Diario de Sesiones 84, de fecha 25/6/2025
Punto 2
11L/C/P-0756 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO PENINSULAR DE PERSONAS MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADAS QUE LLEGAN A CANARIAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CCA)
La señora PRESIDENTA: Siguiente comparecencia: del Gobierno, sobre la redistribución en el territorio peninsular de personas menores migrantes no acompañadas que llegan a Canarias. Es a petición del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, interviene la señora González Alonso.
La señora GONZÁLEZ ALONSO: Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías, muy buenos días, consejera.
A menudo olvidamos que las personas migrantes que llegan por vía marítima han pasado días en condiciones extremas, enfrentando miedos, enfrentando traumas y pérdidas, muchas veces en una patera en pleno océano Atlántico sin saber nadar. Y, si a esto le sumamos que en muchos casos son personas menores migrantes, el trauma es mayor. Yo no me lo puedo imaginar, pero creo que te tiene que condicionar toda la vida.
El pasado 20 de junio fue el Día Mundial del Refugiado y vemos cómo por los días de conmemoración todos y todas nos unimos en una causa común, empatizamos con el problema y queremos promover buscar soluciones justas.El Grupo Nacionalista Canario quiere mantener esa empatía generada por esta fecha conmemorativa y sobre todo preguntar y que transcurra la información, consejera, sobre las acciones que se están llevando a cabo en materia migratoria en Canarias.
En esta tierra a día de hoy tenemos 5600 personas menores migrantes no acompañadas que llegan por vía marítima a nuestra tierra. ¿Y estamos como hace un año? No, no estamos como hace un año y, aunque no estamos como nos gustaría, tenemos que ver los avances recorridos. Hoy disponemos de una reforma legislativa que, tras una brega importante, tras una unidad política en Canarias, o de casi todos en Canarias, ante esta problemática, impulsada por el Gobierno de Canarias, se consiguió una victoria importante, se modificó la ley orgánica de derechos de las personas extranjeras, en la que se prevé un sistema de acogida en aquellas situaciones de urgencia en crisis migratorias, evitar el efecto de retención y poder velar por el derecho de las personas menores migrantes que llegan a Canarias.
Después de su aprobación se anunciaba por parte del ministro Ángel Víctor Torres que en verano dispondríamos de un protocolo de redistribución para garantizar los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes migrantes que llegan a nuestra tierra. Tras esa reforma, dos resoluciones importantes del Tribunal Supremo, la primera de ellas en abril, en la que se declaraba la competencia del Gobierno del Estado español con las personas menores migrantes solicitantes de protección internacional y en la que se le otorgaba un plazo improrrogable para garantizar los derechos de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes que llegan a nuestra tierra. Tras ese periodo de plazo improrrogable, sin respuesta del Gobierno estatal, el segundo auto del Tribunal Supremo, en el que se acuerda otro plazo improrrogable, esta vez de quince días, para que se articule esa colaboración activa entre administraciones para poder garantizar, mediante la disposición de medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios, garantizar el acceso de estas personas menores migrantes a un sistema de acogida conforme a la protección internacional, incluso llegan a anunciar medidas coercitivas en caso de incumplimiento.
Y, consejera, le preguntamos, porque, claro, esto nos da cierta esperanza, no en la voluntad política, porque vemos que no la hay, sino en los equilibrios y la justicia del sistema democrático, del Estado de derecho, y después de las resoluciones del Tribunal Supremo, después de noventa días desde el primer auto, donde se fijaban esos plazos improrrogables para atender de forma digna -reiteramos- a las personas menores migrantes solicitantes de asilo, queremos saber qué medidas se han puesto en marcha, qué colaboración activa hay para darles atención a estos niños, niñas y adolescentes migrantes. Y una cosa importante: ¿qué pasa con esa reforma legislativa?, ¿qué pasa con esos niños y niñas y adolescentes que llegan a nuestra tierra por vía marítima no acompañados y que siguen esperando por ese protocolo de redistribución en el territorio peninsular para hacer valer sus derechos? Ante los anuncios del Gobierno del Estado, le preguntamos qué acciones concretas se están llevando a cabo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Tiene la palabra ahora la señora Delgado, consejera de Bienestar Social.
La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Buenos días, señora presidenta, buenos días, señora diputada, buenos días, señorías.
Estamos nuevamente hoy aquí para comparecer e informar sobre la situación de la acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias y su redistribución entre todas las comunidades autónomas y el Estado. Abordamos un tema que no es nuevo en esta Cámara, pero que adquiere cada semana una dimensión más urgente: la situación crítica que vive Canarias por la llegada de menores migrantes no acompañados y la necesidad de una respuesta estatal coordinada, eficaz y solidaria. Y comparezco no solo como consejera de Bienestar Social, sino como parte de un Gobierno que ha asumido su responsabilidad, que ha cuidado, que ha acogido y que ha protegido a esos niños, pero que insiste, con más contundencia si cabe, en que ya no puede más.
Como sabe también la Junta de Portavoces, mañana jueves, a las doce y media de la mañana, el presidente Fernando Clavijo ha convocado nuevamente al Pacto Canario por la Migración, en esa Junta de Portavoces, para darle cumplida cuenta de lo acontecido en esta semana.
