Diario de Sesiones 86, de fecha 9/7/2025
Punto 13

11L/PPL-0001 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA, SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, DE 4 DE ABRIL, SOBRE CONSEJOS SOCIALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CANARIAS

La señora PRESIDENTA: Pasamos al dictamen de la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, sobre la proposición de ley de modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario. Tiene enmiendas.

Inicia su intervención el Grupo Parlamentario VOX.

El señor GALVÁN SASIA: Buenas tardes.

Esta ley debería haber nacido del consenso, pero hemos visto que parece que tampoco ha sido así. Hemos oído a los rectores de las universidades quejarse, por un lado; por otro lado, hemos visto al Gobierno decir que sí, que había consenso. Y nosotros estamos un poco en medio, en medio de esta situación, que no sabemos realmente qué es lo que está pasando, si hay un enfrentamiento realmente... hemos visto con la ley de ciencia, con la universidad, lo vemos ahora también. Nos gustaría que se aclararan un poco y ver qué es lo que está pasando. Nosotros, obviamente, no tomamos partido ni por uno ni por otro, simplemente queremos sacar leyes que sean buenas para Canarias, y creemos que este no es el caso. Pero no es el caso por un par de cuestiones que voy a comentar muy brevemente.

Bueno, por supuesto que la ley asume todo el tema del género y todo el tema que nosotros consideramos que es un absurdo, el tema de cuotas y eso. Creemos que la gente debe estar por valía, no por cuotas, o sea, porque es que va a darse. Ustedes creen que no, pero va a darse una situación en que la mayoría sean mujeres y tener que decir a esas mujeres que están ahí por validez que se vayan para que entren hombres. Es que va a darse esa circunstancia. Con lo cual, vamos a cambiar el chip y vamos a acoger a los mejores desde ahora. Si son diez mujeres, diez mujeres; si son diez hombres, diez hombres, pero vamos a dejarnos ya de este tipo de actitudes que hoy, a día de hoy, sobran.

Les comento que no nos gusta tampoco en la ley esa limitación que ponen a la presencia de las universidades privadas. La limitan a cinco en el Consejo de las Universidades porque, según manifiestan, es que es complicado que se abran nuevas universidades privadas en Canarias. ¿Por qué? ¿Han asumido ya esa reforma normativa del Gobierno que quiere atacar a la universidad privada? Recordemos que con esas medidas... de las mejores universidades del mundo ahora mismo tendrían que cerrar las puertas. Yo lo nombré ya, en la Comisión de Universidades: universidades punteras con premios Nobel tendrían que cerrar con esos criterios que quiere imponer el Gobierno de España.

Por eso asumir ya desde ahora que solo las cinco universidades canarias privadas existentes sean las que tengan acceso a ese consejo me parece un absurdo. Cinco, diez, quince, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué limitar? A lo mejor una universidad se quiere especializar en biología marina y es la mejor universidad del mundo. ¿Por qué vamos a penalizarla? ¿Por qué no vamos a dejar que esa universidad se instale aquí en Canarias? Lo consideramos un absurdo.

En cuanto a lo de las enmiendas in voce presentadas a última hora, la verdad, yo creo que aquí está la mano de Coalición Canaria detrás, porque es que a mí me lo van a explicar, porque hay unas enmiendas que sustituyen... Fíjense ustedes en lo que hacen: la enmienda, todo bien, y sustituyen "con validez en todo el territorio nacional" por "todo el Estado". O sea, ¿realmente es que queremos ya dejar claro que nación es Canarias y España no es nación? O ya me explicarán por qué estas enmiendas: "en todo el territorio nacional", "eficacia en todo el Estado". Pues no, señorías, nosotros creemos que nación es la nación española y estamos orgullosos de decirlo. Y por eso ya me explicarán ustedes estas enmiendas.

Pero bueno, obviamente, no podemos votar a favor por lo que les he comentado: porque está plagada de ideología esta ley, porque limita la presencia de la universidad privada, porque ataca indirectamente a esa universidad privada, reconociendo ya que no se van a instalar más universidades privadas en Canarias, y estas últimas enmiendas le han dado la puntilla.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora Nueva Canarias-Bloque Canarista. Lo hace la señora Hernández Jorge.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, presidenta.

