Diario de Sesiones 87/2017, de fecha 19/9/2017 - Punto 29

9L/C-1175 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE MEDIDAS Y ACTUACIONES EN EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS RESPECTO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señorías, pasamos al siguiente punto en el orden del día, a la comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista Canario a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, sobre medidas y actuaciones en el desarrollo y la cooperación interadministrativa de la Ley del Suelo de Canarias respecto a los ayuntamientos y cabildos.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario Nacionalista, su presidente, don Antonio Ángel Castro Cordobez.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes a todos.

Traemos hoy aquí una propuesta para reflexionar sobre dos leyes. Básicamente, aquí hablamos de una; pero, en realidad, tiene una hermana paralela, que es la conocida popularmente como ley de las islas verdes; que son de las leyes más importantes que se han aprobado y se van a aprobar en esta legislatura. Eran uno de los retos legislativos del programa de gobierno.

Además, con una singularidad: que la ley de las islas verdes es, que yo conozca, de las primeras o la primera ley que se hace para una parte, afortunadamente; para una parte de Canarias, porque no todas las islas son iguales. Y son dos leyes que vienen a arreglar una situación anterior que todos conocemos y que no creo que sea necesario aquí repetir ni reiterar. Pero que el objetivo de estas leyes es evitar confusión interpretativa; evitar disparidad de criterios en su aplicación; superar tramitaciones tediosas, precisamente, por cuestiones de esta índole; y, además, clarificar las competencias administrativas.

Yo quiero, señora consejera, doña Nieves Lady Barreto, agradecerle el apoyo de su consejería a la tramitación y aprobación de estas leyes, como quiero agradecérselo también al presidente y a todos los grupos parlamentarios, de una o de otra manera.

Pero estas leyes, si no agilizamos su puesta en marcha, pueden no producir los efectos para los que se aplicaron o para los que se aprobaron. Pero, además, todavía en mayor medida, crear una situación de vacío, porque estamos ante unas normas anteriores que están superadas y unas normas nuevas que, mire, por ejemplo, la ley de las islas verdes, que uno de los objetivos de estas leyes es clarificar las competencias de cada quien, hace un año que se aprobaron; los cabildos tienen plena competencia para su aplicación, son leyes de aplicación directa. Y, que yo sepa, han avanzado muy poco. Y la Ley del Suelo, que también, en gran medida, es de aplicación directa, tanto por ayuntamientos como por cabildos, pues, pasa más de lo mismo.

Y es esencial la colaboración y la participación de los funcionarios. Y yo considero que a los funcionarios hay que ayudarles a entender y a explicar la norma, a desarrollarla; porque, además, es urgente, es clave. Si se paralizan estas leyes, se paraliza el desarrollo, señorías; desarrollo económico, sostenible, que queremos defender.

Entonces, por el principio de cooperación interadministrativa, a mí me consta, lo sé, pero creo que hay la oportunidad de que la propia consejera nos lo explique aquí, el Gobierno está trabajando decididamente en el desarrollo de estas leyes y en la aplicación de sus medidas. Pero yo pido también que colaboren todas las administraciones, ayuntamientos y cabildos, y que se haga un plan o se desarrolle una serie de medidas de formación del personal, de los profesionales que tienen que aplicarla, tanto desde los ayuntamientos, desde el más pequeño, pasando por ayuntamientos mayores, por los cabildos y por el propio Gobierno de Canarias. Esto a mí me parece que es algo esencial, que me consta, me consta que la consejera está preocupada con esto, está actuando decididamente. Pero debemos hacer una reflexión y una llamada de atención para que todos, todas las administraciones, arrimen el hombro en algo que es crucial, y es la aplicación de estas leyes. Porque si no, estaríamos cayendo en un vacío, en un vacío legal en un tema tan crucial como es el desarrollo del territorio.

Ese es el motivo de esta comparecencia, que yo le reitero mi agradecimiento, señora consejera, pero que nos va a permitir reflexionar no solo para ver lo que el Gobierno está haciendo, sino para dar un mensaje a la sociedad y a las administraciones de que aquí hay que hacer algo, algo que es imprescindible y necesario si no queremos que se pare nuestra economía.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora consejera doña Nieves Lady Barreto Hernández, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados.

Como bien decía, sin lugar a duda, la cooperación y la colaboración interadministrativas y la lealtad institucional, que también es muy importante entre administraciones, son valores fundamentales que deben guiar todas las relaciones entre las administraciones. Y, fundamentalmente, en este ámbito en el que nos encontramos ahora. Esta cooperación, que debemos aplicarla, sin lugar a duda, dentro de ese programa de apoyo con ayuntamientos y cabildos, respetando la autonomía de cada administración; y evitando, por tanto, los conflictos y cargas que en ocasiones comporta su obligación legal de actuación conjunta.

Pero yo añadiría la cooperación, que no podemos, en este caso, desligarla de la exigencia. Yo creo que este Parlamento y este Gobierno tienen que ser exigentes con ayuntamientos y cabildos para que las medidas y soluciones, así como los procedimientos que regulan la Ley del Suelo -por un lado- y Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la ley de islas verdes se pongan en marcha sin dilación, ofreciendo, desde este Gobierno, el apoyo y la ayuda que necesiten, pero también la que nos demanden. Y esto debe ser así como un compromiso conjunto; más que una responsabilidad, un compromiso conjunto de todos los ayuntamientos, cabildos y, por supuesto, del Gobierno de Canarias.

En este sentido y con estas premisas, hemos puesto en marcha un programa de apoyo a ayuntamientos y cabildos para la aplicación y puesta en marcha de, como decíamos, la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, pero también -y no podemos separarla- de la ley de islas verdes.

Saben perfectamente que, a través del articulado del texto, cada administración asume su responsabilidad y garantiza que los distintos intereses públicos queden preservados.