Canarias tutela actualmente a casi cinco mil seiscientos menores migrantes no acompañados. Cada uno, como usted bien decía, con un nombre, con una historia y con unas heridas que aún no han cerrado, y sobre todo con derecho a una atención digna. Contamos con 82 dispositivos autonómicos activos. Los profesionales están exhaustos, las entidades sociales saturadas y los recursos sobrepasados. Hablamos de miles de niños y adolescentes bajo nuestra tutela, con el deber legal y moral de atenderlos dignamente.
Quiero enfatizar que no quedan en Canarias más edificaciones a las que acudir ni profesionales a los que contratar para poder atender a estos niños y niñas en condiciones de dignidad. Hemos habilitado decenas de centros de emergencia. En este momento todos los recursos disponibles se hallan al límite y sobrepasados.
Hace justo un año, en junio de 2024, anunciamos que habíamos llegado a ese punto de colapso del sistema de acogida de emergencia, lo que nos obligó a activar medidas desesperadas. Esta saturación tiene impactos graves en la atención que podemos brindar. Por mucho esfuerzo que realicen nuestros profesionales, atender a miles de menores por encima de la capacidad prevista conlleva riesgos para su bienestar físico, psicológico y educativo. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para garantizar esa atención digna, pero debemos advertir que llevamos tiempo alertando de que estamos en el límite y que necesitamos esa solidaridad interterritorial.
Cuando nos referimos a este asunto, no podemos olvidar que no hablamos de una situación coyuntural, hablamos de una crisis humanitaria estructural que nos afecta desde hace años, porque África padece grandes crisis de guerra y hambruna, a solventar de un día para otro, y nosotros somos frontera sur de Europa y de España. En lo que va de año han llegado ya casi quince mil personas migrantes por vía marítima a Canarias. Una de cada tres de esas personas migrantes es menor de edad, la mayoría sin acompañamiento familiar, procedentes en su mayoría de Senegal, Mali o Gambia. En lugar de encontrar una acogida compartida, encuentran un sistema que los convierte en responsabilidad exclusiva de una sola comunidad.
No es la primera vez que lo decimos, ya lo hemos repetido hasta la saciedad en esta Cámara cuando se aprobó el Pacto Canario por la Migración y desde entonces casi a diario, lo hemos reiterado en las sucesivas conferencias sectoriales, lo hemos reafirmado ahora: la infancia no puede depender del código postal donde se desembarca. Y, sí, hemos escuchado compromisos, declaraciones de solidaridad, anuncios de nuevas leyes, pero la realidad es tozuda: no existe aún un sistema automático de distribución de estos niños y estas niñas. No todas las comunidades autónomas quieren participar, algunas incluso han recurrido la ley. Mientras tanto, Canarias sigue sola.
Ante esta inacción, el Gobierno de Canarias se ha visto obligado a recurrir a los tribunales y ha tenido que ser la justicia quien reconozca el fondo del asunto. El Tribunal Supremo, mediante dos autos históricos, el primero el 25 de marzo y el segundo el pasado 5 de junio, ha ordenado al Gobierno de España que traslade de forma inmediata a los menores que han solicitado protección internacional al sistema nacional de acogida. El Supremo no solo ampara la legalidad, impone plazos, fija consecuencias y reconoce lo evidente: que los menores migrantes que solicitan asilo no pueden ser atendidos por una sola comunidad autónoma como si nada tuviera que ver el Estado.
Más de mil cien menores en Canarias esperan hoy ese traslado y este Gobierno ansía que las resoluciones judiciales se cumplan. Canarias no pide caridad, exige responsabilidad. Canarias está cumpliendo, pero ya no puede hacerlo sola.
Hay otros gobiernos que prometen pero no concretan medidas de apoyo a Canarias. Seguimos abriendo centros sin recursos, improvisando respuestas y manteniendo a cientos de menores. Los autos del Tribunal Supremo han sido claros y contundentes. Esto ya no es una cuestión política, es una obligación legal y, si el Estado no cumple, estaremos ante un incumplimiento constitucional grave. Nos encontramos ante una victoria jurídica importante y un alivio parcial para las islas.
¿Por qué menciono todo esto?, porque pone de relieve que la justicia sí está acompañando en el diagnóstico a Canarias. Canarias no puede sola, ni debe, afrontar la tutela de miles de menores que llegan en un corto espacio de tiempo. Hay un interés superior del menor que es más importante que cualquier frontera administrativa. Tanto el Constitucional como el Supremo han confirmado que la corresponsabilidad no es un capricho político, sino un imperativo legal y ético.
Exigiremos en la reunión que hoy, por fin, después de varios días de dilación, vamos a mantener con el Estado la incorporación cuanto antes de los menores migrantes con solicitud de asilo al sistema de protección internacional, agilizando los trámites con la documentación imprescindible para evitar demoras. Pedimos también que en la reunión con el Estado y en la conferencia sectorial del próximo viernes de esta misma semana se resuelvan todas las demandas realizadas por esta comunidad autónoma.
