Diario de Sesiones 77/2017, de fecha 23/5/2017 - Punto 36

9L/IDC-0002 INFORME DEL DIPUTADO DEL COMÚN. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

La señora PRESIDENTA: Y pasamos a continuación, con el siguiente punto del orden del día, al informe del Diputado del Común, que está entrando ya en el salón de plenos. Bienvenido, estimado diputado del común.

Cuando quiera, es suya la palabra.

(Pausa). (Rumores en la sala).

Señorías, pido silencio, señorías, pido silencio, por favor, para que empiece el señor diputado del común, que está ya.

Cuando quiera.

El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Muchas gracias, señora presidenta. Señoras diputadas, señores diputados.

Si digo que este va a ser mi último informe, no se lo van a creer algunos, pero les garantizo que es el último informe anual preceptivo según la ley que debo plantear, presentar ante ustedes.

Ya lo hice en comisión y voy a intentar evitar una repetición que los portavoces ya allí debieron criticar, y se criticó, se replicó, y es un poco una síntesis de lo que en ese amplio informe reflejamos.

Yo no me voy a referir ahora a las cifras estadísticas, de todos conocidas, de que ha habido un incremento del número de presencias de ciudadanos en nuestras oficinas, porque a veces se trata de reducir el papel de la institución a la presentación de quejas, y las quejas son la consecuencia, las 1781 que se presentaron el pasado año, la consecuencia de más de veinte mil llamadas, presencias, diálogos, reuniones en las siete oficinas que tenemos en cada una de las islas, como saben todos ustedes, y de ahí se aconseja "vaya usted a tal sitio, no tenemos competencia". Y, en definitiva, son 1781 las nuevas quejas que hemos tramitado.

Se nota, se aprecia una colaboración mejor por parte de las administraciones públicas y como tal lo debo reflejar, pero el papel nuestro siempre es exigir, exigir, en defensa de los derechos de los ciudadanos y procurar acercarnos al óptimo en el funcionamiento de las administraciones. Y esto no es exclusivo de las democracias más eficientes porque siguen existiendo estas instituciones en los países escandinavos y además es una institución que se ha extendido por todo el mundo. Entonces esa respuesta, esa cooperación de las distintas administraciones lo acusamos en la cantidad inferior de requerimiento de información que en el capítulo VII del informe se refleja perfectamente y el mismo número de declaraciones de obstaculizadores de la tarea del Diputado del Común, es decir, aquellas administraciones que no han contestado, que se les ha repetido, se ha reiterado la solicitud de informe y que a pesar de eso no responden, pues, han sido de ocho. He tratado siempre de coger el teléfono, procurar que el responsable de la Administración responda, haga un esfuerzo, porque no es ningún placer para mí estar declarándolas obstruccionistas. No obstante lo cual, son ocho las declaraciones, seis que afectan a la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Economía e Industria, etcétera, del Gobierno de Canarias y que reflejan la carencia de personal. No es desinterés, no es desprecio por parte de la Administración al ciudadano, sino simplemente que la cantidad de vacantes que tiene ahí y la no existencia de oferta pública de empleo en los últimos años ha derivado en esa actitud. Y las otras dos son el Ayuntamiento de Haría y el Ayuntamiento de Teguise, en la isla de Lanzarote, que son de problemas, uno relacionado con el consumo y otro con el transporte y turismo.

Pues bien, el tema nuestro, en este caso yo quisiera insistir en que hemos procurado proyectar la institución no solo a nivel de Canarias sino también a otros ámbitos. Por eso celebramos el Congreso iberoamericano de defensores del pueblo y presidentes de las comisiones de derechos humanos de Iberoamérica, que me eligieron como vicepresidente del consejo rector. Precisamente mañana están celebrando en México una importante reunión sobre los problemas migratorios en aquel continente, pero cuyas conclusiones o declaración que he leído como proyectos, pues, son perfectamente aplicables a nuestro país y a nuestro continente.

Luego también hemos logrado tomar una iniciativa de contar y obtener una respuesta favorable de la Unión Europea al participar dentro del programa Interreg con un proyecto denominado Demos, que hemos tomado nosotros la iniciativa, somos el país líder, junto con Azores y Madeira y -la vieja Macaronesia- Cabo Verde, a los que hemos incorporado Senegal y Mauritania. Estamos dando los primeros pasos, tratando de cumplir con el objetivo que nos propusimos, que era defensa de la institución, promoción de la institución, especialmente en los países africanos, y contribuir a la formación de los funcionarios y a mejorar el gobierno de esos países, de esas administraciones. Estamos, repito, dando los primeros pasos, me parece que es un trabajo interesante que debemos fortalecer y desarrollar.

También hemos contribuido en reuniones de defensores europeos en distintos lugares y la más destacada, aunque sea ya del año presente y que no corresponda, pero quiero hacer referencia, el año 2016, es sobre la problemática de emigrantes y, como he sido convocado por la Presidencia de esta Cámara para comparecer el día 9, me parece, del próximo mes de junio en relación con la asamblea de parlamentarios interregionales, autonómicos, europeos, allí participaré de la declaración que aprobamos en Vitoria el pasado 2 de febrero. Espero que, como ya señalé en comisión, las administraciones canarias compartan la preocupación que allí se demuestra en relación con la problemática de los desplazados, de los emigrantes, hacia el continente y que la cuota que nos corresponda, nos corresponde como país y también como comunidad autónoma, pues, sea aplicada cuanto antes para contribuir así a aliviar las penalidades de esos miles de ciudadanos que están ahí forzados por las dictaduras, por las guerras locales, a buscar un lugar de refugio y, en otros casos, por razones económicas, tratar de encontrar el empleo digno que en sus países no se les proporciona. Esta perspectiva internacional, repito, a mí me parece que debe ser una de las pautas a seguir por los que me sucedan al frente de la institución, porque creo que nuestra experiencia, nuestra singularidad archipielágica también puede ser una experiencia interesante para esos países que forman parte de este programa Demos, financiado por la Unión Europea. Como saben ustedes, por parte nuestra aportamos el 15 % y el 85 % corresponde a la Unión Europea.

Yo quiero mencionar de pasada, insistir en que las diferencias de este informe sobre las de anteriores años son poco sensibles en relación con qué sectores son los que provocan mayor número de quejas ni la procedencia geográfica, porque es poco significativo, el que sea mayor o menor el número de quejas de un año para otro en una isla o que en otra, pues, depende... (ininteligible) tenemos, como se nos planteó por algún grupo parlamentario en la comisión, hacer una encuesta para conocer la incidencia de los factores que llevan al crecimiento en el número de quejas en una isla y de descenso en otra, o a las respectivas administraciones locales o administraciones insulares, pero cuando tenga recursos la institución espero que contribuya también a facilitar esos datos que en comisión yo no pude facilitarles. Pero siguen siendo, como saben, el tema del área de Servicios Sociales en su sentido más amplio, junto con la de Economía y Hacienda. Muchas veces no se trata tanto de la gestión municipal o insular en determinados impuestos, tasas, etcétera, sino que son empresas concesionarias recaudadoras que no actúan o que actúan con una sensibilidad mayor que la que pueda tener la propia Administración titular de esos derechos de recaudación. Pero eso explica que sea el segundo bloque de quejas que tenemos, junto con las de Justicia, porque en justicia no tenemos competencias, lo que tenemos es, como saben, un convenio -yo creo que es la única comunidad autónoma que tiene un convenio, la institución del Defensor del Pueblo o el Diputado del Común-, con la Administración de justicia, creo que es del año 2002, y que nos facilita toda la información que le solicitamos. No entramos, evidentemente, a ninguna averiguación de los motivos por los que se ha dictado una sentencia, por cuanto son un poder autónomo y la división de poderes hay que tenerla bien clara, pero sí facilitan información del retraso, de por qué motivos no se ha resuelto un problema. Problema que nos lleva de nuevo también a la falta de profesionales que dependen de distintas instituciones de la comunidad autónoma. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la problemática que se plantea en los juzgados de menores o en los juzgados de violencia de género y fiscalías correspondientes, que la carencia de psicólogos forenses que emitan su informe hace que pasen meses y meses sin que se pueda tomar una decisión por parte del poder judicial y saben que eso provoca una queja de oficio, que fue aceptada, acertadamente, eficazmente, por la anterior directora general de Relaciones con la Administración de Justicia y que permitió por lo menos agilizar y buscar la fórmula de encontrar nombramientos, contratación de psicólogos, para desatascar un tema que afecta, repito, a distintos sectores y a derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.

En cuanto a las materias que hemos supervisado, que es, diríamos, el núcleo clave del informe, el capítulo IV, yo no voy ahora a referirme a cada uno de los capítulos o sectores ahí mencionados, pero sí me veo obligado, por razón de su importancia y trascendencia social, a hacer referencia a algunas de ellas, unas en las que se ha avanzado y otras en las que se ha retrocedido. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema clave de la dependencia. En la dependencia se apreció una mejora a lo largo del pasado año, y así se refleja en este informe. Por ejemplo, beneficiarios con programas de ayuda individual, los célebres PIA, pues, se incrementaron en 2000; hemos entrado en el 2017 -aunque no sea objeto ahora de control ni de información- y volvemos un poco a la estabilidad y a que no se incrementa el número de nuevos titulares, y siguen ahí creciendo las personas que están en lista de espera, con grado de dependencia calificado, pendientes del PIA, o, por el contrario, pendientes del grado de calificación.