Y, como medidas concretas, me gustaría resaltar hoy tres. Serán más y se compondrán a partir de estas; pero, fundamentalmente, tres que hemos puesto en marcha. En primer lugar, la tramitación de los reglamentos; además, la apertura de las oficinas de apoyo a los ayuntamientos y cabildos; y la formación continuada.

En cuanto a la primera, que es la aprobación, el trámite de inicio para la aprobación de los reglamentos, como saben, la fase de consulta pública, que es ese primer trámite que se pone en marcha con una memoria en la que se explica, grosso modo, qué es aquello en lo que se puede regular cada reglamento, finalizó el viernes pasado. Comenzó el día 1 de agosto y finalizó el 15 de septiembre; que tenemos en marcha los reglamentos de planeamiento de Canarias, que con este, en este caso, se pretenden garantizar la publicidad y la máxima difusión del sistema de planeamiento y la creación de un registro público en el que se inscriban todos los instrumentos de ordenación; el reglamento de instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística, que para nosotros es fundamental, porque permitirá crear los criterios y la metodología de evaluación ambiental con el fin de evitar dispersión en las interpretaciones que los ayuntamientos y cabildos puedan aplicar y garantizar, por tanto, la coherencia entre todas ellas; el de ejecución de planeamiento, que concretará los plazos de ejecución del mismo, la regulación de los procedimientos a llevar a cabo, así como los estatutos de las entidades de gestión urbanística; el de intervención y protección de la legalidad ambiental y territorial, que contiene una regulación de la intervención pública en garantía y protección de la legalidad urbanística y, además, establece un estándar común que asegure la coherencia y la mínima disparidad entre las futuras ordenanzas municipales; y el del Observatorio del Paisaje, que pretende formular el estudio, así como las propuestas y criterios de actuación en todas las políticas públicas ambientales, territoriales y urbanísticas, y hacer la labor de sensibilización ciudadana e institucional que es tan fundamental.

Como decía, el plazo se ha finalizado y comenzamos con una nueva fase, que es la de redacción ya de texto articulado y la solicitud de informes para poder pasar, finalmente, una vez superados esos trámites, a la información pública, que es donde recibiremos, con base en el texto articulado de los reglamentos, las alegaciones de los ciudadanos y de las instituciones.

Hablaba también de que ese programa se apoya en la formación continuada. Creo que es fundamental que, desde el Gobierno de Canarias, no abandonemos la obligación y también el deber de dar formación a funcionarios y a técnicos municipales e insulares sobre los textos, tanto especialmente, el de la Ley del Suelo pero, también, en aquello que toque de la ley de islas verdes.

Hemos comenzado hoy, en Gran Canaria, un curso de formación especializada sobre la Ley del Suelo, en colaboración con la Fecam -lo hemos organizado conjuntamente-, curso de 72 horas que comenzará el lunes que viene en Tenerife y cuyos módulos llevaremos al resto de las islas una vez que hayan comenzado en ambas islas capitalinas.

Además, colaboramos en el curso de formación organizado por Acadur, e impartiremos, como decíamos, por módulos, y en función de las necesidades de cada ayuntamiento -empezaremos una vez que comencemos con el de Tenerife-, en el resto de las islas, y a lo largo del año la formación será continuada, puesto que pretendemos llevar a cada isla aquello en lo que quizás requieran más formación, en función de las necesidades que tengan.

En cuanto a las oficinas de apoyo a ayuntamientos y cabildos, ponerlas en marcha ha sido una de las demandas y peticiones que la Fecam, durante la tramitación de los reglamentos, nos hacía; creo que ha sido necesario hacerlo en función de los planteamientos y de las necesidades que cada una de las islas nos ha puesto sobre la mesa. De hecho, hemos hecho estudios previos sobre las necesidades de los gabinetes técnicos, y quiero dejar claro eso también: son oficinas de apoyo a los gabinetes técnicos municipales y, por tanto, para la aplicación y puesta en marcha de la Ley del Suelo.

En estos momentos, una vez que hemos comenzado con la apertura de las oficinas, nos planteamos en torno a dos meses para conocer la realidad de cada uno de los gabinetes técnicos, aquello que es lo que más nos demandan, para reforzar con el personal que a partir de ahora los ayuntamientos nos sigan diciendo que necesitan, y poder agilizar en algunos asuntos.

Pero también quiero dejar claro que la ley, en muchas cosas, como saben, es de aplicación directa, no necesita de reglamentos de desarrollo para gran parte de su articulado, y creo que, hasta ahora, de las consultas que quizás más nos han llegado de las oficinas, tenemos lo que pensábamos que iba a ser más inmediato para los ciudadanos: son aclaraciones en materia de licencias y comunicaciones previas, también de actuaciones exentas, consultas sobre licencias provisionales, sobre la regularización de granjas ganaderas y sobre las rentas complementarias. Todo ello es fundamental para poner en marcha, desde luego, aquellas acciones que son más inmediatas y que pueden ver los ciudadanos.

Junto a eso, estamos trabajando en un manual estratégico de apoyo que pueda fijar y que nos permita fijar, para los ayuntamientos. Y, desde luego, es de apoyo y, por tanto, como recomendación, los criterios y objetivos generales con las líneas estratégicas europeas que nos permitan lograr un modelo equilibrado, tanto en el ámbito social, económico y medioambiental, y que permita a los ayuntamientos implantar políticas con base en la Ley del Suelo, en aras de la sostenibilidad, y que puedan participar de los programas operativos del marco financiero europeo.

Como decía, ponemos en marcha medidas que se irán completando a lo largo de los próximos meses y que, en el año que viene, con los presupuestos del ejercicio que viene, nuestra intención es mantener, especialmente, formación continuada y, especialmente, las oficinas de apoyo a los gabinetes técnicos. Creo que, en este caso, exigir la colaboración es un deber; colaboración de todas las administraciones. Necesitamos saber, desde el Gobierno, de verdad, las necesidades que ayuntamientos y cabildos tienen en este sentido, porque creemos que es fundamental aplicar de entrada y sin dilación, como decía al principio, todas las medidas que de manera directa se puedan aplicar con la Ley del Suelo, porque son las que realmente van a poder ver los ciudadanos.