Insistimos, esto no es un problema de Canarias, es una cuestión de Estado, una cuestión que afecta al modelo territorial, a la vigencia del derecho internacional y al alma de nuestro sistema de protección social. Hoy estamos aquí no para repartir responsabilidades, sino para exigirlas, porque Canarias seguirá cumpliendo, como lo ha hecho hasta ahora, con los requerimientos de documentación y de información que se le han solicitado por parte del Estado, porque cuando un niño llega solo en una patera no es solo responsabilidad de estas islas, es responsabilidad de un país entero. (Palmoteos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Señor Acosta Armas, su tiempo.
El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías.
Gracias, señora González, por esta comparecencia.
Señora consejera, a aquellos diputados a los que nos gusta preparar con cierta antelación las comparecencias parlamentarias estamos siempre al albur de la realidad y mucho más en el caso que nos ocupa de la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestra tierra por el resto del territorio español o por el resto de administraciones. Llevamos años moviéndonos entre el truco o trato, removiendo obstáculos y moviendo papeles para que al final se lo lleve todo el viento, dando un paso hacia adelante y, en muchos casos, dos hacia atrás. Ayer lunes mismo amanecimos casi con la noticia de un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para la acogida de mil menores migrantes que han solicitado asilo, pero también supimos luego que el acuerdo aún no está firmado y hoy martes incluso se espera seguir negociando los últimos flecos del mismo. Espero que prime la sensatez, que tenía que haber primado hace mucho, sobre todo el respeto entre las instituciones y las decisiones judiciales y que antes del viernes podamos tener un acuerdo listo para ser ejecutado a la mayor brevedad.
Aunque en puridad, y con independencia de este extremo, tengo que expresar la indignación, la indignación propia, la mía, la de mi partido y casi que la de toda la isla de El Hierro, por las dilaciones y las incomprensiones que ha habido por parte del Estado y del resto de comunidades autónomas, de alcanzar acuerdos políticos basados en la buena voluntad, más allá de las amenazas de un caso judicial. Me parece lamentable cómo ahora vemos a otros territorios a los que empieza a llegar alguna patera y dicen, "no, no, auxílienme". ¡Ah!, ¿ahora sí, ahora sí te preocupa, ahora sí quieres que el Estado te mire y te eche una mano? ¿Qué harían ellos si tuvieran 5000 menores de los que hacerse cargo prácticamente en un tiempo de un año y medio?
Lo hemos dicho muchas veces y hoy se ha repetido: Canarias sola no puede atender a todas las niñas y niños que tiene tutelados, unos cinco mil seiscientos aproximadamente, ni por disponibilidad de plazas ni por cuestiones económicas, pero sobre todo por la imposibilidad manifiesta de darles un proyecto de vida a esos niños que arriban a nuestra tierra.
Espero, señora consejera, que este acuerdo, si finalmente se concreta, pueda ser el inicio de un cambio de postura del Estado, entendiendo este como la suma del Gobierno central, autonómicos, locales y el resto de instituciones, porque todos van a ser necesarios en buscar una solución que nos permita mirar de frente a esos niños, a esos jóvenes, sin tener que desviar la mirada por la vergüenza de lo que estamos haciendo hoy y de lo que estamos permitiendo.
También agradecer a todo su personal, a todos los funcionarios, que sin duda se han desvivido por prestar auxilio en una red prácticamente de acogida improvisada de la noche a la mañana, multiplicando por más de seis, llegando a ochenta y pico centros abiertos, para que hoy, de la mejor manera posible, podamos darles una atención, no la que quisiéramos, pero sí la que al menos nosotros nos hemos esforzado en darles, y eso sí es un ejemplo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.
Agrupación Socialista Gomera. Interviene el señor Ramos.
El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías, muy buenos días, señora consejera.
¿Cuánto tiempo llevamos ya con esto? La verdad es que se eterniza esta situación lamentable, porque no se entiende cómo llegamos a esa dejación por parte del Estado, por parte de Europa hacia las políticas migratorias en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, y la verdad es que cada vez es más insostenible la situación, usted lo ha comentado ya cuantas veces ha venido a este Parlamento, y es una situación que se eterniza más de lo deseado, sobre la distribución en el territorio peninsular de esos menores no acompañados que llegan a nuestra tierra.
Estamos hablando de que nuestro sistema de acogida acoge hoy en día alrededor de cinco mil seiscientos niños y niñas y la solidaridad ha brillado por su ausencia en el resto de comunidades autónomas del territorio español. Y es verdad que a través de ese real decreto ley nos las prometíamos muy felices porque obligaba a repartir estos menores entre todas las comunidades cuando se supere el umbral de acogida, que vaya si lo hemos superado ya en Canarias, pero a día de hoy, nada. De hecho, estamos pendientes de que hoy se llegue a un acuerdo en esa reunión entre Canarias y el Estado -esperemos que a última hora no haya que posponerla- y tengamos ya un acuerdo definitivo en el que podamos saber que esos menores se van a repartir por el resto del territorio peninsular, esos alrededor de mil menores solicitantes de asilo.
Y, como decía usted, señora consejera, es importante que tengamos en cuenta el interés superior del menor, pero es que Canarias, con las condiciones que tiene, es imposible asegurar eso. Al igual que es imposible asegurar los derechos humanos, porque es que nos desborda, sin medios, sin esa aportación no solo de medios materiales, sino también medios económicos, obviamente, todavía seguimos pendientes de esas transferencias.