En relación con la institución que represento, sí apreciamos que la mayor parte de las quejas que teníamos pendientes con la dirección general correspondiente, pues, se tramitaron, se resolvieron y se contestaron. Pero a mí no me interesa aquí hablar del problema de que para la institución la dependencia mejora el funcionamiento porque las quejas se contestan, sino a mí lo que me preocupa es la situación de la sociedad que no ha acudido con quejas ante el Diputado del Común y que, sin embargo, está sufriendo las consecuencias. Porque hay casos de quejas que se han planteado el pasado año y que se originaron en el año 2009, donde obtienen la calificación de dependencia en el 2011 y donde en el año presente todavía no están con el PIA, no tienen programa... Han fallecido en medio. Entonces he tenido que dictar una resolución que sirva para todos los que gobiernan Canarias ahora y en el futuro, y es que no se puede pretender que lo que el Consejo Consultivo y el Diputado del Común y dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que reconozca que las familias de esas personas fallecidas esperando a que se les asigne PIA tienen derecho a una indemnización, con los correspondientes intereses por demora... que esas personas tengan que acudir de nuevo a los tribunales. Hemos dictado una resolución para que sea la dirección general la que presupueste -igual que ocurría en otras consejerías, el tema de las expropiaciones- unas partidas en los presupuestos que permitan atender, sin necesidad de acudir a los tribunales, estas reclamaciones muy justas, porque han sido gastos afrontados por las familias. Ha fallecido el posible beneficiario de un PIA que no llegó y que, sin embargo, no obtienen un reconocimiento y tienen que acudir otra vez a los tribunales para conseguir una indemnización. Esta es una petición que formulo a todos, a los que están hoy en la oposición, a los que estén mañana en el Gobierno, o los que hoy están en el Gobierno y mañana en la oposición, para que tengan claro en el momento de elaborar los presupuestos que hay que contar con partidas para evitar estos retrasos, estos intereses, que se van acumulando y que hacen que el coste para la Administración sea muy superior que el que debería ser.

La duración media de los expedientes o de las quejas, como saben, es de casi cinco años en materia de dependencia y es deseable que de nuevo se contrate personal. Porque aquí hay dos aspectos: la gestión y la financiación. Y la gestión es que no se cuenta con el número de empleados públicos que atiendan la tramitación de estos expedientes; y, segundo, que haya una partida presupuestaria correspondiente para que el número de PIA, de ciudadanos beneficiarios de los programas individuales de ayuda o de asistencia, pueda disfrutar de lo que la ley viene reconociendo desde su aprobación.

Entonces ese es un tema, insisto, que deseo que todos compartan la preocupación, los sentimientos, la insatisfacción que muchos ciudadanos en Canarias hoy están padeciendo como consecuencia de estos fallos de nuestra Administración.

En cambio, en el área de tramitación de las quejas para la renovación de los carnés de familia numerosa, pues, ahí sí se ha notado una mayor eficiencia, por cuanto que se ha asignado personal que era necesario asignarlo y reducir la espera para renovar o para reconocer la tarjeta, la situación de familia numerosa, que deriva en una serie de derechos económicos importantes para los ciudadanos.

Igualmente otra área que en el año 2016, del que informo, notó un notable avance fue el de la PCI. Las prestaciones de la Prestación Canaria de Inserción, que, como saben, año tras año en los informes insistíamos en que era imposible, que llegaba el mes de abril y ya no había partida presupuestaria para atender las peticiones de la PCI, pues, se adoptaron a lo largo del pasado año las medidas presupuestarias correctoras que han permitido que hoy esa prestación social esté funcionando de manera adecuada y, como tal, dejo aquí constancia de la satisfacción que se refleja en esa actitud por parte de la anterior Administración y que se mantiene por parte de los actuales gestores del área de servicios sociales.

En cuanto a otras materias que me han preocupado, y para no agotar los temas, quisiera referirme al tema de la vivienda. En la vivienda tenemos una queja de oficio, que no está concluida, en la que se aprecia, tanto por parte de la anterior Administración como por la actual, que no se está elaborando ni el plan canario de viviendas, que hace falta elaborar porque el que todavía existe está absolutamente obsoleto, caduco... Y hay convenios con el Ministerio de Fomento, como saben convenios a cuatro partes, a cuatro administraciones -ayuntamientos, cabildo, comunidad autónoma y ministerio-, que se han renovado y que están destinados, pues, a la renovación de viviendas y que a veces nos encontramos con alguna Administración local que no funciona a nivel adecuado y que a lo mejor puede suponer perder los recursos económicos si antes del 31 de diciembre del presente año no se ponen de acuerdo. Y es una partida importante que puede perder la comunidad y en ese caso el ayuntamiento, que sabe perfectamente nuestra preocupación, en la isla de Lanzarote debe tomárselo en serio y hacer todos los esfuerzos para convencer, y digo convencer, a los ciudadanos, a los inquilinos, que podrían disfrutar de esa mejora en su vivienda y que, sin embargo, hoy, por las dificultades que sean, por falta de comunicación, de convencimiento, pues, estamos al borde de perder no sé si son 700 000 euros en materia de rehabilitación de viviendas.

En materias que no son tan interesantes para la política mediática o para determinados ciudadanos, la política territorial sigue teniendo un problema derivado de esa ley que sus señorías están tratando de poner al día, la legislación sobre el suelo, y que nosotros mismos en el periodo de información pública participamos haciendo algunas sugerencias que fueron aceptadas. Pero hay otra que me preocupa que no fuese aceptada y, como todavía está en trámite en esta Cámara, aprovecho esta comparecencia para decirles que el tema de los plazos de caducidad es el tema clave, es el tema clave para defender al ciudadano y para defender la legalidad urbanística, porque si no el tiempo de la caducidad tan corto significa pasar página y ahí se queda lo ilegal consolidado, sin posibilidad de que jurídicamente haya los procedimientos sancionadores o disposiciones que conduzcan definitivamente al derribo de la construcción ilegal. Ese es un tema que, como ustedes están siendo legisladores, como les corresponde, pongo sobre los escaños para que todavía vean la posibilidad de ir hacia plazos de caducidad que sean un poquito más largos, para que cuando se entere o se descubra por parte del funcionario no venga a decir "esto ya se acabó y aquí usted tiene razón, pero no podemos hacer nada".

Un tema en el que se reflejan nuestras preocupaciones es en el del incremento de las actuaciones de oficio. Ya no son quejas presentadas por los ciudadanos sino que son, ante la información mediática o ante un problema concreto, vemos que es conveniente tomar la iniciativa, abrir una queja, y en ese sentido las 27 que iniciamos el pasado año supusieron un incremento del 59 % respecto al año anterior. Y ahí hay temas a los que solo, por razones de tiempo, voy a aludir pero que son importantes. El tema de las expropiaciones, que nos ha llevado a poner en la web una recomendación para que lo usen las administraciones, los abogados, etcétera, acerca de los pasos que hay que seguir en el justiprecio y una serie de trabas, en una compleja normativa como la que regula las expropiaciones, y que concluye también con lo mismo a que aludía al principio en relación con las partidas presupuestarias para pagar al expropiado, porque se va, en muchas ocasiones, a una ocupación de hecho del territorio sin haber concluido el abono de la expropiación, pasan los años, devendrá en intereses y devendrá en un mayor coste para la Administración correspondiente.

Otra de las actuaciones de oficio que no habíamos abordado anteriormente es el tema del acoso laboral. En las administraciones se está notando un incremento e igual que en el ámbito educativo, aunque no llegue a quejas, a formalizarse en quejas, pero es un tema en el que deberíamos tener una preocupación, ver los protocolos de actuación que hay en la función pública en relación con el acoso laboral. Con participación de los sindicatos, debería abrirse una mesa donde se actualizara, se adoptaran las medidas que impidan que el acoso laboral vaya hacia arriba.

Igualmente hubo otra queja de oficio que quiero aquí señalar, que es el tema planteado por los profesores de lenguas de signos, que la consejería nos ha respondido también muy positivamente, dándonos los datos de incremento de horas y de profesores que ha establecido en el curso que está a punto de concluir. Pero, en cambio, con el tema de los logopedas, en problemas derivados de los niños autistas, y si queremos cumplir la Ley de Educación de Canarias del año 2014, aprobada por unanimidad por esta Cámara, pues, deberíamos también hacer ese esfuerzo de atención a niños con problemas, si queremos que la educación sea efectivamente, plenamente integradora.

En cuanto a las resoluciones que hemos adoptado, se ha incrementado el número y también debo decir que...; se ha incrementado a 106, que es un 71 % de incremento respecto al año anterior. Y de ellas han sido aceptadas el 86,9 %, lo cual habla bien de la sensibilidad, la conexión y la comprensión por parte de la Administración sobre la que hemos dictado esa resolución. En cambio, las no aceptadas han sido del 13,1 %.

Y, yendo ya a la conclusión, en las faltas de colaboración, se aprecia que el número de recordatorios de deberes legales de cumplir que hacemos en nuestros escritos a las administraciones cuando no nos contestan a la primera, cuando no nos contestan a la segunda, etcétera, pues, ha sido de 362 y luego la segunda ha sido de 134 y concluían con esas declaraciones de obstruccionismo a las que ya he hecho referencia con anterioridad.

No quisiera concluir sin aludir a problemáticas del menor, porque a veces me da la sensación de que en esta comunidad nos olvidamos de los menores y de los mayores, de los extremos; de los que no están aquí en juego, en la Cámara o fuera de la Cámara, parece que hay menor preocupación por sus problemas. Recuerden un acto que celebramos en la sala de esta Cámara, hace ya pues más de un año, donde, celebrando el aniversario de Unicef, todas las instituciones se solidarizaron con las preocupaciones del menor, con las necesidades de aplicar las normas estatales, que se han actualizado en el año 2015 con dos modificaciones de leyes orgánicas y que no sé si aquí se están siguiendo a rajatabla; y que es necesario hacer un plan canario de infancia y familia. Hacerlo ya, porque el acuerdo ese fue, esa declaración unánime fue en noviembre del 2014 y no ha habido ningún plan canario y no existe ningún plan canario de infancia y familia desde el de 1999. Así que póngalo en las prioridades que esta comunidad debería situar.

Igualmente, en relación con el tema de los menores, una resolución que fue aceptada por el anterior Gobierno, me estoy refiriendo a los puntos de encuentro familiar, que sigue en una situación de carencias que incluso la Defensora del Pueblo en su informe ha coincidido con nosotros, que no hay, islas donde los encuentros familiares no existen y hay que buscar convenios con los cabildos, con las instituciones que sean para que ahí puedan encontrarse los padres separados para tener acceso a los miembros, a los niños o niñas que se encuentran fuera de guarda y custodia y que en muchos casos, repito, el mal funcionamiento o la inexistencia de estos puntos de encuentro se ha convertido en un problema grave para esas familias.

