Diario de Sesiones 84, de fecha 25/6/2025
Punto 1

11L/C/P-0788 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES, SOBRE LA DENUNCIA PÚBLICA DE LA PLATAFORMA CANARIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN IRREGULAR DEL NUEVO DECRETO SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS-BLOQUE CANARISTA (NC-BC)

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión plenaria, y lo hacemos con la comparecencia dirigida al señor consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, sobre la denuncia pública de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva en relación con la tramitación irregular del nuevo decreto sobre atención a la diversidad y orientación educativa. Es una comparecencia a petición de Nueva Canarias-Bloque Canarista.

Interviene la señora Hernández Jorge.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días. Gracias, presidenta.

Esta comparecencia pretende fundamentalmente que este Parlamento, que el Gobierno de Canarias tenga, que tengamos una verdadera conciencia de lo que significa la inclusión educativa. Hablar de educación inclusiva parte de la convicción de que la educación es un derecho fundamental, un derecho humano, recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño y también en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como saben, establece la obligación de que todos los Estados deben velar por el cabal cumplimiento del derecho a una educación inclusiva, haciendo los ajustes razonables y prestando los apoyos necesarios. Y quiero insistir en estas dos ideas: haciendo los ajustes razonables en el aula y prestando los apoyos necesarios.

Recordemos también que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en el año 2006, es un tratado internacional que se integra en el ordenamiento jurídico español desde su entrada en vigor en el 2008, y esto significa que sus principios y mandatos son parte de la legislación y de la acción pública en España y, por tanto, vinculante para el Estado y para todos los poderes públicos, que incluye a las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Por tanto, hablar del cumplimiento de la convención es hablar de derechos humanos, es hablar de reconocer la dignidad y el valor inherente del ser humano, de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, sin distinción, sin ningún tipo de discriminación. Por tanto, trabajar para que la escuela sea verdaderamente inclusiva no solo es una cuestión de justicia y de equidad social, es una obligación legal y Canarias debe cumplir esta obligación.

Y la redacción del nuevo decreto sobre atención a la diversidad es una magnífica oportunidad, consejero, para que Canarias se sitúe a la cabeza del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, además, cumpla con sentencias firmes del Tribunal Supremo, algunas muy recientes que explicaré en mi segunda intervención. Esto es lo que quiere la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, así como la Confederación de Padres y Madres y también FAPA Galdós: que se cumpla la ley, que la escuela canaria sea verdaderamente inclusiva.

Y en este punto me gustaría, porque sé que me escuchan, hacer un reconocimiento a las familias, a esas madres -porque son mujeres- valientes que están luchando con tesón, con mucho rigor, con buenos asesores y asesoras jurídicos para defender el derecho que tienen sus niños y niñas a una educación inclusiva. Estas mujeres valientes no han parado en estos dos años de traernos propuestas, de comparecer en la Comisión de Educación, de registrar propuestas al Gobierno, propuestas con un enorme calado jurídico, que además vinieron, vino la letrada que les asesora, experta en derecho en materia de niños y niñas con necesidades educativas especiales, Laura Abadía, a quien también quiero agradecer su trabajo. Nos hicieron entrega, y por registro de entrada, de este dosier, consejero, que seguro conoce (mostrando un documento a la Cámara), donde se expone de manera rigurosa cuáles son las medidas que hay que incluir en el nuevo decreto para cumplir la convención, para cumplir la Constitución española y para cumplir la Lomloe.

¿Qué quieren las familias, en definitiva? Pues, por una parte, que se cumpla la normativa, como digo, tanto la de ámbito europeo como la estatal y como la Ley Canaria de Educación. Quieren además poder participar de manera activa en este proceso de elaboración del nuevo decreto y que sus aportaciones sean escuchadas e incorporadas a la ley.

Por eso hoy, consejero, con esta comparecencia, que no pretende ser una crítica al Gobierno... Créame cuando le digo que lo que pretendemos es que el Gobierno escuche a las familias y escuche a la oposición. Escuchar no es solo oír, escuchar significa que lo que te proponen se integre en tu acción política, porque, claro... Esto es como cuando dicen "no, han participado"; hombre, participar no es escuchar y hacer lo que quieras, participar es que las propuestas que te traiga la ciudadanía sean integradas, si no todas en parte. Lo digo porque... escuchar a las familias.

Y, consejero, le quiero preguntar, primero, si se van a incorporar estas propuestas en la línea de respetar la normativa mencionada, porque, si no, las familias, como sabe, ya han anunciado la vía judicial para recurrir el nuevo decreto; y, en segundo lugar, cuántas familias, consejero, están en este momento, han demandado a la Consejería de Educación porque consideran que la consejería está discriminando a sus hijos e hijas. ¿Sabe usted el número de padres y madres que han presentado una demanda en la vía contenciosa por considerar que se lesiona el derecho fundamental a la educación en este momento? Yo tengo el dato, pero quisiera saber, porque usted lo debe tener mejor, sus equipos jurídicos, pues malo es si la consejería no tiene, no sabe que sus administrados le están demandando por una mala aplicación... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Ahora tiene la palabra el señor consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

El señor CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES (Suárez Nuez) (desde su escaño): Gracias, presidenta. Gracias, señora Hernández.