Y yo sí quiero también felicitar el trabajo que realiza su consejería, todos los profesionales que día a día, fuerzas de seguridad, todos, cada vez que hay una llegada de una patera a nuestras costas, reconocer ese trabajo. Por supuesto, el del tercer sector, que sin ellos sería imposible poder abordar todo este trabajo. También los medios o las iniciativas que ha llevado a cabo este Gobierno de Canarias para intentar integrar a estos menores, como, por ejemplo, el proyecto Tierra Firme, en el que más de trescientos jóvenes de Senegal y Mauritania han accedido a la Formación Profesional en el último año y hoy forman parte de algunas de las empresas de nuestra tierra.
Por lo tanto, señora consejera, darle ánimos, que sé que los necesita, pero también felicitarla por el gran trabajo que está realizando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.
Señor Galván, Grupo Parlamentario VOX, su tiempo.
El señor GALVÁN SASIA: Buenos días.
La hipocresía de algunos no tiene límites, parece que acaban de descubrir que en España tenemos una ley de extranjería por la modificación de este artículo. Pues recordarles que en España tenemos una ley de extranjería y por supuesto que hay que cumplirla, esa ley y los acuerdos firmados con Marruecos, Mali, Senegal y Mauritania, que hablan directamente de la repatriación de la inmigración ilegal, mayores y menores de edad. Y por supuesto que hay que diferenciar entre refugiados e inmigrantes ilegales.
La solución que se propone es repartir cuando se alcance el 150 % de los recursos a otras comunidades autónomas hasta que ellas alcancen el 150 %. La pregunta es qué pasará cuando todos los recursos estén al 150 %, ¡porque va a pasar, señorías!
El artículo 35.2 faculta a las comunidades autónomas a llegar a acuerdos con los países de origen de los inmigrantes ilegales para que sean tutelados en esos países con sus familias y con sus padres. ¿Cuántas reuniones ha mantenido este Gobierno de Canarias en este sentido? ¿Se ha hablado, por cierto, con los padres de estos niños a ver qué opinan o si quieren que vengan de vuelta? ¿Se ha pensado en el sufrimiento de esos padres? ¿Recuerdan lo que pasó en Ceuta, en mayo del año 2021? Se lo recuerdo: unos mil niños menores entraron, engañados, en Ceuta porque les dijeron que estaban Messi y Cristiano Ronaldo y, cuando las familias de esos marroquíes los reclamaron, la contestación de la ministra Isabel Celaá -¿recuerdan, aquella de que los niños no son de los padres?, no me extraña-, dijo que se estudiará con rigor caso a caso, prevaleciendo el interés superior del menor. Ustedes y sus leyes se convirtieron en auténticos secuestradores de niños.
Los niños con quienes tienen que estar es con sus padres. ¿Pero qué pasa, qué hacen con esos niños una vez que llegan a la mayoría de edad? Primero, los tienen sin ningún tipo de control en los barrios. Cuando llegan a la mayoría de edad, hacen lo siguiente: una patada y fuera del centro. ¿Y qué pasa? -como me dijo a mí personalmente un menor-: si eres un buen chico, duermes al raso y pasas frío; si cometes un delito, te meten en el sistema y entras en un piso tutelado. ¿Qué estamos haciendo, señorías?, ¿qué estamos haciendo?
Los niños con sus padres y a sus países de origen; lo contrario, ya saben, incrementar el efecto llamada, la delincuencia, el enriquecimiento de las mafias y las muertes en el Atlántico. Más pronto que tarde la realidad se impondrá, señorías, y entonces nos veremos otra vez.
En este Parlamento damos la bienvenida a algunos diputados que ya hablan abiertamente de inmigración ilegal. Es un placer escucharles.
Señorías, lo hemos dicho muchas veces, el mensaje tiene que ser claro: a España se entra por la puerta, cumpliendo las normas, adaptándose a nuestras costumbres y a trabajar. Los niños tienen que estar con sus padres y los inmigrantes ilegales tienen que ser repatriados a sus países de origen.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Galván.
Nueva Canarias-Bloque Canarista. Lo hace el señor Campos Jiménez.
El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Tenemos mañana prevista una reunión con el presidente del Gobierno, con la consejera y los portavoces de los grupos parlamentarios. Me gustaría conocer mañana realmente que se ha producido la reunión, que se ha ido suspendiendo en los últimos días, con representantes del Gobierno de España para cumplir los autos, dos autos, del Tribunal Supremo, donde desgraciadamente se ha tenido que recurrir al Tribunal Supremo para que el Gobierno de España asuma lo que era evidente, y es que todas aquellas personas, y más menores, que son solicitantes de protección internacional, eso es una competencia del Estado. Por tanto, vuelvo y reitero, confío en que a lo largo del día de hoy esa reunión se produzca y al menos en esta materia seamos capaces de solucionar un aspecto por principio, por cumplimiento de la legalidad internacional, por cumplimiento fundamentalmente también de los derechos de los menores y por respeto a nuestra tierra.
