Diario de Sesiones 90, de fecha 10/9/2025
Punto 18
11L/DL-0017 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. POR EL QUE SE DESARROLLAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Pues pasamos ahora al debate de la convalidación o derogación de decretos leyes. Vamos al Decreto Ley 17, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Inicia su intervención la señora consejera de Bienestar Social por tiempo de ocho minutos.
La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidenta.
Hoy venimos a convalidar el presente, un decreto ley que constituye un verdadero avance social y que supone una mejora sustancial en la vida de miles de personas en nuestro archipiélago con discapacidad.
El decreto ley, aprobado el pasado 29 de julio por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en nuestra comunidad autónoma.
Señorías, este es un texto normativo de enorme trascendencia, no solo para las personas con discapacidad y sus familias, sino para toda la sociedad canaria en su conjunto, y lo es porque rompe con años de procedimientos lentos, burocráticos y poco eficaces y que generaban retrasos, inseguridad y obstáculos en el acceso a derechos fundamentales. Las demoras en las resoluciones, la rigidez en las valoraciones y la excesiva burocratización de trámites administrativos han supuesto durante demasiado tiempo una carga añadida para quienes ya partían de una situación de vulnerabilidad. Conscientes de esta realidad, hemos querido responder con un cambio profundo, con una norma que prioriza la agilidad, la objetividad y la simplificación administrativa.
Los principales beneficios de este decreto para la ciudadanía son, primero, la gran novedad es el procedimiento especial recogido en el artículo 14 del decreto ley. Este procedimiento introduce un anexo con un listado de patologías que permite determinar directamente un grado de discapacidad del 33, 65 o 75 %, siempre que se acredite documentalmente. ¿Y esto qué significa en la práctica? Significa que en estos casos ya no será necesario pasar por una valoración presencial, la persona podrá obtener su resolución de manera mucho más rápida, lo que se traduce en un acceso más temprano a las prestaciones, a los recursos y sobre todo a sus derechos, que hasta ahora se retrasaban incluso años. Este cambio reducirá de forma muy significativa las listas de espera y eliminará desplazamientos innecesarios. Una familia, una persona con discapacidad, que hasta ahora podía esperar años para obtener esa resolución del grado, podrá contar con este reconocimiento mucho más pronto, y eso, señorías, significa acceso inmediato a becas, a ayudas técnicas, a adaptaciones educativas, a prestaciones económicas, por ejemplo, como las pensiones no contributivas por invalidez, o a servicios especializados.
La segunda medida de gran calado es la ampliación de la prioridad en la tramitación. Hasta ahora esta prioridad estaba reservada únicamente a los menores de 0 a 6 años, principalmente vinculada a la atención temprana. Con este decreto la prioridad se amplía a todos los menores hasta los 18 años y, además, se incorporan no solo criterios médicos, sino también condicionantes sociales graves. Esto significa que un adolescente o una adolescente que atraviese una situación social especialmente complicada podrá ser atendida de una manera más rápida y eficaz, facilitando su acceso a esos recursos educativos, apoyos en institutos o universidades y a todas aquellas herramientas que favorezcan su inclusión. Señorías, hablamos de niños, niñas y jóvenes que no pueden esperar y este decreto responde a esa urgencia.
Otra medida destacable es la emisión directa de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Con esta resolución del grado de discapacidad esta tarjeta se generará de oficio, sin que la persona tenga que iniciar un procedimiento adicional. Parece un detalle menor, pero para quienes dependen de esta tarjeta es un alivio enorme, un ejemplo claro cómo esta simplificación administrativa puede mejorar la vida diaria y reducir la burocracia.
Este decreto es también una herramienta de justicia territorial. En Canarias tenemos una realidad fragmentada por la insularidad y sabemos que para las personas con discapacidad que viven en islas no capitalinas la distancia y los desplazamientos se convierten en barreras adicionales. El nuevo sistema prevé mecanismos para garantizar la atención en todas las islas, acercando los equipos de valoración a donde está la ciudadanía. Así aseguramos con esta normativa que vivir en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, en Lanzarote o Fuerteventura no suponga un obstáculo adicional para acceder a un derecho básico. Con ello avanzamos en equidad territorial y reforzamos la cohesión de nuestro archipiélago.
Pero este decreto no sería creíble si no viniera acompañado de un firme compromiso de implementación, por eso este Gobierno de Canarias ha asumido la responsabilidad de dotar de los recursos técnicos y humanos necesarios para que este sistema funcione con eficacia -ya lo estamos haciendo-, formar adecuadamente al personal encargado de aplicar los nuevos procedimientos -ya lo estamos haciendo- y realizar una evaluación periódica para medir el impacto de la norma, escuchar a las personas afectadas y promover mejoras cuando sea necesario.
Estamos convencidos de que con este enfoque Canarias se sitúa a la vanguardia en el reconocimiento de la discapacidad en España, como así ya lo ha dicho el director general de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales. Pero, más importante aún, estamos convencidos de que este decreto coloca a las personas con discapacidad en Canarias en el centro de la acción pública.