Bienvenidos los representantes de los consejos sociales que nos acompañan.

Una iniciativa legislativa que nace de la necesidad de adaptar la normativa reguladora de los consejos sociales de las universidades públicas a lo dispuesto en la actual Ley del Sistema Universitario, de la LOSU. Por tanto, es una buena ocasión para mejorar el funcionamiento de los consejos sociales, para mejorar su composición, para resolver las dificultades que han aparecido en el camino. En definitiva, para mejorar el desempeño de la fundamental misión que le corresponde como mecanismo de participación de la sociedad canaria en sus universidades, para contribuir a su desarrollo y promoción simultáneamente también como espacio de rendición de cuentas y transparencia.

Los consejos sociales aseguran que los intereses y necesidades de la comunidad canaria se tengan en cuenta en la planificación y ejecución de las actividades universitarias. Y son múltiples sus funciones y misiones: impulsar proyectos, programas que contribuyan al desarrollo económico y social de la universidad, fomentar la colaboración público-privada, fortalecer la colaboración del sector empresarial en la vida universitaria y un largo etcétera que en tan corto tiempo no tengo ocasión de exponer.

En resumen, los consejos sociales universitarios son fundamentales para asegurar que las universidades estén alineadas con las necesidades y expectativas de nuestra sociedad.

Y quiero en este punto resaltar lo que considero la gran fortaleza de los consejos sociales: la participación de la sociedad, de la ciudadanía, en sus universidades, reforzando así el reconocimiento social y también su valor.

Y no podemos ignorar que en este proceso de redacción de la ley han surgido discrepancias entre las demandas de los consejos sociales y también las propias universidades. Nosotros desde Nueva Canarias, a pesar de no tener mayoría y, por tanto, no tener la responsabilidad legislativa, hemos situado nuestra posición buscando el equilibrio, a veces un equilibrio inestable. Por una parte, reconociendo que los consejos juegan una importante misión desde el punto de vista de la participación ciudadana y que las universidades tienen que estar abiertas, ser transparentes y que entiendan que sirven al interés general. Y, por otro lado, que los consejos sociales deben respetar la autonomía universitaria. En ese equilibrio nos hemos movido y, en ese sentido, hemos intentado mejorar el texto, que, francamente, creo que es mejor.

Se ha mejorado la participación, hemos mantenido viva la enmienda de que los ayuntamientos en los que están las sedes universitarias deberían estar presentes. No hemos tenido éxito, no sé si hoy se aprobará.

Y también mantenemos una enmienda viva que para nosotros es muy importante, que es que en los consejos universitarios haya un equilibrio entre la representación de las universidades públicas y de las privadas, equilibrio que el Gobierno ha decidido romper y que creemos que es un grave error, porque sobrerrepresenta a las universidades privadas frente a las públicas.

Vamos a apoyar, sin duda, además, una enmienda importante presentada por el Partido Socialista, que busca precisamente esto, reforzar nuestras universidades públicas y que el Gobierno informe cuando trae aquí una universidad privada, y que deje de decir que es un trámite, diríamos rutinario, cuando debería posicionarse en ese sentido.

En definitiva, creemos que se puede mejorar esta ley con estas enmiendas y, por tanto, creemos que es un buen momento para que el Gobierno se lo replantee.

A nosotros nos parece que es un acto de cobardía política no querer pronunciarse cuando traen aquí la propuesta de una nueva universidad privada. Deben pronunciarse, no puede despacharse aquí la consejera diciendo: "Esto es un trámite". Es decir, a los Parlamentos no se traen meros trámites administrativos, esta es una Cámara legislativa, es una Cámara de la soberanía popular, y aquí se traen cosas para decidir, y cuando el Gobierno trae una propuesta de una nueva universidad privada, debería explicar por qué.

