sobre todo del Gobierno, porque abrirán los ojos y verán que, frente a la Canarias irreal, utópica, absolutamente alejada de la calle, está la Canarias real. Y en esta Canarias real, que no lo decimos los grupos de la oposición, lo dice la ciudadanía, hay cinco asuntos que preocupan mucho. Y, además, coincide con nuestra actividad como grupo parlamentario, porque son cinco temas que están presentes, pleno tras pleno, en nuestra actividad parlamentaria.

A la cabeza de las quejas y, por tanto, de aquellos asuntos que van mal en Canarias, los servicios relacionados con el área social: la discapacidad, la dependencia y también el resto de los servicios sociales. Le siguen los temas sanitarios, junto con la vivienda. Pero es que el ámbito social ocupa la cabecera. De los cinco grandes bloques de quejas el área social ocupa la cabecera. Esta mañana oíamos al presidente Clavijo decir que el problema de la discapacidad venía de atrás, que ha sido siempre un problema. Y es cierto que siempre ha tenido dificultades esta comunidad autónoma para atender de manera ágil y eficiente las renovaciones del grado de discapacidad o la concesión del propio grado de discapacidad por primera vez, eso es cierto, pero es falso, es falso que el problema viniera de atrás con la intensidad con que viene ahora. Por eso les recomiendo que se lo lean para que no falten a la verdad cuando se suben al atril, porque me parece muy serio. Se han disparado las quejas desde que entró este Gobierno. En el año 2024 fue un Gobierno íntegramente liderado por Coalición Canaria, el Partido Popular y los compañeros gomeros y herreño, y fue en el año 2024 cuando se han disparado. ¿Ven la columna esta más alta, mucho más alta que la de los años anteriores? (Mostrando un documento). Pues coincide con el Gobierno de las dos derechas canarias. Por tanto, cero lecciones en materia de gestión de los problemas.

Pero es que, además, el problema de no reconocer el grado de discapacidad lesiona derechos fundamentales para las personas con discapacidad. Hoy se han dicho aquí algunos, desde poder acceder a un empleo adaptado hasta la tarjeta, hasta políticas y ayudas para estas personas. Y, por supuesto, mayor nivel, diríamos, de lesión cuando hablamos de niños y niñas, que ya se ha dicho hoy aquí, que necesitan un reconocimiento de su discapacidad para poder recibir los tratamientos y las actuaciones necesarias.

Por tanto -está aquí hoy la consejera-, no sirve mirar para atrás, tienen que ponerse las pilas y se lo tienen que tomar en serio. Porque, además, las comparaciones siempre son odiosas, pero es que en esta materia son especialmente sangrantes. Ustedes están comparando una legislatura y un Gobierno en condiciones de normalidad, con un presupuesto nunca antes visto, por lo menos en toda la comunidad autónoma, con una etapa donde tuvimos dos problemas serios, como fue una emergencia sanitaria, donde el área social además se tuvo que concentrar en distribuir ayudas sociales de emergencia y donde hubo además una erupción volcánica. Ustedes ni tienen emergencia sanitaria ni tienen emergencia vulcanológica. Y además tienen algo que tampoco tuvo el Gobierno anterior, tienen un decreto, y hoy será ley, donde se habilitan siete listas de reserva para poder contratar a personal. Es decir, ya no vale la excusa de que es que el área social no tiene personal. Lo que puede ser que no tenga el área social es el suficiente dinero. ¿Y saben cómo se resuelve eso?: recuperando los 42 millones que cada año les han perdonado a los millonarios y poniéndolos al servicio de la dependencia, la discapacidad, la vivienda y la mejora de las infraestructuras sanitarias en Canarias. Si hacen todo eso, seguro que gestionarán un poquito mejor.

Y felicitar al diputado del común, a la diputada del común, por poner en marcha esa escuela de ciudadanía que tanto... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Interviene ahora el Grupo Parlamentario Popular. Lo hace la señora Muñoz Peña.