Este decreto ley no es un simple ajuste normativo, es una reforma estructural que apuesta por la inclusión, por la equidad y por la mejora de la calidad de vida de miles de canarios y canarias. Gracias a esta normativa reducimos los tiempos de espera, evitamos trámites y desplazamientos innecesarios y priorizamos a los colectivos más vulnerables, simplificamos los procedimientos administrativos y garantizamos el acceso a derechos que son fundamentales para la autonomía personal y la igualdad de oportunidades.
Hoy les pido que, más allá de las legítimas diferencias políticas, respaldemos unidos este decreto, porque este es un cambio que no pertenece a un Gobierno ni a un partido, sino a toda la sociedad canaria. No podemos olvidar que situar a las personas con discapacidad en el centro de nuestras políticas no es solo un deber legal, es un deber moral. Con este decreto estamos dando un paso adelante, un paso que transforma la manera en que reconocemos la discapacidad y que, sobre todo, es un paso que dignifica a quienes la viven en primera persona.
Muchísimas gracias. (Palmoteos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, consejera.
Agrupación Herreña Independiente.
El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías. Señora consejera.
Estamos ante una iniciativa que va a permitir mejorar la vida de las personas con discapacidad, atendiendo, por fin, a una demanda justa e histórica, una demanda justa que lo es en virtud del derecho individual que asiste a cada persona con discapacidad y también en virtud de la igualdad de acceso a los servicios, con independencia del lugar en el que se resida.
En mi condición de portavoz de una formación que está anclada en una isla no capitalina creo que esta parte del decreto, precisamente la de potenciar la labor de los cabildos en la tramitación y verificación de la documentación necesaria, es un paso muy importante para el desbloqueo de la situación actual.
No me resisto a no citar textualmente un párrafo concreto del decreto, que explica la perfección de lo que estamos hablando y lo que se está haciendo: "Obedece el presente Decreto ley y con ello se justifica su necesidad, la urgente atención a todas aquellas singularidades existentes en un territorio insular fragmentado, que en muchas ocasiones deriva de una primacía en la facilidad de acceso a los servicios en las grandes islas frente a las islas no capitalinas. Es por ello que se requiere la adaptación de los procedimientos normativos, con el fin de garantizar ese tratamiento igualitario en la atención procedimental en cada una de las islas". Es decir, estamos trabajando para evitar el doble castigo que sufren las personas con discapacidad: una por su propia condición y otra por vivir en una isla no capitalina.
Ahora bien, una vez convalidado el decreto empieza otra tarea que tampoco se presume nada fácil y que determinará el éxito o no de esta iniciativa legal, y es la correcta adaptación de los recursos a los departamentos, que deben asumir ahora nuevas tareas. Seguiremos con atención los procedimientos para garantizar la máxima eficacia del decreto y que no se queden en papel mojado.
Cada vez que la Comisión de Discapacidad sale de este Parlamento y va a otra isla -recientemente la última fue la isla de El Hierro y próximamente estaremos en Gran Canaria-, los colectivos, el tercer sector, las personas que acuden nos dan un baño de realidad; todos esos profesionales que trabajan nos demandan cuestiones que son básicas y elementales, algunas que a lo mejor con un poco de voluntad, como dijimos en esa comisión, se podrían solventar, simplemente a lo mejor con hacer una visita volante a las islas verdes para poder dar un batido y hacer todas esas valoraciones de grado que están pendientes. Por eso, señora consejera, usted con este decreto está generando unas expectativas, por eso la animamos a que esas expectativas en familias, en profesionales, que están viendo una solución a problemas de burocracia atascada durante años, no queden en eso, en papel mojado y que, finalmente, se puedan generar los recursos necesarios.
Por nuestra parte, estamos dispuestos aquí, en el Parlamento, y este partido en concreto, a dotar de los recursos que su consejería nos pida en este sentido. No podemos permitir que una persona de la isla de El Hierro, de la isla de La Gomera, de La Palma o de Lanzarote o Fuerteventura vea cómo muchas de sus expectativas de vida quedan frustradas y cómo hay ciudadanos de segunda y de primera y en función de dónde hayas nacido tienes unas posibilidades o tienes otras. Eso es lo que no podemos permitir y eso es precisamente lo que este decreto ley debe corregir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.
Agrupación Socialista Gomera.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señora consejera, la exposición de motivos de este decreto hay algo que señala con claridad y es que existe hace mucho tiempo una situación de colapso en los expedientes de discapacidad que ha generado, lamentablemente, en retrasos intolerables. Y, señoría, cada expediente pendiente significa una vida en espera, significa un derecho pospuesto y significa que existe o que hay una familia desprotegida.