Mire, la irresponsabilidad del Gobierno de España por no trasladar los recursos económicos comprometidos y necesarios a las comunidades, en este caso a Canarias, por no ser capaz de agilizar esos diez días improrrogables, luego quince días improrrogables, del Tribunal Supremo, pero sobre todo irresponsabilidad por permitir que fuera el Tribunal Supremo quien le recordara lo que son sus competencias. Por supuesto, el desprecio absoluto del Partido Popular a los menores, a Canarias, usando toda su maquinaria para entorpecer la labor del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España. En esto sí creo que hay que reconocer que el Gobierno de España ha actuado de la mano del Gobierno de Canarias todo el tiempo para buscar una salida a esa modificación, donde se ha encontrado de frente, día tras día, tras día, en cada una de las fases, al Partido Popular, en una manifestación... Y probablemente será lo único que me escucharán decir en que estoy de acuerdo con VOX, y es que ya cada vez más el discurso del Partido Popular empieza a parecerse más al de VOX, cada vez es un discurso mucho más racista, xenófobo y claramente dirigido a intentar contrapesar el auge de VOX en algunas encuestas. Y es lamentable porque lo hacen a costa de territorios como Canarias y sobre todo lo hacen a costa de las personas migrantes y, de manera muy especial, de los más vulnerables entre los migrantes, que son los niños y niñas. Y, por supuesto, el desprecio también de la Unión Europea a territorios como Canarias, porque le viene bien que seamos territorio de contención.
Por tanto, al final, nosotros vamos a estar siempre al lado de Canarias, de sus instituciones y fundamentalmente de los derechos humanos, y por supuesto de los menores. Ahí es donde nos van a encontrar y ahí nos encontrarán todas las instituciones canarias, y señalaremos a quien no cumpla con cada una de estas cuestiones.
Y termino.
Como siempre me toca intervenir detrás de VOX, yo intento no entrar en su discurso, pero a veces es inevitable. Simplemente para decir una cuestión. Cuando escuchamos toda esa retórica de preocupación de los niños con los padres, es mentira, es puro acto de racismo y xenofobia. No les importan sus padres, estén... (Corte automático del sonido).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.
Grupo Parlamentario Popular. Interviene la señora Saavedra Hierro.
La señora SAAVEDRA HIERRO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días a todos.
No es la primera vez que abordamos esta cuestión en esta Cámara y, lamentablemente, seguimos denunciando lo mismo: la ausencia de una política migratoria seria, coherente y solidaria por parte del Gobierno de España. Canarias lleva años soportando en solitario la presión migratoria, convertida en la frontera sur de Europa, y lo hace además con una dignidad que no siempre encuentra eco en Madrid.
Hoy hablamos de personas menores migrantes no acompañadas, hablamos de más de cinco mil seiscientos niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Gobierno de Canarias, hablamos de centros saturados, de falta de profesionales, de recursos al límite y, sin embargo, el Estado sigue sin asumir plenamente su responsabilidad. Solo tras el requerimiento del Tribunal Supremo y ante el riesgo de sanciones el Gobierno de España ha alcanzado finalmente un acuerdo con Canarias para permitir la derivación de cerca de un millar de estas personas menores al sistema estatal de acogida, un acuerdo que llega tarde y forzado por la justicia, no por voluntad política, y esa es la verdadera denuncia.
El propio vicepresidente del Gobierno, el señor Domínguez, lo ha expresado con claridad en esta Cámara en múltiples ocasiones: el Gobierno de España se ha negado sistemáticamente a atender a estos menores, vulnerando las resoluciones judiciales y dejando a Canarias sola ante una emergencia humanitaria.
El año pasado la comunidad autónoma invirtió 192 millones de euros en su atención, la comunidad autónoma sola, mientras que el Estado solo aportó 52 de los 100 que había prometido. Y ahora, cuando la justicia obliga, llega a un principio de acuerdo verbal y todavía sin garantías firmes a día de hoy para su integración en el sistema nacional de asilo, un acuerdo que deberá concretarse en las próximas horas, según ha adelantado el Gobierno de Canarias, y que incluye compromisos como el alta inmediata en el sistema de acogida, respuesta en un plazo máximo de cinco días y la garantía del interés superior del menor, medidas necesarias pero aún insuficientes ante la gravedad de la situación.
El Tribunal Supremo lo ha dicho con claridad: el Estado está obligado a actuar y a garantizar los derechos de estas personas menores. ¿Pero dónde está el Gobierno de Sánchez durante todos estos meses? Bueno, quizás demasiado ocupado apagando los fuegos de los supuestos casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo en vez de asumir su responsabilidad con esta comunidad autónoma. Porque si hoy existe un atisbo de solución no es gracias al impulso del Estado, sino a la presión judicial, al trabajo del Gobierno de Canarias y a la resistencia institucional de una tierra como la nuestra, que ha seguido cumpliendo con humanidad aunque sola.
Canarias no pide privilegios, pide justicia, pide corresponsabilidad, pide que no se la abandone, porque esto no va de ideología, va de humanidad, de cohesión territorial y de respeto institucional.