Yo quisiera, antes de despedirme -en el sentido estricto de la palabra-... a un poco lo que a otros colegas en la Península veo y para el futuro, a quien me suceda, se lo sugiero. Yo veo con frecuencia que mis colegas hacen sugerencias al pleno de modificación de leyes que están vigentes, de ámbito territorial naturalmente. Yo aquí no me he atrevido. En el informe sí hago referencia a la necesidad de tomar medidas legislativas. Y hoy quería insistir un poco en la reflexión después de cinco años de estar al frente de esta institución.

La gestión hay que mejorarla por parte de las administraciones, pero en particular por la Administración regional, la autonómica. Los problemas que ya hay, en la prensa, en los medios, las declaraciones, por ejemplo, en la gestión de la dependencia indican que no nos ponemos de acuerdo. Remitir a la Ley de Servicios Sociales para ver si resolvemos el problema de a quién toca la ayuda a domicilio, si al ayuntamiento, si al cabildo, si la residencia, el centro de día es de una corporación o de otra... Hay que ponerse de acuerdo de una vez. Hay una Ley de Cabildos y otra ley de ayuntamientos también, aprobadas por unanimidad en el año 2015, y hay que aprovechar esa oportunidad y decir: "lo más racional es esto", y dejarse de si es cabildo o si es ayuntamiento y dejarse de protagonismos. Porque, si no, ¿cómo es posible que ayuda a domicilio en las estadísticas que el Imserso elabora con base en nuestros datos tengamos veinticuatro o treinta y tantos? Y sabemos que hay ayuntamientos que tienen 2000, 3000 o 4000 ayudas a domicilio, unas corresponden a la dependencia, efectivamente, otras no. Pues hay que aclarar eso. Pero es que mientras no se aclare eso no incorporamos esos beneficiarios al sistema estatal de dependencia y estamos perdiendo el dinero que el Estado...; aunque sea poco y aunque sea menos que el que daba antes, pero por lo menos algo se recibiría. Entonces no me digan que son problemas de que los ayuntamientos no tienen el convenio porque no sé qué problema o el interventor tal; arréglenlo porque, insisto, es un problema básico el de un buen funcionamiento de la Administración en un tema como este que acabo de decir. Y si hay una comunidad autónoma, por ejemplo Castilla y León, que es la mejor de toda España en el funcionamiento de la dependencia, pues, copiémosla. Yo he estado hablando con los de Andalucía hace una semana: las diputaciones no hacen nada, las residencias son todas de la comunidad autónoma, los convenios con los ayuntamientos para la ayuda a domicilio... En fin, fórmulas hay, realistas. Entonces no lo dejen para otra legislatura.

Segundo tema, la formación profesional, la formación de los funcionarios, de los empleados públicos es imprescindible y hay que mejorarla, y hay que establecer una ley de función pública donde haya, los criterios de una buena gestión empresarial aplicarlos al ámbito público sin ningún tipo de complejos y si hay que retribuir incentivando en función de la eficiencia, del conocimiento, de la vocación de un funcionario no pongamos que todos los maestros son iguales de buenos o que todos los médicos son igual de buenos, porque no, no sirve, no sirve. Es decir, hay que incentivar y, si no, nuestros médicos se irán buscando mejores salarios o se irán al sector privado buscando mejores salarios. Es un tema, por consiguiente, de la ley de función pública que permita no esas informaciones como el caso que les dije de los psicólogos, que tardaban siete meses en pasar por distintas direcciones generales para al final saber si se puede o no se puede nombrar o contratar como suplentes o como supletorios o como interinos a cinco personas necesarias para el buen funcionamiento de la Administración de justicia en temas de menores o de violencia de género. Es decir, esto está en sus manos. Cámbienlo si queremos tener una comunidad eficiente como gobierno. Hay legislación, a lo mejor no es de competencia nuestra pero trasládenla a los órganos competentes del Estado. Por ejemplo, ¿ustedes han observado que hay mayor protección para un okupa que para un arrendatario desahuciado porque no paga la hipoteca o porque no paga el alquiler? Pregúntenselo a los ayuntamientos que tienen problemas de okupas y que ni los tribunales ni la legislación de arrendamientos urbanos resultan eficientes. Son cosas que llegan al despacho del Diputado del Común y quiero transmitírselo a ustedes para que lo tengan vivo, en primera línea, porque es tremendo. Es tremendo lo de que un okupa esté, en un barrio de Las Palmas o en el municipio de Arona, instalado allí y el propietario reciba las facturas de la luz de Unelco. Claro, acudes para echar a los okupas y no hay manera. Entonces allí dice la policía que el ayuntamiento haga un expediente y una denuncia por razones de salubridad de los okupas o por razones de seguridad, si se puede caer alguna parte del edificio, para que entonces se pueda tabicar e impedir que haya okupas. Esto es un caso real, ¿eh? A quien corresponda aborden con realismo la situación.

Y, finalmente, como prioridad, después de cinco años de estar en contacto con los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas canarios, piensen que necesitamos y vamos a tener una población más sana, que va a vivir más. Ustedes van a vivir mucho más que el que les habla, sin ninguna duda, o sea, si yo estoy en los 80, ustedes van a llegar a los 95 casi en su mayoría. Entonces fíjense en que a los mayores, es algo que les debe interesar prever cuáles son sus necesidades. Lo mismo, la educación, que he mencionado el tema de la igualdad, hacerla efectiva, alumnos y alumnas que necesitan un trato especial. Tercero, que se considere que un capítulo I no es un despilfarro, que es necesario, para una buena administración, que vacantes...; no sacar a oposición cuerpos y funcionarios significa menor servicio al ciudadano. En definitiva, si queremos calidad, hay que ser generosos en las ofertas públicas de empleo porque esta Administración está pidiendo a gritos que se cubran las necesidades en determinadas áreas. Yo supongo que todo esto vendrá controlado, existirán límites de la política económica estatal en materia de personal pero se ha ido aflojando o se ha ido relajando y hay que aprovechar esas oportunidades que tiene. De manera que se entienda que el capítulo I es tan importante como puede ser el capítulo VI. Esto metérselo bien, porque a veces los políticos van mucho a la crítica fácil y dicen, "ah, hay tanto más de capítulo I que en el presupuesto del año anterior".

Y, finalmente, que se mantenga bien vivo en esta Cámara el artículo 1 y el preámbulo del Estatuto de Autonomía, que es que la comunidad autónoma tiene por objeto la igualdad de los canarios cualquiera que sea el lugar donde residan. Esto es el deber de la comunidad autónoma, del Gobierno autónomo, no es el deber de un cabildo ni de un ayuntamiento, y esto hay que tenerlo bien claro a la hora de elaborar presupuestos y de establecer prioridades.

Y yo, como les decía al principio, pues con la confianza de que me crean, este es mi último informe. Yo no quiero darles ningún tipo de nostalgia a estas últimas palabras, pero, claro, entre estas cuatro paredes -incluidos los cuadros, naturalmente, de González Méndez, el gran pintor de finales del siglo XIX-, aquí, en plena Dictadura, oía una conferencia a Tamames, el mismo día en que la Dictadura ejecutaba a un joven anarquista catalán, y aquí viví la constitución preautonómica del primer Gobierno de Canarias y luego naturalmente del primer parlamento elegido por todos los canarios directamente el 30 de mayo de 1983. Consecuencias, algunos paréntesis de política en otros ámbitos territoriales pero no puedo negar que siento un gran afecto a estas paredes, además como están muy bien acompañadas de los músicos, algunos predilectos, otros no tan predilectos, pero están tanto la zarzuela como la ópera como el sinfonismo, pues, aquí siempre me he sentido muy a gusto y siempre creo que ha reinado el respeto mutuo y recíproco, que yo espero que nunca se pierda entre los miembros de esta Cámara, que representa la soberanía de los canarios. Sean ustedes responsables de esa tarea y estoy seguro de que lo seguirán siendo, porque con ello va la dignidad y el prestigio de Canarias.

Y con estas palabras muchas gracias a todos ustedes. Y empezando por todos los empleados de la institución, que, por cierto, tengo una iniciativa de cambio de la ley y que no parece que interesa a nadie ponerla en marcha. Como hoy van a cambiar la Ley de la Audiencia de Cuentas, a ver si, como informé en comisión, esa ley se pone en marcha. Están todavía a tiempo.

Y ahí principalmente, aparte del tema del lenguaje, que se comentó en la comisión, hay una preocupación, primero, por el ahorro. Si no son necesarios tantos adjuntos, y yo he estado cinco años sin ningún adjunto, pues, no mantengan los tres que dice la legislación canaria, que a lo mejor con uno basta y suficiente con uno. Segunda cuestión, el problema del personal. Yo no pretendo saltarme a la torera la legislación de funcionarios y que el personal técnico de alto nivel -lo digo sin ningún ánimo de inflar el globo-, de magnífico nivel jurídico, que me ayuda, me asiste, como asesores, que son todos según la ley personas que cesan y se nombran el día en que cese o se nombre al nuevo Diputado del Común... Eso está en la ley. A mí me parece que eso una exageración. Y que sean eventuales, dependiendo del cambio del titular, yo creo que esta institución tiene ya una solvencia, un prestigio en sus informes, como se refleja en las respuestas de los tribunales de justicia y del Consejo Consultivo, que requiere que, cumpliendo naturalmente con la legislación de funcionariado, esas personas tengan la posibilidad de consolidarse, igual que los letrados de esta Cámara, porque el nivel que requiere la institución es alto.

De manera que, por ese apoyo y trabajo conjunto que hemos desarrollado en estos cinco años, quería agradecerles también a ellos de manera especial haber compartido conmigo estos ya cinco años y medio como Diputado del Común, y repito que, de verdad, yo no presentaré ya ningún nuevo informe.

Y muchas gracias a todos ustedes por la comprensión, el respeto y cooperación que siempre han manifestado a lo largo de la anterior legislatura, con los portavoces miembros de la Comisión de Justicia y Desarrollo Autonómico, y en la actualidad igualmente. Así que muchísimas gracias a todos.

Gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, querido diputado del común, estimado Jerónimo, señor Saavedra, gracias por este informe.

Y una vez expuesto el mismo es la intervención o toca el turno a los grupos parlamentarios. De menor a mayor, como establece nuestro artículo 83 del Reglamento, interviene en primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, el señor Curbelo.

El señor CURBELO CURBELO: Muchas gracias, presidenta. Señorías.

Señor Saavedra, le agradecemos, como siempre, es un honor tenerlo hoy en este Parlamento para dar cuenta de la gestión, de las actuaciones de la institución que usted preside (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

Y mi grupo quiere aprovechar esta intervención no solo para hablar de los preocupantes asuntos que lleva denunciando desde que ocupa su cargo, desde el año 2011, muchos de ellos, por cierto, todavía siguen siendo los mismos, sino también para poner en valor su actuación personal y profesional al frente de esta institución y para agradecerle personalmente el gran esfuerzo y el alto grado de implicación que siempre ha tenido con la sociedad canaria. No me equivoco si digo, en esta la casa de todos los canarios, que usted, señor Saavedra, ha contribuido a revalorizar la figura del Diputado del Común y ha sabido estar a la altura de la situación que vivimos actualmente. Recordemos que vivimos en una época en la que la ciudadanía es más activa y demanda no solo más transparencia y accesibilidad a las administraciones públicas sino también requiere una respuesta más adecuada de los poderes públicos. Cuenta, no con adjuntos, como ya le hemos escuchado y que previsiblemente pueda haberlos en el futuro, pero cuenta con un excelente grupo de profesionales, a los que también queremos hacer extensiva nuestra felicitación por la buena labor que ha realizado durante todos estos años, me refiero a su equipo de trabajo. Una labor que también se ha consolidado nacional e internacionalmente y nos consta que ha participado en foros internacionales y que su palabra y sus consejos han sido bien acogidos.

Mi grupo parlamentario espera que quien esté llamado a sucederle esté a la altura, porque es verdad que ha dejado el listón muy alto, que esté capacitado para dirigir una institución cuya principal función podría calificarse de la conciencia social de las administraciones públicas canarias.

Y hoy vivimos y venimos a debatir sobre la memoria que ha presentado del año 2016, pero no me resisto a no enlazarla con el trabajo de otros años. La desoíamos y esa pasividad ante sus recomendaciones nos ha pasado una factura social cada vez más difícil de asumir, pero es nuestra responsabilidad y la obligación de enderezar la situación nuestra y no la suya. Usted hace ya un giro y gran importante trabajo atendiendo a miles de ciudadanos cada año. Se cifran en la memoria en torno a 20 303 actuaciones, para luego encontrarse con administraciones que vulneran, en algunos casos directamente, los derechos de los ciudadanos, como ya ha señalado. Y a pesar de estas decisiones insolidarias en su oficina se ha realizado una gran labor de mediación, ya que buena parte de quienes acuden al Diputado del Común son asesorados para que resuelvan satisfactoriamente la situación con la Administración y muchos de ellos nunca llegan a presentar formalmente la queja.

Y hoy lo importante no es solo agradecerle su trabajo a lo largo de estos años sino también que han sido años difíciles, porque hemos sufrido una grave crisis económica y donde por desgracia se han consumado recortes sociales. También nuestro grupo sigue pensando que es en estos momentos donde la figura del Diputado del Común cobra mayor sentido, porque si uno se mete de lleno en las materias del informe observarán sus señorías que debemos mejorar mucho en varias áreas sensibles, por ejemplo en la atención a la situación de la dependencia, donde seguimos con grandes retrasos, de años, entre la evaluación, el reconocimiento y en definir las actuaciones del programa individual de atención. Señorías, por mucho que hayamos avanzado todavía nos queda un largo camino por hacer en esta materia. Y aquí señalo y resalto la coordinación institucional necesaria entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno. Recientemente se han firmado los convenios con los cabildos y esperemos que sean resolutivos, porque este informe, que hoy es bastante objetivo, no nos deja bien parados a nivel general, y debe ser una preocupación de todos, del Gobierno y también de los cabildos canarios para dar pasos importantes en la cooperación.

Y quiero hacer referencia también a algo que preocupa al Gobierno y en lo que hemos avanzado en algún sentido, al menos hablo como presidente del Cabildo de La Gomera, y es en lo relativo a los planes sociosanitarios, que ya vamos a intentar poner en marcha para atender a las personas mayores, sobre todo teniendo en cuenta que islas como La Palma, La Gomera y El Hierro tienen una población, un índice, un porcentaje de población de 65 años o más muy superior. En el caso concreto de la isla de El Hierro, es del 22 % del total, de 65 años o más; en la isla de La Gomera, del 21; y en La Palma, del 20 %.

Y otra materia donde debemos poner más empeño es en la infancia, como ha señalado. Todos los partidos de esta Cámara hemos suscrito el pacto por la infancia de Unicef y, sin embargo, el informe nos advierte de que en el año 2016 se interrumpió el servicio de apoyo al acogimiento familiar por parte del Gobierno, incumpliendo con ello la Ley de Protección Jurídica del Menor. Seamos sinceros, todos tenemos que trabajar para conformar de una vez por todas el segundo plan de infancia y familia.

Al igual que debemos dar una adecuada respuesta en materia de discapacidad. Tenemos una comisión de este Parlamento para que los colectivos del Cermi puedan expresarse y demandar los cambios que debemos acometer desde las administraciones. Además todos los grupos hemos presentado distintas iniciativas encaminadas a buscar soluciones a problemas que sufren aquellas personas con diversidad funcional. Pero estas iniciativas deben tener eco en la actuación del Gobierno y debemos ver cambios sustanciales y romper las barreras que dificultan la vida de estas personas, sus familias y colectivos. Por ello debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para empezar a poner en marcha el plan de salud mental y la modernización de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, esperando que el fondo para la eliminación de esas barreras se dote desde la Administración pública.

En materia de vivienda, se constata el déficit de viviendas en régimen de alquiler social y otras modalidades. Una asignatura pendiente que podía ser la solución a la recuperación de parte del sector de la construcción y los empleos que genera, además de, como ha señalado, que debemos realizar un nuevo plan de viviendas para Canarias.

Hay muchas más situaciones sin respuesta, como que seguimos sin terminar el informe sobre la pobreza energética para dar apoyo a las personas y familias que la sufren.

Señorías, la mayoría de las quejas que se han recibido en el Diputado del Común se refieren a los servicios sociales. Tenemos que impulsar la ley de servicios sociales de Canarias, que el Gobierno anunció ya que traería a esta Cámara; del mismo modo que también la ley del tercer sector, para dar respaldo a las familias que lo están pasando mal y a las ONG que ayuden a nuestros ciudadanos, con una gran labor social.

Son muchos... Me quedó un impacto el escuchar que es mayor la protección para un okupa que para un vecino que tenga una vivienda alquilada. Es lamentable pero todas estas cosas deben ser objeto de reflexión. O plazos para la Ley del Suelo, las expropiaciones, el acoso laboral, la falta de colaboración, el obstruccionismo de alguna Administración pública... En fin, todo esto tenemos que resolverlo a la mayor brevedad posible porque debemos actuar con una respuesta rigurosa. Vivimos, es verdad, un periodo de recuperación económica, pero no se olviden de que el 35 % de las familias canarias están en riesgo de caer en el umbral de la pobreza. Es gente que no puede esperar, con más dilación, para que se tramite la ley y se pueda ayudar. Recuerden las altas tasas de paro, desempleados en una situación que desde luego tenemos que actuar.

Que la mayoría de las quejas sean en los asuntos sociales nos preocupa, pero también debemos reconocer los avances y uno de ellos, de manera importante, es la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, aunque queden todavía indudablemente flecos por resolver.

En definitiva, señorías, el análisis de nuestra realidad social y los problemas que todavía debemos resolver en las administraciones se recogen en este informe y ahora es nuestro deber ponernos a trabajar.

Le agradezco una vez más, señor Saavedra, su labor al frente de esta institución durante tantos años. Sin duda estoy completamente seguro de que, aunque ya se está despidiendo, y seguro que es así, le vamos a echar de menos. Del mismo modo que le agradecemos los servicios prestados, porque usted se refería justo en este momento a desde el año 1983, cuando decía que intervenía en estas cuatro paredes, con estos cuadros, pero quiero recordar también que usted ha hecho una gran labor no solo en Canarias sino también en nuestro país. Ha sido ministro en varias ocasiones de Administraciones Públicas, con quien tuve el honor de compartir la construcción del edificio del Cabildo de La Gomera, y también ministro de Educación.

Por tanto, desde mi grupo parlamentario y en el nombre propio le deseamos mucha salud y mucha felicidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Curbelo.

Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias. Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor diputado del común, buenas tardes.

Y que conste, antes que nada quiero decirle que yo sí le creo, después de tanto repetir que este iba a ser su último informe. Lo ha dicho hoy aquí pero también lo dijo en la comisión en varias ocasiones para convencernos a todos. A estas alturas ya yo le creo, espero que no cambie de opinión y tenga que volver para atrás en mi creencia.

De todas maneras yo a lo que sí quiero hacer mención es a los treinta y un años de existencia del alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este caso, y mientras usted ha ostentado el cargo, este es su octavo y último informe, un informe que, bueno, después de la modificación tiene idéntica estructura que en los años anteriores. Yo prefiero hablar del del año pasado porque es el que analicé y estudié, al igual que el de este año. Yo quería hacer, por razones de tiempo, pues, solo mención a unos cuantos apartados que vienen en el informe.

Por ejemplo, en el incremento del 2016 respecto al 2015 en 349, del número de actuaciones iniciadas por el Diputado del Común, pero que en cualquier caso fue un número inferior al que se produjo del 2014 al 2015, que se incrementaron en 581. En cualquiera de los casos es un dato significativo el incremento que ha habido.