Empiezo por el final.

Sí, claro que la consejería lo sabe, lo que le estoy diciendo es que yo no lo sé en este momento, lo que yo le estoy diciendo es que yo no lo sé en este momento. Como usted lo sabe, lógicamente me lo dirá y no sé si será acorde a los datos que maneja la consejería. Espero que sí, espero que sí por el bien de todos, lógicamente.

Pero, mire, usted me pide una comparecencia, literal, que dice "sobre la denuncia pública de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva en relación con la tramitación irregular del nuevo decreto sobre atención a la diversidad y orientación educativa". Y yo aquí le voy a contestar: ¿dónde hay una tramitación irregular? No existe, porque no hay tramitación. Usted me corregía y me decía: escuchar no es oír y, además, usted tiene poco más o menos la obligación de aceptar todas aquellas remandas, recursos o iniciativas, propuestas que hacen las familias. Sí y no. Pero, mire, señora Hernández, ¿cómo puede haber una tramitación irregular de algo que no existe?

Yo les cuento a sus señorías y a todos los que nos están viendo qué es lo que ha hecho esta consejería para empezar un trabajo, y ya se lo dije a usted también en la propia Comisión de Educación hace creo que quince días o algo así, empezar un trabajo para conseguir una nueva normativa adaptada a la realidad y a las necesidades de las familias, pero no solo de las familias, también de los niños y de las niñas, pero también del personal de la consejería, porque esto tiene que ser una normativa en la que todos tengamos esa convivencia pacífica, pero sobre todo para atender en esas necesidades reales que tiene el alumnado.

¿A usted le parece que es una tramitación irregular que el director general de Innovación y Ordenación se siente con las Ampa para poner sobre la mesa un documento e ir trabajando sobre ese documento? ¿A usted le parece una tramitación irregular que el director general de Inclusión y Ordenación se siente con la plataforma de directoras y directores para trabajar este documento o que lo haga también con el Cermi, o con la plataforma con plena inclusión, o con las Ampa a título individual, isla por isla, o incluso con familias, con familias a título individual, que nos han hecho propuestas y que las hemos atendido, o con distintas asociaciones del tercer sector, también con los sindicatos, también con las orientadoras y orientadores? ¿Eso es un procedimiento, una tramitación irregular? No es una tramitación irregular. ¿Por qué? Usted dice que sí y asiente con la cabeza que es una tramitación irregular. Entonces, cuando usted se sienta con algún colectivo para traer alguna iniciativa, ¿es una tramitación irregular? Porque aquí no se está tramitando nada, lo que se está haciendo es un trabajo de base para después, con esas aportaciones que nos pueden hacer los distintos colectivos, más de cien reuniones que ha tenido el director general -que, por cierto, quiero agradecerle ese trabajo-, más de cien reuniones, traer ese documento con las distintas aportaciones que puedan hacernos las personas o los colectivos con los que nos hemos reunido.

¿Hemos dicho que no a alguna propuesta de los sindicatos? No. ¿Hemos dicho que no a algunas propuestas de las familias? No. ¿Por qué?, porque es un documento base y, por lo tanto, al ser un documento base, yo entiendo que no hay ninguna tramitación irregular. Es que usted misma ha anunciado el otro día que nos iban a llevar al Constitucional. ¿El qué?, ¿qué van a llevar al Constitucional?, ¿cinco, seis, diez folios de un trabajo previo que se está haciendo, que después es cuando se hará esa tramitación correspondiente? Esto es un trabajo previo, esto es un trabajo previo y usted lo sabe perfectamente.

Por lo tanto, cuando hablamos de tramitación irregular, a mí me preocupa que eso se traslade también. ¿Por qué?, porque no hay tramitación, solamente hay un trabajo, y a partir de ese trabajo volveremos, volveremos a sentarnos con todos los colectivos, también, como así lo he anunciado desde el minuto uno, con los grupos parlamentarios para también recibir esas aportaciones que ustedes nos puedan hacer.

Si alguien cree que este equipo de la Consejería de Educación viene a quitarle derechos, avances al alumnado con necesidades educativas especiales, si alguien cree que esta consejería viene a quitarles derechos a las familias, se equivoca. Pero tampoco podemos olvidar y tampoco podemos dejar de escuchar, sí de escuchar, no de oír, de escuchar, a los profesionales, porque tienen mucho que decir y porque están en el día a día, igual que las propias familias.

Si es que aquí no buscamos la confrontación entre un bando y otro, aquí lo que buscamos es actualizar una normativa que las propias familias han denunciado que está caduca, que yo mismo también me he hecho eco de esa denuncia, y lo que queremos es una normativa, no que contente a todo el mundo, pero una normativa que cumpla con las necesidades y que cubra las necesidades que tiene el alumnado con necesidades educativas especiales. Eso es lo que busca este trabajo previo a esa tramitación que dice usted que es irregular.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Bueno, ahora iniciamos la intervención de los grupos no proponentes.