La señora MUÑOZ PEÑA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Hoy tomamos la palabra para valorar la memoria del 2024 de la Diputación del Común. Y lo hacemos desde nuestro grupo parlamentario con un firme compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, pero también con la obligación de denunciar con claridad lo que es, a todas luces, una fractura en la política migratoria del Estado y una injusticia para Canarias.

En primer lugar, agradecemos el trabajo de doña Lola Padrón, a los adjuntos que hoy nos acompañan en este pleno: a mi compañero el señor Antonio Alarcó, a la señora Aránzazu, a la señora Ana María León y al señor Lázaro Brito y, cómo no, al resto de su equipo. Han realizado un trabajo serio, valiente y técnicamente impecable.

Esta memoria no es un documento complaciente, es una radiografía cruda, cruda de la realidad, y entre todas las cuestiones que aborda hay una que clama al cielo por su urgencia y gravedad, aunque me llama la atención que la señora diputada no lo haya nombrado en su primera intervención: la crisis migratoria que soporta Canarias, sin medios, sin apoyos y sin corresponsabilidad del Estado. En El Hierro hace apenas unas semanas murieron ahogadas tres niñas y cuatro mujeres a escasos metros de la costa. ¿Cómo puede nuestra sociedad aceptar que sigan ocurriendo estas tragedias? No estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas y especialmente de niños, de niñas y de jóvenes migrantes que llegan solos, sin referentes familiares y con derechos que no se están respetando.

La memoria lo señala con claridad: las condiciones de acogida en muchos centros no garantizan plenamente los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los menores no acompañados. Y a esta denuncia se suma el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha exigido al Gobierno central la adopción urgente de medidas concretas para atender a los menores no acompañados y solicitantes de asilo en Canarias. No se trata de una recomendación, sino de una orden judicial firme, que establece plazos y obligaciones específicas, dotación urgente de medios personales, materiales y económicos, así como la creación de oficinas operativas que garanticen la tramitación ágil de las solicitudes de protección, sin demoras que vulneren la dignidad de estos menores. Pero el Gobierno central, preocupado en otros asuntos internos, incumple una vez más. Señorías, no basta con obligar a las comunidades autónomas a asumir esta realidad, hay que dotarlas de medios reales, de financiación adecuada y de planificación estatal, porque de poco sirve repartir responsabilidades si no se reparten los recursos. Y la realidad es que mientras se recorta en acogida o en derechos sociales vemos cómo el dinero público se desvía a campañas vacías, a ministerios sobredimensionados y a proyectos superfluos que no resuelven los problemas reales de los ciudadanos.

Canarias no puede seguir siendo una frontera olvidada, sin apoyo estructural del Estado. No hablamos de ideologías, hablamos de humanidad, de justicia territorial y de la legalidad constitucional.

Y cuando hablamos de derechos no podemos olvidar a otro colectivo especialmente vulnerable: las personas con discapacidad. Esta memoria vuelve a poner el foco en los retrasos injustificables en la valoración de los grados de discapacidad. Y quiero decirlo alto y claro: no se puede hablar de inclusión cuando miles de canarios esperan durante meses, incluso años, para acceder a sus derechos más básicos. Desde el Grupo Popular valoramos el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias para revertir años de inacción heredada. A pesar de las grandes dificultades existentes y encontradas se aprecia un compromiso diario por mejorar la atención en esta área. Pero sabemos que aún queda mucho y son necesarias la inversión y las transferencias del Estado, que no ha aprobado los presupuestos generales desde el año 2023. Aun así, Canarias seguirá luchando sola para garantizar derechos que corresponden a todos.

Señorías, la Diputación del Común ha hecho su trabajo; ha señalado, ha diagnosticado, ha recomendado, ahora nos toca a nosotros actuar. Desde nuestro grupo estamos plenamente convencidos de que el Gobierno de Canarias asume lo que es de su competencia como un reto a resolver, sirviendo la memoria como hoja de ruta política, pero para ello se hace necesario que tanto el Gobierno central asuma sus obligaciones como que todas sus señorías seamos capaces de llegar a acuerdos y aprobar medidas, independientemente de a quién representen, pues para eso nos han elegido los ciudadanos, para resolver sus problemas y no parchear. Porque los derechos no se proclaman, señorías, se garantizan y este Parlamento tiene el deber de que así sea.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.