Y en cuanto a las quejas presentadas, también en el 2016 disminuye el número de quejas en un 2,09 respecto al 2015. A mí lo que sí me gustaría, si lo conoce, es que nos informara de por qué puede estar motivada esta disminución, ya que en el 2015, que hubo un incremento, el incremento usted nos lo justificó -y además así rezaba en el informe-, que estaba motivado por el aumento de los problemas de la ciudadanía en épocas de crisis, además de por una mayor confianza en la institución. Y además, dado que según el informe, en este informe, en el del 2016, en el análisis relativo a las materias de asuntos sociales, usted dice que durante el 2016 no ha existido mejora sustancial de las condiciones sociales de los canarios y canarias respecto a los años anteriores, pues, en principio no parece razonable esta disminución. Seguramente tendrá alguna razón y, bueno, pues, sería interesante saberlo.

Desciende también el número de quejas admitidas a trámite, de 1555 en el 2016 frente a las 1603 del 2015, a la vez que también desciende el número de quejas tramitadas respecto a las recibidas: en 2015 fue un 88,1 % y en el 2016, un 87,3 %. Al contrario, en cualquier caso, de lo que ocurrió en el 2015, en el 2016 han sido las mujeres quienes han presentado más quejas respecto a las de los hombres, y nuevamente, al contrario de lo que ocurrió en el 2015, ha sido más elevado el número de quejas inadmitidas presentadas por los hombres que por las mujeres.

En cuanto a las quejas recibidas, lo que me llamó la atención es que, tras la continuidad durante los años 2013 y 2014 y una disminución en el 2015 en la tendencia de las quejas iniciadas de oficio, en el 2016 estas han aumentado en un 58,8 %, lo que entiendo que es de felicitar.

De la inadmisión de las quejas y sus causas, mientras que el número de quejas presentadas en el 2016 es menor a las presentadas en el 2015, en cuanto a los expedientes vivos -450 en el 2016-, usted nos informó con respecto a este tema en el informe del 2015 que habían sido de 250 -un 55 % menos que las que había en el 2016- que era consecuencia de la complicada legislación que le era de aplicación y por la falta de medios personales. Yo supongo que la legislación que es de aplicación no ha variado y los medios personales serían como mínimo similares, pero la realidad es que en el 2016 hay más expedientes vivos que en el 2015, con lo que deduzco que es que debe existir alguna razón que justifique este incremento. Lo que, en cualquier caso, sí que no se justifica es que -y también se deduce del informe-, es que no se ha adoptado ninguna medida para solucionar el problema o por lo menos para paliarlo. Con lo que le reitero lo que ya le comenté hace un año en esta misma Cámara, dado que eso yo dudaba de que era una excusa que consuele a los ciudadanos, porque la Administración tiene que estar al servicio de estos y debe optimizar sus recursos para ser eficaces y no ampararse en la complicada legislación o en la falta de medios para no cumplir sus cometidos. La legislación se puede simplificar y los medios es obligación aportarlos.

Tal como usted mencionó en su intervención, el capítulo I es importante, el capítulo I es inversión en capital humano, en profesionales, y si no hay buenos profesionales en la Administración no habrá un buen servicio y servicio de calidad.

En cuanto a la falta de colaboración de las administraciones públicas con el Diputado del Común, aquí hemos ido incrementando año tras año y en el 2016 fueron 504 las administraciones públicas a las que hubo que recordarles el deber de colaboración con el Diputado del Común. Y a pesar de que usted dijo que se notaba una mejor colaboración de la Administración, pues, este caso lo contradice, y el incremento que se produjo del 2015 al 2016 ha sido de un 18,9 % respecto al que se produjo del año 2014 al 2015, que fue solo de un 11 %.

Respecto ya a la supervisión de la actividad de las administraciones públicas canarias y con respecto a la situación de dependencia, es cierto que se aprecia una cierta mejoría, entiendo que eso nadie lo discute, pero cuando en Canarias el total de personas beneficiarias con derecho a una prestación, con grado de dependencia reconocido, es de 30 763 y las personas beneficiarias que reciben algún tipo de prestación en dependencia es de 16 852, en definitiva, existen en Canarias 13 911 personas con derecho a alguna prestación que no la reciben, con lo que eso de cierta mejoría -entre comillas- dista mucho de un concepto de justicia. Y cuando sabemos que el problema que tiene la dependencia se soluciona en mayor medida con dinero, el problema aún se hace más preocupante. Y ya no vale, entiendo yo, entendemos desde mi grupo, que se le eche la culpa solo al Gobierno de España, que la tiene por supuesto, pero cuando en Canarias contamos desde el 2016 con 160 millones de euros adicionales, cuyo destino debían ser los servicios públicos fundamentales -la dependencia, la sanidad, la educación y el resto de los asuntos sociales- y los utilizamos en farolas, bordillos y parking, y cuando Canarias, como dice el informe, pierde más de tres millones de euros anuales en dependencia que aportaría el Estado y que los pierde debido a la incapacidad de las administraciones para incorporar el sistema de ayudas a domicilio que prestan los ayuntamientos, echarles la culpa a otros ya eso sí que no es una justificación. Y si a eso le sumamos el importante retraso que sigue existiendo en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los recursos del SAAD, superándose ampliamente el plazo de los seis meses para tramitar y resolver el número de solicitudes registradas en Canarias... Y esto, valga como ejemplo, a 31 de diciembre del 2016 era de 42 836, de las cuales solo tienen dictamen 36 329, pues, yo creo que ya el tema de preocupante ya pasa a ser indignante.

En el área de Servicios Sociales, y con respecto a la Prestación Canaria de Inserción -quiero hablar de esta primero por razones de tiempo-, pues, efectivamente hay una buena noticia, y es el hecho de que en el 2016 no se haya presentado ante el Diputado del Común un importante número de quejas referidas a la suspensión de pago de la PCI, debido al agotamiento de la partida presupuestaria destinada por el Gobierno de Canarias para afrontar los pagos a los beneficiarios, como venía ocurriendo en anteriores años. Pero en este tema yo quiero hacerle un comentario, y es que en la comisión en la que debatimos este informe en el año 2015 usted aseguraba que con los 45 millones de euros presupuestados en 2016 para la PCI quedaba solucionado el problema del agotamiento de la partida presupuestaria. Yo le aseguraba que no iba a ser suficiente y usted me negó la mayor. Pues en este caso tenía yo razón, de ahí el crédito extraordinario que presentaron con 7 millones de más.

En cuanto a la violencia de género, pues, quiero hacer hincapié en lo que insiste el informe de la escasez de los médicos y psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal. Usted comentó que el anterior director general de Relaciones con la Administración de Justicia había solventado el tema. Pero, bueno, esto es el 2016 y el informe se refiere a que aquí siguen faltando y además en un área tan sensible en la que obviamente la falta de medios y los retrasos hacen que el problema se solucione, tarde en solucionarse más tiempo, y esto pues aquí es preocupante.

Otro de los problemas que llaman la atención -no voy a tener mucho tiempo en decirlo- es el de política territorial, pero entiendo que sí habría que poner solución a la situación que se da tanto en los ayuntamientos como en la Apmun.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Podemos. Para su defensa en la intervención, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes a todos y a todas. Señor diputado.

La verdad es que yo voy a empezar por aquí, no lo dejaré para el final porque a mí me suele faltar casi siempre tiempo, y queríamos sobre todo agradecerle a usted, bueno, nos parece que este es un día histórico y queremos agradecerle su trabajo en esta Cámara durante todos estos años al servicio de Canarias como un político de vocación y como una persona de reconocido prestigio para todas nosotras y nosotros. Es un día histórico y así se lo queríamos hacer saber, y mostrarle nuestra gratitud desde nuestro grupo político.

Bien. Vamos a hacer un repaso. Yo le agradezco a mi compañera Esther, que me ha precedido, ha dado muchos datos y muchas cifras, con lo cual yo no les voy a aburrir repitiendo las mismas. Voy a ir un poquito más concreta a los temas que nos parecen de especial relevancia dentro de las cosas que hay, sin extenderme demasiado en que efectivamente han sido 20 303 personas y 1781 quejas las que hemos tenido.

Nos parece importante el tema de los requerimientos, recordando el deber legal de colaborar con las investigaciones del Diputado del Común, las 8 declaraciones de obstruccionismo que usted ya nos explicitó antes y las resoluciones, que fueron 106, que han aumentado con respecto al año pasado, siendo de nuevo necesario aconsejar y sugerir a las distintas administraciones que deben atender con mejor eficiencia a la ciudadanía y respetar la ley y el procedimiento administrativo. En realidad todo el trabajo del Diputado del Común está basado en eso, es decir, existe y es necesario, desgraciadamente, por la ineficiencia y la incapacidad de la Administración pública de hacer bien sus tareas y de cumplir con sus deberes. Pero como esa es la realidad, porque aquí tenemos... Hace poco hablábamos de que en Canarias siempre ha habido un paro estructural; nosotras pensamos que lo que tenemos es una mala gestión estructural. Y ante eso necesitamos diputados del común y otro tipo de organizaciones que pongan en valor y en tela de juicio lo que no se hace bien y que además nos cuesta un dinero en muchos casos, en arcas públicas, que precisamente no están sobradas y cuando hay tantas necesidades como las que hay.

Vamos a hablar de las áreas que están más afectadas. La Discapacidad. Que tampoco me voy a detener mucho en ella porque ya hemos hablado y porque realmente es una asignatura pendiente de la que hemos hablado en numerosas ocasiones en esta Cámara y que nos avergüenza que siga estando de esta manera y que sigamos sin ponerle soluciones. Y aunque se mejorase un poco no es suficiente, hay que trabajar más y mejor, hay que aprovechar mejor los recursos y hay que atender mejor a la gente en ese tema tan especialmente grave, porque hablamos de las personas más vulnerables, de las personas que más nos necesitan. Era la que tiene mayor número de quejas, con 209.

De Economía y Hacienda, que ahora también vamos a hablar porque es un tema también importante, porque ahí se nos van muchos recursos, y son 182 las reclamaciones.