Agrupación Herreña Independiente.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero.

Estamos hablando de un asunto extremadamente delicado e importante que requiere el máximo consenso en la comunidad educativa. Creo que el Gobierno de Canarias, sinceramente, no tiene ningún interés en no apoyar a las organizaciones o a las entidades representativas y tampoco en propiciar un desarrollo normativo que adolezca, por un lado, de seguridad jurídica y que ponga en riesgo el trabajo que se está realizando, trabajo, porque, como usted dice, no deja de ser un trabajo previo. No estamos ante una fase normativa o no estamos ante una norma que ya podamos acudir directamente, como usted decía, al Tribunal Constitucional.

Evidentemente, cada cual es libre de mantener los criterios que considere y de ejercer la crítica sobre las decisiones que adopten o sobre los proyectos que estén en marcha, con mayor o menor acierto, pero trabajando yo creo que en una línea de lealtad institucional en el trabajo que se está haciendo y que creo que a todos nos favorece.

Y lo que está claro, como ya comenté en comisión, es que la comunidad educativa, y más concretamente el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, no puede seguir manejándose con normas que son del año 2010. El Decreto del 2018 no contó con el necesario desarrollo reglamentario y es el momento, señor consejero, y usted lo sabe, de mirar a los ojos a estos alumnos y familiares y a ambos darles la respuesta que se merecen, y la respuesta a la que la Administración está obligada y en la que usted está caminando, y que ese documento, fruto del mayor consenso, sin menoscabo de la libertad del Gobierno para actuar conforme a la propia previsión y libertad de las entidades para defender sus posiciones y sus líneas ideológicas... Creo que merece la pena extremar esas negociaciones, las reuniones que ha promovido la consejería con la comunidad educativa, es decir, con aquellos profesionales, con aquellas partes implicadas, con todos los actores, que, en definitiva, se van a sentir parte de esta norma o parte de este proceso si usted los aglutina a todos, con mayor o menor acuerdo, pero que al menos todos se sientan parte de él. Porque un decreto, por muy bien armado jurídicamente que esté, dará seguridad jurídica, pero no tiene por qué garantizar el ejercicio eficaz y cotidiano de un derecho, solo el consenso entre los agentes va a permitir que se atienda adecuadamente a los alumnos, desde la concreción de las medidas realizables y también con la debida cobertura presupuestaria.

En todas estas cuestiones, señor consejero, usted nos encontrará y esperamos que al final del proceso, al final de esa escucha activa, podamos armar ya un plan de trabajo que nos permita construir la norma que a lo mejor todos estamos deseando.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Agrupación Socialista Gomera.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero.

Consejero, desde Agrupación Socialista Gomera compartimos que toda norma educativa, y más una que afecta de lleno al alumnado con mayores necesidades de apoyo, debe construirse desde el diálogo real, desde la escucha activa, desde la escucha activa a quienes viven la escuela cada día, como es la familia, los profesionales, los equipos directivos, los orientadores, las asociaciones, todas aquellas personas y colectivos que usted ha nombrado en su primera intervención. Y por eso lo primero que queremos trasladar es nuestro reconocimiento y también nuestro respeto a quienes con enorme compromiso han alzado su voz para pedir todavía mucha más inclusión, más recursos y más participación. El mensaje que han trasladado por parte de Agrupación Socialista Gomera que tengan claro que no cae en saco roto.

Ahora bien, estamos, como ha dicho el consejero antes, en un documento que está en fase inicial; que además, para comenzar a elaborarse, lo primero que se ha hecho es una ronda de consultas, además una ronda de consultas que le agradecemos que se haya hecho por todas las islas; además reuniones que han contado con la implicación, como he dicho, de toda la comunidad educativa, de todos los profesionales, de todas las familias, de todas las asociaciones, de todas las plataformas, de los sindicatos, equipos de orientación y también -muy importante- con los centros de educación especial.

La filosofía del decreto es clara y, además, se ha repetido en distintas ocasiones por parte de la consejería, es mejorar la atención del alumnado con necesidades especiales, es reducir la carga administrativa, que es superimportante, y es avanzar hacia modelos combinados de aula ordinaria y aula enclave, y, lo más importante, también reforzar los centros de educación especial.

Y también se ha repetido hasta la saciedad, no hay intención de eliminar los centros de educación especial ni las aulas enclave. Si hay cambio en la denominación, únicamente se hará para adaptarlos a una organización mucho más flexible y efectiva.

Y, por último, también quiero decir que está garantizada y que no debemos poner en cuestión, como tampoco puede ser de otra manera, la fase pública de exposición y también la fase de consulta. Esa va a seguir viva y es importante. Nosotros creemos que este debate debe ser para aportar, para aclarar y para mejorar, no para demonizar ni para paralizar un trabajo que, como ha insistido el consejero, está en construcción, está en fase inicial y estamos hablando de un borrador. Creo que es la primera vez que en este Parlamento se trae a debate la fase inicial, la fase de debate, de construcción; no tenemos ni siquiera un documento sobre el que opinar o sobre el que debatir.