En definitiva, vamos a apoyar esta ley con la convicción de que supone un avance en materia de participación de la sociedad en nuestras universidades públicas. Creemos que nuestras universidades deben tener el respaldo, el apoyo y la colaboración permanente de la sociedad. Siempre ha debido ser así, pero hoy vivimos un momento especialmente delicado, donde las universidades públicas sufren una doble ofensiva, la de un mercado que ha visto un verdadero negocio en los estudios superiores y la de una estrategia de debilitamiento ideológico por parte del fascismo que avanza en el mundo.

La universidad es, sin duda, la cuna del conocimiento, del pensamiento crítico. Y, como decía Hannah Arendt, una de las grandes pensadoras del siglo XX, "la maldad más peligrosa no grita, no se disfraza de monstruo, a veces solo sella papeles con una sonrisa y sigue órdenes". Por eso pensar, pensar de forma crítica es el mayor acto de resistencia frente a la intolerancia, frente al fascismo.

Por eso fomentemos el pensamiento crítico, fomentemos el conocimiento, respaldemos a nuestras universidades públicas, porque defenderlas es defender nuestra democracia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Ahora interviene el Grupo Socialista Canario, la señora López.

La señora LÓPEZ LANDI: Presidenta.

Señorías, lo que votamos hoy aquí no es una ley cualquiera, lo sabemos todos los que hemos estado en esta ponencia, es una norma que modifica el modelo de gobernanza de nuestras universidades públicas, y lo hace sin consenso, sin el consenso que una ley de esta naturaleza debería tener. Y desde el Grupo Socialista nos sumamos desde el principio, con una voluntad muy constructiva, a esta ley. Queríamos contribuir a una norma ajustada a la LOSU y al marco autonómico, una norma que viniese a reforzar las universidades públicas canarias y que, además, reforzara el papel de los consejos sociales sin invadir competencias ni alterar equilibrios, una ley que debería fortalecer el sistema universitario público canario, una ley que debería llegar aquí hoy sin dudas, sin fricciones y con consenso. Y, lamentablemente, no es así.

En el Grupo Parlamentario Socialista creemos que el papel de los consejos sociales es una pieza fundamental del sistema universitario: ellos representan a la sociedad, promueven la transparencia, acompañan el funcionamiento institucional y garantizan la conexión de la universidad con su entorno, con la sociedad. Son una parte activa de la gobernanza democrática de la universidad. Y por eso, precisamente por eso, cualquier cambio normativo que afecte a su estructura y competencia debe hacerse con rigor, con diálogo, sin poner en riesgo equilibrios institucionales.

Y desde esa visión nosotros empezamos a trabajar; presentamos 14 enmiendas, 15 con la in voce que traemos hoy. Las trabajamos responsablemente, con rectores, con equipos universitarios, con los propios consejos sociales -que saludo, que están hoy aquí-. Queríamos una ley más sólida, mucho más equilibrada y con pleno encaje normativo, pero, miren, predominó continuamente el no, no nos aceptaban casi ninguna de las enmiendas. El Gobierno, a través de sus grupos parlamentarios, tenía claro el objetivo.

Pedimos también, llegados al final de la tramitación, que el Consultivo volviera a pronunciarse tras las dudas que existían sobre el texto. Tampoco se nos aprobó. Y hoy ni siquiera se acepta, porque nos lo han trasladado ya los grupos que apoyan al Gobierno, la enmienda in voce del artículo 23, que propone algo tan razonable como que el Gobierno se pronuncie sobre las proposiciones de ley que llegan al Parlamento sobre los proyectos de ley de universidades privadas, porque no basta con verificar requisitos, hay que posicionarse. Al igual que lo hacen con otras proposiciones de ley, deberían emitir un informe aquí a esta Cámara diciéndonos cuál es su posición. Pero, claro, al Gobierno no le interesa.

Y, miren, lo que agrava más todavía esta situación es que no se ha querido escuchar. Los rectores, el Consejo de Gobierno, los consejos de estudiantes, la propia CRUE han hecho llegar informes, advertencias, argumentarios a esta Cámara y al propio Gobierno. Aquí no ha fallado el procedimiento, no ha fallado el querer actualizar la ley, ha fallado la voluntad de incorporar a quienes deben estar dentro del proceso.