Me voy a centrar ahora en menores y familia numerosa, porque es un tema que, bueno, para nosotros es de especial sensibilidad. Y coincidimos con usted en que parece que hay poca voluntad en este campo, no sé si políticamente no interesa mucho, pero después de, como usted bien ha recordado, que en el 2014 el Parlamento aprobara la firma de un pacto canario por la infancia, promovido por Unicef, que a día de hoy no se haya hecho nada, se ha pasado el tiempo y no se hizo nada y ahora estamos de nuevo, hace un par de meses aprobamos una comisión para el estudio de la infancia y adolescencia, y necesitamos que se ponga ya en marcha y que no pase como con el plan, que se quede ahí como declaraciones de buenas intenciones que nunca acabamos. El tema de los menores en Canarias sabemos que es muy importante y, aunque muchas veces detrás de ellos no haya familias con poder suficiente para reclamar y para exigir, porque a veces hablamos de los menores más vulnerables, de las familias también más vulnerables, yo creo que tenemos la obligación precisamente por eso, porque es gente que no puede defender sus intereses, defenderlos nosotros con más razón, con más ahínco y ponerlos en la agenda y encima de la mesa, cosa que parece ser que no ha sido así en estos últimos años. Pero lo vamos a intentar y vamos a seguir insistiendo en que se siga haciendo y que no acabemos, cuatro años, dos años más, diciendo que no se hizo nada.

Es preocupante que a estas alturas -y voy a volver a insistir en el tema de menores- tampoco hayamos actualizado la ley, que entró en vigor el 26 de julio de 2015, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Es necesario que nuestra ley canaria se actualice y se pongan en marcha todas las mejoras que otorga esta ley orgánica y que es de ámbito estatal y que es de obligado cumplimiento.

Hay otro tema que nos preocupa y en el que quiero incidir, porque, aunque se solucionó, se solucionó tarde y no bien del todo, que fueron las quejas de Quórum 77. Que fueron importantes porque dejaron casi durante un año a muchas familias vulnerables, familias acogedoras y familias biológicas de niños declarados en desamparo, sin la asistencia necesaria y que, aunque en julio del año pasado se renovaron, se reiniciaron contratos, el servicio no ha sido como debería ser. Sabemos que hasta hace muy poco ha habido más contratos y, bueno, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, y no sabemos las consecuencias de un año entero en desamparo de esas familias -y digo en desamparo porque cuando no se las atiende las dejamos en desamparo-, familias que necesitan esos servicios y que han estado sin ser atendidas. Veremos a ver las consecuencias que eso trae en el futuro.

Otro tema que también queríamos comentar era el relativo a la Administración de justicia y a la lentitud de su funcionamiento, que tiene que ver con lo que se atrasan todos los procesos que tienen que ver con menores, en violencia de género también, pero también en menores. Es importante que haya psicólogos para el tema forense, para que se atiendan las cosas en tiempo y forma adecuada.

Y vergonzoso es también -que usted lo ha citado y compartimos esa misma inquietud- el tema de los puntos de encuentro familiar. Que es que llevamos un montón de años diciendo que no podemos seguir en un montón de islas sin que haya... En la isla de Tenerife uno privatizado, del cual también tenemos quejas, porque no cuenta, por lo visto, con el personal y el espacio suficiente para atender bien a la cantidad de familias que precisan de estos servicios, y que creemos que también hay que poner sobre la mesa para que se solucione alguna vez, ¿no?

En el tema de las familias numerosas, ya sabemos que se ha puesto en marcha y que se contrató a más gente para resolver el tema de los carnés de familia numerosa, pero ya le preguntaremos en su momento a la señora consejera cómo va realmente ahora, si ya está resuelto, cómo sigue estando la lista de espera, si se ha mejorado mucho y en qué situación está, porque hay mucha gente que nos sigue preguntando por esto.

Con respecto a la igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género, que es un tema que también nos preocupa especialmente, y aunque los datos que se tienen desde el Diputado del Común no son excesivamente grandes en cuanto a las quejas, sabemos que es un tema importante y que todo lo que se haga y que se mejore es imprescindible de cara a la prevención y a la atención necesaria en su momento, porque sabemos que Canarias está encabezando, junto a las islas Baleares, la comunidad autónoma con mayor índice de violencia de género. Por tanto, que la coordinación, que es uno de los puntos flacos, entre los servicios insulares y la Administración de justicia sea eficaz, sea rápida y funcione bien es imprescindible, justo, eso, para evitar males peores y para hacer las cosas medianamente bien, que parece que en algún sitio y por alguna razón tenemos las cifras que tenemos. Vamos a ver si coordinando bien todos esos servicios conseguimos ir bajando un poco.

Otra queja que tiene que ver con las mujeres tiene que ver con la adopción de medidas de protección a la maternidad, que un sindicato denunció y que nos parece un tema bastante grave a estas alturas de la película que se discrimine a las mujeres por el hecho de estar embarazadas y que pierdan su puesto de trabajo por esa razón; es decir, nos parece un tema realmente para tener en cuenta, para hacerle un seguimiento y ver que no vuelva a ocurrir. Este sindicato denunció al Diputado del Común, bien, pero sabemos que a veces hay otros casos que no se denuncian y que son para tenerlo alerta. Que yo creo que es para lo que sirve también el Diputado del Común, para darnos un poco la pista de por dónde están los problemas. No todos llegan pero por ahí están, ¿no?

Y, bueno, me voy a ir a la materia de vivienda, que me parece -al final me va a quedar muy poco de tiempo-, que me parece -aunque hoy vamos a hablar, seguramente esta tarde, de nuevo en una comparecencia- un tema escandaloso, porque no puede ser que sigamos en la situación en la que estamos. Que no solamente es que haya muchas quejas, son todas las quejas que no están, que es todavía más lamentable. Es decir, la incapacidad de dar vivienda social a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que no tengamos soluciones, que no tengamos viviendas, que las que están estén en tan malas condiciones, que no tengamos una solución habitacional inmediata para familias que están en situaciones de auténtica desesperación, de verdad... Con lo que ha pasado en este país, con todo lo que hemos rescatado a los bancos con dinero, con la cantidad de viviendas vacías que sigue habiendo, no es de recibo que no tengamos viviendas disponibles para la ciudadanía, que lo está pasando fatal y que además se está encontrando con situaciones de no tener trabajo, de desempleo, de trabajos precarios y seguir siendo pobres, y además con esos salarios tan bajos y en este momento con un encarecimiento brutal también de la vivienda privada. Es decir, que por muchas razones el tema de la vivienda tiene que ser prioritario. Son muchas las quejas, pocas nos parecen.

Y yo creo que no voy a poder abordar nada más. Hay otros temas muy importantes pero diez minutos son lo que son. Le agradezco mucho su trabajo y esperemos que quien le siga siga dando tanto interés a estas cosas que se quedan ahí un poco de lado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Del Río.

Turno ahora para el Grupo Popular. Señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor diputado del común, bienvenido un año más en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

Voy a empezar por donde debía acabar, que es para agradecerle los años que hemos compartido con usted, en esta Cámara y en comisión. Y como no quiero dejarme nada, voy a leer lo que traía escrito respecto del agradecimiento que tengo hacia usted. Y yo decía así: "no quiero marcharme o no quiero empezar sin despedirme de usted, cordialmente, con agradecimiento por el debate que hemos mantenido durante estos años, en ocasiones en las antípodas ideológicas, es verdad, pero siempre los dos defendiendo con convicción nuestras posturas y con el máximo de los respetos por mi parte hacia lo que usted representa y significa, y significará, en la historia de Canarias. Lo mejor para usted en el futuro. Donde vaya, seguro usted lo hará bien. Se lo digo de verdad: yo a usted le recordaré siempre, usted ha sido mejor púgil que yo". (Aplausos).

Y ahora inicio el debate por donde debía haber empezado, pero esto no quería que luego se me atropellase en la evolución del discurso y en el último momento me despidiese de usted de una manera descortés, con el tiempo que usted de verdad se merece.

Pero de sobra es sabido por esta Cámara, evidentemente, y en especial por todos los grupos políticos que defienden año tras año la labor de la defensoría autonómica, que el informe del Diputado del Común puede ser utilizado por cualquiera de los grupos políticos, creamos o no en la institución, con independencia por tanto de nuestros posicionamientos ideológicos, como un instrumento más, entre otros muchos, para poder ver el sentir y el devenir de la situación, de la actividad de las administraciones públicas canarias. Y sobre esta premisa el informe del Diputado del Común ha venido a reflejar una situación de hecho, la del año 2016, que es en la que se centra el informe anual, una situación que no resulta muy halagüeña en lo que a los servicios sociales se refiere, la dependencia y la sanidad.

Principia el capítulo IV de su memoria con una denuncia que debería avergonzar a los que detentaron la responsabilidad de gestionar el Gobierno de Canarias en la dependencia, en la sanidad y en los servicios sociales. Y quiero visualizar esto expresamente: la responsabilidad de los que se marcharon y no lo hicieron bien, de los que estuvieron y no lo hicieron bien; y, por tanto, deseo que se tome nota por el actual Gobierno de Canarias de cara al futuro.

Nos dice el Diputado del Común el importante retraso en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los recursos del sistema. Se nos habla de una superación, utiliza usted el término "ampliamente", que supera en exceso el plazo de seis meses para tramitar y resolver. Y la primera pregunta que se hace nuestro grupo parlamentario es clara: ¿pero esto no lo habían resuelto los que estuvieron en el Gobierno de Canarias?

Recogía el informe del señor defensor del pueblo de Canarias, en el tema de la dependencia y en concreto cuando abundaba en las quejas relativas a la revisión del grado de dependencia inicialmente reconocido, que el tiempo de espera estaba en estas revisiones en diecisiete meses, que incluso si atendíamos a alguna isla, como el caso concreto de Tenerife, se ampliaba en un tiempo de respuesta medio de veintidós meses. Y la segunda pregunta que volvemos a plantearnos desde el Grupo Parlamentario Popular es: ¿pero esto no lo habían resuelto los que estuvieron en el Gobierno de Canarias?

