Diario de Sesiones 84, de fecha 25/6/2025
Punto 3

11L/I-0079 INTERPELACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE LOS OBJETIVOS Y LOS PROPÓSITOS PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CARÁCTER PSICOSOCIAL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES Y CUMPLIR CON EL DEBER DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y SOBRE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS, DIRIGIDA A LA SEÑORA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la interpelación del Grupo Socialista Canario, sobre los objetivos y los propósitos para cumplir con las medidas recogidas en el informe de evaluación de riesgos laborales de carácter psicosocial del Servicio de Prevención y Protección de Menores y cumplir con el deber de garantizar la seguridad y la salud de las y los trabajadores y sobre la situación del personal de la Dirección General de Protección de la Infancia. Va dirigida la señora consejera de Bienestar Social.

Inicia su intervención la señora Máñez, Grupo Socialista.

La señora MÁÑEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días.

En primer lugar, quiero saludar a los compañeros representantes, trabajadores de la Dirección General de Infancia y las Familias por estar ahí, sobre todo por estar en el día a día, porque son la cara, el rostro y el alma de esa dirección general. Muchísimas gracias. (Palmoteos).

Señora consejera, queda muy bien, estamos hablando de menores, estamos hablando de la protección de la infancia y queda muy bien subirse aquí y agradecerles a sus trabajadores la labor que realizan y en el día a día del trabajo que están realizando, en cambio, no garantizar sus derechos, porque se están incumpliendo gravemente, en esta dirección general, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

No es la primera vez que traemos a este pleno una interpelación sobre la situación de la Dirección General de Infancia y las Familias y sobre la situación del sistema de protección y, aunque hoy vamos a hablar de la situación del personal, vamos a seguir insistiendo y reiterando que este Gobierno de Canarias vulnera los derechos de la infancia en el sistema de protección, porque hay bebés lactantes que por ley tienen que estar en familias y que en estos momentos siguen estando en casas de acogida, y eso es una aberración, una indecencia, una vulneración de esos derechos. Lleva dos años al frente de la consejería y ha sido incapaz de resolver una situación que es gravísima. Está cronificando la infancia, la institucionalización, con las graves consecuencias que eso conlleva para su desarrollo emocional futuro.

Pero toda esta situación es el terrible síntoma de los males que aquejan a su consejería, terrible porque afecta a la infancia más vulnerable y que se encuentra bajo la tutela del Gobierno de Canarias, que es su exclusiva responsabilidad garantizar sus derechos y el cuidado y la atención que requieren. Para garantizar unos servicios públicos de calidad, para garantizar el Estado del bienestar, hay que invertir y cuidar a las personas, porque son los trabajadores públicos el pilar de unos servicios públicos de calidad.

Señora consejera, el 26 de junio de 2024 -ayer hizo un año-, la Secretaría General Técnica de su consejería recibe traslado del informe de evaluación de riesgos laborales de carácter psicosocial del Servicio de Prevención y Protección de Menores, elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales dependiente de la Consejería de Presidencia -nada sospechosa de acoso y derribo-, un informe que se elaboró a lo largo del primer semestre de 2024. Hace un año que tiene usted este informe en su mesa, de su mano, y no ha hecho nada, absolutamente nada, para cumplir con una obligación legal, que es garantizar el bienestar y la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Tenía que hacer una planificación, una propuesta, ponerle al Comité de Seguridad y Salud una propuesta sobre la mesa para empezar a negociarla, acordarla y empezar a poner en marcha las medidas preventivas, y no ha hecho absolutamente nada. El comité no tiene ninguna propuesta sobre la mesa para poder empezar a trabajar.

Pero, miren, para no estar hablando de datos, de cuántos porcentajes aparecen en el informe, yo creo que lo primero es ponerse en el lugar de las personas trabajadoras, porque con mucha alegría y frivolidad se habla a veces de absentismo, de baja productividad en general, pero también del personal de las administraciones públicas, este Gobierno anda creando mesas de trabajo para hablar del absentismo, pero no hablamos de las condiciones de trabajo en las que el personal en muchas ocasiones tiene que desarrollar su tarea, y este es un claro ejemplo de en qué condiciones se encuentra el personal. Miren, el personal -para que quienes nos están escuchando entiendan el día a día de sus tareas- empieza revisando el play-on, que cada trabajador lleva una media de cien casos, mil cuando hablamos de los menores extranjeros no acompañados -a ver qué calidad de atención podemos ofrecer cuando una sola persona está llevando ese número de casos-, tiene que actualizar la situación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, hacer informes de seguimiento, incidencias varias, reuniones con los servicios jurídicos para los juicios orales, preparar las solicitudes de desamparo, riesgos, derivaciones, etcétera, etcétera. Pero, más allá de todo esto, que pueden parecer tareas burocráticas, estamos hablando de casos que tienen un gran impacto emocional. Cualquier día puedes recibir una llamada de un hospital porque hay un bebé que ha dado positivo en sustancias tóxicas o una llamada de urgencias, porque hay un adolescente con riesgo de suicidio, o situaciones de abuso sexual. Son casos que requieren de una atención inmediata, adoptar medidas para separar al niño o la niña, adolescente, de su núcleo familiar, a lo que se añade tener que tomar decisiones en solitario cuando tendrían que hacerlo equipos multiprofesionales. Con esta realidad que tienen que afrontar en el día a día es lógico que el 96,4 % del personal demande, denuncie en este informe una sobrecarga de trabajo excesiva.