Decía que tenemos consultas ya en las oficinas y, con base en las intervenciones que hemos hecho con ayuntamientos y cabildos, especialmente, sobre comunicaciones previas, licencias, aquello que considerábamos que iba a ser lo que los ciudadanos iban a ver de primera mano -las actuaciones exentas, las actividades complementarias, la regularización del uso de las granjas ganaderas-, bueno, pues, todo eso es fundamental que los ciudadanos puedan empezar a verlo, porque, sobre todo, es de aquello de lo que se pueden directamente beneficiar en una regulación, con la máxima seguridad jurídica y con las máximas garantías en su aplicación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña Melodie Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenos tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Agrupación Socialista Gomera ha hecho una clara apuesta por el desarrollo económico de nuestra tierra, por la dinamización de nuestra economía, la creación de empleo y la regeneración de la actividad agroganadera de nuestra tierra. ¿Cómo lo hemos hecho?, pues, contribuyendo a aprobar la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Hemos marcado las pautas con las que se podrán asegurar la pervivencia del sector primario y el desarrollo de actividades complementarias que regeneren una mayor renta a nuestros ciudadanos, de forma sostenible -con las limitaciones de nuestro territorio insular- y respetuosa con nuestros valores medioambientales. Un trabajo que, junto con la mayoría parlamentaria, ha creado el marco adecuado desde el que se pueda, al fin, ordenar pormenorizadamente el territorio de nuestras islas, sin la caduca maraña normativa que teníamos antes. Pero aún la labor no está completada: hay que desarrollar los diversos reglamentos de la ley que entró en vigor hace escasas semanas; un desarrollo reglamentario que está en marcha, cumpliendo con las preceptivas formas y trámites antes de su aprobación definitiva.

Por otro lado, señorías, pese a las reticencias de algunos grupos a la ley, el hecho es que ahora ochenta y ocho municipios de Canarias y los siete cabildos podrán poner en marcha la tramitación de sus planeamientos y avanzar en un proceso reglado y garantista por los derechos de nuestros ciudadanos.

No pueden negar que es preferible redactar los planeamientos y ordenar el territorio claramente que dejar el suelo al libre albedrío de una imprecisión permanente que no ha contribuido con la sostenibilidad del modelo canario. Es necesario avanzar y regular. Ahora, lo que toca es ayudar y apoyar a los pequeños municipios que no tienen medios materiales ni técnicos para desarrollar esta tarea.

Por eso, nosotros le agradecemos al Gobierno que ponga oficinas técnicas de asesoramiento al planeamiento en todas las islas; sin duda, hacen mucha falta. Pero también debemos recordar que, según la Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, los presupuestos generales de la comunidad autónoma incorporan las partidas plurianuales necesarias para garantizar la suficiencia financiera de las administraciones públicas canarias en materia de planeamiento urbanístico, ordenación del territorio y medioambiente, por lo que ahora toca aportar financiación para este menester.

Como es imposible, materialmente, darles esta suficiencia financiera a todos los municipios e islas a la vez, ya que muy pocos planeamientos pudieron ser aprobados con el antiguo modelo -lo que constata el fracaso-, entendemos desde ASG que debería hacerse escalonadamente.

Y, por último, lo que nos gustaría saber es si pondrá a disposición de los cabildos estas oficinas para ayudarles a regular los espacios naturales a través de los diversos planes que requieren estas zonas de alto valor medioambiental.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, tiene la palabra su señoría, el señor Campos, don Luis.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Muchas gracias, señora Tavío, doña Cristina.

Yo me había marcado el objetivo de no entrar en la cuestión de fondo, que era la ley, porque, aunque todo el mundo conoce cuál ha sido nuestra posición, está aprobada. Y vamos a hablar de la cooperación interadministrativa, de los mecanismos que desde el Gobierno se ponen en marcha para agilizarla. Lo que pasa es que es cierto que, cuando uno escucha ciertas cuestiones, sobre todo, por parte del portavoz de Coalición Canaria y la que acaba de tener también la portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, uno casi también querría entrar en el debate, porque entramos sobre premisas que nosotros discutimos.

Pero voy a intentar sustraerme a esa cuestión. Lo que pasa es que sí que me ha sorprendido que se hable de que ahora sí podremos regular, que ahora sí podremos planificar y se podrá avanzar. Da la sensación de que antes no existían leyes, no había mecanismos y todo estaba absolutamente desregulado. Es más, la maraña administrativa que precisamente ha sido este Gobierno durante los últimos años, apoyado, en un caso, por el Partido Popular, hace dos legislaturas; y en la pasada y en esta por el Partido Socialista, que es la que ha creado esa maraña administrativa de la que todo el mundo habla, en su momento, además, para usarla.

Pero, bueno, vuelvo a intentar situarme. Me sorprende también una cuestión de fondo y me gustaría que me la aclarara, porque íbamos a hablar de la Ley del Suelo y los mecanismos que se ponen en marcha, pero ahora uno descubre que, un año después, la ley que iba a solucionar absolutamente todos los males, que era absolutamente imprescindible que se aprobara de manera urgente, la ley de las islas verdes, resulta que casi ni se ha puesto en marcha, no han sido capaces de aplicarla. Me gustaría que profundizara en ese aspecto y dónde está el problema. Si es porque no se ha creado una oficina o dos acciones formativas o porque, de repente, empezamos a descubrir que no era la solución a todos los males.

Y, en cuanto a los mecanismos, me gustaría conocer más, aparte del trabajo que se está desarrollando en cuanto a los reglamentos, en qué va a consistir estrictamente la cooperación interadministrativa. Yo doy por sentado que la mayoría de ayuntamientos y cabildos van a colaborar -creo que todos-, porque, nos guste o no nos guste la ley, es la ley que se ha aprobado y, por tanto, la que hay que aplicar a nuestros administrados, al conjunto de la población.