Canarias ha hecho lo que debía. Ahora, por fin, y aunque tarde, empieza a moverse el Gobierno de España. Pero que no se equivoquen, seguiremos vigilantes, porque los niños, niñas y adolescentes, en definitiva estas personas, no pueden esperar más.
Gracias.
(Palmoteos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Saavedra.
Grupo Socialista Canario. Interviene la señora Máñez.
La señora MÁÑEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías.
Desde luego, comparto el mensaje de la señora González de empatía y sobre todo porque estamos hablando de la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas, menores extranjeros no acompañados.
Pero, mire, resulta sorprendente escuchar afirmaciones del tipo de que el Gobierno de España no tiene voluntad política a la hora de responder a las personas menores extranjeras no acompañadas. En primer lugar, si hoy tenemos garantizada, por ley, una distribución equitativa y solidaria de todos los menores en todas las comunidades autónomas, con financiación suficiente, es por la voluntad política en primera persona de Pedro Sánchez y del ministro Ángel Víctor Torres. Él sí que se ha fajado para sacar adelante esta reforma y se sigue fajando y trabajando para responder y dar esa acogida a los menores solicitantes de asilo en el sistema de protección. La interlocución entre el ministro Torres y el presidente Clavijo ha sido permanente durante todo este tiempo, lo que demuestra que hay una voluntad política clara a la hora de garantizar esa acogida. La prueba es que hoy se sigue negociando para protocolizar esa transición hacia el sistema nacional de acogida, porque hay que hacerlo con garantías, con la defensa del interés superior del menor, escuchando a cada uno de los menores, porque muchos de ellos están perfectamente integrados en Canarias y hay que escuchar también cuál es su voluntad.
El viernes se celebra una nueva conferencia sectorial de infancia, a pesar del boicot permanente del Partido Popular, para avanzar ya en el real decreto que va a regular el procedimiento de reubicación, del traslado de los menores. Miren, por suerte para los 5600 menores extranjeros no acompañados que hay en Canarias y por suerte para este Gobierno de Canarias, la interlocución en Madrid la tienen con un Gobierno progresista y la tienen con Pedro Sánchez y con Ángel Víctor Torres. ¿De verdad que alguien piensa que en un hipotético Gobierno de Partido Popular y VOX se hubiese logrado reformar el artículo 35 de la ley de extranjería? Ahora sí que tendríamos un auténtico drama humanitario, ni saldrían los menores ni habría acogida, y desde luego sí que estaríamos viviendo una situación dramática.
Si al señor Feijóo le hubiesen importado algo los menores, hubiese votado sí a la reforma del artículo 35. No hay ni una sola referencia en su ponencia política a la situación dramática que vive Canarias. Una prueba más de que el PP en la política canaria es una mera anécdota y que el señor Domínguez no cuenta para nada en Génova.
No se equivoquen, señorías, la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en Canarias está sentada aquí, a la izquierda de esta Cámara. La lealtad con Canarias, con el Gobierno de Canarias, está aquí sentada a la izquierda en esta Cámara y no a la derecha del Gobierno, porque hemos cumplido con la reforma del artículo 35 y vamos a cumplir también con la acogida de los menores solicitantes de asilo para garantizar esa atención, y seguiremos trabajando... (Corte automático del sonido).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Máñez.
Iniciamos el tiempo de réplica. Señora doña Jana González Alonso, tiene usted la palabra.
La señora GONZÁLEZ ALONSO: Gracias, presidenta.
Este Grupo Nacionalista Canario está tan preocupado por las reivindicaciones que queremos hacer que no vamos a entrar, hoy no, a pesar de que nos cueste, en ese discurso de odio, de xenofobia y de racismo al que nos tiene acostumbrados un grupo de esta Cámara. Y espero que las intervenciones que se han realizado contestarlas a lo largo de la intervención que tenemos preparada.
La información es importante y le damos las gracias por dar explicaciones hoy, consejera, y, como dijeron también algunas personas que me precedieron en la palabra, este jueves hay una reunión importante para mantener vivo ese pacto de migraciones canario, para velar por que la información transcurra y cuidar esa unidad en Canarias. Lo creemos muy importante.
Creemos también que es importante centrarnos en el fondo del asunto, que es garantizar los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes que llegan a nuestra tierra, que dejó claro en su primera exposición, consejera, que no hay un sistema automático todavía hoy de redistribución de personas menores de edad migrantes a pesar de que ya existe la ley. Pero nos surge una duda, y es que no solo son aquellas personas menores migrantes que llegan a nuestra tierra y que ya tienen una resolución o han realizado, tienen la suerte de haber realizado la solicitud de protección internacional. ¿Qué pasa con los que no han llegado a ese trámite administrativo y que también están en nuestra tierra, en centros saturados?, ¿qué pasa con esos niños y esas niñas? ¿Por qué les digo esto? Por los obstáculos existentes en la tramitación de los derechos de las personas migrantes, adultos y menores.