Tal era la situación del año 2016 que parte de las quejas que sobre la dependencia recibió el Diputado del Común, en concreto un 12 %, referidas, para ser exactos, a aquellos ciudadanos o asuntos relativos a ciudadanos que fallecieron esperando el servicio y/o prestación acorde a la situación de dependencia que tenían reconocida. Un caso sangrante aquel que refiere usted, una tramitación de un procedimiento administrativo que arranca en el año 2011, fallece la persona afectada en agosto del 2016 sin la elaboración del PIA correspondiente. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿pero esto no lo habían resuelto los que estuvieron en el Gobierno de Canarias?

Siguiendo con su informe anual, de nuestro defensor autonómico, el Grupo Parlamentario Popular observa cómo hay un principal motivo de queja, de la expedición ya se ha hablado, de los títulos de familia numerosa, ya por solicitud de reconocimiento o por renovación. Y, miren, señorías, lo expone muy bien el señor Saavedra: las quejas empezaron en el año 2016, en concreto en febrero, y se incrementaron y fue la desmesura a partir de septiembre del 2016. Y por eso otra pregunta que tiene que hacer el Grupo Parlamentario Popular ante esta situación es preguntarnos a quién o a quiénes del Gobierno de Canarias les es imputable: ¿a los que se fueron? A lo mejor es que tal vez los que se fueron estaban imbuidos de un concepto tradicional de familia numerosa que hoy no se corresponde y tenían cierta dificultad en comprender estos temas. Pero yo les refresco, como lo hace usted, abandonamos el concepto tradicional de familia y nos vamos a aquella familia numerosa, con más de tres hijos, aquellas que cuentan con hijos, alguno de ellos que sufre una discapacidad, o cuando, habiendo dos ascendientes en el núcleo familiar uno de ellos tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, por poner solo algunos ejemplos.

Y nos dice el ombudsman canario -y cito textualmente-: "la defensoría procedió, ante la falta de respuesta en plazo -tres meses-, a realizar recomendaciones de resolución de las solicitudes. Pero la cantidad de personas afectadas, la naturaleza del colectivo, así como los perjuicios que se estaban causando, llevaron al Diputado del Común a realizar una investigación específica sobre la problemática expuesta". Y desde el Partido Popular nos lo volvemos a preguntar: ¿quién o quiénes crearon este problema?, ¿los que se fueron? Tan, tan preocupados estaban en los asuntos sociales que, fíjese, se fueron sin aprobar el decreto de regulación de los puntos de encuentro familiar, recurso tan necesario en la resolución de los conflictos familiares, violencia de género, protección de menores, etcétera, etcétera. Esta es la gran realidad de los que hablan y hablan y gastan sin fundamento: el absoluto fracaso. Son pinceladas de una realidad que el Partido Popular desea que se sepa.

De otro lado, fíjese, resulta descorazonador, desazonador, decepcionante, ver cómo en el informe anual seguimos, al que solo se le dedican cuatro párrafos en relación con las listas de espera, con el mismo problema. Ya se nos habla de un problema crónico y, la verdad, no supieron arreglarlo, y eso que ellos aprobaron los presupuestos del año 2015 cuando estaban en el Gobierno de Canarias. Se fueron sin arreglarlo y esto es lo que ha quedado, grosso modo, de los que se marcharon y esperamos que no vuelvan por muchos años.

Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Saavedra.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.

Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Matos.

Espere, señor Matos, a ver si sus señorías lo dejan.

Cuando quiera.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señora presidenta, señorías. Señor diputado del común, don Jerónimo Saavedra, bienvenido.

Desde luego es una satisfacción, por razones obvias, hoy tomar la palabra, en nombre de todos mis compañeros y mis compañeras del Grupo Parlamentario Socialista, para hacer esta intervención en lo que es su hasta luego, su despedida, en la institución, que no en la vida pública. Quienes lo conocemos sabemos que en la vida pública el compromiso con los que menos tienen por un mundo más justo es absolutamente inherente a la figura de don Jerónimo Saavedra, uno de los arquitectos, sin duda, del Estado del bienestar, de la democracia, de esta comunidad autónoma, en Canarias. (Aplausos).

Tengo que decir además, viendo los datos del informe, cómo año tras año son más las personas que acuden a la figura del Diputado del Común buscando auxilio, buscando muchas veces comprensión, buscando una solución a problemas que a veces son domésticos pero son grandes problemas para los ciudadanos comunes, corrientes, que muchas veces se encuentran con una mastodóntica Administración, fría, impersonal, que no los atiende. Se me ocurre pensar, después de haber escuchado algunas intervenciones, cómo esta institución a la que usted ha servido durante tantos años goza del prestigio público y social y el respeto de los ciudadanos en medio de un clima de desafección, en medio de un clima en el que las principales instituciones democráticas de este país están en entredicho, en medio de un clima donde tenemos un presidente del Gobierno que le ha mandado mensajes de ánimo a un extesorero de su propio partido al que se le descubren millones de euros en una cuenta en Suiza. Por eso, cuando hay una institución tan respetada como la del Diputado del Común, merece la pena ponerla en valor. Cuando los ciudadanos ven y desconfían de otras instituciones públicas, como ocurre en nuestro país, desgraciadamente es así, es una satisfacción ver los datos de cómo los ciudadanos, cómo hay una institución en la que los ciudadanos sí que confían, que sí que es respetada, y creo que en eso hay que felicitar al diputado del común y a todo su equipo, que han prestigiado esta institución y la han hecho suya los ciudadanos de Canarias, que recurren a ella con cariño y sabiendo que tienen una puerta abierta y alguien que los va a escuchar.

20 303 actuaciones con los ciudadanos, 7680 actuaciones atendidas telefónicamente, 11 497 atendidas personalmente, creo que habla de cuál ha sido el trabajo de la institución, además mal dotada económicamente, mal dotada desde el punto de vista del personal para el nivel de trabajo, para el nivel de exigencia que tienen los ciudadanos, como ya hemos podido ver en algunas comisiones, algunas comparecencias del Diputado del Común.

Y me quiero referir a algunas cuestiones del informe que me parecen interesantes.

Doña Patricia, parece que usted no lo hizo tan mal cuando fue vicepresidenta del Gobierno y consejera en el área de asuntos sociales del Gobierno de Canarias, porque el informe del Diputado del Común del año 2016 dice que ahí hubo una franca mejoría en los datos de dependencia y de la PCI. Yo espero -no hay prácticamente nadie del Gobierno... perdón, nadie del Gobierno ahora mismo en el pleno-, yo espero que el próximo año, si hay un nuevo diputado del común y hay un nuevo informe, los datos sean como mínimo iguales a los correspondientes al año 2016 cuando doña Patricia Hernández era vicepresidenta y consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. El resto de las intervenciones están muy bien pero los datos que refleja el informe del Diputado del Común son irrefutables.

Quiero poner también el énfasis en un dato que me parece importante: 600 000 euros recuperados de recaudación, de sanciones, de multas de ciudadanos, indebidamente cobradas por la Administración pública, que han vuelto a los bolsillos de los ciudadanos gracias a la intervención del Diputado del Común y de su equipo. Creo que es un dato importantísimo que cuantifica, de una manera, digamos, muy especial, muy específica, cuál ha sido la gestión a lo largo del año que arroja el informe y las actuaciones del Diputado del Común.

Y hay un par de asuntos a los que me quiero referir, dos cuestiones concretas a las que no se han referido otros intervinientes, que me parecen importantes, y una última cuestión que tiene que ver con el futuro de la institución.

En primer lugar, quiero resaltar lo que refleja el informe en relación con los expedientes de responsabilidad patrimonial. No es posible que alguien, un ciudadano, que le reclama a la Administración pública una indemnización como consecuencia de un daño patrimonial causado por una actuación de la Administración pública, lo que antes se denominaba "por el anormal funcionamiento del servicio público", que tiene un procedimiento específico en la legislación, antes en la Ley 30/92, hoy en la nueva ley de procedimiento administrativo común... Como saben, obliga, antes de interponer una reclamación patrimonial en los juzgados tienen que pasar por el calvario de la vía administrativa, y la Administración tiene unos plazos para resolver esos expedientes. No es posible, como refleja el informe del Diputado del Común, que año tras año comprobemos cómo la Administración incumple sistemáticamente esos plazos, en algunos casos retrasándose dos o tres años en dar una respuesta a un ciudadano, que tiene dos opciones: o, a), si tiene recursos económicos y puede pagarse unos servicios jurídicos, pedir el silencio negativo de esa responsabilidad patrimonial y acudir a la vía contencioso-administrativa, con el riesgo que supone que durante la tramitación del propio procedimiento la Administración pueda resolver incluso negativamente en vía administrativa, con lo que le complica la vida enormemente a alguien que simplemente pide una indemnización por algo que le ha ocurrido como consecuencia del funcionamiento anormal, como una responsabilidad patrimonial de la Administración pública; o bien esperar, esperar, porque no tiene recursos para ir a un juzgado, que no tiene recursos para pagarse una asistencia letrada y tiene que esperar a que alguna vez la Administración responda expresamente a su solicitud. No puede ser que esto siga ocurriendo, porque siempre, como siempre, las malas actuaciones, las deficiencias de la Administración pública terminan por, digamos, golpear de forma más dura a quienes no tienen recursos económicos, pues, por ejemplo, en este caso, para acudir, una vez transcurrido el plazo del silencio, a la vía contencioso-administrativa.

Quiero también hacer una mención. Sé que el Diputado del Común ha estado en contacto con otros diputados del común, con figuras similares en otras comunidades autónomas; también con quien lleva, la adjunta de la Defensora del Pueblo que lleva estos asuntos, que tienen que ver con la situación de canarios que cumplen condena en prisiones extranjeras, fuera de nuestro país evidentemente; de canarios, que son cientos de canarios, que pasan calvarios en prisiones en el extranjero, en condiciones que son desde luego todo menos respetuosas con los derechos humanos. Sé, porque lo hemos hablado, cómo ha ido interesándose el propio Diputado del Común por esta situación, pero lo quiero poner de relieve porque este grupo y especialmente este diputado tiene una especial sensibilidad con estos asuntos, porque son personas normalmente... fruto de la crisis económica, delitos que tienen que ver con el narcotráfico, con el tráfico de estupefacientes, personas que simplemente lo han pasado mal y ven en este tipo de delitos una solución a una situación muchas veces social, personal y familiar dura y que terminan pasando por un infierno en prisiones extranjeras. Así que se lo quiero agradecer.