Y en este punto creemos nosotros, el Grupo Socialista, que debería haberse planteado parar, revisar, dar voz y participación, más allá de una audiencia que se tuvo al principio de este proceso, donde, además..., audiencia donde los rectores ya alertaban de las discrepancias sobre el texto que han mantenido antes, durante y después del proceso. Y ese texto durante la tramitación cambia, sí que cambia con las enmiendas, incluso con las que se presentan hoy, pero no lo mejora.

Este texto permite que las universidades privadas tengan más representación que las públicas en el Consejo Universitario, algo que consideramos inadmisible. Hablaban aquí de que solo cinco universidades privadas; las públicas se quedan con cuatro. Excluye a los ayuntamientos en los que tienen sede las universidades públicas, que tienen directamente..., que son los que más convenios y más colaboraciones tienen con dichas universidades. Tampoco se aceptó eso. Pero, mire, esto lo pongo porque son ejemplos de decisiones que reflejan un mismo patrón: quitar peso a lo público, concentrarlo en manos del Gobierno o de actores privados.

Y, además, han atribuido a los consejos sociales nuevas funciones que hacen que se desdibuje un poco esta ley, y esa frontera que era clara, esa frontera esta ley la difumina.

Y todo esto, además, es importante, se aprueba dentro de un contexto político muy claro. Es que hay que ponerlo sobre la mesa en esta tribuna. Es un contexto político que viene sin contrato programa, con un presupuesto universitario que no cubre necesidades reales, con universidades privadas que se aprueban con informes desfavorables -y que encima el Gobierno no quiere emitir informe, como estamos viendo hoy-, y con una ley de ciencia que se elabora sin diálogo con las universidades públicas, que son las que mantienen a los científicos, y, además, no nos olvidemos, con un presidente que ha enviado a las públicas a buscar financiación a las empresas privadas. Y, miren, esto no es una excepción, esto es una línea política y, como venimos diciendo nosotros en todas las intervenciones, es un modelo de gobierno.

Y el Gobierno -porque aquí tampoco ha existido división de poderes, hay que dejarlo claro- tenía una oportunidad... (Corte automático del sonido). (Aplausos y palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.

Inicia su intervención ahora el Grupo Mixto.

El señor ACOSTA ARMAS: Señorías, primero, antes de entrar, quisiera aprovechar para agradecer que está la letrada que precisamente estuvo en la ponencia de esta ley por su inestimable ayuda y también por las aportaciones que se hicieron, porque se hicieron muchas aportaciones porque había muchas dudas jurídicas que se resolvieron.

Y yo pienso que a veces estoy en una obra de teatro, y en esas ponencias, como son a puerta cerrada y no hay cámaras, pues se hace un papel y luego aquí se viene y se hace otro, porque resulta que, donde hay un compromiso de intentar llegar a acuerdos, luego hay una ponencia donde se intenta llegar a acuerdos y luego, donde se sube aquí, se dice que pasamos el rodillo. Pues, entonces, ¿para qué hemos dedicado tantas ponencias? ¿Para qué hemos hecho tantas reuniones? (Palmoteos). Yo creo que es mejor que pasemos el rodillo porque, si lo van a decir igual, ¿para qué nos dedicamos a llegar a esfuerzos en intentar transar cuestiones? ¿Por qué debatimos, si hay cuestiones que pueden ser jurídicamente difíciles de encajar y perdemos tiempo y retrasamos decisiones sobre enmiendas en concreto para ver si tienen encaje? ¿Para qué?, ¿para que nos digan lo mismo? ¿De qué estamos hablando entonces?

Yo creo que eso no es serio y es faltar a la verdad, porque en esta ley se ha trabajado y se ha trabajado mucho y se ha intentado llegar a acuerdos en lo que se ha podido y en lo que no, no. Y para eso están los Gobiernos, para decidir, y para eso está el Parlamento, para decidir. Y nosotros tenemos nuestra autonomía y tenemos nuestra voluntad, y para eso estamos aquí. Les gustará más o les gustará menos, como pasa en todos sitios. Por lo tanto, hay que someterse a las mayorías que hay.