Por tanto, este decreto nace de la necesidad urgente de dar respuesta a un sector de la población que lleva muchos años aguardando poder acceder a lo que por derecho le corresponde, y lo hace, además, este decreto, simplificando fases, unificando criterios y también automatizando trámites para poder reducir esos tiempos, que se han vuelto infinitos, porque coincidiremos todos en que las personas con discapacidad merecen procesos dignos, merecen que los procesos sean comprensibles y también merecen respuestas eficaces por parte de las administraciones competentes en la materia.
Como diputada por la isla de La Gomera quiero subrayar lo que esta norma representa especialmente para una isla como la nuestra. Hasta ahora muchas familias se veían obligadas a desplazarse a Tenerife para poder completar su valoración, asumiendo para esto un sobrecoste innecesario, pero, sobre todo, también muchas veces asumiendo un desgaste emocional que para nosotros es tremendamente injusto. Con este decreto y con los convenios con los cabildos esas valoraciones por fin van a poder realizarse en la propia isla y, además, se va a poder realizar con cercanía y con equidad, que es lo que las familias tantos años llevan reclamando a sus administraciones más cercanas.
La semana pasada se celebró la comisión de cabildos y ahí pudimos escuchar a los distintos representantes de los distintos cabildos insulares y todos, todos ellos pusieron en valor este decreto, y lo hicieron porque son administraciones cercanas a la ciudadanía, porque son los primeros en pedir que en asuntos, sobre todo en asuntos como este, la burocracia pase a un segundo plano y que las personas estén en el centro, y eso es exactamente lo que se consigue con este texto normativo.
Señorías, el decreto que hoy vamos a respaldar no es solo una cuestión técnica, es sobre todo una cuestión profundamente humana, porque hablamos de vida, hablamos de oportunidades y hablamos también de igualdad, y con este decreto el Gobierno de Canarias y también los grupos que vayamos a apoyar este documento, lo que creo que todos tenemos en común y lo que todos tenemos claro es que recortar listas de espera es recortar desigualdad.
Por eso desde la Agrupación Socialista Gomera nosotros -lo dijimos en la comisión de cabildos y lo repetimos en la sesión plenaria de hoy- celebramos este paso y, además, vamos a respaldar este texto con la convicción de que con él se abre un nuevo tiempo de esperanza para muchos canarios. Y, como dije también en comisión y repito en sesión plenaria, porque creo que es importante, este decreto, consejera, no es un punto de llegada, sino es un punto de partida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.
Es tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX. Interviene la señora Jover.
La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera.
La semana pasada escuchábamos a los representantes de los cabildos insulares en comisión alabar y elogiar esta disposición que hoy va a ser sometida a convalidación. Se hablaba de que esta norma coloca a las personas en el centro y por fin la burocracia pasa a un segundo plano, se decía que se trataba de un paso crucial, de un salto cualitativo, y no nos extraña, porque, al fin y al cabo, los cabildos que comparecieron son esos representantes de formaciones políticas, que son las mismas que gobiernan en Canarias.
Yo sí que le quiero reconocer, creo que esta norma tiene algunos avances importantes, ese listado de patologías que automáticamente supondrán el reconocimiento de un 33, un 65 o un 75 % de discapacidad. También, por supuesto, que se haya aumentado la prioridad de valoración de los menores de edad hasta los 18 años y que, por ejemplo, la tarjeta de conducir de transporte se saque y se emita conjuntamente con la resolución que determine esa discapacidad.
Pero yo en aquella ocasión, en esa sesión, le planteaba varias dudas, y yo vi cómo usted tomaba nota de esas dudas que nos planteaba al Grupo Parlamentario VOX este decreto ley, y hoy esas dudas siguen sin resolverse, y son necesariamente..., deberían estar ya resueltas, porque aquí no venimos a vender humo y a colocar en normas que no van a ser desplegadas en su totalidad palabras bonitas, aquí estamos hablando de algo muy serio, de un colectivo que lleva años con unas demandas que no están siendo satisfechas, que se le están hurtando los derechos a más de cuarenta mil cien personas con discapacidad y a todas sus familias.
La primera de ellas es qué pasa con la ficha financiera de este decreto ley, porque lo cierto es que va sin evaluación económica. Usted quizás hará referencia a esos 50 auxiliares del plan de choque, pero es que el plan de choque ya se aprobó, ya está vigente, ya la ficha financiera está aprobada por el Gobierno. Este es un decreto ley que estamos tramitando ahora. ¿Qué tiene de nuevo económicamente para que podamos confiar en él? Esa es la primera gran cuestión.
Pero es que, además, la segunda cuestión es qué ocurre con ese plan urgente, porque el plan urgente dice, si es tan urgente, habla, ya empiezas a leer en la disposición que lo regula que va a requerir concreción, en el plazo de un mes va a requerir formación de personal. ¿De dónde va a salir ese personal? ¿Cuánto tiempo va a llevar esa formación? Y, además, si lo ponemos en relación con esos equipos territoriales de valoración que ustedes en este decreto ley no aprovechan para implantarnos directamente en las islas no capitalinas, nos vemos con que va a haber también que cerrar y negociar unos convenios con los cabildos insulares.