Quiero terminar con una cuestión que me parece interesante para el futuro, y es, aparte de las recomendaciones que nos ha hecho el diputado del común en varias ocasiones, hoy ha repetido algunas de ellas en su intervención. Es necesario, cuando hagamos una modificación de la ley, que nos fijemos en figuras similares, parecidas, en nuestro propio territorio nacional, como es el Síndic catalán, que ha establecido, en su artículo 78.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la ampliación de la obligación de colaboración con el Diputado del Común, con el Síndic en este caso, de empresas privadas que prestan servicios públicos, porque eso es una barrera muy importante para la labor del Diputado del Común. Hoy son muchos los servicios esenciales para los ciudadanos que no son prestados directamente por una Administración pública y cuando vienen quejas o se le solicita la intervención al Diputado del Común en estas materias, a veces se choca simplemente con un muro legal, en el que no puede exigirle un deber de colaboración, no hay un régimen jurídico además sancionador o que de alguna manera pueda tener, contener medidas coactivas del propio Defensor del Pueblo, en este caso el Diputado del Común, para obligar a empresas privadas que prestan servicios públicos a colaborar con la figura del Diputado del Común. Por tanto, dejamos apuntada esta cuestión, que ya está recogida, insisto, en la figura del Síndic catalán, en el artículo 78.5 y siguientes del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Termino como empecé. Ha sido un honor, es un honor. Don Jerónimo, ha sido usted un ejemplo, una luz que ha ido alumbrando a muchas generaciones de canarios y desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Socialista, le queremos dar las gracias. Sabemos que va a seguir usted vinculado a la vida pública, como dije al principio, pero desde luego le reiteramos nuestra felicitación. Y sé que cuando entregue el testigo al que venga detrás, o a la que venga detrás, lo hará con la elegancia, la sabiduría con que usted siempre ha hecho las cosas a lo largo de su vida pública y le deseamos suerte al que venga después. Ha dejado usted el listón...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Turno del Grupo Nacionalista Canario, para cerrar las intervenciones, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor diputado del común, buenas tardes.

Le saludamos en nombre del Grupo Nacionalista Canario en esta comparecencia para dar cuenta del informe correspondiente al año 2016, sobre el resultado de la actividad generada como consecuencia de las personas atendidas y que se traduce en quejas, algo más de mil setecientas, con una leve diferencia respecto al año anterior.

La ciudadanía cada día es más conocedora de sus derechos y más exigente sobre el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas en su actividad de servicio público. Por eso utilizan todos los medios a su alcance para hacer valer sus derechos, también dirigirse al Diputado del Común.

En su etapa al frente de la institución ha hecho grandes esfuerzos para acercarla a la ciudadanía, que en el último año destaca además por la proyección internacional con la que antes nos contaba. Nos ha trasladado conclusiones muy interesantes respecto a esas actividades del Diputado del Común en materia internacional. Creemos firmemente que Canarias puede ejercer un liderazgo en el Atlántico Medio por nuestra posición geográfica, nuestra seguridad jurídica y como plataforma de cooperación al desarrollo, y a ese propósito contribuye la aprobación del proyecto Demos, dentro del programa Interreg-MAC, en el que actúa como jefe de filas, donde participan las defensorías de Azores, Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Nos parece muy positivo este proyecto en esa búsqueda de estrategias comunes con las regiones ultraperiféricas y la vecina África para la defensa de los derechos de los ciudadanos, y lo felicitamos por que ese proyecto se esté liderando desde Canarias.

Entrando en materia del informe, ha destacado la mejora en la colaboración con las administraciones, con una respuesta más satisfactoria, y naturalmente eso se traduce en menores requerimientos por parte de la institución.

Concluye que aprecia una mejoría en la gestión de los procedimientos relacionados con la dependencia y que en el pasado año no se ha detectado ninguna suspensión de pagos en la Prestación Canaria de Inserción. Datos positivos. Esto sin duda tiene que ver con el esfuerzo presupuestario del Gobierno de Canarias en los últimos ejercicios, que ha incorporado más recursos en los presupuestos y con créditos extraordinarios al efecto para la dependencia y para la PCI.

Ha puesto usted el acento en la dependencia. Efectivamente, los datos de la dependencia del 2017 no son objeto de este informe, por tanto tampoco del análisis, pero hemos detectado una imprecisión en los datos del 2017 que usted ofrecía. Quizá porque no conoce, no está al tanto del error informático que ha habido en el programa informático del Estado y que afortunadamente ya se ha corregido. Y, por tanto, ya están los datos correctos actualizados y que nosotros le invitamos a que los consulte, porque la realidad es que demuestran que se han duplicado las altas en relación con la misma época del 2016.

Y es una realidad que Canarias tiene un sistema distinto de atención a la dependencia, porque tenemos una configuración territorial diferente, distinta, con un territorio fragmentado y discontinuo, con brechas a la insularidad y a la doble insularidad. Pero tampoco debemos olvidarnos de que tenemos un sistema institucional también distinto, con tres administraciones, que confluyen las mismas competencias, y cualquier disfunción derivada del encaje competencial puede resolverse en el marco de la futura ley de servicios sociales, en la que el Gobierno está trabajando, y en el catálogo que se desarrolle posteriormente, en el catálogo de servicios sociales, que supondrá un antes y un después en materia de gestión de los servicios sociales, porque es cierto que es necesario aclarar el panorama competencial en todas las áreas. Y también ese es el propósito de la Ley del Suelo, que pretende aclarar las competencias, clarificar y simplificar los trámites para agilizar los trámites, sin regresión en la protección del territorio.

Pero esto ha de venir acompañado de financiación. No vamos a reiterar las consecuencias de padecer una financiación autonómica que nos aleja de la media del conjunto de las comunidades autónomas. Y, mire, es importante que los datos que manejemos sean los correctos. La consejera ya ha corregido unas desafortunadas declaraciones de algún representante del Gobierno del Estado y ha aclarado que Canarias solo recibe del Estado el 13 % de los recursos de las prestaciones de servicios destinados a la dependencia; el resto lo aportan las instituciones canarias, con el esfuerzo y los recursos de los canarios: el 64 %, el Gobierno de Canarias y el 21 %, los cabildos.

Pero además de financiación hacen falta más recursos humanos, lo decía usted. La prohibición del Estado de incrementar las tasas de reposición, que tiene a las administraciones públicas atadas de pies y manos e impide desde hace años cubrir las jubilaciones, contratar interinos o personal laboral, y muchos servicios se han colapsado por esta razón. Estamos plenamente de acuerdo con usted en que es necesario que el Gobierno de España flexibilice los trámites y las condiciones para poder permitir cubrir esos efectivos perdidos, y ese, para agilizar los trámites y dar una mayor respuesta a los ciudadanos, ese es el afán de la consejería, que ha anunciado un proyecto piloto para que los ayuntamientos de menos habitantes gestionen algunos servicios.

Ha puesto usted, ha destacado su preocupación por los temas de vivienda, de los menores, de los mayores. Compartimos esa preocupación y sabemos que el Gobierno también lo comparte y está trabajando en ello. Está a punto de cerrar un ambicioso plan sociosanitario de mayores, un plan de choque para la discapacidad, para bajar la lista de espera; como también lo ha aplicado, un plan de choque, lo está aplicando, en la gestión de los carnés de familia numerosa, que ha permitido desatascar el retraso de varios meses en la expedición de los carnés. Y ya ha empezado también a elaborar el plan integral canario de discapacidad y se está a punto de cerrar el plan canario de vivienda con el Estado, pero dependemos de los presupuestos generales del Estado para avanzar en esta materia. También la Comisión Interadministrativa de Menores ya está a pleno rendimiento para revisar las políticas de la infancia. Y se ha trabajado también para mejorar la PCI y ampliar su cobertura con la protección a las víctimas de violencia de género, a los más débiles. Y aquí tenemos que añadir que compartimos con usted la preocupación y su compromiso con la defensa de la mujer frente al drama social de la violencia de género y agradecemos su participación en la actualización del Protocolo interinstitucional para la atención a las víctimas de violencia de género que nuestro grupo parlamentario impulsó en esta Cámara.

Voy concluyendo, señor Saavedra, con el reconocimiento de mi grupo a su compromiso con el servicio público. En su etapa de diputado del común ha tenido que gestionar una etapa muy difícil, unos años muy duros marcados por la grave crisis económica y en la que se han visto mayores, más intensas situaciones de vulnerabilidad. Ahora estamos en el principio de la recuperación económica y las perspectivas son más esperanzadoras. Recientemente conocíamos datos públicos sobre el desempleo que ponían de manifiesto la bajada del paro en las islas. La tendencia empieza a ser sostenida en el tiempo. Son cifras alentadoras pero que hay que tomar aún con prudencia, porque hay muchas familias todavía con dificultades que requieren acceder cuanto antes a un empleo estable y de calidad. De ahí los esfuerzos para luchar contra la precariedad e incentivar la contratación indefinida. Todos deseamos que la recuperación económica llegue de verdad a las familias canarias y se traduzca en la recuperación de los derechos.

Señor Saavedra, esta comparecencia suena a despedida, a despedida de su responsabilidad como diputado del común, pero estamos seguros de que continuará velando por los derechos y las libertades de todos los ciudadanos de Canarias, que ha caracterizado su trayectoria vital, su experiencia profesional y su trayectoria política. Estamos convencidos de que así será sea cual sea su responsabilidad en el futuro y desde el Grupo Nacionalista Canario le deseamos el mayor de los éxitos en esa nueva condición de ciudadano civil.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Hemos concluido las intervenciones y también este punto del orden del día del Diputado del Común. Muchísimas gracias, señor Saavedra, estimado diputado del común, gracias por su informe, por su labor y por su trabajo.

Gracias. (Aplausos).

(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y pasa a ocupar su lugar la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

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  • 9L/IDC-0002 Sobre Informe anual correspondiente al año 2016.

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