Por tanto, yo creo que este documento final sí que debe recoger las aportaciones de todos y todas... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Inicia su intervención el Grupo Parlamentario VOX. Lo hace el señor Nieto.

El señor NIETO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor consejero, como bien ha dicho usted, la comparecencia va, el título, de tramitación irregular, tramitación irregular. Tengo que darle toda la razón, que la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva nos traslada que lo que han hecho en concreto es advertencias jurídicas al Consejo Consultivo y al Consejo Escolar. Eso a mí no me parece que sea muy irregular. Ahora, también cabe decir que sí es parte de la tramitación. Con lo cual, me parece que la pregunta ha sido planteada de manera torticera, simple y llanamente.

Ahora, también es cierto lo que ha dicho la señora proponente, que estamos hablando no solo del derecho a la educación, un derecho general, etcétera, es que estamos hablando de los más vulnerables. Yo creo que es un momento de extremar todas aquellas medidas de delicadeza, de escuchar, etcétera, porque estamos hablando no solo de educación, jóvenes, niños, etcétera, sino de entre ellos los más vulnerables. Cualquier cosa que sea hacer más de lo que se suele hacer habitualmente debería hacerse.

Pero no podemos olvidar una cosa, señor consejero, y es que este problema deriva de una gran ley, la Lomloe. No ha habido una ley, en boca de expertos, que haya sido tramitada... Un problema tan complicado como es la educación. Esto no es ir a un centro de salud y decir "tengo aquí una llaga" y la mayoría de los médicos te van a decir cuál es la solución; en educación es mucho más complejo, no se ha hecho esa ley con acuerdo de los profesionales. Jamás ha salido una ley tan complicada con menos conocimiento y menos consenso de la calle.

Señor consejero, estoy deseando que lo antes posible haya un nuevo Gobierno en España que pueda tramitar una ley de consenso. Es un tema complicadísimo y delicado, la educación, no podemos dejarlo al albur de cada discusión en cada rinconcito de España. Que haga una ley de consenso, que haga una ley escuchando a los especialistas, que no todos están de acuerdo en lo que hay que hacer.

Claro, esta plataforma nos está diciendo que el contenido amenaza el derecho a la inclusión real de los alumnos con discapacidad, que en las aulas ordinarias no es inclusión, es abandono. Yo no tengo conocimientos suficientes para saber si tienen razón o no tienen razón, pero lo que está clarísimo es que se tiene que hacer caso a los especialistas y se tiene que hacer un consenso que exceda de la parcelita pequeña que tengo, porque esto está hablando de los más vulnerables de toda España.

Ojalá, ojalá pronto tengamos un nuevo Gobierno y que afronte este tema de manera no sectaria, sino de manera buena y con consenso para todos los españoles.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Nieto.

Grupo Parlamentario Popular. Interviene la señora Martín.

La señora MARTÍN JIMÉNEZ: Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Comparecemos hoy para hablar de algo tan importante y tan sensible como es la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, un ámbito donde lo que está en juego es el bienestar y el futuro de las niñas y niños, que requieren de nuestra responsabilidad y nuestro rigor institucional.

Afirmaba la señora Hernández que escuchar es incluir en la ley, incluir en el decreto lo que solicitan los colectivos. ¿En serio, señora Hernández?, ¿y los colectivos que piensan diferente?, ¿y los técnicos que llevan años en la consejería? Oiga, que ya usted ha decidido que hay que hacerle caso a este colectivo y que es el bueno porque -en sus palabras- lleva haciendo propuestas solo desde hace dos años, según dice usted, y acaba de tirar por la borda el trabajo de los colectivos y de las familias, que llevan reuniéndose meses con el director general. Pero eso no es discriminar, eso no es discriminar.

¿Y por qué hablo de responsabilidad?, porque el nuevo decreto aún no se ha presentado. Y sí, señorías, hay quienes quieren convertirlo ya en un arma política, y no hablo de las familias, sino de los partidos políticos que se prestan a ello, porque, hasta donde yo sé, ningún tribunal dicta sentencia sobre un borrador, señora Hernández, ningún tribunal dicta sentencia sobre un borrador.

Y sí, me siento muy orgullosa de poder decir que este Gobierno, que un consejero del Partido Popular ha hecho más por la atención a la diversidad en los dos últimos cursos que otros ejecutivos en una década: más recursos económicos, más recursos humanos, más recursos digitales, en definitiva, más atención al alumnado NEAE. Por cierto, con la aplicación de una ley que ustedes conocen bien, porque estaba desde el año 2010 y ninguno de ustedes movió un dedo para cambiarla.

Señorías, ya lo ha dicho el consejero, hablamos de un borrador, de una fase inicial de trabajo abierta al diálogo y al consenso, porque este Gobierno solo tiene un objetivo, y es el de atender a las familias de manera individualizada, adaptando la normativa, dando seguridad jurídica a las decisiones educativas y apostando por un modelo de atención a la diversidad más humano, más profesional y más justo. Y en ese camino las familias tienen nuestra mano tendida.