Y yo ahora le recuerdo lo difíciles que son los convenios, porque ¿qué ha ocurrido con el convenio para la dependencia que debía regir de 2025 a 2029, que en mayo usted ya nos prometía que iban a estar ya, ya, ya, iban a salir y a publicarse? Seguimos esperando por los convenios de dependencia. ¿Cuánto vamos a tener que esperar por estos convenios de discapacidad? Es otra duda que yo le planteaba. Hoy usted no me la ha respondido. Ojalá en el futuro tengamos oportunidad de ver que nos equivocamos y que esto va a ser realmente algo que dé respuesta rápida.
Y, además, lo digo porque no solo vale la voluntad política, sino que la voluntad hay que demostrarla, y me refiero a que falta ficha económica, pero, en cambio, no falta ficha económica para en esa disposición final blindar salarialmente a los altos cargos del Servicio Canario de la Salud y del Gobierno de Canarias. ¿Cuánto tiempo llevamos desde VOX pidiendo recuperar la paga adicional del personal sanitario y la respuesta de su Gobierno ha sido que no hay ficha financiera y ahora, en cambio, para los altos cargos del Servicio Canario de la Salud y de la Consejería de Sanidad nos están pidiendo ustedes que firmemos un cheque en blanco? ¿A quién pretenden engañar? Es una vergüenza. Usted... o no usted, porque esto yo creo que no parte de usted, su Gobierno tenía la oportunidad de pedir a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno que presentase una proposición de ley con esta propuesta. Ustedes, el Gobierno, podrían haber aprobado un decreto de ley específico para blindar esos cargos.
Otra tercera opción: proyecto de ley para modificar una ley sustantiva de sanidad para ese aumento salarial, que es un cheque en blanco o, incluso, aprovechando, cuarta opción, la ley de presupuestos que van a traer a este Parlamento a finales de mes, podrían haberlo introducido también ahí. Pero no, va por la puerta de atrás en una norma que nos va a doler mucho no poder votar a favor, no convalidarla, nos va a doler mucho. Van por la puerta de atrás a escondidas.
Y lo criticamos, y perdone que sea tan directa con mis acusaciones, pero es que llevo ya tramitados unos cuantitos decretos ley en este Parlamento y esta técnica ya la he visto en varias ocasiones, pero cada vez lo hacen ustedes menos tímidamente y cada vez con cuestiones más graves, más graves. Entonces, nos duele que ante las históricas demandas del colectivo de personas con discapacidad se esté actuando de esta manera, sin ficha económica, cuando sí la hay para determinadas personas, disfrazándolo todo ello de captación del talento en la Administración pública, además, solo una parte de la Administración pública, solo una parte, y de esta forma.
Con lo cual, ya en su día VOX no votó a favor de la modificación de la Constitución que cambiaba el concepto de disminuido por el de persona con discapacidad porque se ocultaban en esa reforma muchas otras cuestiones, y por eso hoy no podrá VOX votar a favor de esta convalidación. Esperamos que salga adelante la propuesta de votar este decreto ley como proyecto de ley y esperamos que entonces no pasen ustedes el rodillo y podamos introducir las enmiendas oportunas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.
Tiempo de intervención ahora para Nueva Canarias-Bloque Canarista. Lo hace la señora Santana.
La señora SANTANA SANTANA: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy este Parlamento analiza un decreto ley que en teoría viene como objetivo para responder a la situación de colapso de la discapacidad en Canarias que viven miles de personas esperando el reconocimiento de su grado de discapacidad. Esto genera, sin duda, un impacto irreversible en la vida de ellos y ellas, en especial de los niños y niñas, a quienes esta lista de espera eterna directamente les arrebata la posibilidad de tener un futuro mejor.
Miren, aunque esto no es un problema nuevo, es indudable que estos dos años de mala gestión por parte de la directora general y de su consejera, que no han estado a la altura, se han notado. Esta tierra ha llegado a acumular más de cuarenta mil expedientes pendientes, con retrasos de hasta dieciocho meses para acceder a derechos básicos. Y no es que lo digamos nosotros, la propia Diputación del Común en su último informe lo dejaba claro.
Pero, miren, vamos a centrarnos en este decreto. Yo tengo que decir que a Nueva Canarias-Bloque Canarista nos despierta sentimientos encontrados. Por un lado, de admiración, porque algunos de sus planteamientos consideramos que representan un gran avance, por ejemplo, que se contemple el reconocimiento automático de determinadas patologías graves, como la ELA, el alzhéimer, el párkinson o el cáncer infantil es un paso de justicia y de humanidad y, por tanto, se lo alabamos, consejera. También consideramos positivo que se reconozca el grado de discapacidad inmediato a través de un informe médico. Eso abre puertas directas a los derechos de las personas con discapacidad y también a las herramientas para su inclusión. Pero, señorías, incluso ese avance queda en riesgo si no se dota de herramientas. En islas como Lanzarote y Fuerteventura los equipos de valoración no tienen acceso al programa Drago de datos clínicos especializados. Sin esa información médica es imposible aplicar correctamente este reconocimiento y el grado de discapacidad automático. Un derecho en el papel no sirve de nada si después los profesionales no tienen los medios para hacerlo efectivo. Positivo es también que el decreto reconozca que en las islas no capitalinas ha habido una discriminación histórica en el acceso a las valoraciones, pero me temo que sin financiación suficiente para los cabildos seguirá siendo papel mojado. Habla de planes de choque, y está fenomenal, pero es que lo necesario es contar con plantilla estable y recursos estructurales, y eso aquí me temo que no aparece.