Interviene el Grupo Nacionalista Canario. Lo hace la señora Calero.

La señora CALERO GARCÍA: Buenos días.

Bienvenidos, a doña Lola Padrón y a todo el equipo, al que les agradezco la elaboración de este informe, porque sin duda han tenido una tarea bastante complicada y han hecho un informe con una perspectiva más didáctica que sin duda agradecemos a lo largo de esas cuatrocientas y pico páginas.

Miren, el informe de la Diputación del Común no es ni un reflejo de Canarias ni una fotografía de Canarias y, si fuera así, tendríamos el mismo número de quejas en todas y cada una de las islas, cosa que no ocurre. ¿Por qué Tenerife aglutina la mitad de las quejas, con un 48,9 %? ¿Esto es reflejo o es una fotografía de Canarias? ¿Qué es, que la isla de Tenerife es la única que tiene problemas o la única que se queja? Es evidente que la respuesta es que no. Para lo que tenemos que trabajar es para que la Diputación del Común se pueda acercar a todas y cada una de las ocho islas canarias.

Además, tenemos que tener en cuenta otras cuestiones que se han dicho en este plenario y que sorprenden a jóvenes como yo que llevamos muy poco en política, y es... Tampoco podemos decir que sea un reflejo representativo de los problemas de Canarias o que sea reflejo de los problemas que nos preocupan a los canarios, porque si fuera así vivienda o urbanismo tendrían más quejas, y esto tampoco ocurre porque hay una diferencia significativa por áreas. Y esto ocurre, no porque en Canarias no tengamos problemas en esas áreas, que seguramente los tenemos y nos preocupan, sino porque se vuelve a demostrar que las áreas sociales, que el escudo social es el que está al lado de la ciudadanía. Es el equipo humano que compone estas áreas, los trabajadores, educadores sociales y otros muchos administrativos que dan la cara y que acercan la Administración a la ciudadanía canaria, acercan la Administración a esa ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables. Y esto no es una cuestión que diga el Grupo Nacionalista, lo ha dicho la propia diputada del común, cosa que algunos diputados en esta Cámara no han querido oír.

Se reconocen cuestiones importantísimas para la ciudadanía de Canarias como la puesta en marcha de las unidades de atención temprana, la que también podemos afirmar que se ha puesto en marcha en el resto de las islas, o, por ejemplo, los centros de atención a víctimas veinticuatro horas. Podríamos añadir que cuestiones que afectan y preocupan a la ciudadanía, como es la tarjeta de discapacidad o los refuerzos del equipo de valoración de discapacidad, son medidas que se están desarrollando. Y le puedo asegurar, señora Padrón, que el Grupo Nacionalista no se va a conformar.

Se ha logrado también otro hito en una de las áreas que más quejas recibe, dependencia. Hasta diciembre del 2024, cuando este Gobierno no había cumplido los dos años, se había alcanzado prácticamente el mismo número de prestaciones que el Gobierno anterior en cuatro años. Sin duda, el dato mata su relato.

Gracias a las visitas también de la Diputación del Común se ha podido comprobar, no solo por doña Lola Padrón, sino también por el anterior diputado del común, Rafael Yanes, la situación en la que se encontraban los centros de atención a menores no acompañados y recoge una frase literal, que recoge el informe: Se ve la imposibilidad de garantizar los derechos humanos en las condiciones y con los recursos exclusivos con los que cuenta la comunidad autónoma.