Y quiero dejarles algo, una cosa bien clara que no vamos a aceptar desde el Grupo Parlamentario Popular bajo ningún concepto, y es que se ponga en duda la profesionalidad de los equipos de orientación de esta comunidad autónoma. Sus informes no son ilegales, como algunos han dicho, son rigurosos, están bien fundamentados y se realizan siempre pensando en lo mejor para el alumnado. Pueden existir opiniones contrarias, pero no son informes ilegales.

Señor consejero, no caiga en la trampa que le intentan poner los que se dedican a crear ruido desde fuera, y no me refiero precisamente a las familias, sino a los partidos políticos, a quienes a mi juicio la desesperación de su situación política que están viviendo les hace incluso solicitar comparecencias... (Corte automático del sonido). (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín.

Grupo Nacionalista Canario. Interviene el señor Martín.

El señor MARTÍN FUMERO: Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías.

Tratamos esta comparecencia y en ella un tema muy delicado y que requiere rigor y seriedad. Por lo tanto, no podemos hablar de una tramitación irregular de un decreto cuando ni siquiera se está tramitando el mismo.

Creo que el propio consejero, tanto aquí, en este pleno, como en la Comisión de Educación, dejó bien claro cuál era el procedimiento: hablar con las familias, con los colectivos, con los equipos directivos, con las asociaciones, con los profesionales; y establecer una norma que diera respuesta a tres de las reclamaciones básicas precisamente de las familias: optar por la modalidad más inclusiva posible, también tener un carácter reversible de las modalidades de escolarización y de los informes, que ahora no es posible, y luego la elección del centro educativo por las familias, que es verdad que a veces se desplaza el alumno en función de la modalidad de escolarización, porque si no tiene un aula enclave cerca, por ejemplo, hay que trasladarlo a otro centro. Y esto requiere rigor, como dije antes.

Desde el principio de mandato estamos hablando aquí de la modificación de la normativa y me vienen a la cabeza los Versos rojos de Nicolás Guillén: "Me matan si no trabajo y, si trabajo, me matan". O sea, ahora que precisamente es cuando estamos retomando la modificación normativa se plantea o se pone en duda el trabajo que llevan haciendo desde la Consejería de Educación desde hace décadas.

Y quiero también romper aquí una lanza a favor del personal de la consejería y de todos los equipos que han pasado por la Consejería de Educación, desde la señora Milagros Luis a José Miguel Pérez, Soledad Monzón, María José Guerra Palmero, Manuela Armas o el propio Poli Suárez, porque los profesionales se dejan la piel, se pueden equivocar, como todos nosotros, pero siempre optan por la mejor opción para los niños y niñas de esta tierra.

Cuando se habla de discriminación o de segregación, puede haber algún caso, puede haber algún caso, no lo niego, que pueda existir ese tipo de fenómenos, pero no es lo general en la educación en Canarias. En la educación en Canarias se ha avanzado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas incluso, mucho más que en otras comunidades incluso, pero sí es verdad que no podemos cerrar los ojos y ver que la normativa está desfasada, que tenemos una orden del 13 de diciembre de 2010 que ya no está acorde con las necesidades que se producen quince años después; que tenemos un Decreto 25/2018 que siete años después está desfasado. Y ahora que empezamos a construir ese castillo normativo desde la base y contando con la participación de todas y todos no podemos poner eso en duda; al revés, creo que debemos arrimar el hombro y con las familias, con los profesionales, con los técnicos de la consejería poner las bases de un sistema educativo más inclusivo que nos permita construir una Canarias mejor para los próximos diez o veinte años.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martín.

Grupo Socialista Canario. Interviene el señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, presidenta. Buenos días.

Vaya por delante que todas las palabras que ha dicho el señor Fumero en este momento las hago mías, me parece correcto, pero vamos a ver si somos capaces de centrar el tiro, porque van divergiendo en otras cosas que no tienen nada que ver con el objeto de esta comparecencia, según mi criterio.

Nosotros no vamos a cuestionar que se actualice, se modifique, se incorporen todas las mejoras necesarias en un decreto que, efectivamente, por las circunstancias del propio tema, de las necesidades educativas especiales, y la necesidad de las familias de que vean, digamos, incorporadas sus demandas... se produzca ese proceso de participación y, por tanto, de reforma. No lo llamamos tramitación, pero sí es verdad que hay un borrador, después un borrador de un borrador.