Y creo que es necesario también recordar que esta modificación legal obedece a un mandato legal para adaptar la norma canaria, precisamente, a la LOSU. Es decir, que no responde aquí al capricho de nadie ni es una norma que haya nacido contra nadie, se trata de adaptar los consejos sociales a una sociedad que es muy diferente a la de hace 20 años, que es cuando se aprobó la norma sectorial canaria, y eso es lo que hemos intentado durante la tramitación parlamentaria. Gustará más, gustará menos, pero es lo que hemos hecho. Una sociedad que al mismo tiempo es medio y fin de la propia universidad, y la universidad sirve al mismo tiempo a la sociedad y tiene que nutrirse de ella para reportar ese valor añadido en forma de talento, para que haya una transferencia de conocimiento directa.

Y para que esa conexión sea eficaz y eficiente y productiva económicamente y rentable socialmente se necesitan unos consejos sociales que estén implicados, que estén concienciados, que sean activos, que sean críticos, inquietos intelectualmente, sin que ello suponga una vulneración de la autonomía e independencia universitaria. Pero, fundamentalmente, la labor de los consejos sociales... se trata de eso, de ser un actor crítico dentro de la universidad. Y, además, profesionales, en la medida en que son ellos, los consejos sociales, los que también habrán de encargarse de la supervisión, de la gestión económica, de la transparencia y de la calidad. Es decir, son los que habrán de dilucidar si la universidad se maneja con criterios de buen gobierno, entendiendo buen gobierno en su acepción más amplia, salvaguardando -y esto... que no quede duda-, salvaguardando ante todo la autonomía universitaria, que se salvaguarda con la seguridad jurídica y la constitucionalidad de sus preceptos, y, si no, al Tribunal Constitucional. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Agrupación Socialista Gomera.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señorías, desde Agrupación Socialista Gomera queremos comenzar agradeciendo a todas las personas e instituciones que han hecho posible este proceso y, por supuesto, también a la letrada, que ha sido una pieza fundamental.

Gracias a este esfuerzo colectivo, aunque se niegue que lo haya habido, hoy contamos con un texto que respeta la autonomía universitaria, pero, al mismo tiempo, refuerza los principios de transparencia, de control público y vinculación social que deben garantizar cualquier institución financiada con fondos públicos.

¿Qué busca esta reforma, señorías? En primer lugar, lo que se busca es aclarar y reforzar el papel de los consejos sociales como órganos de participación de la sociedad en la universidad. Los consejos sociales, señorías, no son órganos decorativos, son la puerta de entrada del tejido económico, social y cultural en la vida universitaria, y por eso deben contar con recursos suficientes, con competencias claras y con mecanismos que les permitan ejercer una función real y de orientación estratégica.

En segundo lugar, esta modificación introduce una regulación clara sobre la creación, modificación y extinción de universidades en Canarias, así como sobre la adscripción de centros universitarios. Esto es vital para poder ordenar el crecimiento del sistema universitario, evitar duplicidades y garantizar, sobre todo, que cada nuevo proyecto responda a criterios objetivos de calidad, sostenibilidad y necesidad social.

En tercer lugar, también se introducen mecanismos de control en materia de gestión económica y de personal. Y no son una amenaza a la autonomía, todo lo contrario, son una exigencia de responsabilidad. La universidad es parte del sector público y como tal debe rendir cuentas con los mismos estándares que cualquier Administración.

Señorías, en este camino nadie pierde, todos ganamos. Gana la universidad porque tendrá más capacidad de responder a los retos que enfrenta; gana la sociedad porque ve fortalecida su participación y su capacidad de incidir en la formación y la investigación, y también ganan los estudiantes porque tendrán universidades más transparentes, más eficientes y más conectadas con la realidad del mundo laboral. Y gana también el sistema canario en su conjunto porque esta ley sienta las bases de una gobernanza más moderna, más coherente y mucho más útil para el siglo XXI. Y, si no, señorías, el tiempo nos dará o nos quitará la razón.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Grupo Parlamentario Popular.

La señora SAAVEDRA HIERRO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, permítanme saludar a los representantes del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que están aquí presentes.