Miren, y, por otro lado, tengo que confesar que desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, al margen de otros aspectos que se recogen en el informe del consultivo sobre la carencia de presupuesto habilitante, sobre el silencio administrativo o la invasión de competencias al Estado, hay otro sentimiento que surge y es el de perplejidad. No damos crédito ante la desfachatez que han tenido tanto el señor Clavijo como la señora consejera al utilizar un decreto que viene a resolver o venía a resolver un drama social que venía a dar alivio a esas personas, a esas familias con niños y niñas con discapacidad, para colar, colar sin decoro alguno el blindaje de los salarios de los nuevos cargos de la Consejería de Sanidad. La pregunta es si a ustedes no se les cae la cara de vergüenza. Es que ya no se cortan. Coalición Canaria y el Partido Popular, con ustedes la realidad supera a cualquier ficción.
Consejera, ¿usted esto se lo ha dicho a las asociaciones a las que ha estado llamando para informarles del decreto?, ¿les ha dicho que junto a ese dictamen automático para aliviar la lista de espera -cosa que nosotros celebramos- para que un niño o una niña con autismo tenga un certificado que le dé acceso a terapias, a becas, a derechos, como mínimo, en seis meses, usted les ha dicho también que va a garantizar el sueldo de los cargos directivos que ustedes han enchufado para que tengan un complementito personal para que no pierdan poder adquisitivo? ¿Usted les ha contado esta desfachatez?
Mire, y ahora si quiere dice que desde la oposición o desde Nueva Canaria caemos en la crítica fácil, en el ataque y todas las falsedades que dijo ayer. Jamás he faltado al respeto, primero, porque no va con mi Grupo Parlamentario y tampoco con la diputada que le habla, porque eso hablaría peor de mí que de su falta de buen hacer.
Mire, mi obligación es fiscalizar la labor del Gobierno. Siento si eso le genera incomodidad. Usted sabe que somos propositivos, usted sabe que si algo está bien somos los primeros en reconocerlo. Lo hemos hecho hoy, la hemos felicitado por esos aspectos. Pero somos rigurosos y esa disposición final constituye una canallada, es una perversión de las herramientas que tiene este Parlamento para mejorar la vida de nuestro país canario. Y no lo decimos desde Nueva Canarias, el informe del consultivo es cristalino, en este decreto hay inconstitucionalidad manifiesta. Esa disposición final que ustedes torticeramente incluyeron no se ajusta ni al criterio de extraordinaria ni al de urgente necesidad, la necesidad urgente la tiene Coalición Canaria para pagarle los suelditos a los suyos, esa es la urgencia.
Señorías de Coalición Canaria y el Partido Popular, esto no se hace, esto roza todos los límites éticos y morales, es una indecencia política que ustedes traigan un decreto disfrazado de solución para las personas con discapacidad en Canarias y, además, lo traen a sabiendas de que Nueva Canarias votaría a favor, porque conocen nuestro sentido de responsabilidad y del deber, el que mantenemos con las personas vulnerables y con discapacidad en nuestra tierra, ustedes lo sabían y por eso han metido por la puerta de atrás este disparate.
Miren, la política debe servir para aliviar el sufrimiento y no para aprovecharse de él. Ustedes han pervertido un decreto necesario, convirtiéndolo en un instrumento de vergüenza política. Miren, es importante que Canarias sepa que Coalición Canaria y el Partido Popular han aprovechado el drama de la discapacidad para garantizar el sueldo a sus enchufados. Ustedes, que venían a acabar con los chiringuitos, no solo no han acabado, sino que los han incrementado o les han subido el sueldo. Señorías, cuando se gobierna así, no se gobierna para la gente, se gobierna contra ella y solo para los que ustedes consideran suyos y suyas.
Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista votaremos a favor de la consolidación porque no vamos a continuar castigando a las personas con discapacidad, pero exigimos que, en un ejercicio de responsabilidad, este decreto ley se tramite como proyecto de ley y se corrijan todas esas trampas que el propio consultivo reconoce y que la prioridad se centre en las personas y no en los privilegios.
Gracias. (Palmoteos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.
Muy bien. Por el Grupo Parlamentario Popular va a intervenir la señora doña María Saavedra.