Y, señorías, no cuestionemos el trabajo y el papel de las familias. Digo esto porque nos llenamos la boca muchas veces de estar al lado de las demandas y de las quejas, pero en el momento en que tengamos la oportunidad de acercarnos a ellas, y este grupo parlamentario lo ha hecho -la señora Fierro y yo mismo hace una semana, justo hace una semana, estuvimos reunidos con las familias-...; pero es que en la Comisión de Educación han estado muchas de esas familias representadas planteando las mejoras necesarias, claro que sí, llámese tramitación o no llámese tramitación, pero sí es verdad que necesitamos estar a la altura. Han establecido una serie de advertencias jurídicas, y no solo lo han hecho a esta Cámara o a este grupo parlamentario, que también me consta que al resto, lo han hecho también en un informe que se lo han hecho llegar al Consejo Escolar de Canarias y al propio Consejo Consultivo de Canarias, con una serie de advertencias, que hablan de cumplir una serie de requisitos a la hora de tramitar todo esto. Ellas plantean, estas familias... -que creo, estoy convencido de que hablan con mucha más certeza, con mucha más firmeza y desde luego desde el ámbito que más les ocupa, que son sus niños y sus niñas, y a mí me gustaría que todos nos pusiésemos empáticamente en esa situación-. Decir que no tienen razón..., porque nosotros no estamos planteando, desde luego el Grupo Parlamentario Socialista no va a cuestionar el papel ni de los orientadores -no desviemos la atención con eso- ni de los técnicos de la consejería. Es que ese no es el asunto. El asunto es si este decreto ha sido incluido, por ejemplo, en el plan normativo anual del Gobierno, si se ha elaborado la memoria de análisis de impacto normativo, si se ha abierto a la consulta pública, si se ha tramitado de forma formal o informal el borrador, eso lo quieren saber. Quieren saber la trazabilidad, por ejemplo, de cada una de esas reuniones que usted ha dicho. No hay trazabilidad, señor consejero, no hay un informe que acredite qué se ha establecido, qué se ha hablado en las reuniones y qué acuerdos pertinentes se han llevado.

Queda mucho trabajo por hacer, las familias lo merecen, y yo, este grupo parlamentario, va a tratar este asunto con mucho cariño, como siempre lo ha hecho, pero usted tiene una responsabilidad manifiesta y desde luego caben muchas mejoras.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Hernández.

Iniciamos el tiempo de réplica. Señora Hernández Jorge, su turno.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, presidenta.

Una pena que en el poco tiempo que tenemos algunos miembros del Gobierno lo hayan aprovechado no para ir al fondo del asunto, no para hablar de lo que hemos querido venir a plantear hoy, con un tono además constructivo.

Mire, consejero, que yo tenga constatado, a través de la plataforma hay unas siete u ocho familias... (Comentarios desde los escaños). La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, los que están emprendiendo, usted debería saber quién está emprendiendo la batalla legal y política a favor de una educación inclusiva, y es la plataforma... Sí, porque la política es transformar la realidad. No confundamos lo político con lo partidario, que hay un problema aquí conceptual siempre sobrevolando esta Cámara. Política hacemos todos, hasta el señor de la panadería. Decía que la batalla legal de la plataforma canaria a favor de una escuela inclusiva les está obligando a contratar abogados, abogados, algunas me decían en estos días que se están endeudando para pagar la defensa de sus hijos. Por cierto, el abogado que están contratando es el mismo abogado que acaba de ganar una sentencia histórica en España, histórica en España, que viene a decir que cualquier medida de sacar a un niño del aula ordinaria sin haber agotado los ajustes razonables y los recursos especializados es ilegal, es anticonstitucional por segregadora, que incumple el artículo 27 de la Constitución española y que incumple la Convención de las Personas con Discapacidad. Tribunal Supremo, la semana pasada. El abogado que lleva este asunto, el señor Juan Rodríguez, es el mismo abogado que se lo lleva a las familias canarias, el mismo abogado. Por tanto, consejero, lo que están diciendo las familias, y nosotros hoy aquí nos hacemos eco, es que la consejería, al tramitar vía decreto una norma... O al pretender tramitar, ¿o también va a negar que usted pretende cambiar el decreto de atención a la diversidad? ¡Hombre!, parece razonable que si usted está trabajando para tramitar un cambio de decreto de atención a la diversidad y de orientación educativa, que el borrador usted lo ha filtrado por ahí y anda pululando, yo todavía no lo tengo sino por vía extraoficial, parece razonable que, cuando las familias se lo han leído y han visto que incumple la convención y que incumple la Constitución, le estén diciendo: "oiga, oiga, no siga; primero, no siga por ahí porque usted no puede legislar vía decreto algo que afecta a un derecho constitucional". Mire, ni usted ni yo somos jurídicos, ¿verdad que no?, yo soy profesora de Biología y usted es consejero. Entonces no somos especialistas, pero es que las familias tienen dos especialistas. Laura Abadía es una de las expertas jurídicas en España en NEAE y el señor Juan Rodríguez en el ámbito contencioso, también. Que, por cierto, ha ganado ya muchas sentencias, porque le gusta al Gobierno hablar de quién gana sentencias. Pues, mire, este señor gana y acaba de ganar una en el Tribunal Supremo, y va a ganar la que le van a meter a usted. Bueno, ya se la han metido, porque ya la consejería está derivando a niños de 3 años, de 3 años, los está derivando a aulas enclave. ¿Qué ajustes razonables y qué apoyos especializados se le han podido dar a un niño que se acaba de escolarizar? Los están condenando a una educación segregadora sin darles la oportunidad de desarrollarse. Y eso es lo que le dice la convención y eso es lo que dice el Tribunal Supremo.