Es cierto que creo que hay pasos que se han dado equivocados, nosotros lo advertimos. En el último momento de la ponencia, dijimos que era interesante que se ampliara a tres meses, desde su aprobación en este pleno, la puesta en marcha; al final, conseguimos exclusivamente que se ampliara al 1 de septiembre. Lo digo porque el 1 de septiembre fue y las acciones formativas empiezan el 19 de septiembre, con lo que se constata que hubiera sido razonable esperar un poco, darnos ese plazo de tres meses para la puesta en marcha, formar a los funcionarios y poder atender de manera correcta. Puesta en marcha de esa formación, creo, también, de manera errónea. Primero, porque, como decía antes, llega tarde; y segundo, hay numerosas quejas, aunque sé qué se ha hecho de mano de la Fecam. No sé si por las prisas, a la Fecam no le ha dado tiempo de consultarlo a todos los municipios -los que he consultado me dicen que no-, pero no es razonable que lunes, martes, miércoles, jueves; martes, miércoles, jueves, viernes; semana tras semana, durante la mañana, nuestros funcionarios estén en acciones formativas.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro.

La señora MONZÓN NAVARRO (Desde su escaño): Gracias. Buenas tardes.

Señora consejera, lo que su Gobierno ha denominado como un ajuste normativo, en relación con las competencias, realmente tiene un calado profundo. Y, a nivel de los municipios, estas competencias han cambiado, tanto en la ordenación como en gestión y ejecución del planeamiento, en la intervención y protección de la disciplina urbanística, en la intervención en el mercado inmobiliario, en la protección y gestión del patrimonio histórico, en la promoción de viviendas protegidas, conservación y rehabilitación de edificaciones, actuación sobre el medio urbano y en la creación de órganos ambientales municipales. Un cambio radical, a nuestro entender, y que muchos importantes aspectos están modificando esas competencias.

Técnicos nos dicen y nos hablan de que, al menos, hubieran necesitado seis meses para la puesta en vigor de esta ley, para una adaptación a toda esta nueva e importante materia que les entra a los municipios y a la Administración local en general. Un tiempo, además, sin agosto por medio, que debió haber sido, como decían antes, para formar, para informar, también y, sobre todo, para reglamentar. Pero ustedes tienen demasiada prisa con esta ley, ya en el trámite parlamentario lo hemos visto. Y esas prisas a veces parece que no les importa el caos administrativo que puedan ocasionar a los ciudadanos y en la gestión que tienen, precisamente, la Administración o las corporaciones locales.

Quizás, también otros, incluso, podrían pensar que esto les es oportuno para montar algunas operaciones; pero, bueno, nosotros no vamos a entrar en ese debate. Y sí decirles que, desde luego, cambia el hacer en las corporaciones locales, en los servicios que tienen que hacer; y que esta ley, además, está debilitando todos los controles supramunicipales. Y todo esto, según los propios técnicos, les crea inseguridad jurídica.

Usted anunciaba en la Cámara algunas medidas respecto a esta ley. Una de ellas era la formación, que curiosamente usted indicaba que la van a realizar los mismos redactores de la ley. En la organización del territorio intervienen muchas disciplinas, porque su carácter es muy transversal; y ese es el primer problema de la redacción de esta ley: que quienes la han redactado son solo juristas, y son los que van a hacer esta formación. La redacción nos costó 60 000 euros a todas y a todos los canarios: ¿cuánto nos va a costar la formación, señora consejera?

La otra creación, una oficina técnica, que da asistencia técnica y jurídica: ¿quiénes van a dar este servicio?, ¿a través de qué?, ¿va a ser externalizado?, ¿cuánto nos cuesta ese servicio a las arcas públicas?, ¿todo esto estaba en la ficha financiera de la Ley del Suelo?

Dentro de la formación, además, se habla de que se va a dar para más, que ya hay una aplicación, en cuanto a todos los criterios y que sea homogénea su interpretación. Precisamente, porque es una ley que no tiene desarrollo normativo, con las consecuencias que ello implica para la gestión, y una irresponsabilidad que entendemos que ha generado que las corporaciones locales tengan una alarma entre sus propios técnicos; y que deben aplicar la norma, que ya la tienen que aplicar desde el 1 de septiembre; y que se encuentran con un montón de lagunas como en la gestión que deben realizar sobre el texto normativo; deja en desamparo a los técnicos ante cuestiones no reglamentarias, que además no se sabe cuáles son los que están en vigor del reglamento del texto refundido anterior, según la disposición 2, el punto 2 de la disposición derogatoria de la Ley del Suelo.

Me queda poquísimo tiempo, quisiera decir muchas más. Pero es que, además, la participación de ustedes de este mismo reglamento normativo ha sido nefasta. El mes de... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, el señor diputado, portavoz adjunto, don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Gracias, señora Tavío, doña Cristina.

Señora consejera, el otro día tuvimos la oportunidad, a través de una pregunta mía, de hablar de este tema en relación con la preocupación que nos surgía -a mi grupo parlamentario- con el coste de estas oficinas que va usted o el Gobierno de Canarias montando por cada una de las islas; fundamentalmente, en las capitales de cada una de las islas, excepto en la isla de La Palma, que no la monta usted en Santa Cruz de La Palma, sino en Los Llanos de Aridane. Una oficina que, según las informaciones de las que yo dispongo, pues, prácticamente, no ha tenido contacto con el propio Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Parece que son dos administraciones absolutamente separadas y diferentes. No sé cuál es el motivo de ponerla en Los Llanos de Aridane. Si lo que se pretende con el montaje de esa oficina por parte del Gobierno es, efectivamente, ayudar a los ayuntamientos de la isla de La Palma y, particularmente, a Los Llanos de Aridane, o el objetivo es otro. Ese objetivo es el que usted tiene que aclarar en su segunda intervención, si es tan amable y me lo dice.