Señor Franquis, usted estaba preocupado por el informe de la Diputación del Común. Se ve que no pudo leer la página 6, en la que se decía al Estado que se comprometiera con Canarias en materia de financiación y en menores no acompañados. Y, además, apelo también a su buena voluntad para decirle al señor Sánchez que nos dé a Canarias los 194 millones que tiene comprometidos y que ha empleado esta comunidad autónoma en materia de menores no acompañados, que hemos asumido en solitario. Además, para su tranquilidad, le diré que sí es cierto que hay un aumento de quejas, y esto no es motivo de orgullo, pero le puedo asegurar que el año en el que más quejas se recibieron fue el año 2021. Adivinen quién estaba gobernando cuando eso.

Esto no es reflejo de la Canarias que quiero, y se lo puedo asegurar. ¿Saben de lo que sí es reflejo este informe?: de la cronicidad de algunos problemas de Canarias, de cómo la burocracia socava la posibilidad de acercar la Administración a los ciudadanos en tiempo y forma para resolver sus problemas. La simplificación administrativa tiene que ser un imperativo de este Gobierno y se está trabajando en ello, pero les puedo asegurar que el Grupo Nacionalista no decaerá en esa tarea, tanto en el ámbito de dependencia, discapacidad o en el ámbito judicial, a través de decretos o reformas legislativas. Usted apostaba en este informe por la inteligencia artificial, una medida que ya está implementando este Gobierno en materia de discapacidad. Esto tiene que ser reflejo de nuestro trabajo día a día en este Parlamento y en el Gobierno. El reflejo que puede hacer que la Administración reduzca ese número de quejas y sobre todo que acerque la Administración y se haga una mejora de la conciencia ciudadana que tenemos de las Administraciones. El 70 % de las áreas son las únicas que se admiten a trámite; el resto, ese 30 %, es porque ni siquiera se acierta con el origen de esa queja, con lo cual tenemos que dar a conocer esas áreas... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calero.

Bueno, finaliza la intervención de los grupos parlamentarios el Grupo Socialista Canario. Señora Cabrera Noda.

Tiene la palabra.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Padrón, y bienvenida, a usted y a todo el equipo que la acompaña.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradecerle la elaboración y la presentación de este informe de 2024, el cual, como hemos visto, contiene un trabajo riguroso y constructivo que viene a confirmar el papel esencial que desempeña la institución en la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Este documento, como algunos quieren hacer parecer, no es una simple recopilación de quejas, este documento, el documento, el informe del Diputado del Común es y siempre ha sido un reflejo de la experiencia real de cientos de canarios y canarias que han tenido que recurrir al Diputado del Común ante la inacción de las instituciones. Este resultado es una radiografía fidedigna preocupante del funcionamiento de nuestra Administración autonómica. Tal como usted ha dicho, las quejas aumentan un 8 % con respecto al año 2023, o sea, que a peor la mejoría. Y quiero destacar que solo un 0,4 % de las quejas son dirigidas al Gobierno del Estado, mientras que un 69 % de estas quejas van dirigidas al Gobierno autonómico. Ahí queda eso.

Quiero centrarme, por el tiempo que tenemos tan limitado, quiero centrarme en determinados datos de este informe, datos que se circunscriben a temas fundamentales en nuestra sociedad y mucho más que tienen esta gran influencia en un territorio con nuestras especificidades.

Empiezo por aquellos que hacen referencia a la discapacidad, un ámbito en el que tenemos la espera como castigo, y me explicó. El informe alerta, tal como usted ha dicho, de que las quejas se han disparado hasta un 95 %. Y esto no es un error de cálculo, es una denuncia silenciosa que lleva nombre, apellido y demasiada paciencia, personas que llevan mucho tiempo, hasta años, esperando por una certificación del grado de discapacidad cuando el plazo legal -hay que repetirlo hasta la saciedad- es de seis meses. Esto no se trata solo de un retraso administrativo, es una vulneración sistemática de derechos.

El informe es contundente cuando afirma que la situación que vive Canarias se debe a una clara falta de previsión, planificación y rigor por parte del Gobierno de Canarias, y nosotros coincidimos; de hecho, el Grupo Parlamentario Socialista ha venido demandando soluciones urgentes en reiteradas ocasiones a esta situación, pero hasta el momento solo hemos recibido excusas como respuesta.