¿Y qué le está diciendo Nueva Canarias, consejero? Escuche a los asesores de las familias. Usted no vino a la reunión, no los ha recibido. No vino tampoco la portavoz del Partido Popular cuando vino Laura Abadía, que se trasladó desde Madrid como experta, vino una portavoz del PP al final y no pudo escuchar los argumentos jurídicos. Pero los tienen en el dosier que yo les di. Lean la sentencia y que sus expertos jurídicos de la consejería empiecen a ver la jurisprudencia, porque la jurisprudencia dice que si ustedes siguen por el camino de regular la atención a la diversidad vía decreto van a tener un problema, se lo van a recurrir y se lo van a tumbar porque lo tiene que regular vía ley. Eso es en cuanto al procedimiento.

Y ahora vamos a hablar en cuanto al fondo del asunto, es decir, de cómo debe ir esa legislación para cumplir la convención y cómo debe ser tratada esa nueva legislación, que apoyamos que se haga, para cumplir la Constitución española.

Miren, la Constitución española, en el artículo 27, habla del derecho a la educación. Solo hay un derecho a la educación, no existe el derecho a la educación ordinaria y el derecho a la educación especial, no existe. Eso es una invención de España. Y la convención y el comité ya le han dicho que España lo está haciendo mal. Mire, no es un problema de Canarias, para que se quede tranquilo, ya, mire, ya le puede echar la culpa a Zapatero, ya está, comodín Zapatero, bueno, es un problema de toda España; lo que nosotros decimos: ya que Canarias va a legislar, hágalo bien, sea pionero, dele ejemplo a toda España y dígale a toda España, "mire, no se puede derivar a un niño de 3 ni de 5 ni de 10 años a un aula especial, a un aula enclave sin haber realizado los ajustes razonables y los apoyos necesarios". ¿Qué significa? Esto de ajustes razonables y apoyos necesarios no es una terminología que yo me invente, viene en la norma, viene en la convención, ¿que recuerdan que es un tratado internacional de obligado cumplimiento y que debe estar insertado en el marco normativo español, que no es un acuerdo de cuatro amigos? Bien. ¿Qué significan los ajustes razonables? Significa que lo que no le podemos pedir al Estado es que en un aula con un niño con una discapacidad grave tenga dos enfermeras y dos apoyos. Eso sería un ajuste poco razonable. En ese caso, evidentemente, ese niño o niña debe ir a un aula especial. Un ajuste razonable es un apoyo, un psicopedagogo, un auxiliar, eso es un ajuste razonable. ¿Y de qué hablamos también con los apoyos especializados? Pues que tenga una adaptación curricular, que haya psicopedagogos, es decir, que haya más recursos.

¿Dónde está el problemita para este Gobierno de las dos derechas?, ¿dónde va a estar el problemita? Que esto significa dinero, que esto significa cumplir la Ley Canaria de Educación y poner el 5 %, porque necesitamos más apoyos en las aulas para que, efectivamente, no segreguemos a estos niños y niñas.

Mire, consejero, sinceramente, si le conozco un poco, creo que debiera, con asesores, más allá de expertos en NEAE, prestarle atención a este asunto, porque lo van a ganar en los juzgados, y sería terrible para un Gobierno que sus administrados, el pueblo, los padres y las madres, tuvieran que gastarse su dinero, algunos han tenido que suspender sus vacaciones para pagar al abogado porque la consejería les ha hecho oídos sordos. David contra Goliat, no es justo, no es razonable.

Y, por favor, en este tema, que es tan importante que yo le pido al Gobierno un poco de humildad. Escuchar, escuchar, escuchar significa leerse los papeles, para empezar. Si no se leen los documentos, no sirve. ¿Usted ha escuchado a Laura...? (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Señor consejero de Educación, finaliza usted la comparecencia.

El señor CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES (Suárez Nuez) (desde su escaño): Gracias, presidenta. Gracias a todos los que han intervenido.

En primer lugar, vamos a ver, aquí nadie, y mucho menos la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, ha cuestionado las opiniones y las acciones de las familias, nadie, y yo el primero que no las he cuestionado. Es más, cuando se concentraron aplaudí y dije: me parecen correctas esas reivindicaciones porque, además, sirven para visibilizar la realidad de este alumnado. Y a mí me criticaron por aplaudirlo, a mí me criticaron por aplaudirlo. Pero da igual, si aquí no estoy buscando ni el aplauso ni la crítica. Lo que estoy diciendo, señora Hernández y al resto de los intervinientes, es que usted ha tenido una comparecencia alegando que hay una tramitación irregular, que no existe tramitación, que ni el Consejo Consultivo está estudiando nada porque no hay tramitación.

Y usted me acusa a mí de no escuchar a las familias. ¿Usted sabe con cuántas me he reunido yo? Claro que me he reunido. Decía usted que no las he escuchado, claro que las he escuchado. Que no puedo estar en todas las reuniones, hombre, para eso también están los equipos. ¿O usted cuando era alcaldesa iba a todas las reuniones y no delegaba ninguna, ninguna delegaba en los concejales? Venga, señora Hernández, que ya somos mayorcitos, ya somos mayorcitos.