La señora SAAVEDRA HIERRO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hoy debatimos la convalidación del Decreto Ley 4/2025, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias, un decreto que no surge de la nada, sino de la necesidad urgente de dar respuesta a una situación insostenible, porque las listas de espera, los retrasos y la burocracia no son simples cifras, son meses y años que pesan como una losa en las espaldas de miles de familias canarias.
Y quiero subrayar esto desde el principio: no estamos hablando de expedientes, estamos hablando de vidas de madres que dedican cada minuto a cuidar de padres que no saben a quién acudir, de hijos e hijas que necesitan apoyos para desarrollarse en igualdad de condiciones. Cada retraso es una resolución, no es un trámite pendiente, es una oportunidad que se pierde y es un derecho que se aplaza. Por eso este decreto es tan importante, porque abre la puerta a los derechos, porque reduce tiempos de espera, porque transforma lo que antes era un calvario burocrático en un procedimiento más ágil, más humano y más justo.
Señorías, sabemos que el colapso era ya insostenible y lo que ha hecho este Gobierno con valentía es actuar, actuar en el momento en el que más falta hacía, con medidas concretas, no con discursos, y con estas medidas, permítame detallarlas, significan un antes y un después.
El reconocimiento automático de la discapacidad en determinados casos con grados del 33, 65 o 75 %, eso significa eliminar valoraciones presenciales innecesarias y reducir drásticamente los tiempos de espera. En Fuerteventura, en mi isla, es un cambio fundamental: muchas familias dejarán de verse obligadas a desplazarse a Gran Canaria o a Tenerife para algo tan básico como una valoración. Ganamos tiempo, reducimos costes y evitamos que la distancia se convierta en una barrera más a la discapacidad.
Ampliación de la atención prioritaria a todos los menores de 0 a 18 años. Hasta ahora la atención preferente se limitaba a los más pequeños y muchas familias con adolescentes quedaban en un limbo. Para mi isla eso significa que los jóvenes también estarán protegidos, que no se cortará la atención a los 6 años, porque la adolescencia también necesita acompañamiento y apoyo.
La incorporación de criterios sociales graves en la valoración. No todo es cuestión médica, las condiciones de vida, el entorno y la vulnerabilidad social también deben tener peso. En una isla como Fuerteventura, donde la insularidad, la dispersión territorial y la falta de conexiones agravan las dificultades, este criterio es vital para que la respuesta sea justa y adaptada a la realidad.
La emisión de oficio de la tarjeta de aparcamiento. Ya no habrá que iniciar trámites adicionales, la tarjeta llegará automáticamente, y esto, créanme, es un alivio muy real. En una isla de grandes dimensiones como la mía, donde el transporte público todavía es insuficiente, contar con esta tarjeta desde el primer momento es una mejora tangible en el día a día de las personas con movilidad reducida.
Coordinación interinstitucional con Sanidad, Educación, cabildo y colegios profesionales. En Fuerteventura esto se traducirá en servicios más cercanos, en descentralización, en la posibilidad de que el Cabildo y los ayuntamientos estén mejor integrados en la red, que vivir en una isla no capitalina no sea sinónimo de estar en desventaja.
Señorías, este decreto ley no es un simple ajuste técnico, es un avance social, significa menos trámites y más derechos, menos espera y más dignidad, significa que Canarias pone a las personas en el centro de sus políticas.
Quiero también reconocer aquí el papel de las entidades sociales y asociaciones del ámbito de la discapacidad, que llevan años reclamando cambios como estos. Ellos han sido la voz de quienes no siempre pueden alzarla y hoy podemos decir que este Gobierno ha escuchado y ha respondido. Y, además, no podemos olvidar que este Parlamento también es parte de este compromiso. Convalidar hoy este decreto no es solo un acto administrativo, es un mensaje claro a la sociedad canaria de que estamos unidos en lo esencial, de que somos capaces de dar respuestas rápidas a problemas reales.
Canarias se coloca así en la vanguardia en materia de discapacidad. No solo damos respuesta a la emergencia actual, sino que sentamos las bases de un sistema más justo, más ágil y, en definitiva, más humano, un sistema que no condena a esperar, sino que acompaña, que protege y dignifica.
Señorías, desde el Grupo Popular manifestamos nuestro apoyo a la convalidación de este decreto ley, convencidos de que es un paso firme hacia una Canarias más inclusiva, más justa y más igualitaria, una Canarias en la que las personas con discapacidad y sus familias no tengan que vivir la espera como una condena, sino como un proceso rápido, justo y digno, porque al final de lo que se trata es de garantizar lo más básico, igualdad de oportunidades y calidad de vida.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Saavedra.
Señor Martín Fumero, Grupo Nacionalista Canario, su tiempo de intervención.
El señor MARTÍN FUMERO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Desde el Grupo Nacionalista Canario apoyaremos la convalidación de este decreto porque supone un cambio drástico en la valoración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de Canarias.