También el personal administrativo, que se siente a veces que son un cuello de botella porque, como no hay personal, no pueden caminar para que pueda seguir caminando el resto del personal técnico.

El 50 % del personal técnico presenta demandas psicológicas por esa especial intensidad de las decisiones que tienen que tomar, que las tienen que tomar en solitario, con base en su experiencia, en su buena voluntad. Pero eso no es suficiente, hay que acompañarlo, hay que darle apoyo, hay que crear esos equipos multiprofesionales.

Señora consejera, a usted no le gusta que se lo recuerde, pero es llamativo que quien ha sido presidenta del colegio de trabajo social esté abandonando permanentemente al personal social de su consejería. Lleva dos años al frente de la consejería y no son los únicos trabajadores que denuncian la situación en la que se encuentran, se extiende a todas las áreas de su consejería.

Este informe que tiene usted desde hace un año sobre la mesa y que no ha hecho nada no es un capricho de los trabajadores, no es acoso y derribo, es su obligación legal cumplir con el seguimiento y las acciones que tiene que poner en marcha. No ha hecho absolutamente nada, no cuenta con su personal, que está deseando aportar para mejorar el servicio. Igual debería reflexionar: si todas las áreas coinciden en que hay una situación de maltrato, igual el problema no es de quien denuncia, el problema es de quien no hace nada para poner medidas para realmente acompañar y dar respuesta a los derechos, porque hablamos de derechos de los trabajadores y trabajadoras de su consejería y en este caso... (Corte automático del sonido).

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Máñez.

Señora consejera de Bienestar Social, tiene la palabra.

La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Buenos días, señora presidenta, señora diputada, personal de la Dirección General de Infancia y de Dependencia, que también están arriba.

Me interpela hoy para dar cuenta de la evaluación de riesgos laborales de carácter psicosocial del personal de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias y de las acciones emprendidas por este Gobierno para abordar las dificultades existentes. Le contestaré con absoluta transparencia y desde el respeto absoluto al trabajo que realizan los profesionales de este centro directivo, cuya labor reconozco, valoro y he agradecido siempre y públicamente también.

En primer lugar, es importante contextualizar que desde el inicio de esta legislatura se han producido varios cambios en la titularidad de la dirección general, motivados en todos los casos por circunstancias personales y de salud. A pesar de ello y lejos de generar parálisis, se ha garantizado la continuidad institucional y la atención a los retos que se han planteado en la gestión de una dirección general especialmente tensionada por los motivos que ustedes ya saben, al ser competente para la protección de menores y la gestión de un sistema que, además, ha asumido en estos años, de manera sorpresiva impuesta por las circunstancias, la tutela de casi cinco mil seiscientos menores migrantes no acompañados.

Hoy también está por aquí la secretaria general técnica de la consejería, que me acompaña hoy.

Durante las distintas etapas de esta legislatura, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias ha mantenido reuniones con el personal para conocer de primera mano las necesidades de todos los equipos. Como resultado, se ha puesto en marcha una reorganización de la relación de puestos de trabajo -la RPT- que ya está a punto de aprobarse, con especial atención al Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores. Esta reestructuración busca reducir el número de expedientes asignados por técnico, una medida largamente demandada por el personal y que ya está dando resultados.

En esta misma línea, se ha constituido por primera vez un equipo multidisciplinar, o sea, ya está constituido, de apoyo técnico, que acompaña en la toma de decisiones en los casos más complejos, aquellos relacionados con patologías duales, problemas graves de salud mental o situaciones que requieren coordinación con otros servicios, por ejemplo, como el de salud mental. Este equipo ha permitido que los técnicos no tengan que asumir en soledad decisiones de alto impacto, reduciendo el estrés profesional y mejorando la calidad de las medidas adoptadas.