Mire, señora consejera, está muy bien ayudar a los ayuntamientos, porque es bueno que el Gobierno de Canarias ayude a los ayuntamientos en explicar la nueva Ley del Suelo, las nuevas competencias municipales e insulares; creo que se podía haber hecho de otra manera, se lo dije el otro día; creo que esto, en vez de montar oficinas con personal contratado por el Gobierno de Canarias, sabe usted la tendencia natural que tiene la administración pública, en general, de engordar. Y, por tanto, veremos oficinas con montón de juristas y arquitectos contratados y, probablemente, me atrevería a decir que con las manos cruzadas, sin hacer nada. Esa es mi impresión. Creo que hubiera sido mejor ayudar económicamente a cada uno de los ayuntamientos de Canarias, a los 88 ayuntamientos, para crear verdaderas oficinas técnicas en cada uno de ellos.

Siguiente cuestión: cuando la comunidad autónoma tiene unas competencias que deja de tener la comunidad autónoma y pasan a ostentarlas los cabildos y los ayuntamientos, se debe producir un proceso que usted perfectamente conoce, que se llama de transferencias a los ayuntamientos y a los cabildos. Se hizo cuando la Ley de Aguas, por ejemplo; les otorgó a los cabildos insulares, a través de los consejos, determinadas cuestiones; y se produjo un proceso de transferencias de medios económicos, de medios humanos y de medios materiales.

Creo que el Gobierno de Canarias podría estudiar la posibilidad de hacer un nuevo proceso, a través de la nueva Ley del Suelo, otorgándoles esas facultades a los ayuntamientos y a los cabildos para descargar la Administración autonómica de funcionarios que antes hacían cosas y ahora no las van a hacer -porque las hacen los ayuntamientos y los cabildos-, y otorgar ese personal, esos medios, tanto... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña Nayra Alemán Ojeda.

La señora ALEMÁN OJEDA (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

A nosotros, más que hablar, nos gustaría escuchar lo que la consejera, grosso modo, ha expuesto durante su primera intervención. Nos parece acertada la formación; es necesaria, sobre todo, para esos técnicos que ahora van a estar en primera línea y que van a tener en ocasiones que decirle "no" al ciudadano. Tal vez no haría falta ese curso intensivo, tantos días a la semana, si nos hubiésemos tomado la ley con un poquito más de calma, insisto.

A nosotros nos preocupan varios aspectos. Nos gustaría conocer cuál es el mapa de estas charlas: dónde se van a dar, dónde no y el criterio de las mismas. ¿Quiénes han podido acceder a prestar este servicio de desarrollo y cooperación interadministrativa?, también nos gustaría saber, conocer, cuál es el criterio.

La escuché nombrar a la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, Acadur. Sabe que están realizando unas jornadas que comenzaron el 11 de septiembre, y cada lunes se exponen los aspectos de la Ley del Suelo a los técnicos de los ayuntamientos y de los cabildos de las islas, con primeros espadas -y se me viene a la mente, por supuesto, mi compañero Carmelo Padrón-. También quisiéramos saber si están coordinados para optimizar recursos, básicamente; y también, el tiempo, que vemos que les preocupa.

(La señora presidenta se reincorpora a su lugar en la Mesa).

Y, tal vez, lo que más nos preocupa a nosotros, que es muy pronto, es cierto, pero nos gustaría saber si esta ley, finalmente, soluciona; si está solucionando o si está creando aún más confusión de la que existía. Hemos sabido los miembros de la ponencia aclarar algunos aspectos de seguridad jurídica sobre los que el Consejo Consultivo puso los rotativos de emergencia. Sería interesante hacerle un seguimiento a esta ley, que salió de esta Cámara con escaso consenso, no tengo que recordárselo. Nosotros nos marcamos los deberes: conocer el alcance, por lo que en su día dije en tribuna, y era que huyésemos de triunfalismos y que, si en un momento dado nosotros o ustedes estaban equivocados, pues, que entonásemos el mea culpa y supiésemos también ser autocríticos.

Simplemente, tal vez veamos al final de estos cursos intensivos, insisto, que la ley no era tan tan tan buena.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alemán.

Turno ahora para el grupo proponente, Grupo Nacionalista, señor Castro.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta, señorías, de nuevo.

Yo, sinceramente, creo en la oportunidad y la utilidad de esta comparecencia que quiero reiterar y agradecer a la consejera. Estamos ante dos proyectos de ley, básicamente, uno -el que tenemos hoy aquí-, muy importante, de los más importantes que se han aprobado en esta comunidad autónoma en esta legislatura -y, posiblemente, de los que se aprueben- y que merecen ser analizados en todos sus aspectos.

Yo, por lo tanto, señora consejera, en este aspecto, muchas gracias por lo que nos ha informado, que además lo compartimos y que acredita que está trabajando plenamente.

El señor Campos, pues, hombre, don Luis, decirle que, efectivamente, usted mismo lo ha dicho -lo que yo voy a decir-. La ley está aprobada y discutir lo que dice la ley en estos momentos -estoy de acuerdo con usted- es, bueno, contribuir, a lo mejor, a crear confusión, que es lo que sobra. Por lo demás, pues, yo sé perfectamente en qué discrepamos y demás, pero, una vez que en un Estado de derecho se aprueba una ley, es esa ley; usted lo ha dicho y yo se lo agradezco.

Yo quiero dejar claro, insisto, en mi opinión, en opinión de nuestro grupo parlamentario -y creo que de la mayoría de esta Cámara-, que estamos ante dos buenas leyes, aunque hoy aquí estemos hablando básicamente de la del suelo. Y que quiero dejar claro también que permiten un crecimiento ordenado, posibilitan limitar el desarrollo y adaptadas a cada isla, porque se les da competencias a cada institución insular, a cada cabildo y a los ayuntamientos; se apoya decididamente al sector primario, permitiendo compatibilizar rentas, ¿para qué?, para mantener vinculados a los agricultores, a los ganaderos, vinculados al campo, que contribuyen, en un territorio en que vivimos del turismo, a mantener el paisaje. Eso ahora lo que hay que hacer es hacerlo bien, y es donde Gobierno, cabildos y ayuntamientos tenemos el deber -ético, moral y político- de hacerlo bien; pero de principio, por la ley. No se puede decir que la ley sea una anarquía, que vaya a traer nuevamente confusión. No, no, la confusión la estamos creando; la ley es clara y se está creando un ambiente de que hay confusión donde no lo hay.