Los datos de dependencia en las islas son un claro ejemplo de cuando el sistema llega tarde o no llega. En Canarias una persona dependiente fallece cada cuatro horas mientras espera una ayuda que, según la ley, debería resolverse en seis meses; sin embargo, está tardando veintitrés, casi cuatro veces más del plazo establecido. Esto tampoco es un retraso, es una tragedia repetida injustificable y moralmente insostenible. No estamos hablando de colapsos puntuales, sino de un incumplimiento sistemático de la ley y, lo que es más grave, de una indiferencia estructural que afecta a los más vulnerables.

El problema no es el tema de respuesta en resolver un expediente de dependencia o de discapacidad, el problema es algo tan básico como que la vida se acaba. Y aquí es donde la ironía del sistema se vuelve trágica: para acceder a una ayuda tienes que sobrevivir al proceso. Desde luego parece un mal chiste. Y lo peor y más escandaloso de todo es que no vemos una voluntad real para enmendar la situación por parte de la Administración autonómica.

En lo que respecta a vivienda, tampoco el panorama es muy alentador. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de Canarias. Según el informe, hay un 32 % de las quejas que están relacionadas con la dificultad de acceso a la vivienda pública protegida, un 30 % con procesos de desahucio y casi un doce por ciento con ausencia de recursos de emergencia. Aquí el único techo que parece crecer es el de las excusas institucionales y el de los grandes tenedores, por supuesto.

Si hablamos de sanidad, la situación no es más prometedora. Canarias sigue liderando el ranking nacional pero por la cola; somos la comunidad con mayor tiempo de espera para una operación quirúrgica, para una prueba especializada o para una prueba diagnóstica. Y no hablamos de retrasos menores, hablamos de pacientes que esperan más de un año por una intervención mientras su salud empeora. Lo más destacable de nuestra sanidad es que goza de una lentitud que enferma, y nunca mejor dicho, parece que lo urgente puede esperar y lo importante se aplaza indefinidamente.

Antes de terminar, quiero hacer referencia a unos datos que me han llamado la atención dentro de este informe y que no quiero dejar de mencionar, y es el aumento de quejas vinculadas a menores, menores con discapacidad, menores sin vivienda, menores migrantes, menores sin protección adecuada... Tenemos que preguntarnos, llegados a este punto, cómo es posible que todos sigamos fallando aquí, que un menor no tenga cubiertas sus necesidades básicas debería ser siempre una prioridad y no un apartado más de un informe del Diputado del Común. Cuando un niño pierde sus derechos, la sociedad pierde su futuro.

Voy a ir concluyendo y sí quiero poner en valor que este informe llama, es una llamada a la responsabilidad, no es una crítica destructiva, que refleja con claridad lo que miles de canarios y canarias viven a diario, y es que el sistema a veces llega tarde y en muchas ocasiones no llega. Y no lo dice ni un partido político ni una ideología, sino una institución independiente que cumple una función esencial en nuestra democracia, y es la de dar voz a los que no la tienen. Definitivamente Canarias... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.

Muy bien, iniciamos ahora el tiempo de réplica. Señora diputada del común, tiene la palabra.

La señora DIPUTADA DEL COMÚN (Padrón Rodríguez): No sé si podré responder a todos, pero es evidente que el informe tiene una actitud absolutamente constructiva y de colaboración. Por eso estamos planteando las políticas de mediación con el Gobierno y haciendo un trabajo que se verá a la larga.

Yo no suelo eludir las batallas, los que me conocen, ni los temas que están en línea con la sociedad, cuando hablo de menores, hablo de menores, no distingo. Garantizar los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño conlleva que, tanto en los países de tránsito como en los de recepción, dispongan de un sistema de protección capaz de garantizar dichos derechos, priorizando la condición de persona menor por encima de la persona migrante.