Hoy culminamos un trabajo largo, dialogado y necesario. Con la aprobación de esta ley actualizamos un marco normativo que llevaba más de dos décadas sin revisarse, a pesar de los profundos cambios que ha vivido nuestro sistema universitario, nuestra sociedad y el propio concepto de gobernanza institucional. Porque esta norma es el resultado del esfuerzo compartido entre todos los grupos. Y sí, es cierto lo que han dicho los compañeros: hemos trabajado todos los grupos arduamente en muchas ponencias para llegar a acuerdos. También han trabajado los propios consejos sociales, las universidades y el Gobierno de Canarias, un trabajo de meses que ha sabido escuchar, incorporar propuestas y construir desde la pluralidad. Y esto tiene un valor inmenso, porque no solo es una ley técnica, es una ley que fortalece la democracia universitaria, que reconoce la función esencial de los consejos sociales como puente entre la universidad y la sociedad. Porque si algo hemos aprendido en estos años es que necesitamos universidades abiertas, comprometidas con su entorno, y para eso hacen falta consejos sociales fuertes, útiles, participativos y reconocidos, no como un mero trámite institucional, sino como un verdadero espacio de interlocución con la ciudadanía, con el tejido empresarial, con el mundo cultural, con el tercer sector.

Esta ley avanza precisamente en esta dirección, fortalece la composición plural y equilibrada de los consejos, mejora su transparencia, clarifica sus funciones y reconoce su autonomía y, sobre todo, refuerza su papel como agentes activos en la orientación estratégica de las universidades canarias.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos apoyado esta norma desde el primer momento porque creemos profundamente en la universidad pública, en su capacidad de transformación y en la necesidad de abrirla a nuevos lenguajes, a nuevas alianzas y a nuevos retos. Una universidad que escucha, que investiga para publicar, pero también para resolver problemas reales, que forme no solo profesionales, sino también a ciudadanos comprometidos. Y en esta misión los consejos sociales no son un actor secundario, son parte de la solución, son un canal fundamental para conectar universidad y territorio, para escuchar la voz de la empresa, pero también la de la cultura, la ciencia, la economía social o la ciudadanía organizada.

Y en islas como Fuerteventura -y lo digo con conocimiento de causa- esto adquiere una dimensión aún más importante, porque hablar de gobernanza universitaria también es hablar de cohesión territorial, de presencia efectiva en todas las islas, de participación real desde la periferia.

Aprobar esta ley no es el final, es el principio. Ahora nos toca aplicarla, dotarla de recursos, acompañarla con políticas públicas que refuercen el papel de los consejos sociales, que impulsen su profesionalización, su visibilidad y su papel en la vida universitaria. Hacemos una ley con visión de futuro.

Gracias. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Saavedra.

Grupo Nacionalista Canario. Interviene la señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidenta.

Señorías, ¿qué queremos, universidades que sean abiertas a la sociedad o universidades cerradas, encerradas en sí mismas? Desde Coalición Canaria tenemos clara la respuesta, y por eso apoyamos y defendemos esta ley de consejos sociales para fortalecerlos como órganos de participación de los ciudadanos y también de conexión estratégica con nuestro entorno económico, social y territorial, de la universidad con la sociedad.

Esta ley reafirma la autonomía universitaria, lo hace expresamente en su artículo 1 bis, y delimita con claridad las competencias del consejo social. No entra en la programación docente, no decide contenidos académicos, no interfiere en la selección del profesorado, se mantiene plenamente el liderazgo académico en exclusiva por parte del consejo de gobierno y del rectorado. Pero sí reconoce las que son competencias del consejo social: vigilar el buen uso de recursos públicos, impulsar la colaboración entre la universidad y la sociedad, participar en la planificación y fomentar la transparencia y la ética.

Las universidades públicas reciben casi trescientos millones de euros cada año de recursos públicos, y la ciudadanía tiene derecho a saber qué retorno obtiene y cómo se toman las decisiones.

Esta es una reforma con diálogo. Hemos escuchado a los rectores desde el principio hasta el final, hasta el último día, y gracias a sus aportaciones se han introducido mejoras.

También, y esto es importante, se protege a las universidades públicas en el Consejo Universitario de Canarias, garantizando su representación mayoritaria: ocho representantes de las públicas y cinco de las privadas. Y también las decisiones sobre las universidades públicas se tomarán sin ninguna participación de las privadas.