Y los funcionarios deberían saber que están absolutamente respaldados con la aplicación de la ley. Y ayudar a formar a los funcionarios, a quienes tienen que ejecutar la ley en la práctica, pues, creo que es positivo para que las cosas se hagan mejor.

Yo, cuando oigo hablar de la ley vieja, de maraña, es verdad que la palabra "maraña" la hemos utilizado todos; y no me la quito yo tampoco, que la he dicho. Pero, más bien, lo que tenían las leyes anteriores es que permitían, efectivamente, interpretaciones para quien no las tiene que interpretar, pues las leyes tienen que ser claras. El código de circulación no puede decir "no, si pisé la raya un poquito; no, si me salté el stop medio metro", no, no, son claras. Y estas leyes son claras y dicen quién tiene las competencias.

Entonces, aquí, en cuanto a la ley de las islas verdes, que se tocó de pasada, la ley de las islas verdes la tienen que aplicar los cabildos, claramente. Entonces, bueno, no les habrá sido fácil, a mí me consta que hay cabildos que han hecho normas internas de regulación de un procedimiento administrativo -que lo tienen que hacer-; los ayuntamientos y los cabildos están tramitando la adaptación de sus planes insulares, pero hay aspectos que son de aplicación directa, y en eso no cabe ninguna confusión. Y, es más, yo quiero que quede aquí, en el Diario de Sesiones, bien claro que el Tribunal Constitucional no suspendió estas leyes, no las suspendió. Se hizo un recurso, admitió un recurso, como es lógico que lo admita y que lo estudien y que lo vean, pero se pedía la suspensión de la ley. Si se ven principios graves, se ven principios que vulneren competencias, pues, haría bien en suspenderla. No las suspendió, están en vigor y son de aplicación directa en muchos preceptos que ayudarían, lógicamente, a visualizar los objetivos de esta ley.

Nosotros -que lo ha tocado doña Melodie Mendoza- somos partidarios también de que se regulen los espacios naturales protegidos -siempre lo he dicho aquí-; y yo, por lo menos, y nuestro grupo, lo tenemos muy claro, queremos que se actúe en el territorio en que se pueda actuar, y que haya que proteger el territorio que hay que proteger; y eso -ese conflicto- no se puede mantener legislatura tras legislatura, año tras año, porque genera incertidumbre en quienes tienen que actuar, en quienes tienen que invertir -que, por cierto, la Administración pública, las administraciones públicas también tienen que hacer mucho y tienen mucho que decir en inversión pública para mejorar la calidad, y hacer inversiones que hagan que nuestro turismo sea un turismo de calidad, sostenible, compatible con nuestro medio y adaptado en su dimensión a cada situación, cada isla-.

Yo, señorías, con don Miguel Jorge, estimado amigo mío, Jorge, bueno, si todo el problema es la oficina de Los Llanos de Aridane, oye, mire, tómese un café con la consejera y aclárenlo, pero estas leyes son mucho más trascendentes, ¿no?, sinceramente. Y a mí me parece muy bien que hagan oficinas, aunque las ponga, no sé, que las ponga donde crea ella que considere importante. Ahora, batallitas políticas de estas, pues, don Miguel -y se lo digo con todo afecto y respetuosamente-, aquí quedan cortas, ¿no?, en mi opinión.

Y la formación del personal, que usted pone en duda al personal público, no, no, al personal público -y yo lo decía antes- y al privado, a los profesionales, a todos los que tengan que intervenir en los procesos, sean medioambientalistas, sean juristas, sean técnicos ingenieros, arquitectos, etcétera. En eso lo comparto, lo comparto con la portavoz de Podemos. Necesitan nuestros funcionarios seguridad jurídica, pero es que la tienen. No les generemos confusión, la tienen. La tienen; otra cosa es que no se esté de acuerdo con ciertos aspectos de esta ley o de estas leyes.

Con doña Nayra, lo comparto; lo comparto, pero estoy le hago una precisión. Otras cosas se las tiene que contestar la señora consejera, pero yo comparto los aspectos que usted tocaba en cuanto a formación y demás. Pero yo sí les pido que huyamos del planteamiento de que estas leyes crean más confusión, de verdad, porque no es así. La estamos creando de otras maneras, la estamos creando con otros planteamientos, con recursos, con algarabías, con declaraciones que, bueno. Yo he visto declaraciones de personas -ninguna está aquí dentro, pero personas destacadas- diciendo que se están haciendo campañas, por ejemplo, en la isla de La Palma -no quiero ir a otra-, para atemorizar o impedir que los empresarios, los inversores, actúen. Claro, ¿no se va a crear confusión?, y a los funcionarios, si ven a unos que les decimos "no, es que eso es dudoso, es que eso es dudoso", no, no, no: dudoso, aquí de dudoso no hay nada; aquí está claro lo que puede hacer cada quien y cómo tiene que hacerlo. Y es de aplicación directa. Otra cosa es que después hay medidas de adaptación que requieren su tiempo.

Y, señora consejera, yo le tengo que felicitar por su intervención de hoy, que creo que ha entrado en terrenos en los que nos ha venido bien a todos que nos pongamos al día. Es verdad que en otras cosas a lo mejor hay que, es decir, dado el comportamiento de otras administraciones o de algunas otras administraciones, pues, a lo mejor, el Gobierno tiene que empujar, empujar más, cuando no debería ser así; porque cada uno en política y en Estado de derecho nos pedimos. "No, es que no tenemos competencias". Don Miguel Jorge sacó las transferencias aquí porque, de verdad, yo, que conozco la administración, si usted me dice que hay que transferir lo de urbanismo a los cabildos, no sé qué, no va a arreglar nada; no hay tantos funcionarios en Urbanismo, de verdad. Todos los ayuntamientos es raro que no tengan -sobre todo, de cierta dimensión- y los cabildos tienen medios para desarrollarlo. Y, si nosotros creemos en las instituciones y les hemos dado competencias para que las instituciones actúen, pues, lo que tienen que hacer es actuar; pero si no actúan, señora consejera, usted díganoslo aquí y hagamos entre todos que actúen, porque las leyes se hacen para cumplirlas.