Somos conscientes de que el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en Canarias está sometido a una sobrecarga estructural agravada por el fenómeno migratorio. Por ello, desde octubre del año pasado, se han incorporado treinta y nueve efectivos más a la dirección general, destinados específicamente a reforzar la atención a menores migrantes, lo que ha permitido aliviar un poco la presión sobre el resto del personal y redistribuir las cargas de trabajo.

Por otro lado, en relación con las cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos laborales, quiero aclarar que nos encontramos ante un ámbito de responsabilidad compartida entre la Secretaría General Técnica, los delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Como ya saben los representantes de los trabajadores, el informe de evaluación psicosocial fue emitido el 25 de junio de 2024 por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública y remitido a la Secretaría General Técnica el día siguiente. Ese informe no ha caído en saco roto, inmediatamente se iniciaron las reuniones con las jefaturas de servicio para estudiar las medidas propuestas y se procedió a la constitución formal del nuevo Comité de Seguridad y Salud departamental, con la nueva designación de los representantes, tanto sindicales como de la Administración. Este comité quedó constituido el 15 de noviembre de 2024 y han celebrado sucesivas reuniones de trabajo en diciembre, febrero y marzo, culminando con la aprobación de su reglamento interno y el análisis detallado de la evaluación de riesgos psicosociales. En la reunión del 20 de marzo de 2025, el comité acordó, entre otras medidas, solicitar asesoramiento técnico. Tras un amplio debate, se acordó solicitar una reunión con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General y Justicia, de la Dirección General de Función Pública, para establecer calendarios, criterios de intervención y posibles soluciones organizativas. Si eso no es trabajar, pues, díganme.

Ese encuentro técnico se celebró el 19 de junio pasado y, como resultado del mismo, se ha recomendado que no sean los jefes de servicio los que se encarguen de aplicar las medidas necesarias. Se acordó la constitución de grupos de trabajo ejecutivos, con participación técnica real, y se ha propuesto contar con apoyo externo especializado para aplicar las medidas contenidas en el informe de forma ágil, dada la falta estructural de personal que pueda acometer esta tarea.

La programación a aplicar será la contenida en la propuesta del informe de riesgos psicosociales, cuyo plazo es el siguiente y aún no ha concluido: evaluación de la carga del trabajo termina este año 2025; manual de procedimiento básico y protocolo de actuación, año 2025 y sucesivos, elaborando un plan a ejecutar, un plan por año; manual de acogida y formación inicial, año 2025; propuestas de mejora de la coordinación interna y externa, año 2025; gestión de personal, compensaciones, cobertura de plazas vacantes, nombramiento del personal desde el año 2024, que se ha agilizado de manera...; prevención del impacto emocional en los trabajadores, año 2025; prevención de la violencia interna, año 2025; protocolos de prevención y actuación ante situaciones de violencia externa, año 2025; formación en materia de PRL psicosociales, año 2025.

El hecho de que algunas medidas no se hayan aplicado aún no es sinónimo de inacción, es en muchos casos consecuencia de los procedimientos que debemos seguir para respetar los aspectos competenciales y legales establecidos y también de la necesidad de planificar e implementar estas actuaciones en el marco de los ejercicios presupuestarios. Pero la voluntad política está, la hoja de ruta está trazada con la parte sindical y los primeros pasos están en marcha.

Por último, quiero destacar el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha un ambicioso proyecto de preservación familiar y desinstitucionalización que reforzará la prevención y el acompañamiento a las familias desde lo comunitario, evitando en lo posible la ruptura de los vínculos familiares. Esto conlleva la implementación de nuevos equipos territoriales y la mejora de la coordinación con los ayuntamientos.

No desconocemos las dificultades, no las negamos, pero estamos trabajando en... (ininteligible), con rigor, con planificación y con escucha activa.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Delgado.

Señora Máñez, su tiempo de réplica.

La señora MÁÑEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Señora consejera, el calendario ponía 2024-2025 -yo también tengo el documento-, no decía que empezara en 2025, pero es que, para empezar, ha tardado un año, hace un año que tiene usted el informe sobre la mesa y todavía no hay un calendario. En la última reunión no presentaron ustedes ninguna propuesta de calendario de cumplimiento de las acciones, porque eso hay que negociarlo también. Es que piensan que con el documento y con contratar a alguien externo ya va a estar. Es que se tiene que sentar y negociar las distintas acciones que tiene que poner en marcha conjuntamente con el comité.