Pero centrándonos en esta comparecencia en los menores migrantes, a las personas menores migrantes que llegan se les otorga un número de identificación, un NIE, pero no se les tramita la residencia. En muchos casos, en la mayoría de los casos porque la Fiscalía presenta dudas sobre la validez de sus documentos acreditativos de identidad, pero nosotros no lo entendemos, o son falsos o son verdaderos, pero no pueden manifestar dudas y dejar en la incertidumbre y en un limbo a las personas menores migrantes que están llegando a nuestra tierra, porque dejarlas en esa incertidumbre y en ese limbo supone que las personas menores lo pagan muy caro, porque cuando cumplen los 18 años sin permiso de residencia quedan en la calle, con una mano delante y con otra detrás, y casi siempre la responsabilidad recae en los ayuntamientos de Canarias.
No es solo una cuestión que denuncia este grupo nacionalista, también lo denuncia el informe Cruzando fronteras de Save the Children, que denuncia fallos sistemáticos en la identificación, en la acogida y en la tutela de las personas menores migrantes que llegan por vía marítima. Y se constatan las siguientes vulneraciones de forma clara: una, en el proceso de identificación de la minoría de edad por la ausencia de profesionales especializados en los puntos de llegada. ¿Resultado?: que muchos menores están en centros de adultos.
En segundo lugar, que los niños y niñas menores que de forma clara y evidente son menores, aun así son sometidos a pruebas radiológicas y se reitera la poca fiabilidad de estas pruebas para determinar la edad. Pero no se cambia, no hay interés. Llámelo voluntad política, llámelo como quiera, señora Máñez.
Y, en tercer lugar, el rechazo sistemático de los documentos de identidad que presentan estas personas menores migrantes cuando llegan, por lo que antes hablábamos, porque se cuestiona la validez expresando dudas, y eso conlleva que se les expulsa del sistema de protección a la infancia. Con lo cual, quedan en la calle. Y ha habido fallos importantes en la determinación de la edad, no solo en esta comunidad, también en otras.
A pesar de todo, el informe Cruzando fronteras es positivo porque entiende que España tiene una oportunidad de revisar sus protocolos para garantizar estos derechos de los niños y las niñas, para blindar a la infancia. Sin embargo, vemos como los derechos de los extranjeros requieren, para poder hacerlos valer, de medios económicos y de medios personales que tiene que poner en marcha el Gobierno del Estado español, porque entonces estamos hablando de que reconocemos derechos y de que tenemos mucha regulación pero que estos derechos quedan en papel mojado, porque no hay ni la Administración ni el personal ni los medios económicos para hacerlos valer. Estamos hablando de que los derechos de las personas extranjeras están siendo pura utopía. Y esto ocurre no solo para las personas menores de edad, también ocurre para las personas mayores de edad, y no solo para las personas migrantes que llegan por vía marítima, que también, sino también para los que llegan por vía aérea. Pero de esto no hablamos.
Lo cual nos lleva a preguntarnos, a centrarnos en la problemática actual de la situación migratoria que se está viviendo a día de hoy en Canarias y debemos bajar hasta insonorizar, así lo entendemos desde el Grupo Nacionalista Canario, el nivel de ruido político, el nivel de ruido partidista. Y preguntamos cuándo se van a adoptar medidas para garantizar los derechos de todas las personas migrantes, pero de forma concreta, en esta comparecencia, cuándo se va a disponer de los medios necesarios para garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes que están llegando a nuestra tierra no acompañados puedan hacer valer sus derechos, se les trate de forma digna. Porque, no sé ustedes, pero nosotros desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos que vamos tarde. Y no va solo, que también, de tratar de forma seria y digna a las personas menores migrantes, de garantizarles los derechos a las personas extranjeras, va de cuidar y velar por el Estado de derecho, porque hoy es por las personas migrantes que llegan a nuestra tierra, que se les están vulnerando sus derechos y se está mirando para otro lado, pero es que mañana, si no cuidamos ese Estado de derecho, puede ser por los derechos de las personas que residen aquí.
Muchas gracias.
(Palmoteos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Señora consejera de Bienestar Social, señora Delgado, tiene usted la palabra.
La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Señora presidenta, señores diputados.
Quiero subrayar hoy aquí y agradecer las aportaciones realizadas y las intervenciones realizadas por todos los diputados, y sobre todo también agradecerles esa mención especial a todos los trabajadores y trabajadoras de esta consejería y, en especial, de la Dirección General de Infancia, que se están volcando plenamente en esta labor que estamos realizando y sobre todo con el tema de la documentación de los niños y niñas, sea una realidad lo más rápidamente posible.
Nuestra Constitución consagra el principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones de España, un principio que cobra vida precisamente en situaciones como esta, en la que una comunidad autónoma por sí sola no puede dar respuesta adecuada a un desafío que en realidad pertenece a todo el país. En palabras del Tribunal Constitucional, estamos ante una cuestión que sobrepasa la capacidad de una sola región y que, por tanto, activa un deber constitucional de solidaridad por parte del Estado y del resto de comunidades autónomas. Dicho por la corte de garantías, todos deben asumir su parte, porque un menor migrante que llega a Canarias está llegando a España y a Europa. Un menor es un menor, independientemente de su origen. Se acogió con agilidad y solidaridad a niños refugiados de la guerra de Ucrania y no se ha hecho lo mismo con los que vienen de África. Estas reflexiones nos interpelan moralmente. No podemos caer en la insensibilidad de ver a chicos y chicas o niños y niñas solo como cifras o como una carga ajena, son niños, niñas y adolescentes vulnerables, muchos huyendo de guerras, violencia o pobreza extrema.