El Consejo Consultivo no ha formulado ninguna objeción de inconstitucionalidad y, además, en todo el proceso de las enmiendas hemos estado asesorados por los letrados de la Cámara. Y quiero agradecer a la letrada Marta Cabrera su trabajo riguroso en este tiempo.

Por tanto, quienes pretenden cuestionar esta ley con interpretaciones sesgadas, interesadas y algunas directamente falsas, se equivocan. Estos días hay quien ha intentado generar ruido para deslegitimar a este Parlamento la aprobación de esta ley, llegando a decir que lo único que teníamos que haber hecho era una transposición literal de la norma del Estado. Señorías, parece que hay quien no se ha leído nuestro Estatuto de Autonomía, que en su artículo 134 otorga plenas facultades a este Parlamento para legislar en materia de universidades y de sus órganos de gobierno. Es más, la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario establece expresamente en su artículo 47.2, letra m) que las leyes autonómicas podrán otorgar funciones adicionales a los consejos sociales, es decir, nos da competencias para desarrollar la LOSU.

Perdón (dirigiéndose a la Presidencia), es que, creo, presidenta, creo que me ha dado menos tiempo... Pues creo que me ha dado menos tiempo.

En todo caso, señorías, con esta ley entregamos a las universidades una potente herramienta para hacer más... (Corte automático del sonido). (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Espino.

Muy bien, hemos finalizado el debate y llamamos a la votación. (Suena el timbre de llamada a votación).

Dígame, señor Galván.

El señor GALVÁN SASIA (desde su escaño): Sí, quisiéramos pedir -porque se han hecho bloques aquí en el Partido Socialista-, en el bloque 1, si se pudieran votar por separado, del bloque 1 socialista, la enmienda 40 y la 46; y, en el bloque 2, separar la enmienda 43.

La señora PRESIDENTA: Muy bien, así será. Gracias, señor Galván.

Señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): Gracias, presidenta. Queríamos plantear que, del bloque..., es decir, de las enmiendas in voce del Gobierno, separar del primer bloque la 2.

La señora PRESIDENTA: Un segundito, señora Hernández. Las enmiendas in voce se van a votar todas por separado.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): (sin micrófono).

La señora PRESIDENTA: Las siete. Vale, perfecto.

¿Alguna cuestión más? Les voy a explicar un poco, ¿vale?

Bueno, en primer lugar, se han presentado siete enmiendas in voce.

Les voy a preguntar a los grupos parlamentarios si alguno muestra disconformidad con la tramitación de las enmiendas in voce.

Ninguna, ¿verdad?

Vale, pues entonces vamos a proceder, en primer lugar, a votar cada una de las enmiendas, de las siete enmiendas in voce, ¿vale?

Votamos, enmienda in voce número 1. Votamos.

Emitidos presentes, 64: sí, 38; no, 0; abstenciones, 26.

Queda aprobada.

Ahora vamos a votar la enmienda in voce número 2. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 33; no, 0; abstenciones, 31.

Y antes olvidé el voto telemático del señor Cabrera. Sí, el señor Cabrera vota sí.

Queda aprobada.

Votación... enmienda in voce número 3. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 38; no, 26; abstenciones, 0.

El señor Cabrera vota sí.

Queda, por tanto, aprobada la enmienda in voce.

Enmienda in voce número 4. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 38; no, 0; abstenciones, 26.

El señor Cabrera vota sí.

Queda, por tanto, aprobada.

Vamos a la enmienda in voce número 5. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 38; no, 26; abstenciones, 0.

Vamos a ver, el señor Cabrera vota sí.

Queda, por tanto, aprobada.

Votación... enmienda número 6. Votamos.

Emitidos presentes, 64: sí, 38; no, 26; abstenciones, 0.

El señor Cabrera vota sí.

Por tanto, queda también aprobada.

Y, por último, nos queda la enmienda número 7. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 29; no, 35; abstenciones, 0.

Muy bien. Ahora hemos terminado las enmiendas in voce y ahora procedemos a la votación del bloque 1 del Grupo Parlamentario VOX. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 3; no, 61; abstenciones, 0.