Muchísimas gracias, señora presidenta. Lo dejamos así.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Castro.

Turno ahora, para cerrar, del Gobierno. Señora consejera.

(El señor Jorge Blanco solicita intervenir).

Sí, dígame, señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Me diera la palabra, por alusiones, a mi buen amigo don Antonio Castro, se lo agradecería.

La señora PRESIDENTA: Sí, señor Jorge, deje que la consejera termine la comparecencia y, cuando acabe la misma, como es habitual, le doy a usted el minuto que me está solicitando. ¿Le parece?

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Lo que usted considere, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Que intervenga la consejera, no sea que haya otra alusión, y después le doy su minuto, señor Jorge.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que he oído propuestas que yo creo que hay que tener en cuenta y considerar. Estoy de acuerdo con la señora Mendoza cuando dice que deberíamos plantearnos alguna línea de colaboración, no sé si es a través de las oficinas -o de cualquier otra medida- para poner en marcha los planes de espacios naturales por parte de los cabildos, que, como sabemos, los tienen que elaborar. Estamos colaborando ya en algunos aspectos en ese sentido, pero no creo que sea difícil encontrar una línea de colaboración. Lo estudiaremos. Y quiero agradecer la colaboración en toda la tramitación que ha habido con este texto, pero también con la ley de islas verdes.

Señor Campos, me llama la atención, en cuanto a la cooperación interadministrativa, creo que les he dejado claro que esto forma parte de la cooperación interadministrativa con las distintas administraciones, pero que no se queda solo ahí; que nuestra idea es seguir colaborando en este sentido. No lo sé, por lo que he podido ver, creo que no ha habido, una vez que se aprueba una ley de este tipo, pocas veces se han intentado poner medidas de verdad, de apoyo directo a ayuntamientos y cabildos, en cuanto a formación continuada, en cuanto a apoyo técnico. Intentar sacar, si bien es cierto que la ley, en su inmensa mayoría, es de aplicación directa, intentar sacar los reglamentos o iniciar la tramitación lo antes posible.

Pero creo que todo lo que hagamos no va a ser suficiente -y lo digo sinceramente, lo digo desde aquí-, creo que cuanto más apoyo pongamos, cuantos más medios técnicos pongamos al servicio de ayuntamientos y cabildos mejor será, porque más podemos ayudar a que la realidad la vean los ciudadanos antes. Y no pensemos en las grandes cosas, lo he dicho siempre; pensemos en las pequeñas, en lo que puede ayudar la ley al ciudadano que ya hoy va al ayuntamiento a cambiar una licencia por una comunicación previa. Pensemos en eso; cuanto más pongamos, más vamos a ayudar en ese sentido.

Y discrepo con usted en una cosa, y es que no es mucha la formación. Es verdad que son 72 horas. Cuando diseñamos el programa de formación, y diseñamos el programa en reuniones con quienes nos están dando la formación con un equipo de no solo dos o tres profesionales, de muchos profesionales, lo hemos hecho también en reuniones con la Fecam y hemos decidido esperar a que la ley entrara en vigor; se consideraba así, en las reuniones, que era lo más conveniente. Por esa razón, para que la ley estuviera en vigor y también porque había que hacerlo en un periodo en el que la mayoría de los técnicos municipales pudieran asistir, que era una vez pasado el periodo vacacional, por eso se decide empezar en esta fecha. Pero, además, sí es cierto que son 72 horas; a la Fecam, cuando lo organizamos, le pedimos, pues, antes hablaba con una alcaldesa, le pedía la colaboración de que den la formación, de que vayan, de que es verdad que son muchos días, que los técnicos se tienen que desplazar, haremos módulos específicos en cada una de las islas, pero es que lo que queremos es que estén formados en el texto. Y que estén formados en el contenido del texto. Y por eso le digo: es verdad que son esas horas, pero creo que no es demasiado. Tendrán que desplazarse, llevaremos formación según nos vayan pidiendo en cada isla, en ellas, pero cuanta más demos, mejor; por eso nuestra intención de seguir con formación continuada.

Decía, señora Monzón, que lo hacíamos con distintos profesionales, pero nombraba usted, pocos no son, es un equipo. El programa de la formación es amplio y también el de Acadur, con los que estamos colaborando, y tienen distintos perfiles profesionales.

La formación de los dos cursos que tenemos contratados en Tenerife y en Gran Canaria, de 72 horas, con los distintos profesionales que se han contratado, realmente por la consejería, pero que colaboramos con la Fecam, nos cuesta 8600 euros; eso es lo que cuesta la formación de 72 horas en cada una de las islas.

Y quiero matizar una cosa, que me la habrán oído ustedes decir muchas veces, pero la vuelvo a explicar. El plazo del 1 de agosto al 15 septiembre no es un plazo de alegaciones. Es el primer paso, cuando inicias la tramitación de un reglamento de desarrollo. Desde el año 2016, con la nueva normativa que te exige cómo desarrollar un reglamento, te determina que el primer paso para poner en marcha un reglamento de desarrollo es la consulta pública. Y es eso: una consulta pública, durante un periodo de tiempo, que no es del articulado del texto, que es simplemente una memoria, en algunos casos hasta de un único folio, en la que se establece cuáles son las intenciones que debe regular ese reglamento. Eso es lo que hemos tenido en exposición pública del 1 de agosto al 15 de septiembre. La fase de alegaciones públicas, como dije antes, vendrá después, con un texto articulado que ya tenga incluidos los distintos informes correspondientes y que podamos poner en información pública, para que los ciudadanos puedan alegar -ciudadanos o cualquier otra entidad- sobre los artículos concretos.