Los trabajadores responsables de la consejería trasladan a esta diputación la preocupación por la falta de planificación en cuanto a instrucciones de organización, criterios de actuación, priorización de procedimientos y sobrecarga de trabajo. Consideran que esto está repercutiendo negativamente en la adopción de las medidas de protección de las personas tuteladas, especialmente migrantes, cuya minoría de edad, unida a la condición de extranjero africano, los coloca en situación de extrema vulnerabilidad. Esto, unido a la responsabilidad de afrontar en solitario por parte del Gobierno de Canarias el reto de gestionar la acogida inmediata y la atención integral de estos menores, dificulta planificar acciones que garanticen derechos humanos a estos pequeños. Está en la memoria, pero es necesario el acuerdo, el consenso y ver a las personas como son, niños, menores que vienen, porque igual no se ve igual a los niños que vienen... rubios y con ojos azules que a otros que son negros y, es evidente, igual se desvía la mirada, y eso es lo que desde luego desde la Diputación del Común no se quiere plantear. Aquí es necesario el acuerdo y tener claro que lo que hay que respetar son los derechos humanos. Los movimientos migratorios no van a acabar, nosotros somos zona de tránsito, y hay que tenerlo claro, y hay que exigir que Europa y España tengan la misma responsabilidad que Canarias, pero no echarnos los niños a la cabeza como si fueran cajones. (Palmoteos). A eso se niega la diputada del común.

Con respecto a lo que hemos planteado en materia de vivienda, lo que hemos planteado es porque las quejas pueden... La aportación de la diputación viene por... es la voz de los ciudadanos, pueden hacer caso o no. En materia de vivienda, se están haciendo miles de iniciativas. La iniciativa RIC es una buena iniciativa, los ayuntamientos están intentando generar suelo, se está construyendo. Lo que estamos planteando es que hay una población que se queja, que está al límite, que tiene que ver con la posibilidad de que las cifras que tenemos en materia de vulnerabilidad aumenten y lo que se le dice al Gobierno, atento, que esta gente, que tiene un problema, no que ya no llega a fin de mes, sino que no puede afrontar un imprevisto, la función pública no puede ser un muro, necesita ser un aliado. Y ahí los animo a que retomen la ley del tercer sector, que es el que está salvando realmente a la Administración pública, a los servicios sociales, a que esa columna vertebral del estado de bienestar que nos hemos dado siga funcionando. Si no tuviéramos el tercer sector, no sé qué haríamos, con menores, con apoyo en educación...; con todos esos temas que preocupan a la ciudadanía canaria.

El informe lo pueden tomar como quieran, pero es la voz de los ciudadanos, la que dejan de escuchar o no no es la nuestra. Las quejas reflejan la preocupación de la ciudadanía y en este sentido los animo a retomar la ley del tercer sector, que se quedó parada en este Parlamento y que en su artículo 3 se planteaba el concierto social como una fórmula para estabilizar a estas organizaciones y asociaciones que mantienen, conjuntamente con el sector público, el sector privado en este caso, son estas asociaciones, para que podamos seguir caminando y garantizando los derechos a todas las personas que se ven afectadas por alguna vulnerabilidad. Y mañana esa vulnerabilidad, la discapacidad, la dependencia, también nos puede afectar a todos nosotros.

Quiero agradecer, además... Con el tema de la discapacidad no me he extendido, porque la presidenta de la Comisión de Discapacidad ha estado preocupadísima por este tema y nos ha llamado el día 30 para poder extendernos. Y en ese sentido, por eso me he centrado en los dos problemas que ahora están... (Corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional).

Muchas gracias por la cortesía.

Yo creo que el informe es extenso. Me he centrado más en esos dos problemas que pueden generar muchísima más pobreza invisible, esa que no se ve, en la ciudadanía canaria. Atentos a los datos, atentos a las recomendaciones, atentos a la voz de los ciudadanos que se plantea en estas quejas. No voy a entrar en diatribas, no voy a entrar en como ustedes pueden ver un informe o no; solo les pido que escuchen, que lean, que tomen nota y que actúen. Ese es nuestro trabajo y vamos a seguir haciéndolo.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora diputada del común.