Abordar la situación de la discapacidad desde el inicio de la legislatura ha sido un objetivo primordial para poder dar una respuesta efectiva y eficiente a la ciudadanía, que hasta ahora ha tenido que soportar años de espera para obtener el reconocimiento del grado de discapacidad.
No debemos olvidar que este mandato comenzó con ocho años de espera en algunas islas y con 9800 expedientes en las gavetas sin tramitar, y detrás de cada uno de esos expedientes había y continúa existiendo una historia familiar de espera y desesperación, porque para muchas de las personas afectadas que necesitaban y necesitan este reconocimiento, el tiempo jugaba en su contra.
En la Comisión de Discapacidad de este Parlamento hemos escuchado a personas y colectivos de todas las islas que nos han expuesto la necesidad de reducir los tiempos de espera. Nos consta que desde la Consejería de Bienestar Social se estaban haciendo los esfuerzos en materia de personal para reforzar los equipos de valoración y dar una mejor respuesta a la situación, pero el colapso ha sido tal que el impacto de esas medidas no ha conseguido bajar la lista de espera de manera significativa.
Ante esto solo había dos maneras de actuar: resignarnos y seguir con la misma tónica hasta el final del mandato haciendo caso omiso a las necesidades de la ciudadanía o tomar las riendas de la situación y cambiar los procedimientos para agilizar los trámites con las garantías legales oportunas. Y esto último es lo que se ha hecho con este decreto, el que hoy abordamos: poner en marcha un cambio radical en cómo realizar el trámite, aligerando la burocracia y pensando en la comodidad de los canarios y las canarias.
La nueva normativa permite el reconocimiento automático de la discapacidad para cientos de patologías al disponer de un listado anexo que permite la resolución del grado del 33, 65 o 75 % sin valoración presencial, con los informes médicos, lo que supone agilizar el trámite, acortar la lista de espera y evitar desplazamientos innecesarios, a veces a personas impedidas físicamente.
Los menores con discapacidad tendrán prioridad en la tramitación hasta los 18 años -hasta ahora esa limitación era hasta los seis- y esto garantiza el acceso a recursos, becas y apoyos educativos. Un menor sin reconocimiento es un o una menor que no podía acceder a una beca fundamental para sus terapias, sobre todo en familias con pocos recursos, que no se las pueden costear sin esa ayuda.
También implica un cambio en el trámite de la tarjeta de aparcamiento, cuya expedición también acumulaba tiempos de espera, ahora se emitirá de oficio. Con la resolución de discapacidad para las personas con problemas de movilidad ya no habrá que realizar un trámite aparte. Aquellos que hemos tenido que esperar tres años por una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida en nuestro entorno familiar sabemos lo importante que es esto.
Este nuevo decreto ley de discapacidad es una respuesta histórica a la demanda de las entidades de este sector. Colectivos y familias llevan años pidiendo un procedimiento más rápido, transparente y justo, y esto, precisamente, es lo que les da respuesta este procedimiento. Además, garantiza la igualdad real entre las islas, estableciendo criterios homogéneos para todo el archipiélago, evitando las desigualdades territoriales. Para ello se desarrollarán los convenios, algunos de los cuales ya se están tramitando con los cabildos. A partir de ahora un solo expediente puede activar varios beneficios, el reconocimiento del grado de discapacidad, la tarjeta de aparcamiento, el acceso a pensiones y los apoyos educativos, situando a las personas en el centro y dejando la burocracia en un segundo plano. Por fin, como ha ocurrido con el decreto de la dependencia, se presentan medidas destinadas a dar soluciones a la ciudadanía, no excusas.
Hablaban en esta tribuna hace nada de mala gestión. ¡Qué poca memoria! Mientras otros ocultaban expedientes en las gavetas, negando derechos, este Gobierno apuesta por dar datos reales, modificar los procedimientos y reconocer derechos.
Con la convalidación de este decreto damos un paso más en la mejora de la atención a las personas con discapacidad en Canarias. Todavía queda mucho por mejorar, somos conscientes, queda mucho camino por recorrer, pero vamos por la senda correcta, y esa senda nos llevará a conseguir una Canarias más justa, equitativa, inclusiva y solidaria.
En el discurso de investidura dijo el presidente en esta tribuna: "Hemos venido a hacer", y desde el Grupo Nacionalista estamos haciendo.
Muchas gracias. (Palmoteos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martín.
Señora Tejera, Grupo Socialista Canario, le corresponde a usted intervenir ahora.
La señora TEJERA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías.
Señorías, este decreto que hoy debatimos parte de la necesidad de adaptar la norma a la nueva regulación aprobada por el Gobierno de España, según Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento y calificación de grado de discapacidad.
El nuevo marco legal responde al compromiso de Pedro Sánchez por mejorar el acceso a las personas con discapacidad y, además, responde a las demandas de las entidades del tercer sector, que reclamaban un sistema más ágil, más justo y en línea con los principios internacionales de derechos humanos.