Por todo ello, desde Canarias llevamos tiempo reclamando la solidaridad interterritorial efectiva. Hemos tocado todas las puertas institucionales: al Gobierno central, a cada una de las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a instancias europeas. Todos ustedes conocen el inmenso trabajo del presidente Clavijo, de esta consejera y de todo el equipo de la consejería en los últimos dos años. Hemos reiterado en cientos de foros que cuando los menores llegan no llegan a Canarias, llegan a España. De hecho, celebro que recientemente el propio Gobierno canario y el Gobierno vasco hayan hecho un frente común en esta materia en la Conferencia de Presidentes autonómica. Se trata de elevar el debate al máximo nivel político, porque estamos convencidos de que es un asunto de Estado que requiere un acuerdo de Estado. Por desgracia, también debo señalar que otras comunidades autónomas han rehusado hasta ahora participar en el esfuerzo común aduciendo diversas razones y unos grupos de gobiernos autonómicos han adoptado una postura de rechazo frontal y judicialización de cualquier medida de reparto obligatorio. De hecho, varias de estas comunidades autónomas han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional. Quiero hacer un llamamiento expreso a estas autonomías para que aparquemos la confrontación partidista en un tema tan sensible y no convirtamos a estos menores en un arma arrojadiza de la incesante batalla política. La corresponsabilidad no debe verse como una imposición del Gobierno central a ciertas regiones, sino como la materialización del principio de solidaridad nacional y de la humanidad compartida. Les pido que recapaciten, que se sienten a la mesa con visión de Estado y con espíritu constructivo.
Afortunadamente, además de apelar a la buena voluntad, hemos pasado a la acción legislativa en busca de soluciones. Como saben, el Gobierno de España aprobó un real decreto ley que modifica la ley de extranjería. Esta reforma normativa persigue dar por fin un cauce estable a esa corresponsabilidad. Dicho de manera sencilla, se distribuirá a estos niños y niñas de forma proporcional y justa para que ninguna región tenga que asumir en solitario lo que excede de su capacidad ordinaria de acogida.
El decreto ley está vigente y el Gobierno de España ha reiterado que lo va a aplicar sin dilación, pese a la oposición política que ha encontrado. Pero cada mes pasa sin activar los traslados, un mes en que Canarias sigue al borde del abismo en la atención a estos menores.
Instamos a que en la próxima conferencia sectorial, que se celebrará el próximo viernes, todas las comunidades autónomas acudan con voluntad de acuerdo más allá de litigios en curso y pedimos al Gobierno central que, en paralelo, avance en los preparativos logísticos para que los primeros traslados de estos menores a otras comunidades autónomas puedan realizarse este mismo verano, tal como anunció la ministra Sira Rego y no, como ya se está oyendo, que puede ser a partir del 30 de septiembre. El 30 de septiembre ya es tarde. No caben más retrasos, escudados en trámites o en hipotéticos defectos de forma. La situación es apremiante y el reglamento de la conferencia sectorial permite estas convocatorias urgentes avaladas jurídicamente.
Debo referirme también al impacto económico que esta situación tiene en la sociedad y en las arcas canarias, porque hemos asumido un coste enorme tanto financiero como social. Actualmente las estimaciones rondan los 190 millones de euros y, como decía el diputado de Nueva Canarias, efectivamente, no hemos recibido sino los 50 millones del año pasado y no los otros 100 prometidos por el presidente del Gobierno del Estado español. Este déficit financiero para nuestra comunidad autónoma debemos detraerlo de nuestros propios presupuestos. Son recursos considerables que Canarias, con las limitaciones de financiación que todos ya conocen, ha redirigido hacia esa emergencia humanitaria. Por supuesto, no nos pesa invertir en salvar y proteger vidas jóvenes, pero no puede recaer únicamente en los canarios la carga económica de un fenómeno que tiene causas globales y beneficios o consecuencias que también percuten más allá de nuestras islas.
Finalizo ya mi intervención reiterando los mensajes claves, con responsabilidad, urgencia y compromiso común. Les pido que reflexionemos más allá de siglas partidistas o cálculos electorales. Hablamos de la vida y del futuro de niños y niñas y adolescentes que están bajo nuestra protección, hablamos de valores fundamentales: la humanidad, la solidaridad, la defensa de la infancia, los derechos humanos... Canarias, por su posición geográfica, va a seguir estando en primera línea de las rutas migratorias. No podemos cambiar la geografía. Exigimos con respeto pero con firmeza el cumplimiento de ese principio constitucional de solidaridad.
Confiamos en que el Gobierno de la nación actuará con diligencia, dotando los medios necesarios y ejecutando las reformas legales que ha emprendido. Confiamos en que las comunidades autónomas responderán, quiero creer que responderán, y esto no va de que gane Canarias un pulso político, va de que gane España en humanidad y en unión. Canarias no va a cejar en su empeño de lograr una atención digna para estos menores y un reparto justo de responsabilidades.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Delgado.
Bueno, hemos finalizado la comparecencia.