Señor Jorge, sobre las oficinas me preguntaba usted el otro día. Yo le explicaba las razones de por qué lo hacemos así. Plantearnos ahora que los ayuntamientos pongan en marcha oficinas dotadas con personal suficiente a través de oposiciones -sean de funcionarios interinos o funcionarios de carrera- es plantearnos que no vamos a llegar en un plazo razonable de tiempo. Por lo tanto, hemos decidido plantearnos esta solución y ponerla en marcha en todas las islas.

¿Hay problema por que los ayuntamientos puedan iniciar sus procesos de oposición del tipo que sea, contratar el personal y que el Gobierno apoye?, ninguno, que lo hagan. Si es que eso sería lo ideal; sería lo ideal en todas las administraciones que no estamos dotadas de todo el personal que necesitamos. Pero, igual que se lo dije el otro día, se lo digo ahora: esas restricciones no son del Gobierno de Canarias, vienen desde el año 2011, con los presupuestos generales del Estado. A partir de ahí, las administraciones se han ido quedando, cada vez más, infradotadas de personal. No podemos esperar a eso, si de verdad, y esta es la intención del Gobierno, que la ley se ponga en marcha, que funcione, con el apoyo que necesita, tanto técnico como de formación, pues tenemos que arrancar de alguna manera. Y lo haremos así y para nada negamos la posibilidad de que los ayuntamientos doten la otra; es más, sería lo ideal. Ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, que en todos lados tenemos déficit. Y, desde luego, las transferencias, pues, eso habría que estudiarlo muy bien, porque nuestra consejería no tiene personal suficiente para mandarlo a los 88 municipios canarios y a los 7 cabildos; es al revés, necesitamos personal para poder sacar todos los asuntos que tenemos.

En cuanto a las oficinas, pues, seguiré el consejo del señor Castro y se lo explico en cualquier momento. Yo creo que tener oficinas en todas las islas es importante, y yo creo que Los Llanos no es menos. Y sí le matizo un dato: todo el personal de las oficinas ha acudido a todos los ayuntamientos; eso quiero que quede muy claro, porque aquí no hay ayuntamientos que se queden detrás en ese sentido.

Señora Alemán, es muy importante la formación. No solo para decir que no, sino para saber decir que sí y cómo; por eso es importante la formación. Y los técnicos municipales y de cabildos tienen que estar lo suficientemente formados para saber cuál es el contenido del texto, hasta dónde se puede llegar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es aquello que se puede desbloquear ya y qué es aquello en lo que hay que decir que no, pero también le digo en aquello que hay que decir que sí.

Hablaba usted de Acadur y de nuestro curso. El curso de formación que organizamos con la Fecam, vuelvo a repetir, tiene perfiles profesionales variados y no lo lleva solo una persona ni dos ni tres. Y entre ellos están redactores del texto, pero también en Acadur hay uno de los redactores del texto, que es nuestro jefe de área, Juan José Santana, y que es el presidente de Acadur, como usted bien sabe. No solo están otros perfiles como ha nombrado usted al señor Carmelo Padrón, pero también hay muchos más. Por lo tanto, nada tiene que ver una cosa con otra. Uno lo organiza Acadur y colaboramos con ellos en lo que nos han pedido, y otro lo organizamos con la Fecam y colaboramos en lo que nos han pedido.

Y claro que vamos a hacer seguimiento del texto. No ponemos los esfuerzos que estamos poniendo, simplemente, para ponerlos y quedarnos en eso. Claro que hay que hacerle el seguimiento.

Y quiero acabar con una cosa que, en algunos casos, han dicho algunas de sus señorías. Hablan de una ley que -y se repite- no tiene consenso. Yo sé que en una votación final la ley recibió los apoyos que recibió. Pero también es verdad que el 85 % del texto salió con el 80 % de los apoyos de esta Cámara. Y yo creo que esa es una de las cosas a las que apelaba el señor Castro. Seguir diciendo lo contrario, pues, al final, genera confusión; y yo creo que lo que no tenemos es que generar confusión, y lo digo de manera general para sus señorías. Creo que esa es la realidad, porque es la realidad que salió de esta Cámara.

Y ahora lo que tenemos que hacer todos, independientemente de las administraciones en las que estamos -por lo menos, eso es lo que yo me aplico-, es hacer lo posible para que el texto se aplique de la mejor manera posible, con las máximas garantías jurídicas, y resuelva a la mayor brevedad los problemas que los ciudadanos puedan plantear.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, consejera.

Ahora sí, señor Jorge, el minuto que me pidió por alusiones. Artículo 81, 78.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): No, señora presidenta.

La admiración y el respeto que tengo por el señor don Antonio Castro me hacen seguirle todos sus consejos que me da. Y, por tanto, los voy a seguir al pie de la letra, y lo que le tenía que decir se lo digo después en los pasillos. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Bueno, pues, si para esto me pidió el minuto, señor Jorge (risas de la oradora). Vamos a terminar bien.

Señor Castro, otro minuto, supongo que para terminar mejor.

El señor CASTRO CORDOBEZ (Desde su escaño): Muchas gracias, señora presidenta.

Yo iba a decir lo mismo. Me dijera usted lo que me dijera, le iba a decir "nuestra amistad no nos permite seguir discutiendo", dada la importancia del asunto que, me imagino, íbamos a hablar.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Castro.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana.

A las nueve, como siempre. A las nueve, las nueve.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y veintisiete minutos).

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 9L/C-1175 Sobre -Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad-, sobre medidas y actuaciones en el desarrollo y la cooperación interadministrativa de la Ley del Suelo de Canarias respecto de los Ayuntamientos y Cabildos.

Facebook Twitter Youtube Google Plus Flickr

Aviso jurídico · Parlamento de Canarias C/Teobaldo Power, 7
38002 S/C de Tenerife
Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400