El Gobierno de España con este real decreto persigue que las valoraciones y reconocimiento de grado de discapacidad sean uniformes, igual en todo el territorio estatal, garantizando los mismos derechos, beneficios y oportunidades a las personas afectadas, residan donde residan, estableciendo un nuevo baremo y un enfoque más integral y adaptado al modelo social de la discapacidad.
En Canarias, la situación que viven las personas con discapacidad que no han obtenido el reconocimiento de grado es insostenible. Así lo manifestaba el último informe de la Diputación del Común, con un aumento de quejas en el año 2024 respecto al año 2023. También manifestaba el informe que la gestión en discapacidad era ineficaz e ineficiente en los procedimientos de reconocimiento y revisión de grado. El propio Gobierno reconoce la urgente necesidad de este decreto para justificar los 40 000 expedientes pendientes de tramitar.
Señorías, la valoración y calificación de grado de discapacidad constituyen uno de los pilares de protección social. Estos procedimientos no solo son una cuestión técnica, sino una puerta de entrada a derechos fundamentales para miles de personas y familias.
Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos que el Gobierno de Canarias siga las directrices de la normativa del Estado, recogiendo medidas que establecen dicho decreto, como la mejora con los nuevos baremos; valoramos la televaloración con supuestos tasados justificando las circunstancias; valoramos también los supuestos en los que se puede y se debe tramitar de urgencia cuando existan razones de interés público, circunstancias como salud, violencia de género u otras de índole humanitario, con lo que reducen a la mitad de plazo, y valoramos la fijación de un plazo máximo de seis meses para dictar la resolución de grado de discapacidad.
Pero, señorías, este decreto ley que presenta el Gobierno de Canarias pretende dar respuesta a las personas con discapacidad, pero lo hace de manera parcial y con carencias que comprometen su eficacia real. El Grupo Parlamentario Socialista echa en falta algunas cuestiones y otras nos preocupan. Por eso confiamos en que el Gobierno lo tramite como proyecto de ley para poder realizar las mejoras pertinentes.
El decreto presenta algunas carencias, como falta de transparencia y control ciudadano; no se establecen plazos, medios de resolución, listas de espera ni indicadores de gestión, esto impide que la ciudadanía y las entidades sociales puedan evaluar el impacto real de la norma; ausencia de accesibilidad cognitiva, el decreto no prevé ajustes como lectura fácil, lenguaje claro o apoyo a la comunicación en el proceso de valoración; desigualdades territoriales, no se contemplan medidas específicas para garantizar la igualdad de acceso entre islas capitalinas y no capitalinas; recursos humanos insuficientes, las medidas contempladas en el decreto dependen de la existencia de equipos multiprofesionales estables y bien dotados, sin embargo, no se ha previsto un plan plurianual de refuerzo que garantice un aumento sostenido de profesionales; falta de formación específica en el modelo biopsicosocial, en este decreto ley se hace evidente la falta de un proceso participativo previo con el personal, con el tercer sector organizado, con la Fecai y así como con los consejos profesionales, esta falta de participación constituye un déficit importante en la elaboración de la norma, se hubiesen corregido buena parte de las lagunas y contradicciones que presenta.
En relación con los plazos, la respuesta desestimatoria en silencio es una práctica insensible en esta circunstancia, incluso cuando la valoración es negativa.
Pero nos parece lamentable, inaceptable, impresentable, que quieran utilizar un decreto ley que responde a una urgencia humanitaria por el retraso en las valoraciones y calificaciones de grado en discapacidad para intereses particulares, introduciendo una disposición final tercera que modifica la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, para que el nuevo director del Servicio Canario de la Salud pueda seguir percibiendo sus ingresos.
Señoría, el Grupo Parlamentario Socialista se va a abstener en esta convalidación, pero le explico por qué: no podemos ser cómplices y que se utilice un decreto de discapacidad, un decreto para la gente más vulnerable con la introducción de una disposición final para beneficios particulares, teniendo sin resolver 40 000 expedientes. Esto es vergonzoso, indigno, no se puede hacer trampas y actuar de una manera torticera para favorecer intereses partidistas añadiendo esa disposición final para favorecer a cargo del Servicio Canario de la Salud. Pero ya estamos como un poco acostumbrados en esta legislatura.
Señorías, Canarias debe tener una normativa transparente y renovadora y que se convierta en un referente en materia de valoración en la discapacidad. Por eso es importante que el Gobierno lo tramite como proyecto de ley.
Gracias. (Palmoteos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Tejera.
Muy bien. Vamos a proceder a llamar a la votación. (Suena el timbre de llamada a votación).
Muy bien, pues vamos a proceder, en primer lugar, a la votación. Hay dos votaciones, como bien conocen.
La votación de la convalidación del decreto ley. Votamos.
Votos emitidos presentes, 65: sí, 41; no, 0; abstención, 24.
Queda, por tanto, convalidado.
Y ahora vamos a proceder a la votación de si quieren que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votamos.
Votos emitidos, 65: sí, 30; no, 35; abstención, 0.