Yo entiendo que usted quiera sacar rédito político, yo lo entiendo, pero, mire, yo le voy a decir algo más: esa sentencia, esa sentencia, que es del Supremo, la tendré que asumir, claro que sí, pero quién ha dicho que no. La diferencia es que usted a veces critica también algunas sentencias del Supremo. Yo no estoy cuestionando esa sentencia, yo lo que estoy diciendo, ¿vale?, que aquí lo que ha habido es valentía. Usted formaba parte del Gobierno en la legislatura pasada... (Comentarios). Sí, su grupo, sí, claro, pero apoyaba al Gobierno. Dígame qué hicieron para mejorar la atención a estos chicos y chicas, qué hicieron? Díganlo, sin ningún problema. No hicieron. Yo podría haberme quedado tranquilo cuando llego a la consejería y decir: "esto no se toca porque, como esto no ha generado ningún ruido, no lo voy a tocar". Pues no, pues sí lo he tocado, ¿sabe por qué?, porque creo que es necesario mejorar la atención, escuchando a las familias, escuchando también a los profesionales. ¡Quién la ha visto y quién la ve, señora Hernández!

Pero, yendo además a lo importante, como decía usted, mire, vamos a ver, nosotros, esta consejería, con este borrador -sí, borrador-, lo que queremos es avanzar hacia un modelo basado en el diseño universal para el aprendizaje, ¿vale?, en el que el alumnado no deba enfrentarse a barreras del sistema. ¿Está en contra de eso? No, ¿verdad? Bien. Propondremos además actuaciones con carácter preventivo y de atención que compensen las desigualdades, con medidas de apoyo que garanticen la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. En este contexto, ya decía, mire, vamos a reforzar la participación de las familias en el proceso y contexto educativos, democratizando el proceso de admisión y garantizando la libre elección de centro en las modalidades de escolarización extraordinaria, algo que la norma actual no permite y que es una de las grandes reivindicaciones de las familias. ¿Está de acuerdo? (La señora Hernández Jorge asiente con la cabeza desde su escaño).

Además, hemos recibido, fíjense, en todas estas reuniones, aportaciones de dos asociaciones de familias de todas las consultadas, con comentarios que en su mayoría van en que aclaremos la redacción, etcétera, etcétera. Nos han pedido, por ejemplo, que las medidas de atención a la diversidad sean revisables y reversibles, que el currículo de aula enclave, sobre todo el de tránsito a la vida adulta, en Secundaria, sea renovado y se acerque a un currículo más parecido al currículo ordinario, para que el alumnado, en el supuesto de que pueda retornar al aula ordinaria, no encuentre esa brecha o lagunas de conocimiento que se encuentran a día de hoy. ¿Está de acuerdo? (La señora Hernández Jorge vuelve a asentir desde su escaño). Además, los informes psicopedagógicos se revisarán periódicamente para que un niño o una niña que haya sido escolarizado inicialmente en aula enclave, si ha progresado y los profesionales lo consideran, pueda volver al aula ordinaria. Porque no queremos la escolarización en aula enclave, no queremos que sea definitiva. Incluso los nuevos currículos que se diseñen para esta modalidad de escolarización tendrán como objetivo la búsqueda del retorno al aula ordinaria. Apostamos por intentar formar a nuestro alumnado para que retorne, siempre que sea posible, al aula ordinaria, claro que sí.

Otra reivindicación en esta ronda de diálogo se refiere a la dotación de personal. Hay más personal. Hay más niños y niñas, cierto es, a los que estamos atendiendo, pero hay más personal y hay más financiación. De 13 millones que nos encontramos al llegar a la consejería en el 2023 a 21 millones. ¿Insuficiente?. probablemente, claro que sí, pero es que hay más financiación.

Continúo.

Nosotros, de verdad, lo que queremos es atender esas reivindicaciones de las familias y hacer... ¿Una ley, dice usted? Pues si hay que hacer una ley se hace una ley. Es que no estamos cerrados a nada. Lo que pasa es que aquí algunas personas quieren imponer, y no se trata de imponer, se trata de ir de la mano, escuchar, dialogar, como usted decía, que es lo que hemos hecho. Sí, atender esa sentencia del Supremo, pero ¿quién ha dicho, a usted o a las familias, que nosotros no vamos a atender esa sentencia del Supremo? Pero las sentencias del Supremo tenemos que aceptarlas todas, cuando nos gustan más o nos gustan menos, y usted sabe a lo que me refiero.

Pero, de verdad, y se lo digo a toda la Cámara y a todos los que nos están viendo, a las familias principalmente, pero también a los profesionales, porque se dejan la piel para ayudar a estos chicos y chicas... Esto no es un capricho de este que les habla porque sí. Soy familia NEAE, seguiré siendo familia NEAE toda mi vida y voy a estar al lado de esos niños y niñas, pero con trabajo, con responsabilidad. Con trabajo y responsabilidad: para eso me han puesto aquí, el resto sobra.

Gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.