Mire, la situación es urgente, es grave. Escuchar afirmaciones en el informe del tipo "estamos en una situación de indefensión aprendida", "hagamos lo que hagamos, vamos a seguir así" o "me han llamado secuestrador de niños", que se diga en el informe que sobreviven a base de ansiolíticos... Desde luego no puede venir aquí y decir que en un año no ha hecho absolutamente nada y que, además, bueno, que todavía nos queda tiempo para ver si vamos resolviendo la situación del personal. Y, mientras tanto, el personal no puede más. Y esa es una vulneración, además ,de sus derechos, porque tiene un informe y es su deber ponerlo en marcha con urgencia.

Es un personal que tiene un plus de vocación social y de vocación de servicio público, porque trabajan con población vulnerable, porque afrontan situaciones de alto impacto emocional y de conflictividad elevada, porque no es fácil separar a un niño, a una niña, a un adolescente de su familia y las reacciones que eso pueda conllevar.

Que el 79 % del personal técnico de intervención haya sufrido situaciones de violencia en el ejercicio de sus funciones no permite que usted siga dando excusas y patadas hacia adelante a ver lo que vamos a hacer. Esto requiere medidas ya.

Lo que le piden sus trabajadores es que se siente a negociar, a hablar, a acordar, y de eso no hay nada por... Ahí tienen al personal, ahí tienen al representante del comité.

Habla de la modificación de la RPT, pero si no lo conocen sus trabajadores, qué modificación está haciendo. Es que el problema -y se lo he dicho otras veces- es que usted todo lo que dice que hace lo hace de espaldas al personal de la consejería, que es otra cuestión que aparece en el informe. Hace falta transparencia, hace falta claridad, criterios claros, apoyo. No existen equipos multiprofesionales, que cuando salieron aquí con un papelito diciéndoles, les mandaron un escrito a... (ininteligible) que era mentira. ¡No mienta en este Parlamento cada vez que hablamos de cuestiones ante las cuales es su exclusiva responsabilidad! Cuando no, balones fuera. Cuando es su responsabilidad, lo que viene aquí entonces es a mentir.

Apoyo psicológico, formación, medios materiales, que hay gente que tiene que usar su teléfono personal... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Máñez.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Señora presidenta, señora diputada.

Permítame en esta réplica reafirmar lo importante que es el compromiso firme de esta consejería con la protección de la infancia y con la mejora de las condiciones laborales del personal que la hace posible.

Y la RPT es la RPT de constitución de las consejerías y sabe perfectamente que sea tal... ¡Ah!, bueno, entonces díganme... ¿Estoy mintiendo?, ¿estoy mintiendo entonces? (Ante los gestos de la señora Máñez Rodríguez desde su escaño). No, no estoy mintiendo. ¿Verdad que no estoy mintiendo? Vale. Es que hacer afirmaciones de que una miente cuando no es verdad es un poquito fuerte, señoría.

Entiendo la preocupación legítima expresada por los representantes sindicales y por el Grupo Parlamentario Socialista y, por supuesto, estamos actuando, porque lo que hacemos es trabajar. Como decía mi compañero Jonathan, se me acusa de trabajar mucho. Esto ya es inaudito. Hemos trabajado en la reorganización estructural, en el refuerzo del personal técnico y el apoyo psicosocial y decisión compartida en los casos complejos, en la mejora de la interlocución con el Comité de Seguridad y Salud, la coordinación -precisamente con uno de los representantes, el señor Barroso, tengo reunión el próximo día 16, a ver si eso no es coordinarme-, coordinación con Función Pública y con los órganos técnicos competentes.

Es cierto que la sobrecarga de los equipos ha sido una constante durante los últimos años, como también lo es la sectorización que se implantó en el mandato del pacto de las flores sin suficientes garantías de personal, con una advertencia que hicieron en esos momentos los propios trabajadores y comité de empresa, y a eso no se le hizo caso. Este Gobierno no lo niega; al contrario, hemos asumido esa herencia, con responsabilidad, y estamos poniendo sobre la mesa soluciones a lo que ustedes nos dejaron.

Es también cierto que la salud laboral del personal importa, no solo como una cuestión legal, sino ética. Por eso valoramos y aplicaremos las conclusiones del informe de evaluación psicosocial con seriedad. Ya hay una ruta de trabajo abierta y negociada y, aunque todos los problemas no se pueden resolver de la noche a la mañana, como usted bien sabe, sí estamos sembrando las bases para que las condiciones laborales sean más justas, seguras y sostenibles.

Nuestra prioridad es y seguirá siendo garantizar un sistema de protección a la infancia robusto, profesional y humano. No se trata solo de proteger a los niños y niñas y adolescentes, sino también a quienes los protegen, y en eso estamos absolutamente comprometidos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Bueno, hemos finalizado la interpelación.