El señor Cabrera vota no.

Queda, por tanto, rechazado.

Ahora vamos a proceder a la votación del bloque 1 de Nueva Canarias-Bloque Canarista. Votamos.

Presentes, 64: sí, 5; no, 33; abstenciones, 26.

El señor Cabrera vota no.

Por tanto, queda rechazado.

Y ahora procedemos a la votación del bloque 2 de Nueva Canarias-Bloque Canarista. Votamos.

Presentes, 64: sí, 28; no, 36; abstenciones, 0.

El señor Cabrera vota no.

Queda, por tanto, rechazado.

Ahora pasamos a las enmiendas... a los bloques del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos primero a votar la enmienda número 40. Votamos.

Emitidos presentes, 64: sí, 23; no, 36; abstenciones, 5.

Por tanto... El señor Cabrera vota no.

Por tanto, queda rechazada.

Ahora vamos a votar la enmienda número 46 del Grupo Socialista. Votamos.

Emitidos presentes, 64: sí, 24; no, 36; abstenciones, 4.

El señor Cabrera vota no.

Por tanto, queda rechazada.

Ahora vamos a votar todo el resto del bloque 1 del Grupo Socialista. Votamos.

Votos emitidos presentes, 60: sí, 24; no, 33; abstenciones, 3.

El señor Cabrera vota no. Por tanto, queda rechazado.

Ahora vamos a votar la enmienda número 43, que conforma el bloque segundo, solo la enmienda 43, ¿vale? Votamos.

Un momento, un momento. Espérense que...

Votos emitidos presentes, 63: sí, 28; no, 32; abstenciones, 3.

Un segundo, por favor.

Vota no. Queda, por tanto, rechazada.

¿Quién pide la palabra? Sí, sí, pero espere un momentito, que lea el resultado de la votación, por favor.

¿Alguien ha pedido la palabra?

Señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): (Sin micrófono).

La señora PRESIDENTA: Pero en medio de la votación no me la puede pedir. O sea que, señora Hernández, ¿quería usted decir algo?

Llevamos aquí algunos años algunos y sabemos que en medio de una votación se vota, decimos el resultado y después pedimos el este... Los que llevamos años, digo, los nuevos llevan solo dos años, pero algunos llevamos 20, y justo los que... Bueno, seguimos.

Venga, ahora, evidentemente, ya hemos... Ya me he despistado, hay que votar todo el bloque 2 del Grupo PSOE, ¿verdad? ¿O es lo que acabamos de votar? ¿Es lo que acabamos de votar, del Grupo...? No, claro. Hemos votado la enmienda solo, ¿verdad?

Ahora votamos.

El bloque 2 del Grupo Socialista que conforman las enmiendas 45, 47, 48 y la enmienda número 50. Votamos.

Emitidos presentes, 64: sí, 28; no, 36; abstenciones, 0.

Y, por tanto... Falta el voto del señor Cabrera. Bueno, no ha llegado todavía. De cualquier manera, está rechazado el bloque. No ha votado.

Queda rechazado el bloque.

Ahora vamos a proceder a la votación del dictamen de la comisión en sus términos, incluyendo las modificaciones de las enmiendas aprobadas en pleno. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 38; no, 3; abstenciones, 23.

Esperamos por el voto del señor Cabrera.

Bueno, de cualquier manera, queda aprobado.

Pasamos a la votación del preámbulo y del título de la ley. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 61; no, 3; abstenciones, 0.

Quedan, por tanto, aprobados.

Y ahora vamos a votar la autorización del pleno a la letrada para realizar las correcciones, ajustes y adaptaciones en la ley aprobada, incluyendo, evidentemente, la modificación del preámbulo. Votamos.

Votos emitidos presentes, 64: sí, 64; no, 0; abstenciones, 0.

Esperando por el voto telemático del señor Cabrera. Esperamos por él.

Muy bien. Pues hemos finalizado el orden del día. Simplemente me queda decirles que, después de diez años, les deseo a los palmeros una buena..., una feliz Bajada.

Gracias a todos. Feliz día.

(Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta y ocho minutos).